Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Cuarta Especializada · 8 de agosto de 2023
Concede la tutela
La parte accionante denuncia la lesión de su derecho a la tutela judicial efectiva, a la defensa y al debido proceso en sus elementos motivación, fundamentación y congruencia; toda vez que, los Vocales de la Sala Social, Administrativa y Contenciosa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz –ahora demandados–, al emitir el Auto de Vista 79 de 28 de noviembre de 2021, no se pronunciaron sobre los argumentos de la solicitud de sustitución de garantía, así como tampoco consideraron los fundamentos en los que el Juez a quo basó su resolución ni los argumentos expuestos y jurisprudencia vigente indicada en su memorial de respuesta a la apelación alternada, basando su decisión en una ininteligible motivación expuesta en el “CONSIDERANDO IV:” que no define ni aclara cuál el fundamento para revocar el Auto 405 de 9 de julio de 2020, sobre sustitución de medida cautelar. En consecuencia, corresponde analizar en revisión, si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 82/2022 de 24 de mayo, cursante de fs. 78 a 83 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, disponiendo dejar sin efecto el Auto de Vista 79 de 28 de noviembre de 2021, ordenán0dose a las autoridades ahora demandadas, emitir nuevo pronunciamiento en el marco de los argumentos expuestos en el presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0698/2023-S4 Sucre, 8 de agosto de 2023 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Acción de amparo constitucional Expediente: 48172-2022-97-AAC Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 82/2022 de 24 de mayo, cursante de fs. 78 a 83 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Marco Antonio Capriles Ribera en representación legal de Mudanzas y Transportes Liftvans Bolivia Sociedad Anónima (S.A.) contra Mirael Salguero Palma y Edil Robles Lijeron, Vocales de la Sala Social, Administrativa y Contenciosa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.
Por memoriales presentados el 11 de mayo de 2022, cursante de fs. 1, 48 a 58 y de subsanación de 18 de igual mes y año (fs. 61 a 63), la parte accionante expresó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:
Dentro del proceso laboral signado con NUREJ 70252231 seguido por Lawrence Emilio Hurtado Gonzales ante el Juzgado de Trabajo y Seguridad Social Séptimo del departamento de Santa Cruz, por providencia de 23 de octubre de 2019, se dispuso la medida cautelar de embargo y retención de cuentas bancarias de la empresa Mudanzas y Transportes Liftvans Bolivia S.A. en el sistema financiero nacional; ante dicha determinación, el 8 de febrero de 2020, solicitó sustitución de medida cautelar, argumentando que toda transacción financiera como empresa debe ser bancarizada, es decir, que las cobranzas y pagos deben efectuarse por intermedio de las instituciones financieras legalmente establecidas en el país; flujo imprescindible para las actividades productivas y de servicio; por lo que, dicha medida de congelamiento de cuentas bancarias impide y perjudica el normal funcionamiento de a la empresa, además de imposibilitar el pago de salarios de los más de ciento ochenta (180) trabajadores. Agregó que en la solicitud de sustitución de medida cautelar, se ofreció como opción el embargo y anotación preventiva de un vehículo motorizado, clase: camión grúa, marca zoomilon, modelo 2014, numero de chasis L5E5H4D37E4009425, con placa de control 4029 AXD, del cual se presentó avalúo, certificado de gravámenes y documentación que acredita el derecho propietario y que tiene un valor comercial de $us241 628,51.- (dólares estadounidenses doscientos cuarenta y un mil seiscientos veintiocho 51/100) equivalentes a Bs1 681.634.42.- (bolivianos un millón seiscientos ochenta y un mil seiscientos treinta y cuatro 42/100); importe que estaría por encima de la cuantía demandada. Posteriormente, por memorial de 7 de julio de 2020, adjuntó la póliza y la documentación de importación de una grúa de 24 de junio de 2015, donde se acreditó que el valor de importación de dicho vehículo es de $us365 406,18.-(dólares norteamericanos trescientos sesenta y cinco mil cuatrocientos seis 18/100), equivalentes a Bs2 543 227.- (dos millones quinientos cuarenta y tres mil doscientos veintisiete bolivianos); valor inicial al que, por el tiempo transcurrido, se aplicó el factor de depreciación; razón por la cual, el valor comercial en base a avalúo asciende a Bs1 681.634,42.- (un millón seiscientos ochenta y un mil seiscientos treinta y cuatro bolivianos). Con todos esos antecedentes, el Juez a quo emitió el Auto de 9 de julio de 2020, disponiendo la sustitución de la medida de retención de fondos en cuentas del sistema financiero por la anotación preventiva del camión grúa; en dicho Auto el Juez señaló que valoró los documentos del mismo ante Tránsito, Aduana Nacional, sobre la póliza de importación, donde se especificó el valor desde Puerto de Shangai, flete, seguro, otros gastos e impuestos, por más de $us267 820, 31.- (doscientos sesenta y siete mil ochocientos veinte 31/100 dólares estadunidenses), así como el avalúo expedido por Alejandro Gutiérrez por la suma de $us241 628,51.-( doscientos cuarenta y un mil seiscientos veintiocho 51/100 dólares estadunidenses) equivalentes a Bs1 681 734, 42.-(un millón seiscientos ochenta y un mil setecientos treinta y cuatro 42/100 bolivianos), acreditando que el mismo no tiene gravamen alguno. Contra dicho auto el demandante del proceso laboral-ahora tercero interesado-, interpuso reposición con apelación alternada, oponiéndose a la sustitución de la garantía y manifestando que debía tomarse en cuenta el valor hipotecario y no así el valor comercial que establece el avalúo; que dicho avalúo no consideró la depreciación contable y en libros que estable el DS 2401 a los efectos del pago de impuesto a las utilidades; y, finalmente, que en la memoria anual de la empresa del año 2014 se tenía aprobada la inversión de $200 000.- (doscientos mil dólares estadunidenses) destinados a la adquisición de la grúa; es decir, en resumen, que la referida maquinaria especializad ano cubriría la cuantía demandada, solicitándose en tal consecuencia que se rechace la sustitución de medida cautelar y anunciando que de operarse en contrario, se acudiría al superior en grado; pretensión que fue rechazada por el juez de la causa mediante Auto de 26 de agosto de 2020, bajo el argumento de que contra el Auto de 9 de julio de igual año, únicamente procedía el recurso de apelación y no así el de reposición, corriendo además en traslado la apelación alternada. En conocimiento de la impugnación formulada por el hoy tercero interesado, la empresa que representa, contestó a la misma solicitando que, en cumplimiento del art. 218.II.1 del Código de Procedimiento Civil (CPC), se dicte auto de vista declarando inadmisible el recurso intentado por falta de expresión de agravios; toda vez que el apelante en el petitorio de su recurso, deja expresamente claro de que no expresó agravio alguno, reservándose el derecho y protestando fundamentar los mismos ante el superior en grado; razón por la que, el ahora accionante, impetró se confirme el Auto “405/20” que fue motivo de la impugnación. Asimismo, indica que en el referido escrito, fundamentó que al margen de no existía expresión de agravios, por parte del demandante, no se señaló cual el perjuicio sufrido al aceptar el juzgador una sustitución a la medida precautoria; que no se había considerado el valor hipotecario de la mencionada maquinaria especializada de cincuenta y cinco toneladas, cuyo porcentaje de depreciación es menor a un vehículo automotor; y, finalmente, que el valor estipulado en el acta del Directorio, hizo referencia a un presupuesto inicial de compra que se hizo el 2014, el cual resultó ser menor al valor en que se adquirió la maquinaria el 2015, sin considerar que el valor de la grúa subió con los costos de importación al país desde Shangai - China, como se tiene en la póliza de importación. En resolución del recurso de apelación, la Sala Social, Administrativa y Contenciosa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, pronunció el Auto de Vista 79 de 28 de noviembre de 2021, el cual lesionó sus derechos fundamentales y garantías constitucionales, como el debido proceso en sus elementos motivación, fundamentación y congruencia; pues la única motivación expuesta, resulta manifiestamente incongruente y carente de razonamiento o subsunción jurídica al haber sido desarrollada en cuatro líneas del considerando IV del referido auto que textualmente dice: “CONSIDERANDO IV QUE, en el caso de autos que se impugna resulta de una controversia en el costo del vehículo camión grúa ofrecida por la parte demandante en sustitución de la medida precautoria de retención de fondos, del cual se puede evidenciar que el a quo no consideró dicha observancia, en estricta aplicación de las normas invocadas para el presenta caso” (sic).
La parte accionante denunció la lesión de su derecho a la tutela judicial efectiva, a la defensa y al debido proceso en sus elementos motivación, fundamentación y congruencia, citando al efecto los arts. 115, 117 y 180.III de la Constitución Política del Estado (CPE); 8.1 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
Solicitó se conceda la tutela impetrada, dejándose sin efecto el Auto de Vista 79 de 28 de noviembre de 2021, ordenándose a los demandados emitir nuevo pronunciamiento que absuelva todos y cada uno de los fundamentos expresados en la contestación al recurso de reposición y apelación alternada, observando y cumpliendo el debido proceso en sus elementos de motivación, fundamentación y congruencia, conforme al lineamiento legal establecido.
Celebrada la audiencia virtual el 24 de mayo de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 73 a 77 vta., presentes el solicitante de tutela y el tercero interesado acompañados de sus abogados; ausentes las autoridades demandadas, se produjeron los siguientes actuados:
La parte impetrante de tutela, a través de su abogado, ratificó íntegramente los extremos expuestos en su memorial de acción de amparo constitucional; indicando que: a) El congelamiento de sus cuentas significa paralizar las operaciones de la empresa; por ello, impetró que se sustituya la medida dejando como garantía una maquinaria por un valor mayor a la estipulada en la demanda laboral; el Juez a quo a través del Auto de 9 de julio de 2020, dio curso a su solicitud; empero, la parte demandante planteó recurso de reposición bajo alternativa de apelación, siendo que el Juez de la causa emitió el Auto de 26 de agosto de igual año, rechazando dicho recurso de reposición, al considerar que solamente correspondía conceder el recurso de apelación y no así el de reposición y consecuentemente, concediendo el recurso de apelación alternada; b) Remitida la apelación a los Vocales ahora demandados, estos no hicieron ningún análisis ni estudio con relación a cuales fueron los fundamentos del Juez para rechazar el recurso de reposición, sino, directamente revocaron el Auto de 9 de julio de 2020, que sustituía la garantía respecto a la retención de cuentas por la hipoteca de una maquinaria; extremo por el que se advierte que existió incongruencia procesal, por cuanto la Sala no podía pronunciarse sobre el motivo de la reposición sin antes revisar los fundamentos del Juez respecto al rechazo de la reposición; c) La reposición es un medio de impugnación en el que las etapas de admisibilidad y fundabilidad las resuelve la autoridad que conoció la causa y en caso de negativa, la apelación es contra la resolución que hubiese negado la reposición y que debe ser remitida a la Sala correspondiente a efectos de que esta se pronuncie con relación al auto objeto emergente del recurso de reposición y no así con relación al auto que fue objeto de apelación; en tal sentido, la Sala debió revisar los antecedentes del caso, pues de haberlo hecho lo que correspondía era que se pronuncie emitiendo un auto que anule el auto de concesión de apelación, debido a que el a quo concedió erradamente la apelación, porque a partir de ese auto recién se abre la competencia de la Sala; por lo que, al tribunal superior le correspondía anular el auto de concesión de alzada y ordenar al Juez que conceda correctamente la apelación contra el Auto de 26 de agosto de 2022, que rechazó el recurso de reposición; por ello existió incongruencia procesal, puesto que los Vocales ahora demandados, sin fundamentos mantuvieron el Auto que rechazó la reposición; y, d) El Auto de 28 de noviembre de 2021, atentó contra el debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia; puesto que, no expresó nada con relación a los argumentos expuestos en la contestación alternada ni sobre la solicitud de garantías o la contestación del recurso de reposición que fue planteado por la otra parte del proceso, limitándose a establecer que el inferior no consideró la existencia de una controversia respecto al costo, motivo por el cual revocaron el Auto de 9 de julio, sin determinar si la otorgación del monto estuvo bien o mal si o es correcto o no, omitiendo además pronunciarse respecto a los fundamentos expuestos por el Juez en el Auto que rechazó la reposición motivo de apelación, lesionando sus derechos fundamentales y garantías constitucionales como empresa, provocando en consecuencia que se restituya la retención de fondos y se inhabilite el funcionamiento de la empresa, al no poder hacer transacciones comerciales internacionales, ni pagar a los trabajadores y proveedores y tampoco contratar servicios.
Mirael Salguero Palma y Edil Robles Lijeron, Vocales de la Sala Social, Administrativa y Contenciosa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, por informe escrito de 24 de mayo de 2022, cursante de fs. 71 a 72 vta., señalaron lo siguiente: 1) De los antecedentes se tiene que, el Juez del Juzgado de Trabajo y Seguridad Social Séptimo del departamento de Santa Cruz, dictó el Auto 405 de 9 de julio de 2020; por el cual declaró la sustitución de medidas precautorias de retención de fondos por la anotación preventiva, solicitada por el demandado dentro del procesos laboral –ahora accionante–; al respecto, el demandante Lawrence Emilio Hurtado Gonzales –hoy tercero interesado–, interpuso recurso de apelación contra el citado auto argumentando que la solicitud de sustitución de medidas precautorias fue observada; puesto que, se encontraron diferencias entre el precio de compra del camión grúa propuesto y el avalúo comercial, hechos que se detallarían en el acta de junta de accionistas en el que determinaron el precio del vehículo en $us200 000.- en relación al avalúo comercial que establece la suma de $us241 628.51.- y que no se tomó en cuenta lo relacionado a la depreciación legal de vehículos y su vida útil; 2) Por su parte, el impetrante de tutela indicó que el Auto 405 de 9 de julio de 2020, lesionó su derecho al debido proceso causándole agravio, conforme detalló de manera extensa en su memorial de apelación; por lo que, solicito reponer el auto apelado, además de interponer alternativamente apelación en caso de negativa; 3) El Juez a quo mediante Auto de 26 de agosto de 2020, resolvió rechazar in limine el recurso de reposición; empero, al haber recurrido en forma alternativa de apelación corrió el mismo en traslado a la parte demandada –ahora accionante– para que en el plazo de tres días hábiles conteste la misma, siendo que dentro de dicho plazo se contestó el traslado, observándose la falta de expresión de agravios en el citado recurso planteado por el demandante; lo que impidió que se abra la competencia del Tribunal de alzada, además de otras consideraciones en las que explicó y demostró la diferencia de precio observada por los demandantes; 4) En resolución del recurso de apelación, el juzgador indicó que se tomó en cuenta las medidas precautorias y de seguridad, en las que se establece la sustitución de medidas precautorias y de seguridad, expresando que estas pueden ser sustituidas en el momento en el que el deudor constituya garantía suficiente, también se estableció que el Juez no se halla sujeto a la tarifa legal de pruebas; “por lo tanto formará libremente su convencimiento de acuerdo a los principios científicos que informan la critica y la prueba” (sic); y, 5) De lo antes advertido, se llega a la conclusión de que los fundamentos expresados por el Juez a quo al momento de emitir el auto motivo de apelación, no son suficientes y que el mismo no valoró los argumentos expuestos por ambas partes, en especial lo manifestado por la parte demandante en memoriales anteriores al auto en el que se determinó la sustitución de la medida precautoria, mismo que observó el valor o costo del vehículo ofrecido por la parte demandante; es así que, en base a la jurisprudencia y normas legales se revocó el Auto 405, ordenando que se restituya la retención de los fondos de la parte demandada; por lo que, no se vulneró derechos fundamentales ni garantías constitucionales del ahora peticionario de tutela. En tal sentido, impetraron se deniegue la tutela solicitada.
Lawrence Emilio Hurtado Gonzales, en audiencia de la acción tutelar, a través de su abogado manifestó que; i) No es evidente que el camión grúa dado en garantía para la sustitución de la medida cautelar de retención de fondos tenga un valor mayor a “300.000 dólares”, siendo que lo indicado por el accionante no coincide con la verdad histórica de los hechos; puesto que, de las pruebas del expediente, entre el 2014 y 2015, la compra y venta de dicha maquinaria que se intenta dar en garantía, tenía un valor de “2000.000 dólares”; sin embargo, dicho vehiculó, el 2020, adquirió un valor de “40.000 dólares adicionales”; es decir, le dieron un valor comercial de “241.628,00 dólares”, de donde se advierte, que el vehiculó en vez de depreciarse subió su valor y costo; ii) Por ello, interpuso recurso de reposición observando el avalúo pericial, en el entendido de que el Juez a quo únicamente consideró el valor comercial y no el valor hipotecario, dictando así el Auto 405, en el que no se pronunció sobre la objeción, el rechazo ni sobre el hecho de que la información que se hizo sobre el valor pericial, es inconsistente con el tiempo y con el valor comercial; además de ser unilateral, pues no se le otorgó la oportunidad de realizarse un segundo avalúo; iii) Para darse curso a la sustitución de una medida cautelar de retención de fondos, la garantía debe ser real y suficiente para no afectar el cumplimiento de una obligación ante una eventual sentencia condenatoria de pago; por ello, ante la negativa del Juez que dictó una resolución inmotivada y citra petita, además de omisiva, por ser atentatoria del debido proceso del trabajador, el 25 de agosto de 2020, interpuso recurso de reposición, dejando establecido que el Juez al momento de resolver, no contempló lo establecido en el Decreto Supremo (DS) 24051 de 29 de junio de 1995, que establece la depreciación de los vehículos, determinando que cada cinco años estos sufren una desvalorización del 20%; iv) Si se sigue la lógica equivocada del accionante, y se toma el valor real que señaló el valuó de “241” menos el valor del 20%, resulta que se alcanza la suma de más o menos “48.000 dólares menos”, menor a los “200.000 dólares”, los que que no alcanzarían para cubrir el adeudo en caso de la emisión eventual de una sentencia condenatoria de pago, siendo además que no existe la seguridad de que ese vehículo tractor grúa va a estar a disposición ante un supuesto remate; aspectos que lo motivaron a formular el recurso de apelación; v) Las autoridades demandadas, contrariamente a lo afirmado por el peticionario de tutela, al momento de emitir el auto observado en la presente acción tutelar, lo hicieron de manera fundamentada y motivada, advirtiendo que el a quo no cumplió con el art. 30 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) –Ley 025 de 24 de junio de 2010– que dispone que todo auto interlocutorio debe ser fundamentado, en el presente caso la parte impetrante de tutela al solicitar la sustitución de la retención de fondo no cumplió con los parámetros exigidos a dicho efecto para que se pudieran liberar sus fondos, al margen de que no se tomó en cuenta que los derechos laborales, están tutelados por los arts. 13 y 48 de la CPE, bajo el principio de progresividad; y, vi) El Tribunal de apelación, al resolver el recurso de impugnación formulado (reposición bajo alternativa de apelación), concedió la tutela judicial efectiva que es lo que buscaba; y, vii) Si bien la parte accionante señaló que no puede pagar a su personal, surge entonces la pregunta de cómo es que se podría garantizar el pago al trabajador ante una eventual una sentencia condenatoria; resultando entonces inválido por sí mismo, utilizar un argumento infundado y sin consistencia legal, para pretender que se le liberen fondos y dar una garantía que no especifica el valor hipotecario y que para completar, tiene a la fecha un valor superior al del momento de su adquisición; es decir, que desde el 2014 al 2020, subió su valía de “200.000 dólares” -de acuerdo al acta de accionistas- a “241.000 dólares”. Por todo lo manifestado, considera que la acción de defensa interpuesta por el impetrante de tutela, carece de fundamentación y motivación, pues no tiene nexo de causalidad que demuestre la vulneración del debido proceso y del derecho a la fundamentación; por lo que, impetró se deniegue la tutela solicitada con costas y costos.
La Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Resolución 82/2022 de 24 de mayo, cursante de fs. 78 a 83 vta., concedió la tutela solicitada, dejando sin efecto el Auto de Vista 79 de 28 de noviembre, a efectos de que las autoridades demandadas emitan un nuevo fallo conforme a los fundamentos expuestos en la resolución; decisión asumida conforme a los siguientes fundamentos: a) Del cuaderno constitucional, se advirtió como hechos no controvertidos, el Auto 405 de 9 de julio de 2020, emitido por el Juez de Partido del Trabajo y Seguridad Social Séptimo del departamento de Santa Cruz, por el que ordenó la sustitución de medidas precautorias de retención de fondo por la anotación preventiva de camión grúa, en base a la carga argumentativa señalada en el art. 105 del CPT y la documental que se indica en el señalado fallo; b) Lawrence Emilio Hurtado Gonzales, –ahora tercero interesado–, el 28 de mayo de 2020, interpuso recurso de reposición bajo alternativa de apelación, solicitando al Juez de la causa reponer en su totalidad el Auto 405 antes mencionado y ordenar el rechazo a la restitución de medidas precautorias solicitada por el demandado, debiendo mantener vigente y subsistente las medidas precautorias de retención de fondos, señalando además y textualmente que: “Si nuestra petición no fuera aceptada recurro alternativamente a la apelación, protestando fundamentar agravios ante el superior en grado” (sic); c) A partir de ello, el ahora accionante respondió la apelación alternada y consiguientemente, se emitió el Auto de Vista “de 28 de noviembre del 2020” (sic), a través del cual se revocó la decisión impugnada que dispuso la sustitución de la medida precautoria de retención de fondos por anotación preventiva –impetrada por el entonces demandado ahora peticionario de tutela–, ordenándose asimismo debiendo restituirse la retención de fondos de la parte demandada; d) A partir de estos elementos probatorios remitidos ante el Tribunal de garantías, así como también de la documental presentada, y sin que ello implique una interpretación de la legalidad ordinaria y/o valoración de la prueba, se advierte de la lectura del Auto de Vista 79 de 28 de noviembre de 2021, objetó de la presente acción de defensa, que el mismo en su “Considerando I” detalló los antecedentes que dieron lugar al recurso; siendo que, en su “Considerando II”, señaló los argumentos expuestos por el tercero interesado en su recurso de reposición bajo alternativa de apelación; asimismo, en el “Considerando III”. desarrolló los puntos de la contestación ofrecida por el ahora accionante, entre ellos: primero, la falta de expresión de agravios del recurso planteado por el demandante; segundo, expuso las consideraciones donde explicó y demostró la diferencia de precios observados por el recurrente. Asimismo, en el mismo considerando, se advierte que las autoridades ahora demandadas, citan entre otros los arts. 48.II de la CPE, así como el 265.I del CPC y 100 y 105 del CPT, referidos a la sustitución de medidas precautorias, de igual manera se citaron los arts. 30 de la Ley 025 y 158 del CPT, así como la SCP 0167/2015-S3 que a su vez invoca la SCP 1221/2012 de 8 de noviembre, siendo que, a partir de estas citas normativas y jurisprudenciales, se advirtió que en la parte Considerativa IV, se señaló lo siguiente “Que en el caso de Auto que se impugna resulta de una controversia en el costo del vehículo camión grúa ofrecido por la parte demandante en sustitución de la medida precautoria de retención de fondo, del cual se puede evidenciar que el ad quo no considero dicha observancia, en estricta aplicación de las normas invocadas para el presente caso” (sic); e) A partir de esa fundamentación y motivación, se llegó a la conclusión de revocar el Auto 405, donde se tiene el problema de que; de la lectura del “Considerando IV”, se evidencia que se estableció el objeto de la problemática planteada, al señalar que la misma resultó de una controversia respecto al costo de la grúa ofrecida por la parte ahora accionante en sustitución de la media precautoria de retención de fondos; a partir de ello, las autoridades ahora demandadas pretendieron realizar una motivación; sin embargo, la misma resultó insuficiente; toda vez que, no motivó los agravios desarrollados con anterioridad, tampoco subsumió la norma hipotética al caso concreto, así como tampoco expuso otras consideraciones explicando ¿Cuál sería la diferencia de precios que habría sido observada por el recurrente?, en tal sentido, se pudo advertir que el solo hecho de establecer en su motivación que se evidenció que el a quo no consideró dicha observación, sin establecer qué evidencias serían las que conducirían a la determinación arribada en la parte resolutiva, deja ver con claridad que no se desplegó una debida la motivación y fundamentación, sobre los agravios expresados en apelación y tampoco respecto a los argumentos expuestos en la contestación a la misma; y, f) Por ello, se evidenció que el Auto de vista objeto de la presente acción de defensa, no realizó las justificaciones necesarias para sustentar la decisión, evidenciándose una fundamentación y motivación insuficiente, pues los ahora demandados, no emitieron un pronunciamiento expreso respecto a cada uno de los puntos que se expusieron en la contestación a la apelación alterna presentada por el ahora tercero interesado y contestada también por el ahora solicitante de tutela, evidenciándose en consecuencia, la lesión al derecho a una resolución fundamentada, motivada y congruente, como elemento constitutivo del debido proceso, así como también la lesión del derecho a la tutela judicial efectiva, al no haberse otorgado una respuesta a los puntos expresados, tanto por el apelante como quien contestó al indicado recurso.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Consta avalúo de un camión grúa con placa de control 4029 AXD de 30 de enero de 2020, labrado a solitud de la empresa Mudanzas y Transportes Liftvans Bolivia S.A. –representada por el ahora accionante–, avalúo realizado por Alejandro Gutiérrez, con registro 237/93, documento que establece como valor de la indicada maquinaria, la suma de $us241 628,51.-(dólares estadunidenses doscientos cuarenta y un mil seiscientos veintiocho 51/100) y su equivalente en Bs1 681 734,42.-(un millón seiscientos ochenta y un mil setecientos treinta y cuatro 42/100 bolivianos), monto equivalente a su precio actual de comercialización en el mercado de bienes nuevos y usados, valores obtenidos mediante método comparativo (fs. 8 a 12). II.2. Por memorial de 10 de febrero de 2020, el ahora accionante, solicitó al Juez de Partido del Trabajo y Seguridad Social Séptimo del departamento de Santa Cruz que, dentro del proceso sobre beneficios sociales seguido por Lawrence Emilio Hurtado Gonzales, –ahora tercero interesado– contra el hoy impetrante de tutela, se sustituya la medida precautoria impuesta, ofertando la garantía del vehículo camión grúa, y que se levanten las medias de embargo y congelamiento de cuentas de la empresa en entidades financieras, mereciendo decreto de 12 de igual mes y año, por el que el Juez de la causa dispuso el traslado a la parte contraria; posteriormente, por escrito de 7 de julio de igual año, se reiteró la solicitud de sustitución de garantía (fs. 13 a 14 y de 19 a 20). II.3. Mediante Auto 405 de 9 de julio de 2020, el Juez de Partido del Trabajo y Seguridad Social Séptimo del departamento de Santa Cruz, determinó la sustitución de medias precautorias de retención de fondos por la anotación preventiva del camión grúa, marca zoomilon, modelo 2014, numero de chasis L5E5H4D37E4009425, con placa de control 4029 AXD, ordenó se remita el oficio al Tránsito para que cumpla y certifique lo ordenando asimismo, que una vez que se haya acreditado documentalmente la anotación preventiva del referido camión grúa, se remita a la ASFI para dejar sin efecto el oficio “N°12/2020” de 13 de enero (fs. 21). II.4. Por memorial de 25 de agosto de 2020, el ahora tercero interesado, presentó ante el Juez de Partido del Trabajo y Seguridad Social Séptimo del departamento de Santa Cruz, recurso de reposición bajo alternativa de apelación contra el Auto 405, emitiéndose en consecuencia el Auto de 26 de igual mes y año, por el que se rechazó in limine el recurso de reposición; empero, al haberse recurrido en alternativa de apelación, esta fue concedida, corriéndose en traslado a la parte ahora solictante de tutela, para que en el plazo de tres días hábiles a partir de su legal citación, conteste la misma (fs. 22 a 26). II.5. A través de memorial de 1 de septiembre de 2020, el hoy solicitante de tutela, dio a conocer al Juez a quo la certificación de Tránsito de 10 de septiembre de 2020, impetrando se extienda oficio para que la ASFI proceda a liberar los fondos detenidos, dicho escrito mereció decreto de 3 de septiembre de 2020, en el que se ordenó se oficie a la ASFI a efectos de dejar sin efecto el oficio “12/2020” (fs. 27 a 29). II.6. Por escrito de 2 de octubre de 2020, dirigido al Juez de Partido del Trabajo y Seguridad Social Séptimo del departamento de Santa Cruz, el ahora accionante, respondió el recurso de apelación alternada de 29 de septiembre de 2020 presentado por el ahora tercero interesado, teniendo como respuesta del Juez antes citado, el Auto de 5 de octubre de 2020, que resolvió conceder la apelación interpuesta por el demandante –hoy tercero interesado– contra el Auto 405, en el efecto devolutivo, para que el superior en grado; es decir, los Vocales de la Sala Social, Administrativa y Contenciosa de turno del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz tengan conocimiento (fs. 30 a 33). II.7. Mediante Auto de Vista 79 de 28 de noviembre de 2021, Mirael Salguero Palma y Edil Robles Lijerón, ambos Vocales de la Sala Social, Administrativa y Contenciosa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz –ahora demandados–, revocaron el Auto 405 de 9 de julio de 2020, que declaró la sustitución de medias precautorias de retención de fondos por la anotación preventiva interpuesta por el hoy solicitante de tutela, ordenando la restitución de la retención de fondos de la parte demanda –hoy accionante– (fs. 34 a 36).
La parte accionante denuncia la lesión de su derecho a la tutela judicial efectiva, a la defensa y al debido proceso en sus elementos motivación, fundamentación y congruencia; toda vez que, los Vocales de la Sala Social, Administrativa y Contenciosa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz –ahora demandados–, al emitir el Auto de Vista 79 de 28 de noviembre de 2021, no se pronunciaron sobre los argumentos de la solicitud de sustitución de garantía, así como tampoco consideraron los fundamentos en los que el Juez a quo basó su resolución ni los argumentos expuestos y jurisprudencia vigente indicada en su memorial de respuesta a la apelación alternada, basando su decisión en una ininteligible motivación expuesta en el “CONSIDERANDO IV:” que no define ni aclara cuál el fundamento para revocar el Auto 405 de 9 de julio de 2020, sobre sustitución de medida cautelar. En consecuencia, corresponde analizar en revisión, si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La debida fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales y administrativas como parte del debido proceso, fue motivo de amplio desarrollo jurisprudencial, señalando que: “La garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió. Al contrario, cuando aquella motivación no existe y se emite únicamente la conclusión a la que se ha arribado, son razonables las dudas del justiciable en sentido de que los hechos no fueron juzgados conforme a los principios y valores supremos, vale decir, no se le convence que ha actuado con apego a la justicia, por lo mismo se le abren los canales que la Ley Fundamental le otorga para que en búsqueda de la justicia, acuda a este Tribunal como contralor de la misma, a fin de que dentro del proceso se observen sus derechos y garantías fundamentales, y así pueda obtener una resolución que ordene la restitución de dichos derechos y garantías, así se ha entendido en varios fallos de este Tribunal, entre ellos, la SC 0752/2002-R de 25 de junio. Asimismo, cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo, pudiendo ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiéndose expresar las convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas; al contrario, cuando la resolución aun siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas” (SC 2023/2010-R de 9 de noviembre reiterada por la SC 1054/2011-R de 1 de julio).
De los razonamientos expuestos, se puede establecer de manera inequívoca que la fundamentación y motivación de una resolución que resuelve cualquier conflicto jurídico o administrativo, no necesariamente implica que su exposición deba ser ampulosa o abundante donde se tenga consideraciones, citas legales y argumentos reiterativos, pues al contrario una debida motivación conlleva que la resolución sea concisa, clara e integre todos los puntos demandados, donde la autoridad jurisdiccional o en su caso administrativa, exponga de forma clara cuales las razones determinativas que justifican su decisión, exponiendo los hechos, adecuados o subsumidos a la fundamentación legal y citando para ello las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución; en suma lo que se espera de una resolución es que las partes motivo del proceso –judicial o administrativo– sepan cuales los aspectos que llevaron al tribunal o autoridad a asumir determinada decisión.
Sobre esta temática, la SCP 0048/2017-S2 de 6 de febrero, señaló que: “Al tratarse la problemática planteada de omisiones indebidas que se hubieren suscitado dentro de un acto resolutivo materializado en una resolución dictada en apelación, cabe señalar de manera general que toda resolución, en lo que concierne al fondo de la misma, debe ser debidamente fundamentada, lo que obliga a todo juzgador a exponer todos los fundamentos de hecho y derecho en la parte de fundamentación jurídica, la misma que por una parte, deberá guardar consecuencia con la parte de relación de los hechos, en la que resulta obvio se deberá exponer todo cuanto hubiera sido argumentado por las partes; y por otra, dicha fundamentación deberá ser congruente con la parte resolutiva que tendrá a su vez que ser coherente con la fundamentación y el petitorio de las partes apelantes.
Además de ello, toda resolución dictada en apelación, no sólo por disposición legal sino también por principio general, debe sujetarse a los puntos de apelación expuestos por la parte apelante, que se entiende deben estar relacionados con lo discutido ante el juez a quo. Para el mismo objetivo -resolver la apelación-, también el juez ad quem, si se trataran de varias apelaciones y deba resolverlas en una sola resolución deberá individualizar a las partes, lo que supone también, la individualización de sus pretensiones y resolverlas de la misma forma; pues en el único caso que podrá dirigirse en su fundamentación a dos o más apelantes, será cuando éstos hubieran coincidido en sus argumentos al presentar su apelación, o varios hubieran presentado apelación en forma conjunta. Ahora bien, la misma obligación que tiene el juez ad quem frente a los apelantes, también debe cumplirla frente a la parte adversa, para el caso de que el procedimiento aplicable admita que la misma pueda responder al recurso, pues omitir las consideraciones a la respuesta igual que no responder a los puntos de apelación, resulta arbitrario y por lo mismo, daría lugar a una omisión indebida plasmada en la resolución que resuelve la apelación.
Lo expuesto, no responde únicamente a un mero formulismo de estructura sino que al margen de ello, responde al cumplimiento de deberes esenciales del juez que a su vez implican el respeto de derechos y garantías fundamentales de orden procesal expresamente reconocidos a los sujetos procesales, así como el derecho de acceso a la justicia, a la garantía del debido proceso que entre uno de sus elementos, reconoce el derecho a exigir una resolución motivada’” (el resaltado nos corresponde).
La parte accionante denuncia la lesión de su derecho a la tutela judicial efectiva, a la defensa y al debido proceso en sus elementos motivación, fundamentación y congruencia; toda vez que, los Vocales de la Sala Social, Administrativa y Contenciosa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz –ahora demandados–, al emitir el Auto de Vista 79 de 28 de noviembre de 2021, no se pronunciaron sobre los argumentos de la solicitud de sustitución de garantía, así como tampoco consideraron los fundamentos en los que el Juez a quo basó su resolución ni los argumentos expuestos y jurisprudencia vigente indicada en su memorial de respuesta a la apelación alternada, basando su decisión en una ininteligible motivación expuesta en el “CONSIDERANDO IV:” que no define ni aclara cuál el fundamento para revocar el Auto 405 de 9 de julio de 2020, sobre sustitución de medida cautelar.
Identificada la problemática venida en revisión, de los argumentos descritos por el impetrante de tutela, se establece inicialmente que la lesión a los derechos a la tutela judicial efectiva, a la defensa y al debido proceso emergen a partir del supuesto de que existió falta de fundamentación y motivación en el Auto de Vista 79, mismo que no es coherente ni congruente con las pretensiones expuestas en su memorial de respuesta a la apelación alternada formulada por el entonces demandante –ahora tercero interesado–, además de que el señalado fallo, incurre en incongruencia interna, externa y omisiva, producto de una redacción sesgada, confusa e incongruente.
Ahora bien, previo a ingresar al análisis de fondo del supuesto descrito precedentemente, corresponde señalar que, a objeto de resolver lo alegado por la parte accionante, es necesario contextualizar la situación fáctica en base a los antecedentes del caso, a partir de los cuales se emitirá el presente fallo constitucional. En ese orden, se tiene que, dentro del proceso laboral seguido por Lawrence Emilio Hurtado Gonzales, –ahora tercero interesado– contra el hoy impetrante de tutela, cursa memorial de 10 de febrero de 2020, presentado por el accionante ante al Juez de Partido del Trabajo y Seguridad Social Séptimo del departamento de Santa Cruz, solicitando se sustituya la medida precautoria impuesta (retención de fondos) y ofertando la garantía de un vehículo camión grúa y que se levanten las medias de embargo y congelamiento de cuentas de la empresa en entidades financieras, el cual mereció el decreto de 12 de igual mes y año, por el que el juzgador dispuso el traslado a la parte contraria; posteriormente, el impetrante de tutela, el 7 de julio de igual año, reiteró su solicitud (Conclusión II.2).
Es así que por Auto 405 de 9 de julio de 2020, el Juez de Partido del Trabajo y Seguridad Social Séptimo del departamento de Santa Cruz, ordenó la sustitución de medias precautorias de retención de fondos por la anotación preventiva del camión grúa, marca zoomilon, modelo 2014, numero de chasis L5E5H4D37E4009425, con placa de control 4029 AXD y dispuso se remita el oficio correspondiente a Tránsito para que cumpla y certifique lo ordenado, y que una vez que se haya acreditado documentalmente la anotación preventiva del referido camión grúa, se remita a la ASFI para dejar sin efecto el oficio “N°12/2020” de 13 de enero. En tales circunstancias, el ahora tercero interesado, por memorial de 25 de agosto de 2020, presentó ante el citado Juez recurso de reposición bajo alternativa de apelación, contra el prenombrado Auto 405, emitiéndose Auto de 26 de igual mes y año, rechazándose in límine el referido escrito de reposición; empero, al haber recurrido en alternativa de apelación, se concedió este último recurso, corriendo traslado a la parte ahora solicitante de tutela para que, en el plazo de tres días hábiles a partir de su legal citación, conteste al mismo (Conclusiones II.3 y 4). Consiguientemente, el 1 de septiembre de 2020, el hoy solicitante de tutela dio a conocer al Juez a quo la certificación de Transito de 10 de septiembre de 2020 e impetró se extienda oficio para que la ASFI proceda a liberar los fondos detenidos, mereciendo decreto de 3 de septiembre de igual año, por el que la autoridad judicial señalada, ordenó se oficie a la ASFI dejar sin efecto el oficio “12/2020” (Conclusión II.5). En consecuencia, por escrito de 2 de octubre de 2020, el ahora accionante, respondió al recurso de apelación alternada de 29 de septiembre de 2020 presentado por el ahora tercero interesado, dictándose el Auto de 5 de octubre de 2020, mediante el cual, el juez de la causa resolvió conceder la apelación interpuesta por el demandante contra el Auto 405 en el efecto devolutivo, para que el superior en grado; es decir, los Vocales de la Sala Social, Administrativa y Contenciosa de turno del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz asuman conocimiento (Conclusión II.6). En atención al recurso de apelación interpuesto contra el Auto 405 de 9 de julio de 2020, Mirael Salguero Palma y Edil Robles Lijeron, ambos Vocales de la Sala Social, Administrativa y Contenciosa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz –ahora demandados– emitieron el Auto de Vista 79 de 28 de noviembre de 2021,, revocando el fallo confutado que declaró la sustitución de medias precautorias de retención de fondos por la anotación preventiva solicitada por el hoy solicitante de tutela, debiendo restituirse la retención de fondos de la parte demanda –hoy accionante– (Conclusión II.7). Ahora bien, a objeto de establecer la concesión o no de la tutela, respecto al debido proceso en sus elementos reclamados, se tiene que por memorial de 2 de octubre de 20220, de respuesta al recurso de apelación planteado por el denunciante en el proceso sobre beneficios sociales, el impetrante de tutela, solicitó declarar inadmisible el recurso de apelación, alegando al efecto lo siguiente: 1) Solicitó se pronuncie una resolución confirmando totalmente el Auto 405, el cual fue motivo de impugnación por falta de expresión de agravios en el recurso planteado por el demandante ahora tercero interesado, por lo que, inequívocamente no contiene el requisito esencial para su admisibilidad, cual es la expresión de agravios; por lo que se impide se abra competencia del Tribunal de alzada, siendo además que, en el último párrafo de su apelación, el tercero interesado reconoció que no formuló expresión de agravios alguna, cuando señaló: “si nuestra petición no fuera aceptada, recurro alternativamente a la apelación, PROTESTANDO FUNDAMENTAR AGRAVIOS ANTE EL SUPERIOR EN GRADO” (sic), es decir, no se indicó cual el perjuicio sufrido al aceptar el Juez a quo constituir un gravamen de una maquinaria en sustitución a la medida precautoria de congelamiento de cuentas bancarias, únicamente se limitó el demandante a reiterar el relato, tergiversando los hechos sobre dicha sustitución de garantía, sin precisar ni describir cual el agravio sufrido respecto a la anotación preventiva de una maquinaria valuada en Bs1 681.734,32.- (bolivianos un millón seiscientos ochenta y un mil setecientos treinta y cuatro con 32/100) frente a una medida de congelamiento de cuentas bancarias cuyos fondos no alcanzan ni al 50% de ese valor; empero, ocasionó grandes perjuicios al normal funcionamiento de la empresa; puesto que, todos los pagos y servicios se hacen a través de bancos; 2) Por otra parte tampoco, identificó cual el derecho que supuestamente hubiese sido lesionado al haberse pronunciado el auto ahora apelado, pues no expresó el tercero interesado cual la motivación y fundamentación con citas de hechos y derechos que correspondería a la supuesta vulneración de sus derechos fundamentales; al respecto, la doctrina y la jurisprudencia establecieron que el recurso de apelación debe contener la expresión de agravios del fallo recurrido, se debe de indicar punto por punto los errores, omisiones y demás deficiencias que se atribuyan a la sentencia o al auto definitivo, identificando claramente la lesión de los derechos; demostrar los motivos que se tiene para considerarla errónea, analizando la prueba, señalando errores de apreciación y la aplicación del derecho; a dicho efecto y para demostrar lo aseverado, se debe de fundamentar de forma clara y precisa el error de hecho y de derecho en el cual se incurrió; por tanto, no basta disentir con el pronunciamiento, pues disentir no es criticar, de manera tal que el recurso debe bastarse a sí mismo; 3) En consecuencia, “tanto los disensos subjetivos como la exposición retórica de la posibilidad de haberse interpretado la pretensiones o sus defensas de modo distinto, al llegado por el A Quo, si bien constituye características propias del debate dialectico, no lo son de la impugnación judicial que se pretende” (sic); consecuentemente es imprescindible en el recurso de apelación para su admisibilidad, la expresión de agravios, de lo contrario faltaría un requisito intrínseco a los actos procesales de impugnación de parte, cual es demostrar el error incurrido, pues no hay apelación por el simple hecho de apelar, es decir, que quien apela una resolución judicial debe de sufrir un agravio o perjuicio personal objetivo ya que no basta con la sola declaración de impugnación; 4) Sobre las tergiversaciones e incongruencias contenidas en el recurso adverso, el Juez a quo considero la sustitución de garantía de congelamiento de cuentas bancarias por una específica y privilegiada como es el gravamen sobre una grúa; toda vez que, tener las cuentas congeladas para cualquier empresa, implica un terrible perjuicio con grandes consecuencias económicas, tomando en cuenta el perjuicio que tuvieron las empresas con el COVID-19, que paralizó completamente al sector empresarial; por ello, el congelamiento de sus cuentas derivó en una falta de liquidez y fluidez para el pago de los salarios de más de ciento ochenta trabajadores, poniendo seriamente en riesgo la fuente de empleo; y, 5) La parte demandante pretendió argumentar en su apelación que el Juez no habría considerado el valor hipotecario de la maquinaria a la cual el recurrente le atribuyó la cualidad de “ vehículo automotor”, cuando en realidad se trata de una maquinaria especializada, consistente en una grúa de cincuenta toneladas, cuyo porcentaje de depreciación es mucho menor a un simple vehículo automotor. Al respecto, el valor mencionado por el Directorio hizo referencia a un presupuesto inicial de compra que resultó ser menor al valor en el que se llegó a adquirir la maquinaria, es decir en primera instancia se tenía un presupuesto inicial de $us200 000.- el costo de compra del país de origen fue de $us248 000.- (valor FOB, puerto de Shangai-China), situación que era de conocimiento del ahora tercero interesado, quien además conocía que EXPRINTER realizó la importación de la grúa de manera directa, incurriendo en gastos adicionales como IVA, aranceles aduaneros, seguros y otros; valores que están reflejados de manera inequívoca en la póliza de importación original de la grúa por un valor de Bs2 543.227.00.- (dos millones quinientos cuarenta y tres mil doscientos veintisiete bolivianos), tomando en cuenta el valor del avaluó estableció el valor de Bs1 681.734.32.-, este considero los datos insertados en la póliza de importación del camión grúa, es decir, se aplicó en dicho avalúo el factor de depreciación por los años; por lo que se trata de un avalúo real, claro y objetivo, por lo que responde a la garantía que cubre con la cuantía demandada. En conocimiento del memorial de apelación presentado por el denunciante Lawrence Emilio Hurtado Gonzales, –ahora tercero interesado– en su recurso de apelación y la respuesta al mismo del ahora impetrante de tutela descrita supra, se tiene que los Vocales demandados, resolvieron la referida impugnación mediante Auto de Vista 79, declarando admisible y procedente dicho recurso; por lo que, deliberando en el fondo revocaron el Auto apelado 405 disponiendo restituirse la retención de fondos de la parte demandada –ahora impetrante de tutela–; determinación que fue pronunciada bajo los siguiente fundamentos: i) Dentro del proceso laboral seguido por Lawrence Emilio Hurtado Gonzales, –ahora tercero interesado– contra Marco Antonio Capriles Ribera en representación legal de Mudanzas y Transportes Liftvans Bolivia S.A., –hoy impetrante de tutela– el Juez de Trabajo y Seguridad Social Séptimo del departamento de Santa Cruz, pronunció el Auto 405, que declaró la sustitución de medidas precautoria de retención de fondos por la de anotación preventiva, interpuesto por el demandado dentro de dicho proceso; y, ii) En el considerando IV: establecieron que; en el caso de autos que se impugna, resulta de una controversia en el costo del vehículo camión grúa ofrecido por la parte demandada en sustitución de la medida precautoria de retención de fondos, del donde se puede evidenciar que el Juez a quo no consideró dicha observación, en estricta aplicación de las normas invocadas para el presente caso. Ahora bien, como se dispone en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, si bien la fundamentación y motivación de una resolución que dilucida cualquier conflicto jurídico o administrativo, no necesariamente implica que su exposición deba ser ampulosa o abundante donde se tenga consideraciones, citas legales y argumentos reiterativos, pues al contrario una debida motivación conlleva que la resolución sea concisa, clara e integre todos los puntos demandados, donde la autoridad administrativa, exponga de forma clara cuales las razones determinativas que justifican su decisión, precisando los hechos y subsumirlos a la fundamentación legal citando para ello las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución; en suma lo que se espera de un fallo es que las partes motivo del proceso –judicial o administrativo– sepan cuales los aspectos que llevaron al tribunal o autoridad a asumir determinada decisión. En el caso concreto de la revisión y análisis del Auto de Vista 79, se evidenció que los Vocales ahora demandados en su parte considerativa omitieron pronunciarse respecto a los alegatos planteados por el accionante en su memorial de respuesta a la apelación interpuesta por el denunciante; es decir, únicamente tomaron en cuenta los argumentos expuestos por este último; asimismo, no argumentaron de manera clara los fundamentos que llevaron a las referidas autoridades demandadas a resolver el conflicto jurídico, pues no hicieron mención en la estructura de la Resolución ahora cuestionada, a ninguno de los planteamientos y consideraciones realizados por el ahora solicitante de tutela en dicho memorial de respuesta, lo que demuestra un desconocimiento de parte de las autoridades ahora demandadas de la jurisprudencia constitucional mencionada en los Fundamentos Jurídicos II.1 y 2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, mismos que establecen que toda autoridad al pronunciar su fallo, debe referirse y remitirse a los argumentos, pretensiones y el petitorio que expongan todas las partes intervinientes en el proceso. Consiguientemente, correspondía que las autoridades demandadas, además de atender los agravios expuestos por el apelante -ahora tercero interesado-, también debieron manifestarse en relación a los argumentos expresados por el impetrante de tutela en su respuesta a la apelación, considerando los mismos y resolviéndolos de manera motivada y con la debida fundamentación, explicando los motivos para su consideración o su desestimación, situación que como se tiene señalado, no fue cumplida por los Vocales demandados; en tal sentido, la omisión detallada, demuestra la falta de concordancia entre todo lo expresado y pedido por las partes y lo efectivamente resuelto por las indicadas autoridades, evidenciando la vulneración del derecho al debido proceso en su elemento relativo a la congruencia que debe existir en una resolución; lesionándose asimismo el derecho a la defensa. Por lo expuesto, teniendo en cuenta el análisis antes realizado, donde se precisó que los Vocales ahora demandados, al resolver el recurso de apelación del tercero interesado, excluyeron de su consideración y análisis a los argumentos expresados por el impetrante de tutela en su memorial de respuesta a ese recurso; es decir, no emitieron ningún pronunciamiento sobre los mismos; incurriendo en falta de fundamentación y motivación por no contar el Auto de Vista 79, con todos los argumentos de ambas partes; por lo que, dada la conculcación del derecho al debido proceso en su elemento fundamentación, motivación y congruencia, deben emitir una nueva resolución, en la que además de los agravios de la parte apelante, necesariamente resuelvan los planteamientos del solicitante de tutela, con la debida fundamentación y motivación. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 82/2022 de 24 de mayo, cursante de fs. 78 a 83 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, disponiendo dejar sin efecto el Auto de Vista 79 de 28 de noviembre de 2021, ordenán0dose a las autoridades ahora demandadas, emitir nuevo pronunciamiento en el marco de los argumentos expuestos en el presente fallo constitucional.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano
MAGISTRADO
René Yván Espada Navía
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0698_2023-S4.pdf · páginas 1 a 20.
Huella digital del PDF (SHA-256): 2bae9b4c1fb09aef8a22ee88f280d6e9f589ba0569f4152362eefa8acf8aed8f
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