Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 2 de julio de 2025
Concede en parte la tutela
El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, debido proceso y el principio a la celeridad; toda vez que, la Jueza demandada habiendo programado audiencia de revisión de su situación jurídica para el 27 de mayo de 2025, fue suspendida al no estar presente, porque no se libró el oficio al Director del Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz para su traslado; es así que, “hasta la fecha” (sic) no se elaboró el acta de dicha suspensión y tampoco se señaló una nueva fecha para el citado verificativo, encontrándose privado de libertad más del tiempo establecido; por lo que, solicita se conceda la tutela, y se ordene el señalamiento de audiencia de control del plazo de su detención preventiva. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 13/25 del 28 de mayo de 2025, cursante de fs. 47 vta. a 49, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Decimoprimero de la Capital del departamento de Santa Cruz, en consecuencia;
1° CONCEDER la tutela impetrada con relación a Anay Añez Mendoza, Jueza de Instrucción Penal Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Octava de la Capital del departamento de Santa Cruz, en los mismos términos dispuestos por la Jueza de garantías, conforme los Fundamentos Jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; 2° DENEGAR la tutela solicitada respecto a Rodrigo Aldair Zurita Domínguez, Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Octavo de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, 3º Llamar la atención a la Jueza de garantías, por inobservar lo previsto en la jurisprudencia constitucional, de la obligación que tienen las Salas Constitucionales, Tribunales y Jueces de garantías, de remitir al Tribunal Constitucional Plurinacional, toda la prueba que le sirvió para la sustanciación de su determinación, de acuerdo a lo previsto en el Fundamento Jurídico III.4 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0697/2025-S3 Sucre, 2 de julio de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 73978-2025-148-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 13/25 de 28 de mayo de 2025, cursante de fs. 47 vta. a 49, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Mario Zapana Quispe contra Anay Añez Mendoza, Jueza; y, Rodrigo Aldair Zurita Domínguez, Secretario, ambos del Juzgado de Instrucción Penal Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Octavo de la Capital del departamento de Santa Cruz.
Por memorial presentado el 27 de mayo de 2025, cursante de fs. 33 a 38, el accionante, señaló lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de proxenetismo, el 5 de febrero de 2025, la Jueza de Instrucción Penal Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Octava de la Capital del departamento de Santa Cruz -demandada-, mediante Auto Interlocutorio 31/2025 le impuso medida cautelar de detención preventiva, por el término de noventa días en el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz y señaló verificativo de consideración de su situación jurídica, para el 5 de mayo del mismo año, el cual no fue instalado, debido a que la autoridad demandada no libró oficio para su traslado; por lo que, reprogramó la audiencia para el 7 de igual mes y año, que también fue suspendió por falta de notificación a la víctima por el Oficial de Diligencias del citado Juzgado; volviendo a reprogramarlo para el 13 del citado mes y año, que tampoco se instaló porque la Jueza demandada se encontraba en otra audiencia, de esta forma prolongó indebidamente su privación de libertad.
Señala que, pese haber transcurrido nueve días de cumplido el plazo establecido para su detención preventiva, el 14 del mismo mes y año, se instaló el referido verificativo, en la que, la autoridad demandada dispuso la ampliación de la medida extrema por un lapso de veinte días y rechazó su solicitud a la cesación, programando audiencia para el 27 del indicado mes y año, contra esa decisión interpuso recurso de apelación incidental, solicitando se remitan actuados ante el tribunal de alzada en el plazo de veinticuatro horas, que tampoco fue cumplida por el Secretario del referido Juzgado. Finalmente, el 27 de mayo de 2025, la autoridad demandada no instaló el mencionado verificativo, pese a que, las partes se encontraban notificadas y presentes, y no así su persona, por la falta de la remisión del oficio de traslado al Director del indicado Centro Penitenciario, perjudicándolo una vez más y prolongando su detención preventiva por más de ciento veinte días, superando la primera ampliación de la indicada medida de noventa días, y la segunda de veinte días; en obrados tampoco se advierte el acta de suspensión del citado verificativo, que acredite ese extremo, para que pueda ser objeto de impugnación mediante recurso de reposición.
Denunció la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso y al principio de celeridad, citando al efecto los arts. 22, 73 y 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia, se señale audiencia de control del plazo de su detención preventiva dentro de los dos días hábiles siguientes.
Celebrada la audiencia virtual de 28 de mayo de 2025, según consta en el acta cursante de fs. 46 a 47 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su representante, ratificó íntegramente los argumentos contenidos en su acción tutelar y ampliándola señaló que: a) El 25 de mayo de 2025, se cumplió el plazo de su detención preventiva de noventa días dispuestos inicialmente, más los veinte días de ampliación, sin embargo, hasta la fecha de presentación de la acción de libertad, se encuentra detenido, sin que la autoridad demandada lleve a cabo la audiencia de consideración de su situación jurídica; b) El 14 del mencionado mes y año, la Jueza demandada resolvió la solicitud de cesación de la detención preventiva, decisión que impugnó mediante recurso de apelación incidental que “…ha sido remitido el día de ayer a la Sala Penal…” (sic) de turno, mismo que no es objeto de esta acción tutelar; puesto que, al tener efecto suspensivo, el verificativo de consideración de su situación jurídica debe realizarse; y, c) En respuesta a la pregunta del Juez de garantías indicó que el motivo de este mecanismo de defensa es porque la Jueza demandada determinó la ampliación de la medida extrema, la cual fue cumplida y señaló audiencia para la verificación de ese término, sin embargo, por la falta de emisión del oficio para su traslado fue suspendida; por ello, no está demandando el recurso de apelación incidental contra el rechazo de la cesación de su detención preventiva ni la falta de su remisión oportuna de los antecedentes.
Anay Añez Mendoza, Jueza de Instrucción Penal Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer Octava de la Capital del departamento de Santa Cruz, no presentó informe escrito, tampoco asistió a la audiencia de consideración de la presente acción tutelar, pese a su notificación cursante a fs. 43; sin embargo, remitió el cuaderno procesal de la causa. Rodrigo Aldair Zurita Domínguez, Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Octavo de la Capital del departamento de Santa Cruz, no presentó informe escrito ni asistió a la audiencia de garantías, pese a su notificación cursante a fs. 44.
La Jueza de Sentencia Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Decimoprimera de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 13/25 de 28 de mayo de 2025, cursante de fs. 47 vta. a 49, concedió la tutela impetrada con relación a la Jueza demandada, disponiendo que en el plazo de veinticuatro horas, señale audiencia de consideración de la situación jurídica del accionante; y, denegó con relación al Secretario codemandado del mismo Juzgado. Determinación asumida con base en los siguientes fundamentos: 1) En la audiencia de imposición de medidas cautelares de 5 de febrero de 2025, se dispuso la detención preventiva del solicitante de tutela y se señaló audiencia para el 5 de mayo del mismo año, en la citada fecha no se hicieron presentes el Ministerio Público y el impetrante de tutela, pese a su legal notificación, por lo que, fue reprogramó para el 7 del citado mes y año, en la que se encontraban presentes el Ministerio Público y el abogado de las víctimas, pero no se cumplió con la notificación a la parte civil, con la documentación presentada por la defensa del impetrante de tutela, reprogramando ese verificativo para el 13 de igual mes y año, el cual tampoco se instaló, porque la autoridad demandada se encontraba en otra audiencia de consideración de situación jurídica y cesación de detención preventiva de otro imputado; sin embargo, consultó a las partes del proceso y al Ministerio Público, si tenían algún óbice para reprogramar el referido acto procesal, quienes manifestaron su aquiescencia, motivo por el que difirió la audiencia para el 14 del citado mes y año, en la cual se consideró la situación jurídica del imputado y su solicitud de cesación a la detención preventiva, acto procesal en el que la Jueza demandada, dispuso la ampliación de su detención preventiva por veinte días más y rechazó la cesación de su privación de libertad, programando audiencia para el 27 de idéntico mes y año; determinaciones que fueron recurridas en apelación incidental por el solicitante de tutela; y, 2) Si bien, todas las partes del proceso en el referido verificativo fueron legalmente notificadas con el señalamiento de la audiencia para el 27 del indicado mes y año; sin embargo, no se observa el oficio de traslado del accionante para el referido acto procesal, y tampoco asistió su abogado defensor; ante ello, la única dilación que se advierte es el acta de suspendió del referido verificativo y el no señalamiento de una nueva fecha de audiencia para considerar la situación jurídica del accionante, tomando en cuenta que se encuentra detenido preventivamente, por lo que, el referido acto no es atribución al Secretario codemandado.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional TCP-AJ-SP-01/2022 de 4 de febrero (fs. 54 a 59), se dispuso la priorización en el sorteo y Resolución de causas de las acciones de defensa relativas a violencia feminicida; en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, sin aguardar el orden cronológico respectivo, procedió al sorteo de la presente causa.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público, contra Mario Zapana Zurita -accionante-, por la presunta comisión del delito de proxenetismo, en audiencia de 5 de febrero de 2025, Anay Añez Mendoza, Jueza de Instrucción Penal Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Octava de la Capital del departamento de Santa Cruz -demandada-, mediante Auto Interlocutorio 31/2025, le impuso medidas cautelares de detención preventiva en el Centro Penitenciario Palmasola del citado departamento, por el lapso de noventa días, y señaló audiencia para considerar la situación jurídica el 5 de mayo del mismo año (fs. 9 a 15 vta.). II.2. Por memorial presentado el 22 de abril de 2025, ante la Jueza demandada, el impetrante de tutela solicitó la cesación de su detención preventiva solicitando se disponga medidas cautelares menos gravosas (fs. 26 a 27), siendo resuelta por Auto Interlocutorio 112/2025 de 14 de mayo, que rechazó su petición y dispuso la ampliación de la medida extrema por el lapso de veinte días, señalando audiencia para la dilucidación de su situación jurídica el 27 del mismo mes y año (fs. 16 a 23).
El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, debido proceso y el principio a la celeridad; toda vez que, la Jueza demandada habiendo programado audiencia de revisión de su situación jurídica para el 27 de mayo de 2025, fue suspendida al no estar presente, porque no se libró el oficio al Director del Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz para su traslado; es así que, “hasta la fecha” (sic) no se elaboró el acta de dicha suspensión y tampoco se señaló una nueva fecha para el citado verificativo, encontrándose privado de libertad más del tiempo establecido; por lo que, solicita se conceda la tutela, y se ordene el señalamiento de audiencia de control del plazo de su detención preventiva. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La jurisprudencia constitucional de este Tribunal se ha pronunciado sobre las distintas modalidades de la acción de libertad y ha desarrollado una línea jurisprudencial en cuanto a su ámbito de protección y alcance. Así la SC 1579/2004-R de 1 de octubre se pronunció sobre sus diferentes modalidades refiriéndose al hábeas corpus -ahora acción de libertad-, reparador cuando se trata de lesiones ya consumadas, preventivo para impedir una lesión a producirse y correctivo, cuando se intenta evitar el agravamiento de las condiciones de privación de libertad de una persona detenida. Posteriormente, la SC 0044/2010-R de 20 de abril, incorporó otras modalidades protectivas haciendo alusión al hábeas corpus restringido, al instructivo y al traslativo o de pronto despacho, respecto de este último precisó que a través de su ámbito de protección “…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”. Bajo ese razonamiento, la jurisprudencia constitucional desarrollada en la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, entre otras, ha sido uniforme al disponer que toda autoridad sea judicial o administrativa que conozca una solicitud que incida en el derecho a la libertad física de quien se halle privado de su ejercicio, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible; por cuanto, la lesión de este derecho está en la demora o dilación indebida al resolver o atender una solicitud para la definición jurídica de los derechos del imputado o imputada, lo que no significa que deba dar curso a la solicitud en forma positiva; ya que, el resultado dependerá de las circunstancias del caso y la valoración jurídica que realice la autoridad conforme a la normativa aplicable; por cuanto, la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud; que más bien, debería ser efectuada con la debida celeridad. Ahora bien, resulta menester enfatizar que la dilación indebida en los casos de delitos de violencia sexual adquiere una connotación particular, debido a que no solo incide en los derechos del imputado o acusado, sino también en los derechos de la víctima, relacionados con su derecho de acceso a la justicia y el deber de actuar con la debida diligencia, que exige de los Estados el deber de organizar el sistema de justicia, de tal forma que las autoridades administrativas y judiciales actúen con criterio reforzado de celeridad, dentro de los procesos que diluciden delitos de violencia o violación sexual, máxime si se trata de casos en los que se tiene como víctima a una niña, niño o adolescente; procesos en los que se debe dar atención prioritaria y absoluta en su tramitación, conforme exigen los estándares nacionales e internacionales de protección relacionados con la debida diligencia. Sobre el particular, se ha pronunciado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Caso Angulo Losada vs. Bolivia, en el que realizó un desarrollo jurisprudencial sobre el plazo razonable y la celeridad reforzada del proceso como elementos de la debida diligencia, señalando que, pone en relieve que en el proceso penal donde involucre una niña, niño o adolescente víctima de violencia sexual, la garantía judicial del plazo razonable establecida en el art. 8.1 de la CADH, debe analizarse junto con el deber del Estado de actuar sin dilaciones y con la debida diligencia reforzada para investigar y sancionar la violencia contra la mujer, dispuesto en el art. 7.b) de la Convención de Belém do Pará, tomando en cuenta el deber de protección especial derivado del artículo 19 de la citada CADH.
Con relación a la legitimación pasiva de los funcionarios de apoyo jurisdiccional, de Órgano Judicial, la jurisprudencia constitucional, a través de la SCP 0043/2018-S1 de 12 de marzo, estableció subreglas para su procedencia, estableciendo lo siguiente:
[L]a jurisprudencia constitucional a través de la SCP 0055/2012 de 9 de abril, estableció que: ‘…se entiende que la acción de libertad se deberá plantear Contra: a) La autoridad o funcionario público que amenace, restrinja o Suprima los derechos fundamentales tutelados. b) La persona particular que amenace, restrinja o suprima los derechos tutelados’.
Bajo esa línea, el extinto Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional Plurinacional, establecieron sub reglas a la legitimación pasiva en las acciones tutelares; respecto a los funcionarios de apoyo jurisdiccional o subalternos, una de esas sub reglas está expresada en la SC 1572/2003-R de 4 de noviembre, la misma que concluyó: ‘…son los jueces los funcionarios que ejercen esa jurisdicción, entre tanto que los secretarios, actuarios y oficiales de diligencias, no tienen jurisdiccionales sino que están obligados a cumplir las órdenes o instrucciones del Juez, emergentes de sus decisiones, por lo que no tienen legitimación pasiva para ser demandados por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos, salvo que incurrieran en excesos contrariando o alterando esas determinaciones de la autoridad judicial' (citada por la SC 0332/2010-R de 17 de junio y por la SCP 1007/2017-S3 de 29 de septiembre, entre otras).
De la citadas líneas jurisprudenciales, respecto a la legitimación pasiva de funcionarios subalternos o de apoyo jurisdiccional, se concluye como sub regla que los mismos carecen de legitimación pasiva para ser demandados en acciones tutelares, por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos; sin embargo, existe la excepción a esta sub regla, es decir, que adquieren legitimación pasiva y por consiguiente pueden ser demandados en acciones tutelares en tres supuestos, cuando: a) incurrieran en excesos contrariando o alterando las determinaciones de la autoridad judicial; b) la vulneración de los derechos tutelados a través de acciones de defensa emerjan de un evidente incumplimiento o desconocimiento de las funciones y obligaciones conferidas a estos; y, c) emerjan del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado; si concurren alguno de estos supuestos, los funcionaros subalternos o de apoyo jurisdiccional pueden ser sujetos de demanda puesto que se activa la excepción a la legitimidad pasiva. La señalada SCP 0043/2018-S1 de 12 de marzo, fue reiterada por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0048/2018-S1, 0638/2019-S1, 0882/2019-S2, 0055/2020-S3, entre otras.
El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso y principio de celeridad; toda vez que, la Jueza demandada habiendo programado audiencia de revisión de su situación jurídica para el 27 de mayo de 2025, la misma fue suspendida por motivo de su ausencia, puesto que, no se expidió el oficio para su traslado al Director del Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz; por consiguiente, “hasta la fecha”, (sic) no se elaboró la correspondiente acta de suspensión, menos aún, se programó una nueva fecha del verificativo hasta la presentación de esta acción tutelar, encontrándose privado de su libertad más allá del tiempo establecido. Ahora bien, el peticionante de tutela en esta acción de libertad demandó a la Jueza y al Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Octavo de la Capital del departamento de Santa Cruz, ante lo cual, corresponde efectuar un análisis individualizado: i) Respecto a la Jueza demandada Identificada la problemática planteada por el accionante, es pertinente traer a colación lo citado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, que señala, la constitución de esta acción de defensa fue en razón a que la Norma Suprema reconoce la inviolabilidad del derecho a la libertad en sus diferentes dimensiones, erigiéndose para su resguardo y protección en situaciones de amenaza o restricción; por ello, se ha instituido la acción de libertad entre sus modalidades, la traslativa o de pronto despacho, teniendo como objetivo de apresurar aquellos trámites procesales o administrativos en los que se evidencie una dilación indebida e ilegal dentro del proceso penal, en el cual tenga que dilucidarse la situación jurídica del accionante que se encuentra privado de libertad; debiendo toda autoridad judicial o administrativa tratarla bajo la concepción del principio de celeridad. Conforme las alegaciones vertidas por la Jueza de garantías, que en la Resolución 13/25, señaló que tuvo acceso a los antecedentes del proceso penal sustanciado contra el accionante, en el cual, concluyó que de la lectura del acta de suspensión de la audiencia de consideración de verificación de la situación jurídica del accionante de 27 de mayo de 2025, “…puedo ver dentro de este acto procesal, es el no señalamiento de una nueva audiencia para considerar la situación jurídica del imputado…” (sic); por consiguiente, este Tribunal evidencia que efectivamente, el impetrante de tutela se encontraba en privación de libertad por la ampliación de la medida cautelar de detención preventiva ante la presunta comisión del ilícito penal de proxenetismo determinada por la Jueza demandada en el Auto Interlocutorio 112/2025; en la cual, también señaló el verificativo de su situación de privación de libertad para la fecha precedentemente citada (Conclusión II.2).
Es así que, de acuerdo al Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, se contempla que la Jueza demandada incurrió en una dilación injustificada e ilegal, en la tramitación procesal penal al no haber programado una nueva audiencia de consideración de la situación jurídica del accionante, inmediatamente después de la suspensión del verificativo de 27 de mayo de 2025, puesto que, al ser la autoridad judicial que tiene la competencia de ejercer la dirección judicial del proceso y al constituirse como la primera garante de los derechos fundamentales y garantías constitucionales del accionante; encontrándose en la obligación de desenvolver una actividad proactiva y dinámica en el desarrollo del proceso, y conforme a los fines del actuado procesal que deba resolver, debió enmarcar su actuación en los plazos legales que determina el Código de Procedimiento Penal de acuerdo prevé su art. 239.2, el cual refiere sobre el tiempo de duración de la detención preventiva y el término legal para señalar audiencia para su consideración. Ahora bien, al no haber procedido de esa manera y al omitir la nueva programación de ese verificativo, obró en contra de los fines estipulados sobre el principio de celeridad, vulnerando su derecho a la libertad, provocando un estado de incertidumbre y angustia al peticionante de tutela, al no conocer con certeza la nueva data para que se analice el tiempo de su privación de libertad, sin exponer ningún justificativo de orden legal, cuando su obligación como directora del control jurisdiccional era programarlo de oficio sin esperar que sea a solicitud de las partes; por lo expuesto, ante la evidente comisión del acto lesivo denunciado contra la autoridad judicial demandada, es pertinente conceder la tutela solicitada de esta acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho. Dentro de los parámetros jurisprudenciales expuestos, es preciso referirse a los casos de dilación indebida incurridos en procesos penales de delitos de violencia sexual, situación que aconteció en el caso concreto que se examina, esa así que, el ilícito de proxenetismo está tipificado en el Título XI de Delitos Contra la Libertad Sexual, Capítulo III de los Delitos Contra la Moral Sexual, art. 321 del CPP; por los elementos constitutivos del delito por el que el accionante se encuentra imputado, este Tribunal se ve en la obligación de efectuar un análisis integral del problema jurídico traído a colación, al evidenciarse que dentro del contexto de los hechos relatados en la imputación formal, se encuentran involucradas tres mujeres que presuntamente sufrieron violencia e intimidación por parte del nombrado; ante ello, tanto en el proceso penal, como en el constitucional, es preciso considerar no solamente la connotación de la dilación sobre los derechos del peticionante de tutela, también es, necesario hacer hincapié a los derechos de las víctimas, más aún, cuando existe la probabilidad que hayan sufrido algún tipo de violencia contra su integridad y su libertad sexual; debiendo las autoridades judiciales -Jueza demandada- y administrativas emplear un criterio de celeridad reforzada priorizando en su tramitación en todas sus etapas procesales, logrando un equilibrio entre los derechos y garantías de las partes procesales -víctima e imputado-, provocando una irradiación transversal entre uno y otro, tanto en su afectación y sus beneficios; puesto que, el delito de proxenetismo es considerado como aquel ilícito que busca beneficiarse económicamente de la actividad de prostitución, bajo amenazas, violencia física, psicológica y sexual, intimidación, amenazas incluso induciéndoles a adicciones, ejerciendo fuerza física o económica sobre las víctimas, aprovechándose de su situación de vulnerabilidad y necesidad en su fragilidad de ser mujer, por lo que, se constituye en un delito que concentra graves vulneraciones a los derechos humanos; por ello, el alargamiento indebido, no solo ocasiona la transgresión de los derechos y garantías del solicitante de tutela, también afecta de las víctimas involucradas, al no poder llegar al culmen de forma oportuna y rápida de la verdad de los hechos acontecidos; instándose a la autoridad judicial demandada a no volver a incurrir en dilaciones innecesarias que solo afecten a la interrupción del desarrollo del procesal penal. ii) En cuanto al Secretario codemandado
El impetrante de tutela denuncia como acto lesivo contra el Secretario codemandado, que “hasta la fecha” (sic) no se hubiese elaborado el acta de suspensión de la audiencia de consideración de su situación jurídica de 27 de mayo de 2025, aspecto que le impide formular el respectivo recurso de reposición. Una vez más es pertinente hacer mención a lo vertido por la Jueza de garantías en la Resolución 13/25, que al tener acceso a las piezas procesales del expediente de control jurisdiccional, puedo advertir que la cuestionada acta, si se encontraba presente en obrados al referir textualmente “…esta acta de suspensión de audiencia del 27 de mayo…” (sic).
De esa manera, habiendo contextualizado el acto lesivo, es conveniente indicar el contenido del Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, que refiere, este mecanismo tutelar debe ser planteado contra aquella autoridad, funcionario o persona que amenace, restrinja o suprima algún derecho o garantía provocando la constitución de un acto lesivo; por ello, en caso de los funcionarios de apoyo jurisdiccional, éstos no tienen entre sus facultades ejercer determinaciones de orden judicial dentro de los procesos, tan solo están obligados a cumplir con aquellas determinaciones u órdenes emanadas por la autoridad jurisdiccional, si bien, existe una subregla que estipula tres presupuestos y permite que los mismos pudieran ser demandados constitucionalmente, cuando incurran en excesos que contravenga o altere la decisión de la autoridad judicial; incumplimientos o desconocimiento de sus funciones y obligaciones; y, eludir instrucciones u órdenes dadas por su inmediato superior. Por consiguiente, de todos los elementos expuestos precedentemente, se puede constatar que el acto lesivo cuestionado por el impetrante de tutela contra el Secretario codemandado no es evidente; puesto que, la extrañada acta de suspensión del verificativo de la situación jurídica de 27 de mayo de 2025, si se encontraba inserta en los antecedentes de proceso penal, conforme lo manifestado por la Jueza de garantías, por ello, el prenombrado cumplió con sus respectivas funciones determinadas por los arts. 94. 4 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ); y, 56.2 del CPP, modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, vale decir, que no incurrió en ninguna omisión conforme a sus competencias legales; ante ello, tampoco sus actuaciones se encuentran inmersas dentro de los tres presupuestos jurisprudenciales descritos, que permitirían que tenga legitimación pasiva en esta acción de defensa para ser responsable de alguna vulneración cometida contra los derechos del accionante; puesto que, en caso de audiencias solo puede brindar asistencia profesional y funcional a la Jueza demandada, no estando permitido a emitir determinaciones de orden estrictamente jurisdiccional, como ser, el señalamiento de un nuevo verificativo de la situación jurídica del peticionante de tutela, siendo potestad exclusiva de la prenombrada autoridad judicial; por el razonamiento señalado, converge denegar la tutela solicitada al carecer de la legitimación pasiva.
Sobre la remisión de la prueba al Tribunal Constitucional Plurinacional por las Salas Constitucionales, los Jueces y Tribunales de garantías; la jurisdicción constitucional, se ha pronunciado a través de numerosos y uniformes fallos, respecto a que la determinación constitucional pronunciada por las mencionadas autoridades debe estar sustentada en los elementos de convicción presentados por las partes o respecto de los cuales tuvo conocimiento para fundar su decisión, los cuales deben ser remitidos a este Tribunal, para que pueda constatar la concreción o no del acto lesivo demandado, y los actuados que sustentaron el fallo dictado. En ese sentido, la SCP 0087/2012 de 19 de abril, ha resaltado la importancia que conlleva esta obligación, expresando que:
De lo anteriormente explicado se establece que todo juez o tribunal de garantías, cuenta con la obligación de remitir al Tribunal Constitucional Plurinacional: a. Toda la prueba aportada por la parte accionante y demandada en la acción de libertad.
b. La prueba que de oficio pudo producir máxime cuando la misma haya servido para resolver inicialmente la problemática.
En este sentido, la inobservancia en la remisión de los elementos de convicción por parte de jueces y tribunales de garantías, provocaría a este Tribunal la necesidad de su solicitud, que no sólo implicaría un costo adicional a la administración de justicia constitucional sino también, provocaría una dilación en la misma” (las negrillas corresponden).
Revisados los actuados procesales del caso concreto se evidencia que la Jueza de garantías no remitió la documentación a la cual tuvo acceso y pudo verificar el acto lesivo demandado en esta acción tutelar, las cuales sirvieron de base para su determinación, por lo que, omitió cumplir su obligación de enviar a esta instancia constitucional la referida prueba, misma que era imprescindible para el análisis de la problemática planteada, correspondiendo llamarle la atención. En consecuencia, la Jueza de garantías al conceder en parte la tutela actuó de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 13/25 del 28 de mayo de 2025, cursante de fs. 47 vta. a 49, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Decimoprimero de la Capital del departamento de Santa Cruz, en consecuencia;
1° CONCEDER la tutela impetrada con relación a Anay Añez Mendoza, Jueza de Instrucción Penal Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Octava de la Capital del departamento de Santa Cruz, en los mismos términos dispuestos por la Jueza de garantías, conforme los Fundamentos Jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; 2° DENEGAR la tutela solicitada respecto a Rodrigo Aldair Zurita Domínguez, Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Octavo de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, 3º Llamar la atención a la Jueza de garantías, por inobservar lo previsto en la jurisprudencia constitucional, de la obligación que tienen las Salas Constitucionales, Tribunales y Jueces de garantías, de remitir al Tribunal Constitucional Plurinacional, toda la prueba que le sirvió para la sustanciación de su determinación, de acuerdo a lo previsto en el Fundamento Jurídico III.4 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
1 El FJ III.1, señala: “Del texto constitucional y legal referidos, se extrae que en el sentido de la Constitución, el recurso de hábeas corpus por violaciones a la libertad individual y /o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida”. 2El FJ III.5, establece: “…se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Este tipo de hábeas corpus, implícito en el art. 125 de la CPE, emerge directamente del art. 89 de la LTC, que establece que, también procede el hábeas corpus cuando se aleguen “…otras violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas, y los hechos fueron conexos con el acto motivante del recurso, por constituir su causa o finalidad…”, e implícitamente fue reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, cuando tuteló los supuestos de demora en la celebración de la audiencia de medidas cautelares (SSCC 1109/2004-R, 1921/2004-R),o cuando existieron notificaciones ilegales con las resoluciones de medidas cautelares que lesionan el derecho a la defensa, concretamente el derecho a recurrir, impidiendo que el tribunal superior revise la resolución del inferior (SC 826/2004-R)…”.
3 La citada Sentencia expresó que: “‘…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud’.
4 Corte IDH, Caso Angulo Losada vs. Bolivia, Sentencia de 18 de noviembre de 2022 (Excepciones preliminares, Fondo y Reparaciones), párr. 127.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0697_2025-S3.pdf · páginas 1 a 13.
Huella digital del PDF (SHA-256): 6e8e92bdec4dab528f5f9926e8987a86ad23d7121a525c842d55335530064782
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