Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 28 de junio de 2023
Concede la tutela
El accionante denuncia la lesión de su derecho a la libertad, al debido proceso en sus elementos a la defensa, igualdad procesal, acceso a una justicia pronta y oportuna vinculado al principio de celeridad; toda vez que interpuesto el recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio de 2 de marzo de 2022 que amplía el término de la detención preventiva, el indicado recurso no fue remitido al Tribunal de alzada por más de nueve días. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, para el efecto se analizarán los siguientes temas: i) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el plazo para la remisión de antecedentes ante el tribunal de alzada, frente a un recurso de apelación incidental de medidas cautelares y la dilación en la remisión por falta de provisión de recaudos; ii) Sobre el principio de celeridad en las actuaciones procesales; y, iii) Análisis del caso en concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 009/2022 de 16 de marzo, cursante de fs. 42 a 43 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Décima de la Capital del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, y, 2° Exhortar a la autoridad demandada, para que en lo posterior, en la tramitación de los recursos de apelación, así como la tramitación de los asuntos a su cargo, observe el término establecido en la normativa penal, debiendo actuar con celeridad a los fines de precautelar los derechos fundamentales de las partes.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0698/2023-S1 Sucre, 28 de junio de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 46446-2022-93-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 009/2022 de 16 de marzo, cursante de fs. 42 a 43 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Lilian Nogales Rocha en representación sin mandato de Sergio Alejandro Cardozo Aguilar contra Lithzi Carolina Sahonero Alvarado, Jueza de Instrucción Penal y Contra la Violencia hacia la Mujer Primera de la Estación Policial-EPI Norte del departamento de Cochabamba.
Por memorial presentado el 15 de marzo de 2022, cursante de fs. 4 a 7, el accionante a través de su representante sin mandato, expresó los siguientes argumentos de hecho y derecho:
Señala que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por el presunto delito de asesinato, el 2 de marzo de 2022 se realizó la audiencia de cesación a la detención preventiva, y una vez emitido el Auto Interlocutorio fue apelado por el ahora accionante oralmente; desde esa fecha transcurrieron nueve días, y seis días desde que proveyeron las copias para la apelación, sin que el expediente sea remitido ante la Sala Penal de Turno. Si bien existe un sorteo realizado en el sistema de 11 de marzo de 2022 a la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, sin embargo, hasta el 14 del mismo mes y año, el expediente aun no fue remitido en físico, dilación indebida que genera procesamiento indebido.
El peticionante de tutela considera lesionados sus derechos a la libertad, al debido proceso en sus elementos de derecho a la defensa, igualdad procesal, acceso a una justicia pronta y oportuna en vinculación al principio de celeridad; citando los arts. 8, 22, 23, 73, 115, 180 y 410 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia se disponga que la autoridad demandada ordene la remisión del recurso de apelación interpuesta en el día ante el Tribunal de Alzada.
Celebrada la audiencia el 16 de marzo de 2022, según acta de fs. 41 y vta., produciéndose los siguientes actuados:
El peticionante de tutela a través de su abogada patrocinante, procedió a ratificar el contenido de la acción presentada; y, ampliándola manifestó que bajo el principio de informalidad de la acción de libertad amplia la acción tutelar interpuesta contra la secretaria del Juzgado de Instrucción Penal y Contra la Violencia hacia la Mujer Primero EPI Norte del departamento de Cochabamba.
Lithzi Carolina Sahonero Alvarado, Jueza de Instrucción Penal y Contra la Violencia hacia la Mujer Primera de la EPI Norte del departamento de Cochabamba, no compareció a la audiencia ni presentó informe escrito alguno, pese a su legal citación efectuada el 15 de marzo de 2022, conforme se acredita por la diligencia cursantes a fs. 12. Danna Selene Murillo Soria, Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal y Contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la EPI Norte del departamento de Cochabamba mediante informe escrito de 16 de marzo de 2022, cursante a fs. 32 y vta. informó que: a) La Jueza demandada se encuentra con baja médica desde el 12 de marzo de 2022 al haber sido intervenida quirúrgicamente de emergencia; b) Dentro de la causa existían dos apelaciones formuladas por la defensa del imputado, una incidental al Auto de 22 de febrero y otra apelación al Auto de 2 de marzo, que fueron sorteadas y remitidas, a la Sala Penal Cuarta y Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, el 15 y 16 de marzo, respectivamente; c) La parte apelante dio cumplimiento a la conminatoria dispuesta para entregar las fotocopias el 9 de marzo de 2022, no obstante dicha parte apelante omitió proveer fotocopias de un cuerpo de doscientas fojas del legajo procesal, por lo que la segunda apelación recién se remitió; d) Si bien el sorteo se efectuó el 11 de marzo y debió remitirse el lunes 14 de igual mes, sin embargo ante la baja médica de la Jueza se tuvo que acudir ante los jueces en suplencia legal.
La Jueza de Sentencia Penal Décima de la Capital del departamento de Cochabamba, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 009/2022 de 16 de marzo, cursante de fs. 42 a 43 vta., concedió la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: 1) Una vez interpuesta la apelación contra el Auto de reconsideración de la situación jurídica, transcurrieron cinco días hasta que la parte apelante provea las fotocopias necesarias, sin embargo de ello transcurrieron otros cinco días más para la remisión del expediente ante la Sala Penal de Turno, más allá del plazo de los tres días previstos excepcionalmente para la remisión del recurso de apelación y sus antecedentes en los casos que existe una justificación razonable y fundada de las recargadas labores de la autoridad jurisdiccional, constituyendo ello un acto dilatorio; 2) Se advierte la baja médica de la autoridad jurisdiccional desde el 12 de marzo de 2022, sin embargo las labores jurisdiccionales involucra también a los servidores de apoyo porque tienen el deber de desempeñar sus funciones adecuadamente.
II.1. Cursa acta de audiencia de reconsideración de la situación jurídica, de 2 de marzo de 2022 dentro del proceso penal seguido por la representación del Ministerio Público contra Sergio Alejandro Cardozo Aguilar por la presunta comisión del delito de asesinato, efectuado en el Juzgado de Instrucción Penal y Contra la Violencia hacia la Mujer Primera EPI Norte del departamento de Cochabamba, en la que consta que una vez emitido el Auto Interlocutorio que aceptó la ampliación del término de la detención preventiva, la defensa del imputado planteó recurso de apelación incidental, en consecuencia, la Jueza ahora demandada dispuso la remisión del recurso al Tribunal de alzada de conformidad al art. 251 del CPP (fs. 23 a 26 vta.). II.2. Consta providencia emitida por la autoridad demandada dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Sergio Alejandro Cardozo Aguilar de 4 de marzo de 2022 que conmina a los abogados de la defensa para que en el plazo de veinticuatro horas provean recaudos necesarios (fotocopias) a fin de remitir las apelaciones correspondientes (fs. 24). II.3. Mediante sello de recepción de provisión de material para remitir apelación de 9 de marzo de 2022, a horas 11:45 el accionante provee recaudos para la primera y segunda apelación interpuesta (fs. 28 a 29). II.4. A través de la nota de 15 de marzo de 2022 se remite apelación incidental de medida cautelar a la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, recepcionada el 16 de marzo del 2022 a horas 08:52 suscrita por Maureen Orellana Maldonado, Juez de Instrucción Penal Primera de la Capital del departamento de Cochabamba (fs. 31). II.5. Cursa baja médica de Lithzi Carolina Sahonero Alvarado, Jueza de Instrucción Penal y Contra la Violencia hacia la Mujer Primera de la EPI Norte del departamento de Cochabamba, del 12 al 26 de marzo de 2022 (fs. 38).
El accionante denuncia la lesión de su derecho a la libertad, al debido proceso en sus elementos a la defensa, igualdad procesal, acceso a una justicia pronta y oportuna vinculado al principio de celeridad; toda vez que interpuesto el recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio de 2 de marzo de 2022 que amplía el término de la detención preventiva, el indicado recurso no fue remitido al Tribunal de alzada por más de nueve días. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, para el efecto se analizarán los siguientes temas: i) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el plazo para la remisión de antecedentes ante el tribunal de alzada, frente a un recurso de apelación incidental de medidas cautelares y la dilación en la remisión por falta de provisión de recaudos; ii) Sobre el principio de celeridad en las actuaciones procesales; y, iii) Análisis del caso en concreto.
recaudos El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0012/2018-S2 de 28 de febrero, reiterada por la SCP 0089/2019-S2 de 5 de abril -entre otras- asumió el siguiente entendimiento: El Tribunal Constitucional en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, señala que el entonces recurso de hábeas corpus -actualmente acción de libertad- “…por violaciones a la libertad individual y/o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida”.
A partir de la clasificación del entonces recurso de hábeas corpus desarrollada por la SC 1579/2004-R, la SC 0044/2010-R de 20 de abril, amplía los tipos de hábeas corpus, haciendo referencia al hábeas corpus restringido, al instructivo y al traslativo o de pronto despacho, precisando que a través de este último “…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”. Posteriormente, la SC 0078/2010-R de 3 de mayo establece varios supuestos de procedencia que se encuentran dentro del ámbito de protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; vale decir que, determina subreglas para considerar actos dilatorios en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando: 1) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley; 2) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial; y, 3) Se suspenda la audiencia de consideración, por motivos injustificables que tampoco son causales de nulidad, como es el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que fueron notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia. Complementando dicho entendimiento, la SC 0384/2011-R de 7 de abril incluye dentro de los supuestos de procedencia de la acción de libertad traslativa, a la dilación en el trámite de apelación de la resolución que rechazó la solicitud de cesación de la detención preventiva; es decir, cuando: “d) Interpuesto el recurso de apelación contra la resolución que rechaza la solicitud de cesación de detención preventiva, los antecedentes de la apelación no son remitidos por el juez a quo dentro del plazo legal de veinticuatro horas establecido por el art. 251 del CPP, ante el tribunal de apelación, o se imprima un procedimiento o exigencias al margen de la ley”.
De manera específica, con relación al recurso de apelación incidental, la SCP 0281/2012 de 4 de junio, señala que cuando hubiere sido planteado oralmente en audiencia o por escrito, deberá ser concedido en el acto si fuere en audiencia y remitido inexcusablemente en el plazo improrrogable de veinticuatro horas, teniendo que resolver el Tribunal de alzada dentro de las setenta y dos horas, lo contrario significa dilación indebida en el proceso, vulnerando con ello el derecho a la libertad o en su caso el derecho a la vida, en el entendido que la situación jurídica del afectado depende de la resolución que deberá ser emitida por el Tribunal de apelación.
Por su parte, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1907/2012 de 12 de octubre y 0142/2013 de 14 de febrero, entienden que excepcionalmente es posible flexibilizar el término para la remisión del recurso de apelación y sus antecedentes, cuando exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad judicial, suplencias o pluralidad de imputados, plazo que no puede exceder de tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto dilatorio que puede ser denunciado a través de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho. En ese entendido, la SCP 1975/2013 de 4 de noviembre, señala que una vez formulado el recurso de apelación incidental de manera escrita, el mismo debe ser providenciado en el plazo de veinticuatro horas por la autoridad judicial, de conformidad con el art. 132 del CPP; decreto a partir del cual se computan las veinticuatro horas previstas en el art. 251 del CPP. La SCP 2149/2013 de 21 de noviembre, sistematizó las subreglas señaladas anteriormente, conforme al siguiente entendimiento efectuado en su Fundamento Jurídico III.3:
i) Interpuesto el recurso de apelación contra las resoluciones que resuelven medidas cautelares, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas en el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; plazo que, por regla general, debe ser cumplido por las autoridades judiciales.
ii) No obstante lo señalado precedentemente, es posible que el plazo de remisión de los antecedentes del recurso de apelación, de manera excepcional, y en situaciones en que exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad jurisdiccional, por las suplencias o la pluralidad de imputados, es posible flexibilizar dicho plazo a tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto.
iii) Cuando el recurso de apelación previsto en el art. 251 del CPP, sea formulado de manera escrita, debe ser providenciado por la autoridad judicial en el plazo máximo de veinticuatro horas, de conformidad al art. 132 del CPP; providencia a partir de la cual se computan las veinticuatro horas previstas para la remisión de las actuaciones pertinentes ante el tribunal de apelación. iv) Cuando el recurso de apelación sea formulado de manera oral, corresponde que la autoridad judicial decrete su remisión en audiencia, para que a partir de dicha providencia se compute el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; aclarándose que la fundamentación jurídica y expresión de agravios debe ser efectivizada en la audiencia de apelación. v) No corresponde condicionar la remisión de antecedentes del recurso de apelación al tribunal superior con el cumplimiento de la provisión de recaudos de ley dispuesta por la autoridad judicial, y menos puede computarse el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP, a partir que el recurrente otorga dichos recaudos, en virtud a los principios de gratuidad, pro actione, y los derechos de impugnación y acceso a la justicia. vi) No corresponde que el decreto de remisión de antecedentes al tribunal de apelación sea notificado personalmente y, en consecuencia, deberá notificarse en una de las formas previstas en los arts. 161 y 162 del CPP, en el plazo previsto en el art. 160 del citado Código; únicamente para efectos de conocimiento de las partes, sin que a partir de dicha notificación se compute el plazo de veinticuatro horas previsto por el art. 251 del CPP; pues, se reitera, el cómputo de ese plazo se inicia desde el decreto de remisión dictado por el juez y, en ese sentido, no se debe condicionar la remisión del recurso de apelación a una eventual contestación de la otra parte” (las negrillas nos pertenecen).
El Tribunal Constitucional Plurinacional, mediante la SCP 0240/2019-S2 de 15 de mayo, asumió el siguiente razonamiento: El art. 115 de la CPE, estipula:
I. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos; II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones.
Asimismo, el art. 178.I de la referida Norma Suprema, señala:
La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos. Por su parte, el Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la referida SCP 0557/2016-S1 desarrolló la celeridad como un principio, con el cual deben manejarse los administradores de justicia, más aún, tratándose de aquellos casos vinculados con la libertad de las personas; toda vez que, toda petición relacionada con este derecho, debe ser atendida sin dilaciones indebidas y en cumplimiento estricto de los plazos legales. El principio de celeridad anotado, no sólo es exigible a las autoridades jurisdiccionales, sino también a otras autoridades que intervienen en el proceso penal; lo que supone que deben actuar cumpliendo los plazos legales, sin dilaciones indebidas, debiendo cumplir con sus obligaciones desde el primer momento que se computa el plazo y no esperar a su vencimiento.
El accionante denuncia la lesión de su derecho a la libertad, el debido proceso en sus elementos a la defensa, igualdad procesal, acceso a una justicia, pronta y oportuna vinculado al principio de celeridad; toda vez que interpuesto por el ahora accionante el recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio de 2 de marzo de 2022 que amplía el término de la detención preventiva, éste no fue remitido al Tribunal de alzada por más de nueve días. De acuerdo a los antecedentes se evidencia que dentro del proceso penal que sigue el Ministerio Público contra el ahora accionante por la presunta comisión del delito de asesinato, el 2 de marzo de 2022 se realizó audiencia de reconsideración de su situación jurídica en el Juzgado a cargo de la autoridad jurisdiccional ahora demandada determinándose mediante Auto Interlocutorio de la misma fecha, la ampliación del término de la detención preventiva. A tal efecto, la defensa del imputado planteó recurso de apelación incidental, disponiendo la mencionada Jueza demandada, la remisión del mismo conforme a lo previsto por el art. 251 del CPP (Conclusión II.1); sin embargo, mediante providencia de 4 de marzo de 2022, la referida autoridad jurisdiccional conminó al apelante -ahora impetrante de tutela- dentro del plazo de veinticuatro horas, provea los recaudos necesarios -fotocopias- a fin de remitir las apelaciones correspondientes (Conclusión II.2), cumpliendo el ahora accionante lo dispuesto por la autoridad demandada, el 9 del mismo mes y año (Conclusión II.3). Por otro lado, de la revisión de obrados consta que el recurso de apelación interpuesto el 2 de marzo de 2022 por el ahora peticionante de tutela, más los antecedentes del proceso, fueron recién remitidos el 16 del mismo mes y año, efectivamente ante la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba (Conclusión II.4); aclarándose que no se constituye en excusa lo señalado por la funcionaria de apoyo jurisdiccional del despacho judicial a cargo la autoridad jurisdiccional ahora demandada en el informe presentado, justificando la dilación en la remisión de la impugnación, al indicar que la parte apelante recién proveyó los recaudos respectivos el 9 de marzo de 2022; toda vez que según la jurisprudencia descrita en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, respecto al principio de gratuidad, no puede la autoridad jurisdiccional a título de falta de provisión de recaudos, paralizar la tramitación de una causa o de un recurso dentro de la misma, dado que dicha actuación ocasiona una dilación indebida y en consecuencia, posibles vulneraciones a los derechos y garantías de los particulares. De lo expuesto, se tiene que la mencionada autoridad judicial demandada no asumió su rol de contralor de derechos y garantías, por cuanto no tuvo una actuación diligente en la tramitación de la apelación incidental contra el rechazo de la cesación a la detención preventiva formulada, consecuentemente en el caso particular corresponde conceder la tutela impetrada. De lo expresado anteriormente, se tiene que la Jueza de garantías al conceder la tutela impetrada, obró correctamente.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 009/2022 de 16 de marzo, cursante de fs. 42 a 43 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Décima de la Capital del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, y, 2° Exhortar a la autoridad demandada, para que en lo posterior, en la tramitación de los recursos de apelación, así como la tramitación de los asuntos a su cargo, observe el término establecido en la normativa penal, debiendo actuar con celeridad a los fines de precautelar los derechos fundamentales de las partes. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller
MAGISTRADA
1 El FJ III.3, señala: “…se considera acto dilatorio en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando: a) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley. b) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial. Plazo que puede ser en un límite de tres o cinco días máximo, dependiendo de la particularidad de cada caso, cuando por ejemplo existan varias partes imputadas o víctimas múltiples que tengan que ser notificadas, o por la distancia donde se deba efectuar un determinado acto previo y esencial -como sucede con algunas notificaciones-, o que el juzgado esté de turno, etc. Con la excepción única y exclusiva en los casos que exista complejidad por la naturaleza propia y la relevancia del proceso, como los derechos e intereses comprometidos y relacionados a la petición; situación que deberá ser justificada por la autoridad judicial competente a momento de señalar la fecha de audiencia, teniendo en cuenta la razonabilidad. c) Se suspende la audiencia de consideración, por causas o motivos que no justifican la suspensión, ni son causales de nulidad. Tal el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que han sido notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia. En el caso del Ministerio Público al estar regido por el principio de unidad tiene los medios para asistir a través de otro fiscal, y en cuanto al querellante al ser coadyuvante y estar notificado, su participación es potestativa en dicho acto, y por ende, su inasistencia no vincula a la autoridad jurisdiccional al estar cumplida la formalidad. No obstante, en caso de que la suspensión se deba a la falta de notificación o a la inasistencia del propio imputado, no existe dilación indebida ni afectación a derecho alguno, en cuyo caso deberá fijarse nueva fecha de audiencia conforme a las directrices expuestas”.
2 El FJ III.4, refiere: “…cuando el recurso de apelación incidental, hubiere sido planteado oralmente en audiencia o por escrito, con o sin contestación de las partes que intervinieren en el proceso, deberá ser concedido en el acto si fuere en audiencia y remitido inexcusablemente en el plazo improrrogable de veinticuatro horas, y el tribunal de apelación deben resolver en setenta y dos horas; lo contrario significaría dilación indebida que vulnera el derecho a la libertad y en su caso a la vida, en el entendido que la variación de la situación jurídica del imputado depende de la ponderación que efectué el tribunal de apelación de los fundamentos de la medida cautelar, para disponer su revocatoria o confirmación”. 3El FJ III.4, indica: “…conforme al art. 251 del CPP, una vez interpuesto, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas ante el ahora Tribunal departamental de Justicia en el término de veinticuatro horas, debiendo el tribunal de alzada resolver el recurso, sin más trámite y en audiencia, dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones, salvo justificación razonable y fundada, como ser las recargadas labores, suplencias, pluralidad de imputados, etc., casos en los que, la jurisprudencia otorgó un plazo adicional que no puede exceder de tres días, pasado el cual, el trámite se convierte en dilatorio y vulnera el derecho a la libertad del agraviado”.
4 En FJ III.4, precisa: ”…a través de la SCP 0248/2012 de 29 de mayo, respecto al derecho a la libertad y el principio de celeridad, señalo que: ʽToda autoridad que conozca una solicitud en la que se encuentra involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, evitando de ésta manera dilaciones innecesarias que en definitiva lesionan el derecho fundamental de la libertad´. La jurisprudencia constitucional al referirse al principio de celeridad y con relación a los administradores de justicia, estableció que este principio: “…impone a quien administra justicia el deber jurídico de despachar los asuntos sometidos a su conocimiento sin dilaciones indebidas; exigencia que se hace más apremiante en aquellos casos vinculados a la libertad personal, toda vez que tales peticiones deben ser atendidas de forma inmediata si no existe una norma que establezca un plazo, y si existiera, el plazo deberá ser cumplido estrictamente”. Así, las SSCC 0758/2000-R-, 1070/2001-R y 0105/2003-R entre otras”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0698_2023-S1.pdf · páginas 1 a 10.
Huella digital del PDF (SHA-256): b3499df56008fe2b5257d9d67bb3a1d823eef3f9ce7922840e2f5369d3c5403d
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