Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 28 de junio de 2023
Deniega la tutela
El accionante denuncia la lesión de su derecho al debido proceso vinculado al principio de legalidad; toda vez que: i) La Jueza de Sentencia Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primera de la Capital del departamento de La Paz codemandada devolvió el proceso penal al Juzgado de Instrucción Penal de origen, no obstante que determinó su radicatoria e inició de la etapa preparatoria de juicio oral ante la solicitud de ampliación de personas y delitos presentado por el Fiscal de Materia codemandado; y, ii) El Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Segundo de la Capital del referido departamento, por providencia de 19 de octubre de 2021, dispuso corregir procedimiento conforme el art. 168 del CPP, dejando sin efecto lo actuado en el Juzgado de juicio oral, situación que dio lugar a que el Fiscal de Materia ahora demandado presente nueva imputación formal por otros delitos y solicitando la aplicación de su detención preventiva. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los extremos demandados son evidentes para conceder o denegar la tutela solicitada, para el efecto se analizarán los siguientes temas: a) Subsidiariedad excepcional de la acción de libertad; a.1) Subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, ante procesamiento indebido por el fiscal y funcionarios policiales; y, b) Análisis del caso en concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado, y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 02/2022 de 18 de marzo, cursante de fs. 65 a 67, pronunciada por el Juez de Ejecución Penal Tercero de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia DENEGAR la tutela solicitada, sobre la base de los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0700/2023-S1 Sucre, 28 de junio de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 46466-2022-93-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 02/2022 de 18 de marzo, cursante de fs. 65 a 67, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por David Isaac Luna Loza contra Mario Helmer Laura Picavia; Andrés Franz Zabaleta Callisaya, Jueces de Instrucción y Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer, Primero y Segundo respectivamente; y, Gladys Bacarreza Morales, Jueza de Sentencia Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primera, todos de la de la Capital del departamento de La Paz; y, Gustavo Reynaldo Balderrama Tola, Fiscal de Materia.
Por memorial presentado el 18 de marzo de 2022, cursante de fs. 51 a 54, el accionante expresó los siguientes argumentos de hecho y derecho:
Dentro el proceso penal seguido por el Ministerio Público y Mireya Shirley Morales Escobar por la supuesta comisión del delito de uso indebido de influencias bajo control jurisdiccional del Juez de Instrucción y Anticorrupción y Violencia Hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, el 29 de enero de 2019 se le imputó formalmente. Posteriormente, el Ministerio Público presentó acusación formal en su contra siendo sorteado el proceso penal ante la Jueza de Sentencia Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primera de la Capital del departamento de La Paz, así dicha autoridad mediante providencia de 12 de marzo de 2020, solicitó a la Secretaria Abogada de su despacho la revisión del cuaderno jurisdiccional para verificar si existían incidentes pendientes de resolución; luego del informe correspondiente por proveído de 17 de ese mismo mes y año, se dispone la radicatoria del proceso penal conforme el art. 340 del Código de Procedimiento Penal (CPP), pidiendo al Fiscal de Materia remisión de la prueba para apertura de juicio oral. Después de transcurrido casi un año de la referida radicatoria, por memorial de 3 de febrero de 2021, solicitó la notificación con la acusación, pedido que fue aceptado por proveído de 4 del mismo mes y año. Sin embargo, el 14 de octubre de 2021, el Fiscal de Materia, Gustavo Reynaldo Balderrama Tola, presentó memorial impetrando a la Jueza de juicio oral, ampliación de investigación por “persona y delito que indica”; a tal efecto, de manera errada dicha autoridad judicial por providencia de 18 de similar mes y año determinó: "se tiene presente la ampliación de las investigaciones, en atención al requerimiento presentado por parte del Ministerio de Público se dispone devolver los antecedentes ante el juzgado de instrucción cautelar” (sic) dejando sin efecto la radicatoria dispuesta y asumiendo con esta actuación tres etapas procesales, como son la etapa preliminar (ampliación de la investigación); etapa preparatoria (imputaciones pendientes de notificación); y, la acusación (actos preparatorios para juicio). Es decir, no pronunció una resolución fundamentada que justifique la anulación de la radicatoria dispuesta, menos se corrió en traslado a la parte acusada con el memorial presentado por el Ministerio Público y tampoco se le notificó con la providencia de devolución al juzgado de origen, provocándole así estado de indefensión. Luego, mediante proveído de 19 de octubre de 2021, el Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de La Paz -ahora demandado- ante la devolución dispuesta indicó que: "en atención a la devolución emitida por el Juzgado de Sentencia Anticorrupción y Violencia contra la Mujer Primero de la Capital del referido departamento, asimismo de la revisión de obrados, siendo que existe una resolución de Imputación Formal presentado por el Fiscal de Materia de 21 de febrero del citado año se corrige procedimiento conforme el Art. 168 del CPP”, dejando de este modo sin efecto la remisión que se realizó al Juzgado Sentencia Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero de la Capital del referido departamento, dimitiendo así una radicatoria dispuesta por una Jueza de Sentencia. Así el 16 de noviembre de 2021, el Fiscal de Materia, Gustavo Reynaldo Balderrama Tola, formuló resolución de imputación en su contra por los delitos de consorcio de jueces, fiscales, policías y abogados, incumplimiento de deberes, asociación delictuosa y falsedad ideológica ante el Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, aceptando una ilegal imputación cuando la etapa preparatoria ya se encuentra culminada por una acusación, agravando su situación jurídica al solicitarse su detención preventiva que no se hizo efectiva porque en ese momento se encontraba en reposo total por haber sido contagiado con la enfermedad de la pandemia del Coronavirus (COVID-19); por lo que, se está atentado no solo contra su libertad, sino contra su salud y vida.
El impetrante de tutela denuncia la lesión de su derecho al debido proceso y al principio de legalidad; citando al efecto, los arts. 13, 22, 23, 115, 116, 120, 122, 125, 126 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE); 8 del Pacto de San José de Costa Rica denominado también Convención Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); y, 14 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos (PDCP).
Solicitó se “otorgue” la tutela a su favor, y en consecuencia se disponga la remisión de legajo de la acusación ante la Jueza de Sentencia Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primera de la Capital del departamento de La Paz y cese la persecución penal en la ilegal instancia preparatoria y se deje sin efecto cualquier medida restrictiva a su libertad.
La audiencia pública de consideración de la presente acción de libertad, se realizó el 18 de marzo de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 62 a 64, y en presencia de todas las partes procesales produciéndose los siguientes actuados:
La parte accionante por intermedio de su abogada ratificando y ampliando los fundamentos del memorial de interposición de la acción de libertad en su intervención más relevante sostuvo lo que sigue: a) En el proceso penal que se le sigue no se cumplieron los elementos del debido proceso en su triple dimensión; y, b) Sobre la subsidiariedad alegada por la parte denunciada, refiere que de acuerdo a la SCP 0564/2014, dicho principio no se aplica excepcionalmente cuando exista una lesión irremediable del derecho a la libertad.
Andrés Franz Zabaleta Callisaya, Juez de Instrucción y Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de La Paz, mediante informe presentado el 18 de marzo de 2022, corriente de fs. 60 a 61, refirió: 1) Desde el 5 de noviembre de 2021, ya no se encuentra bajo su conocimiento la causa, debido al recurso de recusación presentado por el codenunciado Anghelo Jairo Saravia Alberto; 2) De acuerdo a la documentación que se adjunta, el proceso fue remitido al Juzgado Público de Instrucción y Anticorrupción y Violencia Hacia la Mujer Primero de la Capital del mismo departamento; y, 3) No se advierte que la vida del solicitante de tutela se encuentre en peligro y tampoco este ilegalmente perseguido o indebidamente procesado o privado de su libertad.
Mario Helmer Laura Picavia, Juez de Instrucción y Anticorrupción y Contra Violencia Hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, por informe prestado en audiencia señaló lo siguiente: i) No comprende por qué se encuentra como demandado si recién asumió el conocimiento del proceso en cuestión a mediados de noviembre del 2021, en razón de una recusación presentada contra el Juez de Instrucción y Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Segundo de la Capital del citado departamento; por lo que, desconoce de hechos anteriores a esa data; ii) Si se revisa el cuaderno de control jurisdiccional, se podrá evidenciar, que la Jueza de Sentencia Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primera de la Capital del departamento de La Paz -ahora codemandada- al constatar que existe una acusación presentada ante autoridad competente, sin radicar la causa determinó devolver el proceso para que exista pronunciamiento sobre la ampliación presentada por el Ministerio Público; iii) El Ministerio Público formuló la ampliación de imputación formal no solamente contra el ahora peticionante de tutela, sino también contra otras siete personas que están siendo investigados por los delitos de consorcio de jueces, abogados y asociación delictuosa, están ex fiscales, policías, abogados e investigadores; iv) De acuerdo a la jurisprudencia constitucional, la parte que se considere lesionada en sus derechos, de manera previa debe reclamar, por lo que si existía alguna objeción al decreto que ordena que se pronuncie el Fiscal de Materia, el impetrante de tutela debió presentar el recurso que corresponda contra éste, pero si revisa los antecedentes no existe ningún reclamo; y, v) A esa fecha el solicitante de tutela se encuentra evadiendo la justicia, debido a que existiendo una medida cautelar de detención preventiva en su contra, aún se encuentra en libertad irrestricta. Gustavo Reynaldo Balderrama Tola, Fiscal de Materia en audiencia de consideración de la acción de libertad, refirió: a) El 16 de noviembre de 2021, se imputó formalmente a Remberto Ariel Balderrama Flores, Anghelo Jairo Saravia Alberto, José Pastor Quiroga Urquieta, Modesto Álvarez Calle y David Isaac Luna loza, por la presunta comisión de los delitos de consorcio de jueces, abogados, policías, incumplimiento de deberes, asociación delictuosa y falsedad ideológica, por esos tipos penales jamás se refirió el Ministerio Público, por ende no existe ninguna vulneración a derechos constitucionales; b) Con relación al debido proceso la abogada del accionante no ha hecho referencia en que dimensión se habrían vulnerado puesto que no se debe olvidar que el debido proceso tiene tres dimensiones, y simplemente refiere que se está vulnerando el debido proceso sin aportar fundamentación que la justicia constitucional pueda considerar; c) Los otros codenunciados también presentaron acciones de libertad bajo los mismos fundamentos, mismos que fueron denegados por los diferentes jueces de garantías; y, d) Los defectos ahora denunciados debieron haber sido denunciados dentro de un incidente ante el juez controlador de garantías y no acudir de manera directa a la justicia constitucional.
El Juez de Ejecución Penal Tercero de la Capital del departamento de La Paz mediante Resolución 02/2022 de 18 de marzo, cursante de fs. 65 a 67, denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes argumentos: 1) El Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de La Paz, resulta la autoridad competente para decidir, conocer y resolver todos los incidentes que sean de su conocimiento sin descuidar el procedimiento y los derechos de las partes y si bien se expresa en audiencia que en ese momento se encuentra en su similar Primero, empero, de igual forma éste debe asumir el control jurisdiccional; 2) El abogado del peticionante de tutela ante la respuesta realizada de si activó algún medio de impugnación, afirmó que no lo hizo debido a que se omitió la notificación con los actos procesales en cuestión y por ende desconocía del contenido de los mismos, empero aquello no es evidente porque existe un memorial presentado por él mismo, solicitando se notifique con la acusación formal; 3) No se demostró en qué medida las autoridades demandadas vulneraron sus derechos, requisito que es medular en un acto reclamado mediante acción tutelar a fin de que se prevenga, corrija su providencia, reparándose para garantizar el derecho a la libertad; 4) Si el accionante consideraba que las providencias eran ambiguas, estaban erradas o que no se encontraban conforme a procedimiento, podían haber planteado en su oportunidad el recurso de reposición, aspecto que no realizó; y, 5) La acción de libertad se rige por el principio de certeza; es decir, que la parte solicitante de tutela tiene que demostrar de manera objetiva y fehaciente el acto ilegal, que vulnera y restringe el derecho a la libertad y demandar a la autoridad que conculcó dicho derecho, presupuesto que no fue cumplido en el presente caso y tampoco se individualizado en qué medida cada autoridad lesionó los derechos invocados.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa informe de 08 de octubre de 2018, respecto al inicio de investigación presentado por el Ministerio Público ante el Juez de turno Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer de la Capital del departamento de La Paz contra Anghelo Jairo Saravia Alberto, José Pastor Quiroga Urquieta, Remberto Ariel Balderrama Flores, Víctor Hugo Gutiérrez Argote y David Isaac Luna Lazo, por la supuesta comisión de los delitos de consorcio de jueces, fiscales, policías y abogados, falsedad ideológica, uso indebido de influencias y asociación delictuosa (fs. 2 a 4). II.2. A fs. 24 y vta., se encuentra el memorial presentado por David Isaac Luna Loza el 3 de febrero de 2021, a la Jueza de Sentencia Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primera de la Capital del departamento de La Paz, por el que pide notificación con la acusación fiscal, pedido que fue otorgado por decreto de 4 de febrero de 2021.
II.3. Por memorial de 13 de octubre de 2021, Gustavo Reynaldo Balderrama Tola, Fiscal de Materia informa a la Jueza de Sentencia Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primera de la Capital del departamento de La Paz, la ampliación de la investigación por persona y delito contra Ruth Vicenta Apaza Quispe, por el delito de consorcio de jueces, fiscales, policías y abogados; dicho escrito fue atendido por decreto de 18 de octubre de 2021, que dispone devolver los antecedentes ante el Juzgado de Instrucción de origen (fs. 27 a 28). II.4. Por decreto de 19 de octubre de 2021, el Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de La Paz, dispone corregir procedimiento conforme el art. 168 del CPP, dejando sin efecto la remisión realizada al Juzgado de Sentencia Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero de la Capital (fs. 29). II.5. Consta memorial presentado por el Ministerio Público al Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primera de la Capital del departamento de La Paz, mediante el cual formula resolución de imputación formal, solicitando la aplicación de medidas cautelares (fs. 36 a 43 vta.).
El accionante denuncia la lesión de su derecho al debido proceso vinculado al principio de legalidad; toda vez que: i) La Jueza de Sentencia Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primera de la Capital del departamento de La Paz codemandada devolvió el proceso penal al Juzgado de Instrucción Penal de origen, no obstante que determinó su radicatoria e inició de la etapa preparatoria de juicio oral ante la solicitud de ampliación de personas y delitos presentado por el Fiscal de Materia codemandado; y, ii) El Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Segundo de la Capital del referido departamento, por providencia de 19 de octubre de 2021, dispuso corregir procedimiento conforme el art. 168 del CPP, dejando sin efecto lo actuado en el Juzgado de juicio oral, situación que dio lugar a que el Fiscal de Materia ahora demandado presente nueva imputación formal por otros delitos y solicitando la aplicación de su detención preventiva. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los extremos demandados son evidentes para conceder o denegar la tutela solicitada, para el efecto se analizarán los siguientes temas: a) Subsidiariedad excepcional de la acción de libertad; a.1) Subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, ante procesamiento indebido por el fiscal y funcionarios policiales; y, b) Análisis del caso en concreto.
El Tribunal Constitucional en la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, sentó la línea jurisprudencial sobre la subsidiariedad excepcional en la acción de libertad, determinando que en los supuestos en que existan medios idóneos para reparar de manera urgente, pronta y eficaz el derecho a la libertad física ilegalmente restringido, los mismos deben ser utilizados antes de acudir a la justicia constitucional a través de la acción de libertad; ya en el marco de la Constitución Política del Estado vigente a partir de 2009, la SC 0080/2010-R de 3 de mayo, señaló que la acción de libertad, no puede ser desnaturalizada en su esencia y finalidad, debiendo evitarse que se convierta en un medio alternativo o paralelo que provoque confrontación jurídica con la jurisdicción ordinaria. Posteriormente, la SC 0105/2010-R de 10 del citado mes, señaló que cuando quien recurre de hábeas corpus -ahora acción de libertad-, acciona en forma paralela un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico, aun en el supuesto que dicho medio o recurso no sea el más idóneo, eficaz o inmediato, no procede esta acción tutelar en aplicación de la excepción de subsidiariedad; pues de lo contrario, se crearía una disfunción procesal contraria al orden jurídico.
Boliviana El Tribunal Constitucional en la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, sentó la línea jurisprudencial sobre la subsidiariedad 1El FJ III.1.2., señal: “De lo anterior se extrae, que la existencia de la garantía constitucional en análisis, no implica que todas las lesiones al derecho a la libertad tengan que ser necesariamente reparadas de manera exclusiva y excluyente a través del hábeas corpus; pues no se trata de una garantía que tenga la vocación de reparar, en exclusiva, todas las formas de lesión a la libertad que pudieran invocarse, sino la de dotar a la persona de un medio de defensa sencillo, eficaz y oportuno, para restablecer la lesión sufrida.
En consecuencia, en los supuestos en que la norma procesal ordinaria de manera específica prevea medios de defensa eficaces y oportunos para resguardar el derecho a la libertad supuestamente lesionado, estos deben ser utilizados, previamente, circunstancia en la que excepcionalmente, el recurso de habeas corpus operará de manera subsidiaria”. 2El FJ III.4, menciona: “Bajo la premisa expuesta, los medios de defensa, y en este caso la acción de libertad, no puede ser desnaturalizada en su esencia y finalidad, debiendo evitarse que se convierta en un medio alternativo o paralelo que provoque confrontación jurídica con la jurisdicción ordinaria; por ello, y sin que implique una restricción a sus alcances, ni desconocimiento al principio de favorabilidad, sino para que no pierda su esencia misma de ser un recurso heroico, se ha establecido que en los casos, que en materia penal se impugnen actuaciones no judiciales -antes de la imputación formal- y judiciales -posteriores a la imputación-, a través de la acción de libertad, hay aspectos que se deben tener en cuenta, en los cuales de manera excepcional, no es posible ingresar al fondo de la acción de libertad, a objeto de guardar el equilibrio y complementariedad entre ambas jurisdicciones…” 3El FJ III.3, indica: “En ese sentido, para que se abra la tutela que brinda esta acción, es preciso que previamente se determine si existen los medios de impugnación específicos e idóneos para restituir el derecho a la libertad en forma inmediata, pero además de ello, se debe considerar también que cuando quien recurre de hábeas corpus, acciona en forma paralela un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico, aún en el supuesto de que dicho medio o recurso no sea el más idóneo, eficaz o inmediato, es lógico suponer que tampoco procede esta acción tutelar en aplicación de la excepción de subsidiariedad, ello debido a que el recurrente, actual accionante, no puede activar dos jurisdicciones en forma simultánea para efectuar sus reclamos, no siendo admisible dicha situación que de ocurrir inviabiliza la acción tutelar, pues al activar en forma simultánea la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción constitucional, para que ambas conozcan y resuelvan las irregularidades denunciadas, se crearía una disfunción procesal contraria al orden jurídico”. 4El FJ III.1.2, señala: “De lo anterior se extrae, que la existencia de la garantía constitucional en análisis, no implica que todas las lesiones al derecho a la libertad tengan que ser necesariamente reparadas de manera exclusiva y excluyente a través del hábeas corpus; pues no se trata de una garantía que tenga la vocación de reparar, en exclusiva, todas las formas de lesión a la excepcional en la acción de libertad, determinando que en los supuestos en los que existan medios idóneos para reparar de manera urgente, pronta y eficaz el derecho a la libertad física ilegalmente restringido, los mismos deben ser utilizados antes de acudir a la justicia constitucional a través de la acción de libertad. En el marco de dicho entendimiento, la SC 0181/2005-R de 3 de marzo señaló que en la etapa preparatoria del proceso penal, se deben impugnar las supuestas lesiones a derechos y garantías en los que puedan incurrir los órganos encargados de la persecución penal ante el juez de instrucción penal, no resultando compatible activar directamente o de manera simultánea, la justicia constitucional.
Por su parte, la SC 0054/2010-R de 27 de abril puntualizó que las denuncias de actos ilegales u omisiones indebidas en las que pudieran incurrir los fiscales y policías durante la etapa preparatoria, que implique vulneración de derechos fundamentales, deben ser presentadas ante el juez de instrucción penal, sin que sea admisible acudir directamente ante la jurisdicción constitucional; consecuentemente, la SC 0080/2010-R de 3 de mayo sistematizó tres supuestos de subsidiariedad libertad que pudieran invocarse, sino la de dotar a la persona de un medio de defensa sencillo, eficaz y oportuno, para restablecer la lesión sufrida.
En consecuencia, en los supuestos en que la norma procesal ordinaria de manera específica prevea medios de defensa eficaces y oportunos para resguardar el derecho a la libertad supuestamente lesionado, estos deben ser utilizados, previamente, circunstancia en la que excepcionalmente, el recurso de habeas corpus operará de manera subsidiaria. (…)
Consiguientemente, como el ordenamiento jurídico no puede crear y activar recursos simultáneos o alternativos con el mismo fin sin provocar disfunciones procesales no queridas por el orden constitucional, se debe concluir que el proceso constitucional del hábeas corpus, únicamente se activa cuando los medios de defensa existentes en el ordenamiento común, no sean los idóneos para reparar, de manera urgente, pronta y eficaz, el derecho a libertad ilegalmente restringido. No es posible acudir a este recurso, cuando el ordenamiento jurídico prevé medios de impugnación específicos y aptos para restituir el derecho a la libertad, en forma inmediata. Conforme a esto, solamente una vez agotado tal medio de defensa y ante la persistencia de la lesión, se podrá acudir a la jurisdicción constitucional, invocando la tutela que brinda el hábeas corpus” (el subrayado es nuestro). 5El FJ III.2, establece: “De lo anterior se extrae que todo imputado que considere que en el curso del proceso investigativo ha sufrido una lesión de un derecho fundamental, entre ellos, el derecho a la libertad en cualquiera de las formas en que pueda sufrir menoscabo, debe impugnar tal conducta ante el juez instructor, que es el órgano jurisdiccional que tiene a su cargo el control de la investigación, desde los actos iniciales hasta la conclusión de la etapa preparatoria. Así, el Código de procedimiento penal al prever la existencia de un órgano jurisdiccional competente para conocer y resolver de manera directa y expedita, las supuestas vulneraciones a los derechos y garantías que pudieran tener origen en los órganos encargados de la persecución penal; no resulta compatible con el sistema de garantías previsto en el ordenamiento aludido, acudir directamente o de manera simultánea a la justicia constitucional, intentando activar la garantía establecida por el art. 18 constitucional, ignorando los canales normales establecidos. Consiguientemente, el hábeas corpus sólo se activa en los casos en que la supuesta lesión no sea reparada por los órganos competentes de los jurisdiccionales ordinarios aludidos”. 6El FJ III.3, señala: “Queda establecido entonces, que ante denuncia de irregularidades, actos ilegales u omisiones presuntamente cometidas por los fiscales o policías en la etapa preparatoria del proceso, que impliquen lesión a los derechos fundamentales de todo denunciado o sindicado, la misma debe presentarse ante el juez cautelar como el encargado de ejercer el control jurisdiccional de la investigación, en aplicación de lo dispuesto por las normas previstas en los arts. 54.1) y 279 del CPP, sin que sea admisible acudir en forma directa a esta acción tutelar si con carácter previo los hechos denunciados no fueron reclamados ante la autoridad encargada del control jurisdiccional, que es la apta para restablecer las presuntas lesiones a derechos fundamentales y -se reitera- sólo en caso de verificarse que existirá una dilación o que esa instancia no se constituye en la eficaz y oportuna para restablecer esos derechos, es que se abre la posibilidad de acudir a la presente acción tutelar en forma directa”. 7El FJ III.4, determina:
“Primer supuesto:
excepcional de la acción de libertad para los casos en los que, en materia penal se impugnen actuaciones no judiciales -antes de la imputación formal- y judiciales -posteriores a la imputación-, en los cuales de manera excepcional, no es posible ingresar al fondo de la acción de libertad, a objeto de guardar el equilibrio y complementariedad entre ambas jurisdicciones.
Más tarde, la SCP 0185/2012 de 18 de mayo sostuvo que si la acción de libertad está fundada en la restricción del derecho a la libertad personal, por causa de haberse restringido la misma, al margen de los casos y formas establecidas por ley y no esté vinculado a un delito o no se hubiera dado aviso de la investigación, la acción de libertad puede ser presentada de manera directa.
Posteriormente, la SCP 0482/2013 de 12 de abril, en el Fundamento Jurídico III.2.2, sistematizó las reglas de la subsidiariedad excepcional en la acción de libertad, conforme a lo siguiente:
1. Cuando la acción de libertad esté fundada directamente en la vulneración al derecho a la libertad personal por causa de haberse restringido la misma al margen de los casos y formas establecidas por ley, y no esté vinculada a un delito y por tanto no se hubiera Si antes de existir imputación formal, tanto la Policía como la Fiscalía cometieron arbitrariedades relacionadas al derecho a la libertad física o de locomoción, y todavía no existe aviso del inicio de la investigación, corresponde ser denunciadas ante el Juez Cautelar de turno. En los casos en los que ya se cumplió con dicha formalidad procesal, es decir, con el aviso del inicio de la investigación, al estar identificada la autoridad jurisdiccional, es ante ella donde se debe acudir en procura de la reparación y/o protección a sus derechos. De no ser así, se estaría desconociendo el rol, las atribuciones y la finalidad que el soberano a través del legislador le ha dado al juez ordinario que se desempeña como juez constitucional en el control de la investigación.
Segundo Supuesto:
Cuando existe imputación y/o acusación formal, y se impugna una resolución judicial de medida cautelar que; por ende, afecta al derecho a la libertad física o de locomoción, con carácter previo a interponer la acción de libertad, se debe apelar la misma, para que el superior en grado tenga la posibilidad de corregir la arbitrariedad denunciada. Puesto que el orden legal penal ha previsto ese medio impugnativo, precisamente para que a través de un recurso rápido, idóneo, efectivo y con la mayor celeridad se repare en el mismo órgano judicial, las arbitrariedades y/o errores que se hubiesen cometido en dicha fase o etapa procesal. Lo propio si está referido a cuestiones lesivas a derechos fundamentales relacionados a actividad procesal defectuosa, o relacionado al debido proceso, casos en los cuales se debe acudir ante la autoridad judicial que conoce la causa en ese momento procesal, puesto que el debido proceso es impugnable a través de la acción de libertad, sólo en los casos de indefensión absoluta y manifiesta, o que dicho acto sea la causa directa de la privación, o restricción a la libertad física.
Tercer supuesto:
Si impugnada la resolución la misma es confirmada en apelación; empero, en lugar de activar inmediatamente la acción libertad, decide voluntariamente, realizar una nueva petición ante la autoridad ordinaria, tendiente a un nuevo análisis y reconsideración de su situación jurídica, sea mediante una solicitud de modificación, sustitución, cesación de detención preventiva, etc., y la misma está en trámite, en esos casos, ya no es posible acudir a la jurisdicción constitucional impugnando la primera o anterior resolución judicial, donde se emitió el auto de vista, inclusive; por cuanto las partes de un proceso están impelidas de actuar con lealtad procesal, de no ser así, se provocaría una duplicidad de resoluciones en ambas jurisdicciones, e incidiría negativamente en el proceso penal de donde emerge la acción tutelar” (las negrillas son introducidas). 8El FJ III.2, cita: “En este orden, en cuanto a la presunta indebida privación de libertad, deberá tenerse en cuenta que la misma puede producirse, ya por hechos y circunstancias eventualmente no vinculadas a la presunta comisión de un delito y otras veces, sí vinculadas a dicha presunta comisión de un delito. En consecuencia, si no existe inicio de investigación y tampoco presunta comisión de delito alguno, corresponderá a la justicia constitucional conocer directamente y resolver la acción de libertad que acuse una presunta indebida privación de libertad. (...)
Queda establecido que cuando la acción de libertad esté fundada directamente en la vulneración al derecho a la libertad personal por causa de haberse restringido la misma al margen de los casos y formas establecidas por ley, y no esté vinculada a un delito o no se hubiera dado aviso de la investigación, la acción es directa contra las autoridades que violentaron la Constitución Política del Estado y la ley”.
dado aviso de la investigación, la acción puede ser activada de forma directa contra las autoridades o persona que violentaron la Constitución Política del Estado y la ley (…).
2. Cuando el fiscal da aviso del inicio de la investigación al Juez cautelar y ante la denuncia de una supuesta ilegal aprehensión, arresto u otra forma de restricción de la libertad personal o física por parte de un Fiscal o de la Policía, el accionante, previo a acudir a la jurisdicción constitucional debe en principio, denunciar todos los actos restrictivos de su libertad personal o física ante la autoridad que ejerce el control jurisdiccional.
3. Cuando el accionante hubiera denunciado los actos restrictivos de su libertad personal o física ante el Juez cautelar, como también, paralela o simultáneamente a la jurisdicción constitucional a través de la acción de libertad, sobreviene también la subsidiaridad.
4. Cuando existe imputación y/o acusación formal, y se impugna una resolución judicial de medida cautelar que, por ende, afecta al derecho a la libertad física o de locomoción, con carácter previo a interponer la acción de libertad, se debe apelar la misma, para que el superior en grado tenga la posibilidad de corregir la arbitrariedad denunciada.
5. Si impugnada la resolución, ésta es confirmada en apelación, empero, en lugar de activar inmediatamente la acción libertad, decide voluntariamente, realizar una nueva petición ante la autoridad ordinaria, tendiente a un nuevo análisis y reconsideración de su situación jurídica, sea mediante una solicitud de modificación, sustitución, cesación de detención preventiva, etc., y la misma está en trámite, en esos casos, ya no es posible acudir a la jurisdicción constitucional impugnando la primera o anterior resolución judicial, donde se emitió el auto de vista, inclusive; por cuanto las partes de un proceso están impelidas de actuar con lealtad procesal, de no ser así, se provocaría una duplicidad de resoluciones en ambas jurisdicciones, e incidiría negativamente en el proceso penal de donde emerge la acción tutelar (las negrillas y el subrayado son nuestros).
Finalmente, la SCP 1888/2013 de 29 de octubre moduló la SCP 0185/2012 y el primer supuesto de las subreglas anotadas por la SCP 0482/2013 antes citada, señalando que es posible la presentación directa de la acción de libertad, prescindiendo de la subsidiariedad excepcional, cuando: a) La supuesta lesión o amenaza del derecho a la libertad física o personal no esté vinculada a un delito; o, b) Cuando existiendo dicha vinculación, no se informó al juez de instrucción penal sobre el inicio de las investigaciones, no obstante haber transcurrido los plazos establecidos para el efecto en el Código de Procedimiento Penal; último supuesto, que de ninguna manera, implica que ante restricciones del derecho a la libertad, al margen de los casos y formas establecidas por ley, no sea posible la presentación de la acción de libertad en forma directa, antes de haber transcurrido los plazos establecidos en la norma procesal penal. En síntesis, es posible la presentación directa de la acción de libertad, en el primer supuesto señalado en la SCP 0482/2013, cuando: i) La supuesta lesión o amenaza del derecho a la libertad física o personal no esté vinculada a un delito; ii) Cuando existiendo dicha vinculación: ii.a) No se informó al juez de instrucción penal sobre el inicio de las investigaciones, no obstante haber transcurrido los plazos establecidos para el efecto en el Código de Procedimiento Penal, o cuando: ii.b) No habiendo transcurrido dichos plazos, se hubiere restringido el derecho a la libertad, al margen de los casos y formas establecidas por ley.
Este entendimiento fue asumido, entre otras, en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0031/2019-S2 de 25 de marzo, y 0503/2018-S2 de 14 de septiembre.
La problemática opuesta por el accionante radica en que denuncia la lesión de su derecho al debido proceso vinculado al principio de legalidad; toda vez que: 1) La Jueza de Sentencia Antocorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primera de la Capital del departamento de La Paz -ahora demandada- devolvió el proceso penal al Juzgado de Instrucción Penal de origen, no obstante que determinó su radicatoria e inició de la etapa preparatoria de juicio oral ante la solicitud de ampliación de personas y delitos presentado por el Fiscal de Materia codemandado; y, 2) El Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de La Paz, por providencia de 19 de octubre de 2021, dispuso corregir procedimiento conforme el art. 168 del CPP, dejando sin efecto lo actuado en el Juzgado de juicio oral, situación que dio lugar a que el Fiscal de Materia ahora demandado presente nueva imputación formal por otros delitos y solicitando la aplicación de su detención preventiva.
Ahora bien, de la revisión de los antecedentes adjuntos al expediente constitucional, así como lo manifestado en audiencia de la presente acción tutelar, se establece que la Jueza de Sentencia Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primera de la Capital del departamento de La Paz codemandada, ante la presentación de ampliación de la investigación penal por el Ministerio Público contra Ruth Vicenta Apaza Quispe por la supuesta comisión del delito de consorcio de jueces, fiscales, policías y abogados procedió a disponer la devolución de los antecedentes procesales mediante proveído de 18 de octubre de 2021 al “Juzgado de Instrucción Cautelar” (sic) conforme se tiene de las Conclusiones II.3 del presente fallo constitucional.
Posteriormente, mediante proveído de 19 del mismo mes y año, el Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de La Paz ahora codemandado dispuso corregir procedimiento conforme el art. 168 del CPP, dejando sin efecto la remisión realizada por la autoridad jurisdiccional de sentencia ahora codemandada (Conclusiones II.4 y II.5), luego el Fiscal de Materia codemandado presentó ante dicho Juez de control jurisdiccional imputación formal contra el ahora solicitante de tutela, además de solicitud de aplicación de la medida cautelar de detención preventiva (Conclusiones II.5).
Efectuadas las precisiones precedentes, corresponde abordar el estudio de la problemática planteada por la parte peticionante de tutela, a fin de verificar si procede o no la tutela que se pretende, en resguardo del derecho al debido proceso vinculado al principio de legalidad que se demandan.
Conforme se ha desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1.1. del presente fallo constitucional, la SCP 0482/2013 de 12 de abril, sistematizó las reglas de la subsidiariedad excepcional en la acción de libertad, estableciendo que:
2. Cuando el fiscal da aviso del inicio de la investigación al Juez cautelar y ante la denuncia de una supuesta ilegal aprehensión, arresto u otra forma de restricción de la libertad personal o física por parte de un Fiscal o de la Policía, el accionante, previo a acudir a la jurisdicción constitucional debe en principio, denunciar todos los actos restrictivos de su libertad personal o física ante la autoridad que ejerce el control jurisdiccional.
Dicha subregla resulta aplicable en el caso que se examina, puesto que conforme se desglosa en la Conclusiones del presente fallo constitucional, resulta evidente que al momento de presentación de esta acción tutelar, las actuaciones del Ministerio Público ya se encontraban bajo control jurisdiccional, por lo que el peticionante de tutela previamente debió acudir ante el Juez que ejercía dicho control, a objeto de obtener la reparación de sus derechos, y sólo en defecto de aquel podía acudir ante la justicia constitucional; al no haber procedido de esa manera, se impide examinar el fondo de la denuncia, razón por la cual corresponde denegar la tutela con relación al Fiscal demandado.
Penal, así como la Jueza de Sentencia Penal demandados Conforme se tiene desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, sentó la línea jurisprudencial sobre la subsidiariedad excepcional en la acción de libertad, determinando que en los supuestos en que existan medios idóneos para reparar de manera urgente, pronta y eficaz el derecho a la libertad física ilegalmente restringido, los mismos deben ser utilizados antes de acudir a la justicia constitucional a través de la acción de libertad.
Consecuentemente, en torno a la denuncia formulada contra los jueces demandados respecto a las actuaciones procesales arbitraria descritas de forma precedente en los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; correspondía que el accionante, antes de acudir a la jurisdicción constitucional, previamente reclamen la supuesta vulneración de sus derechos a través de los mecanismos de defensa previstos legalmente, como el incidente de actividad procesal defectuosa, para luego recién, en caso de no obtener la reparación de sus derechos, acudir a la vía constitucional, razón por la cual también corresponde denegar la tutela interpuesta contra la autoridad judicial demandada, por incumplimiento a la subsidiariedad excepcional. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado, y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 02/2022 de 18 de marzo, cursante de fs. 65 a 67, pronunciada por el Juez de Ejecución Penal Tercero de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia DENEGAR la tutela solicitada, sobre la base de los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo MAGISTRADA Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller MAGISTRADA
9 El FJ III.2, señala: “Ahora bien, con la finalidad de otorgar certeza y seguridad jurídica, es necesario modular la SCP 0185/2012 y el primer supuesto de las subreglas anotadas por la Sentencia Constitucional Plurinacional antes glosada y, en ese sentido, debe señalarse que es posible la presentación directa de la acción de libertad, prescindiendo de la subsidiariedad excepcional, cuando: i) La supuesta lesión o amenaza al derecho a la libertad física o personal no esté vinculada a un delito o, ii) Cuando, existiendo dicha vinculación, no se ha informado al juez cautelar sobre el inicio de las investigaciones, no obstante haber transcurrido los plazos establecidos para el efecto en el Código de procedimiento penal; no siendo exigible, en ninguno de los dos supuestos anotados, acudir ante el juez cautelar de turno con carácter previo; pues se entiende que, en el primer caso, no se está ante la comisión de un delito y, por lo mismo, el juez cautelar no tiene competencia para el conocimiento del supuesto acto ilegal, y en el segundo, existe una dilación e incumplimiento de los plazos procesales por parte de la autoridad fiscal o, en su caso, policial, que bajo ninguna circunstancia puede ser un obstáculo para el acceso a la justicia constitucional”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0700_2023-S1.pdf · páginas 1 a 14.
Huella digital del PDF (SHA-256): 644017b8a2d6df82c8ae8fbf4f030deb3bcfad2867bbcef799e926083e3f045f
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