Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Cuarta Especializada · 15 de octubre de 2024
Concede la tutela
La accionante denunció la lesión a sus derechos al trabajo y a la estabilidad laboral, habida cuenta que el Administrador a.i. de la CNS Regional la Paz, ahora demandado, no dio cumplimiento a la Conminatoria de Reincorporación JDTP/CMAR 338/2022 de 30 de agosto, emitida en su favor. En consecuencia corresponde dilucidar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 291/2022 de 18 de noviembre, cursante de fs. 99 a 103, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER en todo la tutela impetrada, disponiendo el cumplimiento de la CONMINATORIA J.D.T.-L.P/CMAR/ 338/2022 de 30 de agosto, en lo relativo a la reincorporación laboral indefinida; así como, al pago de los sueldos devengados, y sea en el plazo de siete días de notificada la parte accionada con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0699/2024-S4 Sucre, 15 de octubre de 2024 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de amparo constitucional Expediente: 52650-2023-106-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 291/2022 de 18 de noviembre, cursante de fs. 99 a 103, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Aylin Iris Claros Larijo contra Lucas Aparicio Flores, Administrador a.i. de la Caja Nacional de Salud (CNS) Regional La Paz.
Por memorial presentado el 11 de octubre de 2022, cursante de fs. 35 a fs. 43, la accionante expuso los siguientes argumentos de hecho y de derecho:
Fue desvinculada de la CNS Regional La Paz, institución en la que desempeñaba el cargo de Auxiliar de Oficina Médica I del Hode Oncológico como Encargada de Estadística del Hospital con sede en la ciudad de El Alto, desde el 05 de julio de 2021 hasta el 30 de junio de 2022; efecto para el cual, suscribió dos contratos sucesivos, existiendo por tal una tacita reconducción. Los mencionados contratos no fueron visados por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, motivo por lo cual, no adquirieron eficacia jurídica conforme prevé el art. 22 de la Ley General del Trabajo (LGT). Refirió que durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2022, el 21 del mismo mes y año, continuó trabajando en el Hospital Oncológico de la ciudad de El Alto de La Paz dependiente de la Administración Regional La Paz de la CNS, sin que le hubiesen reconocido sueldos y salarios hasta esa fecha y el 30 de junio de 2022, prescindieron de sus servicios; motivo por el cual, acudió a la Jefatura Departamental del Trabajo de La Paz dependiente del Ministerio del Trabajo, Empleo y Previsión Social, para denunciar su despido injustificado. La mencionada instancia administrativa emitió la única citación para que la entidad empleadora se presente en audiencia programada para el 24 de agosto de 2024; a la conclusión de ésta, el Inspector del Trabajo emitió el Informe MTEPS-JDTLP-CLEGC-597/2022 de 25 de agosto recomendando se expida la conminatoria de reincorporación laboral correspondiente. Posterior a los trámites de rigor, el Jefe Departamental del Trabajo de La Paz, emitió la Conminatoria de Reincorporación JDTP/CMAR/ 338/2022 de 30 de agosto, ordenando su inmediata reincorporación laboral, más el pago de salarios devengados y demás derechos sociales y laborales que correspondan a la fecha de su respectiva reincorporación; sin embargo, la entidad demandada que fue notificada con la mencionada determinación el 7 de septiembre de 2022, hizo caso omiso de lo dispuesto en ésta.
El impetrante de tutela alegó la lesión de sus derechos a la vida, al trabajo y a la estabilidad laboral, citando al efecto el art. 46 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se disponga: a) El cumplimiento de la Conminatoria de Reincorporación Laboral JDTP/CMAR/ 338/2022 de 30 de agosto; y, b) La restitución de los salarios devengados y demás derechos sociales que le corresponden.
Celebrada la audiencia virtual el 18 de noviembre de 2022, conforme consta en el acta cursante de fs. 96 a 98 vta., presentes la accionante asistida de su abogada, la autoridad demandada en compañía de su representante legal y ausentes los demandados; se produjeron los siguientes actuados:
La accionante reiteró el contenido íntegro de su acción de defensa, agregando que: 1) Con posterioridad al 30 de junio del 2022, fecha en la cual se cumplió el último de los contratos suscritos con la entidad demanda, ya no se le permitió retornar a su fuente laboral; y, 2) Acudió a la Jefatura del Trabajo de La Paz, instancia que dispuso su reincorporación inmediata; sin embargo, no fue cumplida la Resolución Administrativa de Conminatoria de Reincorporación, lo cual motivó la interposición de la presente acción tutelar.
Lucas Aparicio Flores, Administrador a.i. de la CNS Regional La Paz, conforme a los argumentos expuestos en el informe escrito presentado el 18 e abril de 2022 que cursa de fs. 91 a 94 vta., mismo que fundamentó en audiencia, manifestó que: i) La relación laboral con la accionante, comenzó el 2021 en que fue contratada como personal eventual y culminó el 30 de junio de 2022; ii) Se estableció la eventualidad de la relación laboral; iii) La pretensión de la impetrante de tutela respecto al pago de salarios es un hecho que está sujeto a la disponibilidad presupuestaria de la entidad, ya que es necesario contar con reserva y disponibilidad además de la autorización de la Gerencia General de la indicada institución; iv) Refirió que fue suscrito entre partes el Contrato de Prestación de Servicios C-3944/2022, dando cumplimiento de esa manera a la conminatoria emitida por la Jefatura del Trabajo de la Paz; por lo expuesto, solicitó que se deniegue la tutela incoada.
La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Resolución 291/2022 de 18 de noviembre cursante de fs. 99 a 103, concedió en parte la tutela impetrada, bajo los siguientes fundamentos: a) Habiéndose constatado que fue suscrito entre partes un nuevo contrato vigente desde el 17 de octubre de 2022 hasta el 30 de diciembre del mismo año, hecho que fue admitido por la parte accionante, constituyendo ello el cumplimiento parcial de la conminatoria antes referida, se tiene este extremo como un hecho superado; y, b) Respecto a los salarios devengados, deberá procederse al cálculo de estos por la entidad demandada, para proceder al pago correspondiente en el plazo de treinta días.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por Contratos de Trabajo a Plazo Fijo de 30 de junio de 2021, con vigencia desde el 5 de julio hasta el 31 de diciembre del citado año y de 21 de enero de 2022 con vigencia desde el 14 de enero hasta el 30 de junio del mismo año, con cargo a la partida de personal eventual (fs. 18 a 19 y de fs. 21 a 22). II.2. Cursa CONMINATORIA J.D.T.-L.P./CMAR/338/2022 de 30 de agosto que dispuso conminar a Rubén Richard Mamani Condori, Administrador a.i. de la Caja Nacional de Salud Regional La Paz, para que en forma inmediata, una vez que se hubiese producido la notificación correspondiente, se reincorpore a la accionante en el mismo cargo que ocupaba, más el pago de salarios devengados y demás derechos sociales que correspondan (fs. 7 a 10 vta.). II.3. Mediante Informe J.D.T.-L.P.-CMAR-VR-300/2022 de 16 de septiembre que hizo llegar José Luis Rodríguez Mujica en calidad de Inspector del Trabajo de La Paz a Carlos Michel Andrade Ramos, Jefe Departamental del Trabajo de La Paz a.i., se hizo conocer que la entidad demandada no dio cumplimiento a la conminatoria emitida en favor de la impetrante de tutela (fs. 32 vta.). II.4. Consta memorial de La Jefatura Departamental del Trabajo de La Paz, con que se notificó a la impetrante de tutela con la Resolución Administrativa de Reincorporación J.D.T.-L.P./CMAR/338/2022, el 07 de septiembre de 2022 (fs. 11). II.5. Cursa Contrato de Trabajo a Plazo Fijo, (Trabajador Eventual), suscrito entre la CNS Regional La Paz y la accionante, vigente desde el 17 de octubre hasta el 30 de diciembre de 2022, en cumplimiento de la reincorporación dispuesta por el Ministerio del Trabajo (fs. 50 a 51).
La accionante denunció la lesión a sus derechos al trabajo y a la estabilidad laboral, habida cuenta que el Administrador a.i. de la CNS Regional la Paz, ahora demandado, no dio cumplimiento a la Conminatoria de Reincorporación JDTP/CMAR 338/2022 de 30 de agosto, emitida en su favor. En consecuencia corresponde dilucidar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada
Partiendo de un análisis comparativo y valorativo de la jurisprudencia constitucional referida al incumplimiento de las conminatorias de reincorporación laboral, denunciado a través de la acción de amparo constitucional, la Sala Plena del Tribunal Constitucional, mediante la Resolución de Doctrina Constitucional (RDC) 0001/2021 de 16 de junio, advirtiendo la existencia de precedentes contradictorios, efectuó un análisis diacrónico de las líneas jurisprudenciales sobre el tema, destacando la protección que brinda el Estado boliviano a través de la emisión de normas que garantizan el respeto y protección de los derechos de las trabajadoras y trabajadores; así como su realización, estableciendo además que corresponde a los órganos encargados de resolver conflictos laborales –administrativos o judiciales–, interpretar y aplicar el ordenamiento jurídico bajo los principios de protección a las trabajadoras y trabajadores, de primacía de la relación laboral, de continuidad y estabilidad laboral, de no discriminación y de inversión del onus probandi. En este marco, la referida RDC, determinó que antes de las modificaciones e inclusiones efectuadas por el DS 0495 de 1 de mayo de 2010 al DS 28699 de 1 de mayo de 2006, cuando el trabajador optaba por su reincorporación y se constataba la negativa del empleador de dar cumplimiento a la conminatoria de reincorporación, únicamente podía acudir a la judicatura laboral para impugnarla, adjuntando como prueba del despido injustificado, la propia conminatoria de reincorporación laboral emitida por la Jefatura Departamental de Trabajo, siendo que la justicia constitucional no tenía la obligación de ingresar directamente al análisis de las problemáticas vinculadas con el incumplimiento de las conminatorias de reincorporación laboral, remitiéndose las mismas a la jurisdicción ordinaria. No obstante, a partir de la emisión del indicado DS 0495 que modificó el parágrafo III e incluyó los parágrafos IV y V, ambos del art. 10 del DS 28699, el tratamiento de las denuncias de incumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral, en la justicia constitucional, cambió sustancialmente, al establecerse en el parágrafo V del mencionado artículo que “Sin perjuicio de lo dispuesto en el Parágrafo V del presente Artículo, la trabajadora o trabajador podrá interponer las acciones constitucionales que correspondan, tomándose en cuenta la inmediatez de la protección del derecho constitucional de estabilidad laboral”; precepto normativo que se halla en concordancia con lo dispuesto por el art. 3 de la Resolución Ministerial 868/10 de 26 de octubre. Es en base a dicha normativa, que los entendimientos jurisprudenciales referidos al cumplimiento de las conminatorias de reincorporación, sufrieron un cambio significativo, ya que desde entonces, cuando una trabajadora o un trabajador demanda la reincorporación a su fuente de trabajo, ante un despido sin causa justificada, por la inmediatez que merece la tutela que pretenden, solamente se exige acudir ante la Jefatura Departamental de Trabajo; siendo que, ante la emisión de una conminatoria de reincorporación y aun ante la posibilidad de impugnarla en la vía administrativa o judicial, en mérito al nuevo paradigma de protección de los derechos de las trabajadoras y trabajadores, no resulta imprescindible agotar las mismas para demandar su cumplimiento ante la justicia constitucional que, ante su inobservancia, viabilizará la concesión de la tutela a través de la acción de amparo constitucional. Bajo dichos entendimientos, la señalada RDC 0001/2021, efectuando una labor de unificación de los precedentes jurisprudenciales, extrayendo el desarrollo interpretativo de las normas jurídicas efectuado en cada resolución constitucional que, por mandato del art. 203 de la CPE, es de carácter vinculante y cumplimiento obligatorio y se constituye en resguardo de la seguridad jurídica y en protección de los derechos fundamentales, con la finalidad de evitar que situaciones símiles sean resueltas de forma distinta, al amparo del art. 28.I.15 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP), imponiendo un mínima racionalidad y universalidad, con el objeto de evitar la dispersión de criterios interpretativos, asumió la decisión de aplicar el criterio hermenéutico con el más alto estándar de protección de los derechos de las trabajadoras y trabajadores, cuando se demande el cumplimiento de una conminatoria de reincorporación laboral. En este contexto la indicada RDC 0001/2021, estableció lo siguiente: “1) En cuanto al cumplimiento integral de la conminatoria, esto es además de la reincorporación, el pago de sueldos y salarios devengados y otros derechos sociales, precautelando el derecho al trabajo del cual derivan otros derechos conexos, conforme a los entendimientos de la SCP 0795/2019-S3 de 14 de noviembre; es decir: i) Cuando un trabajador o trabajadora sea despedido injustificadamente o por causas no contempladas en el art. 16 de la LGT, podrá optar por el pago de los beneficios sociales o por su reincorporación. ii) Es posible interponer directamente la acción de amparo constitucional –abstrayendo el principio de subsidiariedad- cuando la trabajadora o el trabajador demande el incumplimiento de la conminatoria de reincorporación emitida por las Jefaturas Departamentales o Regionales de Trabajo por parte de su empleador. iii) La referida conminatoria no constituye una resolución definitiva respecto a la situación laboral de la trabajadora o el trabajador, siendo netamente provisional la otorgación de tutela puesto que las autoridades administrativas o judiciales son las idóneas para resolver en el fondo y con carácter definitivo la situación laboral tanto para el empleador como para el trabajador; iv) El prenombrado tiene el deber de dar cumplimiento inmediato a la coniminatoria citada aunque hubiera planteado recurso de revocatoria o jerárquico que este pendiente de resolverse o hubiera interpuesto cualquier otro recurso en la vía judicial o administrativa; v) La Justicia constitucional se encuentra imposibilitada de ingresar a analizar si la conminatoria efectuó una indebida o ilegal fundamentación a tiempo de determinar la reincorporación, o si los datos, hechos y circunstancias que le dieron lugar –incluyendo la prueba-, ameritaban tal determinación, debido a que ese aspecto le corresponde a la jurisdicción ordinaria; y, vi) La conminatoria de reincorporación antedicha debe ser acatada en su integridad, sin omitir ninguna de las determinaciones dispuestas. 2) Con relación al cumplimiento integral de la conminatoria del trabajador con inamovilidad laboral por fuero sindical, de acuerdo con los lineamientos de la SCP 0476/2018-S3 de 1 de octubre; es decir, disponiendo el cumplimiento inmediato de la conminatoria en su integridad, incluyendo el pago de los salarios devengados, considerando que el fuero sindical constituye un medio de protección constitucional contra arbitrariedades o represalias de los empleadores producto de las actividades desarrolladas en defensa de los intereses de su gremio, situación que amerita la imposibilidad de ser despedidos de sus fuentes laborales hasta un año después de concluida su gestión, salvo la existencia de un proceso de desafuero”. Entendimientos estos que, conforme se tiene señalado, de acuerdo al mandato expreso del art. 203 de la CPE, dado su carácter vinculante y obligatorio, aún para la propia justicia constitucional, deben ser aplicados en todos aquellos casos en los cuales una trabajadora o un trabajador, denuncie a través de la acción de amparo constitucional, el incumplimiento de una conminatoria de reincorporación laboral, emitida por las Jefaturas Departamentales de Trabajo, quedando abiertas la vía administrativa y/o judicial, a efectos de que el empleador, pueda impugnarla. Esto, sin perjuicio de su inmediato cumplimiento.
Laborales El 30 de septiembre de 2022, fue promulgada la Ley 1468 de Procedimiento Especial para la Restitución de derechos laborales, cuyo objeto es resguardar el derecho al trabajo, a la estabilidad laboral en caso de despido injustificado, la inamovilidad laboral, la falta de pago de remuneración o salario, y el cumplimiento del fuero sindical, estableciendo a dicho efecto el procedimiento especial para su restitución, incluyendo su ámbito de aplicación a todas las trabajadoras y los trabajadores comprendidos en el ámbito de la LGT, correspondiendo al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, en ejercicio de su potestad administrativa, emitir las correspondientes Resoluciones de Restitución de Derechos Laborales, que constituyen actos administrativos de alcance particular, gozan del principio de legalidad y presunción de legitimidad (arts. 1 al 3). En armonía con dichos preceptos, el art. 12 del cuerpo normativo en análisis, refiriéndose a las resoluciones emergentes de las denuncias de despido sin causa justificada, definidas por el art. 5 de la Ley 1468, como “a) El despido unilateral y arbitrario dispuesto por el empleador, que no se adecúa a las causas legales establecidas en el Artículo 16 de la LGT o el Artículo 9 del DS Nº 244, de 23 de agosto de 1943; b) El despido dispuesto por el empleador que tenga como argumento la inasistencia injustificada de la trabajadora o el trabajador, cuando esta exceda de seis (6) días laborales continuos, sin previa oportunidad para su justificación”, determina que una vez corridos los trámites previos establecidos en los arts. 6 al 11 de la misma norma, se dictará la correspondiente resolución, determinándose: “I. En conocimiento de dicho informe, luego de analizar y valorar los antecedentes que formen parte del expediente, la Jefa o el Jefe Departamental o Regional de Trabajo, en el plazo de diez (10) días hábiles, emitirá Resolución debidamente fundamentada y motivada: a) Disponiendo que la empleadora o el empleador proceda a la reincorporación inmediata de la trabajadora o el trabajador en las mismas condiciones anteriores al momento del despido sin causa justificada que comprende el pago de salarios devengados por el tiempo que duró la suspensión de la relación laboral; la restitución de los derechos a la seguridad social de corto y largo plazo; el pago de subsidios por maternidad en caso de corresponder; el pago de salarios adeudados a las trabajadoras o los trabajadores; otros derechos que hubiesen sido afectados y el cumplimiento del fuero sindical; o, b) Disponiendo el rechazo de la denuncia. II. En caso de denuncia colectiva, la decisión asumida por la Jefa o el Jefe Departamental o Regional de Trabajo deberá ser emitida individualizando la situación de cada trabajadora o trabajador”. Por su parte, el art. 14 de la referida Ley, prevé el recurso de revisión como mecanismo de impugnación inmediato ante la propia instancia laboral, determinando lo siguiente: “I. Si la trabajadora o el trabajador o en su caso la empleadora o el empleador considerase afectados sus derechos con la Resolución de Reincorporación Laboral, la Resolución de Cumplimiento de Pago de Remuneración o Salario, o la Resolución de Cumplimiento del Fuero Sindical, emitida por la Jefa o el Jefe Departamental o Regional de Trabajo, podrá impugnar la misma a través del Recurso de Revisión. II. La impugnación a la Resolución de Reincorporación Laboral, a la Resolución de Cumplimiento de Pago de Remuneración o Salario, o a la Resolución de Cumplimiento al Fuero Sindical, no implica la suspensión de su ejecución.
III. El Recurso de Revisión deberá ser interpuesto ante la misma autoridad administrativa que emitió la Resolución de primera instancia, en el plazo de cinco (5) días hábiles, bajo alternativa de ser desestimada. IV. En el plazo de tres (3) días hábiles de haber sido interpuesto el Recurso de Revisión, la Jefa o el Jefe Departamental o Regional de Trabajo deberá remitirlo junto con sus antecedentes a conocimiento de la Ministra o el Ministro de Trabajo, Empleo y Previsión Social. V. La Ministra o el Ministro de Trabajo, Empleo y Previsión Social, para resolver el Recurso de Revisión, tendrá el plazo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, el cual se computará a partir de su interposición. Resuelto el Recurso de Revisión, en el plazo precedente, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social tendrá el plazo de tres (3) días hábiles para notificar a las partes. VI. La Resolución Ministerial que resuelva el Recurso de Revisión interpuesto en contra de la Resolución de Reincorporación Laboral o la Resolución de Cumplimiento de Pago de Remuneración o Salario deberá confirmarla o revocarla, total o parcialmente; en caso de ser confirmatoria, deberá establecer la liquidación de los salarios devengados y otros derechos que pudiesen corresponder, suma líquida y exigible que constituye título coactivo a efectos de la presente Ley. VII. La Resolución Ministerial que resuelva el Recurso de Revisión interpuesto contra la Resolución de Cumplimiento de Fuero Sindical deberá confirmar o revocar lo dispuesto en la resolución de primera instancia. VIII. La Resolución Ministerial, en los casos señalados en los Parágrafos VI y VII precedentes, deberá ser cumplida en sus términos en el plazo máximo de tres (3) días hábiles, computables a partir de su notificación, bajo alternativa de su ejecución en la vía judicial, conforme al procedimiento establecido en la presente Ley”. Adicionalmente y regulando el procedimiento ulterior al agotamiento de la vía administrativa laboral, ante el incumplimiento de lo dispuesto y a los efectos de la ejecución la resolución de restitución de derechos laborales, el art. 14 del mismo compilado legal determina que: “I. En caso de incumplimiento a la Resolución de Restitución de Derechos Laborales, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social remitirá antecedentes a conocimiento de la judicatura laboral a los fines de su ejecución.
II. Sin perjuicio de lo señalado en el Parágrafo anterior, la trabajadora o el trabajador, de forma personal, mediante apoderado legal o por intermedio de un representante de la organización sindical a la que estuviese afiliado, podrá solicitar ante el Juez de Trabajo, la ejecución de la Resolución Ministerial de Restitución de Derechos Laborales. III. El plazo para plantear la solicitud de ejecución de la Resolución de Restitución de Derechos Laborales, será de diez (10) días hábiles, computables a partir de la legal notificación a la trabajadora o el trabajador. IV. El Juez de Trabajo examinará el título coactivo previsto en el Parágrafo VI del Artículo 13 de la presente Ley y emitirá Auto de Cumplimiento en el plazo de tres (3) días hábiles, vencido el mismo y en caso de incumplimiento, dispondrá la aplicación inmediata de las medidas que fuesen necesarias para efectivizar la restitución de los derechos laborales vulnerados, como ser, retención de fondos hasta el monto de la liquidación efectuada por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, anotación preventiva, embargo y posterior remate de bienes, y en su caso la aplicación de lo dispuesto en el Artículo 216 del Código Procesal del Trabajo. V. El obligado, únicamente, podrá oponer excepciones referidas al cumplimiento del título coactivo o restitución del fuero sindical, impersonería del obligado y de pago de los beneficios sociales a la trabajadora o el trabajador. VI. Todas las excepciones se opondrán al mismo tiempo, dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, computables desde la notificación con la solicitud de ejecución y el auto de cumplimiento, acompañando prueba pre constituida. VII. Opuestas las excepciones, el Juez, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles, dispondrá traslado a la parte que hubiere presentado la solicitud de ejecución coactiva, el cual, deberá ser notificado en el plazo máximo de tres (3) días hábiles para que sean respondidas en plazo similar. VIII. Cumplido lo dispuesto en el Parágrafo anterior, con o sin respuesta, el Juez emitirá pronunciamiento en el término improrrogable de tres (3) días hábiles, declarando probadas o improbadas las mismas. Pronunciamiento que deberá ser notificado en los siguientes tres (3) días hábiles. IX. Los plazos establecidos en el presente Artículo son improrrogables y de cumplimiento obligatorio, bajo alternativa de responsabilidad. X. En caso de que las partes interpongan Recurso de Apelación con relación a la resolución emitida por el juez, la misma será concedida únicamente en efecto devolutivo, por lo que no se suspenderá su ejecución”, previéndose de manera complementaria en el art. 15 siguiente, que “La Resolución de Restitución de Derechos Laborales, sin perjuicio de su ejecución por el procedimiento establecido en la presente Ley, podrá ser impugnada en la vía judicial conforme al procedimiento laboral común”. En cuanto a la entrada en vigencia de la normativa previamente glosada, la Disposición Transitoria Primera, establece: “La presente Ley entrará en vigencia en el plazo de treinta (30) días calendario, computables a partir de su publicación”, determinando en la Disposición Transitoria Segunda que: “Las denuncias de despido injustificado y solicitudes de reincorporación que se hayan iniciado conforme al procedimiento establecido en el Decreto Supremo Nº 28699, de 1 de mayo de 2006, modificado por el Decreto Supremo Nº 0495, de 1 de mayo de 2010, deberán adecuarse en su tramitación conforme a lo previsto en la presente Ley, a partir del estado en el que se encuentren, debiendo el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, emitir los criterios para su adecuación, que serán establecidos en el Protocolo de Actuación”. Finalmente, la Ley 146 abrogó el DS 0495 de 1 de mayo de 2010 y derogó los Parágrafos III, IV y V del Artículo 10 y el Artículo 13 del DS 28699 de 1 de mayo de 2006. Ahora bien, del análisis sistemático de la norma previamente glosada, se evidencia que la misma tiene por objeto regular el procedimiento de denuncias ante las Jefaturas Departamentales de Trabajo por despidos injustificados y la forma en la cual, las resoluciones emitidas por dicha instancia pueden ser impugnadas, inicialmente ante la misma repartición estatal como posteriormente ante la judicatura laboral, pudiendo además y ante el incumplimiento de lo dispuesto por la instancia administrativa laboral, remitirse obrados directamente a efectos de su acatamiento a la señalada jurisdicción, siendo en consecuencia que, como efecto de la derogatoria del DS 0495, ya no resulta viable acudir directamente a exigir el cumplimiento de las decisiones asumidas por las Jefaturas Departamentales de Trabajo, ante la jurisdicción constitucional. No obstante, teniendo presente que la normativa revisada establece que entrará en vigencia treinta días después de su promulgación el 30 de septiembre de 2022; es decir, que será aplicable a partir del 1 de noviembre de igual año, resulta necesario efectuar una aclaración con referencia al contenido normativo de la Disposición Transitoria Segunda, glosada en párrafos precedentes y que determina que “Las denuncias de despido injustificado y solicitudes de reincorporación que se hayan iniciado conforme al procedimiento establecido en el Decreto Supremo Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, modificado por el Decreto Supremo Nº 0495 de 1 de mayo de 2010, deberán adecuarse en su tramitación conforme a lo previsto en la presente Ley, a partir del estado en el que se encuentren, debiendo el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social emitir los criterios para su adecuación, que serán establecidos en el Protocolo de Actuación”. En este contexto y a la luz de los principios protectores de continuidad de la relación laboral, proteccionista, intervencionista, de primacía de la realidad y de no discriminación, estatuidos en el art. 4 del DS 28699, así como los principios generales del derecho laboral de favorabilidad, pro operario e irrenunciabilidad de los derechos laborales, este Tribunal considera pertinente establecer la normativa analizada y que ingresa en vigencia a los efectos legales pertinentes el 1 de noviembre de 2022, no puede ser aplicada de manera retroactiva a las Conminatorias de Reincorporación laboral emitidas por las Jefaturas Departamentales del Trabajo con anterioridad a la vigencia de la norma, en cuyo caso, las causas presentadas ante la jurisdicción constitucional en denuncia del incumplimiento de las conminatorias de reincorporación anteriores al 1 de noviembre de 2022 y que además hayan sido presentadas dentro del plazo de 6 meses previsto en el art. 55 del CPCo., deberán resolverse en el marco de lo previsto por el DS 0495 y la RDC 0001/2021, señalada en el Fundamento Jurídico que antecede. Razonamiento que también se hace extensible a las partes demandadas que, en el tenor de los entendimientos antes expresados, podrán, siguiendo el procedimiento establecido por esta jurisdicción con carácter previo a la vigencia de la Ley 1468, activar los mecanismos de impugnación ante la instancia laboral (revocatoria y jerárquico) y/o en su defecto, ante la judicatura laboral, ante las cuales deberán efectuar las reclamaciones que consideren pertinente.
La parte accionante denunció la lesión a sus derechos al trabajo y a la estabilidad laboral, habida cuenta que fue desvinculada intempestivamente por la CNS Regional La Paz; institución en la que desempeñaba sus funciones de manera ininterrumpida, en virtud a los Contratos de Trabajo a Plazo Fijo de 30 de junio de 2021, con vigencia desde el 5 de julio de 2021 hasta el 31 de diciembre del mismo año y de 21 de enero de 2022 con vigencia desde el 14 de enero hasta el 30 de junio del citado año, quedando apartada de su fuente laboral al término del último contrato, motivo por el cual, el 12 de agosto del señalado año, acudió a la Jefatura Departamental del Trabajo de La Paz dependiente del Ministerio del Trabajo, Empleo y Previsión Social, para denunciar su despido injustificado.
Posterior a los trámites de rigor, el Jefe Departamental del Trabajo de La Paz emitió la Conminatoria de Reincorporación J.D.T.-L.P/CMAR/338/2022, ordenando su reincorporación laboral en forma inmediata, una vez notificada la entidad demandada con ésta, más el pago de salarios devengados y demás derechos sociales y laborales que correspondan a la fecha de su respectiva reincorporación.
Con carácter previo a la resolución de la problemática planteada y atendiendo el análisis realizado en el Fundamento Jurídico que antecede respecto a la Ley 1468, es preciso aclarar que si bien la presente acción de amparo constitucional se circunscribe a la denuncia de incumplimiento de una conminatoria de reincorporación laboral y pago de salarios devengados, resuelta en el marco de lo previsto por el DS 0495 y la Resolución de Unificación Jurisprudencial (RUJ) 0001/2021; debido a que, conforme se tiene de antecedentes, la Conminatoria de Reincorporación antes citada, fue emitida con anterioridad a la promulgación y vigencia de la señalada Ley 1468, la cual, por las razones expuestas en el apartado que antecede, no puede ser aplicada de manera retroactiva. Ahora bien, una vez identificada la problemática planteada, corresponde a continuación analizar los antecedentes arrimados al expediente; en ese orden; se tiene que, Aylin Iris Claros Larijo, –hoy impetrante de tutela– desempeño la función de Auxiliar de Oficina Médica I del Hospital Oncológico de El Alto, como Encargada de Estadística, mediante la suscripción de los Contratos de Trabajo a Plazo Fijo de 30 de junio de 2021, con vigencia desde el 5 de julio hasta el 31 de diciembre del mismo año y de 21 de enero de 2022 con vigencia desde el 14 de enero hasta el 30 de junio del citado año, en que fue desvinculada de su fuente laboral.
Acudió a la Jefatura Departamental del Trabajo de La Paz el 12 de agosto de 2022, solicitando su reincorporación laboral, instancia que emitió la Conminatoria de Reincorporación J.D.T.-L.P/CMAR/338/2022, ordenando al Administrador a.i. de la CNS Regional La Paz, proceda a restituir a la impetrante de tutela en forma inmediata a partir de su notificación, en el cargo que ocupaba, más el pago de salarios devengados y demás derechos sociales que correspondan, determinación que no fue cumplida por el demandado.
En ese contexto y de conformidad a lo expuesto en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, mediante la RDC 0001/2021, se estableció que la línea jurisprudencial que deberá seguir el Tribunal Constitucional Plurinacional, respecto a la forma de resolución del presente caso referido a la denuncia de incumplimiento de una conminatoria de reincorporación laboral, debe ser la desarrollada por la SCP 0795/2019-S3 de 14 de noviembre; por contener el estándar más alto de protección de derechos fundamentales, la cual establece que con el objeto de resguardar al trabajador ante despidos intempestivos y sin causa legal justificada, se creó un procedimiento administrativo sumarísimo; por el cual, se otorgan facultades al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, para que sea esta entidad administrativa, por medio de las Jefaturas Departamentales o Regionales de Trabajo, la que establezca si el retiro es justificado o no, y en mérito a ello, emitir si corresponde, una resolución de conminatoria de reincorporación, para luego, en caso de que el empleador se resista a su cumplimiento, acudir a la jurisdicción constitucional. La indicada protección, conforme se tiene fundamentado en la RDC 0001/2021, no implica que la jurisdicción constitucional se constituya en una instancia más, dedicada a la ejecución de decisiones administrativas ni se le atribuya a este Tribunal, funciones coercitivas que obliguen al cumplimiento de las mismas; sino, en un mecanismo rápido y efectivo para el restablecimiento del derecho fundamental al trabajo, a un empleo digno y a la estabilidad laboral, y otros que de ellos deriven, a través de la materialización del cumplimiento de la orden de restitución del trabajador a su fuente laboral, más el consecuente pago de los salarios devengados y otros derechos sociales que le correspondan, salvando los derechos del empleador de acudir a la vía administrativa o jurisdiccional, para cuestionar o impugnar jurídicamente la conminatoria emitida. En cumplimiento del principio de favorabilidad, tal como se fijó precedentemente, corresponde aplicar el estándar más alto que se determina por el derecho del trabajador a la estabilidad laboral, el cual está reconocido por la Constitución Política del Estado, siendo de aplicación directa e inmediata, conforme prevé el art. 109.I de la Norma Suprema, lo que implica que en el marco del derecho al trabajo que tiene toda persona, corresponde proteger a los trabajadores de un despido arbitrario, sin que medien circunstancias atribuidas a su conducta o desempeño laboral, resueltas bajo normas expresas en proceso administrativo interno; en armonía con lo que estipula el art. 49.III de la Ley Fundamental, cuando previene que el Estado protegerá la estabilidad laboral, prohibiendo el despido injustificado y toda forma de acoso laboral. En ese contexto, por mandato de lo previsto en el art. 10.III del DS 28699, modificado por los parágrafos IV y V del DS 0495, la conminatoria, a partir de su notificación se convierte en obligatoria en su cumplimiento, la misma que, no obstante de ser susceptible de impugnaciones posteriores en la vía administrativa o judicial, es de ineludible cumplimiento por parte de los empleadores; resultando en consecuencia, que la presente acción de defensa, surge únicamente con la finalidad de que se cumpla con el mandato de las conminatorias de reincorporación laboral, en el ámbito de una protección de carácter provisional y extraordinaria; dado que, como se expresó precedentemente, se salvan los resultados de fondo que pudieran emerger de la activación de los medios de impugnación administrativos o judiciales, por la parte demandada, como en el caso analizado.
Por lo precedentemente expuesto, se tiene que en virtud a la Conminatoria de Reincorporación J.D.T.-LP/CMAR/ 338/2022, emitida por la Jefatura Departamental del Trabajo de La Paz, fue suscrito entre partes un nuevo contrato vigente desde el 17 de octubre de 2022 hasta el 30 de diciembre del mismo año; sin embargo, de la lectura de los fundamentos contenidos en la misma, se evidencia la protección a la estabilidad laboral de la accionante, señalando que la misma “…fue contratada en tareas propias y permanentes al giro de la empresa y la SCP 0782/2020-S1 señala que en los contratos a plazo fijo se convertirá en indefinido…” (sic) habiéndose producido su tácita reconducción; y su “…despido solo será posible por las causales previstas en el art. 16 de la L.G.T., y el art. 9 de su Reglamentario, dicho despido debe ser resultado de un proceso administrativo interno o en su defecto de una imputación formal, dentro de un proceso penal, caso contrario el retiro directo del trabajador implica despido injustificado y desconocimiento de la garantía del debido proceso, situación que es extrañada en el presente caso” (sic). Por lo tanto, la suscripción del contrato realizado con la accionante, no constituye un cumplimiento de la conminatoria, dado que el mismo se lo renovó de manera temporal, cuando en realidad la conminatoria determinó la reincorporación de la trabajadora al mismo puesto más el pago de salarios devengados, sin embargo, no especificó que dicha reincorporación debe ser temporal, al contrario, por las circunstancias analizadas en la misma, conformes fueron glosadas precedentemente, queda entendido la conminatoria debe ser de carácter indefinido,. Por lo señalado la concesión de tutela involucra el cumplimiento integral de la conminatoria; la misma que, en ningún momento estableció al reincorporación de la trabajadora mediante un contrato temporal como se hizo; sino al contrario debe ser indefinido al haberse producido la tácita reconducción, tal como se razonó en la misma. En consecuencia, la Sala Constitucional al conceder en parte la tutela solicitada, obró de forma parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 291/2022 de 18 de noviembre, cursante de fs. 99 a 103, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER en todo la tutela impetrada, disponiendo el cumplimiento de la CONMINATORIA J.D.T.-L.P/CMAR/ 338/2022 de 30 de agosto, en lo relativo a la reincorporación laboral indefinida; así como, al pago de los sueldos devengados, y sea en el plazo de siete días de notificada la parte accionada con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
René Yván Espada Navía Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano MAGISTRADO MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0699_2024-S4.pdf · páginas 1 a 16.
Huella digital del PDF (SHA-256): 97f6d7bf67403e5655c3694b5a7e2633f3fb2a4452d6d5a6f953765ef52b2aa1
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