B.IA.LEGAL

SCP 0700/2024-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 27 de noviembre de 2024

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
27 de noviembre de 2024
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Georgina Amusquivar Moller
Expediente
47986-2022-96-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante alega la lesión de su derecho a la libertad; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de robo agravado por el cual se encuentra guardando detención preventiva: i) El 10 de mayo de 2022, se desarrolló la audiencia de reconsideración de situación jurídica, misma que se suspendió por falta de notificación a la denunciante; entonces, la misma fue reprogramada para el 17 del mismo mes y año, fuera del plazo de cuarenta y ocho horas, pero aun así, en tal fecha se suspendió nuevamente ya que no se efectuaron las notificaciones a las partes, señalándose nueva audiencia para el 24 de ese mes y año; sin embargo, en tal fecha, el Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Cuarto del departamento de La Paz, informó que el proceso se encontraba radicando en el Juzgado de Sentencia Penal Sexto del referido departamento, por lo que se suspendió nuevamente la misma; y, ii) Al asumir conocimiento de que el informe brindado por el Secretario en la audiencia era falso, intentó presentar memorial ante la Gestora de Procesos Cuarta del departamento de La Paz, para que se considere su situación jurídica; sin embargo, la Oficina Gestora se rehusó a recepcionar su memorial en dos ocasiones. En consecuencia, corresponde analizar, en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, para el efecto se analizarán los siguientes temas: a) La legitimación pasiva en la acción de libertad; b) Funciones de la Oficina Gestora de Procesos, y, c) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve CONFIRMAR la Resolución 30/2022 de 26 de mayo, cursante de fs. 14 a 15, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Anticorrupción Primero de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia DENEGAR la tutela solicitada de conformidad a los Fundamentos Jurídicos del presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La legitimación pasiva en la acción de libertad
  2. III.2. Funciones de la Oficina Gestora de Procesos
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0700/2024-S1 Sucre, 27 de noviembre de 2024 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de libertad Expediente: 47986-2022-96-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 30/2022 de 26 de mayo, cursante de fs. 14 a 15, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Willy de Jesús Murillo Cortez en representación sin mandato de Edgar Modesto Ticona Caritas y Néstor Rodríguez Quispe contra Rosario Mendoza Villca, Coordinadora de la Gestora de Procesos Cuarta del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Mediante memorial presentado el 25 de mayo de 2022, cursante de fs. 2 a 3 vta., la parte accionante a través de su representante sin mandato expresó los siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de robo agravado, el 10 de noviembre de 2021, se dispuso su detención preventiva por el lapso de seis meses; y, habiéndose cumplido tal plazo, el 10 de mayo de 2022 se desarrolló la audiencia de reconsideración de situación jurídica; sin embargo, en ella, se evidenció que no se dio cumplimiento a la notificación a la parte denunciante, suspendiéndose para el 17 del indicado mes y año, sobrepasando el plazo de cuarenta y ocho horas establecido por el art. 113.II del Código de Procedimiento Penal (CPP). El 17 de mayo de 2022, nuevamente se suspendió la audiencia, toda vez que, no se efectuaron las notificaciones a las partes, reprogramándose para el 24 del mismo mes y año; y, en tal fecha, el Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Cuarto de la Capital del departamento de La Paz, en audiencia, informó que el proceso ya se encontraba radicando en el Juzgado de Sentencia Penal Sexto del mismo departamento, suspendiéndose nuevamente la audiencia de reconsideración de situación jurídica. Posteriormente, se enteró que el informe evacuado por el Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Cuarto del departamento de La Paz, era falso, pues el cuaderno no se encontraba radicando en el referido Juzgado de Sentencia, razón por la cual, intentó presentar ante la Gestora de Procesos Cuarta de la Capital del indicado departamento, memorial solicitando cesación a la detención preventiva, con el objeto de que la Jueza del citado juzgado se pronuncie sobre su situación jurídica al tener aun competencia para conocer tal aspecto; sin embargo, dicha Gestora se rehusó a recepcionar su memorial en dos ocasiones.

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado

Alega la lesión de su derecho a la libertad sin citar normativa al respecto.

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela, ordenándose que la parte demandada recepcione los memoriales presentados y dirigidos a la Jueza de Instrucción Penal Cuarta de la Capital del departamento de La Paz.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

La audiencia de consideración de la presente acción de libertad se realizó el 26 de mayo de 2022, conforme cursa en acta cursante a fs. 13 y vta., donde se desarrollaron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante, a través de su abogado, en audiencia ratificó íntegramente el contenido de su demanda y ampliándola señaló: El 24 de mayo de 2022 se suspendió la audiencia de reconsideración de situación jurídica en el Juzgado Instrucción Penal Cuarto de la Capital del departamento de La Paz, bajo el argumento de que el proceso ya se encontraba en el Juzgado de Sentencia Penal Sexto del mismo departamento; sin embargo, tal Juzgado devolvió el expediente al Juzgado de origen, razón por la cual, trató de presentar memorial para que ese juzgado resuelva su situación jurídica, pero la gestora rechazó recibir el memorial, alegando que primero debía contar con la autorización del Juez, por lo que solicita se conceda la tutela y se ordene se recepcione el referido memorial.

I.2.2. Informe de la parte demandada.

Rosario Mendoza Villca, Coordinadora de la Gestora de Procesos Cuarta del departamento de La Paz, apersonándose en audiencia manifestó que: a) El accionante alega que intentó presentar un memorial de cesación a la detención preventiva ante la Gestora a su cargo y que su persona le negó la recepción; sin embargo, no menciona que día o en que horario no se quiso hacer la recepción del memorial; asimismo, esa oficina no niega la presentación de ningún memorial ya que no es su competencia y de la consulta del personal a su cargo, se observa que ninguno rechazo la admisión del memorial siendo conscientes de que no pueden negar la recepción; y, b) Los hechos presentados fueron de total desconocimiento de su persona, en tal sentido, ante cualquier controversia en ventanilla cualquier litigante hace la respectiva queja ante su persona; sin embargo, esta situación nunca se dio en su caso.

I.2.3. Resolución

El Tribunal de Sentencia Anticorrupción Primero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de garantías, a través de Resolución 30/2022 de 26 de mayo, cursante de fs. 14 a 15, denegó la tutela solicitada en consideración a los siguientes fundamentos: 1) De acuerdo al informe remitido por la oficina Gestora, se tiene reporte de que la causa se encuentra radicando en el “Juzgado Cautelar” y no así en el Juzgado de Sentencia Penal Sexto de la Capital del departamento de La Paz; 2) Dentro de los argumentos el accionante, no hizo referencia en que momento, día, hora y ante que funcionario, se habría presentado los memoriales que supuestamente no fueron recepcionados; 3) Tampoco se tiene constancia que el impetrante de tutela agoto el reclamo correspondiente ante el superior del responsable de la ventanilla, es decir, no se tiene constancia que se remitió una queja formal ante la Coordinadora de la Gestora de Procesos Cuarta de la Capital del departamento de La Paz; por lo que, no se observa, que se hubiera agotado la vía correspondiente; y, 4) El impetrante de tutela se encuentra plenamente habilitada para la presentación de los memoriales y al no advertirse que se haya agotado la instancia administrativa corresponde denegar al presente acción.

I.2.4. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Por Decreto Constitucional de 9 de mayo de 2024, cursante a fs. 20, se dispuso la suspensión del plazo procesal a objeto de recabar documentación complementaria; reanudándose el mismo a partir del día siguiente de la notificación con el Decreto Constitucional de 19 de noviembre de 2024 (fs. 41 ); por lo que, la presente Sentencia es emitida dentro del plazo establecido en el Código Procesal Constitucional.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:

II.1. Cursa Oficio de 20 de mayo de 2022, por el cual el Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Quinto del departamento de La Paz, remitió obrados del proceso con número de CUD 201102012108005 dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el ahora accionante por la presunta comisión del delito de “lesiones graves y leves” (sic). Constando sello de recepción de 26 del mismo mes y año (fs. 11).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante alega la lesión de su derecho a la libertad; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de robo agravado por el cual se encuentra guardando detención preventiva: i) El 10 de mayo de 2022, se desarrolló la audiencia de reconsideración de situación jurídica, misma que se suspendió por falta de notificación a la denunciante; entonces, la misma fue reprogramada para el 17 del mismo mes y año, fuera del plazo de cuarenta y ocho horas, pero aun así, en tal fecha se suspendió nuevamente ya que no se efectuaron las notificaciones a las partes, señalándose nueva audiencia para el 24 de ese mes y año; sin embargo, en tal fecha, el Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Cuarto del departamento de La Paz, informó que el proceso se encontraba radicando en el Juzgado de Sentencia Penal Sexto del referido departamento, por lo que se suspendió nuevamente la misma; y, ii) Al asumir conocimiento de que el informe brindado por el Secretario en la audiencia era falso, intentó presentar memorial ante la Gestora de Procesos Cuarta del departamento de La Paz, para que se considere su situación jurídica; sin embargo, la Oficina Gestora se rehusó a recepcionar su memorial en dos ocasiones. En consecuencia, corresponde analizar, en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, para el efecto se analizarán los siguientes temas: a) La legitimación pasiva en la acción de libertad; b) Funciones de la Oficina Gestora de Procesos, y, c) Análisis del caso concreto.

III.1. La legitimación pasiva en la acción de libertad

El presente Fundamento Jurídico, fue citado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0205/2020-S1 de 30 de julio; 0400/2020-S1 de 27 de agosto; 0536/2020-S1 de 21 de septiembre; -entre otras- que formularon el siguiente razonamiento: Respecto a la legitimación pasiva en acción de libertad es importante establecer que la misma recae en la autoridad o persona particular que incurrió en el acto ilegal o la omisión indebida y de cuya acción u omisión se advierta la vulneración del derecho a la vida, a la libertad física y de locomoción.

En ese sentido, para la procedencia de ésta acción tutelar es imprescindible que esté dirigida contra la persona que cometió el acto ilegal o la omisión indebida, o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebidos o ilegales; en concreto, la legitimación pasiva en la acción de libertad, es la coincidencia que se da entre la autoridad o persona particular que presuntamente causó la vulneración a los derechos enunciados y aquélla contra quien se dirige la acción, ahora bien, también es preciso aclarar que la inconcurrencia de este presupuesto neutraliza la acción tutelar e impide a este Tribunal ingresar al análisis de fondo de los hechos denunciados. Desarrollo jurisprudencial que se encuentra plasmado en la SC 1651/2004-R de 11 de octubre, que razono en sentido que en la acción de libertad es imprescindible que la misma esté dirigida contra la autoridad que cometió el acto ilegal o la omisión indebida lesiva del derecho a la libertad, ya que la inobservancia de este entendimiento, en aplicación del presupuesto procesal de la legitimación pasiva, impide al control de constitucionalidad ingresar al análisis de fondo de la problemática, entendimiento que fue ratificado y reiterado entre otras en la SCP 0018/2012 de 16 de marzo y SCP 0330/2013-L de 16 de mayo. Como se puede advertir, la jurisprudencia señala que, no existe legitimación pasiva cuando la autoridad o persona demandada no participó en la vulneración de los derechos alegado, se mantuvo a lo largo de la historia de la jurisprudencia constitucional. El mismo razonamiento fue seguido por la SCP 1055/2016-S1 de 26 de octubre, al señalar:

“Con relación a la legitimación pasiva el art. 125 de la CPE, establece que la acción de libertad podrá ser planteada por cualquier persona que considere que su vida está en peligro, o que esta ilegalmente perseguida, indebidamente procesada o privada de su libertad personal, a cuyo efecto, deberá dar cumplimiento a lo previsto por el art. 126.I de la Norma Suprema, que prevé que una vez interpuesta la acción de defensa se 1 El FJ III.4 señala: “Los extremos enunciados precedentemente, dan cuenta que la lesión alegada se produjo en el seno de las instancias judiciales, como emergencia del incumplimiento de una orden expresa pronunciada por un Juez, que de ninguna manera involucra a los funcionarios demandados, extremo que permite concluir que no recibieron de autoridad alguna una orden expresa y categórica que disponga la remisión inmediata de los imputados al centro penitenciario de San Pedro de la ciudad de La Paz, infiriéndose que no provocaron el acto lesivo, en razón a que las diferentes resoluciones y providencias puestas a su conocimiento, no expresan con meridiana claridad una orden para efectuar el traslado de los imputados al referido recinto carcelario. En el marco de este entendimiento, claramente se puede advertir que la acción fue interpuesta contra funcionarios que carecían de legitimación pasiva, por cuanto no provocaron ni generaron el acto lesivo denunciado, más al contrario, los mismos no tomaron conocimiento de un mandato claro o inequívoco proveniente de la autoridad que debía efectuar este trámite”.

2 El FJ III.5 señala. “Por otro lado, es menester señalar que la acción de libertad está dirigida contra funcionarios de Migración del Aeropuerto Viru Viru del departamento de Santa Cruz y contra el Fiscal de Materia Jorge Tamayo; sobre el particular, se advierte, de los hechos que motivaron la acción, que éste último no tuvo participación en la vulneración de los derechos invocados; toda vez que, no hace mención a la forma en que hubiera esta autoridad restringido su derecho a la libertad y locomoción; por lo que, carece de legitimación pasiva al no cumplir con lo dispuesto en la jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico precedentemente desarrollado”.

citará ya sea de forma personal o por cédula, a la autoridad o persona denunciada; en ese contexto normativo, se concluye que la legitimación pasiva recae sobre la persona particular o servidor público que hubiere incurrido en un acto ilegal u omisión indebida, que restringió, suprimió o amenazó los derechos protegidos por ésta acción tutelar” (las negrillas nos corresponde).

Por último, en atención al principio de informalismo de la acción de libertad, ante actos vulneratorios que afectan el derecho a la libertad personal cometidos por funcionarios públicos, en los que solo es posible identificar la institución y el cargo jerárquico, sin que se tenga la posibilidad de individualizar a los funcionarios ni al titular del cargo jerárquico de la entidad, es posible demandar al cargo jerárquico, para que tenga la posibilidad de asumir defensa, informar y en su caso desvirtuar los hechos denunciados.

III.2. Funciones de la Oficina Gestora de Procesos

Con la implementación de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia hacia Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, se crea la Oficina Gestora de Procesos (OGP), configurándose como una entidad instrumental destinada a brindar soporte y apoyo a la labor jurisdiccional, con el propósito de mejorar la gestión judicial, siendo dependiente tanto orgánicamente como operativamente del Tribunal Supremo de Justicia. Sus principios rectores incluyen la desformalización, celeridad, eficiencia, eficacia, racionalidad, transparencia, coordinación, responsabilidad en el servicio público, así como la mejora continua y la actualización constante.

Es así, que se incorpora al Código de Procedimiento Penal el art. 56 Bis, que otorga a dicha instancia las siguientes funciones:

Artículo 56 Bis. (OFICINA GESTORA DE PROCESOS). I. La jueza, juez o tribunal será asistido por la Oficina Gestora de Procesos, instancia administrativa de carácter instrumental que dará soporte y apoyo técnico a la actividad jurisdiccional con la finalidad de optimizar la gestión judicial, el efectivo desarrollo de las audiencias y favorecer el acceso a la justicia. La Oficina Gestora de Procesos tiene las siguientes funciones: 1. Elaborar, administrar y hacer seguimiento de la agenda única de audiencias; 2. Notificar a las partes, testigos, peritos y demás intervinientes; 3. Remitir en el día, los mandamientos emitidos por la jueza, el juez o tribunal, a las instancias encargadas de su ejecución; 4. Sortear la asignación de causas nuevas, de manera inmediata a su ingreso; 5. Sortear a una jueza o un juez, una vez presentada la excusa o admitida la recusación; 6. Coordinar con el Ministerio Público, Policía Boliviana, Dirección General de Régimen Penitenciario, Jueces de Ejecución Penal y otras instituciones intervinientes, para garantizar la efectiva realización de las audiencias; 7. Garantizar el registro digital íntegro y fidedigno de todas las audiencias, resoluciones y sentencias;

8. Supervisar y consolidar la generación de información estadística sobre el desarrollo de los procesos, el cumplimiento de plazos procesales, las causales de suspensión de audiencias y otros, para su remisión a las instancias pertinentes; 9. Recepcionar toda documentación que le sea presentada en formato físico, digitalizarla e incorporarla al sistema informático de gestión de causas para su procesamiento; y, 10. Otras establecidas por circulares, protocolos y reglamentos operativos inherentes a la optimización de la gestión judicial. El cumplimiento de las funciones previstas en el presente Artículo, se realizará a través del sistema informático de gestión de causas, cuya administración estará a cargo de la Oficina Gestora de Procesos. II. En ningún caso el personal de la Oficina Gestora de Procesos puede realizar tareas propias de la función jurisdiccional. La delegación de funciones jurisdiccionales en el personal de la Oficina Gestora de Procesos hará inválidas las actuaciones realizadas, y hará responsable directamente a la jueza o al juez por las consecuencias, debiendo remitirse las actuaciones correspondientes al Consejo de la Magistratura a los efectos disciplinarios. Tampoco se podrá delegar en la Oficina Gestora de Procesos, funciones administrativas ajenas a su naturaleza.

En base a dicha normativa, es pertinente establecer que las funciones descritas previamente deben ser rigurosamente cumplidas por los gestores procesales a efectos de garantizar el adecuado desarrollo del proceso, siendo los funcionarios de las Gestoras de Procesos de todos los Tribunales Departamentales de Justicia, responsables por sus actos cuando por el incumplimiento de los mismos se hubiera lesionado algún derecho.

III.3. Análisis del caso concreto

El accionante alega la lesión de su derecho a la libertad; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de robo agravado por el cual se encuentra guardando detención preventiva: 1) El 10 de mayo de 2022, se desarrolló la audiencia de reconsideración de situación jurídica, misma que se suspendió por falta de notificación a la denunciante; entonces, la misma fue reprogramada para el 17 del mismo mes y año, fuera del plazo de cuarenta y ocho horas, pero aun así, en tal fecha se suspendió nuevamente ya que no se efectuaron las notificaciones a las partes, señalándose nueva audiencia para el 24 de ese mes y año; sin embargo, en tal fecha, el Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Cuarto del departamento de La Paz, informó que el proceso se encontraba radicando en el Juzgado de Sentencia Penal Sexto del referido departamento, por lo que se suspendió nuevamente la misma; y, 2) Al asumir conocimiento de que el informe brindado por el Secretario en la audiencia era falso, intentó presentar memorial ante la Gestora de Procesos Cuarta del departamento de La Paz, para que se considere su situación jurídica; sin embargo, la oficina gestora se rehusó a recepcionar su memorial en dos ocasiones.

Con esos antecedentes corresponde ingresar a analizar las problemáticas planteadas de conformidad a la sistematización realizada previamente, teniendo entonces que:

III.3.1. Respecto a la primera problemática

El accionante alega que, el 10 de mayo de 2022, se desarrolló la audiencia de reconsideración de situación jurídica, misma que se suspendió por falta de notificación a la denunciante; entonces, la misma fue reprogramada para el 17 del mismo mes y año, fuera del plazo de cuarenta y ocho horas, pero aun así, en tal fecha se suspendió nuevamente ya que no se efectuaron las notificaciones a las partes, señalándose nueva audiencia para el 24 de ese mes y año; sin embargo, en tal fecha, el Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Cuarto del departamento de La Paz, informó que el proceso se encontraba radicando en el Juzgado de Sentencia Penal Sexto del mismo departamento, por lo que se suspendió nuevamente la misma.

Como se observa del presente agravio, el mismo no guarda congruencia con el petitorio planteado por la misma parte accionante en esta acción tutelar, pues el petitorio, se encuentra únicamente dirigido a que la Oficina Gestora de Procesos recepcione los memoriales que la parte accionante pretende presentar; sin embargo, el presente agravio, habla contrariamente sobre una supuesta dilación a la tramitación de su situación jurídica, por las constantes suspensiones de audiencia, por lo que se puede observar claramente que dicho agravio no guardan relación alguna con el petitorio de la parte accionante, entendiendo que el objeto de esta acción tutelar, versa únicamente en la falta de recepción de memoriales por parte de la gestora de procesos.

Además de tal incongruencia, se debe considerar que los actos denunciados no corresponden ni podrían ser subsanados con el actuar de la ahora demandada, por lo que la misma carecería de legitimación pasiva; esto, entendiendo que conforme el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, se estableció que para determinar la procedencia de esta acción tutelar, es imprescindible que esté dirigida contra la persona que cometió el acto ilegal o la omisión indebida; y en el caso concreto, no se puede atribuir responsabilidad a la Responsable de la Oficina Gestora de Procesos por el no desarrollo de su audiencia; por lo que respecto a la presente problemática corresponde denegar la tutela solicitada, aclarando que no se ingresó al fondo de lo impetrado.

III.3.2. Respecto a la segunda problemática

El accionante alega que al asumir conocimiento de que el informe brindado por el Secretario en la audiencia era falso, intentó presentar memorial ante la Gestora de Procesos Cuarta de la Capital del departamento de La Paz, para que se considere su situación jurídica; sin embargo, la Oficina Gestora se rehusó a recepcionar su memorial en dos ocasiones. Sobre el punto, se observa que de conformidad al Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, evidentemente una de las funciones atribuidas a la Oficina Gestora de Procesos es la de recepcionar toda documentación que le sea presentada CORRESONDE A LA SCP 0700/2024-S1 (viene de la pág. 8) en formato físico, digitalizarla e incorporarla al sistema informático de gestión de causas para su procesamiento. Sin embargo, no existe elemento dentro de la presente acción tutelar que pueda dar certeza de que la autoridad ahora demandada, o que alguna de las personas que se encontraban a su cargo, rechazó o negó la presentación de los memoriales que alega la parte ahora impetrante de tutela; y, siendo que la justicia constitucional busca garantizar la protección de derechos fundamentales ante la objetiva vulneración o amenaza de los mismos, que sobre la presente problemática corresponde denegar la tutela solicitada.

En consecuencia, el Tribunal de garantías, al denegar la tutela impetrada, actuó de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve CONFIRMAR la Resolución 30/2022 de 26 de mayo, cursante de fs. 14 a 15, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Anticorrupción Primero de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia DENEGAR la tutela solicitada de conformidad a los Fundamentos Jurídicos del presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. MSc. Georgina Amusquivar Moller MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo MAGISTRADA MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0700_2024-S1.pdf · páginas 1 a 10.

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