B.IA.LEGAL

SCP 0699/2024-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 30 de octubre de 2024

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
30 de octubre de 2024
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
MSc. Georgina Amusquivar Moller
Expediente
53049-2023-107-AAC
Departamento
Pando
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

La accionante alega la lesión de su derecho al debido proceso en sus vertientes de fundamentación y motivación; toda vez que, ante la presentación de denuncia contra Placida Apaza Loma por la presunta comisión del delito de falsedad ideológica: i) El Fiscal de Materia, mediante Resolución Desestimación de 24 de noviembre de 2022 desestimó su denuncia alegando que se trataría de un hecho atípico y que no es anormal que dos personas hubieran sido señaladas como padres; sin tomar en cuenta que no es normal que una persona registre a dos personas como padres; y, ii) El Fiscal Departamental de Pando, por Resolución Jerárquica FDP-MRPO 180/2022 de 16 de diciembre confirmó la desestimación de denuncia, incurriendo en los siguientes agravios: ii.a) Señaló erróneamente que “…se tendría doble filiación paterna en dichas inscripciones, empero se debe establecer que el registro cívico es realizado por un oficial de registro civil y no la sindicada…” (sic) recayendo en error, al atribuir responsabilidad al funcionario del SERECI, cuando no se investigó a esta persona, por lo que previamente debe escucharse a este funcionario y eso, solo se logrará con el inicio de las investigaciones. […]

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 3/2023 de 5 de enero, cursante de fs. 50 a 52, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del departamento de Pando; y, en consecuencia: DENEGAR la tutela solicitada, de conformidad a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre la fundamentación, motivación como elementos del debido proceso y su exigencia en las resoluciones emitidas por el Ministerio Público
  2. III.2. De la desestimación de denuncia
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0699/2024-S1 Sucre, 30 de octubre de 2024 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de amparo constitucional Expediente: 53049-2023-107-AAC Departamento: Pando En revisión la Resolución 3/2023 de 5 de enero, cursante de fs. 50 a 52, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Sabina Mamani Quispe contra Marco Renato Peñaranda Orías, Fiscal Departamental de Pando y José Luis Bustamante Choque, Fiscal de Materia.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1.Contenido de la demanda

A través de memorial presentado el 28 de diciembre de 2022, cursante de fs. 16 a 18, la accionante expresó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Con las atribuciones que le otorga el art. 284 del Código de Procedimiento Penal (CPP) presentó denuncia contra Placida Apaza Loma por la presunta comisión del delito de falsedad ideológica, ya que la misma, registró como padre de su hijo recién nacido a Cesar Wilson Chachaqui Mamani; sin embargo, el 2017 volvió a efectuar un nuevo registro, esta vez señalando que Agustín Mamani Quispe -su progenitor- sería también padre del menor de edad. Ante tal situación, el Fiscal de Materia -ahora codemandado-, mediante Resolución de Desestimación de 24 de noviembre de 2022, desestimó su denuncia, alegando que se trataría de un hecho atípico y que no es anormal que dos personas hubieran sido señaladas como padres; sin tomar en cuenta no es normal que una persona pueda señalar a dos personas como el padre de su hija. Entonces, ante tal desestimación, presentó su impugnación correspondiente, emitiendo el Fiscal Departamental de Pando -ahora demandado- el 16 de diciembre de 2022 la Resolución Jerárquica FDP-MRPO 180/2022, por la que confirmó la desestimación incurriendo en los siguientes agravios: Señaló erróneamente que “…se tendría doble filiación paterna en dichas inscripciones, empero se debe establecer que el registro cívico es realizado por un oficial de registro civil y no la sindicada…” (sic) recayendo en error, al atribuir responsabilidad al funcionario del Servicio de Registro Cívico (SERECI), cuando no se investigó a esta persona, por lo que previamente debe escucharse a este funcionario y eso, solo se logrará con el inicio de las investigaciones. Además, el tipo penal establece atribución al que insertare o hiciere insertar en un instrumento público declaraciones falsas; y, en este caso, la madre denunciada, tenía en sus manos el certificado de nacido vivo y a partir de él, sacó el certificado de nacimiento, haciendo insertar datos falsos; en ese marco, mientras no se inicie investigaciones, mal se puede decir que el responsable del error es el Oficial de Registro Civil. De igual manera, señaló incorrectamente que “…en el caso presente no se demuestra alguna conducta antijurídica dolosa por parte de la sindicada más al contrario, la propia denunciante a identificado la responsabilidad del registro de esa entidad de inscripción civil (…) no implica suplir a otra persona la responsabilidad…” (sic) no siendo evidente la falta de dolo en el actuar de la denunciada, puesto que la misma tenía conocimiento de la anterior filiación en donde señaló que Cesar Wilson Chachaqui Mamani era el padre de su hijo, por lo que erróneamente se consideró los hechos como atípicos, debiendo merecer una investigación.

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado

Denunció la lesión de su derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación; citando al efecto al art. 115 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela, y en consecuencia: 1) Se deje sin efecto la Resolución de Desestimación de 24 de noviembre de 2022 y la Resolución Jerárquica FDP/MRPO 180/2022 de 16 de diciembre; y, 2) Que el Fiscal de Materia ahora codemandado, emita nueva resolución salvo que su situación jurídica hubiera cambiado.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual el 5 de enero de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 46 a 49 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La accionante por intermedio de su abogado, ratificó los términos de su acción de amparo constitucional, y ampliándola señaló que: a) La Fiscalía, se ampara en el art. 55 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP) diciendo que existen otras instancias que deben investigar este hecho, ya sea por la vía administrativa o familiar, siendo el derecho penal de última ratio, quitándole relevancia al hecho y dando a entender que cualquier persona puede acudir al SERECI y sacar doble partida; siendo que el actuar de la denunciada se constituye en ilícito, puesto que la misma tenía conocimiento de la existencia de un certificado de nacimiento previo; b) Si bien se le indicó que existen otras vías por la que puede cuestionar estos hechos, se debe considerar que su padre falleció, por lo que se le indicó que carece de legitimidad para acceder a la vía familiar ya que solo el progenitor puede realizar la impugnación; y, c) El Ministerio Público al denegar su denuncia les niega el acceso a la justicia, incumpliendo con el derecho al debido proceso previsto por el art. 115 de la CPE, además porque argumentaron que el actuar de la sindicada no es doloso, pero ella tenía conocimiento de que su hijo ya tenía un certificado previo.

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

Patricia Tania Romero Zardan, actual Fiscal Departamental de Pando y José Luis Bustamante Choque, Fiscal de Materia, a través de informe presentado el 4 de enero de 2023, cursante de fs. 35 a 36 vta., señalaron que: 1) De conformidad al art. 55 de la LOMP, los fiscales de materia pueden desestimar la denuncia: cuando consideren que el hecho es atípico, que se encuentra relacionado a la persecución penal privada, cuando no existe una relación fáctica clara; y, cuando no existen los elementos necesarios para tomar una decisión. Debiendo tomarse en cuenta que, la finalidad de la desestimación es evitar la activación innecesaria de todo el aparato estatal para la investigación de denuncias que no cumplan con los presupuestos mínimos requeridos; y en el presente caso, la denuncia presentada no contiene los requisitos exigidos, pues la denunciante señaló que descubrieron la existencia de doble partida en el SERECI, por lo que cualquier observación debe solucionarse en esta instancia administrativa y a través de sus normas y reglamentos; ello, al ser el derecho penal de última ratio; y además, puesto que en los hechos relatados, no se identifica que la conducta de la sindicada pueda recaer de antijurídica; 2) Además, la denunciante no presentó a la instancia a su cargo, elementos probatorios que demuestren la existencia de algún hecho punible, por lo que la desestimación es correcta; 3) Se debe tomar en cuenta, que el ejercicio de la acción penal le corresponde al Ministerio Público, quien tiene la facultad privativa de calificar un hecho punible, y en el presente caso, con un actuar objetivo y autónomo se determinó la inexistencia de un hecho perseguible, aclarando que la Resolución Jerárquica, realizó una relación causal entre la pretensión de las partes, el hecho, la valoración de los elementos indiciarios y la fundamentación y motivación, concluyendo que no existen elementos fácticos suficientes que demuestren la comisión de un hecho ilícito; y, 4) Respecto al trámite constitucional, se debe tomar en cuenta que la accionante no remitió prueba alguna que demuestre las ilegalidades que alega se cometieron, limitándose a realizar transcripción de jurisprudencia; empero, sin describir ni identificar material y elocuentemente como se lesionaron sus derechos, por lo que corresponde denegar la tutela solicitada. En audiencia agregaron que: i) La denuncia presentada, no da ningún supuesto fáctico para un análisis investigativo con un norte que permita comprender la existencia de un hecho delictivo y a contrario, nos presentan un certificado de nacimiento que tiene el aval del art. 65 de la CPE que otorga la presunción de filiación a cualquiera de los padres; por lo que la filiación al ser un aspecto del derecho familiar debe resolverse por esa vía; no pudiendo por la vía penal negarse la paternidad de una persona; ii) Además no existe forma de establecer que un reconocimiento fuera ilegal pues la madre y el padre van a registrar al menor de edad, y en este caso, no se podría determinar que la decisión de Agustín Mamani Quispe de reconocer a su hijo fuera falsa; y, iii) La Resolución Jerárquica, se basa en el análisis del hecho fáctico y no así en la subsunción del tipo penal, analizando si la conducta generó o no perjuicio, por lo que no se pueden investigar hechos que se encuentra en el razonamiento subjetivo de una persona y en cambió deben poder evidenciarse materialmente.

I.2.3. Intervención de la tercera interesada

Plácida Plaza de Loma, denunciada dentro del proceso penal desestimado, en audiencia, a través de su abogado refirió: a) Es labor del Ministerio Público, considerar los presupuestos de admisión de la denuncia, misma que debe contar con una teoría del caso, analizándose la tipicidad de la acción y claramente uno de los argumentos por los que se desestimó la denuncia es precisamente porque no se adecuaba a la supuesta conducta atribuida; b) No se agotaron además las instancias correspondientes, puesto que previamente a acudir a la vía judicial, debió hacer conocer los hechos ante la instancia administrativa; c) Dentro del proceso, se cuenta con un documento por el cual el fallecido hace constar la firma de la filiación, por lo que no pueden decir que el documento es falso cuando él mismo padre reconoció la filiación, además, la niña ya tiene nueve años, por lo que cualquier oposición se encuentra caducada; d) El verdadero problema en este caso, es el patrimonio familiar, existiendo un informe social que demuestra que su persona siempre estuvo en la enfermedad del padre hasta su fallecimiento y que la ahora accionante busca apartar a alguien del patrimonio del fallecido; y, e) Se adjunta fotografías del vínculo que existía entre la menor y el ahora fallecido donde se evidencia que existía una relación familiar y conyugal, y tomando en cuenta el principio de verdad material, hasta se puede observar el parecido que tenían ambos, por lo que solicita se deniegue la tutela.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Primera del departamento de Pando, por Resolución 3/2023 de 5 de enero, cursante de fs. 50 a 52, denegó la tutela impetrada, en base a los siguientes fundamentos: 1) La impetrante de tutela entiende que la autoridad demandada vulneró su derecho al debido proceso en su elemento de fundamentación, alegando que no podía catalogarse su denuncia de atípica, pues, no se puede señalar que no existe dolo si la madre, ahora tercera interesada, firmo dos documentos sabiendo que había una anterior filiación. Al respecto, de la revisión de la normativa familiar, el art. 420.II del Código de las Familias y el Proceso Familiar (CFPF) señala: “Las pretensiones innominadas en materia familiar, serán tramitadas en proceso ordinario”, y el art. 26 de la misma norma, regula sobre la limitación a la filiación preexistente, al señalar que: “A quien ya tiene una filiación registrada no se le puede realizar otra”; 2) Si bien, por la Resolución de Desestimación de 24 de noviembre de 2022, se desestimó la denuncia penal; sin embargo, con relación a la pretensión de la accionante existe el proceso ordinario señalado por el cual puede reparar la presunta vulneración de sus derechos constitucionales, por lo que no se abre la competencia de la jurisdicción constitucional para conocer el fondo de la problemática planteada, por el principio de subsidiariedad; y, 3) En ese contexto, la impetrante de tutela presentó la acción de amparo constitucional, sin observar el requisito de subsidiariedad, al reclamar la tutela de su derecho al debido proceso en su elemento de fundamentación, constituyéndose en un supuesto de improcedencia, ya que no se utilizó un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico, previamente a acudir a esta instancia.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Denuncia presentada el 23 de noviembre de 2022, por Sabina Mamani Quispe -ahora accionante- contra Placida Apaza Loma atribuyendo responsabilidad por la presunta comisión del delito de falsedad ideológica; y, solicitando se inicien las investigaciones correspondientes (fs. 2). II.2. Consta Resolución de Desestimación de 24 de noviembre de 2022, por la cual el Fiscal de Materia -ahora demandado- dispuso desestimar la denuncia por la presunta comisión del delito de falsedad ideológica. Determinación asumida en razón de los siguientes argumentos:

“Relación de los hechos. De acuerdo de la denuncia presentada por la señora Sabina Mamani Quispe, refiere que en fecha 1 de abril del 2022, cuando fallece su señor padre Agustín Mamani Quispe dentro del proceso familiar de unión conyugal libre que sigue la señora Placida Apaza Loma, donde la denunciante se entera que su padre resulto ser padre de la menor E.M.A. donde se solicitó información respectiva a Sereci y se entera que existe dos partidas, la primera del 2015 donde se tiene registro de nacimiento y la segunda del 2017 de reconocimiento, lo que le llama la atención es el hecho que la denunciada sabiendo que existe un registro de nacimiento donde ella misma señala quien es el padre, resulta posteriormente hace el reconocimiento de sus hija con el señor Agustín Mamani Quispe, por lo que solicita se investiga el presente hecho. Ante ese hecho la denunciante pide por lo que solicita se investigue por el delito de Falsedad ideológica Art. 199 del Código Penal. Fundamentos. Si bien es cierto que el Ministerio Publico debe investigar de oficio todos los delitos de acción pública, no es menos cierto que el denunciante, querellante o victima deben coadyuvar con la investigación, otorgando y brindando los elementos necesarios para el esclarecimiento de los hechos denunciados, pero siempre conducente a la verdad histórica de los hechos conforme establece el Art. 6 del código de procedimiento penal, en su parte infine, que establece: "la carga de la prueba corresponda a la parte denunciante...". Con relación al DELITO DE FALSEDAD IDEOLOGICA previsto y sancionado en el Art. 199 del Código Penal señala de manera textual: "El que insertare o hiciere insertar en un instrumento público verdadero declaraciones falsas concernientes a un hecho que el documento deba probar, de modo que pueda resultar perjuicio, será sancionado con privación de libertad de uno (1) a seis (6) años". EI AUTO SUPREMO N° 276/2014-RRC DE 27 de junio de 2014, señala: "El delito de falsedad ideológica. - Manzini define la falsedad ideológica como "aquella falsedad que se encuentra en un acto exteriormente verdadero cuando contiene declaraciones mendaces; y se llama ideológica, precisamente porque el documento no es falso en sus condiciones esenciales, pero si son falsas las ideas que en él se quieren afirmar como verdaderas". Asimismo, Muñoz Conde señala que la falsedad es: ideológica cuando se hace constar en un documento un hecho no declarado por las partes. El documento expresa un acto o negocio que realmente se produjo, pero que se ha consignado de manera inexacta alguna de sus circunstancias. Por ello, la Falsedad Ideológica REQUIERE UNA ACCIÓN DE INSERTAR O DE HACER INSERTAR, EN LA PRIMERA SITUACIÓN ES EVENTUALMENTE LA CONCURRENCIA DE UN FUNCIONARIO O NOTARIO Y EN LA SEGUNDA EL SUJETO ACTIVO PUEDE SER CUALQUIER PERSONA NATURAL, que con motivo del otorgamiento o formalización de un documento público o privado haga constar declaraciones falsas concernientes a un hecho que el documento deba probar y que pueda resultar perjuicio; es decir, una redacción de un documento haciendo constar declaraciones distintas a las realmente hechas. De acuerdo al jurista Jorge Valda refiere la falsedad ideológica es incorporar en un documento público verdadero, datos falsos respecto a la información que deba contener y probar el instrumento público. A diferencia de la falsedad material, en el contexto casuístico, la primera se refiere a los documentos públicos falsificados, mientras que falsedad ideológica refiere a la incorporación de datos falsos en instrumentos públicos, extremo que lleva a pensar que el ámbito de aplicación en el presente caso es mayor. Al igual que la falsedad material, la falsedad ideológica requiere de su consumación únicamente la probabilidad de generar un perjuicio a la víctima, aunque este no se haya exteriorizado. La falsedad ideológica en la falta de verdad de un documento, independientemente de su integridad materialidad. Así, el documento que contiene información no veraz, es ideológicamente falso: "La falsead ideológica en documento se presenta cuando en un escrito genuino se insertan declaraciones contrarias a la verdad, es decir, cuando siendo el documento verdadero en sus forma y origen (autentico), contiene afirmaciones sobre la existencia histórica de un acto o un hecho, o sus modalidades, bien porque se los hace aparecer como verdadero no habiendo ocurrido, o cuando habiendo acontecido de determinada manera, son presentados de una diferente". En el caso presente se acuerdo a la relación fáctica se tiene que la denunciante manifiesta en fecha 1 de abril del 2022 fallece su señor padre Agustín Mamani Quispe, y también se tiene un proceso familiar de unión libre seguido por la denunciada Placida Apaza Loma, posterior la denunciante se entera que su padre resulto se padre de la menor E.M.A. hija de la denunciada, posterior solicitan información al sereci y constatan dos partidas uno del 2015 registro de inscripción de nacimiento y la otra partida de 2017 inscripción de reconocimiento, lo que le llama la atención es que existe un registro de nacimiento, posterior una partida de reconocimiento a la menor por su padre Agustín Mamani Quispe (+), ante ese hecho indilga responsabilidad penal en contra de la denunciada; ahora bien revisado los antecedentes indiciarios en el presente memorial de denuncia no refiere de manera objetiva de qué manera la hoy denunciada hubiera insertado o hubiera hecho insertar en un instrumento público verdadero declaraciones falsas o si las mismas hubieran sido forjados o falsificados, sin embargo en la misma denuncia refiere en primera instancia la hija de la denunciada habría tenido partida de nacimiento con el nombre de su padre biológico, posterior del año 2017 se tendría como padre al señor Agustín Mamani a través de una inscripción de reconocimiento ante el Sereci: del análisis del presente caso si bien en primera instancia la menor tenía una inscripción de nacimiento con otro progenitor, posterior a través con un reconocimiento se tiene como progenitor al padre de la denunciante, aspecto que se puede advertir procedimientos familiares de orden legal tramitados en la vía administrativa o autoridad competente, pues al no contar con un presupuesto material o elemento objetivo del tipo penal denunciado, toda vez que de la relación fáctica no se hace hincapié a determinar puntualmente la falsedad a la que se refiere que dato es el falso y cual el verdadero, asimismo debe establecerse que el Ministerio Publico investiga hechos perseguibles de acción pública, por ello la calificación del hecho a un delito debe ser precisa, toda vez que la conducta asumida por el sujeto o los sujetos debe estar adecuada a todos los elementos constitutivos del tipo penal y que a falta de un elemento no constituye ilícito de acción penal pública; por lo que argumentos expuestos los hechos no se adecuan al tipo penal establecido en el art. 199 del Código Penal. El Art. 55 de la Ley Orgánica del Ministerio Público señala que las y los Fiscales podrán desestimar denuncias escritas, querellas e informes policiales de acción directa en las que el hecho sea atípico, de persecución penal privada, no cumpla requisitos legales pertinentes, no exista una relación fáctica clara o no existan los elementos necesarios para tomar una decisión; sin embargo en éstos tres últimos casos se otorgará el plazo de 24 horas para subsanarla bajo alternativa de tenerla por no presentada" en presente caso no se cumplió con determinación asumida por el suscrito fiscal” (sic [fs. 6 a 8]). II.3. Mediante Resolución Jerárquica FDP-MRPO 180/2022 de 16 de diciembre, el Fiscal Departamental ahora demandado dispuso confirmar la Resolución de Desestimación de 24 de noviembre de 2022, por ser el hecho atípico, ordenando el archivo de obrados. Determinación asumida en razón de los siguientes argumentos:

“DEL ANÁLISIS DELOS TIPOS PENALES DENUNCIADOS

Que, el hecho denunciado es falsedad ideológica previsto y sancionado por el artículo 199 del Código Penal, corresponde entonces analizar inicialmente el tipo penal de referencia.

Falsedad Ideológica. (art.199 del Código Penal). "El que insertare o hiciere insertar en un instrumento público verdadero, declaraciones falsas concernientes a un hecho que el documento deba probar, de modo que pueda resultar perjuicio, será sancionado con libertad de 1 a 6 años". Al respecto, la línea jurisprudencial, contenido en el Auto Supremo Nº 455 de 14/11/2005 señala: "Se tiene la falsedad ideológica, recae exclusivamente sobre el contenido de representación del documento sin que se modifiquen ni omitan para nada los signos de autenticidad. En ella nos encontramos con un documento cuya forma es verdadera, como lo son también sus otorgantes, pero que contienen declaraciones falsas sobre hechos a cuya prueba está destinada; en él se hace aparecer como verdadero o reales hechos que no han ocurrido o se hacen aparecer hechos que han ocurrido de un modo determinado como si hubieran ocurrido de otro diferente.

VI. DE LA RELACIÓN CAUSAL ENTRE LA PRETENCIÓN DE LAS PARTES, EL SUPUESTO DEL HECHO Y LA VALORACIÓN DE LOS ELEMENTOS

INDICIARIOS: De la fundamentación fáctica expuesta por el Fiscal de Materia, se tiene: ... ahora bien revisado los antecedentes indiciarios en el presente memorial de denuncia no refiere de manera objetiva de que manera la hoy denunciada hubiera insertado o hubiera hecho insertar en un instrumento publico verdadero declaraciones falsas o si las mismas hubieran sido forjados o falsificados, sin embargo en la misma denuncia refiere en primera instancia la hija de la denunciada habría tenido partida de nacimiento con el nombre de su padre biológico, posterior del año 2017 se tendría como padre al señor Agustin Mamani a través de una inscripción de reconocimiento ante el Sereci; del análisis del presente caso si bien en primera instancia la menor tenía una inscripción de nacimiento con otro progenitor, posterior a través con un reconocimiento se tiene como progenitor al padre de la denunciante, aspecto que se puede advertir procedimientos familiares de orden legal tramitados en la vía administrativa o autoridad competente, pues al no contar con un presupuesto material o elemento objetivo del tipo penal denunciado, toda vez que de la relación fáctica no se hace hincapié a determinar puntualmente la falsedad a la que se refiere que dato es el falso y cual el verdadero, asimismo debe establecerse que el Ministerio Publico investiga hechos perseguibles de acción pública, por ello la calificación del hecho a un delito debe ser precisa, toda vez que la conducta asumida por el sujeto o los sujetos debe estar adecuada a todos los elementos constitutivos del tipo penal y que a falta de un elemento no constituye ilícito de acción penal pública; por lo que argumentos expuestos los hechos no se adecuan al tipo penal establecido en el art. 199 del Código Penal. Por otro lado, se tiene presente los fundamentos de hecho y de derecho expuestos en la objeción de desestimación presentada en su parte sobresaliente refiere que: como no es posible apertura a una investigación, similar hecho aconteció con Gabriela Zapata, a sabiendas que una persona logro registrar dos veces a una niña con similar nombre y apellidos diferentes Enel SERECI, ase alusión al Auto supremo 276/2014-RRC, SC0062/2002, a sabiendas que su hija tiene otro progenitor declarado en el año 205, en un certificado de nacimiento, logra en el año 2017 insertad datos falsos, y el certificado de nacimiento es un documento público emitido por un oficial de registro civil, señala sería perjudicial en proceder a la división de los bienes de su señor padre certificado de nacimiento que contiene datos falsos. De acuerdo a la relación fáctica se tiene: la denunciante Sabina Mamani Quispe manifiesta que su señor padre Agustín Mamani Quispe, fallece el 12/05/2022 se instauro un proceso familiar de unión libre de unión conyugal libre seguido por la sindicad Placida Apaza Loma, luego la denunciante se entera que su padre resulto se padre de la menor E.M.A. hija de la denunciada, posterior solicitan información al SERECI y constatan dos partidas uno del 2015 registro de inscripción de nacimiento y la otra partida de 2017 inscripción de reconocimiento, lo que le llama la atención es que existe un registro de nacimiento, posterior una partida de reconocimiento a la menor por su padre Agustín Mamani Quispe (+), ante ese hecho indilga responsabilidad penal en contra de la denunciada; en consecuencia la denuncia indica la conducta del denunciado se adecuaría a tipo penal de Falsedad ideológica; ante ese hecho corresponde ver si los hechos referidos se adecuan a los elementos del tipo penal; en el caso presente, se expone por parte de la denunciante que existe dos partidas de registro, una de inscripción de partida de nacimiento 2015 y otra de reconocimiento de hijo de la gestión 2017, evidentemente en el registros figuraría la misma persona es decir E.M.A., en lo cual tendría doble filiación paterna en dichas inscripciones, empero se debe establecer que el registro cívico es realizado por un oficial de registro civil y no la sindicada, en el caso presente no se demuestra alguna conducta antijurídica dolosa por parte de la sindicada más al contrario, la propia denunciante a identificado la responsabilidad del registro de esa entidad de inscripción civil la falta de control en el manejo de servicio deficiente en esa oportunidad por parte de un servidor público no implica suplir a otra apersona la responsabilidad, el hecho en el cual no adecua al tipo penal descrito en el Art.203 del C.P.; pues ante la falta total de estos elementos que configuran el tipo penal a objeto de apertura una investigación en el presente caso no se tiene, en consecuencia, el presente caso es atípico, debiendo acudir a otra vías ordinarias para anular indicadas partidas. Por ello, al momento de realizar el juicio de tipicidad, necesariamente se debe verificar que la conducta del encausado se adecue de forma exacta a la descripción del tipo penal acusado, tomando en cuenta todos los elementos citados anteriormente, a efectos de realizar una adecuada subsunción del hecho.

VII. DE LOS PRINCIPIOS DEL DERECHO PENAL.

Principio de legalidad. Que, el principio de legalidad, implica las garantías, criminal, penal, jurisdiccional y ejecutiva, y es a ellas a las que el código penal le dedica sus primeros artículos, lo que no deja de demostrar la importancia del asunto. Así pues, la garantía criminal (nullum crimen sine lege praevia) conlleva que una conducta no pueda considerarse delictiva si no ha sido declarada como tal por una ley antes de que la conducta se haya realizado, extremo señalado en el art. 4 del Código Penal, el cual señala: "Nadie podrá ser condenado o sometida a medidas de seguridad por un hecho que no esté expresamente previsto como delito por ley penal vigente al tiempo en que ese cometió, ni sujeto a pena o medidas de seguridad penales que no se hallen establecidas en ellas". Al respecto, el Auto Supremo N° 548/2017-RRC de 17 de julio, señaló que, dentro del conglomerado jurídico el estado de Derecho, el art. 180 I. de la CPE, entre los principios en los que se fundamenta la jurisdicción ordinaria, reconoce el principio de legalidad, que se constituye en un principio fundamental del Derecho público conforme al cual todo ejercicio del poder público está sometido a la voluntad de la Ley y no a la voluntad de las personas, asimismo tal derecho plasmado en la Constitución como na garantía jurisdiccional de ejercicio preeminente en instancias judiciales, tal cual se lee de lo inscrito en el art. 116.11 Constitucional y, asentado en los principios rectores de la jurisdicción ordinaria recogido en el inciso 6) del art. 30 de la Ley del Órgano Judicial. Principio de máxima taxatividad legal Que, de acuerdo con la Corte Interamericana, el principio de legalidad, y más específicamente el principio de máxima taxatividad legal (nullum crimen, nulla poena sine lege certa) exige que las "acciones y omisiones" criminales, sean definidas "con términos estrictos e inequívocos que acoten las conductas punibles". La tipificación de un delito, 'debe formularse en forma expresa, precisa, taxativa y previa', debido a que el marco legal debe brindar seguridad jurídica al ciudadano. En varias ocasiones el Tribunal ha señalado: La ambigüedad en la formulación de los tipos penales genera dudas y abre el campo del arbitrio de la autoridad, particularmente indeseable cuando se trata de establecer la responsabilidad penal de los individuos y, sancionarla con personas que afectan severamente bienes fundamentales como la vida o la libertad. Que, el artículo 55 numeral II de la Ley N° 260 establece 5 causales mediante las cuales las y los Fiscales podrán desestimar denuncias escritas, querellas o informes policiales de acción directa: La lera: En la que el hecho sea atípico; la 2da: De persecución penal privada; la 3era: No cumpla los requisitos legales pertinentes; la 4ta: No exista una relación fáctica clara; y la 5ta: No existan los elementos necesarios para tomar una decisión; bajo la premisa que en los tres últimos casos se otorgará el plazo de 24 horas para subsanarla bajo alternativa de tenerla por no presentada. Conforme a lo referido, la importancia del principio de legalidad y la correspondencia estricta que necesariamente debe existir entre el comportamiento humano reprochable y la descripción del tipo penal, debe ser necesariamente analizada correspondiendo en resguardo del principio de legalidad-, cuidar que ese encuadramiento de la conducta esté inserto en la calificación antijurídica del tipo penal sindicado. Considerando que, por imperio de lo previsto por el num. 3) del Art. 5º de la Ley Orgánica del Ministerio Público en armonía con el Art. 72 del Código de Procedimiento Penal, el Ministerio Público debe velar por el cumplimiento efectivo de las garantías reconocidas por la Constitución Política del Estado, los Tratados Internacionales vigentes y las Leyes, en ese marco debe tomar en cuenta no solo las circunstancias que permitan comprobar la acusación, sino también las que sirvan para eximir de responsabilidad al Imputado, formulando sus requerimientos de manera fundamentada tal como previene el Art. 73 de la Ley N° 1970; conforme a ese criterio se ha efectuado una revisión objetiva y minuciosa de todos los antecedentes respecto a la denuncia formulada, estableciéndose que el hecho relatado no guarda una correspondencia de subsunción con el delito denunciado. En consecuencia, por los argumentos expuesto corresponde ratificar la resolución fiscal cuestionada” (sic [fs. 10 a 13]). II.4. Consta Partida de Inscripción de Reconocimiento, en la cual se establece que la menor AA nacida el 29 de noviembre de 2013, fue reconocida por Agustín Mamani Quispe, como su padre; y, Placida Apaza Loma, como su madre, firmando ambos tal documento (fs. 4).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante alega la lesión de su derecho al debido proceso en sus vertientes de fundamentación y motivación; toda vez que, ante la presentación de denuncia contra Placida Apaza Loma por la presunta comisión del delito de falsedad ideológica: i) El Fiscal de Materia, mediante Resolución Desestimación de 24 de noviembre de 2022 desestimó su denuncia alegando que se trataría de un hecho atípico y que no es anormal que dos personas hubieran sido señaladas como padres; sin tomar en cuenta que no es normal que una persona registre a dos personas como padres; y, ii) El Fiscal Departamental de Pando, por Resolución Jerárquica FDP-MRPO 180/2022 de 16 de diciembre confirmó la desestimación de denuncia, incurriendo en los siguientes agravios: ii.a) Señaló erróneamente que “…se tendría doble filiación paterna en dichas inscripciones, empero se debe establecer que el registro cívico es realizado por un oficial de registro civil y no la sindicada…” (sic) recayendo en error, al atribuir responsabilidad al funcionario del SERECI, cuando no se investigó a esta persona, por lo que previamente debe escucharse a este funcionario y eso, solo se logrará con el inicio de las investigaciones. Además, el tipo penal establece atribución al que insertare o hiciere insertar en un instrumento público declaraciones falsas; y, en este caso, la madre denunciada, tenía en sus manos el certificado de nacido vivo y a partir de él, sacó el certificado de nacimiento, haciendo insertar datos falsos; en ese marco, mientras no se inicie investigaciones, mal se puede decir que el responsable del error es el Oficial de Registro Civil; y, ii.b) Señaló incorrectamente que “…en el caso presente no se demuestra alguna conducta antijurídica dolosa por parte de la sindicada más al contrario, la propia denunciante a identificado la responsabilidad del registro de esa entidad de inscripción civil (…) no implica suplir a otra persona la responsabilidad…” (sic) no siendo evidente la falta de dolo en el actuar de la denunciada, puesto que la misma tenía conocimiento de la anterior filiación en donde señaló que Cesar Wilson Chachaqui Mamani era el padre de su hijo, por lo que erróneamente se consideró los hechos como atípicos, debiendo merecer una investigación. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los extremos denunciados son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para tal efecto, se analizarán los siguientes temas: 1) Sobre la fundamentación, motivación como elementos del debido proceso y su exigencia en las resoluciones emitidas por el Ministerio Público; 2) De la desestimación de denuncia; y, 3) Análisis del caso concreto.

III.1. Sobre la fundamentación, motivación como elementos del debido proceso y su exigencia en las resoluciones emitidas por el Ministerio Público

El presente Fundamento Jurídico, fue citado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0551/2020-S1 de 23 de septiembre; 0083/2021-S1 de 24 de mayo; 0118/2021-S1 de 2 de junio; -entre otras-que formularon el siguiente razonamiento: La Constitución Política del Estado a través de su art. 115.II de la CPE, prevé: “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”; y, art. 117.I, “Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso…”; por lo que, a partir de estos preceptos legales se tiene que el derecho al debido proceso se encuentra reconocido en el texto constitucional, y de las interpretaciones efectuadas por el Tribunal Constitucional, se reconoció que este derecho comprende una triple dimensión, es decir como principio, garantía jurisdiccional y derecho fundamental -SC 0316/2010-R de 15 de junio- , con el cual se busca garantizar la sujeción estricta a las reglas procesales establecidas en el orden jurídico de cada materia, a cuyo efecto busca la materialización de los valores justicia e igualdad en la labor de impartir justicia.

En ese sentido, entre los elementos que conforman el debido proceso están la fundamentación, motivación y congruencia, los cuales en una concepción general se constituyen en una exigencia ineludible para las autoridades que vayan a emitir una resolución sea esta judicial o administrativa, puesto que el correcto desarrollo de estos, permitirá al justiciable entender y comprender el porqué de la decisión respecto de su pretensión; es decir, podrá conocer el sustento normativo sustantivo y adjetivo, además de las razones claras y concretas del porque dicho respaldo normativo se ajusta al caso concreto y finalmente la certidumbre de que todas sus pretensiones fueron consideradas en coherencia con lo peticionado y lo resuelto. Así, la SCP 0469/2018-S2 de 27 de agosto, efectuando una breve sistematización de la distinción entre los elementos de fundamentación y motivación desarrollada en la SCP 1291/2011-R de 26 de septiembre; y, citando a la SCP1414/2013 de 16 de agosto, señalo que la misma desarrollo el siguiente entendimiento sobre la distinción de estos dos elementos del debido proceso:

“Esta distinción jurisprudencial entre fundamentación y motivación desde la protección del contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada -Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2221/2012 de 8 de noviembre y 0100/2013 de 17 de enero- no sólo visibiliza un uso diferenciado de términos, sino una distinción conceptual que incide en la exigencia de justificación de toda decisión; toda vez que: a) La fundamentación se refiere a la obligación de las autoridades, en especial de las jurisdiccionales, de citar los preceptos legales, sustantivos y adjetivos en los que se apoye su determinación, así como de justificar la utilización de dichas disposiciones normativas o de interpretarlas de una determinada manera; es decir, consiste en la justificación normativa de la decisión que da por resultado la construcción de la premisa normativa; en cambio; y, b) La motivación hace referencia a la serie de razonamientos lógico-jurídicos que permiten entender, por qué un determinado caso se ajusta a la hipótesis normativa planteada en el mismo, 1 En su F.J.III.3.2. “La Constitución Política del Estado en consideración a la naturaleza y los elementos constitutivos del debido proceso como instituto jurídico y mecanismo de protección de los derechos fundamentales, lo consagra como un principio, un derecho y una garantía, es decir, la naturaleza del debido proceso es reconocida por la Constitución en su triple dimensión: como derecho fundamental de los justiciables, de quien accede reclamando justicia, la víctima y de quien se defiende el imputado. A la vez es un principio procesal, que involucra la igualdad de las partes art. 119.I CPE y una garantía de la administración de justicia, previniendo que los actos del proceso se ceñirán estrictamente a reglas formales de incuestionable cumplimiento. De esa triple dimensión, se desprende el debido proceso como derecho fundamental autónomo y como derecho fundamental indirecto o garantía….” 2 El FJ III.2, señala: “…el fallo debe dictarse necesariamente con arreglo a derecho, esto es con la debida fundamentación que consiste en la sustentación de la resolución en una disposición soberana emanada de la voluntad general. Este requisito exige que el juez, a través del fallo haga públicas las razones que justifican o autorizan su decisión, así como las que la motivan, refiriéndonos al proceso intelectual fraguado por el juez en torno a las razones por las cuales, a su juicio, resultan aplicables las normas determinadas por él, como conocedor del derecho para la solución del caso a través de la cual el juzgador convence sobre la solidez de su resolución y a la sociedad en general le permite evaluar la labor de los administradores de justicia”.

significa que la motivación es la manifestación de los razonamientos que llevaron a la autoridad a la conclusión que el acto concreto que se trate, se encuentra por una parte, probado, lo que supone que la autoridad judicial debe explicar las razones por las que considera que la premisa fáctica se encuentra probada, poniendo de manifiesto la valoración de la prueba efectuada, y por otra, explicando por qué el caso encuadra en la hipótesis prevista en el precepto legal, elementos con los cuales se realiza la justificación fáctica de la decisión y se construye la premisa fáctica.” (el resaltado corresponde al texto original). Bajo esos preceptos y consideraciones jurisprudenciales sobre el derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, se tiene que su observancia es de igual forma exigible en las resoluciones emitidas por el Ministerio Público, puesto que, resulta de vital importancia que estos expresen las razones y motivos por los que asumen una determinación, sin que sea suficiente un simple enunciado general, dado que la función de dirigir la investigación constituye una función clave en el sistema penal para asegurar la imparcialidad judicial y para permitir que la investigación se realice con parámetros eficientes. Entonces, al corresponderle al Fiscal asumir decisiones acerca del inicio, desarrollo y futuro de la investigación y, entre otros aspectos, resolver su continuación, decidir su suspensión u otras medidas, estas deben ser adoptadas en resoluciones que justifiquen y expliquen fundamentada y motivadamente el por qué y cómo se llegó a la decisión tomada. Sobre la motivación y fundamentación de las resoluciones emitidas por el Ministerio Público, la SC 1523/2004-R de 28 de septiembre, sostuvo que:

“…cabe señalar que toda decisión emitida dentro de un proceso penal que no implique cuestión de mero trámite sino que concierna al fondo de lo que se investiga debe ser necesariamente motivada o lo que es lo mismo, debidamente fundamentada, lo que significa, que tanto el fiscal o los jueces que conozcan el proceso, sea en control jurisdiccional o para resolver el fondo, deberán dictar sus requerimientos o resoluciones cumpliendo las exigencias de la estructura de forma como de contenido de las mismas. En particular en lo relativo al contenido de fondo, no sólo deberán circunscribirse a relatar lo expuesto por las partes sino también citar las pruebas que aportaron las partes, exponer su criterio sobre el valor que le dan a las mismas luego del contraste y valoración que hagan de ellas dando aplicación a las normas jurídicas aplicables para finalmente resolver. Si no proceden de esa forma y dictan una resolución sin respetar la estructura señalada, resulta obvio que su decisión será arbitraria y considerada subjetiva e injusta, pues el sujeto procesal a quien no le sea favorable no podrá entender y menos saber la razón jurídica de la decisión; y de incurrirse en esta omisión al disponer sobreseimiento a favor de la parte imputada, la víctima podrá impugnar el requerimiento ante el superior jerárquico, y si éste igualmente incurre en la misma omisión, quedará abierta la jurisdicción constitucional para que acuda a la misma en busca de protección a sus derechos a la seguridad jurídica y de acceso a la justicia o tutela judicial efectiva, cuyo alcance no abarca, como se dijo, a que la parte acusadora pretenda que este Tribunal obligue a un Fiscal a presentar obligatoriamente la acusación si no únicamente a que dicha autoridad emita su requerimiento conclusivo debidamente fundamentado como lo exigen las normas previstas por los arts. 45. 7) de la LOMP, 73 y 323.3 del CPP” (negrillas ilustrativas). En esa misma línea la SCP 0426/2014 de 25 de febrero, reiteró dichas exigencias y complementando la misma señaló que, la fundamentación y motivación debe ser emitida de manera clara y concreta, bajo un sustento apegado en derecho que permita conocer y convencer al justiciable las razones de la determinación, estableciendo que tal obligación también debe ser observada por la autoridad Fiscal Jerárquica. Bajo ese uniforme razonamiento seguido por este Tribunal, la SCP 0641/2018-S2 de 15 de octubre, explico que, siendo el Ministerio Público quien ejerce la acción penal pública cumpliendo el mandato inserto en el art. 225 de la CPE, lo cual le obliga a desarrollar sus funciones y facultades respetando los derechos fundamentales y garantías constitucionales y bajo el principio de objetividad entre otros, que se encuentran contemplados por la norma fundamental; en tal sentido, sus determinaciones conclusivas luego de la etapa de investigación, deben ser emitidas cumpliendo los parámetros del debido proceso, puesto que estos son requisitos ineludibles a cumplir por cualquier autoridad judicial o administrativa de la cual no está exenta el Fiscal; así, en el marco de esos preceptos la cita SCP 0641/2018-S2 estableció que:

“Consecuentemente, cuando el Ministerio Público tome una determinación que resuelva la situación jurídica del ciudadano al que se le atribuye la comisión de un delito, pudiendo ser: i) Rechazo de una querella; ii) Imputación formal; y, iii) Sobreseimiento; son supuestos, en los cuales debe tener en cuenta 4 “A partir de este entendimiento y efectuando una interpretación del mismo a la luz de los nuevos principios ordenadores del derecho como el debido proceso en su componente de una debida fundamentación, resta complementar este razonamiento conforme a lo expuesto en el Fundamento Jurídico precedente, estableciendo que, tanto las resoluciones dictadas por los fiscales de materia como por los fiscales de distrito -ahora departamentales-, deben hallarse debidamente fundamentadas y motivadas, expresando de manera clara y concreta, sustentada en derecho, las causas por las cuales se tomó determinada decisión; caso contrario, una resolución carente de estos elementos fundamentales que hacen al fondo del decisorio, impiden al litigante, tener la certeza plena del porqué del contenido de la decisión y lesionan el debido proceso, haciendo procedente la tutela constitucional que otorga la acción de amparo constitucional” (resaltado agregado). 5 “En ese sentido, si bien el ejercicio de la acción penal es una competencia otorgada por el constituyente al Ministerio Público conforme lo dispuesto en el art. 225 CPE, constituyéndose en un Órgano sometido a la Norma Suprema; esa facultad de decidir si ejerce o no la acción penal, no puede ser asumida de modo arbitrario. Por lo tanto, cualquier determinación del Ministerio Público, que en los hechos resuelva la situación jurídica del ciudadano, al que se le atribuye la comisión de un hecho delictivo, tales como: 1) Rechazo de una querella; 2) Imputación; y, 3) Sobreseimiento, entre otros; debe estar debidamente motivada y fundamentada; es decir, tiene que explicar en su resolución, las razones que le sirven de base para emitir su determinación, de tal manera que los involucrados en una investigación, sepan qué elementos consideró para asumir tal determinación, dicho de otro modo, la resolución debe hacer conocer las razones de hecho y derecho, para sustentarla. (…)”

todos los elementos probatorios presentados por las partes; es decir, de cada medio probatorio, sea éste, testifical, documental, pericial, entre otros; valorando la información que extrae de cada uno de ellos de manera individual, y en conjunto de forma integral, cuya apreciación debe estar acorde con las reglas de la sana crítica; es decir, no debe contradecir las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia o los conocimientos científicos, que necesariamente deben estar plasmados en la resolución a través de una debida motivación y fundamentación, conforme lo exige el art. 40.11 de la LOMP, en el marco del principio de objetividad contenido en el art. 225.II de la CPE, de lo dispuesto en el art. 5.3 de la referida LOMP y del art. 72 del CPP. Este estándar, debe ser necesariamente observado en cualquiera de las formas de decisión de fondo, que asuma el Ministerio Público, pues la motivación y fundamentación que se realice, debe satisfacer tanto al querellante como al querellado; y por lo mismo, tiene que ser exigido por el fiscal departamental cuando revisa una objeción a las resoluciones de los fiscales de materia” (las negrillas son agregadas).

En tal sentido, las decisiones tomadas por los representantes del Ministerio Público, deben tener una base racional y seguir lo establecido en el nuevo modelo constitucional y el ordenamiento jurídico, respetando los derechos de los involucrados, para que no quede ni la menor duda que lo resuelto está acorde a derecho, observancia que deberá ser plasmada a través de una resolución que contenga una debida motivación, desde un punto de vista racional como razonable, garantizando a la persona que la decisión que ha obtenido -sea o no favorable a sus intereses-, es producto de un razonamiento correcto, en el que además se haya considerado los valores y principios contemplados en la Constitución, dando lugar a una decisión objetivamente justa.

III.2. De la desestimación de denuncia

El presente Fundamento Jurídico, fue desarrollado por la SCP 0815/2019-S2 de 11 de septiembre, siendo complementado posteriormente a través de la SCP 0473/2023-S1 de 23 de mayo; señalando que: La denuncia se constituye en el acto por el cual se coloca a conocimiento de la autoridad competente la comisión de un hecho ilícito; y si bien, la norma penal es amplia al admitir que la misma se pueda presentar tanto de forma oral como escrita, el art. 285 del CPP regula lo que ella, en lo posible debe contener; es decir, dicho artículo establece que el denunciante en lo posible debe dar a conocer: la relación circunstanciada del hecho, en tiempo y lugar, con indicación de los autores y partícipes, víctimas, damnificados, testigos y demás elementos que puedan conducir a su comprobación y su tipificación. Ahora bien, dicho mecanismo de activación de la acción penal, de conformidad al art. 55 de la LOMP, puede ser desestimado siempre y cuando se tomen en consideración las siguientes causales:

“(…) II. Las y los Fiscales podrán desestimar denuncias escritas, querellas e informes policiales de acción directa en las que el hecho sea atípico, de persecución penal privada, no cumpla requisitos legales pertinentes, no exista una relación fáctica clara o no existan los elementos necesarios para tomar una decisión, en estos tres últimos casos se otorgará el plazo de 24 horas para subsanarla bajo alternativa de tenerla por no presentada.

III. En las denuncias verbales, cuando la denuncia sea realizada en sede Fiscal, el o la Fiscal ordenará inmediatamente a las o los investigadores a concurrir al lugar del hecho a objeto de verificar el mismo sin perjuicio de acudir personalmente, y deberá informar estos aspectos a la o el Fiscal, de existir suficientes elementos se procederá a realizar las investigaciones que correspondan, caso contrario la denuncia será desestimada”.

Es decir, la desestimación procederá, cuando el Fiscal de Materia identifique que el hecho es atípico, que el delito denunciado es de acción penal privada, que no se cumplen con los requisitos legales pertinentes, que no existe una relación fáctica o que no existen los elementos necesarios para tomar una decisión. Sin embargo, se debe considerar que este Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0815/2019-S2 de 11 de septiembre, ya interpretó el alcance de la referida norma, señalando al respecto que:

“…ahora bien, es preciso entender que el art. 55 de la LOMP, es una norma que evidentemente tiene como objeto, el evitar la activación innecesaria de todo el aparato estatal para la investigación de denuncias que no cumplan con los presupuestos mínimamente requeridos; sin embargo, en esta fase de admisibilidad el análisis debe estar circunscrito solamente a aspectos de orden formal y o de competencia para el procesamiento por parte del Ministerio Público; en efecto, la desestimación no vulnerará derechos fundamentales cuando sea dispuesta ante la insuficiencia descriptiva en la relación de los hechos o ante denuncias que tengan que ver con el procesamiento de delitos de orden privado; sin embargo, será arbitrario el disponer la desestimación por la atipicidad del hecho o por la falta de elementos de convicción necesarios; por cuanto la previsión del art. 55 de la LOMP, no puede equipararse al rechazo de denuncia establecido en el art. 304 del Código de Procedimiento Penal (CPP); por cuanto, queda claro que la desestimación no proviene de ninguna investigación; en tal sentido, menos podría determinar la existencia o no de los elementos constitutivos del tipo penal para poder establecer la atipicidad del hecho denunciado, al no tenerse los elementos necesarios para efectuar el juicio de tipicidad o juicio de adecuación; es decir, el análisis de la correspondencia exacta entre lo que el agente presuntamente realizó y aquello que se encuentra descrito en la ley; salvo en casos muy excepcionales y extremadamente evidentes. En el mismo sentido, no podría determinarse la desestimación por falta de elementos necesarios de convicción; puesto que, es lógico que estos solo podrán ser obtenidos en una etapa investigativa y no en una etapa de admisibilidad, en la cual no es posible analizar ni determinar aspectos de fondo respecto a la comisión de un hecho delictivo, dado que al no existir ninguna investigación el fiscal se encuentra impedido de manifestarse sobre ello, caso contrario su decisión sería discrecional y por ende arbitraria” (las negrillas nos pertenecen).

Respecto al trámite procesal de la desestimación, se debe considerar a la SCP 0092/2014-S3 de 27 de octubre, que señaló:

“Sin embargo, es innegable que la Ley Orgánica del Ministerio Público y el Código de Procedimiento Penal, no establecen una forma de impugnación a la desestimación misma que se encuentra prevista en el art. 55.II de la LOMP, en este sentido el art. 305 del CPP, establece únicamente la posibilidad de la objeción al rechazo ante el superior fiscal jerárquico, pero no a la desestimación. En efecto como lo hace notar el accionante, si bien existen similitudes respeto a los requisitos exigidos en el art. 55.II de la LOMP (desestimación) y 304 del CPP (rechazo); toda vez, que ambas figuras son dictadas por fiscales y deben encontrarse debidamente fundamentadas, se tiene que la desestimación importa la negativa al inicio a la etapa preparatoria de la investigación y no tiene en el Código de Procedimiento Penal un medio o mecanismo de impugnación expreso, aspecto que podría vulnerar el derecho a la doble instancia respecto a una decisión que puede impedir la continuación del proceso penal. En ese contexto, la Constitución Política del Estado en su art. 256, dispone que los tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos ratificados por Bolivia, que declaren derechos más favorables a los contenidos en la Constitución Política del Estado, se aplicarán de manera preferente sobre ésta; asimismo, en su art. 13.IV establece que los derechos reconocidos en la Norma Suprema serán interpretados de acuerdo a los tratados internacionales de derechos humanos, cuando éstos prevean normas más favorables; en ese sentido, corresponde emplear directamente los arts. 180 de la CPE y 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a las desestimaciones estableciendo en adelante que el procedimiento aplicable a la impugnación mientras no disponga otra cosa el legislador ordinario es el procedimiento señalado en el art. 305 del CPP; ello, para no dejar en indefensión, vulnerar el debido proceso y los derechos de las víctimas entendimiento aplicable en lo sucesivo por este Tribunal Constitucional Plurinacional, conforme lo desarrollado en la SCP 0032/2012 de 16 de marzo” (las negrillas y el subrayado nos pertenecen). Por lo referido se puede concluir que, la desestimación de denuncia puede pronunciarse únicamente respecto a aspectos de orden formal y/o de competencia para el procesamiento por parte del Ministerio Público, siendo arbitrario el disponer la desestimación por la atipicidad del hecho o por la falta de elementos de convicción necesarios, puesto que la misma no proviene de una investigación y no podría determinarse por ello la existencia o no de elementos constitutivos del tipo penal para establecer la atipicidad del hecho denunciado al no tenerse los elementos necesarios para efectuar el juicio de tipicidad; sin embargo, esta figura de desestimación será aplicable y no vulnerará derechos fundamentales cuando sea dispuesta ante la insuficiencia descriptiva en la relación de los hechos o ante denuncias que tengan que ver con el procesamiento de delitos de orden privado; y, en casos muy excepcionales y extremadamente evidentes.

Estableciendo finalmente que la emisión de una resolución de desestimación, permite su impugnación ante el Fiscal Departamental, como última instancia de análisis y revisión.

III.3. Análisis del caso concreto

La accionante alega la lesión de su derecho al debido proceso en sus vertientes de fundamentación y motivación; toda vez que, ante la presentación de denuncia contra Placida Apaza Loma por la presunta comisión del delito de falsedad ideológica: i) El Fiscal de Materia, mediante Resolución Desestimación de 24 de noviembre de 2022 desestimó su denuncia alegando que se trataría de un hecho atípico y que no es anormal que dos personas hubieran sido señaladas como padres; sin tomar en cuenta que no es normal que una persona registre a dos personas como padres; y, ii) El Fiscal Departamental de Pando, por Resolución Jerárquica FDP-MRPO 180/2022 de 16 de diciembre confirmó la desestimación de denuncia, incurriendo en los siguientes agravios: ii.a) Señaló erróneamente que “…se tendría doble filiación paterna en dichas inscripciones, empero se debe establecer que el registro cívico es realizado por un oficial de registro civil y no la sindicada…” (sic) recayendo en error, al atribuir responsabilidad al funcionario del SERECI, cuando no se investigó a esta persona, por lo que previamente debe escucharse a este funcionario y eso, solo se logrará con el inicio de las investigaciones. Además, el tipo penal establece atribución al que insertare o hiciere insertar en un instrumento público declaraciones falsas; y, en este caso, la madre denunciada, tenía en sus manos el certificado de nacido vivo y a partir de él, sacó el certificado de nacimiento, haciendo insertar datos falsos; en ese marco, mientras no se inicie investigaciones, mal se puede decir que el responsable del error es el Oficial de Registro Civil; y, ii.b) Señaló incorrectamente que “…en el caso presente no se demuestra alguna conducta antijurídica dolosa por parte de la sindicada más al contrario, la propia denunciante a identificado la responsabilidad del registro de esa entidad de inscripción civil (…) no implica suplir a otra persona la responsabilidad…” (sic) no siendo evidente la falta de dolo en el actuar de la denunciada, puesto que la misma tenía conocimiento de la anterior filiación en donde señaló que Cesar Wilson Chachaqui Mamani era el padre de su hijo, por lo que erróneamente se consideró los hechos como atípicos, debiendo merecer una investigación. De las Conclusiones del presente fallo constitucional se tiene que, el 23 de noviembre de 2022, la ahora accionante presentó denuncia contra Placida Apaza Loma, por la presunta comisión del delito de falsedad ideológica (Conclusión II.1) es así que, el 24 de ese mes y año, el Fiscal de Materia ahora codemandado, mediante Resolución de Desestimación, desestimó la denuncia alegando la existencia de atipicidad (Conclusión II.2); objetada tal determinación, El Fiscal Departamental de Pando ahora demandado, emitió la Resolución Jerárquica FDP-MRPO 180/2022 por el cual confirmó la resolución de desestimación, alegando también atipicidad del hecho denunciado y ordenando el archivo de obrados (Conclusión II.3). Con esos antecedentes, corresponde analizar, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; es así, que conforme se tiene de la problemática planteada, se puede señalar que:

III.3.1. Respecto a la primera problemática

La impetrante de tutela alega que, el Fiscal de Materia mediante Resolución de Desestimación de 24 de noviembre de 2022, desestimó su denuncia alegando que se trataría de un hecho atípico y que no es anormal que dos personas hubieran sido señaladas como padres; sin tomar en cuenta que no es normal que una persona registre a dos personas como padres.

Sobre el punto y como base de análisis de la presente problemática, se debe considerar que el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, estableció que: La fundamentación se refiere a la obligación de las autoridades, en especial de las jurisdiccionales, de citar los preceptos legales, sustantivos y adjetivos en los que se apoye su determinación, así como de justificar la utilización de dichas disposiciones normativas o de interpretarlas de una determinada manera; es decir, consiste en la justificación normativa de la decisión que da por resultado la construcción de la premisa normativa; en cambio; y, La motivación hace referencia a la serie de razonamientos lógico-jurídicos que permiten entender, por qué un determinado caso se ajusta a la hipótesis normativa planteada en el mismo, significa que la motivación es la manifestación de los razonamientos que llevaron a la autoridad a la conclusión que el acto concreto que se trate, se encuentra por una parte, probado, lo que supone que la autoridad judicial debe explicar las razones por las que considera que la premisa fáctica se encuentra probada, poniendo de manifiesto la valoración de la prueba efectuada, y por otra, explicando por qué el caso encuadra en la hipótesis prevista en el precepto legal, elementos con los cuales se realiza la justificación fáctica de la decisión y se construye la premisa fáctica. Además de ello, se debe considerar que el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, estableció que los Fiscales tienen la potestad para poder desestimar denuncias cuando el hecho sea atípico, de persecución penal privada, no cumpla requisitos legales pertinentes, no exista una relación fáctica clara o no existan los elementos necesarios para tomar una decisión; aclarando que para determinar la atipicidad de la denuncia esta no será lesiva cuando exista una insuficiencia descriptiva en la denuncia o en casos extremadamente evidentes.

Ahora bien, a efectos de determinar si la Resolución de Desestimación de 24 de noviembre de 2022 emitida por el Fiscal de Materia, incurrió en el agravio referido por la accionante, corresponde verificar los argumentos ahí señalados, así se tiene:

“Fundamentos. Si bien es cierto que el Ministerio Publico debe investigar de oficio todos los delitos de acción pública, no es menos cierto que el denunciante, querellante o victima deben coadyuvar con la investigación, otorgando y brindando los elementos necesarios para el esclarecimiento de los hechos denunciados, pero siempre conducente a la verdad histórica de los hechos conforme establece el Art. 6 del código de procedimiento penal, en su parte infine, que establece: "la carga de la prueba corresponda a la parte denunciante...". Con relación al DELITO DE FALSEDAD IDEOLOGICA previsto y sancionado en el Art. 199 del Código Penal señala de manera textual: "El que insertare o hiciere insertar en un instrumento público verdadero declaraciones falsas concernientes a un hecho que el documento deba probar, de modo que pueda resultar perjuicio, será sancionado con privación de libertad de uno (1) a seis (6) años". EI AUTO SUPREMO N° 276/2014-RRC DE 27 de junio de 2014, señala: "El delito de falsedad ideológica. - Manzini define la falsedad ideológica como "aquella falsedad que se encuentra en un acto exteriormente verdadero cuando contiene declaraciones mendaces; y se llama ideológica, precisamente porque el documento no es falso en sus condiciones esenciales, pero si son falsas las ideas que en él se quieren afirmar como verdaderas". Asimismo, Muñoz Conde señala que la falsedad es: ideológica cuando se hace constar en un documento un hecho no declarado por las partes. El documento expresa un acto o negocio que realmente se produjo, pero que se ha consignado de manera inexacta alguna de sus circunstancias. Por ello, la Falsedad Ideológica REQUIERE UNA ACCIÓN DE INSERTAR O DE HACER INSERTAR, EN LA PRIMERA SITUACIÓN ES EVENTUALMENTE LA CONCURRENCIA DE UN FUNCIONARIO O NOTARIO Y EN LA SEGUNDA EL SUJETO ACTIVO PUEDE SER CUALQUIER PERSONA NATURAL, que con motivo del otorgamiento o formalización de un documento público o privado haga constar declaraciones falsas concernientes a un hecho que el documento deba probar y que pueda resultar perjuicio; es decir, una redacción de un documento haciendo constar declaraciones distintas a las realmente hechas. De acuerdo al jurista Jorge Valda refiere la falsedad ideológica es incorporar en un documento público verdadero, datos falsos respecto a la información que deba contener y probar el instrumento público. A diferencia de la falsedad material, en el contexto casuístico, la primera se refiere a los documentos públicos falsificados, mientras que falsedad ideológica refiere a la incorporación de datos falsos en instrumentos públicos, extremo que lleva a pensar que el ámbito de aplicación en el presente caso es mayor. Al igual que la falsedad material, la falsedad ideológica requiere de su consumación únicamente la probabilidad de generar un perjuicio a la víctima, aunque este no se haya exteriorizado. La falsedad ideológica en la falta de verdad de un documento, independientemente de su integridad materialidad. Así, el documento que contiene información no veraz, es ideológicamente falso: "La falsead ideológica en documento se presenta cuando en un escrito genuino se insertan declaraciones contrarias a la verdad, es decir, cuando siendo el documento verdadero en sus forma y origen (autentico), contiene afirmaciones sobre la existencia histórica de un acto o un hecho, o sus modalidades, bien porque se los hace aparecer como verdadero no habiendo ocurrido, o cuando habiendo acontecido de determinada manera, son presentados de una diferente". En el caso presente se acuerdo a la relación fáctica se tiene que la denunciante manifiesta en fecha 1 de abril del 2022 fallece su señor padre Agustín Mamani Quispe, y también se tiene un proceso familiar de unión libre seguido por la denunciada Placida Apaza Loma, posterior la denunciante se entera que su padre resulto se padre de la menor E.M.A. hija de la denunciada, posterior solicitan información al sereci y constatan dos partidas uno del 2015 registro de inscripción de nacimiento y la otra partida de 2017 inscripción de reconocimiento, lo que le llama la atención es que existe un registro de nacimiento, posterior una partida de reconocimiento a la menor por su padre Agustín Mamani Quispe (+), ante ese hecho indilga responsabilidad penal en contra de la denunciada; ahora bien revisado los antecedentes indiciarios en el presente memorial de denuncia no refiere de manera objetiva de qué manera la hoy denunciada hubiera insertado o hubiera hecho insertar en un instrumento público verdadero declaraciones falsas o si las mismas hubieran sido forjados o falsificados, sin embargo en la misma denuncia refiere en primera instancia la hija de la denunciada habría tenido partida de nacimiento con el nombre de su padre biológico, posterior del año 2017 se tendría como padre al señor Agustín Mamani a través de una inscripción de reconocimiento ante el Sereci: del análisis del presente caso si bien en primera instancia la menor tenía una inscripción de nacimiento con otro progenitor, posterior a través con un reconocimiento se tiene como progenitor al padre de la denunciante, aspecto que se puede advertir procedimientos familiares de orden legal tramitados en la vía administrativa o autoridad competente, pues al no contar con un presupuesto material o elemento objetivo del tipo penal denunciado, toda vez que de la relación fáctica no se hace hincapié a determinar puntualmente la falsedad a la que se refiere que dato es el falso y cual el verdadero, asimismo debe establecerse que el Ministerio Publico investiga hechos perseguibles de acción pública, por ello la calificación del hecho a un delito debe ser precisa, toda vez que la conducta asumida por el sujeto o los sujetos debe estar adecuada a todos los elementos constitutivos del tipo penal y que a falta de un elemento no constituye ilícito de acción penal pública; por lo que argumentos expuestos los hechos no se adecuan al tipo penal establecido en el art. 199 del Código Penal. El Art. 55 de la Ley Orgánica del Ministerio Público señala que las y los Fiscales podrán desestimar denuncias escritas, querellas e informes policiales de acción directa en las que el hecho sea atípico, de persecución penal privada, no cumpla requisitos legales pertinentes, no exista una relación fáctica clara o no existan los elementos necesarios para tomar una decisión; sin embargo en éstos tres últimos casos se otorgará el plazo de 24 horas para subsanarla bajo alternativa de tenerla por no presentada" en presente caso no se cumplió con determinación asumida por el suscrito fiscal (sic).”

Respecto al contenido citado precedentemente, si bien la ahora accionante de forma totalmente imprecisa alega que no se tomó en cuenta que no es normal que una persona registre a dos personas como su padre; sin embargo, dicha Resolución fue clara al explicar que esta duplicidad en la partida de nacimiento se debe a que la denunciada en principio registró a la menor de edad a su nacimiento con el nombre de una persona, pero que más adelante a través de una inscripción de reconocimiento el mismo Agustín Mamani Quispe -padre fallecido de la ahora impetrante de tutela- reconoció a la menor de edad como su hija, aspecto que generó esta doble partida; aclarando además el Fiscal de Materia que la solución a esta duplicidad no puede analizarse en la vía penal y menos a través de la denuncia por falsedad, ya que no existe una determinación de cual dato sería el verdadero y cual no; es decir, la Resolución ahora cuestionada, claramente da a entender que para que exista falsedad, debe argumentarse inicialmente cual dato es el falso y cual el correcto; siendo esta la base sobre la cual se desarrollará la investigación; sin embargo, la accionante lo que observa es una existencia de doble partida con señalamiento de progenitores distintos, sin señalar cual es la declaración falsa que se hizo insertar en el documento público, mucho más tomando en cuenta que el mismo Agustín Mamani Quispe fue quien reconoció a la menor de edad como su hija; es decir, la referida Resolución da a entender que ni la misma denunciante tiene certeza de si la menor de edad es hija o no de su fallecido padre; por lo que no puede atribuirlo simplemente como algo falso. Por ello, es que se puede determinar que la Resolución ahora impugnada, cumple con los requisitos de fundamentación y motivación, ya que teniendo como parámetro normativo el tipo penal de falsedad ideológica, encuentra que los mismos argumentos manifestados por la denunciante impiden determinar la tipicidad de la conducta, pues siendo que se trata de un delito de falsedad, tal falsedad nunca fue argumentada, pues el objeto de la denuncia se concentró en observar únicamente la existencia de una doble partida, siendo evidente la atipicidad del hecho denunciado.

Por lo descrito, es que, respecto a la presente problemática, en la que se analizó específicamente el actuar del Fiscal de Materia ahora codemandado, que corresponde denegar la tutela solicitada.

III.3.2. Con relación a la segunda problemática

La accionante, alega que el Fiscal Departamental de Pando ahora demandado, a través de la Resolución Jerárquica FDP-MRPO 180/2022, incurrió en los siguientes agravios: 1) Señaló erróneamente que “…se tendría doble filiación paterna en dichas inscripciones, empero se debe establecer que el registro cívico es realizado por un oficial de registro civil y no la sindicada…” (sic) recayendo en error, al atribuir responsabilidad al funcionario del SERECI, cuando no se investigó a esta persona, por lo que previamente debe escucharse a este funcionario y eso, solo se logrará con el inicio de las investigaciones. Además, el tipo penal establece atribución al que insertare o hiciere insertar en un instrumento público declaraciones falsas; y, en este caso, la madre denunciada, tenía en sus manos el certificado de nacido vivo y a partir de él, sacó el certificado de nacimiento, haciendo insertar datos falsos; en ese marco, mientras no se inicie investigaciones, mal se puede decir que el responsable del error es el Oficial de Registro Civil; y, 2) Señaló incorrectamente que “…en el caso presente no se demuestra alguna conducta antijurídica dolosa por parte de la sindicada más al contrario, la propia denunciante a identificado la responsabilidad del registro de esa entidad de inscripción civil (…) no implica suplir a otra persona la responsabilidad…” (sic) no siendo evidente la falta de dolo en el actuar de la denunciada, puesto que la misma tenía conocimiento de la anterior filiación en donde señaló que Cesar Wilson Chachaqui Mamani era el padre de su hijo, por lo que erróneamente se consideró los hechos como atípicos, debiendo merecer una investigación.

Sobre el punto, se observa que la Resolución Jerárquica FDP-MRPO 180/2022 señaló:

“De acuerdo a la relación fáctica se tiene: la denunciante Sabina Mamani Quispe manifiesta que su señor padre Agustín Mamani Quispe, fallece el 12/05/2022 se instauro un proceso familiar de unión libre de unión conyugal libre seguido por la sindicad Placida Apaza Loma, luego la denunciante se entera que su padre resulto se padre de la menor E.M.A. hija de la denunciada, posterior solicitan información al SERECI y constatan dos partidas uno del 2015 registro de inscripción de nacimiento y la otra partida de 2017 inscripción de reconocimiento, lo que le llama la atención es que existe un registro de nacimiento, posterior una partida de reconocimiento a la menor por su padre Agustín Mamani Quispe (+), ante ese hecho indilga responsabilidad penal en contra de la denunciada; en consecuencia la denuncia indica la conducta del denunciado se adecuaría a tipo penal de Falsedad ideológica; ante ese hecho corresponde ver si los hechos referidos se adecuan a los elementos del tipo penal; en el caso presente, se expone por parte de la denunciante que existe dos partidas de registro, una de inscripción de partida de nacimiento 2015 y otra de reconocimiento de hijo de la gestión 2017, evidentemente en el registros figuraría la misma persona es decir E.M.A., en lo cual tendría doble filiación paterna en dichas inscripciones, empero se debe establecer que el registro cívico es realizado por un oficial de registro civil y no la sindicada, en el caso presente no se demuestra alguna conducta antijurídica dolosa por parte de la sindicada más al contrario, la propia denunciante a identificado la responsabilidad del registro de esa entidad de inscripción civil la falta de control en el manejo de servicio deficiente en esa oportunidad por parte de un servidor público no implica suplir a otra apersona la responsabilidad, el hecho en el cual no adecua al tipo penal descrito en el Art.203 del C.P.; pues ante la falta total de estos elementos que configuran el tipo penal a objeto de apertura una investigación en el presente caso no se tiene, en consecuencia, el presente caso es atípico, debiendo acudir a otra vías ordinarias para anular indicadas partidas. Por ello, al momento de realizar el juicio de tipicidad, necesariamente se debe verificar que la conducta del encausado se adecue de forma exacta a la descripción del tipo penal acusado, tomando en cuenta todos los elementos citados anteriormente, a efectos de realizar una adecuada subsunción del hecho.

(…) Conforme a lo referido, la importancia del principio de legalidad y la correspondencia estricta que necesariamente debe existir entre el comportamiento humano reprochable y la descripción del tipo penal, debe ser necesariamente analizada correspondiendo en resguardo del principio de legalidad-, cuidar que ese encuadramiento de la conducta esté inserto en la calificación antijurídica del tipo penal sindicado. Considerando que, por imperio de lo previsto por el num. 3) del Art. 5º de la Ley Orgánica del Ministerio Público en armonía con el Art. 72 del Código de Procedimiento Penal, el Ministerio Público debe velar por el cumplimiento efectivo de las garantías reconocidas por la Constitución Política del Estado, los Tratados Internacionales vigentes y las Leyes, en ese marco debe tomar en cuenta no solo las circunstancias que permitan comprobar la acusación, sino también las que sirvan para eximir de responsabilidad al Imputado, formulando sus requerimientos de manera fundamentada tal como previene el Art. 73 de la Ley N° 1970; conforme a ese criterio se ha efectuado una revisión objetiva y minuciosa de todos los antecedentes respecto a la denuncia formulada, estableciéndose que el hecho relatado no guarda una correspondencia de subsunción con el delito denunciado. En consecuencia, por los argumentos expuesto corresponde ratificar la resolución fiscal cuestionada” (sic).

De la revisión de la Resolución Jerárquica referida y bajo los parámetros de fundamentación y motivación descritos en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional; se observa que la Resolución en ningún momento le atribuyó responsabilidad penal al encargado del Registro Civil como alega la accionante y en cambio únicamente aclara a la ahora impetrante de tutela, que la denunciada no tiene la potestad para el manejo del registro civil y que esta duplicidad de partida, al tratarse de un error de índole administrativo, no puede atribuirse a la denunciada; es decir, explica que no se evidencia de ninguna manera el actuar doloso y antijurídico de la sindicada que permita adecuar su conducta al tipo penal de falsedad ideológica pues la duplicidad de partida no pasa a ser su responsabilidad, además de no tener el elemento que permita establecer que los datos insertados en la inscripción del reconocimiento sean falsos, más, tomando en cuenta que la Inscripción del Reconocimiento fue suscrito por el padre de la impetrante de tutela, como también se puede verificar de la misma partida de inscripción de reconocimiento, descrita en la Conclusión II.4 del presente fallo constitucional. Ahora bien, la accionante alega, que el dolo se encontraría en el actuar de la madre ya que pese a tener conocimiento de un registro, generó otro; sin embargo, se debe establecer que no se trata de dos actos similares, pues como afirman tanto la Resolución de primera instancia como la Resolución Jerárquica, el primer registro fue a través de una inscripción de nacimiento; mientras que el segundo acto, es una inscripción de reconocimiento; y si bien, este aspecto debió ser observado por el Oficial de Registro Civil, pues evidentemente se generó una doble partida, no se puede dejar de lado, que la inscripción de reconocimiento fue plenamente suscrito por el padre de la ahora accionante, es decir, el mismo reconoció ser padre de la menor de edad a diferencia del primer acto, donde no se establece tal reconocimiento, razón por la cual erróneamente puede acusarse de una falsedad por el simple hecho de existir una duplicidad de partida, actuando correctamente las autoridades ahora demandadas al momento de determinar la atipicidad evidente de la conducta de la denunciada, al no existir precisión al definir la existencia de falsedad alguna. Por lo descrito, es que no se evidencia tampoco en el análisis de la Resolución Jerárquica, falta de fundamentación y motivación, ya que la misma respaldando la posibilidad del Ministerio Público de desestimar la denuncia cuando evidencie que esta es evidentemente atípica, confirmó su desestimación a partir del análisis del tipo penal denunciado y los mismos hechos vertidos por la accionante conforme se evidencia de lo descrito previamente, correspondiendo por ende, respecto a la presente problemática denegar la tutela solicitada.

Por los fundamentos expuestos, la Sala Constitucional, al denegar la tutela impetrada, actuó de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 3/2023 de 5 de enero, cursante de fs. 50 a 52, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del departamento de Pando; y, en consecuencia: DENEGAR la tutela solicitada, de conformidad a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. Se hace constar que la Magistrada MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo es de Voto Aclaratorio MSc. Georgina Amusquivar Moller MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo MAGISTRADA MAGISTRADA

Notas al pie

3 La SC 0969/2003-R de 15 de julio, en su F.J. III.2 refiere que. El art. 73 CPC dispone que: “Los Fiscales formularán sus requerimientos y resoluciones de manera fundamentada y específica. Procederán oralmente en las audiencias y en el juicio y, por escrito, en los demás casos”. La disposición legal transcrita concuerda con el art. 61 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP), resultando de vital importancia conocer las razones y motivos por los que el Fiscal asume una determinación, sin que sea suficiente un enunciado general al efecto, dado que la función de dirigir la investigación es uno de los aspectos novedosos del nuevo modelo procesal penal y constituye una función clave en el nuevo sistema para asegurar la imparcialidad judicial y para permitir que la investigación se realice con parámetros de mayor eficiencia. De tal modo, al Fiscal le corresponde asumir diversas decisiones acerca del inicio, desarrollo y futuro de la investigación y, entre otros aspectos, resolver su continuación, decidir su suspensión u otras medidas que deben ser adoptadas en resoluciones que justifiquen y expliquen su razón de ser”.

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0699_2024-S1.pdf · páginas 1 a 26.

Huella digital del PDF (SHA-256): a65aec7f75e2015a2e9bee86cf5497a5fb0607c5b7725e6a0dc61b8ca1e0071d

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

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