B.IA.LEGAL

SCP 0699/2023-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 28 de junio de 2023

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
28 de junio de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
MSc. Georgina Amusquivar Moller
Expediente
46461-2022-93-AL
Departamento
Cochabamba
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denunció la vulneración de sus derechos al debido proceso, a la doble instancia, a la publicidad del cuaderno de investigación y al principio de celeridad; toda vez, que dentro del proceso penal seguido en su contra por la supuesta comisión del delito de lesiones graves y leves: 1) El Fiscal de Materia ocultó el cuaderno de investigaciones; es decir, que no tuvo acceso al mismo lo cual vulneró su derecho a la publicidad; además tampoco otorgó oportunamente copias simples de antecedentes y finalmente antes de informar la jueza de la causa ya había emitido la orden de aprehensión, aspecto irregular a lo previsto en el art. 279 del CPP; y, 2) La jueza de la causa, luego de haberse denunciado todos los aspectos contra el Fiscal de Materia negó la misma señalando que se tramitará conforme a procedimiento con el traslado al Fiscal de Materia y su respuesta; asimismo, en la audiencia de 4 de marzo de 2021, luego de haberse planteado recurso de apelación contra el rechazo de su incidente de aprehensión ilegal ordenó la remisión del mismo al superior en grado en el plazo de veinticuatro horas, el cual, a la fecha no se cumplió; lo propio sucedió con su recurso de apelación presentado contra el Auto Interlocutorio que dispuso su detención preventiva, el cual tampoco fue remitido en el plazo previsto por ley. […]

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 002/2022 de 10 de marzo, cursante de fs. 100 a 105, pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, respecto al debido proceso relacionado al principio de celeridad y doble instancia, disponiendo que se remitan antecedentes de los recursos de apelación contra el Auto Interlocutorio que rechazó el incidente de aprehensión ilegal, así como contra el Auto Interlocutorio que dispuso las medidas cautelares, si es que aún no se habrían remitido. 2° Exhortar y llamar la atención a la Jueza demandada a objeto de que en futuros casos remita antecedentes del recurso de apelación en el plazo de veinticuatro horas previsto por la Norma Adjetiva Penal. 3° DENEGAR la tutela impetrada, respecto al Fiscal de Materia, así como sobre el reclamo de que no se ejerció o se negó el control jurisdiccional, conforme a los fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. El estandar jurisprudencial más alto en el derecho al debido proceso y su protección vía acción de libertad
  2. III.2. Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho
  3. III.3. Respecto a la diferencia entre la apelación contenida en el art. 251 del CPP y la prevista en el art. 403 y ss. del mismo Código
  4. III.4. El principio de celeridad en la justicia pronta y oportuna y su aplicación a partir de la supremacía de la Constitución
  5. III.5. La Subsidiariedad excepcional en la acción de libertad
  6. III.6. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0699/2023-S1 Sucre, 28 de junio de 2023 SALA PRIMERA Magistrado Relator: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de libertad Expediente: 46461-2022-93-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 002/2022 de 10 de marzo, cursante de fs. 100 a 105 pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Gladys Terán Rodríguez en representación sin mandato de José Tito Terán Rodríguez contra Carla Azucena Antequera Rocha, Jueza Pública Mixta Civil y Comercial de Familia e Instrucción Penal Primera de Sipe Sipe del departamento de Cochabamba y Edwin Waldo Iriarte Terrazas, Fiscal de Materia.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 9 de marzo de 2022, cursante de fs. 3 a 5 vta., la parte accionante expresó los siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de lesiones graves y leves; siendo que, nunca le alzó la mano ni le dio un puñete a la supuesta víctima Walter Mesa Rivera, quien planificó el hecho y lo cierto es que se botó al suelo y se desmayó; empero, se procedió a su detención ilegal sin control jurisdiccional. El Fiscal de Materia ocultó el cuaderno de investigaciones; es decir, que no tuvo acceso al mismo, lo cual, vulneró su derecho a la publicidad, tampoco otorgó oportunamente copias simples de antecedentes y finalmente antes de informar a la Jueza Pública Mixta, Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primera de Sipe Sipe del departamento de Cochabamba ya había emitido la orden de aprehensión, aspecto irregular a lo previsto en el art. 279 del Código de Procedimiento Penal (CPP).

Todos estos aspectos fueron denunciados a la Jueza de control jurisdiccional; empero, la misma fue negada señalando que se tramitará conforme a procedimiento con el traslado al Fiscal de Materia y su respuesta. Una vez instalada la audiencia de consideración de medidas cautelares el 4 de marzo de 2021, dicha autoridad judicial, rechazó su incidente de detención o aprehensión ilegal; por lo que, al haberse formulado recurso de apelación incidental de forma oral, se ordenó la remisión del mismo al superior en grado en el plazo de veinticuatro horas, el cual, a la fecha -se entiende hasta la presentación de esta acción tutelar-, no se cumplió. Asimismo, en dicho actuado procesal, la autoridad judicial determinó su detención preventiva en el Centro Penitenciario Quillacollo por el lapso de cinco meses señalando la existencia de un solo riesgo procesal de fuga en este caso el art. 234.4 y 7 del CPP; por lo que, una vez impugnada dicho auto Interlocutorio en audiencia, se ordenó remitir antecedentes al Tribunal de alzada en el plazo de veinticuatro horas, el cual a la fecha -se entiende hasta la presentación de esta acción tutelar-, tampoco se cumplió a pesar de haber trascurrido más de cinco días, aspecto que le causó la lesión de sus derechos al debido proceso, al principio de celeridad y doble instancia y el art. 251 del CPP, por una dilación y retención indebida del expediente.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

La parte impetrante de tutela denunció como lesionados sus derechos al debido proceso, a la doble instancia, a la publicidad del cuaderno de investigación y al principio de celeridad, citando al efecto los arts. 115, 117 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó que se conceda la tutela impetrada y se: a) Ordene a la Jueza demandada corregir su actuar; es decir, que efectué el debido control jurisdiccional y se pronuncie de inmediato; asimismo se disponga que remita en el momento el recurso de apelación interpuesto y no cause más dilación; finalmente, solicitó que se disponga la remisión de antecedentes al tribunal disciplinario y al Ministerio Público a efectos de que no vuelva a ocurrir este situación de retardación de justicia innecesaria; y, b) De igual forma se disponga que el Fiscal de Materia debe enmarcarse en las disposiciones de la Norma Procesal Penal, que no cause lesión al derecho de publicidad del cuaderno de investigaciones y de forma oportuna subir los actos y “cuadernillo” al sistema.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

La audiencia (virtual), se realizó el 10 de marzo de 2022, según acta cursante de fs. 98 a 99 vta., produciéndose los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

La parte peticionante de tutela a través de su abogado, ratificó inextenso los términos de su demanda de acción de libertad.

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

Carla Azuzena Antequera Rocha, Jueza Pública Mixta Civil y Comercial de Familia e Instrucción Penal Primero de Sipe Sipe del departamento de Cochabamba mediante informe presentado en audiencia manifestó: 1) Es evidente que el 4 de marzo de 2023 se llevó una audiencia con aprehendido, a horas 11:30, que la misma es notificada personalmente con el señalamiento de audiencia al ahora solicitante de tutela, con todos los actuados y de antecedentes, asimismo cursa un memorial, presentado minutos antes de la audiencia solicitando control jurisdiccional, quejándose que el Fiscal de Materia no les habría facilitado el cuadernillo de investigación tampoco lo habrían ingresado al sistema, lo cual, mereció el proveído de la misma fecha ordenándose se pronuncie la autoridad fiscal y que el mismo fue notificado al representante del Ministerio Público y al imputado; 2) Con referencia de la remisión del cuadernillo de apelación, se tiene que la audiencia de medidas cautelares duro más o menos entre tres a cuatro horas y se tiene la apelación que se ordenó en audiencia para la remisión de antecedentes que fue efectuada el “día de hoy” aclarando que la parte no ha provisto las copias pertinentes, pero ante estos hechos de todas manera fue remitido la apelación y de acuerdo a la línea jurisprudencial como es la SCP “0107/2018”, en la que establece un plazo prudencial para la remisión de apelaciones; 3) Vale decir que, de acuerdo a la carga procesal y el juzgado es mixto y atiende cuatro materias y acciones tutelares; por lo cual, lleva hasta seis audiencias por día, sumado a ello la localidad de Sipe Sipe se encuentra entre 23 a 24 km de la ciudad de Cochabamba, estos elementos son constituidos como carga procesal y no se está vulnerando ningún derecho, además se tiene que el día de “hoy” se encuentra bloqueado los puentes y caminos; sin embargo, a ello haciendo esfuerzo se realizó la remisión del cuadernillo; y, 4) Con referencia a la facilitación de la fotocopias se efectivizó la misma a “Nora Terán”, por tanto ese tribunal cumplió con las obligaciones; por lo que, solicitó se deniegue la tutela en su contra. Edwin Waldo Iriarte Terrazas, Fiscal de Materia, mediante informe escrito cursante de fs. 70 y vta. manifestó: i) En relación a las fotocopias que solicitó el denunciado, señalar que el abogado patrocinante asistió a la declaración informativa de 3 de marzo de 2022, a horas 18:00, al día siguiente se apersonó el mismo abogado solicitando fotocopias, a lo cual le indicó que espere un momento que se estaba llevando la imputación formal a la Jueza de la causa y en eso señaló que iba presentar un memorial quejándose y se fue; ii) Minutos antes de la audiencia cautelar se apersonó nuevamente a la Fiscalía de Sipe Sipe y se le facilitó el cuadernillo de investigaciones, según la nota de recepción de copias, sello y firma del abogado patrocinante el 4 de marzo a horas 11:13, que en la fotocopiadora antes de esa hora también tuvo su tiempo para fotocopiar; por lo que, no existe perjuicio o situación irregular en ese sentido (los antecedentes se le facilitó al abogado en menos de veinticuatro horas desde que su cliente fue aprehendido); iii) Finalmente señalar que antes de la intervención del abogado en audiencia cautelar la juez le otorgó quince minutos para que revise los antecedentes y no se alegue indefensión; iv) Respecto al primer petitorio, conforme las fotocopias del cuadernillo de investigaciones y lo manifestado anteriormente, se evidenció que el abogado contó con las fotocopias el 4 de marzo a horas 11:13, antes de que se instale la audiencia cautelar, si bien la audiencia se fijó para las 11:00 el retraso que hubo en la instalación de la misma fue de casi veinte minutos, no existiendo lesión a derecho alguno del imputado José Tito Terán Rodríguez; y, v) En relación al reclamo de que la autoridad fiscal hubiera vulnerado el derecho a la publicidad del cuadernillo de investigaciones y que se debe subir el cuadernillo al sistema; al respecto se otorgó fotocopias al abogado el 4 de marzo de 2022 a horas 11:13 antes de la audiencia cautelar, en relación al sistema se adjunta la impresión del sistema “JL1”, Justicia Libre que evidencia que el caso hasta la imputación formal fue subido al sistema siendo la hora de cargado al sistema el día 3 de abril del citado año a horas 10:58:40; por lo que, solicitó se declare improcedente la acción de libertad.

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Tercera del departamento de Cochabamba, mediante Resolución 002/2022 de 10 de marzo, cursante de fs. 100 a 105 concedió parcialmente la tutela solicitada, bajo la modalidad innovativa, contra Carla Azucena Antequera Rocha, Jueza Pública Mixta, Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primera de Sipe Sipe del departamento de Cochabamba; y, consecuentemente, exhortó a que en ulteriores casos, observe el principio de celeridad y el valor libertad, en cuanto se refiere la remisión de cuadernillo de medidas cautelares en los plazos establecidos por ley; por otra parte, denegó la tutela impetrada, contra Edwin Waldo Iriarte Terrazas, Fiscal de Materia; sin costas por ser excusable, sea bajo los siguientes fundamentos: a) Antes de ingresar al análisis de la problemática planteada, corresponde referirse a lo indicado por la citada Jueza en su informe, en sentido de que la parte apelante -hasta la presentación de esta acción tutelar- no había provisto las copias necesarias para la remisión de la apelación; a ese respecto, la SCP 0451/2018-S3 de 26 de septiembre ha dejado claramente establecido que: "(...) no constituye causal que exima de responsabilidad a la Jueza demandada, el hecho que el abogado del representado del accionante no hubiere realizado la provisión de recaudos para las fotocopias de los actuados y consiguiente remisión ante el Tribunal de alzada…” (sic); b) Es decir, la remisión de las actuaciones pertinentes a efectos que se resuelva el recurso de apelación incidental, debe cumplirse dentro del término de veinticuatro horas de concedido el recurso, conforme previene el art. 251 del CPP, en caso de no haberse proporcionado los recaudos necesarios, corresponde a la autoridad demandada en atención al principio de celeridad procesal y en resguardo del derecho a la libertad, adoptar las medidas conducentes para que se efectivice el envío de actuados y de manera inmediata se tramite el recurso de apelación; c) Respecto de la carga procesal y de que estaría a cargo de cuatro materias diferentes, razones por las que -dice- debería flexibilizarse los plazos procesales para la remisión, la SCP 1053/2016-S1 de 26 de octubre ha establecido que "...si el cuaderno de apelación no es remitido en el plazo fijado por ley, dándoles una espera prudencial, para los casos de recargadas labores o suplencias etc., debidamente justificadas; sin embargo, este plazo no puede exceder de tres días..."; d) Es decir, que si bien la jurisprudencia constitucional establece la flexibilización de plazos en la remisión a un máximo de tres días; sin embargo, -señala- que esa situación debe ser debidamente justificada; en el sub lite, si bien la autoridad señaló carga procesal eventualmente excesiva y que estaría a cargo de juzgado mixto donde atendería cuatro materias, incluido, acciones tutelares; empero, no justificó materialmente esa situación, no bastando solo afirmar, además el hecho de estar ubicado a 24 o 25 km tampoco es justificativo, habida cuenta de que el transporte es fluido a cualquier hora desde y hasta esa población; e) Ahora bien, desvirtuada la posibilidad de flexibilización en el cómputo del plazo para remitir el recurso de apelación; en el caso en análisis, por un lado, de lo manifestado por el accionante y del Acta de Audiencia (no se remitió cuadernillo procesal sino únicamente copias por medio telemático), se tiene que el 4 de marzo del 2022, se desarrolló la audiencia de aplicación de medidas cautelares, en la cual se dispuso la detención preventiva del nombrado en el Centro Penitenciario Quillacollo por cinco meses; por lo que el ahora impetrante de tutela, interpuso recurso de apelación, habiendo -la autoridad jurisdiccional- dispuesto la remisión de antecedentes en el plazo de veinticuatro horas; f) No obstante de esa determinación, los actuados procesales no fueron remitidos dentro del plazo previsto en el art. 251 del CPP; por otra parte, si bien es cierto que la autoridad jurisdiccional señaló que el día de “hoy” fue realizado la remisión del legajo de apelación ante la Sala de turno; empero, esa remisión fue materializado a los cuatros días hábiles de la realización de la audiencia de medidas cautelares; es decir, recién “hoy” 10 de marzo de 2022, a horas 15:16; por lo que, igualmente existe vulneración al principio de celeridad vinculado al derecho a la libertad, debido, reiteramos, a que dicha apelación no se ha tramitado dentro los plazos establecidos por Ley, incluso está fuera del plazo prudencial flexible de tres días; g) Resulta evidente la demora injustificada en la remisión de los antecedentes del recurso de apelación ante el Tribunal de alzada, incumpliéndose los plazos procesales señalados por ley, habiéndose, de esa manera, ocasionado retardación en la definición de la situación jurídica del peticionante de tutela, con la consecuente vulneración del principio de celeridad como elemento del derecho al debido proceso con incidencia en el derecho a la libertad; y, sobre la tramitación prevista por el art. 251 del CPP, corresponde conceder la tutela; empero, bajo la modalidad innovativa, por cuanto materialmente sí el cuadernillo, aunque en forma tardía, fue remitido a una de las Salas Penales; puesto que, resultaría insulso disponer su remisión inmediata cuando en realidad ya se materializó esa remisión; h) Con relación al control jurisdiccional y en cuanto se refiere al Fiscal de Materia, se debe tener presente lo establecido por la SC 0080/2010-R de 3 de mayo, que sistematizó los casos de subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, siendo el primer supuesto cuando la Policía Nacional o el Ministerio Público, antes de existir imputación formal, cometen arbitrariedades relacionadas al derecho a la libertad física o de locomoción, las cuales deben ser denunciadas ante el juez cautelar de turno, si aún no existe aviso del inicio de la investigación, o ante el juez cautelar a cargo de la investigación cuando ya se dio cumplimiento a dicha formalidad; i) En el presente caso, de lo relatado por las partes, ya existía un aviso de del inicio de investigaciones e incluso imputación formal; por lo que, las eventuales irregularidades cometidas por el Fiscal de Materia, deben y debieron ser denunciadas ante la Jueza de la causa, quien ejerce el control de la investigaciones y es contralora también de derechos y garantías; puesto que, el reclamo sobre esas irregularidades denunciadas contra el Ministerio Público, previamente debe ser de conocimiento de la autoridad jurisdiccional, no pudiendo atenderse directamente en esta acción tutelar; j) Si bien es cierto que en el caso presente, existe una queja y solicitud de control jurisdiccional de 4 de marzo de 2022, la que había merecido decreto de 4 del mismo mes y año por el que la Jueza ahora demandada, dispone que el Fiscal de Materia informe a la brevedad posible con relación a esa queja y solicitud de control jurisdiccional, situación irregular, por cuanto la variada jurisprudencia ha señalado que en casos en que esté de por medio la libertad personal, esa queja y control jurisdiccional debe ser resuelto de manera inmediata, sin que sea necesario correr en traslado a la otra parte, debiendo al efecto señalar audiencia; empero, la parte ahora peticionante de tutela, respecto de ese decreto, no planteó el recurso de reposición conforme establece el art. 401 del CPP, que hubiera podido modificar o revocar dicha decisión, consecuentemente respecto de este tema, existió negligencia en el no planteamiento de ese recurso expedido, situación que se interpreta como una indefensión provocada; y, k) En consecuencia, corresponde -a esta Sala Constitucional- conceder la acción de libertad bajo la modalidad de innovativa en cuanto se refiere a la tardía remisión del cuadernillo incidental de medidas cautelares por parte de la autoridad jurisdiccional y denegarse en cuanto se refiere al Fiscal de Materia. La parte accionante solicitó enmienda y complementación, porque no se revisó y valorado de manera objetiva el documento que la jueza ahora demandada presentó, tratando de acreditar que estaría remitido el expediente, se advierte de la lectura de la nota e impresión de recepción indicó que solo había remitido la apelación cautelar y no así la apelación incidental; es decir. Por otra parte, el Fiscal de Materia teniéndolo aprehendido no otorgó acceso al cuadernillo no subió al sistema ni mucho menos copias simples sino espero que se presente denuncia para obligarlo; por otra parte, su autoridad determinó en sentencia sin costas, y esto vulneró los arts. 39 y 50 del Código Procesal Constitucional (CPCo) y respecto a la referida jueza fue declarada procedente y al advertirse que no remitió la apelación incidental y solo la apelación cautelar, debiera también dictaminarse con costas. Al respecto la Sala Constitucional, señaló que los Institutos de aclaración, enmienda y complementación están previstas para precisar conceptos obscuros, corregir errores materiales o subsanar omisiones de forma, más de ninguna manera para efectuar un nuevo análisis; en el caso presente, la parte solicitante indistintamente hace alusión a los Institutos de enmienda y complementación sin tener en cuenta que los mismos tienen naturaleza distinta, además no discrimina -concretamente- cada uno de esos institutos; por otra parte, de los fundamentos expuestos en el memorial que antecede, se tiene que el solicitante de tutela pretende que esta Sala Constitucional realice una nueva valoración de la prueba, además de realizar un nuevo análisis de los fundamentos, situación que no es posible; por lo que, se rechaza la solicitud de aclaración y complementación presentada.

II. CONCLUSIONES

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Consta copia de Certificado Médico Forense de 26 de febrero de 2022 que concluyó que Walter Meza Rivera tiene hematoma sub dural y policontusión, al afecto le otorgó sesenta días de incapacidad médico legal (fs. 48 a 49); al efecto consta denuncia de la misma fecha ante la policía por parte del nombrado contra José Tito Terán Rodríguez -ahora accionante- por la supuesta comisión del delito de lesiones graves y leves (fs. 31). II.2. Se tiene copia de Orden de aprehensión de 26 de febrero de 2022 emitido por el Fiscal de Materia, dentro del proceso penal seguido contra el ahora impetrante de tutela por la presunta comisión del delito de lesiones graves y leves (fs. 53). II.3. A través de Memorial presentado el 2 de marzo de 2022, el Fiscal de Materia dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el ahora peticionante de tutela por la presunta comisión del delito de lesiones graves y leves informó a la Jueza Pública Mixta, Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primera de Sipe Sipe del departamento de Cochabamba, inicio de investigaciones (fs. 46). II.4. Mediante Acta de Representación de 3 de marzo de 2022, el investigador asignado al caso, informó que a horas 16:09 procedió a la aprehensión del ahora solicitante de tutela (fs. 54). II.5. Se tiene copia de Decreto de 3 de marzo de 2022; por el cual, la Jueza Pública Mixta, Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primera de Sipe Sipe del departamento de Cochabamba tomó conocimiento del informe de inicio de investigaciones del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el ahora accionante por la supuesta comisión del delito de lesiones graves y leves (fs. 47). II.6. Por Escrito presentado el 4 de marzo de 2022, el Fiscal de Materia asignado al caso formuló imputación formal contra el ahora impetrante de tutela por la presunta comisión del delito de lesiones graves y leves, al efecto pidió su detención preventiva por el lapso de cinco meses (fs. 23 a 27). II.7. Mediante Memorial presentado a horas 11:13 del 4 de marzo de 2022, el ahora peticionante de tutela presentó queja ante el Fiscal de Materia indicando que no se subió al sistema ningún antecedente, además de pedir copias del cuaderno de investigaciones, solicitó que le preste el cuaderno de investigaciones y dar publicidad (fs. 17). II.8. Mediante memorial presentado a horas 11:15 del 4 de marzo de 2022, el ahora solicitante de tutela presentó queja ante la Jueza Pública Mixta, Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primera de Sipe Sipe del departamento de Cochabamba, indicando que no se subió al sistema ningún antecedente, además que no atendió su pedido de copias del cuaderno de investigaciones, solicitó que le preste el cuaderno de investigaciones y dar publicidad (fs. 71). II.9 La Jueza Pública Mixta, Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primera de Sipe Sipe del departamento de Cochabamba por providencia de 4 de marzo de 2022, en respuesta al precitado memorial, dispuso que el representante del Ministerio Público informe en la brevedad posible con relación a los extremos vertidos en el memorial, sea bajo responsabilidad (fs. 73). II.10. A través de Decreto de 4 de marzo de 2022, la Jueza Pública Mixta, Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primera de Sipe Sipe del departamento de Cochabamba señaló audiencia de consideración de medidas cautelares para el 4 de marzo de 2022 a horas 11:30, mediante el sistema webex (fs. 68). II.11. Por Auto Interlocutorio de 4 de marzo de 2022, la Jueza Pública Mixta, Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primera de Sipe Sipe del departamento de Cochabamba, rechazó el incidente de nulidad de aprehensión planteado por la parte imputada -ahora parte accionante-(fs. 80 a 81 vta.); al efecto la parte imputada interpuso recurso de apelación, que fue dado curso en la misma fecha disponiendo que una vez labrada el acta y provista los recaudos de ley se remita las piezas pertinentes ante el Tribunal de alzada (fs. 81 vta.). II.12. Consta copia de Auto interlocutorio de 4 de marzo de 2022, por el cual la Jueza Pública Mixta, Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primera de Sipe Sipe del departamento de Cochabamba, en audiencia de consideración de medidas cautelares dispuso la detención preventiva del ahora impetrante de tutela en el Centro Penitenciario Quillacollo por el periodo de cinco meses (fs. 82 vta. a 84 vta.). Al efecto la parte imputada interpuso recurso de apelación, que fue dado curso en la misma fecha disponiendo que una vez labrada el acta y provista los recaudos de ley se remita las piezas pertinentes ante el Tribunal de alzada (fs. 84 vta.).

II.13. Se tiene copia de Informe de 10 de marzo de 2022 presentado por la Secretaria del Juzgado Mixto, Civil y Comercial, Familia e Instrucción Penal Primero de Sipe-Sipe del departamento de Cochabamba, donde refiere que habiéndose dispuesto que la parte apelante provea los recaudos de ley, hasta el “día de hoy” la parte apelante no ha previsto la misma; por lo que, tuvo que sacar las copias con sus recursos propios la prueba presentada en digital (fs. 29). II.14. Cursa copia de impresión del sistema NUREJ 30316424; por el cual, se advierte que el recurso de apelación de medidas cautelares fue remitido a horas 15:16 del 10 de marzo de 2022 (fs. 69).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denunció la vulneración de sus derechos al debido proceso, a la doble instancia, a la publicidad del cuaderno de investigación y al principio de celeridad; toda vez, que dentro del proceso penal seguido en su contra por la supuesta comisión del delito de lesiones graves y leves: 1) El Fiscal de Materia ocultó el cuaderno de investigaciones; es decir, que no tuvo acceso al mismo lo cual vulneró su derecho a la publicidad; además tampoco otorgó oportunamente copias simples de antecedentes y finalmente antes de informar la jueza de la causa ya había emitido la orden de aprehensión, aspecto irregular a lo previsto en el art. 279 del CPP; y, 2) La jueza de la causa, luego de haberse denunciado todos los aspectos contra el Fiscal de Materia negó la misma señalando que se tramitará conforme a procedimiento con el traslado al Fiscal de Materia y su respuesta; asimismo, en la audiencia de 4 de marzo de 2021, luego de haberse planteado recurso de apelación contra el rechazo de su incidente de aprehensión ilegal ordenó la remisión del mismo al superior en grado en el plazo de veinticuatro horas, el cual, a la fecha no se cumplió; lo propio sucedió con su recurso de apelación presentado contra el Auto Interlocutorio que dispuso su detención preventiva, el cual tampoco fue remitido en el plazo previsto por ley. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los extremos denunciados son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para tal efecto, se analizarán los siguientes temas: i) El estándar jurisprudencial más alto en el derecho al debido proceso y su protección vía acción de libertad; ii) Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; iii) Respecto a la diferencia entre la apelación contenida en el art. 251 del CPP y la prevista en el art. 403 y ss., del mismo Código; iv) El principio de celeridad en la justicia pronta y oportuna y su aplicación a partir de la supremacía de la Constitución; v) La subsidiariedad excepcional en la acción de libertad; y, vi) Análisis del caso concreto.

III.1. El estandar jurisprudencial más alto en el derecho al debido proceso y su protección vía acción de libertad

Con relación a la aplicación del debido proceso como expresión del estandar jurisprudencial más alto en las acciones de libertad, incumbe remitirnos a lo desarrollado en la SCP 0153/2020-S1 de 24 de julio; toda vez que, esta Magistratura en dicha Sentencia Constitucional Plurinacional efectuó un cambio de razonamiento, ante la existencia de dos líneas contradictorias entre sí, mismas que expresaban entendimientos distintos en cuanto a la procedencia de la acción de libertad cuando se denunciaba vulneración al debido proceso; a tal fin, y cumpliendo la obligación que tiene este Tribunal Constitucional Plurinacional, como máximo guardián de la Constitución Política del Estado, de velar por la supremacía de la Norma Suprema, ejercer el control de constitucionalidad, y precautelar el respeto y la vigencia de los derechos y las garantías constitucionales, mandato conferido en el art. 196 de la CPE, determinó aplicar los entendimientos contenidos en las SCP 2233/2013 de 16 de diciembre y 0087/2014-S3 de 27 de octubre, glosados en su F.J. III.1, que establecieron que el juzgador tiene la obligación de vincularse al precedente jurisprudencial que contenga el estándar jurisprudencial más alto; es decir, aquel fallo que ha desarrollado una interpretación más favorable y progresiva del derecho, entendiendo que:

“…el precedente constitucional en vigor o vigente, resulta aquél que acoja el estándar más alto de protección del derecho fundamental o garantía constitucional invocada, esto es, aquella decisión que hubiera resuelto un problema jurídico de manera más progresiva, a través de una interpretación que tienda a efectivizar y materializar de mejor manera los derechos fundamentales y garantías constitucionales previstas en la Constitución Política del Estado y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos que forman parte del bloque de constitucionalidad”. En esa misma línea y siguiendo dichos entendimientos, la indicada

SCP 0153/2020-S1 de 24 de julio en su F.J. III.2 desarrolló más ampliamente los razonamientos expresados en la SCP 2233/2013 sobre la aplicación del estándar más alto, misma que advirtió dos aspectos importantes para aplicar el referido estándar más alto de la jurisprudencia constitucional, uno de ellos cuando se advierta la existencia de dos líneas contradictorias, señalando que el juzgador está obligado a vincularse al entendimiento que tutele de manera más adecuada los derechos fundamentales, cuya identificación se la realiza a través de un examen o análisis integral de la línea jurisprudencial y no solamente a partir de un criterio temporal; para lo cual describiendo el contenido de la SCP 2233/2013, la precitada SCP 0153/2020-S1 señalo que:

”Nos referimos, con la expresión estándar más alto de la jurisprudencia constitucional, para resaltar aquélla o aquéllas decisiones del Tribunal Constitucional que hubieran resuelto un problema jurídico recurrente y uniforme, pero de manera progresiva a través de una interpretación que tiende a efectivizar y materializar de mejor manera los derechos fundamentales y garantías constitucionales previstas en la Constitución y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos que forman parte del bloque de constitucionalidad. El método de identificación del estándar más alto en la jurisprudencia constitucional, es a través de un examen o análisis integral de la línea jurisprudencial, de tal forma que el precedente constitucional en vigor se constituirá en aquél que resulte de dicha comparación”. Bajo esa comprensión y los razonamientos contenidos en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2233/2013 de 16 de diciembre y 0087/2014-S3 de 27 de octubre, la mencionada SCP 0153/2020-S1, inicio en su Fundamento Jurídico III.3 el análisis integral y dinámico de la línea jurisprudencial respecto a la protección del derecho al debido proceso a través de la acción de libertad, a efectos de identificar el precedente en vigor; así, señaló que entre los primeros razonamientos emitidos por el Tribunal Constitucional se tiene a la SC 0024/2001-R de 16 de enero, que establece que la activación de la vía constitucional a través de la acción de libertad, cuando se denuncia vulneraciones al debido proceso no alcanza a todas las formas en que el mismo puede ser infringido, sino sólo a aquellos supuestos en los que está directamente vinculado al derecho a la libertad personal o de locomoción, por operar como causa para su restricción o supresión; en ese mismo sentido la SC 1865/2004-R de 1 de diciembre, estableció el agotamiento previo de todos los medios ordinarios antes de acudir a esta jurisdicción, puesto que las lesiones al debido proceso debían ser reparadas por los mismos órganos jurisdiccionales que conocen la causa, exceptuando los casos en que por dichas vulneraciones del debido proceso se colocó al recurrente en absoluto estado de indefensión, que no le permitió impugnar los supuestos actos ilegales y que recién tuvo conocimiento del proceso al momento de la persecución o la privación de la libertad. Siguiendo, esos entendimientos la SC 1865/2004-R, de 1 de diciembre, incluyó ambos condicionamientos como presupuestos que se deben concurrir a efectos de activar la acción de libertad en busca de protección de lesiones al derecho al debido proceso; es decir: a) el acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión; y, b) debe existir absoluto estado de indefensión, es decir, que el recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién tuvo conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de la libertad; presupuestos, que fueron exigiéndose de manera uniforme por esta instancia constitucional, y denegándose la tutela ante la inconcurrencia de los mismos en reiterados fallos. Luego de ese desarrollo, la SCP 0153/2020-S1 señaló que dicho razonamiento jurisprudencial, fue seguida en diferentes fallos emitidos por este Tribunal Constitucional de manera uniforme y reiterada, incluida esta Magistratura, citando a las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0151/2015-S1 de 26 de febrero; 1133/2016-S2 de 7 de noviembre; 0859/2017-S3 de 1 de septiembre; 0495/2018-S3 de 13 de septiembre; 0768/2019-S3 de 17 de octubre; 1094/2019-S1 de 26 de noviembre, entre otras; agregando que la misma reflexión; es decir, la exigencia de la vinculación directa del acto ilegal con el derecho a la libertad, también se fue aplicando en los casos en los que se invocaba tutela vía acción de libertad en los procedimientos para otorgar el beneficio de indulto y/o amnistía, denegándose las mismas por tal razón -cita las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1043/2019-S1 de 21 de octubre; 0661/2017-S3 de 30 de junio-.

En tal sentido y continuando con ese análisis dinámico, la tantas veces señalada SCP 0153/2020-S1, citó a la SCP 0217/2014 de 5 de febrero, la cual a partir de una interpretación sistemática y teleológica de los arts. 115.II, 125, 178.I y 180.I de la CPE, con relación al art. 46 del CPCo, a la luz del principio de favorabilidad y la fuerza expansiva de los derechos fundamentales, moduló la línea jurisprudencial respecto a la tutela del debido proceso mediante la acción de libertad, que exige que la causalidad de los actos u omisiones denunciados deben tener directa vinculación con la supresión o limitación del derecho a la libertad, estableciendo que:

“En ese entendido, bajo una interpretación literal de dichas normas, pero también atendiendo a una interpretación teleológica de las mismas, debe señalarse que la garantía del debido proceso en materia penal es tutelable por la acción de libertad, aún no exista una vinculación directa con el derecho a la libertad física o personal, siendo suficiente la existencia de una relación indirecta con dicho derecho ante la amenaza de privación de libertad que el proceso penal supone.

(…) en resumen del derecho a un debido proceso, se determina que, únicamente cuando se trata de materia penal, la acción de libertad es el medio idóneo, eficaz y eficiente para restablecer el debido proceso, en todos sus elementos.

En consecuencia, se hace necesario establecer a partir de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional que las lesiones al debido proceso en materia penal en aquellos casos en los que se colocó al accionante en absoluto estado de indefensión o cuando éste agotó los medios de impugnación intra procesales, son susceptibles de la tutela constitucional que brinda la acción de libertad” (el resaltado nos pertenece). A partir de estos razonamientos en dicha SCP 0153/2020-S1, esta Magistratura concluyó en que debía ajustar sus razonamientos al carácter progresivo y al principio de favorabilidad de los derechos fundamentales, por mandato de los arts. 13.I y 256.I de la CPE, considerando que debe buscarse siempre la interpretación más amplia y progresiva de los derechos que este mismo Tribunal haya efectuado en diferentes fallos, los cuales entran en el catálogo del estándar jurisprudencial más alto, por lo que, en cuanto a la invocación de tutela vía acción de libertad por indebido procesamiento, determinó acoger los criterios de la SCP 0217/2014 de 5 de febrero, al considerar que la misma se constituye en el precedente en vigor, al haber superado ampliando la exigencia de una causalidad directa de los actos u omisiones con el derecho a la libertad, siendo suficiente una vinculación indirecta que el proceso penal conlleva, posibilitando a este Tribunal Constitucional Plurinacional garantizar un efectivo acceso a la justicia constitucional en resguardo de los derechos fundamentales y garantías constitucionales.

Por lo que, en el entendido que dicho razonamiento condice con el carácter progresivo de la norma fundamental y garantiza el acceso efectivo a la justicia constitucional cuando se invoca tutela vía acción de libertad por indebido procesamiento, la ya citada SCP 0153/2020-S1, en apego al estándar más alto de protección de los derechos señaló que es atendible cuando: 1) Exista vinculación directa o indirecta con el derecho a la libertad física o personal, ante la amenaza de privación de libertad que el proceso penal supone; y, 2) Se hubieren agotado los medios de impugnación dentro del proceso penal, siempre que estos sean idóneos, específicos y aptos para restituir de forma inmediata los derechos que se encuentran en el ámbito de protección de la acción de libertad; salvo indefensión absoluta del accionante, supuesto en el cual, la acción de libertad podrá ser formulada de manera directa.

III.2. Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho

Al respecto cabe previamente señalar el art. 8.II de la Constitución Política del Estado, que se sustenta entre otros valores en la libertad, cuya concreción material trasciende en el fin máximo, el cual resulta el vivir bien; en este sentido, se ha previsto no solo los valores generales entre los cuales figura la libertad, sino también, principios procesales específicos en los cuales se funda la jurisdicción ordinaria, entre ellos el principio de celeridad -arts. 178 y 180.I de la CPE-, el cual obliga a resolver los procesos evitando dilaciones en su tratamiento y velando por el respeto a los derechos fundamentales establecidos en la Norma Suprema.

En ese sentido, la Constitución Política del Estado, anterior y actual, han previsto un medio de defensa para resguardar estos derechos, valores y principios a través de acciones, efectivas, oportunas e inmediatas, entre ellas, la acción de libertad, misma en una interpretación evolutiva del art. 125 de la CPEde parte del Tribunal Constitucional Plurinacional como máximo guardián de la Norma Suprema, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, efectuando una breve sistematización de lo que hasta ese entonces fue el habeas corpus -ahora acción de libertad-, expuso las tipologías de esta acción, como era el habeas corpus preventivo, correctivo, señalando que la jurisprudencia constitucional agregó el habeas corpus restringido; ampliando a su consideración a los tipos de habeas corpus instructivo y el traslativo o de pronto despacho, precisando que, a través de este último se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad.

4 Art. 125 de la CPE señala: “Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertada personal, podrá interponer Acción de Libertada y acudir, de manera oral o escrita, por si o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitara se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades o se restituya su derecho a la libertad.” 5 En su F.J.III.5 señala: “Dentro de la tipología desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, a la que se le ha agregado el hábeas corpus restringido, debe considerarse también al hábeas corpus instructivo y al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho…”, como se pasa a explicar:

(…)

Por último, se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad.

Este tipo de hábeas corpus, implícito en el art. 125 de la CPE, emerge directamente del art. 89 de la LTC, que establece que, también procede el hábeas corpus cuando se aleguen “…otras violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas, y los hechos fueron conexos con el acto motivante del recurso, por constituir su causa o finalidad…”, e implícitamente fue reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, cuando tuteló los supuestos de demora en la celebración de la audiencia de medidas cautelares (SSCC 1109/2004-R, 1921/2004-R),o cuando existieron notificaciones ilegales con las resoluciones de medidas cautelares que lesionan el derecho a la defensa, concretamente el derecho a recurrir, impidiendo que el tribunal superior revise la resolución del inferior (SC 826/2004-R), o en los casos en que se ha demorado la efectividad de la libertad, pese a que el imputado ha cumplido con las medidas sustitutivas impuestas (SSCC 1477/2004-R, 046/2007-R, entre otras)”.

Bajo ese contexto, en mérito a la existencia de casos relacionados con la demora y dilaciones en la tramitación de las causas penales que se fueron convirtiendo en un suplicio de los justiciables, sobre todo de aquellos privados de libertad; y, además, ante la evidencia de dichas demoras el Tribunal Constitucional Plurinacional fue concediendo la tutela en los casos en los que se evidenció la inobservancia al principio de celeridad consagrado en la Constitución Política del Estado y cuya finalidad es garantizar el acceso a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, al efecto la SCP 2149/2013 de 21 de noviembre siguiendo entre otras, la línea jurisprudencial establecida en la SCP 0112/2012 de 27 de abril, realizó una sistematización de los supuestos de dilaciones indebidas e injustificadas en los casos vinculados a la libertad.

No obstante de lo señalado, este Tribunal en mérito al análisis dinámico de la línea jurisprudencial, relacionada al ámbito de protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, en el Fundamento Jurídico III.2.1 de la SCP 0846/2020-S1 de 9 de diciembre, partiendo del precedente en vigor -SC 0044/2010-R- y citando entre otras las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2601/2012 de 21 de diciembre, 6 El FJ III. 3 señala: “Del repaso de la jurisprudencia constitucional vinculada a la tramitación del recurso de apelación previsto en el art. 251 del CPP, y con la finalidad de otorgar seguridad jurídica a los justiciables, corresponde sistematizar las subreglas que han sido delineadas por este Tribunal, conforme a lo siguiente:

i) Interpuesto el recurso de apelación contra las resoluciones que resuelven medidas cautelares, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas en el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; plazo que, por regla general, debe ser cumplido por las autoridades judiciales. ii) No obstante lo señalado precedentemente, es posible que el plazo de remisión de los antecedentes del recurso de apelación, de manera excepcional, y en situaciones en que exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad jurisdiccional, por las suplencias o la pluralidad de imputados, es posible flexibilizar dicho plazo a tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto.

iii) Cuando el recurso de apelación previsto en el art. 251 del CPP, sea formulado de manera escrita, debe ser providenciado por la autoridad judicial en el plazo máximo de veinticuatro horas, de conformidad al art. 132 del CPP; providencia a partir de la cual se computan las veinticuatro horas previstas para la remisión de las actuaciones pertinentes ante el tribunal de apelación. iv) Cuando el recurso de apelación sea formulado de manera oral, corresponde que la autoridad judicial decrete su remisión en audiencia, para que a partir de dicha providencia se compute el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; aclarándose que la fundamentación jurídica y expresión de agravios debe ser efectivizada en la audiencia de apelación.

v) No corresponde condicionar la remisión de antecedentes del recurso de apelación al tribunal superior con el cumplimiento de la provisión de recaudos de ley dispuesta por la autoridad judicial, y menos puede computarse el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP, a partir que el recurrente otorga dichos recaudos, en virtud a los principios de gratuidad, pro actione, y los derechos de impugnación y acceso a la justicia.

vi) No corresponde que el decreto de remisión de antecedentes al tribunal de apelación sea notificado personalmente y, en consecuencia, deberá notificarse en una de las formas previstas en los arts. 161 y 162 del CPP, en el plazo previsto en el art. 160 del citado Código; únicamente para efectos de conocimiento de las partes, sin que a partir de dicha notificación se compute el plazo de veinticuatro horas previsto por el art. 251 del CPP; pues, se reitera, el cómputo de ese plazo se inicia desde el decreto de remisión dictado por el juez y, en ese sentido, no se debe condicionar la remisión del recurso de apelación a una eventual contestación de la otra parte…”. 7 El FJ. III.4 sostuvo que: “…De lo expresado precedentemente, se concluye que toda vez que el derecho a la libertad tiene carácter primario al encontrarse estatuido en el art. 22 de la CPE: “La dignidad y la libertad de la persona son inviolables. Respetarlas y protegerlas es deber primordial del Estado”, concordante con los art. 115 y 178.I de la Norma Suprema, como también en los arts. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.3 inc. c) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; es deber de las autoridades judiciales, resolver con la mayor prontitud los casos sometidos a su conocimiento, más aún aquellos en los que encuentre vinculado el derecho a la libertad física y de locomoción; en el caso objeto de análisis, si bien se evidencia que el representado del accionante a tiempo de interponer la acción de libertad se encontraba cumpliendo la medida sustitutiva de detención domiciliaria, empero, no puede desconocerse que con la suspensión de audiencia de consideración de modificación de medidas sustitutivas y con el señalamiento de una nueva celebración dispuesta para un mes después, indudablemente su derecho a la libertad de locomoción fue vulnerado, en ese sentido el Juez demandado, debió imprimir a la solicitud formulada la debida celeridad, en atención a encontrarse de por medio el derecho primigenio a la libertad…” (las negrillas son agregadas).

0997/2016-S3 de 22 de septiembre y 1180/2019-S1 de 2 de diciembre, en estricta observancia de los arts. 13 y 196 de la CPE, referidos a la progresividad de los derechos y la función de interpretación del Tribunal Constitucional Plurinacional, en el subtítulo III.2.1.1 del citado fallo, vio pertinente integrar y armonizar la línea jurisprudencial relativo a la tipología de acción de libertad objeto de la presente, no solo en casos en los que se tenga una persona privada de libertad sino también de aquellas personas que tengan restricción de su derecho a la libertad de locomoción, al efecto precisó:

“…Consecuentemente, es inminente, necesario y fundamental INTEGRAR la línea jurisprudencial relativa al ámbito de protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, permitiendo armonizar los dos entendimientos jurisprudenciales, de manera que, esta modalidad traslativa sea aplicada no solo en casos en los que se tenga una persona privada de libertad sino también de aquellas personas que tengan restricción de su derecho a la libertad de locomoción; ello con el fin de buscar la eficacia plena de este derecho; así, cuando se tenga que definir la situación jurídica de una persona que tenga restringido su derecho a la libertad de locomoción su resolución debe ser pronta oportuna y sin dilaciones, es decir, en estricta observancia del principio de celeridad que procura no imponer la práctica de actos innecesarios atiborrados de formalismo que retrasa los trámites.

De lo anotado, sin pretender ser reiterativos, conforme ya se señaló, si bien la SCP 0044/2010-R determinó el ámbito de protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho a los casos en los que se denuncia lesiones al principio de celeridad vinculado a la libertad personal; bajo la integración de línea jurisprudencial efectuada, la modalidad traslativa de pronto despacho se constituye en un mecanismo procesal idóneo que busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas que eviten resolver la situación jurídica de la persona que se 8 El FJ III.3.1 sostuvo que: “Antes de ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada, corresponde en principio remitirnos a la SC 0023/2010-R de 13 de abril, la cual sostuvo que: “el derecho a la libertad de circulación es como una derivación o extensión del derecho a la libertad física, toda vez que el moverse libremente en el espacio, solo puede ser ejercido si existe el derecho a la libertad física o personal, y de ahí precisamente la conexión entre ambos derechos.

(…)

Consecuentemente, sobre la base de los principios de favorabilidad, e interpretación progresiva, el derecho a la libertad de locomoción, se encontraría bajo la tutela de la acción de libertad prevista en el art. 125 y ss., de la CPE en los supuestos anotados precedentemente; por tanto, todas aquellas restricciones a la libertad de circulación-locomoción con las puntualizaciones supra mencionadas, deben ser protegidas a través de la acción de libertad.

En ese sentido, se tiene que la presente temática –falta de resolución de solicitud de levantamiento de arraigo, pese haber transcurrido casi un mes desde su presentación hasta la interposición de la presente acción de libertad–, se encuentra directamente vinculado con el derecho a libertad de locomoción o de circulación del hoy accionante, mismo que se encuentra dentro del ámbito de protección de la acción de libertad…”. 9 El FJ III.4 manifestó que: “Identificada la problemática planteada en la presente acción tutelar, en primera instancia es necesario establecer que la limitación al derecho a la libertad de locomoción, se encuentra directamente vinculada al derecho a la libertad personal, como se tiene del Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo, manteniéndose en el caso subsistente su restricción por la vulneración del principio de celeridad procesal, puesto que el último proveído de 28 de junio de 2019, emitido por la Jueza –ahora demandada–, constituye una directa restricción al derecho a una resolución pronta y oportuna de la situación jurídica de los accionantes en torno a la vigencia de las medidas cautelares, pues difiere indebidamente su tratamiento a la eventualidad de que la Sentencia S-24/2018 adquiera la calidad de cosa juzgada vulnerando el principio de celeridad sin que la reposición sea un recurso idóneo para ello; consecuentemente, la supuesta subsidiariedad alegada tanto por la autoridad demandada como por la Jueza de garantías, carece de mérito, correspondiendo el análisis de fondo.

En este entendido es de resaltar que de acuerdo al contenido normativo del art. 364 del CPP “La sentencia absolutoria ordenará la libertad del imputado en el acto, la cesación de todas las medidas cautelares personales y fijará las costas y, en su caso, declarará la temeridad o malicia de la acusación a efectos de la responsabilidad correspondiente…” (las negrillas son nuestras), encuentra restringida de su derecho a la libertad personal y/o de locomoción” (el resaltado es nuestro). Por lo señalado en forma precedente, se llega a la conclusión de que respecto al ámbito de protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, no solo procede en casos en los que una persona esta privada de libertad, sino también de aquellas personas que no están privadas de libertad, en este caso que tengan restricción de su derecho a la libertad de locomoción.

III.3. Respecto a la diferencia entre la apelación contenida en el art. 251 del CPP y la prevista en el art. 403 y ss. del mismo Código

El Tribunal Constitucional sobre las acciones de libertad de pronto despacho con relación a las apelaciones incidentales de medidas cautelares, a través de la SC 1703/2004-R de 22 de octubre, analizó las medidas cautelares realizando la diferenciación de la apelación incidental prevista por el art. 251 del CPP, con la establecida por el art. 403 del citado Código, refiriendo que:

“…si bien estas dos últimas disposiciones legales, de modo general regulan las apelaciones incidentales, incluidas las medidas cautelares de carácter real; empero, las mismas, no son extensivas para el trámite de los recursos interpuestos respecto a las medidas cautelares de carácter personal, las que por su naturaleza están sujetas a un trámite especial, regulado por el art. 251 del CPP, modificado por el art. 15 de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (LSNSC), que está referido exclusivamente, al recurso de apelación planteado contra las resoluciones que dispongan, modifiquen o sustituyan medidas cautelares de carácter personal, precepto legal que determina que una vez interpuesto el recurso, 'las actuaciones pertinentes serán remitidas ante la Corte Superior de Justicia, en el término de veinticuatro horas'; asimismo, señala que el Tribunal de apelación resolverá sin más trámite dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones, sin recurso ulterior”

Por su parte, la SC 1279/2011-R de 26 de septiembre, señaló lo siguiente:

“Cuando el recurso de apelación incidental, hubiere sido planteado oralmente en audiencia o por escrito, con o sin contestación de las partes que intervienen en el proceso, deberá ser concedido en el acto si fuere en audiencia y remitido inexcusablemente en el plazo improrrogable de veinticuatro horas y el tribunal de apelación resolver en el término de setenta y dos horas; lo contrario significaría dilación indebida que vulnera el derecho a la libertad, en el entendido que la variación de la situación jurídica del imputado depende de la ponderación que efectué el tribunal de apelación de los fundamentos de la medida cautelar, para disponer su revocatoria o confirmación” (las negrillas nos corresponden). Al respecto, cabe precisar que el recurso de apelación incidental relacionado a las medidas cautelares está regulado por el art. 251 del CPP modificado por el art. 11 de la Ley 1173 de 3 de mayo de 2019 que señala:

Artículo 251. (APELACIÓN). La resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, será apelable, en el efecto no suspensivo, en el término de setenta y dos (72) horas.

Interpuesto el recurso, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante el Tribunal Departamental de Justicia, en el término de veinticuatro (24) horas, bajo responsabilidad. El Vocal de turno de la Sala Penal a la cual se sortee la causa, resolverá, bajo responsabilidad y sin más trámite, en audiencia, dentro de los tres (3) días siguientes de recibidas las actuaciones, sin recurso ulterior. Asimismo, la referida Norma Adjetiva Penal en los arts. 403 y sgtes. -modificado por el art. 16 de la Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-también regula el recurso de apelación incidental en los siguientes términos:

Artículo 403º.- (RESOLUCIONES APELABLES). El recurso de apelación incidental procederá contra las siguientes resoluciones:

1) La que resuelve la suspensión condicional del proceso; 2) La que resuelve una excepción o incidente; 3) La que resuelve medidas cautelares o su sustitución; 4) La que desestime la querella en delitos de acción privada; 5) La que resuelve la objeción de la querella; 6) La que declara la extinción de la acción penal; 7) La que conceda, revoque o rechace la libertad condicional; 8) La que niegue o revoque la solicitud de ampliación de la etapa preparatoria en delitos relacionados con organizaciones criminales; 9) La que admita o niegue la suspensión o extinción de la pena, 10) La que resuelva la reparación del daño; y, 11) Las demás señaladas por este Código.

Artículo 404º.- (INTERPOSICIÓN). Cuando la resolución se dicte en audiencia, el recurso se interpondrá inmediatamente de forma oral ante la jueza, el juez o tribunal que la dictó. En los demás casos, la apelación se interpondrá por escrito, debidamente fundamentada, dentro de los tres (3) días de notificada la resolución al recurrente.

Cuando el recurrente intente producir prueba en segunda instancia, la ofrecerá en audiencia de fundamentación ante el tribunal de apelación o por escrito cuando corresponda, señalando concretamente el agravio que pretende probar.

Artículo 405º.- (REMISIÓN). La jueza, el juez o tribunal remitirá las actuaciones al Tribunal Departamental de Justicia dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes para que éste resuelva.

Artículo 406º.- (TRÁMITE). Recibidas las actuaciones, la Sala Penal señalará día y hora de audiencia y notificará a las partes dentro del plazo de veinticuatro (24) horas con el señalamiento de audiencia y, cuando corresponda, el recurso presentado por escrito.

La audiencia de apelación se llevará a cabo dentro del plazo de cinco (5) días, y se desarrollará conforme a los principios y reglas previstas en el Artículo 113 del presente Código. De la jurisprudencia y normativa vigente aplicable al caso, se establece que si bien ambas impugnaciones o apelaciones son de carácter incidental; empero, conforme a la Norma Adjetiva Penal cada una de ellas están sometidos a un trámite y plazos diferentes; toda vez que, sobre el recurso de apelación planteado en audiencia contra el Auto Interlocutorio que rechaza un incidente o excepción se aplica los arts. 403.2, 404, 405 y 406 del CPP, en cambio respecto al recurso de apelación formulado contra el Auto Interlocutorio que resuelve medidas cautelares, es aplicable el art. 251 de la norma precitada.

III.4. El principio de celeridad en la justicia pronta y oportuna y su aplicación a partir de la supremacía de la Constitución

El art. 410.II de la CPE, establece que: “La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa. El bloque de constitucionalidad está integrado por los Tratados y Convenios internacionales en materia de Derechos Humanos y las normas de Derecho Comunitario, ratificados por el país. La aplicación de las normas jurídicas se regirá por la siguiente jerarquía, de acuerdo a las competencias de las entidades territoriales: 1. Constitución Política del Estado. 2. Los tratados internacionales. 3. Las leyes nacionales, los estatutos autonómicos, las cartas orgánicas y el resto de legislación departamental, municipal e indígena. 4. Los decretos, reglamentos y demás resoluciones emanadas de los órganos ejecutivos correspondientes”.

A partir de este texto constitucional se entiende que la Constitución Política del Estado tiene una jerarquía normativa y goza de aplicación preferente frente a cualquier otra disposición normativa, así fue interpretada también por la SCP 0112/2012 de 27 de abril; esta primacía hace que surja la preponderancia del órgano judicial que exige de los jueces un razonamiento que desborda la subsunción y por el contrario requiera la aplicación directa de la Constitución; primacía que no es solo un asunto meramente formal de jerarquías y competencias, sino porque está cargada de normas constitucionales-principio, que son los valores, principios, derechos y garantías plurales que coexisten, que conviven como expresión de su base material pluralista y se comunican entre sí como expresión de su base intercultural y son los que informan el orden constitucional y legal, sin renunciar a su contenido de unidad -art. 2 de la CPE-. En igual sentido, la jurisprudencia interpretó en la citada SCP 0112/2012, que la Constitución goza de primacía con relación al ordenamiento jurídico; es decir, es la ley suprema del ordenamiento jurídico nacional, en ese sentido, los tribunales, jueces y autoridades deben aplicarla con preferencia a las leyes, y éstas con preferencia a cualquier otras resoluciones; interpretación que se encuentra acorde a lo previsto en el art. 410.II de la CPE. Esta misma Sentencia citada, en un entendimiento, relevante sostuvo que:

“Entonces, con mayor razón, la primacía de las normas constitucionales principios respecto de las normas legales-reglas (contenidas en las leyes formales o materiales, códigos sustantivos o procesales, disposiciones reglamentarias en general, etc.)”, bajo dicho marco, refirió que las normas constitucionales-principio son los valores, principios, derechos fundamentales y garantías constitucionales que orientan al poder público, la convivencia social, así como las relaciones entre particulares y estos con el Estado”. Consecuentemente, de esta descripción jurisprudencial, se tiene que por mandato constitucional todos estos derechos, valores y principios obligan a todos los actores sea en el ámbito judicial, administrativo o particular a regir sus actos en observancia de los mismos, y por ello, el Tribunal Constitucional a través de su basta jurisprudencia fue ratificando dichos postulados, y dando realce a uno prevaleciente que compele a quienes administran justicia a su observancia, cuyo fin es el acceso a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones; así se tiene que, el mismo está expresamente inmerso en la norma fundamental, en los artículos: 178.I de la CPE, que dispone: “ La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos”, así también en el art. 180.I de la Norma Suprema, que prevé: “ La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez”.

Ahora bien, relacionado a estas dos normas constitucionales, se halla previsto el art. 115.II de la CPE, que expresa: “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”.

En tal entendido se tiene que, el principio de celeridad tiene como objetivo primordial garantizar que todo proceso judicial se desarrolle sin dilaciones, donde se acaten los plazos ya predispuestos en la normativa según las etapas o fases preestablecidas para su evolución, procurando no imponer la práctica de actos innecesarios de formalismos que retrasan los trámites, para así lograr obtener un procedimiento más ágil, eficaz y sencillo, en los cuales los jueces o tribunales agiliten la resolución de los litigios.

Es así que sobre este principio, la jurisprudencia constitucional ha sido uniforme en sostener que la acción de libertad puede ser activada cuando se denuncia dilaciones indebidas y se advierta una mora procesal o retardación de justicia, ostensible, con inobservancia de plazos procesales previstos por el ordenamiento jurídico en la resolución de un determinado asunto más aun tratándose de asuntos relacionados con personas privadas de libertad; esa misma línea jurisprudencial se siguió en la SC 0862/2005-R, de 27 de julio, reiterada por las SSCC 1213/2006-R de 1 de diciembre; 0900/2010 de 10 de agosto, y las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1157/2017 de 15 de noviembre; 0052/2018-S2 de 15 de marzo entre otras.

En ese entendido, la SCP 0112/2012 de 27 de abril citada anteriormente, generó una regla procesal penal que estableció que la exigencia de la observancia del principio de celeridad se hace extensible no solo a los jueces o tribunales de control jurisdiccional, sino también a todo funcionario judicial o administrativo que coadyuva o intervenga en la administración de justicia y de cuya actuación dependa la libertad del privado.

III.5. La Subsidiariedad excepcional en la acción de libertad

El principio de subsidiariedad excepcional, que exige el agotamiento de los recursos ordinarios establecidos por ley previamente antes de acudir a la vía constitucional, no forma parte de la naturaleza de la acción de libertad, pues por su ámbito de protección de los derechos a la libertad personal y de locomoción y a la vida, justamente su trámite tiene carácter sumarísimo, inmediato e informal.

En este sentido, de acuerdo al entendimiento efectuado en la SC 982/2000-R, el entonces recurso de hábeas corpus -ahora acción de libertad- no requería que la persona previamente acuda a la jurisdicción ordinaria para agotar los recursos ordinarios a fin de reparar la lesión de su derecho a la libertad, pues la vía constitucional estaba expedita para ello; sin embargo, la jurisprudencia constitucional a través de la SC 160/2005-R de 23 de febrero, moduló este entendimiento y estableció excepciones en las que era permisible declarar la improcedencia del citado recurso al existir otros medios o recursos inmediatos, expeditos e idóneos, lo cual, implica que la aplicación del principio de subsidiariedad tiene carácter excepcional; toda vez que, “si el ordenamiento jurídico no prevé un medio de defensa que tenga las características de idoneidad, especificidad e inmediatez, es posible, a través del habeas corpus, analizar las supuestas lesiones al derecho a la libertad . En este marco, la SCP 0026/2010-R de 13 de abril, respecto a la legalidad o no de las actuaciones policiales y de la aprehensión fiscal, en su ratio decidendi señaló que:

“…de conformidad a lo previsto por el art. 54 inc.1) del CPP le compete controlar la investigación; por ende, es al mencionado Juez a quién le corresponde analizar los argumentos fácticos y jurídicos, como también valorar la prueba aportada por las partes, a objeto de determinar conforme a derecho la legalidad o no de las actuaciones policiales y de la aprehensión fiscal, y precisamente dicha autoridad jurisdiccional -a momento del análisis de la acción tutelar- ya ha fijado fecha y hora para la consideración de las supuestas ilegalidades en la aprehensión del imputado hoy accionante; y toda vez que está bajo control jurisdiccional, será esa la autoridad que determine su libertad, si es que corresponde; motivo por el cual no es posible conceder la tutela solicitada, por cuanto la presente acción, no es la vía idónea para revisar y valorar las actuaciones de dichos funcionarios, mucho menos para ordenar la libertad del recurrente”. Ahora bien, con la finalidad de delimitar los casos excepcionales en los cuales no es posible ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada a través de la acción de libertad, en el marco de la aplicación de los valores de equilibrio y complementariedad de las jurisdicciones ordinaria y constitucional, es que en la SC 0080/2010-R de 3 de mayo, se estableció los siguientes supuestos de subsidiariedad:

“Primer supuesto: Si antes de existir imputación formal, tanto la Policía como la Fiscalía cometieron arbitrariedades relacionadas al derecho a la libertad física o de locomoción, y todavía no existe aviso del inicio de la investigación, corresponde ser denunciadas ante el Juez Cautelar de turno. En los casos en los que ya se cumplió con dicha formalidad procesal, es decir, con el aviso del inicio de la investigación, al estar identificada la autoridad jurisdiccional, es ante ella donde se debe acudir en procura de la reparación y/o protección a sus derechos. De no ser así, se estaría desconociendo el rol, las atribuciones y la finalidad que el soberano a través del legislador le ha dado al juez ordinario que se desempeña como juez constitucional en el control de la investigación (El resaltado y subrayado fueron añadidos). Segundo Supuesto: Cuando existe imputación y/o acusación formal, y se impugna una resolución judicial de medida cautelar que; por ende, afecta al derecho a la libertad física o de locomoción, con carácter previo a interponer la acción de libertad, se debe apelar la misma, para que el superior en grado tenga la posibilidad de corregir la arbitrariedad denunciada. Puesto que el orden legal penal ha previsto ese medio impugnativo, precisamente para que a través de un recurso rápido, idóneo, efectivo y con la mayor celeridad se repare en el mismo órgano judicial, las arbitrariedades y/o errores que se hubiesen cometido en dicha fase o etapa procesal. Lo propio si está referido a cuestiones lesivas a derechos fundamentales relacionados a actividad procesal defectuosa, o relacionado al debido proceso, casos en los cuales se debe acudir ante la autoridad judicial que conoce la causa en ese momento procesal, puesto que el debido proceso es impugnable a través de la acción de libertad, sólo en los casos de indefensión absoluta y manifiesta, o que dicho acto sea la causa directa de la privación, o restricción a la libertad física. Tercer supuesto: Si impugnada la resolución la misma es confirmada en apelación; empero, en lugar de activar inmediatamente la acción libertad, decide voluntariamente, realizar una nueva petición ante la autoridad ordinaria, tendiente a un nuevo análisis y reconsideración de su situación jurídica, sea mediante una solicitud de modificación, sustitución, cesación de detención preventiva, etc., y la misma está en trámite, en esos casos, ya no es posible acudir a la jurisdicción constitucional impugnando la primera o anterior resolución judicial, donde se emitió el auto de vista, inclusive; por cuanto las partes de un proceso están impelidas de actuar con lealtad procesal, de no ser así, se provocaría una duplicidad de resoluciones en ambas jurisdicciones, e incidiría negativamente en el proceso penal de donde emerge la acción tutelar”.

Sin embargo, la citada Sentencia Constitucional, en el caso de que se denuncie la vulneración del derecho a la vida por medio de la acción de libertad ha establecido que no opera la improcedencia por subsidiariedad. Igualmente, sobre la activación simultánea de jurisdicciones distintas en la acción de libertad, la SC 0105/2010-R de 10 de mayo, estableció que:

“…para que se abra la tutela que brinda esta acción, es preciso que previamente se determine si existen los medios de impugnación específicos e idóneos para restituir el derecho a la libertad en forma inmediata, pero además de ello, se debe considerar también que cuando quien recurre de hábeas corpus, acciona en forma paralela un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico, aún en el supuesto de que dicho medio o recurso no sea el más idóneo, eficaz o inmediato, es lógico suponer que tampoco procede esta acción tutelar en aplicación de la excepción de subsidiariedad, ello debido a que el recurrente, actual accionante, no puede activar dos jurisdicciones en forma simultánea para efectuar sus reclamos, no siendo admisible dicha situación que de ocurrir inviabiliza la acción tutelar, pues al activar en forma simultánea la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción constitucional, para que ambas conozcan y resuelvan las irregularidades denunciadas, se crearía una disfunción procesal contraria al orden jurídico”.

Por su parte, la SCP 0185/2012 de 18 de mayo, efectuó el cambio de línea jurisprudencial que fue establecida en la primera parte del primer presupuesto de la SC 0080/2010-R, en virtud al ámbito de protección de la acción de libertad; toda vez que, si el Juez cautelar no tiene conocimiento del inicio de investigación o si en un caso ajeno que no implique un delito, las personas, los servidores públicos y por ende las fuerzas del orden público como la autoridad fiscal tienen la obligación de dar cumplimiento a la Constitución Política del Estado y respetar el derecho a la libertad, en ese entendido se instituyó que:

“…en cuanto a la presunta indebida privación de libertad, deberá tenerse en cuenta que la misma puede producirse, ya por hechos y circunstancias eventualmente no vinculadas a la presunta comisión de un delito y otras veces, sí vinculadas a dicha presunta comisión de un delito. En consecuencia, si no existe inicio de investigación y tampoco presunta comisión de delito alguno, corresponderá a la justicia constitucional conocer directamente y resolver la acción de libertad que acuse una presunta indebida privación de libertad”.

De acuerdo a lo señalado la precitada Sentencia Constitucional Plurinacional, ha mantenido el razonamiento efectuado en la segunda parte del primer presupuesto de SC 0080/2010-R, al señalar que:

“…cuando la restricción se hubiera presuntamente operado al margen de los casos y formas establecidas por ley y que, sin embargo, tal hecho se hubiera dado a conocer al juez cautelar del inicio de la investigación y, en su caso, de la imputación, resulta indispensable recordar que el art. 54.1 del CPP, establece que entre las competencias del Juez de Instrucción en lo Penal, está el ejercer el control jurisdiccional de la investigación, lo que significa, que es la autoridad encargada de resguardar que la etapa de investigación se realice conforme a procedimiento y en estricta observancia de respeto a los derechos fundamentales y garantías constitucionales de las partes del proceso -imputado, querellante y víctima-. En ese contexto, corresponde al juez ejercer el control jurisdiccional de la investigación y, por lo mismo, que ésta se desarrolle de manera correcta e imparcial y no en forma violatoria de derechos fundamentales o garantías constitucionales; es decir, desde otra perspectiva, cualquier acto ilegal y/o arbitrario durante la investigación en que incurriere el Ministerio Público como titular de la acción penal o la Policía Boliviana como coadyuvante, deberá ser denunciado ante el Juez de Instrucción en lo Penal, que tenga a su cargo el control jurisdiccional de la investigación” (las negrillas fueron añadidas). De otro lado, la SCP 0360/2012 de 22 de junio, en cuanto a la competencia para conocer una denuncia de vulneración del derecho a la libertad señaló como excepción a lo establecido ya por la jurisprudencia lo siguiente:

“Cuando no existe al menos una denuncia o investigación penal abierta contra la persona, o que al momento de su aprehensión ni siquiera se le sorprendió en la comisión de un delito flagrante, situación que posibilita ingresar directamente al análisis de fondo de la causa a través de la acción de libertad, sin necesidad de acudir ante el Juez cautelar, al no existir los medios inmediatos y eficaces previstos por ley para que opere el carácter excepcional de subsidiariedad de la acción de libertad”.

Así también, la jurisprudencia constitucional a través de la SCP 0482/2013 de 12 de abril, vio la necesidad de realizar una aclaración en relación al Juez de Instrucción de turno como instancia previa antes de activar la acción de libertad y unificar la interpretación que desarrollaron las Sentencias Constitucionales plurinacionales 0185/2012 y 0360/2012, para así efectuar una integración marco de la línea jurisprudencial con la finalidad de que las personas puedan acceder de manera efectiva a la jurisdicción constitucional y asimismo facilitar el trabajo de los operadores de justicia y otorgar seguridad y certeza respecto a la aplicación del principio de subsidiariedad en la acción de libertad.

En este entendido, la referida Sentencia Constitucional Plurinacional unificando la jurisprudencia señalada precedentemente, estableció de manera excepcional los siguientes escenarios que imposibilitan ingresar al fondo de la mencionada acción de defensa:

“1. Cuando la acción de libertad esté fundada directamente en la vulneración al derecho a la libertad personal por causa de haberse restringido la misma al margen de los casos y formas establecidas por ley, y no esté vinculada a un delito y por tanto no se hubiera dado aviso de la investigación, la acción puede ser activada de forma directa contra las autoridades o persona que violentaron la Constitución Política del Estado y la ley; aclarando que el Juez de Instrucción de turno, no tiene competencia para el efecto conforme se ha señalado en el Fundamento Jurídico III.2.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional. 2. Cuando el fiscal da aviso del inicio de la investigación al Juez cautelar y ante la denuncia de una supuesta ilegal aprehensión, arresto u otra forma de restricción de la libertad personal o física por parte de un Fiscal o de la Policía, el accionante, previo a acudir a la jurisdicción constitucional debe en principio, denunciar todos los actos restrictivos de su libertad personal o física ante la autoridad que ejerce el control jurisdiccional. 3. Cuando el accionante hubiera denunciado los actos restrictivos de su libertad personal o física ante el Juez cautelar, como también, paralela o simultáneamente a la jurisdicción constitucional a través de la acción de libertad, sobreviene también la subsidiaridad.

4. Cuando existe imputación y/o acusación formal, y se impugna una resolución judicial de medida cautelar que por ende, afecta al derecho a la libertad física o de locomoción, con carácter previo a interponer la acción de libertad, se debe apelar la misma, para que el superior en grado tenga la posibilidad de corregir la arbitrariedad denunciada. 5. Si impugnada la resolución, ésta es confirmada en apelación, empero, en lugar de activar inmediatamente la acción libertad, decide voluntariamente, realizar una nueva petición ante la autoridad ordinaria, tendiente a un nuevo análisis y reconsideración de su situación jurídica, sea mediante una solicitud de modificación, sustitución, cesación de detención preventiva, etc., y la misma está en trámite, en esos casos, ya no es posible acudir a la jurisdicción constitucional impugnando la primera o anterior resolución judicial, donde se emitió el auto de vista, inclusive; por cuanto las partes de un proceso están impelidas de actuar con lealtad procesal, de no ser así, se provocaría una duplicidad de resoluciones en ambas jurisdicciones, e incidiría negativamente en el proceso penal de donde emerge la acción tutelar” (las negrillas y el resaltado fueron incluidos). Asimismo, la SCP 1888/2013 de 29 de octubre, realizó la modulación de la SCP 0185/2012 y el primer presupuesto establecido en la SCP 0482/2013, sobre la posibilidad de la presentación de la acción de libertad, prescindiendo de la subsidiariedad excepcional, bajo los siguientes presupuestos:

“i) La supuesta lesión o amenaza al derecho a la libertad física o personal no esté vinculada a un delito o, ii) Cuando, existiendo dicha vinculación:

ii.a) No se ha informado al juez cautelar sobre el inicio de las investigaciones, no obstante haber transcurrido los plazos establecidos para el efecto en el Código de Procedimiento Penal; o cuando. ii.b) No habiendo transcurrido dichos plazos, se hubiere restringido el derecho a la libertad, al margen de los casos y formas establecidas por ley. No siendo exigible, en ninguno de los dos supuestos anotados, acudir ante el juez cautelar de turno con carácter previo; pues se entiende que, en el primer caso, no se está ante la comisión de un delito y, por lo mismo, el juez cautelar no tiene competencia para el conocimiento del supuesto acto ilegal, y en el segundo, existe una dilación e incumplimiento de los plazos procesales por parte de la autoridad fiscal o, en su caso, policial, que bajo ninguna circunstancia puede ser un obstáculo para el acceso a la justicia constitucional”. Sin embargo, la mencionada Sentencia Constitucional Plurinacional, también explicó que el razonamiento señalado precedentemente no implica un desconocimiento a la previsión contenida en el art. 303 del CPP, el cual establece que si el fiscal no formaliza la imputación formal de la persona que se encuentra detenida dentro del plazo de veinticuatro horas desde que tomó conocimiento de la aprehensión; “el juez de la instrucción dispondrá, de oficio o a petición de parte, la inmediata libertad del detenido…”; la cual fue prevista para los supuestos en los que existe una autoridad jurisdiccional identificada, pues en este caso se comprende que el fiscal ya dio aviso al juez cautelar sobre el inicio de las investigaciones. De igual forma, aclaró que si la persona acude directamente al Juez de instrucción “la persona aprehendida ya no podrá acudir de manera paralela con su reclamo ante la justicia constitucional a través de la acción de libertad, sino sólo cuando dicha autoridad jurisdiccional de turno no hubiere reparado la supuesta lesión denunciada por el imputado”. Este entendimiento fue reiterado por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1067/2021-S3 de 22 de abril; 0811/2021-S1 de 12 de abril; 0762/2021-S2 de 8 de noviembre; y, 0235/2020-S1 de 3 de agosto; 0560/2020-S1 de 5 de octubre, entre otras. De la sistematización jurisprudencial efectuada, se concluye que la acción de libertad no tiene carácter subsidiario por su naturaleza jurídica; empero, de acuerdo a lo establecido por la jurisprudencia constitucional, se establecieron excepciones que imposibilitan acudir directamente a la jurisdicción constitucional a través de la referida acción tutelar para resolver la vulneración denunciada y por ende la aplicación del principio de subsidiariedad excepcional, en tal sentido, de acuerdo a la modulación efectuada por la jurisprudencia, en lo concerniente a la jurisdicción competente para conocer la presunta lesión del derecho a la libertad, queda establecido que, cuando el Fiscal hubiera dado a conocer el inicio de la investigación al juez de turno o la imputación formal, queda plenamente identificado el Juez que ejerce el control jurisdiccional del proceso; en consecuencia, corresponde que la persona acuda previamente a dicha autoridad judicial para que resguarde ese derecho y en caso de que el mismo no lo restablezca recién se puede acudir a la instancia constitucional, de lo contrario si se acude directamente ante esta jurisdicción se aplica la subsidiariedad excepcional y no se ingresa al fondo del asunto reclamado.

III.6. Análisis del caso concreto

El accionante denunció la vulneración de sus derechos al debido proceso, a la doble instancia, a la publicidad del cuaderno de investigación y al principio de celeridad; toda vez, que dentro del proceso penal seguido en su contra por la supuesta comisión del delito de lesiones graves y leves: i) El Fiscal de Materia ocultó el cuaderno de investigaciones; es decir, que no tuvo acceso al mismo lo cual vulneró su derecho a la publicidad; además tampoco otorgó oportunamente copias simples de antecedentes y finalmente antes de informar la jueza de la causa ya había emitido la orden de aprehensión, aspecto irregular a lo previsto en el art. 279 del CPP; y, ii) La jueza de la causa, luego de haberse denunciado todos los aspectos contra el Fiscal de Materia negó la misma señalando que se tramitará conforme a procedimiento con el traslado al Fiscal de Materia y su respuesta; asimismo, en la audiencia de 4 de marzo de 2021, luego de haberse planteado recurso de apelación contra el rechazo de su incidente de aprehensión ilegal ordenó la remisión del mismo al superior en grado en el plazo de veinticuatro horas, el cual, a la fecha no se cumplió; lo propio sucedió con su recurso de apelación presentado contra el Auto Interlocutorio que dispuso su detención preventiva, el cual tampoco fue remitido en el plazo previsto por ley.

Conforme a los antecedentes que cursan en el presente proceso se tiene copia de Certificado Médico Forense de 26 de febrero de 2022 que otorgó en favor de Walter Meza Rivera sesenta días de incapacidad medido legal, al efecto consta denuncia de la misma fecha ante la policía por parte del nombrado contra el ahora impetrante de tutela por la supuesta comisión del delito de lesiones graves y leves, además de una Orden de aprehensión emitido por el Fiscal de Materia, quien el 2 de marzo del citado año, informó a la Jueza Pública Mixta, Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primera de Sipe Sipe del departamento de Cochabamba inicio de investigaciones (Conclusiones II.1, II.2 y II.3). Según Acta de Representación de 3 de marzo de 2022, se informa que a horas 16:09 procedió a la aprehensión del ahora peticionante de tutela, y ese mismo día la jueza de control jurisdiccional mediante providencia tomó conocimiento del informe de inicio de investigaciones y el 4 del citado mes y año, el Fiscal de Materia asignado al caso formuló imputación formal contra el ahora solicitante de tutela por la supuesta comisión del delito de lesiones graves y leves, en ese contexto, el accionante presentó queja ante el Fiscal de Materia y pidió copias del cuaderno de investigaciones; lo propio pidió ante la Jueza ahora demandada quien por decreto de mencionada fecha, dispuso que el representante del Ministerio Público informe en la brevedad posible con relación a los extremos vertidos (Conclusiones II.4, II.5, II.6, II.7, II.8 y II.9). Mediante decreto de 4 de marzo de 2022, la Jueza de la causa señaló audiencia de consideración de medidas cautelares para horas 11:30 de ese día, en ese sentido por Auto Interlocutorio rechazó el incidente de nulidad de aprehensión; al efecto una vez interpuesta el recurso de apelación dispuso que una vez labrada el acta y provista los recaudos de ley se remita las piezas pertinentes ante el Tribunal de alzada; lo propio sucedió con el recurso de apelación planteado contra el Auto interlocutorio que dispuso su detención preventiva; empero, consta informe de 10 del indicado mes y año por el cual la Secretaria del Juzgado informó que habiéndose dispuesto que la parte apelante provea los recaudos de ley, hasta el “día de hoy” no ha previsto la misma; por lo que, tuvo que sacar las copias con sus recursos propios la prueba presentada en digital; al efecto conforme al NUREJ 30316424 se advierte que el recurso de apelación de medidas cautelares fue remitido la referida fecha (Conclusiones II.10, II.11, II.12, II.13 y II.14). Previo a ingresar al análisis del caso, concierne señalar que, conforme lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, cuando se denuncia violaciones al debido proceso mediante acciones de libertad, es posible ingresar a su compulsa cuando: a) Exista vinculación directa o indirecta con el derecho a la libertad física o personal, ante la amenaza de privación de libertad que el proceso penal supone; y, b) Se hubieren agotado los medios de impugnación dentro del proceso penal, siempre que estos sean idóneos, específicos y aptos para restituir de forma inmediata los derechos que se encuentran en el ámbito de protección de la acción de libertad; salvo indefensión absoluta del accionante, supuesto en el cual, la acción de libertad podrá ser formulada de manera directa.

En ese marco, para el caso presente, se advierte que el impetrante de tutela, se encuentra con medidas cautelares personales como emergencia de una resolución judicial dentro un proceso penal en su contra, en la cual entre otros aspectos denuncia que no fue remitido en el plazo previsto por ley sus apelaciones contra el Auto Interlocutorio que rechazó su incidente de nulidad; lo propio había sucedido con su recurso de apelación contra el Auto Interlocutorio que dispuso su detención preventiva que tampoco se había remitido al Tribunal de alzada en el plazo de veinticuatro horas; irregularidad, que si bien no incidió en su limitación a la libertad; empero, tienen vinculación indirecta con su derecho a la libertad de locomoción al estar procesado penalmente; consecuentemente, en aplicación del estándar mas alto desarrollado por la SCP 0153/2020-S1 del señalado Fundamento Jurídico, se ingresará a compulsar la denuncia del peticionante de tutela. Respecto al objeto procesal inserto en el inc. i)

Como un primer punto la parte solicitante de tutela denuncia que El Fiscal de Materia ocultó el cuaderno de investigaciones; es decir, que no tuvo acceso al mismo lo cual vulneró su derecho a la publicidad; además tampoco otorgó oportunamente copias simples de antecedentes y finalmente antes de informar al Juez de la causa ya había emitido la orden de aprehensión, aspecto irregular a lo previsto en el art. 279 del CPP.

Al respecto, corresponde señalar la jurisprudencia glosada en el Fundamento jurídico III.5 del presente fallo constitucional, relativo a la subsidiariedad excepcional en la acción de libertad que señala: cuando el fiscal da aviso del inicio de la investigación al juez cautelar y ante la denuncia de una supuesta ilegal aprehensión, arresto u otra forma de restricción de la libertad personal o física por parte de un Fiscal o de la Policía, el accionante, previo a acudir a la jurisdicción constitucional debe en principio, denunciar todos los actos restrictivos de su libertad personal o física ante la autoridad que ejerce el control jurisdiccional; y, cuando el accionante hubiera denunciado los actos restrictivos de su libertad personal o física ante el Juez cautelar, como también, paralela o simultáneamente a la jurisdicción constitucional a través de la acción de libertad, sobreviene también la subsidiaridad.

En ese marco, de la revisión de antecedentes, se advierte que el 2 de marzo de 2022 el Fiscal de Materia informó a la Jueza de control jurisdiccional el inicio de investigaciones contra el ahora accionante por la presunta comisión del delito de lesiones graves y leves, en ese sentido el nombrado fue aprehendido a horas 16:09 del 3 de marzo de 2022, posteriormente el impetrante de tutela el 4 del citado mes y año solicitó a la autoridad fiscal queja por no haberse subido al sistema ningún antecedente, además de pedir copias solicitó que se le preste el cuaderno de investigaciones. De la relación de hechos descrito en el párrafo precedente, se establece la concurrencia del principio de subsidiariedad excepcional de la acción de libertad; toda vez que, la denuncia de que no tuvo acceso al cuaderno de investigación o que todavía no se había subido al sistema los antecedentes, también fueron denunciadas ante la Jueza de control jurisdiccional mediante memorial el 4 de marzo de 2021; es decir, que se constituye en una activación paralela por haberse activado a la jurisdicción ordinaria además de la justicia constitucional, aspecto que hace viable aplicar el mencionado principio. En relación a la denuncia de que la autoridad fiscal no otorgó oportunamente las copias del cuaderno de investigaciones, de la revisión de antecedentes se tiene que el peticionante de tutela y lo informado por el Fiscal de Materia se establece que efectivamente a horas 11:12 del 4 de marzo de 2022 solicitó ante dicha autoridad entre otros aspectos copias simples del cuaderno de investigaciones, lo cual, según lo informado por la autoridad fiscal -que no fue desmentido por el solicitante de tutela- le fue facilitado en menos de veinticuatro horas; es decir, ese mismo día de la solicitud y antes de la audiencia de consideración de medidas cautelares; aspecto que no puede ser considerado un acto dilatorio, correspondiendo a esos efectos denegar la tutela solicitada. Finalmente sobre el reclamo de que el Fiscal de Materia antes de informar a la jueza de control jurisdiccional ya habría emitido la orden de aprehensión, de igual forma concurre la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad; siendo que, ese aspecto ya fue denunciado el 4 de marzo de 2022 mediante el incidente de aprehensión ilegal; aspecto que de igual forma hace viable denegar la tutela impetrada respecto al presente objeto procesal por activación paralela de dos jurisdicciones. Respecto al objeto procesal inserto en el inc. ii)

Como un segundo objeto procesal reclama que la jueza de la causa, luego de haberse denunciado todos los aspectos contra el Fiscal de Materia negó la misma señalando que se tramitará conforme a procedimiento con el traslado al Fiscal de Materia y su respuesta;

asimismo, en la audiencia de 4 de marzo de 2021, luego de haberse planteado recurso de apelación contra el rechazo de su incidente de aprehensión ilegal ordenó la remisión del mismo al superior en grado en el plazo de veinticuatro horas el cual a la fecha no se cumplió; lo propio sucedió con su recurso de apelación presentado contra el Auto Interlocutorio que dispuso su detención preventiva, el cual tampoco fue remitido en el plazo previsto por ley. Al respecto, se advierte dos recursos de apelación incidental interpuestos por la parte accionante que no habrían sido remitidos al superior en grado en el plazo previsto por ley, el primero referido al rechazo de incidente de aprehensión ilegal formulado en audiencia de 4 de marzo de 2022 y el segundo relativo al Auto Interlocutorio que dispuso su detención preventiva; los cuales, conforme al Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo constitucional, si bien ambas impugnaciones son de carácter incidental; empero, conforme a la Norma Adjetiva Penal cada una de ellas están sometidos a un trámite y plazos diferentes; toda vez, que sobre el recurso de apelación planteado en audiencia contra el Auto Interlocutorio que rechaza un incidente o excepción se aplica los arts. 403.2, 404, 405 y 406 del CPP, en cambio respecto al recurso de apelación formulado contra la Resolución que resuelve medidas cautelares, es aplicable el art. 251 de la norma precitada.

En ese marco, en relación al reclamo de la falta de remisión del recurso de apelación interpuesto contra el Auto que rechazó su incidente de aprehensión ilegal; es pertinente remitirnos al Auto Interlocutorio de 4 de marzo de 2022, en la cual, se establece que la parte impetrante de tutela al finalizar el actuado procesal, de forma oral interpuso recurso de apelación incidental contra el citado Auto Interlocutorio que rechazó su incidente de aprehensión ilegal; por lo que, la jueza de la causa dispuso que una vez labrada el acta y provista los recaudos de ley, se remita las piezas procesales ante el Tribunal de alzada; aspecto que en observancia de los Fundamentos Jurídicos III.2 y III.4 resulta siendo vulneratorio al debido proceso en su elemento de celeridad y doble instancia, por cuanto el haber dispuesto que se remitan antecedentes previo a proveerse los recaudos de ley y que hasta la interposición de la presente acción tutelar no se haya efectivizado esa remisión de antecedentes ante el Tribunal de apelación, tal como se pudo constatar de antecedentes, hizo que se haya incurrido en una dilación indebida en la tramitación de esa impugnación de una persona con detención preventiva; siendo que, esa remisión en el marco del principio de celeridad y el art. 405 del CPP debió ser realizada en el plazo de veinticuatro horas a fin de que se resuelva su situación jurídica, correspondiendo a esos efectos conceder la tutela en su modalidad de pronto despacho.

Sobre el recurso de apelación interpuesto contra el Auto interlocutorio de 4 de marzo de 2022 que dispuso su detención preventiva, respecto al cual la jueza de la causa, a la conclusión de dicho actuado dispuso que una vez labrada el acta y provista los recaudos de ley se remita las piezas procesales ante el Tribunal de alzada; aspecto que de igual forma resultó siendo vulneratorio del debido proceso en su elemento de celeridad y doble instancia, por cuanto el haber dispuesto que se remitan antecedentes al superior en grado previo a proveerse los recaudos de ley, además de haberse remitido antecedentes, recién o producto de la notificación con la acción de libertad tal como se advierte de la copia de impresión del NUREJ 30316424 de 10 del mencionado mes y año y del informe presentado por la autoridad judicial, confirma una dilación indebida en la tramitación del recurso de apelación interpuesto por el imputado respecto a la remisión de antecedentes del citado Auto Interlocutorio al superior en grado, que también conforme al segundo párrafo del art. 251 del CPP debió ser remitida en el plazo de veinticuatro horas. Ahora bien, el argumento de la jueza demandada en sentido de que no se remitió las apelaciones por falta de provisión de recaudos de ley, conforme a la precitada jurisprudencia no es óbice para cumplir con la remisión de antecedentes en el plazo de veinticuatro horas previsto en los arts. 251 y 405 del CPP respectivamente; lo propio sucede sobre el argumento o petición de que se flexibilice el plazo de remisión por la carga procesal; siendo que, la misma puede realizarse siempre y cuando la autoridad judicial acredite y justifique de manera fundada esa situación; aspecto que, al no haberse cumplido y acreditado, de igual forma hizo que sea viable la concesión de la tutela en su modalidad innovativa a objeto de que la autoridad judicial en futuros casos cuando se trate de personas privadas de libertad evite incurrir en dilación indebida, en este caso en la remisión de antecedentes relativos al recurso de apelación contra el Auto Interlocutorio que dispuso medidas cautelares.

En relación al cuestionamiento de que la autoridad judicial negó los extremos denunciados contra el Fiscal de Materia relativo al reclamo de que no le prestó el cuaderno de investigaciones, o que no le otorgó oportunamente copias del mismo, de la revisión y contrastación de antecedentes, no se advierte que esa denuncia de haberse negado realizar ese control jurisdiccional sea evidente, por cuanto la jueza demandada una vez recibido el memorial a horas 11:15 del 4 de marzo de 2022, tomando en cuenta el derecho a la defensa, de la autoridad fiscal, ese mismo día providenció la misma indicado al representante del Ministerio Público informe en la brevedad posible con relación a los extremos vertidos en el memorial, el cual fue notificado a las partes según lo informado y admitido por la parte peticionante de tutela en forma oportuna, correspondiendo a esos efectos denegar la tutela sobre dicho reclamo; siendo que, no se comprobó una dilación indebida ni un rechazo a la realización del control jurisdiccional.

En consecuencia, la Sala Constitucional al conceder en parte la tutela impetrada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 002/2022 de 10 de marzo, cursante de fs. 100 a 105, pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, respecto al debido proceso relacionado al principio de celeridad y doble instancia, disponiendo que se remitan antecedentes de los recursos de apelación contra el Auto Interlocutorio que rechazó el incidente de aprehensión ilegal, así como contra el Auto Interlocutorio que dispuso las medidas cautelares, si es que aún no se habrían remitido. 2° Exhortar y llamar la atención a la Jueza demandada a objeto de que en futuros casos remita antecedentes del recurso de apelación en el plazo de veinticuatro horas previsto por la Norma Adjetiva Penal. 3° DENEGAR la tutela impetrada, respecto al Fiscal de Materia, así como sobre el reclamo de que no se ejerció o se negó el control jurisdiccional, conforme a los fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. Se hace constar que la Magistrada MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo, es de Voto Aclaratorio.

Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller

MAGISTRADA

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Notas al pie

1 En este sentido, el uso del estándar más alto de la jurisprudencia constitucional al menos tiene dos consecuencias prácticas: i) Provoca que un juez o tribunal en caso de contar con dos sentencias constitucionales contradictorias elija de acuerdo a las particularidades de cada caso el entendimiento que tutele de manera más adecuada los derechos fundamentales que llega a ser el estándar más alto. ii) Asimismo, de existir diversos entendimientos jurisprudenciales no antagónicos sino progresivos los mismos deben armonizarse para la resolución más adecuada del caso en atención a los derechos fundamentales obteniéndose vía integración de jurisprudencia el estándar más alto.

2 La SCP 0153/2020-S1, en su FJ. III. 3 desarrollo: “…a partir de la doctrina constitucional sentada en la SC 1865/2004-R, de 1 de diciembre, para que la garantía de la libertad personal o de locomoción pueda ejercerse mediante el recurso de hábeas corpus cuando se denuncia procesamiento ilegal o indebido deben presentarse, en forma concurrente, los siguientes presupuestos: a) el acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión; b) debe existir absoluto estado de indefensión, es decir, que el recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién tuvo conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de la libertad”. A partir de dicho razonamiento jurisprudencial, esta instancia contralora de garantías, en la resolución de los casos, de manera uniforme y reiterada siguió la referida reflexión mediante las siguientes Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0151/2015- S1 de 26 de febrero; 1133/2016-S2 de 7 de noviembre; 0859/2017-S3 de 1 de septiembre; 0495/2018-S3 de 13 de septiembre; 0768/2019-S3 de 17 de octubre; 1094/2019-S1 de 26 de noviembre, entre otras. Asimismo, respecto de la invocación de tutela vía acción de libertad ante observaciones o negativa de otorgar el beneficio de indulto y/o amnistía, dichas denuncias fueron denegadas siguiendo las mismas razones a través de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1043/2019-S1 de 21 de octubre; 0661/2017-S3 de 30 de junio, entre tantas.

3 La citada SCP, continúo señalando: “…de una interpretación sistemática y teleológica de los arts. 115.II, 125, 178.I y 180.I de la CPE, con relación al art. 46 del Código de Procedimiento Penal (CPCo), a la luz del principio de favorabilidad y la fuerza expansiva de los derechos fundamentales, corresponde efectuar un cambio de línea jurisprudencial respecto a la tutela del debido proceso mediante la acción de libertad. (…) En ese entendido, bajo una interpretación literal de dichas normas, pero también atendiendo a una interpretación teleológica de las mismas, debe señalarse que la garantía del debido proceso en materia penal es tutelable por la acción de libertad, aún no exista una vinculación directa con el derecho a la libertad física o personal, siendo suficiente la existencia de una relación indirecta con dicho derecho ante la amenaza de privación de libertad que el proceso penal supone. (…) en resumen del derecho a un debido proceso, se determina que, únicamente cuando se trata de materia penal, la acción de libertad es el medio idóneo, eficaz y eficiente para restablecer el debido proceso, en todos sus elementos. En consecuencia, se hace necesario establecer a partir de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional que las lesiones al debido proceso en materia penal en aquellos casos en los que se colocó al accionante en absoluto estado de indefensión o cuando éste agotó los medios de impugnación intra procesales, son susceptibles de la tutela constitucional que brinda la acción de libertad.” (el resaltado nos pertenece).

10 En su F.J.III.1 indico que: “La Constitución es una norma jurídica directamente aplicable y justiciable por su órgano final de aplicación, salvaguarda y garantía, de naturaleza judicial y de composición plurinacional (Tribunal Constitucional Plurinacional) así como -atendiendo sus específicas atribuciones- por los jueces y tribunales de garantías que ejercen justicia constitucional; sin exclusión de los jueces o autoridades originarias de la pluralidad de jurisdicciones reconocidos en el texto constitucional (Jurisdicción ordinaria, agroambiental, indígena originario campesina y las jurisdicciones especializadas reguladas por la ley, conforme disponen los arts. 179 y 410 de la CPE), últimos operadores jurídicos, que se constituyen en los garantes primarios de la Constitución.”

11 La SCP 0112/2012 de 27 de abril, refirió que: “Existe uniformidad en la doctrina y jurisprudencia constitucional comparada en reconocer, de manera general, que los textos constitucionales están integrados prevalentemente por normas constitucionales- principios (Constituciones principistas) y también en la primacía de éstas respecto de las normas constitucionales-reglas (ante eventuales “antinomias” que salven la coherencia del sistema normativo)”.

12 En su F.J. III.2 “(...) el tratamiento que debe darse a las solicitudes en las que se encuentre de por medio el derecho a la libertad, entre ellas, la cesación de la detención preventiva, debe tener un trámite acelerado y oportuno, pues de no hacerlo podría provocarse una restricción indebida de este derecho, cuando, por un lado, exista una demora o dilación indebida en su tramitación y consideración, o en su caso, cuando existan acciones dilatorias que entorpezcan o impidan que el beneficio concedido pueda efectivizarse de inmediato, dando lugar a que la restricción de la libertad se prolongue o mantenga más de lo debido. Esto en los casos, en los que por razones ajenas al beneficiario, la cesación de la detención preventiva u otro beneficio, no puede concretarse debido a los actos de obstaculización o dilación innecesaria, que originan que el solicitante, no obstante de haber sido favorecido por un beneficio que le permite obtener su libertad, se ve impedido de accederla, permaneciendo indebidamente detenido, situación por la cual se abre la protección que brinda el hábeas corpus ante la ausencia de celeridad en efectivizarse el beneficio otorgado.”

13 En su F.J.III. “…La celeridad en la tramitación, consideración y concreción de la cesación de la detención preventiva u otro beneficio que tenga que ver con la libertad personal no sólo le es exigible a la autoridad judicial encargada del control jurisdiccional, sino también a todo funcionario judicial o administrativo que intervenga o participe en dicha actuación y de quien dependa para que la libertad concedida se haga efectiva”.

14 Serrudo Santelices, Patricia. La tutela eficaz del derecho a la libertad personal en el marco del art. 25.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos: Una visión a la acción de libertad en el Estado Plurinacional de Bolivia, páginas 21 a 22.

15 “…para que se abra la tutela que brinda esta acción, es preciso que previamente se determine si existen los medios de impugnación específicos e idóneos para restituir el derecho a la libertad en forma inmediata, pero además de ello, se debe considerar también que cuando quien recurre de hábeas corpus, acciona en forma paralela un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico, aún en el supuesto de que dicho medio o recurso no sea el más idóneo, eficaz o inmediato, es lógico suponer que tampoco procede esta acción tutelar en aplicación de la excepción de subsidiariedad, ello debido a que el recurrente, actual accionante, no puede activar dos jurisdicciones en forma simultánea para efectuar sus reclamos, no siendo admisible dicha situación que de ocurrir inviabiliza la acción tutelar, pues al activar en forma simultánea la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción constitucional, para que ambas conozcan y resuelvan las irregularidades denunciadas, se crearía una disfunción procesal contraria al orden jurídico”.

16 Al respecto el FJ III.5 de la SCP 1192/2022-S1 de 11 de octubre señala: “…la acción de libertad innovativa es el mecanismo idóneo que procede aun hubiere cesado el acto ilegal ante amenazas a los derechos a la vida, la privación de libertad, la persecución indebida o, en su caso el indebido procesamiento; siendo su principal finalidad evitar que en el futuro se repitan actos que lesionen derechos fundamentales y garantías constitucionales; y, conforme establece el art. 49.6 del Código Procesal Constitucional (CPCo), el efecto de la concesión de tutela será la responsabilidad de los particulares o servidores públicos”.

Más sobre Acción de libertad — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0699_2023-S1_id64340.pdf · páginas 1 a 33.

Huella digital del PDF (SHA-256): 427f84ffcfcf3aec8d68c718f3673d3c294b2ca562fe89ad5754d6c261b34cf4

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