Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 30 de octubre de 2024
Concede la tutela
El peticionante de tutela, considera lesionados respecto de su hijo, los derechos a la salud, a ser atendido educativamente con métodos de formación y aprendizaje que permitan el mayor desarrollo de sus aptitudes y destrezas; y, a la petición; vinculados a la garantía constitucional de educación permanente de niñas, niños y adolescentes con talentos extraordinarios; toda vez que, habiendo solicitado a la Dirección Distrital de Educación de Sucre, promueva al menor AA al grado correspondiente, en virtud a la excepcionalidad establecida en el Reglamento del Programa de Atención Integral a Estudiantes con Talento Extraordinario en el Sistema Educativo Plurinacional, no emitió respuesta de forma oportuna; al contrario, de forma apresurada pretendía continuar con las evaluaciones cuando el vencimiento del semestre era inminente y lo único que quedaba por hacer era dar curso a la aceleración excepcional solicitada, tal como prevé la citada normativa. Por consiguiente, dentro del presente caso corresponde analizar en revisión, si tales argumentos son o no evidentes, para conceder o denegar la tutela impetrada; para tal efecto, corresponderá analizar los siguientes temas: i) La interposición de la acción de amparo en forma directa, sin necesidad de agotar las vías previstas cuando se hallen involucrados los derechos y garantías de las niñas, niños y adolescentes; iii) El derecho a la fundamentación y motivación de las decisiones judiciales y administrativas en base al interés superior del niño; iv) Normativa de Atención Educativa a Estudiantes con Talento Extraordinario en el Siste…
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 196/2024 de 22 de agosto, cursante de fs. 435 a 439 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del departamento de La Paz; y en consecuencia CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos dispuestos por la referida Sala Constitucional, y de acuerdo a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0698/2024-S1 Sucre, 30 de octubre de 2024 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de amparo constitucional Expediente: 67401-2024-135-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 196/2024 de 22 de agosto, cursante de fs. 435 a 439 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Johnny Gonzalo Quintanilla Mamani en representación de su hijo AA menor de edad, contra Elsa Marleny Chavarría Arroyo, Directora General de Educación Especial, dependiente del Viceministerio de Educación Alternativa y Especial del Ministerio de Educación.
Mediante memoriales presentados el 23 de julio y 2 de agosto de 2024, cursantes de fs. 51 a 63 y 68 a 76, respectivamente, el accionante en representación sin mandato del menor de edad AA, expresó los siguientes argumentos de hecho y derecho:
El Ministerio de Educación, con la finalidad de atender a las niñas, niños y adolescentes con talento extraordinario o talento natural destacado, emitió dos normas administrativas: a) La Resolución Ministerial (RM) 0795/2021 de 8 de diciembre, que aprueba el Reglamento del Programa de Atención Integral a Estudiantes con Talento Extraordinario en el Sistema Educativo Plurinacional; y, b) La RM 1040/2022 de 22 de noviembre, que aprueba el Anexo referido a la implementación del referido Programa de Atención Integral. En virtud de dichos reglamentos, el 4 de marzo de 2024, solicitó la aceleración educativa o de grado, a favor del menor AA, quien actualmente cursa el Quinto grado de secundaria, en el Liceo Militar “Tte. Edmundo Andrade” de la ciudad de Sucre, en razón a que ya contaba con el respectivo Informe Multidisciplinario y de Seguimiento HC: 6671, emitido por el Centro de Prevención y Rehabilitación Física y Educación Especial (CEREFE) de la gestión 2015, en el cual se había establecido que el referido menor era talento extraordinario, por lo que se hallaba plenamente habilitado para acelerar de grado o curso. Sin embargo, una vez iniciado el mencionado proceso de aceleración, surgieron dos situaciones que fueron observadas; por una parte, el referido Informe Multidisciplinario y de Seguimiento era de la gestión 2015, lo que motivó la realización de otra evaluación; y, por otra parte, la forma de las evaluaciones por parte de la Comisión Técnica Pedagógica del mencionado Liceo Militar, habiendo sido citados para el 18 de junio de 2024 a una reunión en la que se concluyó llevar adelante las evaluaciones señaladas por el Reglamento de Talento Extraordinario, así como por parte del padre de familia, realizar gestiones ante el Ministerio de Educación para que suspenda dichas evaluaciones. Por ello, ante la decisión de llevar adelante las referidas evaluaciones de forma extemporánea, señala que remitió una nota al Viceministerio de Educación Especial y Alternativa, solicitando la aceleración excepcional con homologación de notas del primer trimestre en la libreta supletoria, en razón a que desde el 4 de marzo de 2024 (en que solicitó la aceleración educativa) hasta el 18 de junio del mismo año, fecha en que se tomó la decisión de continuar con las evaluaciones, ya habían transcurrido ciento seis días y era completamente impertinente y fuera de todo plazo la realización de dichas evaluaciones cuando ya se estaba a más de la mitad del segundo semestre del año lectivo. Según la primera parte del artículo 61.III del citado Reglamento de Talento Extraordinario, las solicitudes de Aceleración Educativa serán aceptadas desde el inicio de clases hasta la finalización del primer trimestre; y que de acuerdo al calendario escolar fijado en las normas generales para la gestión educativa, del Subsistema de Educación Regular aprobado mediante Resolución Ministerial 001/2024, el primer trimestre feneció el 10 de mayo de 2024; quiere decir que la continuidad del proceso de evaluación conforme al referido Reglamento, a partir del 11 de igual mes y año, sería completamente ilegal toda vez que se estaría infringiendo la primera parte del citado artículo 61.III, y ante dicho inminente vencimiento del semestre, solicitó a la Dirección Distrital de Educación de Sucre, se promueva al menor AA al grado correspondiente, en virtud a la excepcionalidad establecida en la segunda parte de la citada norma. Sin embargo, dicha instancia no emitió ninguna respuesta a la solicitud de 7 de mayo de 2024; más al contrario, en franco incumplimiento a los plazos señalados por el merituado Reglamento de Talento Extraordinario, faltando una semana para el descanso pedagógico, después de transcurridos cuarenta y dos días de haber finalizado el primer trimestre, en este caso el 10 de igual mes y año, de forma apresurada pretendía continuar con las evaluaciones cuando según el referido Reglamento, ante el vencimiento de plazo lo único que quedaba era la aceleración excepcional, tal como prevé la segunda parte del art. 61.III y IV del citado Reglamento, cuya finalidad es prevenir algún perjuicio al estudiante. Finalmente, y ante la falta de respuesta oportuna por parte de la Dirección Distrital de Educación de Sucre, y la pretensión de la extemporánea realización de las evaluaciones, mediante nota de 18 de junio de 2024, dirigió una nota al Viceministerio de Educación Alternativa y Especial, para que en el marco de sus atribuciones, en la vía de excepcionalidad, con la finalidad de que no se genere mayores perjuicios al menor, solicitó se instruya de forma escrita a la referida Dirección Departamental, la homologación de las calificaciones obtenidas en las evaluaciones del primer trimestre, en el Acta Supletoria de Quinto de Secundaria, y se promueva al menor al grado correspondiente, en este caso Sexto de Secundaria; sin embargo, pese a los plazos vencidos y la urgencia, se improvisó una reunión en la Dirección General de Educación Especial, en el cual se le indicó que no se tendría previsto atender la excepcionalidad solicitada y prevista en el Reglamento de Talento Extraordinario, habiéndose pedido que presente otra nota solicitando la evaluación, profundizando así la conculcación de los derechos constitucionales del precitado menor.
El peticionante de tutela, considera lesionados respecto de su hijo, los derechos a la salud, a ser atendido educativamente con métodos de formación y aprendizaje que permitan el mayor desarrollo de sus aptitudes y destrezas; y, a la petición; vinculados la garantía constitucional de educación permanente de niñas, niños y adolescentes con talentos extraordinarios, citando al efecto los arts. 24, 44.2, 82.III y 85 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela impetrada, y en consecuencia se disponga: 1) La admisión en la vía excepcional de la solicitud de aceleración académica a favor del menor AA, instruyéndose a la Dirección Departamental de Educación de Sucre, proceda a la aceleración educativa del referido menor del Quinto al Sexto grado de Secundaria, de forma inmediata; y, 2) La homologación de notas en el Acta Supletoria del Quinto de Secundaria, con el registro de notas de calificaciones obtenidas por el menor AA durante el primer trimestre 2024.
La audiencia pública y virtual de consideración de la presente acción tutelar, se realizó el 22 de agosto de 2024, según consta en acta cursante de fs. 426 a 434, produciéndose los siguientes actuados:
El demandante de tutela, por medio de su abogada, se ratificó en el contenido íntegro de su demanda de acción tutelar, y ampliándola en el desarrollo de la audiencia, señaló lo siguiente: i) El informe psicopedagógico del 13 de mayo de 2021 dice que el menor tiene un coeficiente intelectual elevado, no debiendo olvidarse que fue evaluado por segunda vez, porque la primera vez fue el año 2015, y hoy se está negando esta situación; además se tiene un informe médico que manifiesta que el menos estuvo sometido desde el mes de abril a un estrés constante con exámenes de conocimiento y pruebas psicológicas, además de las materias de su curso regular, debió estudiar prácticamente toda la malla curricular, con el fin de adelantar el curso, y en ese esfuerzo se dio el estrés, postulación de examen, una y otra vez, y su organismo lastimosamente colapsó, por lo que un resfrío común que dura tres días, recibió tratamiento sintomático que se fue complicando hasta llegar a una infección en sus amígdalas, que si no fuera tratado de manera oportuna podría complicar otras regiones del tracto respiratorio superior, incluso sus pulmones; en otras palabras el menor sufrió los efectos del estrés orgánico permanente, que llegaron a su cúspide el 17 de agosto, día en que se presentó el informe del perito médico, cuando se desvaneció y no asistió al acto de la jura de bandera, motivo por el cual se realizó la consulta médica; sin embargo, este trámite le ha generado incertidumbre constante o espera prolongada de una respuesta clara con evaluaciones repetitivas y percepción de burlas por parte de docentes y falta de discreción en el manejo de la información; ii) El paciente presenta una respuesta negativa ante la situación estresante relacionada con la atención inoportuna al trámite de promoción escolar, lo que justifica el diagnostico de trastorno de adaptación, ansiedad y estado de ánimo deprimido, aunque manifiesta síntomas que podrían parecer consistentes con el trastorno de estrés postraumático; por lo que se recomienda atención psicoterapéutica para atender el cuadro escrito y provocado por los procedimientos a los cuales se expuso, a petición en beneficio del paciente se recomienda también la pronta atención a la petición administrativa, porque su falta de atención podría generar una progresión de los síntomas, intensificación de ansiedad y depresión, impacto en el funcionamiento social y deterioro en el rendimiento escolar, asimismo desarrollo de problemas adicionales, aumento de vulnerabilidad y problemas de salud física; y, iii) El menor que representa, está sufriendo debido a una innecesaria dilación de las autoridades educativas por no haber atendido oportunamente la solicitud de aceleración conforme a los plazos establecidos, así como la solicitud de superación excepcional que señala la norma, situaciones que desencadenan otros episodios desfavorables a la psicología del menor, produciendo un daño neurológico, afectando sus neuronas, habiéndose vulnerado sus derechos de un estudiante con talento extraordinario, lo cual está establecido en todos los informes y los análisis psicotécnicos que se le han realizado, de donde se ha notado que tiene un brillante coeficiente intelectual, como se ha demostrado en las evaluaciones psicopedagógicas, así como las pruebas que cursan en el expediente.
Elsa Marleny Chavarría Arroyo, Directora General de Educación Especial, dependiente del Viceministerio de Educación Alternativa y Especial del Ministerio de Educación, por medio de su abogada, en el desarrollo de la audiencia, informó lo siguiente: a) Efectivamente, el Ministerio de Educación cuenta con la RM 0795/2021 de 8 de diciembre, que aprueba el Reglamento del Programa de Atención Integral a Estudiantes con Talento Extraordinario en el Sistema Educativo Plurinacional, y en ese entendido, la defensa hace referencia a la existencia de dos informes, el primer informe del año 2015, y otro de la gestión 2024, siendo que el informe de 2015 emitido por la Fundación CEREJE, hace referencia al menor de dieciséis años, que ahora se encuentra en Quinto de Secundaria, tendría un talento extraordinario, lo cual se ha adjuntado como prueba a sus autoridades, y efectivamente establece como recomendación el apoyo de psicología conductual y cognitiva, además de continuar en escuela regular que corresponde por su edad cronológica y capacidad intelectual, vale decir que en ningún momento establece ni recomienda la aceleración educativa; b) Se ha hecho referencia a un segundo informe que mucho menos establece que el menor sea talento extraordinario, han hecho referencia a la audiencia y también en la acción de amparo constitucional, que el informe psicopedagógico integral de 13 de mayo de 2024, habría obligado al menor a estar dentro de experimentos, y que estarían vulnerando sus derechos, por lo que es importante hacer referencia a la citada RM 0795/2021, que establece el procedimiento para la aceleración educativa, y señala que el proceso de aceleración de grado será intentado únicamente si el informe psicopedagógico integral recomienda la aceleración del estudiante, y se da una vez por gestión; c) El Informe de la gestión 2015, en ningún momento recomienda la aceleración, ni determina que el menor sea talento extraordinario; sin embargo el Informe pedagógico integral de 13 de mayo de 2024, establece claramente para la Unidad Educativa, la aceleración educativa del estudiante que actualmente cursa el Quinto de Secundaria, a Sexto de Secundaria, y reconoce que el menor es talento extraordinario, y para el maestro establece brindar apoyo por esa condición, es decir que en esta gestión recién se lo reconoce como tal, por lo que no podría el mismo acceder a una aceleración desde la gestión 2015; y, d) Se ha referido sobre la excepcionalidad, en virtud de que habría emitido varias notas, solicitudes, incluso por el tema del retraso, si bien hay una aceleración, establece plazos y programa, y la solicitud de aceleración se puede presentar solamente hasta el primer trimestre, y considerando que el Informe es de 14 de mayo de la presente gestión, está fuera del término establecido por su Reglamento, en donde establece la excepcionalidad, siendo la regla que la solicitud se la presente dentro del primer trimestre, y siempre y cuando cumpla con los requisitos, para que no exista ninguna observación.
La Sala Constitucional Segunda del departamento de La Paz, mediante Resolución 196/2024 de 22 de agosto, cursante de fs. 435 a 439 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo que las autoridades demandadas emitan un acto administrativo dando lugar a la solicitud de aceleración educativa, conforme a la previsión establecida en el art. 61.III del Reglamento del Programa de Atención Integral a Estudiantes con Talento Extraordinario en el Sistema Educativo Plurinacional, y sea en el plazo de setenta y dos horas a partir de la notificación con la Resolución; determinación adoptada bajo los siguientes fundamentos: 1) De los antecedentes del proceso, se establece que el examen de Física fue impugnado por el padre de familia del menor, y que a través del Acta de reunión de 19 de julio de 2024, se concluyó que el padre de familia realizará seguimiento del acta de impugnación en el que indica la anulación del proceso de aceleración para su posterior presentación, y si bien desde el 4 de marzo de 2024 se hubiera iniciado el trámite para dar lugar al proceso de aceleración académica conforme a Reglamento, recién esa fecha se realizó una reunión a objeto de dar respuesta al padre de familia sobre la objeción que hizo al examen, y en dicho trámite ya habría transcurrido el plazo para que se pueda dar lugar a la aceleración académica; 2) Habiendo revisado el art. 61 del citado Reglamento, se tiene que dicho trámite que fue planteado por el ahora peticionante de tutela, no habría concluido materialmente, puesto que los argumentos de que hubiera reprobado la materia de física, y por ese hecho no pudiera acceder a ese trámite excepcional, y que además fuera materialmente imposible la homologación de las calificaciones que obtuvo en el curso que actualmente lleva, fueron los argumentos que sirvieron a la autoridad ahora demandada para rechazar esa solicitud de aceleración excepcional; sin embargo, la Sala considera que no se ha realizado una correcta interpretación de la aceleración educativa, conforme a los parámetros establecidos en la Constitución y el derecho a la educación que tienen los niños; y, 3) La Sala considera que más allá de las formalidades del plazo de vencimiento del primer trimestre y la imposibilidad material de homologar las notas, se debe tomar en cuenta la finalidad de la aceleración educativa, habiéndose demostrado en la prueba adjunta de las partes, que el menor tiene un talento extraordinario, lo cual no ha sido discutido ni objetado por ninguna de las partes, y la parte demandada ha establecido que admite y conoce que el estudiante posee dicho talento; en consecuencia, se debe realizar una interpretación finalista de la aceleración educativa, para que el menor que actualmente cursa el Quinto grado de Secundaria, pueda acceder, y adecuar su enseñanza a su ritmo, capacidad, madurez emocional y social, siendo indudable que el menor tiene un talento extraordinario, y que además que no es posible restringir su derecho a una educación extraordinaria. Vía complementación y enmienda, la parte demandada solicitó aclaración respecto a que se ha determinado se aplique la excepcionalidad a favor del menor, en virtud del referido Reglamento, que sin embargo establece que se aplique la misma previo cumplimiento de requisitos y sin observaciones, y asimismo se aclare también respecto a la impugnación y objeción a la que ha hecho referencia el accionante; en consecuencia, la Sala Constitucional declaró no ha lugar a la solicitud debido a que en protección de los derechos a la educación que tiene el menor, tomando en cuenta que tiene un talento extraordinario, y que no está en discusión en audiencia, pues está claramente establecido y no puede ser desconocido restringiendo su educación especial, es decir que se debe garantizar la enseñanza del menor, a su ritmo, capacidad y madurez excepcional conforme al citado Reglamento.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional TCP-AJ-SP-005/2021 de 22 de julio, cursante de fs. 448 a 453 se dispuso la priorización en el sorteo de casos de niñas, niños y adolescentes a efectos de hacer efectiva su atención prioritaria y eficaz protección; en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal Constitucional Plurinacional, sin aguardar el orden cronológico respectivo, procedió al sorteo de la presente causa.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa nota de 4 de marzo de 2024, por la cual Johnny Gonzalo Quintanilla Mamani -padre del menor-, se dirige al Comandante del Liceo Militar “Tte. Edmundo Andrade”, señalando que mediante Certificación emitida por el Centro de Prevención y Rehabilitación Física y Educación Especial, su hijo fue detectado como estudiante con talento extraordinario general; por lo señalado solicita la aceleración educativa o de grado, a favor del menor AA, quien cursa el Quinto grado de secundaria, en el referido Liceo Militar de la ciudad de Sucre (fs. 2). II.2. Consta nota de 7 de mayo de 2024, mediante la cual Ana Isabel Escobar Tito -madre del menor-, sobre la base de lo dispuesto por el artículo 60.III y IV del Reglamento del Programa de Atención Integral a Estudiantes con Talento Extraordinario, solicitó a la Dirección Distrital de Educación de Sucre, disponga por intermedio de la Dirección del mencionado Liceo Militar, promueva a su hijo al Sexto grado de secundaria, conforme a lo previsto en el Reglamento, “en razón a que el próximo 13 de mayo del presente, inicia el tercer trimestre de la gestión en curso” (sic [fs. 3]). II.3. Mediante nota de 18 de junio de 2024, el ahora accionante Johnny Gonzalo Quintanilla Mamani -padre del menor- se dirigió a la Viceministra de Educación Alternativa y Especial, pidiendo se considere la excepcionalidad establecida en el artículo 61.III del referido Reglamento, con la finalidad de que no se genere mayores perjuicios en el avance curricular del curso al cual se solicitó su aceleración, señalando: “SOLICITO que por la Dirección General de Educación Especial se instruya de forma escrita a la Dirección Departamental de Educación de Chuquisaca o la unidad correspondiente, la HOMOLOGACIÓN de las calificaciones obtenidas en las evaluaciones del primer trimestre en el Acta Supletoria de 5to. De Secundaria y se promueva al estudiante (…) al grado correspondiente, en este caso 6to. De Secundaria; en conformidad a lo establecido en el art. 61 del Reglamento del Programa de Atención Integral a Estudiantes con Talento Extraordinario en el Sistema Educativo Plurinacional” (sic [fs. 4 a 5]).
II.4. A través de Informe Multidisciplinario y de Seguimiento de la Fundación CEREFE – Centro de Prevención y Rehabilitación Física y Educación Especial, de 18 de mayo de 2015, se recomendó: Orientación y apoyo por Psicología (conductual y cognitivo); continuar en escuela regular en el nivel que corresponde por su edad cronológica y capacidad intelectual; control por pediatría (fs. 7). II.5. Por Informe Psicopedagógico Integral de 13 de mayo de 2024, respecto al menor AA, se concluyó que de acuerdo a resultados de Evaluación Psicopedagógica Integral, el estudiante sí es parte del Programa de Atención Integral de Estudiantes con Talento Extraordinario, estableciéndose entre sus recomendaciones para la Unidad Educativa: “La aceleración educativa del estudiante que actualmente cursa 5° de secundaria a 6° de secundaria” (sic [fs. 8 a 15]).
El peticionante de tutela, considera lesionados respecto de su hijo, los derechos a la salud, a ser atendido educativamente con métodos de formación y aprendizaje que permitan el mayor desarrollo de sus aptitudes y destrezas; y, a la petición; vinculados a la garantía constitucional de educación permanente de niñas, niños y adolescentes con talentos extraordinarios; toda vez que, habiendo solicitado a la Dirección Distrital de Educación de Sucre, promueva al menor AA al grado correspondiente, en virtud a la excepcionalidad establecida en el Reglamento del Programa de Atención Integral a Estudiantes con Talento Extraordinario en el Sistema Educativo Plurinacional, no emitió respuesta de forma oportuna; al contrario, de forma apresurada pretendía continuar con las evaluaciones cuando el vencimiento del semestre era inminente y lo único que quedaba por hacer era dar curso a la aceleración excepcional solicitada, tal como prevé la citada normativa. Por consiguiente, dentro del presente caso corresponde analizar en revisión, si tales argumentos son o no evidentes, para conceder o denegar la tutela impetrada; para tal efecto, corresponderá analizar los siguientes temas: i) La interposición de la acción de amparo en forma directa, sin necesidad de agotar las vías previstas cuando se hallen involucrados los derechos y garantías de las niñas, niños y adolescentes; iii) El derecho a la fundamentación y motivación de las decisiones judiciales y administrativas en base al interés superior del niño; iv) Normativa de Atención Educativa a Estudiantes con Talento Extraordinario en el Sistema Educativo Plurinacional -Reglamento vigente-; y, v) Análisis del caso concreto.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0469/2019-S2 de 9 de julio, asumió el siguiente razonamiento: Conforme a lo establecido en los arts. 128 y 129.I de la CPE y 51 del Código Procesal Constitucional (CPCo), la acción de amparo constitucional es una acción de defensa que tiene por objeto resguardar los derechos fundamentales de las personas, sean éstas naturales o jurídicas, contra actos ilegales u omisiones indebidas en las que incurriesen funcionarios públicos o particulares, restringiendo o suprimiendo dichos derechos o que amenacen con restringir o suprimir; siempre que no exista otro mecanismo legal para la protección de los derechos afectados y sólo en defecto o ausencia de éstos, de ser evidente la lesión al derecho invocado e irreparable el daño emergente de la acción u omisión o de la amenaza de restricción de los derechos, se activa la jurisdicción constitucional para su protección. Sin embargo, este Tribunal ha determinado que es viable prescindir del principio de subsidiariedad en casos que se encuentren involucrados derechos fundamentales y garantías constitucionales de grupos de atención prioritaria, tomando en cuenta que al constituirse en sectores vulnerabilizados, merecen una atención especial y oportuna para la defensa de sus derechos. Bajo esa comprensión, se emitió la SC 1879/2012 de 12 de octubre, considerando que los derechos de los niños, niñas y adolescentes son prevalentes y merecen un trato prioritario a la luz del principio de interés superior dentro del contexto jurídico vigente; por lo que, tanto los jueces y tribunales de garantías como este Tribunal Constitucional Plurinacional, no podrán abstenerse de conocer acciones de tutela que involucren a los niños, niñas y adolescentes, por la preeminencia que les reconoce la Norma Suprema, y brindar la tutela necesaria que deben merecer en casos de evidente transgresión a sus derechos fundamentales.
Del mismo modo, la SCP 0033/2015-S1 de 6 de febrero señaló que en resguardo del interés superior de los niños, niñas y adolescentes, en casos en los que exista una afectación directa o indirecta de sus derechos, podrá efectuarse el análisis de fondo de la problemática, haciendo una excepción al principio de subsidiariedad que rige la acción de amparo constitucional.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, ha establecido lineamientos jurisprudenciales mínimos respecto al derecho a una resolución judicial o administrativa fundamentada y motivada, contenida en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2221/2012 de 8 de noviembre y 0100/2013 de 17 de enero. A ellos, se suma, dada su especificidad, lo entendido en la Observación General 14 del Comité de los Derechos del Niño -Punto 97-, que en el caso de niñas, niños y adolescentes, señala: A fin de demostrar que se ha respetado el derecho del niño a que su interés superior se evalúe y constituya una consideración primordial, cualquier decisión sobre el niño o los niños debe estar motivada, justificada y explicada. En la motivación se debe señalar explícitamente todas las circunstancias de hecho referentes al niño, los elementos que se han considerado pertinentes para la evaluación de su interés superior, el contenido de los elementos en ese caso en concreto y la manera en que se han ponderado para determinar el interés superior del niño. Si la decisión difiere de la opinión del niño, se deberá exponer con claridad la razón por la que se ha tomado. Si, excepcionalmente, la solución elegida no atiende al interés superior del niño, se deben indicar los motivos a los que obedece para demostrar que el interés superior del niño fue una consideración primordial, a pesar del resultado. No basta con afirmar en términos generales, que hubo otras consideraciones que prevalecieron frente al interés superior del niño; se deben detallar de forma explícita todas las consideraciones relacionadas con el caso en cuestión y se deben explicar los motivos por los que tuvieron más peso en ese caso en particular. En la fundamentación también se debe explicar, de forma verosímil, el motivo por el que el interés superior del niño no era suficientemente importante como para imponerse a otras consideraciones. Es preciso tener en cuenta las circunstancias en que el interés superior del niño debe ser la consideración primordial. En ese marco, las instancias competentes dentro del Sistema Educativo Plurinacional, en la imposición de sanciones después de un debido proceso disciplinario escolar que compruebe la existencia de violencia entre niños o de acoso escolar, tienen que exponer las razones justificatorias a través de una fundamentación y motivación suficientes que expliquen si: 1) La sanción de expulsión al estudiante circunstancialmente agresor se impuso solo después de cumplir el deber de asistencia psicopedagógica; es decir, se redujo al mínimo posible al ser de última ratio, ponderando en todo caso, entre el interés superior del niño víctima y el del niño circunstancialmente agresor; y, 2) La imposición de cualquiera de las sanciones que no sean de expulsión, deben ser proporcionales a las circunstancias y gravedad del acto, comportamiento o conducta del niño que incurrió en acoso escolar, caso en el cual también debe cumplirse con la asistencia pedagógica. A ese efecto, debe realizarse un juicio de proporcionalidad de los elementos que configuran el interés superior del niño. Al respecto, la SCP 0024/2018-S2 de 28 de febrero en el Fundamento Jurídico III.1, citando la SCP 2299/2012 ha señalado que la autoridad al momento de elaborar una ley, emitir una norma o aplicar una disposición legal que limita un derecho fundamental, traducida en un acto, resolución o comportamiento, debería efectuar un juicio de proporcionalidad en el que se analice tres aspectos fundamentales: a) Si la medida limitativa o restrictiva de un derecho fundamental es idónea o adecuada para la finalidad buscada con la misma; b) Si la medida limitativa o restrictiva es necesaria, y si acaso, existen otras menos graves, que restrinjan en menor medida el derecho fundamental, que podrían ser adoptadas en el caso concreto para alcanzar la finalidad perseguida; y, c) Analizar la proporcionalidad en sentido estricto que consiste en estudiar si la afectación, restricción o limitación al derecho fundamental no resulta exagerada o desmedida frente a las ventajas que se obtienen con tal restricción y el cumplimiento de la finalidad perseguida (las negrillas y el subrayado nos pertenecen). Ahora bien, la Observación General 14 del Comité de los Derechos del Niño, señala que la importancia de cada elemento configurador del interés superior del niño se pondera en función de los otros. No todos los elementos serán pertinentes en todos los casos, y los diversos elementos pueden utilizarse de diferentes maneras en las distintas situaciones. El contenido de cada elemento variará necesariamente de un niño a otro y de un caso a otro, dependiendo del tipo de decisión y las circunstancias concretas. En esas situaciones, se tendrán que ponderar los elementos entre sí para determinar la solución que atienda mejor al interés superior del niño o los niños. Al ponderar los diferentes elementos, corresponde tener en cuenta que el propósito de la evaluación y la determinación del interés superior del niño es garantizar el disfrute pleno y efectivo de los derechos reconocidos en la Convención y sus Protocolos facultativos, y el desarrollo holístico del niño. La Observación General 14 del Comité de los Derechos del Niño, a partir de la interpretación y aplicación del art. 3 párrafo 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño, señala que los elementos que deben tenerse en cuenta al momento de evaluar si se respetó el interés superior del niño, en la situación de que se trate, son: i) La opinión del niño (art. 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño), que implica que toda decisión debe tener en cuenta el punto de vista del niño y conceder a su opinión la importancia que merece de acuerdo a su edad y madurez, conocido como el principio de autonomía progresiva de la voluntad del niño; ii) La identidad del niño, teniendo en cuenta la diversidad que los caracteriza en razón a su orientación sexual, la religión y creencias, la identidad cultural y la personalidad, etc. (art. 8 de la referida Convención); iii) La preservación del entorno familiar y mantenimiento de las relaciones, que son dos derechos concretos que tiene el niño y no solo elementos para determinar el interés superior del niño, en cuyo caso, el término “familia” debe interpretarse en un sentido amplio que incluya a los padres biológicos, adoptivos o de acogida o, en su caso, a los miembros de la familia ampliada o la comunidad, según establezca la costumbre local (art. 5 de la Convención); así como prevenir la separación familiar y preservar la unidad familiar (art. 9.1 de la citada Convención); iv) Cuidado, protección y seguridad del niño, cuyos términos “protección y “cuidado”, deben interpretarse en un sentido amplio, que abarca no solo “la protección al niño de daños” contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, el acoso sexual, el acoso escolar, la explotación sexual, económica, laboral y otras formas de explotación, sino, garantizar su “bienestar” velando por sus necesidades materiales, físicas, educativas y emocionales básicas, así como su necesidad de afecto y seguridad (art. 3 párrafo 2 de dicha Convención); v) Situación de vulnerabilidad, que implica analizar que el niño por sí mismo ya tiene una situación de vulnerabilidad y pertenece a un grupo de atención prioritaria; empero, ésta se agrava por ejemplo si pertenece a los grupos LGTBI, a los migrantes, a los indígenas, a los discapacitados y si el niño, además, es víctima de malos tratos, vive en la calle, etc.; vi) El derecho del niño a la salud, que implica, además de entender que necesita todas las prestaciones de salud y seguridad social, que se debe proporcionar al niño información adecuada y apropiada para que entienda la situación y todos los aspectos pertinentes en relación con sus intereses, y permitirle, cuando sea posible, dar su consentimiento fundamentado (art. 24 de la Convención); y, vii) El derecho del niño a la educación, que debe ser entendido como el acceso a una educación gratuita de calidad, incluida la educación en la primera infancia, la educación no académica o extraacadémica y las actividades conexas; así como todas las decisiones sobre las medidas e iniciativas relacionadas con un niño en particular o un grupo de niños.
Extraordinario en el Sistema Educativo Plurinacional -Reglamento vigente-
La Constitución Política del Estado en su art. 77.II, establece que el Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional. El art. 82.III de la Norma Suprema indica que se estimulará con becas a estudiantes de excelente aprovechamiento en todos los niveles del sistema educativo y que todo niño, niña y adolescente con talento natural destacado tiene derecho a ser atendidos educativamente con métodos de formación y aprendizaje que permitan el mayor desarrollo de sus aptitudes y destrezas. La Ley de la Educación “Avelino Siñani - Elizandro Pérez” -Ley 070 de 20 de diciembre de 2010-, en su art. 17.4, señala como objetivo de educación, desarrollar políticas, planes, programas y proyectos educativos de atención a las personas con talentos extraordinarios. En ese orden, el art. 25 de la citada Ley, establece que la Educación Especial comprende las acciones destinadas a promover y consolidar la educación inclusiva para personas con discapacidad, personas con dificultades en el aprendizaje y personas con talento extraordinario en el sistema educativo plurinacional. Entendiéndose a efectos de esta Ley a personas con talento extraordinario a estudiantes con excelente aprovechamiento y toda niña, niño y adolescente con talento natural destacado de acuerdo al art. 82.III de la CPE; asimismo, responde de manera oportuna y pertinente a las necesidades, expectativas e intereses de personas con discapacidad, personas con dificultades en el aprendizaje y personas con talento extraordinario, desarrollando sus acciones en coordinación con los Subsistemas de Educación Regular, Alternativa y Superior de Formación Profesional. La RM 0795/2021 de 8 de diciembre, que aprueba el Reglamento del Programa de Atención Integral a Estudiantes con Talento Extraordinario en el Sistema Educativo Plurinacional, establece lo siguiente: Artículo 57. (Aceleración Educativa)
I. Esta estrategia consiste en acelerar al estudiante con Talento Extraordinario General, en uno o varios años de escolaridad para adecuar la enseñanza a su ritmo, capacidad, madurez emocional y social. Su principal finalidad es ubicar al Estudiante con Talento Extraordinario General en un contexto curricular de dificultad suficiente a sus características. II. Podrán acceder a esta estrategia, estudiantes que demuestren un avance curricular por encima de su grado escolar y edad, además de tener un desarrollo psicomotriz, emocional y social adecuado que le permita adaptarse con facilidad al próximo grado escolar. III. A partir de las necesidades y potencialidades del estudiante, la o el maestro/a de aula o de especialidad en coordinación con la Comisión Técnica Pedagógica, Informarán del nivel de desempeño, aprovechamiento y avance curricular. IV. El proceso de aceleración de grado será aceptada únicamente si el informe psicopedagógico integral, recomienda la aceleración de grado del estudiante y será una vez por gestión. V. Acceden a esta estrategia los Estudiantes con Talento Extraordinario General identificados entre 1° de Educación Primaria Comunitaria Vocacional hasta 5° de Educación Secundaria Comunitaria Productiva. No acceden a esta estrategia estudiantes con Talento Extraordinario Específico. VI. En casos excepcionales, se podrán adoptar estrategias de aceleración de dos o más grados escolares en la misma gestión, previo análisis de aspectos favorables y desfavorables del caso por el Equipo Técnico Departamental de Talento Extraordinario, Equipo Multidisciplinario y en conformidad por escrito de los padres y madres, para el cual la o el estudiante debe alcanzar o superar altas capacidades. Artículo 58. (Requisitos para la Aceleración)
Para ser admitido en el proceso de aceleración educativa, la familia deberá presentar una solicitud arguyendo los motivos para la aceleración de grado y adjuntando los siguientes requisitos a la Unidad Educativa.
I. Informe psicopedagógico integral, o complementario, que establece ser Estudiante con Talento Extraordinario general, ausencia de problemas socio emocionales, psicomotrices y que recomiende la aceleración al grado especifico. II. Informe del maestro/a de aula o de especialidades sobre el nivel de desempeño, aprovechamiento y necesidad de avance curricular por encima de su grado escolar y edad.
De la normativa citada precedentemente, se advierte que el Reglamento vigente establece que acceden a esta estrategia los Estudiantes con Talento Extraordinario identificados en cualquier grado de escolaridad comprendida entre 1° de Educación Primaria Comunitaria Vocacional hasta 5° de Educación Secundaria Comunitaria Productiva.
ARTÍCULO 61. (PROCESO DE REGISTRO DE ACELERACIONES EN EL SIE).- I. Para el registro de la Aceleración Educativa del Estudiante con Talento Extraordinario general en el Sistema de Información Educativa se debe seguir los siguientes pasos: 1. La o el Director de la Unidad Educativa verifica el cumplimiento de los requisitos e inicia el trámite vía Sistema de Información Educativa con el llenado del Acta Supletorio y remite a la Dirección Distrital Educativa, adjunto los siguientes: a. Carta del Director/a de la Unidad Educativa de solicitud de aceleración a la Dirección Distrital de Educación. b. Informe psicopedagógico integral, o complementario, que establece ser Estudiante con Talento Extraordinario general y ausencia de problemas socio emocionales, psicomotrices y que recomiende la aceleración al grado especifico. c. Informe de la Comisión Técnica Pedagógica del proceso de evaluación d. Acta Supletoria aprobada, debidamente llenada y firmada. e. Carta de solicitud de los padres. f. Informe del maestro/a de aula o de especialidades sobre el nivel de desempeño, aprovechamiento y necesidad de avance curricular por encima de su grado escolar y edad. g. Anexos (evaluaciones que ha tomado la comisión Técnica Pedagógica). 2. La documentación deberá ser presentado en 4 ejemplares a la Dirección Distrital de Educación. 3. El técnico SIE o polivalente de la Dirección Distrital Educativa recibe el trámite, verifica la integridad de los documentos y valida el registro de calificaciones vía web en el Sistema de Información Educativa. 4. En caso de observaciones, devuelve el trámite a la Unidad Educativa. 5. Al finalizar el trámite, el técnico SIE procederá a la inscripción del estudiante al año de escolaridad que corresponda, notificando a la U.E. de procedencia y remitiendo antecedentes al Archivo Central de la Dirección Departamental de Educación para efectos de Auditoria. II. Las calificaciones obtenidas al primer trimestre pasan a ser registradas en el grado al que aceleró. III. Las solicitudes de Aceleración Educativa serán aceptadas desde el inicio de clases hasta la finalización del primer trimestre; salvo excepciones de altos registros de desempeño escolar, de acuerdo a los siguientes criterios: 1. Desempeño educativo elevado (altas capacidades y excelente aprovechamiento) 2. Motivación para asimilar conocimientos de cursos superiores. IV. Previo cumplimiento de los requisitos y sin observaciones en la Dirección Distrital de Educación, a fin de no perjudicar mientras dure el trámite de verificación y validación en el SIE; la o el Director de la Unidad Educativa promoverá al estudiante al grado correspondiente al cual solicitó la aceleración.
El peticionante de tutela, considera lesionados respecto de su hijo, los derechos a la salud, a ser atendido educativamente con métodos de formación y aprendizaje que permitan el mayor desarrollo de sus aptitudes y destrezas; y, a la petición; vinculados a la garantía constitucional de educación permanente de niñas, niños y adolescentes con talentos extraordinarios; toda vez que, habiendo solicitado a la Dirección Distrital de Educación de Sucre, promueva al menor AA al grado correspondiente, en virtud a la excepcionalidad establecida en el Reglamento del Programa de Atención Integral a Estudiantes con Talento Extraordinario en el Sistema Educativo Plurinacional, no emitió respuesta de forma oportuna; al contrario, de forma apresurada pretendía continuar con las evaluaciones cuando el vencimiento del semestre era inminente y lo único que quedaba por hacer era dar curso a la aceleración excepcional solicitada, tal como prevé la citada normativa. Los hechos que sustentan la presente acción tutelar, se contextualizan cuando el Ministerio de Educación, con la finalidad de atender a las niñas, niños y adolescentes con talento extraordinario o talento natural destacado, emitió dos normas administrativas: a) La Resolución Ministerial (RM) 0795/2021 de 8 de diciembre, que aprueba el Reglamento del Programa de Atención Integral a Estudiantes con Talento Extraordinario en el Sistema Educativo Plurinacional; y, b) La RM 1040/2022 de 22 de noviembre, que aprueba el Anexo referido a la implementación del referido Programa de Atención Integral. En virtud de dichos reglamentos, el 4 de marzo de 2024, solicitó la aceleración educativa o de grado, a favor del menor AA, quien actualmente cursa el Quinto grado de secundaria, en el Liceo Militar “Tte. Edmundo Andrade” de la ciudad de Sucre, en razón a que ya contaba con el respectivo Informe Multidisciplinario y de Seguimiento HC: 6671, emitido por el Centro de Prevención y Rehabilitación Física y Educación Especial (CEREFE) de la gestión 2015, en el cual se había establecido que el referido menor era talento extraordinario, por lo que se hallaba plenamente habilitado para acelerar de grado o curso. Sin embargo, una vez iniciado el mencionado proceso de aceleración, surgieron dos situaciones que fueron observadas; por una parte, el referido Informe Multidisciplinario y de Seguimiento era de la gestión 2015, lo que motivó la realización de otra evaluación; y, por otra parte, la forma de las evaluaciones por parte de la Comisión Técnica Pedagógica del mencionado Liceo Militar, habiendo sido citados para el 18 de junio de 2024 a una reunión en la que se concluyó llevar adelante las evaluaciones señaladas por el Reglamento de Talento Extraordinario, así como por parte del padre de familia, realizar gestiones ante el Ministerio de Educación para que suspenda dichas evaluaciones. Por ello, ante la decisión de llevar adelante las referidas evaluaciones de forma extemporánea, señala que remitió una nota al Viceministerio de Educación Especial y Alternativa, solicitando la aceleración excepcional con homologación de notas del primer trimestre en la libreta supletoria, en razón a que desde el 4 de marzo de 2024 (en que solicitó la aceleración educativa) hasta el 18 de junio del mismo año, fecha en que se tomó la decisión de continuar con las evaluaciones, ya habían transcurrido ciento seis días y era completamente impertinente y fuera de todo plazo la realización de dichas evaluaciones cuando ya se estaba a más de la mitad del segundo semestre del año lectivo. Según la primera parte del artículo 61.III del citado Reglamento de Talento Extraordinario, las solicitudes de Aceleración Educativa serán aceptadas desde el inicio de clases hasta la finalización del primer trimestre; y que de acuerdo al calendario escolar fijado en las normas generales para la gestión educativa, del Subsistema de Educación Regular aprobado mediante Resolución Ministerial 001/2024, el primer trimestre feneció el 10 de mayo de 2024; quiere decir que la continuidad del proceso de evaluación conforme al referido Reglamento, a partir del 11 de igual mes y año, sería completamente ilegal toda vez que se estaría infringiendo la primera parte del citado artículo 61.III, y ante dicho inminente vencimiento del semestre, solicitó a la Dirección Distrital de Educación de Sucre, se promueva al menor AA al grado correspondiente, en virtud a la excepcionalidad establecida en la segunda parte de la citada norma. Sin embargo, dicha instancia no emitió ninguna respuesta a la solicitud de 7 de mayo de 2024; más al contrario, en franco incumplimiento a los plazos señalados por el merituado Reglamento de Talento Extraordinario, faltando una semana para el descanso pedagógico, después de transcurridos cuarenta y dos días de haber finalizado el primer trimestre, en este caso el 10 de igual mes y año, de forma apresurada pretendía continuar con las evaluaciones cuando según el referido Reglamento, ante el vencimiento de plazo lo único que quedaba era la aceleración excepcional, tal como prevé la segunda parte del art. 61.III y IV del citado Reglamento, cuya finalidad es prevenir algún perjuicio al estudiante. Finalmente, y ante la falta de respuesta oportuna por parte de la Dirección Distrital de Educación de Sucre, y la pretensión de la extemporánea realización de las evaluaciones, mediante nota de 18 de junio de 2024, dirigió una nota al Viceministerio de Educación Alternativa y Especial, para que en el marco de sus atribuciones, en la vía de excepcionalidad, con la finalidad de que no se genere mayores perjuicios al menor, solicitó se instruya de forma escrita a la referida Dirección Departamental, la homologación de las calificaciones obtenidas en las evaluaciones del primer trimestre, en el Acta Supletoria de Quinto de Secundaria, y se promueva al menor al grado correspondiente, en este caso Sexto de Secundaria; sin embargo, pese a los plazos vencidos y la urgencia, se improvisó una reunión en la Dirección General de Educación Especial, en el cual se le indicó que no se tendría previsto atender la excepcionalidad solicitada y prevista en el Reglamento de Talento Extraordinario, habiéndose pedido que presente otra nota solicitando la evaluación, profundizando así la conculcación de los derechos constitucionales del precitado menor. Corresponde en consecuencia ingresar al análisis de la problemática planteada, para evidenciar los hechos y si los mismos ponen en riesgo la salud en cuanto a que ninguna persona será sometida a experimentos científicos sin su consentimiento, a ser atendido educativamente con métodos de formación y aprendizaje que permitan el mayor desarrollo de sus aptitudes y destrezas, así como la garantía constitucional de educación permanente de niñas, niños y adolescentes con talentos extraordinarios, y el derecho a la petición. Es pertinente, mencionar que los Fundamentos Jurídicos III.1 y III.2 del presente fallo constitucional, entienden sobre la viabilidad de prescindir del principio de subsidiariedad en casos que se encuentren involucrados derechos fundamentales y garantías constitucionales de grupos de atención prioritaria, tomando en cuenta que al constituirse en sectores vulnerabilizados, merecen una atención especial y oportuna para la defensa de sus derechos, como el de los niños, niñas y adolescentes, que merecen un trato prioritario a la luz del principio de interés superior dentro del contexto jurídico vigente; por tanto, no es posible en el caso concreto observar u objetar la necesidad previa de acudir a instancia previa para el acceso a la justicia constitucional; asimismo, en la motivación se debe señalar explícitamente todas las circunstancias de hecho referentes al niño, los elementos que se han considerado pertinentes para la evaluación de su interés superior, el contenido de los elementos en ese caso en concreto y la manera en que se han ponderado para determinar el interés superior del niño. Si la decisión difiere de la opinión del niño, se deberá exponer con claridad la razón por la que se ha tomado. Si, excepcionalmente, la solución elegida no atiende al interés superior del niño, se deben indicar los motivos a los que obedece para demostrar que el interés superior del niño fue una consideración primordial, a pesar del resultado. No basta con afirmar en términos generales, que hubo otras consideraciones que prevalecieron frente al interés superior del niño; se deben detallar de forma explícita todas las consideraciones relacionadas con el caso en cuestión y se deben explicar los motivos por los que tuvieron más peso en ese caso en particular. Ahora bien, el problema jurídico que motiva esta acción de amparo constitucional, deviene de la solicitud presentada el 4 de marzo de 2024 por Johnny Gonzalo Quintanilla Mamani -padre del menor-, dirigido al Comandante del Liceo Militar “Tte. Edmundo Andrade”, solicitando la aceleración educativa o de grado, a favor del menor AA, quien cursa el Quinto grado de secundaria, en el referido Liceo Militar de la ciudad de Sucre, en razón a que ya contaba con el respectivo Informe Multidisciplinario y de Seguimiento HC: 6671, emitido por el Centro de Prevención y Rehabilitación Física y Educación Especial (CEREFE) de la gestión 2015, amparando su petición en el art. 82.III de la CPE y art. 57.V del Reglamento del Programa de Atención Integral a Estudiantes con Talento Extraordinario. De acuerdo a la revisión de antecedentes, se puede evidenciar que mediante la referida nota de 4 de marzo de 2024, Johnny Gonzalo Quintanilla Mamani -padre del menor-, se dirigió al Comandante del Liceo Militar “Tte. Edmundo Andrade”, solicitando la aceleración educativa o de grado, a favor del menor AA, quien cursa el Quinto grado de secundaria, en el referido Liceo Militar de la ciudad de Sucre (Conclusión II.1); posteriormente, mediante nota de 7 de mayo de 2024, Ana Isabel Escobar Tito -madre del menor-, sobre la base de lo dispuesto por el artículo 60.III y IV del Reglamento del Programa de Atención Integral a Estudiantes con Talento Extraordinario, solicitó a la Dirección Distrital de Educación de Sucre, se disponga que por intermedio de la Dirección del mencionado Liceo Militar, se promueva a su hijo al Sexto grado de secundaria, conforme a lo previsto en el Reglamento, “en razón a que el próximo 13 de mayo del presente, inicia el tercer trimestre de la gestión en curso” (sic) (Conclusión II.2); de igual forma, mediante nota de 18 de junio de 2024, Johnny Gonzalo Quintanilla Mamani -padre del menor- se dirigió a la Viceministra de Educación Alternativa y Especial, pidiendo que se considere la excepcionalidad establecida en el artículo 61.III del referido Reglamento, con la finalidad de que no se genere mayores perjuicios en el avance curricular del curso al cual se solicitó su aceleración: “SOLICITO que por la Dirección General de Educación Especial se instruya de forma escrita a la Dirección Departamental de Educación de Chuquisaca o la unidad correspondiente, la HOMOLOGACIÓN de las calificaciones obtenidas en las evaluaciones del primer trimestre en el Acta Supletoria de 5to. De Secundaria y se promueva al estudiante (…) al grado correspondiente, en este caso 6to. De Secundaria; en conformidad a lo establecido en el art. 61 del Reglamento del Programa de Atención Integral a Estudiantes con Talento Extraordinario en el Sistema Educativo Plurinacional” (sic) (Conclusión II.3). De igual manera, en antecedentes consta el Informe Multidisciplinario y de Seguimiento de la Fundación CEREFE – Centro de Prevención y Rehabilitación Física y Educación Especial, de 18 de mayo de 2015, en cuyas recomendaciones se señala: Orientación y apoyo por Psicología (conductual y cognitivo); continuar en escuela regular en el nivel que corresponde por su edad cronológica y capacidad intelectual; control por pediatría (Conclusión II.4). Y asimismo, cursa el Informe Psicopedagógico Integral de 13 de mayo de 2024, respecto al menor AA, y en el cual se concluye que de acuerdo a resultados de Evaluación Psicopedagógica Integral, se establece que el estudiante sí es parte del Programa de Atención Integral de Estudiantes con Talento Extraordinario, estableciéndose entre sus recomendaciones para la Unidad Educativa: “La aceleración educativa del estudiante que actualmente cursa 5° de secundaria a 6° de secundaria” (sic) (Conclusión II.5). Sin embargo, el accionante hace notar que durante el proceso de aceleración se presentaron dos observaciones: por una parte, el referido Informe Multidisciplinario y de Seguimiento correspondía a la gestión 2015, lo que ameritaba la realización de otra evaluación; y por otra parte, la forma de las evaluaciones por parte de la Comisión Técnica Pedagógica del mencionado Liceo Militar, habiendo sido citados para el 18 de junio de 2024 a una reunión en la cual se concluyó llevar adelante las evaluaciones señaladas por el Reglamento de Talento Extraordinario. Sobre este aspecto, y de acuerdo a la normativa citada en el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, el Reglamento del Programa de Atención Integral a Estudiantes con Talento Extraordinario en el Sistema Educativo Plurinacional, prevé los pasos que se deben seguir para el registro de la Aceleración Educativa del Estudiante con Talento Extraordinario general en el Sistema de Información Educativa. Asimismo, dispone expresamente que las solicitudes de Aceleración Educativa serán aceptadas desde el inicio de clases hasta la finalización del primer trimestre; salvo excepciones de altos registros de desempeño escolar, de acuerdo a los siguientes criterios: 1. Desempeño educativo elevado (altas capacidades y excelente aprovechamiento), 2. Motivación para asimilar conocimientos de cursos superiores. Por ello, el accionante refiere que ante la decisión de llevar adelante las referidas evaluaciones de forma extemporánea, remitió una nota al Viceministerio de Educación Especial y Alternativa, solicitando la aceleración excepcional con homologación de notas del primer trimestre en la libreta supletoria, en razón a que desde el 4 de marzo de 2024 (en que solicitó la aceleración educativa) hasta el 18 de junio del mismo año, fecha en que se tomó la decisión de continuar con las evaluaciones, ya habían transcurrido ciento seis días y era completamente impertinente y fuera de todo plazo la realización de dichas evaluaciones cuando ya se estaba a más de la mitad del segundo semestre del año lectivo. Al respecto, debe considerarse que según la primera parte del artículo 61.III del citado Reglamento de Talento Extraordinario, las solicitudes de Aceleración Educativa serán aceptadas desde el inicio de clases hasta la finalización del primer trimestre; y de acuerdo al calendario escolar fijado en las normas generales para la gestión educativa, del Subsistema de Educación Regular aprobado mediante Resolución Ministerial 001/2024, el primer trimestre feneció el 10 de mayo de 2024; ello pone en evidencia que la continuidad del proceso de evaluación conforme al referido Reglamento, a partir del 11 de igual mes y año, sería completamente ilegal toda vez que se estaría infringiendo la primera parte del citado artículo 61.III, por lo que, ante dicho inminente vencimiento del semestre, solicitó a la Dirección Distrital de Educación de Sucre, se promueva al menor AA al grado correspondiente, en virtud a la excepcionalidad establecida en la segunda parte de la citada norma. Sin embargo, en la acción tutelar que ahora se analiza se ha denunciado que dicha instancia no emitió ninguna respuesta oportuna a la solicitud de 7 de mayo de 2024; sino que más al contrario, y en inobservancia de los plazos señalados por el Reglamento de Talento Extraordinario, faltando una semana para el descanso pedagógico, después de transcurridos cuarenta y dos días de haber finalizado el primer trimestre, de forma apresurada se pretendía continuar con las evaluaciones cuando según el referido Reglamento, ante el vencimiento de plazo lo único que quedaba era la aceleración excepcional, tal como prevé la segunda parte del art. 61.III y IV del citado Reglamento, cuya finalidad es prevenir algún perjuicio al estudiante. Lo referido anteriormente pone en evidencia que efectivamente existió una solicitud expresa ante el Viceministerio de Educación Especial y Alternativa -autoridad ahora demandada-, que no habría merecido respuesta alguna, configurando en consecuencia una vulneración del derecho de petición que el ahora accionante ha denunciado como lesionado. Sobre este aspecto, la autoridad demandada no ha desvirtuado tal extremo, al contrario, solamente se limitó a hacer referencia a que si bien la solicitud de aceleración se puede presentar solamente hasta el primer trimestre, considerando que el Informe es de 14 de mayo de 2024, está fuera del término establecido por el Reglamento, en donde establece la excepcionalidad, siendo la regla que la solicitud se la presente dentro del primer trimestre, y siempre y cuando cumpla con los requisitos, para que no exista ninguna observación. En consecuencia, habiéndose verificado la falta de respuesta a las solicitudes de 4 de marzo y 7 de mayo de 2024, se ha incurrido en vulneración del derecho de petición del accionante, correspondiendo otorgar la tutela por ese extremo. Por otro lado, el accionante también ha denunciado como lesionados los derechos de su representado, a la salud, a ser atendido educativamente con métodos de formación y aprendizaje que permitan el mayor desarrollo de sus aptitudes y destrezas, la garantía constitucional de educación permanente de niñas, niños y adolescentes con talentos extraordinarios, que en el presente caso también se han acreditado de manera fehaciente, más aún si se constató haberse llevado adelante evaluaciones académicas, junto a pruebas de aptitud y rendimiento académico, con recomendaciones concretas acerca de la aceleración educativa del estudiante, de acuerdo a lo expuesto en los Informes psicopedagógicos que cursan en antecedentes, que produjeron estrés en el menor de edad –hijo del accionante–, tomando en cuenta que las decisiones de las autoridades demandadas no fueron tomadas a tiempo; es decir, dentro del lapso temporal permitido normativamente; por lo que, corresponde también otorgar tutela sobre dichos aspectos. En conclusión, se evidencia que fueron vulnerados los derechos a la salud, a ser atendido educativamente con métodos de formación y aprendizaje que permitan el mayor desarrollo de aptitudes y destrezas; y, a la petición del hijo del impetrante de tutela, todos vinculados a la garantía constitucional de educación permanente de niñas, niños y adolescentes con talentos extraordinarios; pues, habiendo el referido padre, solicitado a la Dirección Distrital de Educación de Sucre, lo promuevan al grado correspondiente, en virtud a la excepcionalidad establecida en el Reglamento del Programa de Atención Integral a Estudiantes con Talento Extraordinario en el Sistema Educativo Plurinacional, no emitieron respuesta a tal solicitud de forma oportuna; al contrario, de forma apresurada pretendieron continuar con las evaluaciones cuando el vencimiento del semestre era inminente y lo único que quedaba por hacer era dar curso a la aceleración excepcional solicitada, tal como prevé la citada normativa; por tanto, no existe óbice fáctico o normativo alguno para acelerar educativamente al citado hijo del accionante, conforme a toda la jurisprudencia desarrollada en la presente Resolución constitucional. En consecuencia, la Sala Constitucional al conceder la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 196/2024 de 22 de agosto, cursante de fs. 435 a 439 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del departamento de La Paz; y en consecuencia CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos dispuestos por la referida Sala Constitucional, y de acuerdo a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller
MAGISTRADA
1 El FJ III.2.2, señala: “…a partir del interés superior como principio que ampara a los menores de edad, por cuyo motivo este Tribunal en acciones de libertad ya prescindió de la subsidiariedad excepcional que la caracteriza; dada la situación especial de este sector vulnerable de la sociedad que goza de la preeminencia en sus derechos fundamentales, en acciones de amparo constitucional también deberá relegarse el carácter subsidiario que exige la interposición de los medios intra procesales vigentes en forma previa a su activación, tomando en cuenta que un excesivo celo procesal podría poner a la persona afectada - accionante menor de edad- en situaciones no deseadas por el orden constitucional, materializando la transgresión de sus derechos cuando a lo que se propende con la interposición de las acciones de tutela es a lograr la máxima eficacia y tutela de los derechos consagrados por nuestra Norma Suprema. De esta manera, en circunstancias en las que se advierta una actuación manifiestamente contraria al ordenamiento jurídico y violatoria de derechos fundamentales -aunque el menor de edad constituido en parte accionante dentro de la jurisdicción constitucional no haya planteado antes de activar la acción de defensa pertinente los medios intra procesales concedidos por el ordenamiento jurídico-, deberá efectuarse el análisis de fondo de la temática puesta a consideración dejando de lado la carga de la subsidiariedad exigible a ese fin de procedencia; estando totalmente justificado el control en sede de amparo constitucional por los motivos ampliamente citados que tienen como objeto una eficaz protección constitucional de los derechos fundamentales de los menores de edad”.
2 El FJ III.1, manifiesta: “…en caso de que la afectación de derechos invocada a través del amparo constitucional, involucre a niños, niñas y adolescentes, es deber del Estado brindarles atención prevalente, buscando su bienestar físico, psicológico, sexual y social, conforme el Principio 2 de la Declaración de los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1959, que establece: “El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dispensando todo ello por ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la consideración fundamental a que se atenderá será el interés superior del niño” (las negrillas y el subrayado son ilustrativos). Siguiendo los preceptos internacionales, la Norma Suprema, desarrolló los derechos y garantías constitucionales a favor de la niñez y adolescencia; en ese sentido, el Estado se encuentra conminado a la protección prioritaria de sus derechos; al respecto, el art. 60 de la CPE prevé que: “Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0698_2024-S1.pdf · páginas 1 a 23.
Huella digital del PDF (SHA-256): fa9b6c00944209c45e819b145b701982d8129dca4613f98872acce22de2f5451
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