Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 15 de abril de 2026
Concede en parte la tutela
El accionante denuncia la lesión de sus derechos de acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva, así como de la garantía del debido proceso en sus elementos fundamentación y motivación, como consecuencia de la emisión de la Resolución Jerárquica F.D.C./N.G.G.R.O.D. 93/2023, pronunciada por la Fiscal Departamental demandada, mediante la cual ratificó la Resolución de Desestimación -de denuncia- de 15 de marzo de 2023. Al respecto, sostiene que dicha determinación: 1) Confirmó la desestimación por supuesta atipicidad estableciendo que la afectación al bien colectivo del Sindicato debía ser permanente, pese a que ese requisito no se encuentra previsto expresamente en el art. 303 del CP; y, 2) Desconoció la jurisprudencia constitucional invocada en la impugnación, es decir la SCP 0815/2019-S2 relativa a la improcedencia de desestimar una denuncia por supuesta atipicidad en etapa preliminar. Ante ello, la autoridad demandada sostuvo que, la Resolución cuestionada fue emitida en ejercicio de la facultad de revisión prevista por el art. 55 de la LOMP, dentro del trámite de impugnación formulado contra la Resolución de Desestimación; que en dicha determinación se expusieron las razones por las cuales correspondía confirmar la atipicidad de los hechos denunciados; y que, al no advertirse lesión objetiva a derechos fundamentales, la justicia constitucional no podía ingresar a revisar el fondo de lo resuelto. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 078/2023 de 14 de julio, cursante de fs. 98 a 101 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, con relación al primer agravio en los mismos términos dispositivos establecidos por la referida Sala Constitucional y conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2° DENEGAR con relación al segundo agravio, en atención a los fundamentos de este fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0699/2026-S2 Sucre, 15 de abril de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional Expediente: 57268-2023-115-AAC Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 078/2023 de 14 de julio, cursante de fs. 98 a 101 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Jaime Pastor Aguilar contra Nuria Gisela Gonzáles Romero, Fiscal Departamental de Cochabamba.
Por memoriales presentados el 29 de junio y 10 de julio de 2023, cursantes a fs. 1; 63 a 68 vta.; y, 72 a 74, el accionante manifestó lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido contra Carlos Camacho Almanza, Jorge Castillo y Jhonny Martínez Alavi, por la presunta comisión del delito de atentados contra la libertad del trabajo, previsto y sancionado por el art. 303 del Código Penal (CP), su persona presentó denuncia el 10 de marzo de 2023, misma que fue desestimada por Alejandra Mónica Quintanilla Lang, Fiscal de Materia, mediante Resolución de Desestimación de 15 de marzo del mismo año, bajo el argumento de que el hecho denunciado resultaba atípico. Contra esa determinación, sus apoderados interpusieron recurso de impugnación, por lo que los antecedentes fueron remitidos para revisión jerárquica. En esa instancia, Nuria Gisela Gonzáles Romero, Fiscal Departamental de Cochabamba -hoy demandada-, emitió la Resolución Jerárquica F.D.C./N.G.G.R.O.D. 93/2023, consignada con fecha “10 de marzo” -lo correcto y en adelante es 20 de abril-, mediante la cual ratificó la desestimación asumida en primera instancia.
La Resolución Jerárquica cuestionada carecía de debida fundamentación y motivación; toda vez que la autoridad demandada se limitó a reiterar que la conducta atribuida no configuraba el tipo penal denunciado, concluyendo nuevamente que el hecho era atípico, sin efectuar un análisis de fondo de los antecedentes ni de los elementos aportados; además de confirmar la decisión impugnada con motivación insuficiente e invocar el art. 55 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP), sin explicar de manera clara su aplicación al caso concreto; de igual modo, dicha autoridad fiscal introdujo un criterio no previsto expresamente en el art. 303 del CP, al considerar que el accionar denunciado no habría perjudicado de forma permanente al bien colectivo del Sindicato, incorporando una exigencia temporal de permanencia que no formaba parte del tipo penal atribuido; finalmente, desconoció el carácter vinculante de la jurisprudencia constitucional, al convalidar una desestimación basada en la supuesta atipicidad del hecho denunciado, criterio que no podía ser aplicado en esa etapa preliminar.
Denunció la lesión de sus derechos de acceso a la justicia, a la tutela judicial efectiva y, a la garantía del debido proceso en sus componentes fundamentación y motivación, citando al efecto los arts. 115.II y 117.I de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela, disponiendo: a) Se deje sin efecto la Resolución Jerárquica F.D.C./N.G.G.R.O.D. 93/2023; y, b) Ordene a la autoridad demandada a emitir una nueva resolución, en el plazo máximo de veinticuatro horas.
Celebrada la audiencia virtual el 14 de julio de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 95 a 97, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante, a través de su abogado, ratificó in extenso el contenido de su memorial de acción de amparo constitucional y, ampliando en audiencia, manifestó que: 1) El acto lesivo se concretó en la Resolución Jerárquica F.D.C./N.G.G.R.O.D. 93/2023, por la cual la Fiscal Departamental demandada ratificó la desestimación de la denuncia por el delito de atentados contra la libertad de trabajo, bajo el argumento de que los hechos serían atípicos y que la restricción denunciada no habría sido permanente; 2) Dicha Resolución vulneró el debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, porque la autoridad demandada no explicó qué elementos objetivos o subjetivos del tipo penal previsto en el art. 303 del CP no concurrían en el caso concreto; 3) La autoridad demandada desconoció la línea jurisprudencial contenida en la SCP 0815/2019-S2 de 11 de septiembre, invocada en el memorial de impugnación, según la cual la atipicidad no constituye causal válida para desestimar una denuncia, sino, en su caso, para emitir una resolución de rechazo luego de la investigación preliminar; 4) Se vulneraron los derechos de acceso a la justicia y tutela judicial efectiva, al impedirse el inicio de la investigación penal sin debida motivación y al exigirse una permanencia de la restricción al trabajo no prevista en el art. 303 del citado Código; y, 5) La autoridad demandada, en su informe, se limitó a invocar su competencia como Fiscal Departamental para revisar y ratificar resoluciones de desestimación impugnadas; sin embargo, no explicó por qué apartó la línea jurisprudencial aplicable, ni por qué consideró atípicos los hechos denunciados, menos aún por qué añadió un requisito de permanencia no previsto en la norma penal.
Nuria Gisela Gonzáles Romero, Fiscal Departamental de Cochabamba, por informe escrito cursante de fs. 89 a 90 vta., sostuvo que: i) La Resolución Jerárquica cuestionada se encontraba debidamente fundamentada y motivada, pues expuso las razones por las cuales confirmó la desestimación, citó la normativa aplicable y , concluyendo que el hecho denunciado era atípico; ii) La objeción planteada por el accionante fue conocida y resuelta por la autoridad departamental en el marco de sus atribuciones legales; y, iii) La “jurisdicción” constitucional no puede ingresar al análisis de fondo de lo resuelto, salvo que se acredite una lesión concreta a derechos fundamentales, extremo que no ocurrió en el caso.
La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, por Resolución 078/2023 de 14 de julio, cursante de fs. 98 a 101 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo dejar sin efecto la Resolución Jerárquica F.D.C./N.G.G.R.O.D. 93/2023 y ordenó a la autoridad demandada emita una nueva resolución jerárquica debidamente fundamentada; con base en los siguientes fundamentos: a) La autoridad demandada no respondió de manera concreta a los agravios expuestos en el memorial de impugnación contra la resolución de desestimación, tampoco sobre la SCP 0815/2019-S2 invocada dicha impugnación; y, b) Debido a esa insuficiencia argumentativa, la Resolución Jerárquica vulneró la garantía del debido proceso en su elemento de debida fundamentación, correspondiendo la emisión de una nueva resolución.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 004/2025-II de 30 de diciembre, ante el cese de cinco Magistraturas, se dispuso la devolución a la Comisión de Admisión de los expedientes y causas sorteadas para la realización de un nuevo sorteo de manera aleatoria y equitativa entre las Salas Primera, Segunda y Tercera del Tribunal Constitucional Plurinacional, a fin de que los actuales Magistrados asuman el conocimiento y prosigan con la tramitación de dichas causas hasta su conclusión, garantizando así la continuidad del servicio jurisdiccional (fs. 106 a 108); en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión, sin aguardar el orden cronológico respectivo, procedió al sorteo de la presente causa.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Se tiene Acta Notarial de 18 de enero de 2023, en la que se hace constar que trabajadores de la empresa Industrias de Cerámicas Cochabamba Limitada (INCERCO Ltda.), se encontraban en paro y que habrían impedido el ingreso de motorizados destinados al transporte de carga (fs. 27). II.2. Mediante memorial de 10 de marzo de 2023, Francisco Javier Mena Soruco y Jhomar Fernando Dávalos Montecinos, en representación de Jaime Pastor Aguilar -hoy accionante-, interpusieron denuncia ante la Fiscalía de Sacaba, contra Carlos Camacho Almanza, Jorge Castillo y Jhonny Martínez Alavi por la presunta comisión del delito de atentados contra la libertad del trabajo (fs. 4 a 7 vta.). II.3. Cursa memorial presentado el 14 de marzo de 2023, por la parte impetrante de tutela, dirigido a Alejandra Mónica Quintanilla Lang, Fiscal de Materia, haciendo conocer que la empresa SIMITRANS “23” de septiembre, se dedica al transporte de carga pesada y que, en tal calidad, prestaba servicios de traslado de ladrillos a la empresa INCERCO Ltda.; asimismo, señalaron que el 18 de enero de ese año, cuando varios camiones ya se encontraban cargados dentro y fuera de dicha empresa, trabajadores de la referida entidad habrían impedido tanto el ingreso como la salida de los motorizados, solicitando la admisión de la denuncia (fs. 35 a 38 vta.). II.4. Consta Resolución de Desestimación de 15 de marzo de 2023, por la cual la autoridad fiscal, desestimó la denuncia presentada al considerar que el hecho denunciado era atípico, otorgando a los denunciantes el plazo de cinco días para impugnarla, conforme a lo establecido por el art. 305 del CPP (fs. 42 a 44). II.5. Mediante memorial de 28 de marzo de 2023, la parte accionante impugno la referida Resolución de Desestimación, cuestionando la conclusión de atipicidad asumida y sosteniendo, entre otros extremos, que la denuncia cumplía con los parámetros exigidos por el art. 285 del CPP y que los elementos acompañados respaldaban la relevancia penal de los hechos denunciados (fs. 46 a 51); dicho memorial mereció providencia de 29 del citado mes y año, por la cual se dispuso la remisión de antecedentes a la autoridad jerárquica superior, actuación cumplida mediante nota de la misma fecha (fs. 51 vta.). II.6. A través de la Resolución Jerárquica F.D.C./N.G.G.R.O.D. 93/2023 de “10 de marzo” -lo correcto es 20 de abril-, Nuria Gisela Gonzáles Romero, Fiscal Departamental de Cochabamba, -ahora demandada-, ratificó la Resolución de Desestimación de 15 de marzo de 2023, concluyendo que los hechos denunciados no configuraban el delito de atentados contra la libertad del trabajo (fs. 56 a 57 vta.).
El accionante denuncia la lesión de sus derechos de acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva, así como de la garantía del debido proceso en sus elementos fundamentación y motivación, como consecuencia de la emisión de la Resolución Jerárquica F.D.C./N.G.G.R.O.D. 93/2023, pronunciada por la Fiscal Departamental demandada, mediante la cual ratificó la Resolución de Desestimación -de denuncia- de 15 de marzo de 2023. Al respecto, sostiene que dicha determinación: 1) Confirmó la desestimación por supuesta atipicidad estableciendo que la afectación al bien colectivo del Sindicato debía ser permanente, pese a que ese requisito no se encuentra previsto expresamente en el art. 303 del CP; y, 2) Desconoció la jurisprudencia constitucional invocada en la impugnación, es decir la SCP 0815/2019-S2 relativa a la improcedencia de desestimar una denuncia por supuesta atipicidad en etapa preliminar. Ante ello, la autoridad demandada sostuvo que, la Resolución cuestionada fue emitida en ejercicio de la facultad de revisión prevista por el art. 55 de la LOMP, dentro del trámite de impugnación formulado contra la Resolución de Desestimación; que en dicha determinación se expusieron las razones por las cuales correspondía confirmar la atipicidad de los hechos denunciados; y que, al no advertirse lesión objetiva a derechos fundamentales, la justicia constitucional no podía ingresar a revisar el fondo de lo resuelto. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Al respecto, la SCP 0518/2025-S2 de 3 de junio, establece que: “El art. 65 de la LOMP establece que: ‘La impugnación al rechazo o sobreseimiento será resuelta por la o el superior jerárquico, valorando integralmente el contenido de las actuaciones y de manera fundamentada, en el plazo que establece la Ley, bajo su responsabilidad’ (…).
Este precepto fue extendido también a los supuestos de desestimación, conforme a la SCP 0092/2014-S3 de 27 de octubre, que reconoce el derecho de la supuesta víctima a impugnar esta clase de resoluciones fiscales. En ese contexto, la motivación y fundamentación de tales decisiones resultan exigencias ineludibles. En ese sentido, como señaló la jurisprudencia constitucional, la motivación y fundamentación son elementos esenciales en toda resolución, y su exigencia no implica un desarrollo extenso o formalista. Según la SCP 0191/2018-S4 de 14 de mayo, ‘…la motivación y la fundamentación son elementos de obligatoria existencia y cumplimiento para las autoridades jurisdiccionales en la emisión de sus resoluciones, esto no implica que su desarrollo sea ampuloso en cuanto a sus consideraciones y citas legales, sino, debe existir una estructura explicativa de forma y de fondo, pudiendo ser concisa y clara, de modo que se entiendan satisfechos todos los puntos reclamados por quien demanda o impugna, pues en una resolución debe existir la posibilidad de identificar claramente las consideraciones que justifiquen razonablemente la decisión asumida…’ (…). Ahora bien, con relación a la desestimación -ya sea respecto de una denuncia escrita, una querella o un informe policial de acción directa-, esta constituye una Resolución Fiscal que, para ser válida, debe estar debidamente fundamentada. Su propósito es evitar la activación innecesaria del aparato estatal penal cuando, de manera preliminar, se advierte la falta de elementos mínimos que justifiquen el inicio de una investigación formal. El art. 55.II de la LOMP dispone: ‘Las y los Fiscales podrán desestimar denuncias escritas, querellas e informes policiales de acción directa en las que el hecho sea atípico, de persecución penal privada, no cumpla requisitos legales pertinentes, no exista una relación fáctica clara o no existan los elementos necesarios para tomar una decisión; en estos tres últimos casos se otorgará el plazo de 24 horas para subsanarla bajo alternativa de tenerla por no presentada’. En este marco, la fundamentación que sustente una resolución de desestimación, debe orientarse a la protección del bien jurídico que el derecho penal busca salvaguardar y debe atender a una doble consideración, mientras que el rechazo de una denuncia suele tener lugar luego de una investigación preliminar con ciertos elementos de prueba recabados por el Ministerio Público, la desestimación se emite en una etapa anterior, cuando aún no se han producido actos de investigación formal; por ello, el análisis de tipicidad o juicio de adecuación típica debe efectuarse exclusivamente a partir de los hechos y elementos aportados por la parte denunciante, valorando su correspondencia con la descripción normativa del tipo penal aplicable. De ahí que, la fundamentación en los casos de desestimación deba ser suficientemente clara, especificando de forma concreta cuáles elementos del tipo penal no se configuran, y por qué -en función de los hechos expuestos y las diligencias mínimas realizadas- no resulta procedente continuar con la acción penal. Esta exigencia responde al deber de garantizar el derecho de acceso a la justicia, que podría verse vulnerado si se emiten resoluciones genéricas o insuficientemente motivadas. Por otra parte, debe considerarse que el derecho de acceso a la justicia, debe ser interpretado conforme al principio pro actione, el cual impone que, en caso de duda sobre la relevancia penal de los hechos, se debe optar por permitir una mínima actividad investigativa orientada a verificar o desvirtuar la denuncia. Esta exigencia también está vinculada al deber estatal de investigar con la diligencia mínima exigible” (las negrillas nos corresponden).
En el caso concreto se tiene que, el accionante, por intermedio de sus apoderados, promovió denuncia penal contra Carlos Camacho Almanza, Jorge Castillo y Jhonny Martínez Alavi, por la presunta comisión del delito de atentados contra la libertad del trabajo, previsto y sancionado por el art. 303 del CP, sosteniendo, en lo sustancial, qué trabajadores de la empresa INCERCO Ltda., habrían impedido el ingreso y salida de camiones destinados al transporte de carga, afectando la prestación del servicio desarrollado por el Sindicato al que representa (Conclusión II.2). En ese contexto, Alejandra Mónica Quintanilla Lang, Fiscal de Materia, mediante Resolución de Desestimación de 15 de marzo de 2023, desestimó la denuncia al considerar que el hecho denunciado resultaba atípico (Conclusión II.4). Frente a esa determinación, los representantes del ahora accionante formularon impugnación (Conclusión II.5), lo que dio lugar a la emisión de la Resolución Jerárquica F.D.C./N.G.G.R.O.D. 93/2023 de 20 de abril, por la cual, la Fiscal Departamental demandada ratificó la Resolución de Desestimación (Conclusión II.6), que luego de copiar el art. 303 del CP que tipifica al delito de atentados contra la libertad de trabajo y que establece: “El que impidiere, obstaculizare o restringiere la libertad de trabajo, profesión u oficio, comercio o industria, incurrirá en reclusión de uno (1) a tres (3) años”, indicando posteriormente lo siguiente: “…si bien la parte denunciante alega que en fecha 18 de enero de 2023, al promediar las 8:00 a.m. horas, los trabajadores de la empresa INCERCO LTDA., atrincheraron en la puerta de ingreso impidiendo el ingreso y salida de los camiones, cuyo acto habría continuado por varias horas; empero, este accionar desplegado por los denunciados, no configuran el tipo penal endilgado, pues no se advierte las condiciones que hayan perjudicado al bien colectivo del sindicato de forma permanente…” (sic) no evidenciándose un perjuicio irreparable. La Resolución impugnada no explicó de forma concreta qué elemento constitutivo del delito previsto en el art. 303 del CP se encontraba ausente en la conducta denunciada. Tampoco precisó por qué el presunto impedimento de ingreso y salida de camiones destinados al transporte de carga carecía de relevancia jurídico-penal, ni por qué los hechos relatados hacían innecesario continuar con la investigación penal. En efecto no se justificó por qué la exigencia de una afectación permanente al bien colectivo del Sindicato constituía un presupuesto necesario para analizar la configuración del delito de atentados contra la libertad del trabajo, previsto en el art. 303 del CP, es decir si la Fiscal Departamental consideraba que una restricción temporal al trabajo o al servicio de transporte carecía de relevancia penal, correspondía que exponga esa conclusión de manera expresa, vinculándola con los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal atribuido; sin embargo, la Resolución Jerárquica cuestionada se limitó a introducir dicha exigencia sin explicar su sustento normativo ni su relación concreta con la conducta denunciada. El problema argumentativo de la Resolución Jerárquica cuestionada no radica únicamente en la ausencia de explicación sobre la supuesta “permanencia” de la afectación, sino que la autoridad demandada incorporó al juicio de tipicidad un criterio propio de lesividad o de escasa relevancia social del hecho. Si bien el Ministerio Público puede efectuar un examen inicial sobre la atipicidad del hecho denunciado, conforme al art. 55.II de la LOMP, dicho análisis debe circunscribirse a verificar si la relación fáctica expuesta permite advertir, prima facie, la concurrencia o no de los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal atribuido; empero, no puede sustituir del juicio de tipicidad por una valoración de mínima afectación al bien jurídico tutelado como si fuese un criterio de oportunidad reglada que se constituye en una figura jurídica diferente. En ese sentido, la escasa relevancia social por mínima afectación del bien jurídico protegido constituye, en su caso, un supuesto vinculado al criterio de oportunidad reglada previsto en el art. 21 inc. 1) del CPP, cuya aplicación corresponde ser solicitada por el Ministerio Público y sometida al control jurisdiccional del Juez de Instrucción, conforme al art. 54.2 del mismo Código; no así ser incorporada, de manera autónoma y sin sustento normativo, como elemento excluyente de la tipicidad en una resolución de desestimación. En consecuencia, respecto a este primer agravio, se advierte que la Resolución Jerárquica F.D.C./N.G.G.R.O.D. 93/2023 no cumplió el estándar de fundamentación y motivación exigible a una decisión fiscal que ratifica una desestimación por atipicidad, al no exteriorizar las razones concretas por las cuales los hechos denunciados no se subsumirían en el delito de atentados contra la libertad del trabajo. Cabe aclarar en todo caso que, la conclusión precedente no implica que este Tribunal defina si los hechos denunciados configuran o no el delito atribuido, ni que sustituya al Ministerio Público en la labor de subsunción penal o valoración inicial de la relevancia de la denuncia; por el contrario, el análisis se circunscribe a verificar si la autoridad demandada exteriorizó razones suficientes, claras y congruentes al resolver la impugnación formulada contra la Resolución de Desestimación de 15 de marzo de 2023. En consecuencia, al advertirse que la Resolución Jerárquica cuestionada no cumplió dicho estándar, corresponde conceder la tutela respecto a la garantía del debido proceso en sus elementos fundamentación y motivación. Respecto al segundo agravio, en relación a la falta de respuesta a la jurisprudencia constitucional invocada en la impugnación, la parte accionante invocó la SCP 0815/2019-S2, referida a la improcedencia de desestimar una denuncia por supuesta atipicidad en etapa preliminar; sin embargo, la autoridad demandada no emitió una respuesta concreta sobre ese planteamiento. Al respecto, debe considerarse que la SCP 0815/2019-S2, cita el art. 55.II de la LOMP, que sostiene: “Las y los Fiscales podrán desestimar denuncias escritas, querellas e informes policiales de acción directa en las que el hecho sea atípico…”, para luego referir que en caso de requerirse producción de prueba entonces debe darse lugar a la investigación, pero no a una desestimación, por lo que: “…menos podría determinar la existencia o no de los elementos constitutivos del tipo penal para poder establecer la atipicidad del hecho denunciado, al no tenerse los elementos necesarios para efectuar el juicio de tipicidad o juicio de adecuación; es decir, el análisis de la correspondencia exacta entre lo que el agente presuntamente realizó y aquello que se encuentra descrito en la ley; salvo en casos muy excepcionales y extremadamente evidentes” (las negrillas son añadidas), lo que es concordante con lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional. Entonces se tiene que, en el caso concreto no se acreditó que la jurisprudencia referida tenga supuestos fácticos similares al caso concreto de forma que le sea vinculante, pero además tampoco se evidencia que la misma tenga el alcance expuesto en la acción de amparo constitucional, entonces no puede determinarse que por la falta de cita de la misma la Resolución Jerárquica F.D.C./N.G.G.R.O.D. 93/2023 haya incumplido con el estándar de fundamentación y motivación exigible a una decisión fiscal, correspondiendo denegar la tutela al respecto. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder la tutela solicitada, obró de forma parcialmente incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 078/2023 de 14 de julio, cursante de fs. 98 a 101 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, con relación al primer agravio en los mismos términos dispositivos establecidos por la referida Sala Constitucional y conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2° DENEGAR con relación al segundo agravio, en atención a los fundamentos de este fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0699_2026-S2.pdf · páginas 1 a 10.
Huella digital del PDF (SHA-256): 0065c03c9f3ecd4b6acb017d17b93dcbb9eb400e2a34e535c4c4eb3c08fd686c
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