Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 5 de noviembre de 2024
Concede la tutela
Los accionantes a través de su representante, denuncian la lesión de sus derechos al trabajo y a la estabilidad laboral; alegando que, habiendo sido despedidos de manera injustificada de sus fuentes de trabajo en el CIAT, el 18 de enero de 2022, interpusieron denuncia ante la Jefatura Departamental de Trabajo Santa Cruz; a tal efecto, se emitió la Conminatoria de Reincorporación Laboral por Estabilidad Laboral JDTSC/JCCHS/CONM. 077-A/2022 de 18 de abril, ordenando a la aludida entidad su reincorporación a los mismos puestos laborales que ocupaban, reponiendo el pago de sueldos devengados, manteniendo su antigüedad y demás derechos que correspondan por ley; decisión que fue confirmada por la RA JDTSC/JCCHS/R.R. 211/22 de 23 de agosto del mismo año, en virtud al recurso de revocatoria formulado por el CIAT, quien luego planteó recurso jerárquico; producto de ello, la Ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social, pronunció la RM 1513/22 de 1 de noviembre de 2022, que confirmó el señalado fallo; y por ende, la citada Conminatoria de reincorporación laboral, en lo concerniente a sus personas; sin embargo, dicha Resolución Ministerial “hasta la fecha” no fue cumplida por parte del demandado. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución S-56 de 30 de mayo de 2023, cursante de fs. 2025 a 2028 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, conforme a lo dispuesto por la citada Sala Constitucional y los fundamentos jurídicos expresados en este fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0697/2024-S2 Sucre, 5 de noviembre de 2024 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. DAEN Brigida Celia Vargas Barañado Acción de amparo constitucional Expediente: 56380-2023-113-AAC Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución S-56 de 30 de mayo de 2023, cursante de fs. 2025 a 2028 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Julio César Durán Rea en representación legal de Percy Velasco Rivero, Sandro Samuel Oño Añez, Seferino Baltazar Choque, Bernardo Flores Ortiz, Jorge Leonel Demiquel Barba, José Martín Borja Moreno, Catia Rivero Aguilera, Jorge Zambrana Catalá, Roberto Carlos Vargas, Gonzalo Gutiérrez Barrios, Wilson Tapia Garnica, Omar Cuellar Hurtado, Redentor Pedraza Flores, Rimy Berman Zelaya Rivero, Freddy Parada Gutiérrez, Luis Velasco Barboza, Miguel Cuellar Pedriel, José Enrrique Viera Matorra, Rolfi Guacama Gualoa, Germán Flores Miranda, José Miguel Rodríguez Justiniano, Roy Moreno Saucedo, Roldán Parada Rojas, Dionicio Sosa Vargas, Edgar José Orquera Vias, Álvaro Yarigua Coronillo, Yeison Rojas Peña, Esteban Romero Ribera, Aquiles Vallejos Chilo, Alexy Montaño Vargas y María Jesús Chuve Soquere contra Edgar Fernando Talavera Añez, Director Ejecutivo a.i. del Centro de Investigación Agrícola Tropical (CIAT).
Por memoriales presentados el 17 y 26 de abril de 2023, cursantes de fs. 1501 a 1521 y 1546 a 1549, los accionantes a través de su representante, expresaron que:
Ingresaron a prestar sus servicios en el CIAT, en primera instancia a través de la modalidad de contratación escrita por tiempo indefinido, hasta el 31 de diciembre de 2010; y, posteriormente, mediante contratos escritos y verbales a plazo fijo, del 1 de enero de 2011 al 18 de enero de 2022; fecha en la que fueron despedidos de su fuente laboral de manera injustificada, cuando se llevaba a cabo una audiencia de conciliación por el pliego petitorio presentado por el Sindicato de Trabajadores de dicha institución, porque el período de trabajo de la gestión 2021 supuestamente habría concluido, y era por orden y decisión del Director Ejecutivo a.i. -ahora demandado- y Directorio ambos de aquella entidad, señalando expresamente que: “‘Durante la presente gestión 2022 no renovaran los contratos de trabajo para [el] personal porque su relación laboral con el CIAT se extinguió en fecha 24 y 31 de diciembre de 2021”’ (sic). Por tal motivo, acudieron ante la Jefatura Departamental de Trabajo Santa Cruz; entidad que a través de su titular emitió la Conminatoria de Reincorporación Laboral por Estabilidad Laboral JDTSC/JCCHS/CONM. 077-A/2022 de 18 de abril, instruyendo al CIAT su reincorporación laboral en los mismos puestos que ocupaban -la reposición de sueldos devengados, que se mantenga su antigüedad y demás derechos que correspondan por ley-; sin embargo, de manera negligente el indicado Centro de Investigación no dio cumplimiento a dicha determinación, más bien interpuso recurso de revocatoria; a tal efecto, la indicada autoridad dictó la Resolución Administrativa (RA) JDTSC/JCCHS/R.R. 211/22 de 23 de agosto de 2022, resolviendo confirmar totalmente la citada Conminatoria; decisión que fue impugnada a través del recurso jerárquico por parte del demandado; como resultado de ello, la Ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social, pronunció la Resolución Ministerial (RM) 1513/22 de 1 de noviembre de ese año, que confirmó parcialmente la referida Resolución Administrativa respecto a algunos de ellos, y revocó en parte la misma en cuanto a los demás, declinando competencia ante la judicatura laboral, a los efectos que sea dicha instancia la que determine los derechos que les asistirían; disposición que les fue notificada el 28 de igual mes y año, quedando en consecuencia agotada la vía administrativa. Posteriormente, el Inspector de la Jefatura Regional de Trabajo Montero, emitió el Informe INF.VERF./ 02/2023 de 14 de marzo, constatando que no se dio acatamiento a la reincorporación de sus personas por estabilidad laboral dispuesta, siendo este el último acto administrativo efectuado en búsqueda de hacer cumplir la mencionada Resolución Ministerial.
Denunciaron la lesión de sus derechos al trabajo y a la estabilidad laboral, citando al efecto los arts. 46.I; y, 48.I y III de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitaron se conceda la tutela, disponiendo: a) Se ordene al CIAT el cumplimiento de la RM 1513/22; y en consecuencia, la reincorporación laboral a sus mismas fuentes de trabajo con iguales sueldos; y, b) La cancelación de sus salarios devengados a partir de sus despidos injustificados, previo cálculo realizado por la Jefatura Departamental de Trabajo Santa Cruz.
Celebrada la audiencia pública virtual el 30 de mayo de 2023, según consta en acta cursante de fs. 2020 a 2024 vta., se produjeron los siguientes actuados:
Los accionantes a través de su representante, ratificaron de forma íntegra los argumentos expresados en la demanda tutelar, y ampliándolos añadieron que, se quedaron sin fuentes de ingreso, cuyos derechos previstos en la Constitución Política del Estado fueron vulnerados y suprimidos de manera arbitraria por parte del demandado; situación que les privó de tener una vida digna con su familia.
Edgar Fernando Talavera Añez, Director Ejecutivo del CIAT, por informe escrito presentado el 18 de mayo de 2023, cursante de fs. 1566 a 1572, manifestó que: 1) En las gestiones 2001, 2002 y 2006, siete de los accionantes renunciaron voluntariamente al régimen de la Ley General del Trabajo y se acogieron al proceso de migración de dicha Ley al Estatuto del Funcionario Público; posteriormente, a través de memorándums emitidos por la Dirección a su cargo, fueron incorporados al CIAT, dejándose establecido que su relación laboral “…a partir de la fecha…” (sic) se regiría bajo la referida normativa legal, no habiéndose determinado el carácter indefinido de la misma; 2) Los peticionantes de tutela pretendieron condicionar la salida del citado régimen, solo si los prenombrados hubiesen migrado a la carrera administrativa como tal; afirmación que no tiene sustento legal según lo previsto en el art. 3 del Estatuto del Funcionario Público (EFP); 3) De acuerdo a las observaciones de auditoría efectuadas por la Contraloría General del Estado (CGE), el CIAT estaba realizando una incorrecta imputación presupuestaria para el pago de los sueldos y bono de antigüedad; puesto que, según el Clasificador Presupuestario vigente a la ejecución de la auditoría y el Reglamento a la Ley del Presupuesto General de la Nación gestión 2004, se estaba generando un daño económico al Estado; 4) A fin de no seguir incurriendo en vulneración de la normativa señalada, que genere indicios de responsabilidad por la función pública, el CIAT subsanó las observaciones reportadas, dejando sin efecto los memorándums de designación y en su lugar se suscribieron contratos de prestación de servicios para personal eventual, con el fin de la readecuación del instrumento de formalización de la relación laboral; contratos que no se hallaban bajo la regulación de la Ley General del Trabajo al ser administrativos, sino por la Ley de Administración y Control Gubernamentales; 5) Los impetrantes de tutela tomaron conocimiento pleno de su cambio de régimen desde la gestión 2011; es decir, sabían que dejaron de pertenecer a éste y pasaron a constituirse en personal eventual, regidos por el art. 6 del EFP; por lo que, a partir de la fecha de suscripción de los indicados contratos en la referida data, los nombrados tenían el plazo de seis meses para solicitar su restitución al anterior régimen laboral en caso de no estar de acuerdo con el cambio del mismo; ya que, antes de la suscripción de su primer contrato, fueron debidamente liquidados y pagados sus beneficios sociales; 6) Las leyes aplicables al caso concreto no prevén la reincorporación de los solicitantes de tutela, por haber tenido la condición de servidores públicos regidos por los arts. 232 y 233 de la CPE; y, 6 y 70 del EFP, entre otras normas, cuyos derechos y obligaciones se encontraban plasmados en sus respectivos contratos; 7) Lo dispuesto en el art. 70.III del citado Estatuto, es lo que ocurrió en el caso presente; toda vez que, los mencionados reconocieron en su acción de defensa, que fueron finiquitados y se les pagó la indemnización por su tiempo de servicios; así como, su condición de personal eventual desde la gestión 2011, siendo que los últimos contratos fueron suscritos el 11 de enero de 2021, “…En cuyo caso se dejaron vencer por caducidad el plazo para interponer la vía de amparo al 11 de julio del año pasado…” (sic); incurriendo además en la causal de improcedencia por actos consentidos libre y expresamente; 8) Fueron contratados por un periodo determinado, el cual llegó a su fin el 24 de diciembre de 2021, no siendo obligatoria la recontratación de este tipo de servidores públicos; y, 9) De los treinta y un accionantes, seis migraron de la Ley General del Trabajo al Estatuto del Funcionario Público, y los restantes veinticinco ingresaron a trabajar en el CIAT, posterior a la vigencia de la referida norma legal, sujetando su relación laboral a dicho régimen; por lo que, pidió se declare la improcedencia de la acción de amparo constitucional interpuesta. En audiencia de garantías a través de su abogado ratificó el informe descrito supra, añadiendo que: i) Veinticinco peticionantes de tutela ingresaron al CIAT cuando ya estaba en vigencia el Estatuto del Funcionario Público, y ninguno de ellos formaría parte del Sindicato de Trabajadores de dicha entidad; por lo tanto, no gozaban de fuero sindical; ii) El informe de auditoría especial efectuado -no señaló fecha-, detectó ciertas irregularidades en el pago del bono de antigüedad a los funcionarios de planta y personal eventual en la gestión 2010, recomendando que los memorándums emitidos a partir del 2002 hasta el citado año, puedan ser llevados a contratos de personal eventual; y, iii) En virtud a la indicada recomendación, dicha entidad inició procesos de contratación bajo las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal Eventual, existiendo una convocatoria a la presentación de una propuesta y la adjudicación hasta que se llegó a suscribir los contratos de carácter eventual en la institución, desde el 2011; por lo que, en ningún momento se vulneraron los derechos y garantías que los peticionantes de tutela alegaron en este mecanismo constitucional; pidiendo se deniegue la tutela impetrada.
Betty Carolina Ortuste Tellería, Directora del Servicio Jurídico Departamental y Vanessa Egüez Añez, Directora de Asuntos Contenciosos, ambas del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, en representación de dicha institución, por memorial presentado el 18 de mayo de 2023, cursante de fs. 1997 a 2014 vta., señalaron que: a) De conformidad a lo previsto en el art. 57 de la Ley Departamental 214 de 31 de mayo de 2021, es de interés del referido ente departamental, tomar conocimiento sobre el destino de los recursos económicos transferidos en favor del CIAT, y que los mismos sean correctamente aplicados en la forma que fueron inscritos en el Plan Operativo Anual (POA) y presupuesto vigente, precautelando los intereses del Estado y patrimonio institucional, evitando que se dé un destino que no corresponda, conforme a la normativa vigente; b) Los impetrantes de tutela y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, no demostraron razonablemente y con pruebas documentales, que el caso concreto se encontraba dentro de los alcances de lo dispuesto en la Sentencia 110/2018 de 25 de septiembre, emitida por la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia; puesto que, este tipo de fallos son de alcance erga omnes y por ende, sus efectos sólo alcanzan a los sujetos procesales; c) Los prenombrados ni la referida cartera de Estado fueron parte de la dirigencia sindical para gozar de fuero sindical; y por ende, de inamovilidad laboral, conforme establece la Constitución Política del Estado; d) La RM 1513/22 vulneró el debido proceso en sus vertientes de motivación, congruencia y valoración razonable de la prueba, vinculada a los principios de legalidad, seguridad jurídica y verdad material; puesto que, no establecieron bajo qué argumentos se apartó de las pruebas aportadas, tales como los contratos de prestación de servicios eventuales suscritos con los solicitantes de tutela; e) El cumplimiento al pago de beneficios sociales dispuesto por la Conminatoria de Reincorporación Laboral por Estabilidad Laboral DTSC/JCCHS/CONM. 077-A/2022, determinada mediante la mencionada Resolución Ministerial, no sería material ni jurídicamente posible en cuestión de horas, especialmente el tema de modificaciones presupuestarias intra e interinstitucionales; situación que se acentúa si la misma requiere de la aprobación de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz; f) Las leyes aplicables en el caso concreto, no prevén la reincorporación de los accionantes, por haber tenido la condición de servidores públicos regidos por los arts. 232 y 233 de la CPE; y, 6 y 70 del EFP, entre otras normas, cuyos derechos y obligaciones se encontraban plasmados en sus respectivos contratos; g) Los prenombrados de manera expresa, reconocieron en su acción de defensa que tenían pleno conocimiento de su condición de personal eventual desde la gestión 2011; pese a ello, consintieron en suscribir sus contratos, dejándose vencer por caducidad el plazo para interponer este mecanismo constitucional al 11 de julio de 2022; y, después de su renuncia y liquidación pasaron a formar parte del régimen de la función pública, conforme al citado Estatuto, vigente a partir del 27 de octubre de 1999; h) Desde la gestión 2011, los peticionantes de tutela fueron contratados bajo la modalidad de personal eventual y su desvinculación fue producto de la conclusión de la vigencia de su contrato; es decir, que se los contrató por un período determinado, no siendo obligatoria su recontratación; e, i) Pidieron se conceda parcialmente la tutela demandada, anulando en parte la RM 1513/22; sin embargo, en caso de aplicar la Resolución de Doctrina Constitucional 0001/2021 de 16 de junio, se conceda un plazo razonable para la tramitación presupuestaria que permita la habilitación de recursos previstos para la partida de contingencias judiciales, con la cual el CIAT pueda dar cumplimiento a lo que se disponga. Asimismo, Betty Carolina Ortuste Tellería, Directora del Servicio Jurídico Departamental del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, en audiencia de garantías reiteró lo expuesto en el supra indicado escrito.
“Freddy Alberto López”, Jefe Departamental de Trabajo Santa Cruz, en audiencia de garantías ratificó la Conminatoria de Reincorporación Laboral por Estabilidad Laboral JDTSC/JCCH/CONM. 077-A/2022, la RA JDTSC/JCCHS/R.R. 211/22 y la RM 1513/22, haciendo conocer que se agotó la vía administrativa; por lo que, con base en el art. 48 de la CPE, solicitó se conceda la tutela en favor de los impetrantes de tutela.
La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Resolución S-56 de 30 de mayo de 2023, cursante de fs. 2025 a 2028 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo el cumplimiento total de la RM 1513/22, que confirmó de manera parcial la Conminatoria de Reincorporación Laboral por Estabilidad Laboral JDTSC/JCCH/CONM. 077-A/2022, entre tanto esté vigente la misma, “…esto implicando el pago de salarios devengados, no es menos cierto que amerita un acervo probatorio la cuantificación de los mismos, razón por la cual deberán acudir ante la autoridad administrativa llamada por ley para que la misma realice la cuantificación a la que asciende los salarios devengados” (sic), sin imposición de costas; con base en los siguientes fundamentos: 1) Conforme a los datos del proceso, el 13 de marzo de 2023, los solicitantes de tutela tuvieron conocimiento del incumplimiento de la RM 1513/22, cuando el Inspector de la Jefatura Regional de Trabajo Montero visitó al CIAT, entidad que no habría cumplido lo dispuesto por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, en cuanto a proceder a la reincorporación laboral de los accionantes; por lo que, es a partir de la indicada fecha que comenzó a computarse el término de los seis meses para la interposición de esta acción de defensa, establecido en el art. 55.I del Código Procesal Constitucional (CPCo), respecto al principio de inmediatez, habiendo presentado la misma el 17 de abril del citado año (después de un mes y cuatro días); encontrándose por ello, dentro del plazo previsto por la indicada norma legal; 2) En el presente caso, al no haberse cumplido la indicada Resolución Ministerial, ésta debe ser acatada conforme prevén las disposiciones laborales en vigor, “…por lo tanto, este tribunal de garantías debe ingresar a verificar si están cumplido los alcances de dicha resolución en sentido que los derechos de los trabajadores conforme se tienen expresado en la Resolución Ministerial serían aplicables en primer orden bajo el principio de realidad laboral y el principio de la objetividad que caracteriza a los derechos de los trabajadores” (sic); 3) Se transgredieron los derechos al trabajo y a la estabilidad laboral de los solicitantes de tutela, establecido en los arts. 46 y 48.II de la CPE, y teniendo en cuenta la Resolución de Doctrina Constitucional 0001/2021, relacionada a la protección de los derechos laborales, “…este tribunal de garantías está en la obligación de precautelar los derecho reconocidos por el bloque de constitucional[idad] a los trabajadores” (sic); y, 4) Corresponde la restitución de los derechos invocados en esta acción tutelar, en cumplimiento a la referida Conminatoria de reincorporación, habiendo modulado la jurisprudencia constitucional, señalando que ante la existencia de dicha Resolución, debe acatarse la misma en su integridad, sin ingresar a considerar otros elementos que no le competen a la justicia constitucional.
Mediante decreto constitucional de 28 de marzo de 2024, cursante a fs. 2032, se dispuso la suspensión del cómputo de plazo para la emisión de la correspondiente resolución a objeto de recabar documentación complementaria; habiéndose obtenido la misma, se reanudó el cómputo del plazo, a partir de la notificación con el decreto constitucional de 14 de octubre de igual año (fs. 2052 a 2055); por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, es pronunciada dentro del término legal.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Percy Velasco Rivero, Sandro Samuel Oño Añez, Seferino Baltazar Choque, Bernardo Flores Ortiz, Jorge Leonel Demiquel Barba, José Martín Borja Moreno, Catia Rivero Aguilera, Jorge Zambrana Catala, Roberto Carlos Vargas, Gonzalo Gutiérrez Barrios, Wilson Tapia Garnica, Omar Cuellar Hurtado, Redentor Pedraza Flores, Rimy Berman Zelaya Rivero, Freddy Parada Gutiérrez, Luis Velasco Barboza, Miguel Cuellar Pedriel, José Enrrique Viera Matorra, Rolfi Guacama Gualoa, Germán Flores Miranda, José Miguel Rodríguez Justiniano, Roy Moreno Saucedo, Roldán Parada Rojas, Dionicio Sosa Vargas, Edgar José Orquera Vias, Álvaro Yarigua Coronillo, Esteban Romero Ribera, Aquiles Vallejos Chilo, Alexy Montaño Vargas y María Jesús Chuve Soquere -ahora accionantes- y otros, suscribieron contratos administrativos de prestación de servicios para personal eventual, con el entonces Director Ejecutivo del CIAT, de conformidad a la Ley de Administración y Control Gubernamentales y art. 18.II inc. e) numeral 5 del Decreto Supremo (DS) 26115 de 16 de marzo de 2001, Normas Básicas de Administración de Personal, entre otras (fs. 16 a 17, 30 a 31, 43 a 44, 57 a 58, 73 a 74, 88 a 89, 104 a 105, 120 a 121, 151 a 153, 156 a 157, 170 a 171, 185 a 186, 194 a 195, 210 a 211, 224 a 225, 245 a 246, 263 a 264, 277 a 278, 293 a 294, 306 a 307, 321 a 233, 335 a 336, 348 a 349, 362 a 363, 377 a 378, 406 a 408, 425 a 426, 454 a 455, 1640 a 1642 y 1895 a 1897). II.2. En virtud a la denuncia interpuesta el 21 de enero de 2022, por los peticionantes de tutela, ante la Jefatura Departamental de Trabajo Santa Cruz, alegando el despido injustificado de sus fuentes de trabajo que sufrieron el 18 de igual mes y año, y de conformidad al Informe MTEPS-JDT SC-ITSI-ASP-0069-INF/22 de 16 de marzo de ese año, evacuado por la Inspectora de esa Jefatura, el entonces Jefe de dicha repartición estatal emitió la Conminatoria de Reincorporación Laboral por Estabilidad Laboral JDTSC/JCCHS/CONM. 077-A/2022 de 18 de abril, a través de la cual conminó al CIAT, proceda a reincorporar a los prenombrados y otros, a sus fuentes laborales en la indicada entidad, en el mismo puesto que ocupaban, reponiendo los sueldos devengados desde el despido injustificado, en aplicación del DS 495 de 1 de mayo de 2010, manteniendo su antigüedad y demás derechos que corresponden por ley, bajo la primacía de la Constitución Política del Estado, por ser un derecho adquirido y consolidado de los trabajadores, y sea de forma inmediata a partir de su legal notificación (fs. 1634 a 1637). II.3. Por memorial presentado el 26 de julio de 2022 ante la indicada Jefatura Departamental, Edgar Fernando Talavera Añez, Director Ejecutivo a.i. del CIAT -ahora demandado-, interpuso recurso de revocatoria contra dicha determinación; a tal efecto, el entonces Jefe Departamental de Trabajo Santa Cruz, pronunció la RA JDTSC/JCCHS/R.R. 211/22 de 23 de agosto de igual año, resolviendo confirmar totalmente la aludida Conminatoria de reincorporación laboral, quedando la misma firme y subsistente en todas sus partes (fs. 1619 a 1630 vta.). II.4. Mediante escrito de 26 de septiembre de 2022, el demandado interpuso recurso jerárquico contra la citada Resolución Administrativa; producto de ello, la Ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social, emitió la RM 1513/22 de 1 de noviembre de 2022, confirmando parcialmente el fallo impugnado; y consecuentemente, ratificó en parte la Conminatoria de Reincorporación Laboral por Estabilidad Laboral JDTSC/JCCHS/CONM. 077-A/2022; asimismo, determinó revocar parcialmente la RA JDTSC/JCCHS/R.R. 211/22; por lo que, revocó en parte la citada Conminatoria de reincorporación laboral, respecto a: José Mario Hurtado Cuellar, Fernando Illescas Sánchez, Edwin Vaca Parada y Juan Ramón Huayhua Ballivián, correspondiendo declinar competencia ante la judicatura laboral, a los efectos de que sea dicha instancia la que determine los derechos que les asistirían; Resolución Ministerial que fue notificada a los accionantes y otros, el 28 de igual mes y año, a horas 15:43, en el tablero de la Secretaría de la Jefatura Departamental de Trabajo Santa Cruz (fs. 1402 a 1410 y 1610 a 1617 vta.). II.5. A través del Informe INF.VERF./ 02/2023 de 14 de marzo, el Inspector de la Jefatura Regional de Trabajo Montero, señaló que de acuerdo a la entrevista con los trabajadores del CIAT -entre ellos los solicitantes de tutela-, no se dio cumplimiento a la reincorporación de los nombrados, no habiéndose acatado la RM 1513/22 (fs. 1542 y vta.).
Los accionantes a través de su representante, denuncian la lesión de sus derechos al trabajo y a la estabilidad laboral; alegando que, habiendo sido despedidos de manera injustificada de sus fuentes de trabajo en el CIAT, el 18 de enero de 2022, interpusieron denuncia ante la Jefatura Departamental de Trabajo Santa Cruz; a tal efecto, se emitió la Conminatoria de Reincorporación Laboral por Estabilidad Laboral JDTSC/JCCHS/CONM. 077-A/2022 de 18 de abril, ordenando a la aludida entidad su reincorporación a los mismos puestos laborales que ocupaban, reponiendo el pago de sueldos devengados, manteniendo su antigüedad y demás derechos que correspondan por ley; decisión que fue confirmada por la RA JDTSC/JCCHS/R.R. 211/22 de 23 de agosto del mismo año, en virtud al recurso de revocatoria formulado por el CIAT, quien luego planteó recurso jerárquico; producto de ello, la Ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social, pronunció la RM 1513/22 de 1 de noviembre de 2022, que confirmó el señalado fallo; y por ende, la citada Conminatoria de reincorporación laboral, en lo concerniente a sus personas; sin embargo, dicha Resolución Ministerial “hasta la fecha” no fue cumplida por parte del demandado. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Constitucional Plurinacional
Este Tribunal, en mérito a la Resolución de Doctrina Constitucional 0001/2021, unificó la línea jurisprudencial constitucional relativa al incumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral denunciada a través de la acción de amparo constitucional, de la siguiente manera: “1° En cuanto al alcance de la conminatoria de reincorporación laboral de trabajadoras y trabajadores en general, que contemple además de la reincorporación, el pago de sueldos y salarios devengados y otros derechos sociales, se dispone la vigencia de los entendimientos y la sistematización asumidos en la SCP 0795/2019-S3 de 14 de noviembre, correspondiendo a la jurisdicción constitucional velar por el cumplimiento integral de la conminatoria sin omitir ninguna de sus determinaciones; 2° Respecto de la conminatoria de reincorporación laboral emitida en favor de trabajadoras y trabajadores que cuentan con fuero sindical, se dispone la aplicación del razonamiento establecido en la SCP 0476/2018-S3 de 1 de octubre, la cual, considerando al fuero sindical como un medio de protección constitucional contra arbitrariedades o represalias de los empleadores, ordenó el cumplimiento integral de la conminatoria de reincorporación laboral incluyendo todos los derechos concedidos; y, 3° Debiendo tener presente que, si la trabajadora o el trabajador escoge aceptar el despido injustificado en el marco del art. 10 del Decreto Supremo 28699 de 1 de mayo de 2006, el empleador deberá acreditar el pago de la totalidad de los beneficios y derechos sociales, además de sus obligaciones patronales, a los efectos de brindar seguridad jurídica en la relación jurídico-laboral que se extingue conforme a los fundamentos expresados en la presente Resolución de Doctrina Constitucional” (las negrillas nos corresponden). Asimismo, el citado fallo constitucional aclaró que: “…el presente pronunciamiento de doctrina constitucional es diferente del precedente jurisprudencial constitucional, debido a que el primero tiene un alto grado de vinculatoriedad dado su carácter unificador al fijar pautas, directrices y guías para la interpretación del ordenamiento jurídico, cuyo máximo fin será lograr coherencia, universalidad y la predictibilidad de los fallos, además de la vinculatoriedad no solamente vertical sino también horizontal en el manejo de la jurisprudencia de las Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional” (el resaltado es nuestro).
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en el expediente, se llegó a evidenciar que, los accionantes y otros suscribieron contratos administrativos de prestación de servicios para personal eventual, con el entonces Director Ejecutivo del CIAT. Sin embargo, en virtud a la denuncia formulada el 21 de enero de 2022 por los peticionantes de tutela, ante la Jefatura Departamental de Trabajo Santa Cruz, alegando el despido injustificado de sus fuentes de trabajo que se produjo el 18 de igual mes y año, y de acuerdo con el Informe MTEPS-JDT SC-ITSI-ASP-0069-INF/22 de 16 de marzo del mismo año, evacuado por la Inspectora de la indicada Jefatura, el Jefe de dicha repartición estatal emitió la Conminatoria de Reincorporación Laboral por Estabilidad Laboral JDTSC/JCCHS/CONM. 077-A/2022 de 18 de abril, mediante la cual conminó al CIAT proceda a reincorporar a los prenombrados y otros, a sus fuentes laborales en la mencionada entidad, en los mismos puestos que ocupaban, reponiendo los sueldos devengados desde el despido injustificado, en aplicación del DS 495, manteniendo su antigüedad y demás derechos que corresponden por ley, sea de forma inmediata a partir de su legal notificación. Contra esa determinación, el demandado interpuso recurso de revocatoria; a tal efecto, el entonces Jefe Departamental de Trabajo Santa Cruz, pronunció la RA JDTSC/JCCHS/R.R. 211/22 de 23 de agosto de 2022, que resolvió confirmar totalmente la señalada Conminatoria; lo cual, originó que el prenombrado formule recurso jerárquico; como resultado de ello, la Ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social emitió la RM 1513/22 de 1 de noviembre de ese año, confirmando parcialmente la citada Resolución Administrativa y, en consecuencia, la referida Conminatoria de reincorporación laboral, en cuanto respecta específicamente a los impetrantes de tutela. Ahora bien, con carácter previo al análisis de fondo de la problemática planteada, cabe aclarar que, en el caso que nos ocupa, el plazo de inmediatez que rige a esta acción tutelar, se computará a partir de la notificación a los accionantes con la RM 1513/22, como la última decisión emitida en sede administrativa; toda vez que, la misma modificó parcialmente la Conminatoria de Reincorporación Laboral por Estabilidad Laboral JDTSC/JCCHS/CONM. 077-A/2022; ello, considerando que inicialmente los beneficiados con la Conminatoria eran treinta y cinco trabajadores; luego, como efecto de la citada Resolución Ministerial, se favoreció a treinta y uno, ahora accionantes. En ese contexto, corresponde puntualizar que de la revisión de obrados se evidenció que los peticionantes de tutela fueron notificados el 28 de noviembre del citado año, a horas 15:43 con la mencionada Resolución Ministerial, en el tablero de la secretaría de la Jefatura Departamental de Trabajo Santa Cruz (Conclusión II.4), habiendo formulado ese mecanismo de defensa, el 17 de abril de 2023; en ese sentido, efectuando el cómputo de los seis meses establecido por los arts. 29.II de la CPE y 55.I del CPCo, para la presentación de esta acción tutelar, se colige que la misma fue interpuesta dentro del plazo previsto. Por otra parte, es pertinente señalar además que, el 30 de septiembre de 2022, fue promulgada la Ley de Procedimiento Especial para la Restitución de Derechos Laborales -Ley 1468 que entró en vigencia el 3 de noviembre de 2022-, cuyo objeto es resguardar los derechos al trabajo, a la estabilidad laboral en caso de despido injustificado, la inamovilidad laboral, la falta de pago de remuneración o salario, y el cumplimiento del fuero sindical, estableciendo para tal efecto el procedimiento especial para su restitución, siendo su ámbito de aplicación a todas las trabajadoras y los trabajadores comprendidos en el ámbito de la Ley General del Trabajo, correspondiendo al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, en ejercicio de su potestad administrativa, emitir las correspondientes resoluciones de restitución de derechos laborales, que constituyen actos administrativos de alcance particular y gozan de los principios de legalidad y presunción de legitimidad. Sin embargo de ello, tomando en cuenta que en el caso que se analiza, la desvinculación de los impetrantes de tutela se produjo el 18 de enero de 2022, y la referida Conminatoria fue emitida el 18 de abril de igual año, teniendo presente que la citada Ley entró en vigor treinta días después de su promulgación, la misma no puede ser aplicada de manera retroactiva a las conminatorias de reincorporación laboral dictadas por las jefaturas departamentales o regionales de trabajo con antelación a su vigencia, ni el régimen de adecuación previsto en el Protocolo de actuación para la aplicación de la referida norma, vigente desde el 1 de noviembre del indicado año; en cuyo caso, las causas presentadas ante la justicia constitucional, denunciando el incumplimiento de conminatorias con anterioridad, deben resolverse en el marco de la Resolución de Doctrina Constitucional 0001/2021, pronunciada por este Tribunal, como ocurre en la presente causa. Una vez aclarados esos aspectos, del examen efectuado al caso que nos ocupa, se advierte que los solicitantes de tutela sostenían una relación de trabajo con el CIAT, a través de la celebración de contratos de prestación de servicios para personal eventual; no obstante, a raíz de la desvinculación de sus fuentes laborales, formularon denuncia ante el Jefe Departamental de Trabajo Santa Cruz, alegando que les correspondería su reincorporación por la continuidad laboral; ya que, estaban comprendidos dentro de la Ley General del Trabajo; por tal motivo, la citada autoridad emitió la Conminatoria de Reincorporación Laboral por Estabilidad Laboral JDTSC/JCCHS/CONM. 077-A/2022, la cual no fue acatada por la entidad demandada, conforme manifestaron los accionantes tanto en su memorial de acción de amparo constitucional, como en la audiencia de garantías; contrariamente, el demandado interpuso recurso de revocatoria cuestionando la referida Conminatoria, y ante su rechazo, planteó recurso jerárquico, dando lugar a la emisión de la RM 1513/22, que refrendó la misma respecto a los prenombrados; fallo que sin embargo, no fue cumplido, conforme se evidencia del Informe INF.VERF./ 02/2023 de 14 de marzo, evacuado por el Inspector de la Jefatura Regional de Trabajo Montero (Conclusión II.5). En ese marco, de acuerdo al desarrollo jurisprudencial plasmado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, este Tribunal unificó la línea jurisprudencial constitucional respecto a las conminatorias de reincorporación, determinando que el demandado tiene el deber de dar cumplimiento inmediato a la conminatoria de reincorporación laboral, decisión que no puede suspenderse ante la interposición de los mecanismos de impugnación previstos en la normativa legal, como son los recursos de revocatoria y jerárquico, que este pendiente de resolverse o se hubiera interpuesto cualquier otro medio recursivo en la vía judicial o administrativa; debiendo aquella ser acatada en su integridad, sin omitir ninguna de las determinaciones dispuestas, considerando que la misma no constituye una resolución definitiva respecto a la situación laboral de la trabajadora o el trabajador, siendo netamente provisional la otorgación de la tutela, y ante su inobservancia, se hace viable la tutela constitucional a través de esta acción de defensa, como la vía más idónea en estos casos, a efectos de procurar su cumplimiento, correspondiendo a la justicia constitucional únicamente viabilizar la tutela ante la decisión unilateral del empleador que opta por un despido intempestivo; puesto que, las autoridades administrativas o judiciales en materia laboral son las idóneas para resolver en el fondo y con carácter definitivo la situación laboral tanto para el empleador como el trabajador. En ese sentido, en virtud al entendimiento jurisprudencial constitucional anotado en líneas precedentes, corresponde disponer el cumplimiento inmediato de la RM 1513/22, que ratificó la Conminatoria de Reincorporación Laboral por Estabilidad Laboral JDTSC/JCCHS/CONM. 077-A/2022, al confirmarla parcialmente con relación a los impetrantes de tutela -habiendo sido revocada en parte respecto a otros trabajadores del CIAT, declinando competencia ante la judicatura laboral-; debido a que, se evidenció que la misma no fue acatada de acuerdo a sus alcances, siendo menester dejar en claro además que la justicia constitucional se encuentra imposibilitada de ingresar a analizar si esa decisión administrativa efectuó una indebida o ilegal fundamentación a tiempo de determinar la reincorporación, o si los datos, hechos y circunstancias que le dieron lugar, ameritaban tal disposición; en razón a que, ese aspecto le corresponde a la judicatura laboral, conforme también se puntualizó en la Resolución de Doctrina Constitucional 0001/2021. Consecuentemente, este Tribunal advierte la vulneración de los derechos al trabajo y a la estabilidad laboral invocados por los peticionantes de tutela, consagrados en la Constitución Política del Estado, aperturando el ámbito de protección que brinda la acción de amparo constitucional, a objeto de obtener su restablecimiento, siendo viable en tal sentido, conceder la tutela pretendida. En consecuencia, la Sala Constitucional al haber concedido la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución S-56 de 30 de mayo de 2023, cursante de fs. 2025 a 2028 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, conforme a lo dispuesto por la citada Sala Constitucional y los fundamentos jurídicos expresados en este fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
MSc. DAEN Brigida Celia Vargas Barañado
MAGISTRADA
MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0697_2024-S2.pdf · páginas 1 a 14.
Huella digital del PDF (SHA-256): 5d53098ae2fd117a46e38c041a7550bcfb5b1c7bc21e75d64b04b0229a43c8ba
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