B.IA.LEGAL

SCP 0698/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 2 de julio de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
2 de julio de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
73794-2025-148-AL
Departamento
Potosí
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante a través de su representante, denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso; aduciendo que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de violación de infante, niña, niño y adolescente, en grado de tentativa, formuló recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 114/2025; por el cual, el Juez de primera instancia, rechazó su solicitud a la cesación a la detención preventiva, bajo el argumento que la Ley 1443, le facultaba disponer que dicha medida fuese por el lapso de duración de la etapa preparatoria -a su concepto de manera indefinida-; sin embargo, la Vocal demandada, por Auto de Vista 104/2025, declaró improcedente su impugnación, manteniendo su privación de libertad, argumentando que no estaban adecuadamente argumentados los puntos de agravio de la apelación; pronunciando en consecuencia, una resolución carente de la debida fundamentación y motivación, al omitir considerar su reclamo. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional y 44.1 del Código Procesal Constitucional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 01/2025 de 20 de mayo, cursante de fs. 41 vta. a 43 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres, de Partido de Trabajo y Seguridad Social, y Tribunal de Sentencia Penal Anticorrupción y contra las Mujeres Primero de Uncía del departamento de Potosí, y, en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, conforme los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La motivación y fundamentación de las resoluciones como elementos del debido proceso
  2. III.2. La exigencia de fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales que resuelven medidas cautelares:
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0698/2025-S3 Sucre, 2 de julio de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 73794-2025-148-AL Departamento: Potosí En revisión la Resolución 01/2025 de 20 de mayo, cursante de fs. 41 vta. a 43 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Rando Luciano Chambi Mamani en representación sin mandato de Eduardo Estalla Jiménez contra Sandra Villafuerte Acka, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 20 de mayo de 2025, cursante de fs. 2 a 3 vta., el accionante a través de su representante expresó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el Juzgado de Instrucción Penal Primero de Uncía del departamento de Potosí, se sustanció el proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de violación de infante, niña, niño y adolescente en grado de tentativa; instancia, ante la cual, en audiencia de medidas cautelares, se dispuso su detención preventiva, sin determinarse la concurrencia del art. 233.3 del Código de Procedimiento Penal (CPP); es decir, una detención “sin plazo”, que denotaría una detención indefinida; resolución de la cual, hace conocer, no impugnó. No obstante a ello, siendo modificable aún de oficio el Auto Interlocutorio que imponga medidas cautelares, posteriormente solicitó cesación de su detención preventiva, refiriendo entre sus argumentos, que no podía disponerse su detención sin plazo; sin embargo, el Juez de control jurisdiccional, rechazó su petición, señalando que la Ley de Protección a las Víctimas de Feminicidio, Infanticidio y Violación de Infante, Niña, Niño o Adolescente -Ley 1443 de 4 de julio de 2022-, le facultaba a obrar de esa manera; contra dicha determinación interpuso recurso de apelación incidental, que fue resuelto mediante Auto de Vista 104/2025 de 21 de abril, por la Vocal demandada, quien ratificó la Resolución del Juez a quo, argumentando que no estaba adecuadamente fundamentado el agravio, omitiendo considerar su reclamo.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de su derecho al debido proceso, citando al efecto el art. 7.1, 2, 3, 4 y 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada, disponiendo: a) Dejar sin efecto legal el Auto de Vista 104/2025; y, b) La Vocal demandada emita en el plazo de veinticuatro horas nueva determinación pronunciándose sobre el fondo de lo reclamado, la prohibición de la “detención indefinida”.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 20 de mayo de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 40 a 41 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El accionante a través de su representante, ratificó íntegramente el contenido de su acción de libertad y ampliándolo manifestó que, la SCP 0276/2018-S2 de 25 de junio, señala de forma taxativa la prohibición de fundar la detención preventiva en meras suposiciones; por lo cual, conforme al bloque de constitucionalidad reconocido por el art. 410 de la CPE, debe aplicarse la norma más favorable al ser humano por el principio pro homine, no así la interpretación formal de la ley, a la cual hicieron referencia las autoridades judiciales que conocieron el proceso penal en su contra, ocasionando que se encuentre indebidamente procesado y privado de su libertad personal, debido a que no existe posibilidad de asumir una detención indefinida, y era obligación de la Vocal demandada emitir un pronunciamiento a dicho agravio más cuando la apelación de medidas cautelares es sumarísima e informal; por ello, el excesivo formalismo de dicha autoridad al omitir pronunciarse a su agravio, incurre en falta de motivación de la resolución emitida.

I.2.2. Informe del demandado

Sandra Villafuerte Acka, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, mediante informe escrito presentado el 20 de mayo de 2025, cursante a fs. 44 y vta., expresó que: 1) Al emitir el Auto de Vista 104/2025 de 21 de abril, fundamentó y motivó su determinación con base en los arts.

396.3 y 398 del CPP, confirmando el Auto Interlocutorio 114/2025 de 9 de abril, emitido por el Juez a quo; 2) El art. 398 del citado Código, establece que los tribunales de alzada deben limitar sus decisiones únicamente a los aspectos cuestionados en la resolución impugnada; es decir, la revisión que realiza el Tribunal de segunda instancia, no puede extenderse a temas que no fueron específicamente señalados como agravios por la parte recurrente; 3) El art. 396.3 del mismo cuerpo normativo, dispone que los recursos deben ser interpuestos dentro de los plazos y formas previstos por el citado Código, y deben incluir una indicación clara y precisa de los aspectos de la Resolución que se cuestiona; y, 4) De lo manifestado, resulta evidente que el accionante no identificó ni desarrolló adecuadamente ningún agravio en su planteamiento; por lo que, no puede pretender que el Tribunal de alzada analice una cuestión, como una supuesta detención sin plazo, que ni siquiera fue mencionada en su recurso; la falta de argumentación concreta impide que el tribunal entre a conocer y resolver sobre ese punto; consiguientemente, no existe vulneración alguna al debido proceso ni omisión en la fundamentación de la Resolución; por lo que, solicitó se deniegue la tutela impetrada.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres, de Partido de Trabajo y Seguridad Social, y Tribunal de Sentencia Penal Anticorrupción y contra las Mujeres Primero de Uncía del departamento de Potosí, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 01/2025 de 20 de mayo, cursante de fs. 41 vta. a 43 vta., denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: i) La acción tutelar interpuesta es dispersa en su congruencia en relación a la petición, en razón a que el accionante alega encontrarse indebidamente detenido preventivamente y procesado; aspecto que denota que la competencia le asiste a la autoridad jurisdiccional, y es dicha instancia la que debe ejercer el control jurisdiccional respecto a los derechos y garantías constitucionales que asiste a los sujetos procesales; por lo que, no puede pronunciarse respecto a si el prenombrado se halla detenido por subjetividades y sin elemento probatorio directo; ii) Respecto a la eventual detención sin plazo legal señalada por el impetrante de tutela; conforme a la interpretación normativa, esta se configuraría en el lapso de seis meses, según lo dispuesto por el art. 134 del CPP; por ende, si bien no se precisa fecha directa; empero, acorde a la normativa legal, se deja constancia respecto a su temporalidad; por otra parte, la autoridad de control jurisdiccional ya hizo entrever el aspecto de causales de improcedencia a la detención preventiva previstas en el art. 233.3 del Adjetivo Penal, que dispone su aplicación por la gravedad del delito cuando se trate de ilícitos contra la integridad corporal o libertad sexual de niñas, niños, adolescentes, mujeres y adultos mayores; por lo que, no es evidente la situación que se alega como transgredida; iii) Con relación a la emisión del Auto Interlocutorio de 9 de abril de 2025, pronunciado a raíz de la solicitud de cesación de la detención preventiva del accionante en previsión del art. 239.1 del citado Código, conforme a lo descrito precedentemente dicha petición recae en nuevos elementos que demuestren que no concurren los motivos que lo fundaron o tornen por conveniente ser sustituida por otra; determinación que ante un recurso de impugnación fue resuelta por el Auto de Vista 104/2025, emitido por la autoridad demandada, de cuyo contenido se tiene que se cumplió con la carga de la fundamentación y argumentación; y, iv) El Auto Interlocutorio de 14 de febrero de 2025, emitido por la primera autoridad jurisdiccional, si bien no es claro, ya hizo mención de la temporalidad de la detención preventiva, y este aspecto no fue reclamado ni objetado para una especificación directa como denuncia en la presente acción tutelar, configurándose en actos consentidos expresamente; por lo que, respecto a los actuados posteriores ya no podría ingresarse al análisis de fondo tomando en cuenta que la Resolución primigenia ya determinaba el supuesto acto transgredido, y los demás hechos posteriores recaen en la petición de cesación a la detención preventiva a efectos de orden legal.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional TCP-AJ-SP-01/2022 de 4 de febrero, cursante de fs. 49 a 54, se dispuso la priorización en el sorteo de casos relativos a violencia feminicida; por lo que, en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, sin aguardar el orden cronológico respectivo, procedió al sorteo de la presente causa.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el accionante, por la presunta comisión del delito de violación de infante niña, niño o adolescente, en grado de tentativa, por Auto Interlocutorio de 14 de febrero de 2025, el Juez Público de Familia e Instrucción Penal Primero de Uncía del departamento de Potosí, dispuso la detención preventiva del prenombrado de conformidad a lo establecido por el art. 231 bis.10 del CPP, con relación al art. 10, concerniente a lo previsto por la Ley 1443, a ser cumplida en el Centro Penitenciario San Miguel de Uncía del citado departamento, por el plazo de duración de la etapa preparatoria; asimismo, recomendó al Ministerio Público a actuar con las debidas diligencias; fallo que no fue recurrido, según lo referido por el impetrante de tutela en su memorial de acción tutelar (fs. 19 vta. a 23 vta.). II.2. Cursa Auto Interlocutorio 114/2025 de 9 de abril; por el cual, la precitada autoridad judicial, resolvió rechazar la solicitud de cesación de la detención preventiva impetrada por el accionante, manteniendo incólume el Auto Interlocutorio de 14 de febrero de igual año, ante la concurrencia de los riesgos procesales previstos en los arts. 234.7 y 235.2 del CPP; asimismo, en relación a la solicitud del prenombrado, de tomar en cuenta el tiempo de la detención preventiva, determinó que, si bien el art. 233 del citado Código, establece que debe señalarse el lapso de la misma; empero, en el presente caso debía considerar lo establecido por la Ley 1443, al tratarse de la presunta comisión del delito de violación a infante, niña, niño y adolescente en grado de tentativa, previsto y sancionado por el art. 308 bis con relación al 8 del CPP, en cuya parte in fine del “numeral 2”, señala que en los procesos de infanticidio, violación de infante, niña, niño y adolescente, se exceptúan las previsiones contenidas en el numeral 3 del art. 233 del Código Adjetivo Penal; por lo cual, a dicha solicitud no fijaría el plazo de la detención preventiva; sin embargo, al tratar el caso de un delito contra menores, realizó recomendaciones al Ministerio Público, para que dicha instancia actúe y haga conocer actuados en la etapa preparatoria en su momento oportuno, de acuerdo a procedimiento para conocer el requerimiento conclusivo que pueda darse en el proceso (fs. 32 a 34 vta.). II.3. Por acta de Audiencia virtual de 1 de noviembre de 2022, de apelación incidental de medida cautelar, se advierte que el imputado -ahora accionante- a través de su abogado, señaló los siguientes agravios: 1) La detención preventiva no debería ser indefinida; por ello, en la audiencia de cesación de la medida extrema, pidió al Juez de instancia la revisión del acta de medidas cautelares y el motivo por el cual fue detenido, mencionando la Ley 1443, y el art. 410 del CPE, en cuanto a la consideración del elemento de legalidad; empero, dicha autoridad no lo hizo; y, 2) En relación al riesgo procesal de obstaculización, presentó documentos que no fueron valorados correctamente; por lo que, solicitó se admita su impugnación y se revoque el Auto Interlocutorio impugnado, y otorgue medidas menos gravosas a la detención preventiva (fs. 36 y vta.). II.4. Mediante Auto de Vista 104/2025 de 21 de abril, Sandra Villafuerte Acka, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí -demandada-, declaró improcedente el recurso de apelación incidental formulado por el accionante, por no haber cumplido con lo establecido en el art. 396.3 del CPP, confirmando el Auto Interlocutorio 114/2025, bajo los siguientes fundamentos: i) El impetrante de tutela no refirió los agravios incurridos por el Juez de instancia en el Auto Interlocutorio objeto de apelación, únicamente se limitó a señalar el principio de legalidad de manera general, sin ninguna fundamentación, ni señalar en qué parte de dicha Resolución se encontraba lo manifestado y cómo el Juez de instancia consideró su reclamo; y, ii) Con relación al riesgo procesal de obstaculización; el impetrante de tutela no refirió en cuál de sus vertientes la referida autoridad hubiera determinado la omisión alegada y dónde se encontrarían las pruebas que hizo referencia, tampoco individualizó cómo la autoridad de instancia no las hubiera valorado ni cómo debió haber efectuado dicha labor, acorde a lo referido por la SCP 0273/2023-S4 de 8 de mayo y Auto Supremo 0659/2014 de 20 de noviembre (fs. 36 a 37).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante a través de su representante, denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso; aduciendo que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de violación de infante, niña, niño y adolescente, en grado de tentativa, formuló recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 114/2025; por el cual, el Juez de primera instancia, rechazó su solicitud a la cesación a la detención preventiva, bajo el argumento que la Ley 1443, le facultaba disponer que dicha medida fuese por el lapso de duración de la etapa preparatoria -a su concepto de manera indefinida-; sin embargo, la Vocal demandada, por Auto de Vista 104/2025, declaró improcedente su impugnación, manteniendo su privación de libertad, argumentando que no estaban adecuadamente argumentados los puntos de agravio de la apelación; pronunciando en consecuencia, una resolución carente de la debida fundamentación y motivación, al omitir considerar su reclamo. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La motivación y fundamentación de las resoluciones como elementos del debido proceso

Respecto al contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y/o motivada, la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, desarrolló las cuatro finalidades implícitas que determinan el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y/o motivada, ya sea judicial, administrativa o cualesquier otra, que resuelva un conflicto o una pretensión: a) El sometimiento manifiesto a la Constitución Política del Estado, conformada por: a.1) La Constitución formal, es decir, el texto escrito; y, a.2) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman parte del bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia de los principios de constitucionalidad y de legalidad; b) Lograr el convencimiento de las partes, que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa el valor justicia y los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; c) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; d) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad; posteriormente, a través de la SCP 0100/2013 de 17 de enero, se suma un quinto elemento de relevancia constitucional; cual es: e) La exigencia de la observancia del principio dispositivo, que implica la obligación que tiene el juzgador de otorgar respuestas a las pretensiones planteadas por las partes para defender sus derechos.

Respecto a la segunda finalidad, tanto la SCP 2221/2012 como la SCP 0100/2013, señalan que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión: 1) Sin motivación, cuando la resolución no da razones que la sustenten; 2) Con motivación arbitraria, cuando se basa en fundamentos y consideraciones meramente retóricas o deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso; 3) Con motivación insuficiente, cuando no se da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; y, 4) Por la falta de coherencia del fallo, se da: 4.i) En su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión -por tanto-; y, 4.ii) En su dimensión externa, implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, tienen su antecedente en la SC 0863/2003-R de 25 de junio, así como en la SC 2El FJ III.2, indica: “A las cuatro finalidades implícitas que determinan el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión cuáles son: 1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) la Constitución formal, es decir, el texto escrito; y, 1.b) los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de razonabilidad y el principio de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; 4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad (SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, se suma un quinto elemento de relevancia constitucional; y, 5) La exigencia de la observancia del principio dispositivo.

5) La observancia del principio dispositivo, implica la exigencia que tiene el juzgador de otorgar respuestas a las pretensiones planteadas por las partes para defender sus derechos. Conceptualmente las pretensiones son distintas a los alegatos o argumentos que esgrima la parte procesal. Para su distinción, debe tenerse en cuenta el petitum, la petición de la pretensión; es decir, qué es lo que se pide; por lo que si el juzgador se aparta de las exigencias derivadas de las pretensiones formuladas por las partes a la hora de aplicar e interpretar la norma que servirá de sustento jurídico a su decisión incurrirá en lesión al derecho a una resolución motivada o derecho a una resolución fundamentada.

De ahí que se cumple el principio dispositivo, como un elemento del contenido esencial de una resolución fundamentada o resolución motivada, cuando existe congruencia, es decir, una relación entre la pretensión de las partes con la parte dispositiva de la sentencia. Por ello, estará satisfecho el principio dispositivo, cuando exista estricta correspondencia entre la parte dispositiva de la sentencia, sustentada en los fundamentos de la misma, y las pretensiones oportunamente planteadas por las partes, imponiendo una barra de contención al juzgador a efectos de que no decida más allá de lo debatido o deje de fallar el caso sometido a su conocimiento”. 3El FJ III.3, expresa: “Que, al margen de ello, también cabe reiterar que el art. 236 CPC, marca el ámbito de contenido de la resolución a dictarse en apelación, pues estipula que la misma, deberá circunscribirse precisamente a los puntos resueltos por el inferior y que además hubieran sido objeto de apelación y fundamentación, de manera que el Juez o tribunal ad-quem, no puede ir más allá de lo pedido, salvo en los casos en que los vicios de nulidad constituyan lesiones a derechos y garantías constitucionales como cuando la nulidad esté expresamente prevista por ley”.

0358/2010-R de 22 de junio, estableciendo que en el ámbito procesal, el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, sino que además implica la concordancia del fallo; es decir, su coherencia interna, entendimiento que fue reiterado en la SCP 1915/2012 de 12 de octubre, entre otras. Por su parte, respecto a la congruencia de las resoluciones de segunda instancia, la SC 0682/2004-R de 6 de mayo señaló que el pronunciamiento debe guardar correspondencia con los agravios de la apelación y la contestación de alzada.

En resumen, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional glosada, una resolución será arbitraria cuando carezca de motivación o ésta sea arbitraria o insuficiente; asimismo, cuando la resolución no tenga coherencia o congruencia interna o externa.

Ahora bien, la jurisprudencia precedentemente citada debe ser complementada a partir de la relevancia constitucional que tenga la alegada arbitraria o insuficiente fundamentación y motivación de las resoluciones, es decir, que deberá analizarse la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; pues, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal únicamente tendría 4El FJ III.3.1, señala: “De esa esencia deriva a su vez la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, en materia penal la congruencia se refiere estrictamente a que el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial o administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes”.

5El FJ III.2, indica: “La abundante jurisprudencia del extinto Tribunal Constitucional, ha señalado con relación al principio de congruencia -que es determinante en cualquier proceso judicial o administrativo- como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, que implica la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, que debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y juicios de valor emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan la razón que llevó a la determinación que se asume (SC 1619/2010-R de 15 de octubre). Bajo ese razonamiento, el principio de congruencia forma parte de derecho-garantía-principio del debido proceso, contemplado en el art. 115.I de la CPE”. 6El FJ III.1, refiere: “Además de ello, toda resolución dictada en apelación, no sólo por disposición legal sino también por principio general, debe sujetarse a los puntos de apelación expuestos por la parte apelante, que se entiende deben estar relacionados con lo discutido ante el juez a quo. Para el mismo objetivo -resolver la apelación-, también el juez ad quem, si se trataran de varias apelaciones y deba resolverlas en una sola resolución deberá individualizar a las partes, lo que supone también, la individualización de sus pretensiones y resolverlas de la misma forma; pues en el único caso que podrá dirigirse en su fundamentación a dos o más apelantes, será cuando éstos hubieran coincidido en sus argumentos al presentar su apelación, o varios hubieran presentado apelación en forma conjunta. Ahora bien, la misma obligación que tiene el juez ad quem frente a los apelantes, también debe cumplirla frente a la parte adversa, para el caso de que el procedimiento aplicable admita que la misma pueda responder al recurso, pues omitir las consideraciones a la respuesta igual que no responder a los puntos de apelación, resulta arbitrario y por lo mismo, daría lugar a una omisión indebida plasmada en la resolución que resuelve la apelación”.

como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; consiguientemente, a partir de una interpretación previsora, si bien la arbitraria o insuficiente fundamentación, aun carezca de relevancia, deberá ser analizada por el Tribunal Constitucional Plurinacional; empero, corresponderá denegar la tutela por carecer de relevancia constitucional, con la aclaración que este entendimiento es únicamente aplicable a la justicia constitucional que no exigirá para efectuar el análisis, que la o el accionante cumpla con carga argumentativa alguna. El precedente constitucional glosado fue extraído de la SCP 0168/2018-S2 de 14 de mayo.

III.2. La exigencia de fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales que resuelven medidas cautelares:

Las resoluciones de los tribunales de apelación y la interpretación del art. 398 del Código de Procedimiento Penal

Los estándares de fundamentación y motivación contenidos en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2221/2012 y 0100/2013 -citadas anteriormente-, son aplicables a las resoluciones judiciales que resuelven medidas cautelares, conforme a las exigencias específicas en materia procesal penal y a lo dispuesto en los arts. 233.1 y 2; 234 y 235 del CPP. Ahora bien, la modulación efectuada por la SCP 0014/2018-S2, que analiza previamente la relevancia constitucional, para disponer la nulidad de la resolución cuando se denuncia arbitraria o insuficiente motivación, no alcanza a las resoluciones que imponen la medida cautelar de detención preventiva, en las que sí, es exigible disponer la nulidad y realizar el reenvío ante la autoridad jurisdiccional ordenando se emita nueva resolución; por cuanto en estos casos, aun se advierta que la corrección de una decisión con fundamentación o motivación arbitraria o insuficiente, no modificará la parte resolutiva, esto es, la decisión de la detención preventiva; sin embargo, es esencial que el imputado y el juez o tribunal conozcan las razones jurídicas que sustentaron la decisión de detención preventiva respecto a las condiciones establecidas en el art. 233.1 y 2 del CPP, vinculadas a los arts. 234 y 235 del citado cuerpo legal; es decir, es esencial que conozcan cuáles fueron los elementos de convicción y supuestos que determinaron la imposición de la medida, a efectos que: a) Por una parte, el imputado pueda solicitar en el futuro su cesación, aportando nuevos elementos de convicción que demuestren que ya no concurren los motivos que la determinaron, y por tanto, solicite medidas sustitutivas o su libertad irrestricta; y, b) Por otra, el juez o tribunal analice de manera ponderada, si los nuevos elementos de convicción que aportó el imputado, demuestran que ya no concurren los motivos que determinaron la medida o la conveniencia que la misma sea sustituida por otra. En efecto, conforme destacó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en el Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez Vs. Ecuador, en la Sentencia de 21 de noviembre de 2007 sobre Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, la motivación de la decisión judicial que restringe la libertad personal, garantiza el derecho a la defensa, por cuanto, evita que una falta de motivación impida que el imputado conozca las razones por las cuales permanece privado de libertad, además, que le dificulta su tarea de presentar nueva evidencia o argumentos con el fin de lograr su liberación o impugnar de mejor manera una prueba de cargo determinante. Por lo que, tanto la resolución que impone la medida cautelar de detención preventiva, como la que resuelve la apelación deben tener, en palabras de la Corte IDH, una fundamentación suficiente, que permita al privado de libertad conocer los motivos por los cuales se mantiene su restricción a este derecho. Por su parte, el Tribunal Constitucional en la SC 0012/2006-R de 4 de enero, en el Fundamento Jurídico III.1.7, explicó la necesidad constitucional de motivar las resoluciones que disponen la detención preventiva, así como las que rechazan el pedido de su imposición, las que la modifican, sustituyen o revocan, al señalar lo siguiente:

La motivación de los fallos judiciales está vinculada al derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional eficaz, consagrados en el art. 16.IV Constitucional, y se manifiesta como el derecho que tienen las partes de conocer las razones en que se funda la decisión del órgano jurisdiccional, de tal manera que sea posible a través de su análisis, constatar si la misma está fundada en derecho o por el contrario es fruto de una decisión arbitraria; sin embargo, ello no supone que las decisiones jurisdiccionales tengan que ser exhaustivas y ampulosas o regidas por una particular estructura; pues se tendrá por satisfecho este requisito aun cuando de manera breve, pero concisa y razonable, permita conocer de forma indubitable las razones que llevaron al Juez a tomar la decisión; de tal modo que las partes sepan las razones en que se fundamentó la resolución; y así, dada esa comprensión, puedan también ser revisados esos fundamentos a través de los medios impugnativos establecidos en el ordenamiento; resulta claro que la fundamentación es exigible tanto para la imposición de la detención preventiva como para rechazarla, modificarla, sustituirla o revocarla (resaltado añadido).

Más tarde, la SC 0089/2010-R de 4 de mayo, en el Fundamento Jurídico III.4, sobre la motivación de las resoluciones judiciales, estableció que éstas deben expresar las razones de hecho y derecho en las cuales basa su convicción y el valor que otorga a los medios de prueba que presenten las partes, aclarando que esa fundamentación no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes, señalando que:

…la autoridad judicial competente, para adoptar la decisión de aplicar la detención preventiva, de una parte, está obligado a verificar y determinar la concurrencia de los requisitos mencionados por el art. 233 CPP, para lo que deberá contrastar la solicitud fundamentada del Ministerio Público con los elementos de prueba presentados sobre la concurrencia de los requisitos, en el marco de las normas previstas por los arts. 234 y 235 CPP; de otra parte, deberá fundamentar en derecho la decisión de aplicar la medida cautelar de carácter personal, pues tomando en cuenta que uno de los principios fundamentales inherentes al Estado Democrático de Derecho es la motivación de las decisiones de las autoridades públicas, el juez está obligado a expresar los motivos de hecho y de derecho en que se basa su convicción determinativa de la concurrencia de los requisitos, así como el valor otorgado a los medios de prueba, esa fundamentación no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes; de modo que está obligado a expresar los presupuestos jurídicos que motivan la medida, con cita de las normas legales aplicables y la descripción clara y objetiva de los elementos de convicción concurrentes.

Por otra parte, el deber de motivación de las resoluciones judiciales también ataña a los tribunales de apelación, sobre el particular la jurisprudencia constitucional recalcó la importancia de que los tribunales de segunda instancia fundamenten sus decisiones, debido a que en los hechos, hacen una revisión de la resolución del inferior, teniendo especial importancia la del tribunal de apelación, que revisa una decisión que impuso una medida cautelar, que la revoca, la modifica, la sustituye u ordena la cesación de una detención preventiva, por su vinculación con los derechos a la libertad y la presunción de inocencia.

Al respecto, la SC 0782/2005-R de 13 de julio, reiterada, entre otras, por la SCP 0166/2013 de 19 de febrero, en el Fundamento Jurídico III.2, establece que:

…la exigencia de pronunciar una resolución motivada en la que se establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la detención preventiva, entendiendo por motivo fundado a aquél conjunto articulado de hechos que permiten inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de la misma y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de la averiguación de la verdad no sólo alcanza al juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa que el tribunal de apelación cuando determine disponer la detención preventiva, esté exento de pronunciar una resolución lo suficientemente motivada, en la que se exprese la concurrencia de los dos requisitos que la ley impone para la procedencia de esa medida cautelar.

Consecuentemente, el Tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su Resolución, precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto debe también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias establecidas por los arts. 234 y 235 del CPP, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del CPP, puesto que sólo cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones, se puede disponer la detención preventiva.

Recogiendo dichos entendimientos, la SCP 0077/2012 de 16 de abril señala que el art. 398 del CPP establece que los tribunales de alzada deben circunscribirse a los aspectos cuestionados de la resolución; lo que no implica, que estos se encuentren eximidos de la obligación de motivar y fundamentar la resolución, por la cual, deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, revocarla, sustituirla o disponer la cesación; quedando igualmente obligados a expresar la concurrencia de los presupuestos que la normativa legal prevé.

En tal sentido, el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares o determine la cesación o rechace ese pedido, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del CPP.

9El FJ III.3, refiere: “Finalmente, cabe remitirse a lo previsto en el 236 del CPP, entre cuyos requisitos del auto de detención preventiva se encuentran: `3) La fundamentación expresa sobre los presupuestos que motivan la detención, con cita de las normas legales aplicables´. En el marco de las normas legales citadas, aplicables al caso que se examina, se establece que el límite previsto por el art. 398 del CPP a los tribunales de alzada, de circunscribirse a los aspectos cuestionados de la resolución, no implica que los tribunales de apelación se encuentren eximidos de la obligación de motivar y fundamentar la resolución por la cual deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, quedando igualmente obligados a expresar la concurrencia de los dos presupuestos que la normativa legal prevé para la procedencia de la detención preventiva, en el entendido que ésta última determinación únicamente es válida cuando se han fundamentado los dos presupuestos de concurrencia, para cuya procedencia deberá existir: 1) El pedido fundamentado del fiscal o de la víctima aunque no se hubiere constituido en querellante; 2) La concurrencia de los requisitos referidos a la existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible y la existencia de elementos de convicción suficiente de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad; circunstancias que deben ser verificadas y determinadas por el tribunal y estar imprescindiblemente expuestas en el auto que la disponga, por lo mismo, la falta de motivación por parte de los tribunales de alzada no podrá ser justificada con el argumento de haberse circunscrito a los puntos cuestionados de la resolución impugnada o que uno o varios de los presupuestos de concurrencia para la detención preventiva no fueron impugnados por la o las partes apelantes.

En tal sentido, el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos para su procedencia, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del CPP”.

Cuando se trata de la protección del derecho a la libertad personal por medio del recurso de apelación de la medida cautelar, el análisis del tribunal de alzada, no puede reducirse a una mera formalidad, sino, debe examinar las razones invocadas por el recurrente y manifestarse expresamente sobre cada una de ellas, de acuerdo a los parámetros establecidos en el punto anterior, debiendo expresar fundadamente los motivos por los que considera que efectivamente se dan los riesgos procesales previstos por el art. 233 del CPP.

En todo caso, el tribunal de apelación debe realizar una revisión integral del fallo del juez que impuso la medida cautelar, considerando los motivos de agravio que fundamenta el recurso de apelación, los argumentos de contrario, analizar y valorar fundadamente las pruebas que se traen a su consideración, para finalmente en su determinación, expresar las circunstancias concretas de la causa que le permiten presumir razonadamente la existencia de los riesgos procesales que justifican que se mantenga la detención preventiva; no siendo posible un rechazo sistemático de la solicitud de revisión, limitándose a invocar, por ejemplo, presunciones legales relativas al riesgo de fuga.

El tribunal de apelación no puede limitarse a invocar presunciones legales relativas a los riesgos procesales o normas, que de una forma u otra, establecen la obligatoriedad del mantenimiento de la medida. Si a través del fundamento de la resolución, no se demuestra que la detención preventiva de la persona es necesaria y razonable, para el cumplimiento de sus fines legítimos, la misma deviene en arbitraria. En virtud a lo señalado, la fundamentación y motivación no exige que las resoluciones sean ampulosas, sino que contengan una explicación razonable de los motivos que llevaron a la autoridad judicial a decidir sobre la aplicación de una medida cautelar, en especial la detención preventiva; lo que implica que, se deberá razonar sobre el cumplimiento de los requisitos formales y materiales de legalidad, así como de los principios de proporcionalidad y razonabilidad, siempre que corresponda; aclarándose que, respecto a la proporcionalidad, cuando se analice la necesidad de la medida, no es menester que la autoridad judicial exponga las razones por las cuales se desestima cada una de las medidas sustitutivas previstas en el Código de Procedimiento Penal, sino que explique, por qué resulta indispensable su aplicación en mérito a los riesgos procesales existentes, a partir de la argumentación realizada por el Ministerio Público o la parte acusadora.

El entendimiento precedente, fue desarrollado en la SCP 0447/218-S2 de 27 de agosto, precedida por la SCP 0353/2018-S2 de 18 de julio.

III.3. Análisis del caso concreto

El accionante a través de su representante, denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso, alegando falta de fundamentación del Auto de Vista emitido por la Vocal demandada, quien declaró improcedente su recurso de apelación incidental bajo el argumento de no haber cumplido con el art. 396.3 del CPP, confirmando el Auto Interlocutorio por el que se rechazó su solicitud de cesación a la detención preventiva, manteniéndola a su concepto con un plazo indeterminado. Al respecto, de la revisión de los antecedentes cursantes en el expediente constitucional, se advierte que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el impetrante de tutela, por la presunta comisión del delito de violación de infante, niña, niño y adolescente en grado de tentativa, mediante Auto Interlocutorio de 14 de febrero de 2025, el Juez de Instrucción Penal Primero de Uncía del departamento de Potosí, dispuso la detención preventiva del prenombrado de conformidad a lo establecido por el art. 231 bis.10 del CPP con relación al art. 10 del mismo cuerpo legal, concerniente a lo previsto por la Ley 1443, a ser cumplida en el Centro Penitenciario San Miguel de Uncía del citado departamento, por el plazo de duración de la etapa preparatoria; asimismo, recomendó al Ministerio Público actuar con las debida diligencia (Conclusión II.1); Resolución, que según lo referido por el impetrante de tutela en su memorial de acción de defensa, no fue impugnada por éste, quien posteriormente, a objeto de modificar el lapso de su detención preventiva, solicitó al Juez de Instrucción Penal Primero de Uncía del departamento de Potosí, cesación de la medida de última ratio, amparado en el art. 239.1 del citado Código, misma que fue rechazada por Auto Interlocutorio 114/2025 de 9 de abril, ante la persistencia de los riesgos procesales establecidos en los arts. 234.7 y 235.2 del CPP, determinando el Juez de instancia mantener incólume la decisión de la detención preventiva impuesta (Conclusión II.2); contra dicha decisión, el accionante formuló recurso de apelación incidental, que fue fundamentado de manera oral en audiencia de 21 de abril de 2025, celebrada ante la Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí -ahora demandada-, quien mediante Auto de Vista 104/2025, declaró improcedente la apelación formulada por el demandante de tutela, por no haber cumplido con el art. 396.3 del CPP, confirmando el fallo de primera instancia (Conclusión II.3). En esas circunstancias, el ahora accionante identifica al Auto de Vista 104/2025, como presunto acto vulnerador de sus derechos fundamentales, alegando que la Vocal demandada pronunció dicha Resolución sin la debida fundamentación y motivación, al no considerar sus agravios y mantener su detención indefinida.

En ese sentido, a efectos de abordar la problemática jurídica, corresponde desplegar los agravios expresados por el peticionante de tutela en el recurso de apelación incidental interpuesto contra el Auto Interlocutorio 114/2025; así como, los fundamentos pronunciados por la Vocal demandada en el Auto de Vista 399/2022, para posteriormente, evaluarlos y determinar si se encuentran dentro los cánones que exige una debida fundamentación y motivación. En ese marco, el accionante identifica los siguientes agravios incurridos por el Juez a quo al determinar el rechazo de su cesación a la detención preventiva: a) La detención preventiva no debía ser indefinida; por ello, en la audiencia de cesación de la medida extrema, solicitó al Juez de instancia la revisión del acta de medidas cautelares y el motivo por el cual fue detenido, mencionando la Ley 1443, y el art. 410 del CPE, en cuanto a la consideración del elemento de legalidad; sin embargo, dicha autoridad, no realizó lo peticionado; y, b) En relación al riesgo procesal de obstaculización, presentó documentos que no fueron valorados correctamente; por lo que, solicitó se admita su impugnación y se revoque el Auto Interlocutorio 114/2025, y otorgue medidas menos gravosas a la detención preventiva (Conclusión II.3). En ese mérito, del contenido del Auto de Vista 399/2022, se advierte que la Vocal demandada, resolvió declarando la improcedencia de las cuestiones planteadas, manteniendo firme el Auto Interlocutorio 114/2025, con base en los siguientes fundamentos: 1) El impetrante de tutela no refirió agravios, únicamente se limitó a señalar el principio de legalidad de manera general, sin ninguna fundamentación, ni mencionar en qué parte de dicha Resolución se encontraba lo manifestado y cómo dicha autoridad consideró su reclamo; y, 2) Con relación al riesgo procesal de obstaculización; el prenombrado, no refirió en cuanto a las reglas de la sana crítica, en cuál de sus vertientes, la autoridad de instancia hubiera determinado la omisión alegada y dónde se encontrarían las pruebas que hizo referencia, tampoco individualizó cómo no las hubiera valorado ni cómo debió valorarlas, acorde a lo referido por la SCP 0273/2023-S4 de 8 de mayo y Auto Supremo 0659/2014 de 20 de noviembre (Conclusión II.3). Analizados y contrastados los agravios del recurso de apelación incidental con los argumentos del Auto de Vista 104/2025, se advierte que la autoridad judicial demandada al pronunciar dicha determinación, (respondió realizó una suficiente fundamentación y motivación en relación a los escuetos argumentos efectuados por el impetrante de tutela en la audiencia de apelación incidental, respaldando su decisión con suficiente sustento jurídico, explicando la norma aplicable a la determinación arribada y pronunciándose sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso de alzada, exponiendo, en cuanto al primer postulado, relativo al principio de legalidad invocado por el accionante, que éste solo fue mencionado de manera genérica, sin especificar qué parte de la resolución lo infringía; y, en cuanto al segundo cuestionamiento, inherente a la falta de valoración de la prueba presentada para desvirtuar el riesgo procesal de obstaculización, que el recurrente tampoco demostró que la autoridad judicial de primera instancia hubiera ignorado o valorado incorrectamente las pruebas, incumpliendo las reglas de la sana crítica, tampoco precisó qué pruebas fueron pasadas por alto ni cómo debieron ser valoradas; extremos de los cuales, se advierte que la determinación emitida cuenta con la suficiente motivación y cumple con la estructura de forma y fondo que debe contener toda resolución judicial. En ese contexto, de acuerdo a la jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico III.1 y III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, debe tomarse en cuenta que una resolución debidamente fundamentada y motivada debe observar el principio dispositivo que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes; en el caso concreto, el accionante denuncia que la autoridad demandada no hubiera respondido los agravios cuestionados en su recurso de apelación incidental; sin embargo, de obrados se observa, que el referido recurso de alzada carece de argumentación, siendo escueto y carente de precisión; por ello, siendo que si se espera de la administración de justicia una debida fundamentación, el recurrente también está en la obligación de explicar de manera clara, ordenada y debidamente argumentada los puntos de agravio; lo que no aconteció en el caso de autos; toda vez que, la autoridad demandada, no cuenta con los elementos argumentativos para conocer las pretensiones del recurrente, quien en su argumentación no es coherente con su petitorio. Por lo expuesto, al no ser evidente que la Vocal demandada hubiere pronunciado lesión alguna del derecho al debido proceso en sus componentes fundamentación y motivación, amerita denegar la tutela impetrada. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional y 44.1 del Código Procesal Constitucional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 01/2025 de 20 de mayo, cursante de fs. 41 vta. a 43 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres, de Partido de Trabajo y Seguridad Social, y Tribunal de Sentencia Penal Anticorrupción y contra las Mujeres Primero de Uncía del departamento de Potosí, y, en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, conforme los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Notas al pie

1 El FJ III.1, manifiesta: “En ese marco, se tiene que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión está dado por sus finalidades implícitas, las que contrastadas con la resolución en cuestión, dará lugar a la verificación de su respeto y eficacia. Estas son: (1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; (3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, (4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad”.

7 El párrafo 118, señala: “Por otro lado, la Corte destaca que la motivación de la decisión judicial es condición de posibilidad para garantizar el derecho de defensa. En efecto, la argumentación ofrecida por el juez debe mostrar claramente que han sido debidamente tomados en cuenta los argumentos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado rigurosamente, más aún en ámbitos en los que se comprometen derechos tan importantes como la libertad del procesado. Ello no ocurrió en el presente caso. La falta de motivación en las decisiones de la Jueza impidió que la defensa conociera las razones por la cuales las víctimas permanecían privadas de su libertad y dificultó su tarea de presentar nueva evidencia o argumentos con el fin de lograr la liberación o impugnar de mejor manera una prueba de cargo determinante”. 8El párrafo 107, indica: “El Tribunal recalca que son las autoridades nacionales las encargadas de valorar la pertinencia o no del mantenimiento de las medidas cautelares que emiten conforme a su propio ordenamiento. Al realizar esta tarea, las autoridades nacionales deben ofrecer la fundamentación suficiente que permita a los interesados conocer los motivos por los cuales se mantiene la restricción de la libertad (…)”. Del mismo modo, el párrafo 117, subraya: “De igual forma, ante cada solicitud de liberación del detenido, el juez tiene que motivar aunque sea en forma mínima las razones por las que considera que la prisión preventiva debe mantenerse (…)”.

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0698_2025-S3.pdf · páginas 1 a 17.

Huella digital del PDF (SHA-256): 5ac118af998a5de0b02382340e31ea28fafac74c0b2c7038859103ab54049a67

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