Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 2 de julio de 2025
Concede en parte la tutela
El accionante denuncia la vulneración de su derechos a la libertad y al debido proceso, en sus elementos de fundamentación y motivación y el principio de presunción de inocencia, toda vez que el Juez y Secretario demandados, mediante providencia de 21 de abril del 2025, han denegado su solicitud de señalamiento de audiencia de cesación a la detención preventiva, incurriendo en error de interpretación normativa de las modificaciones introducidas al art. 396.I del CPP sobre el efecto no suspensivo del recurso de casación, que en criterio de los demandados conllevaría la improcedencia de la cesación de la detención preventiva cuando en apelación se confirma la sentencia condenatoria, conforme a la interpretación efectuada en el Acuerdo SPTDJ-CBBA N° 06/024, emitido por la Sala Plena del Tribunal Departamental de justicia de Cochabamba. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar sí tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución de “29 de mayo de 2025” -siendo lo correcto 30 de mayo del 2025-, cursante de fs. 35 a 38, pronunciada por los Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Tercero de la Capital del departamento de Cochabamba, constituido en Tribunal de garantías, y en consecuencia,
1° CONCEDER la tutela impetrada contra la Jueza demandada, conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, 2° Disponer lo siguiente:
a) Dejar sin efecto la providencia de 21 de abril del 2025, emitida por Nadia Pamela Loayza Escobar, Jueza Técnica del Tribunal de Sentencia Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Segundo de la Capital del departamento de Cochabamba; y b) Que la autoridad judicial demandada o quien ejerza ese cargo, emita una resolución de señalamiento de audiencia de cesación de detención preventiva, siempre y cuando la condición del procesado no haya sido modificada. 3° DENEGAR la tutela respecto a Mauricia Mamani Ortega, Secretaria del Tribunal de Sentencia Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Segundo de la Capital del citado departamento, conforme a los fundamentos jurídicos de la presente sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0696/2025-S3 Sucre, 2 de julio de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 74066-2025-149-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución de 29 de mayo de 2025, cursante de fs. 35 a 38, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Constantino Alavi Condori contra Nadia Pamela Loayza Escobar, Jueza Técnica del Tribunal de Sentencia Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Segundo de la Capital del departamento de Cochabamba y Mauricia Mamani Ortega, Secretaria del Tribunal de Sentencia Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Segundo de la Capital del citado departamento.
Por memorial presentado el 29 de mayo de 2025, cursante de fs. 6 a 8, el accionante señaló lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido en su contra, por la presunta comisión del delito de violación de niño, niña y adolescente con agravante, mediante Auto Interlocutorio de 9 de marzo de 2023, se dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario San Antonio de Cochabamba. En el curso de dicho proceso; es decir, en la etapa preparatoria, en el juicio e inclusive en la fase de recursos, solicitó en reiteradas oportunidades el señalamiento de audiencias de cesación a la detención preventiva, las cuales fueron oportunamente tramitadas; sin embargo, habiendo solicitado nuevamente el 17 de abril de 2025, que se señale audiencia de cesación a su detención preventiva, su petición fue denegada a través de la providencia de 21 de igual mes y año, bajo el argumento de que el Acuerdo SP-TDJ-CBBA 06/2024, emitido por la Sala Plena del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, estableció la aplicación del efecto no suspensivo del “recurso de casación” en la Resoluciones de las solicitudes de cesación a la detención preventiva. El fundamento esgrimido en la providencia impugnada en esta acción de tutela, vulneró el derecho a la presunción de inocencia, puesto que, por más que exista prueba de cargo contra el imputado, no se puede adelantar su responsabilidad penal en señal de cosa juzgada y seguridad jurídica; por ello, la solicitud de cesación de la detención preventiva puede ser considerada hasta antes de existir sentencia ejecutoriada; por lo cual las demandadas, al denegar el señalamiento de audiencia de cesación a la detención preventiva, obraron de forma arbitraria y sin sustento legal, atentando contra su derecho a la libertad.
Denunció la lesión de sus derechos a la libertad y el debido proceso en sus componentes de motivación, fundamentación y el principio de presunción de inocencia, citando al efecto los arts. 23.I, 115 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 7.1, 3, 5 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia, se disponga: a) Dejar sin efecto la providencia de 21 de abril de 2025; y, b) La Jueza y la Secretaria del Tribunal de Sentencia Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Segundo de la Capital del departamento de Cochabamba atienda la solicitud de cesación a la detención preventiva en el plazo de cuarenta y ocho horas.
Celebrada la audiencia pública el 30 de mayo de 2025, según consta en el acta cursante de fs. 34 y vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado, reitero íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliándolos, manifestó que: 1) Mientras no exista una sentencia ejecutoriada podrá solicitarse la cesación a la detención preventiva, aunque el proceso se encuentre con recurso de apelación restringida o casación; y, 2) Una vez instalado el verificativo será el tribunal quien finalmente dará curso o no a la solicitud impetrada.
Nadia Pamela Loayza Escobar, Jueza Técnica del Tribunal de Sentencia Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Segundo de la Capital del departamento de Cochabamba, a través de informe escrito presentado el 30 de mayo de 2025, cursante a fs. 30 a 32, solicitó se deniegue la tutela impetrada con base a los siguientes argumentos: i) En audiencia efectuada el 14 de agosto de 2024, el peticionante de tutela se sometió a procedimiento abreviado por el delito de violación agravada de infante, niño, niña adolescente, imponiéndole la pena privativa de libertad de veinticinco años, misma que fue objeto de apelación y mediante Resolución de 13 de enero de 2025, la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba declaró inadmisible el recurso de apelación restringida; ii) Ante la solicitud de cesación a la detención preventiva emitió la Resolución de 21 de abril del citado año, mismo que se encuentra enmarcado en las modificaciones de la Ley de Protección a las Víctimas de Feminicidio, Infanticidio y Violación de Infante, Niña, Niño o Adolescente -Ley 1443 de 4 de julio de 2022- y el Acuerdo SP-TDJ-CBBA 06/2024 de 4 de abril, emitido por la Sala Plena del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dichos fundamentos imposibilita la atención de lo impetrado, aspecto que fue notificado mediante ciudadanía digital el 25 del mismo mes y año. Mauricia Mamani Ortega, Secretaria del Tribunal de Sentencia Penal Anticorrupción y contra Violencia hacia las Mujeres Segundo de la Capital del citado departamento, a través de informe escrito presentado el 30 de mayo de 2025, cursante a fs. 31 y vta., solicitó se deniegue la tutela impetrada con base a los siguientes argumentos: a) Al haber notificado con la Resolución de 21 de abril de 2025, el impetrante de tutela no interpuso ningún recurso contra la decisión asumida; y, b) La Resolución ahora cuestionada fue pronunciada en estricta observancia de los preceptos legales pertinentes.
Los Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Tercero de la Capital del departamento de Cochabamba, constituido en Tribunal de garantías, por Resolución de “29” siendo lo correcto 30 mayo de 2025, cursante de fs. 35 a 38, denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: 1) El recurso de apelación restringida fue resuelto mediante Auto de Vista que confirmó íntegramente la sentencia condenatoria, en consecuencia dicho recurso carecía de efecto suspensivo; lo que implica la ejecución inmediata de la sentencia penal, lo que incide en la inaplicabilidad de la cesación a la detención preventiva, particularmente en delitos graves como feminicidio, infanticidio y violación de infante, niña, niño o adolescente; 2) El impetrante de tutela no se encuentra ilegalmente perseguido, ni se vulneraron sus derechos al debido proceso o a la libertad, en virtud de que la Resolución observada cumple con las exigencias jurisprudenciales, tomando en cuenta que la Sala Plena del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba exhortó a los jueces del Departamento de Cochabamba a aplicar el criterio del Acuerdo SP-TDJ-CBBA 06/2024, de 4 de abril; y 3) La Resolución ahora cuestionada se encuentra debidamente motivada y fundamentada en hecho y en derecho, con la cita de las respectivas normas en las que basa su decisión, tomando en cuenta que una resolución de debe ser ampulosa en su contenido y se encuentra dentro del criterio jurídico de fundamentación.
Por Acuerdo Jurisdiccional TCP-AJ-SP-001/2022 de 4 de febrero, se dispuso la priorización en el sorteo de casos de niñas, niños y adolescentes, por lo que, la Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional procedió con el sorteo de la presente causa (fs. 44 a 49).
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Auto de Vista 13/2025 de 13 de enero, emitido por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, que declaró inadmisible el recurso de apelación restringida y rechazó dicho recurso interpuesto por el acusado Constantino Alavi Condori, hoy accionante, contra la Sentencia 24/2024 de 14 de agosto, dictada por el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la capital del referido departamento dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Constantino Alavi Condori, por la presunta comisión del delito de violación agravada de Infante Niño, Niña o Adolescente, previsto y sancionado por el art. 308 Bis con relación al art. 310 inciso m) del Código Penal (CP), que le impuso una pena de veinticinco años de privación de libertad en el Centro penitenciario El Abra de Cochabamba (fs. 23 a 24 vta.). II.2. Cursa el Acuerdo SP-TDJ-CBBA 06/2024 de 4 de abril, emitido por la Sala Plena del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, en su artículo único exhorta a los jueces y tribunales de sentencia a aplicar de manera obligatoria el efecto no suspensivo del recurso de casación en la resolución de las solicitudes de cesación a la detención preventiva, conforme al marco normativo aplicable y en resguardo de los principios constitucionales que rigen la materia (fs. 16 a 18).
II.3. Mediante memorial presentado el 17 de abril de 2025, ante el Tribunal de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Segundo de la Capital del departamento de Cochabamba, Constantino Alavi Condori, hoy accionante, solicitó el señalamiento de día y hora para la audiencia de cesación a la detención preventiva (fs. 4). En respuesta a dicho pedido, Nadia Pamela Loayza Escobar, Jueza Técnica del Tribunal de Sentencia Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Segundo de la Capital del departamento de Cochabamba, hoy demandada, emitió el decreto de 21 del mismo mes y año, en el que se indicó que, al haber sido notificados con el Auto de Vista de 13 de enero de 2025, el solicitante tenía la situación jurídica de sentenciado, motivo por el cual correspondía rechazar la solicitud de cesación a la detención preventiva (fs. 3).
El accionante denuncia la vulneración de su derechos a la libertad y al debido proceso, en sus elementos de fundamentación y motivación y el principio de presunción de inocencia, toda vez que el Juez y Secretario demandados, mediante providencia de 21 de abril del 2025, han denegado su solicitud de señalamiento de audiencia de cesación a la detención preventiva, incurriendo en error de interpretación normativa de las modificaciones introducidas al art. 396.I del CPP sobre el efecto no suspensivo del recurso de casación, que en criterio de los demandados conllevaría la improcedencia de la cesación de la detención preventiva cuando en apelación se confirma la sentencia condenatoria, conforme a la interpretación efectuada en el Acuerdo SPTDJ-CBBA N° 06/024, emitido por la Sala Plena del Tribunal Departamental de justicia de Cochabamba. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar sí tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
El derecho a una resolución fundamentada y motivada, como elementos del debido proceso, reconocido como un derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE; 8 de la CADH; y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), fue desarrollado en la amplia jurisprudencia constitucional, siendo uno de los antecedentes, el entendimiento contenido en la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre; la cual establece como exigencia del debido proceso, que toda resolución debe exponer los hechos y el fundamento legal de la decisión, de manera que en caso de omisión, se vulnera dicho derecho. Posteriormente, en la SC 0946/2004-R de 15 de junio, se aclara que dicha garantía es aplicable también en procesos administrativos y disciplinarios.
En el Fundamento Jurídico III.3, de la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, se establecieron los requisitos que debe contener toda resolución jurisdiccional o administrativa, con la finalidad de garantizar el derecho a la motivación como elemento configurativo del debido proceso, como son:
a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado. En cuanto a los requisitos que debe contener una resolución administrativa en segunda instancia, la SCP 0275/2012 de 4 de junio, precisó que dicho fallo debe exponer los hechos y citar las normas que sustentan la decisión, además de pronunciarse sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso.
…consecuentemente cuando un Juez omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión arbitraria y dictatorial que vulnera de manera flagrante el citado derecho que otorga a las partes saber el porqué de la parte dispositiva de un fallo o Resolución”. 2El FJ III.3, refiere: “…la garantía del debido proceso no es únicamente aplicable en el ámbito judicial, sino también en el administrativo y disciplinario, cuanto tenga que determinarse una responsabilidad disciplinaria o administrativa e imponerse una sanción como ha ocurrido en el presente caso”. 3El FJ III.2.3, señala: “Toda autoridad administrativa que emita una resolución en segunda instancia, debe mínimamente exponer en la resolución: 1) Los hechos, citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución, efectuando la relación de causalidad entre los hechos y la norma aplicable; 2) Pronunciamiento sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso de alzada, actuando en mínima petita, considerando cada aspecto de manera puntual y expresa, desarrollando una valoración lógica de los puntos impugnados, efectuar lo contrario, elimina la parte fundamental de la resolución, lesionando efectivamente el debido proceso, derivando en el extremo inaceptable que los procesados no puedan conocer cuáles son las razones del fallo y cual es la posición del tribunal de alzada en relación con los puntos impugnados.
En tanto y en cuanto, las resoluciones administrativas de segunda instancia conlleven insertas en su texto de manera expresa, las respuestas a todos los aspectos cuestionados en el recurso de impugnación, el sujeto sometido al proceso disciplinario, tendrá la plena convicción respecto a que la decisión asumida por la autoridad administrativa es a todas luces justa. Esta afirmación nos lleva a concluir que no le está permitido a la autoridad administrativa, reemplazar una adecuada y sustanciosa fundamentación por una elemental relación de antecedentes”.
Por su parte, la SC 0802/2007-R de 2 de octubre se refirió a la fundamentación como sustento de una resolución disciplinaria; empero, es la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, la que desarrolla el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son: i) El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad; ii) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; iii) Garantizar la posibilidad del control de la resolución por medio de los recursos; iv) Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad; y, v) La observancia del principio dispositivo, que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes -quinta finalidad complementada por la SCP 0100/2013 de 17 de enero-.
4El FJ III.4, expresa: “Consiguientemente, aplicando los principios informadores del derecho sancionador, las resoluciones pronunciadas por el sumariante y demás autoridades competentes deberán estar fundamentadas en debida forma, expresando lo motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba. Fundamentación que no podrá ser reemplazada por la simple relación de los documentos y presentación de pruebas o los criterios expuestos por las partes, y en los casos en los que existan coprocesados, resulta primordial la individualización de los hechos, las pruebas, la calificación legal de la conducta y la sanción correspondiente a cada uno de ellos en concordancia con su grado de participación o actuación en el hecho acusado”. 5El FJ III.1, manifiesta: “En ese marco, se tiene que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión está dado por sus finalidades implícitas, las que contrastadas con la resolución en cuestión, dará lugar a la verificación de su respeto y eficacia. Estas son: (1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; (3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, (4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad. Estos elementos se desarrollarán a continuación: (…)
(2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia. (…)
b) En correspondencia con lo anterior, la arbitrariedad puede estar expresada en: b.1) Una `decisión sin motivación´, o extiendo esta es b.2) Una `motivación arbitraria´; o en su caso, b.3) Una `motivación insuficiente´. (…)
c) La arbitrariedad también se expresa en la falta de coherencia, o incongruencia de la decisión (principio de congruencia), cuando el conjunto de las premisas, -formadas por las normas jurídicas utilizadas para resolver el caso, más los enunciados fácticos que describen los hechos relevantes- no son correctas, fundadas y si, además, su estructura también no lo es. Esto, más allá si la resolución que finalmente resuelva el conflicto es estimatoria o desestimatoria a las pretensiones de las partes. Es decir, como señala Robert Alexy, se trata de ver si la decisión se sigue lógicamente de las premisas que se aducen como fundamentación”. 6El FJ III.2, establece: “A las cuatro finalidades implícitas que determinan el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión cuáles son: 1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) la Constitución formal, es decir, el texto escrito; y, 1.b) los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, el principio de interdicción de mínimamente exponer en la resolución: 1) Los hechos, citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución, efectuando la relación de causalidad entre los hechos y la norma aplicable; 2) Pronunciamiento sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso de alzada, actuando en Respecto a la segunda finalidad, tanto la SCP 2221/2012 como la SCP 0100/2013, señalan que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión: a) Sin motivación, cuando la resolución no da razones que la sustenten; b) Con motivación arbitraria, cuando se basa en fundamentos y consideraciones meramente retóricas o deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso; c) Con motivación insuficiente, cuando no se da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; y, d) Por la falta de coherencia del fallo, que se manifiesta: d.1) En su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión -por tanto o parte resolutiva-; y, d.2) En su dimensión externa, que implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, tienen su antecedente en la SC 0863/2003-R de 25 de junio, así como en la SC 0358/2010-R de 22 de junio, estableciendo que mínima petita, considerando cada aspecto de manera puntual y expresa, desarrollando una valoración lógica de los puntos impugnados, efectuar lo contrario, elimina la parte fundamental de la resolución, lesionando efectivamente el debido proceso, derivando en el extremo inaceptable que los procesados no puedan conocer cuáles son las razones del fallo y cual es la posición del tribunal de alzada en relación con los puntos impugnados. En tanto y en cuanto, las resoluciones administrativas de segunda instancia conlleven insertas en su texto de manera expresa, las respuestas a todos los aspectos cuestionados en el recurso de impugnación, el sujeto sometido al proceso disciplinario, tendrá la plena convicción respecto a que la decisión asumida por la autoridad administrativa es a todas luces justa. Esta afirmación nos lleva a concluir que no le está permitido a la autoridad administrativa, reemplazar una adecuada y sustanciosa fundamentación por una elemental relación de antecedentes”. 6El FJ III.4, expresa: “Consiguientemente, aplicando los principios informadores del derecho sancionador, las resoluciones pronunciadas por el sumariante y demás autoridades competentes deberán estar fundamentadas en debida forma, expresando lo motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba. Fundamentación que no podrá ser reemplazada por la simple relación de los documentos y presentación de pruebas o los criterios expuestos por las partes, y en los casos en los que existan coprocesados, resulta primordial la individualización de los hechos, las pruebas, la calificación legal de la conducta y la sanción correspondiente a cada uno de ellos en concordancia con su grado de participación o actuación en el hecho acusado”. 6El FJ III.1, manifiesta: “En ese marco, se tiene que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión está dado por sus finalidades implícitas, las que contrastadas con la resolución en cuestión, dará lugar a la verificación de su respeto y eficacia. Estas son: (1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; (3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, (4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o la arbitrariedad, el principio de razonabilidad y el principio de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; 4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad (SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, se suma un quinto elemento de relevancia constitucional; y, 5) La exigencia de la observancia del principio dispositivo.
5) La observancia del principio dispositivo, implica la exigencia que tiene el juzgador de otorgar respuestas a las pretensiones planteadas por las partes para defender sus derechos”. 7El FJ III.3, expresa: “Que, al margen de ello, también cabe reiterar que el art. 236 CPC, marca el ámbito de contenido de la resolución a dictarse en apelación, pues estipula que la misma, deberá circunscribirse precisamente a los puntos resueltos por el inferior y que además hubieran sido objeto de apelación y fundamentación, de manera que el Juez o tribunal ad-quem, no puede ir más allá de lo pedido, salvo en los casos en que los vicios de nulidad constituyan lesiones a derechos y garantías constitucionales como cuando la nulidad esté expresamente prevista por ley”.
en el ámbito procesal, el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, sino que además implica la concordancia del fallo; es decir, su coherencia interna, entendimiento que fue reiterado en la SCP 1915/2012 de 12 de octubre, entre otras. Por su parte, respecto a la congruencia de las resoluciones de segunda instancia, la SC 0682/2004-R de 6 de mayo señaló que el pronunciamiento debe guardar correspondencia con los agravios de la apelación y la contestación de alzada.
En resumen, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional glosada, una resolución será arbitraria cuando carezca de motivación o sea arbitraria o insuficiente; asimismo, cuando la resolución no tenga coherencia o congruencia interna o externa.
La jurisprudencia contenida en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2221/2012 y 0100/2013 citadas anteriormente, fue modulada por la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero; la cual, entendió que únicamente es posible conceder la tutela y disponer la nulidad de la resolución judicial o administrativa, ordenando se emita otra nueva, ante la denuncia de arbitraria o insuficiente fundamentación, previo análisis de la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; es decir, previo análisis de su relevancia constitucional;
8El FJ III.3.1, señala: “De esa esencia deriva a su vez la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, en materia penal la congruencia se refiere estrictamente a que el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial o administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes”.
9El FJ III.2, indica: “La abundante jurisprudencia del extinto Tribunal Constitucional, ha señalado con relación al principio de congruencia -que es determinante en cualquier proceso judicial o administrativo- como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, que implica la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, que debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y juicios de valor emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan la razón que llevó a la determinación que se asume (SC 1619/2010-R de 15 de octubre). Bajo ese razonamiento, el principio de congruencia forma parte de derecho-garantía-principio del debido proceso, contemplado en el art. 115.I de la CPE”.
10El FJ III.1, refiere: “Además de ello, toda resolución dictada en apelación, no sólo por disposición legal sino también por principio general, debe sujetarse a los puntos de apelación expuestos por la parte apelante, que se entiende deben estar relacionados con lo discutido ante el juez a quo. Para el mismo objetivo -resolver la apelación-, también el juez ad quem, si se trataran de varias apelaciones y deba resolverlas en una sola resolución deberá individualizar a las partes, lo que supone también, la individualización de sus pretensiones y resolverlas de la misma forma; pues en el único caso que podrá dirigirse en su fundamentación a dos o más apelantes, será cuando éstos hubieran coincidido en sus argumentos al presentar su apelación, o varios hubieran presentado apelación en forma conjunta. Ahora bien, la misma obligación que tiene el juez ad quem frente a los apelantes, también debe cumplirla frente a la parte adversa, para el caso de que el procedimiento aplicable admita que la misma pueda responder al recurso, pues omitir las consideraciones a la respuesta igual que no responder a los puntos de apelación, resulta arbitrario y por lo mismo, daría lugar a una omisión indebida plasmada en la resolución que resuelve la apelación”.
por cuanto, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal, únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; en ese sentido, en el Fundamento Jurídico III.1, estableció:
Ahora bien, la jurisprudencia precedentemente citada debe ser complementada a partir de la relevancia constitucional que tenga la alegada arbitraria o insuficiente fundamentación y motivación de las resoluciones, es decir, que deberá analizarse la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; pues, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; consiguientemente, a partir de una interpretación previsora, si bien la arbitraria o insuficiente fundamentación, aún carezca de relevancia, deberá ser analizada por el Tribunal Constitucional Plurinacional; empero, corresponderá denegar la tutela por carecer de relevancia constitucional, con la aclaración que este entendimiento es únicamente aplicable a la justicia constitucional que no exigirá para efectuar el análisis, que la o el accionante cumpla con carga argumentativa alguna. Estos entendimientos fueron asumidos por las SCP 0353/2018-S2 de 18 de julio, entre otras.
La presunción de inocencia se encuentra consagrado en el art. 116.I de la CPE, que establece: “Se garantiza la presunción de inocencia. Durante el proceso, en caso de duda sobre la norma aplicable, regirá la más favorable al imputado o procesado”. También se encuentra reconocido en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos que forman parte del bloque de constitucionalidad; así, la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), cuyo art. 11.1 establece: “Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa”; por su parte el art. 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), señala que: “Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley”; finalmente, el art. 8.2 de la Convención Americana Sobre derechos Humanos (CADH), establece que: “Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad…”. En el orden interno, el legislador boliviano, en el art. 6 del Código de Procedimiento Penal (CPP) también ha establecido la presunción de inocencia del imputado, señalando que: “Todo imputado será considerado inocente y tratado como tal en todo momento, mientras no se declare su culpabilidad en sentencia ejecutoriada”. La jurisprudencia constitucional, ha establecido que la presunción de inocencia tiene triple dimensión de principio, derecho y garantía; asimismo que el principio de inocencia implica que ninguna persona puede ser considerada culpable ni tratada como tal sin que antes se haya declarado tal culpabilidad en una sentencia firme; así lo establece la SCP 2055/2012 de 16 de octubre que resalta que …la presunción de inocencia, en su triple dimensión -principio, derecho y garantía-configura un estado de inocencia que acompaña al acusado desde el inicio de la acción penal hasta el pronunciamiento de la sentencia firme y definitiva de culpabilidad, ello obliga a imponer límites y, en su caso, a proscribir aquellos actos y medidas de carácter preventivo que impliquen una anticipación de la pena o sanción respecto de aquellas personas cuya responsabilidad o culpabilidad no ha sido establecida aún. En este mismo sentido, la Corte IDH, ha establecido que “el principio de presunción de inocencia “acompaña al acusado durante toda la tramitación del proceso hasta que una sentencia condenatoria que determine su culpabilidad quede firme”. Una de las implicancias del principio de inocencia, es que la detención preventiva u otras medidas cautelares solo puede ser aplicadas de manera excepcional con la finalidad de asegurar la presencia del procesado, el desarrollo del proceso y la aplicación de la ley; pero de ninguna manera, puede constituir una anticipación de la condena, ya que en tal caso no solo se afecta la presunción de inocencia, sino que se produce un quiebre del valor justicia y el principio de razonabilidad, tal como se ha señalado en la SCP 2055/2012. En ese marco, dado el carácter excepcional que tiene la detención preventiva, durante el desarrollo de todo el proceso, hasta antes de la ejecutoria de la sentencia, el acusado puede solicitar la cesación de aplicación de esa medida cautelar cuando concurra alguna de las causales previstas por el art. 239 del CPP. Por lo tanto, la proscripción de la cesación de la detención preventiva durante la tramitación de los recursos de apelación o casación antes de que la sentencia condenatoria adquiera firmeza, implica el desconocimiento de su carácter instrumental y de la naturaleza cautelar de la detención preventiva, y, en definitiva conllevaría que la aplicación de la detención preventiva constituya una anticipación de la condena; y con ello, la afectación del principio de inocencia del acusado.
Ahora bien, el art. 2.VII. de la Ley de Protección a las Víctimas de Feminicidio, Infanticidio y Violación de Infante, Niña, Niño o Adolescente - Ley Nº 1443 ley de 04 de julio de 2022, establece lo siguiente: “ Se modifica el Artículo 396 de la Ley Nº 1970, de 25 de marzo de 1999, del Código de Procedimiento Penal, por el siguiente texto: " Artículo 396. (Reglas Generales). Los recursos se regirán por las siguientes reglas generales: 1. Tendrán efecto suspensivo, salvo que exista conformidad entre la Sentencia y el Auto de Vista; (…)” Del contenido de dicha norma legal, no puede concluirse que el efecto no suspensivo del recurso de casación implique la ejecución inmediata de la pena, sino que el proceso puede continuar y que el tribunal inferior puede realizar ciertos actos procesales, inclusive de orden cautelar, pero de ninguna manera la ejecución de la pena, puesto que ello solo es posible únicamente cuando la sentencia condenatoria ha adquirido firmeza o calidad de cosa juzgada; una interpretación contraria, es decir que la sentencia de condena puede ser ejecutada antes de adquirir firmeza no resulta compatible con el bloque de constitucionalidad, puesto que conforme se tiene señalado supra, el acusado goza de la presunción de inocencia durante todo el proceso hasta antes de que la sentencia adquiera firmeza, conforme a lo establecido en el art. 116.I de la CPE, el art. 9 de la Declaración del Hombre y del Ciudadano, el art. 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; y, el art. 8.2 de la CADH, así como el art. 6 del CPP.21; tanto la jurisprudencia constitucional como la jurisprudencia de la Corte IDH, han resaltado que el derecho del acusado a ser tratado como no culpable, es decir a gozar de la presunción de inocencia le acompaña durante todo el proceso hasta que la sentencia adquiera firmeza. Consecuentemente, toda vez que una de las implicancias de la presunción de inocencia es la prohibición de la realización actos y medidas de carácter preventivo que impliquen una anticipación de la pena o sanción respecto de aquellas personas cuya responsabilidad o culpabilidad no ha sido establecida aún, no es posible la ejecución anticipada de la pena privativa de libertad antes de que la sentencia condenatoria haya adquirido la calidad de cosa juzgada. Asimismo, la eventual ejecución anticipada de la pena de condena, lesiona el derecho a la impugnación, consagrado en los art. 115 y 180 de la CPE, ya que si se permitiera la ejecución de la sentencia antes de que se resuelva el recurso de casación, dicho medio de impugnación pierde eficacia real.
Toda vez que la detención preventiva tiene carácter cautelar y no punitiva, dicha medida se convierte o trasforma en pena únicamente cuando la sentencia condenatoria adquiere firmeza. Por ello, entre tanto el fallo no adquiera calidad de cosa juzgada, el acusado mantiene su calidad de procesado; y, en consecuencia continua vigente el régimen cautelar y por lo mismo la cesación de la detención preventiva. Consecuentemente, en mérito a lo procedentemente desarrollado, no resulta compatible con el principio de inocencia, y el derecho a la impugnación, consagrados en la Constitución Política del Estado y el bloque de constitucional, la interpretación efectuada en el Acuerdo SP-TDJ-CBBA N° 06/2024, en sentido de que la modificación introducida por la Ley 1443, en el art. 396.1 del CPP que establece el efecto no suspensivo del recursos de casación cuando el auto de vista confirma la sentencia de primera instancia, presupone la ejecución de la sentencia de condena y por ende el rechazo in limine de toda solicitud de cese de la detención preventiva y la inadmisibilidad de la apelación que se interpongan contra esa determinación.
Respecto a la legitimación pasiva en acciones de libertad, la jurisprudencia contenida en la SC 691/01-R de 9 de julio de 2001 definió la legitimación pasiva, señalando que ésta debe ser entendida como la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquella contra quien se dirige la acción. Posteriormente, a la luz de la Constitución Política del Estado vigente, a través de la SC 0010/2010-R de 6 de abril se estableció que es posible activar la acción de libertad contra un servidor público o un particular, entendimiento ratificado por la SC 0900/2010-R de 10 de agosto.
Luego, en la SCP 0018/2012 de 16 de marzo se reforzó el razonamiento antes señalado y se precisó que para la procedencia de la acción de libertad, es imprescindible que ésta se dirija contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebido o ilegal; en concreto, se dijo que es la coincidencia que se da entre la autoridad o persona particular que presuntamente causó la vulneración a los derechos enunciados y aquélla contra quien se dirige la acción. Con relación a la legitimación pasiva de funcionarios subalternos del Órgano Judicial, la SC 1572/2003-R de 4 de noviembre ratificada posteriormente por la SC 0332/2010-R de 17 de junio y por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0345/2012 de 22 de junio y 2171/2012 de 8 de noviembre, entre otras; estableció que éstas o éstos servidores públicos no tienen facultades jurisdiccionales y sus funciones se limitan a cumplir las órdenes o instrucciones de las autoridades jurisdiccionales; por lo que, carecen de legitimación pasiva en acciones de libertad, salvo que incurrieran en excesos que impliquen contradicción o alteración de las determinaciones de autoridades jurisdiccionales, o sus actos u omisiones relacionados a sus deberes, contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales de las personas -SCP 0427/2015-S2 de 29 de abril, en el Fundamento Jurídico III.2-, última Sentencia que de manera expresa señaló:
17El FJ III.2, establece: “…los alcances y la naturaleza de la legitimación pasiva, que se encuentra en la autoridad o persona particular que incurrió en el acto ilegal o la omisión indebida y de cuya acción u omisión se advierta la vulneración del derecho a la vida, a la libertad física y de locomoción.
En ese sentido, para la procedencia de la acción de libertad es imprescindible que esté dirigida contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida, o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebidos o ilegales; en concreto es la coincidencia que se da entre la autoridad o persona particular que presuntamente causó la vulneración a los derechos enunciados y aquélla contra quien se dirige la acción, ahora bien, la inconcurrencia de este presupuesto neutraliza la acción tutelar e impide a este Tribunal ingresar al análisis de fondo de los hechos denunciados”. 18El FJ III.2, señala: “…son los jueces los funcionarios que ejercen esa jurisdicción, entre tanto que los secretarios, actuarios y oficiales de diligencias, no tienen facultades jurisdiccionales sino que están obligados a cumplir las órdenes o instrucciones del Juez, emergentes de sus decisiones, por lo que no tienen legitimación pasiva para ser demandados por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos, salvo que incurrieran en excesos contrariando o alterando esas determinaciones de la autoridad judicial”.
19El FJ III.2, indica: “Con relación a la legitimación pasiva de los servidores de apoyo judicial, la jurisprudencia constitucional, contenida en la SC 0332/2010-R de 17 de junio, sostuvo que: ‘Con relación a la responsabilidad del personal subalterno de los Juzgados y Salas de las Cortes Superiores de Distrito y Corte Suprema de Justicia, la jurisprudencia constitucional estableció que la administración de justicia está encomendada a los órganos jurisdiccionales del Estado, de acuerdo con el art. 16.I, IV CPE y art. 3 de la Ley de Organización judicial (LOJ); en consecuencia son los jueces los funcionarios que ejercen esa jurisdicción entre tanto que los secretarios , actuarios y oficiales de diligencias, no tienen facultades jurisdiccionales sino que están obligados a cumplir las órdenes o instrucciones del Juez, emergentes de sus decisiones, por lo que no tienen legitimación pasiva para ser demandados por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos, salvo que incurrieran en excesos contrariando o alterando esas determinaciones de la autoridad judicial’. Posteriormente, la SC 1279/2011-R de 26 de septiembre, estableció la excepción a la regla anterior, declarando lo siguiente: ‘El personal subalterno puede ser demandado en los casos en los que contrarían lo dispuesto por dicha autoridad o cometieran excesos en sus funciones que pudieran vulnerar derechos fundamentales o garantías constitucionales; sin embargo si la autoridad judicial conocedora del acto vulneratorio de derechos y garantías no reconduce Ahora bien, a los fines de establecer la legitimación pasiva en la acción de libertad respecto a los servidores de apoyo judicial, se debe tener presente que, si la vulneración de los derechos tutelados por la presente acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales precedentemente referidos o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva por lo que es plenamente viable dirigir la demanda contra ése funcionario, hasta establecer su responsabilidad si corresponde; habida cuenta que, el acto ilegal no es necesariamente el resultado del ejercicio de la función puramente jurisdiccional, sino que, las omisiones de carácter administrativo como: la falta o inoportuna elaboración del cuadernillo de apelación, el incumplimiento de plazos para la remisión de antecedentes al superior en grado, la falta o la inoportuna elaboración de actas, la falta o inoportuna notificación a las partes, tratándose en especial de audiencias de consideración de medidas cautelares, en fin, la inobservancia de las labores y obligaciones encomendadas al personal de apoyo, tiene la capacidad de repercutir negativamente en el ejercicio de los derechos fundamentales y garantías constitucionales del justiciable; sin embargo, el presente razonamiento no implica que el Juez como autoridad revestida de jurisdicción deje al desamparo la dirección del juzgado, por cuanto le asiste la facultad de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y de realizar el seguimiento correspondiente, puesto que de no cumplirse las mismas también asume la responsabilidad por ser la autoridad que finalmente tiene la responsabilidad del juzgado (…) [el resaltado es nuestro]. Este entendimiento fue establecido en la SCP 0356/2018-S2 de 24 de julio.
El accionante denuncia la vulneración de su derechos a la libertad y al debido proceso, en sus elementos de fundamentación y motivación y el principio de presunción de inocencia, toda vez que, el Juez y el procedimiento y lo convalida, se deslinda la responsabilidad del funcionario subalterno’; ahora bien, este Tribunal considera que el entendimiento asumido en ambas Sentencias Constitucionales citadas, no guarda coherencia con el razonamiento plenamente fundamentado contenido en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, puesto que conforme a la explicación realizada, la presente acción constitucional puede ser dirigida incluso contra particulares, entonces, con mayor razón podrá ser dirigida contra funcionarios de apoyo judicial o incluso de orden administrativos, pues a partir del momento en que las leyes les imponen deberes, y particularmente la Ley del Órgano Judicial en el caso de los funcionarios de apoyo judicial, son sujetos de responsabilidad por el incumplimiento de esos deberes, tal es así, que pueden ser objeto incluso de responsabilidad administrativa, civil o penal; consecuentemente, con mayor razón serán responsables, y por tanto, tendrán legitimación pasiva para ser demandados por esta vía, cuando sus actos u omisiones relacionados a sus deberes contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales de las personas, siendo así, no se puede concebir el razonamiento expuestos en dichas Sentencias que liberan de responsabilidad al funcionario de apoyo judicial, para cargar la misma únicamente sobre el juzgador cuando éste no reconduce el procedimiento y lo convalida, puesto que, si el incumplimiento de los deberes y funciones del personal de apoyo, no es reconducido por el juez, corresponderá establecer responsabilidad en relación a ambos funcionarios; es decir, el juez y el personal de apoyo judicial, cuyos actos u omisiones merezcan reproche en la vía constitucional.
En base a los fundamentos supra expuestos, el entendimiento generado en el presente acápite implica cambio de línea jurisprudencial en relación a los razonamientos asumidos en las SSCC 0332/2010-R de 17 de junio y 1279/2011-R de 26 de septiembre, en las que se estableció que los servidores de apoyo judicial no tiene legitimación pasiva para ser demandados en las acciones de defensa”.
Secretario demandados, mediante providencia de 21 de abril del 2025, denegaron su solicitud de señalamiento de audiencia de cesación a la detención preventiva, incurriendo en error de interpretación normativa de las modificaciones introducidas al art. 396.I del CPP, sobre el efecto no suspensivo del recurso de casación, que en criterio de los demandados conllevaría la improcedencia de la cesación de la detención preventiva cuando en apelación se confirma la sentencia condenatoria, conforme a la interpretación efectuada en el Acuerdo SPTDJ-CBBA N° 06/024, emitido por la Sala Plena del Tribunal Departamental de justicia de Cochabamba. De acuerdo a los antecedentes, se advierte que el procesado Constantino Alavi Condori, hoy accionante, mediante escrito presentado el 17 de abril del 2025, solicitó al Tribunal de Sentencia Segundo de la Capital del departamento de Cochabamba, el señalamiento de día y hora de audiencia de cesación de detención preventiva (Conclusión II.2). En respuesta a dicho pedido, Nadia Pamela Loayza Escobar, Jueza Técnica del Tribunal de Sentencia Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Segundo de la Capital del departamento de Cochabamba, hoy demandada, mediante providencia de 21 de abril del 2025, rechazó la solicitud de cesación de detención preventiva, invocando el cumplimiento del Acuerdo SP-TDJ-CBBA N° 06/2024 y con el argumento de que habiéndose notificado con el Auto de Vista de 13 de enero del 2025, la situación jurídica del sentenciado Constantino Alavia Condori ya no es de detenido preventivo, aspecto que imposibilitaba considerar la solicitud planteada (Conclusión II.3). Como se advierte, la decisión asumida por la Jueza demandada, vulnera el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada, en razón a que no cumple con ninguna de las finalidades señaladas en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Así, con relación a la primera finalidad de sometimiento al bloque de constitucionalidad, los fundamentos de la providencia impugnada no evidencian el mismo, el cual se manifiesta en el respeto a los principios, valores, derechos y garantías previstas en dicho bloque y en ese ámbito, el respeto a la garantía del debido proceso; lo cual no ocurre en el caso que se examina, toda vez que la determinación de rechazar la consideración de la solicitud de cesación de la detención preventiva efectuada mediante providencia de 21 de abril del 2025, desconoce los estándares internos e internaciones sobre el principio de presunción de inocencia del acusado; por el contrario se funda en la interpretación incompatible con el bloque de constitucionalidad que efectúa la Sala Plena del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, en el Acuerdo WSP-TDJ-CBBA N° 06/2024 respecto a la modificación introducida por la ley 1443 al art. 396 núm. 1) del CPP que establece: “Tendrán efecto suspensivo, salvo que exista conformidad entre la Sentencia y el Auto de Vista”; en sentido de que la confirmación efectuada por el Auto de Vista de la sentencia condenatoria, permitiría la ejecución de la sentencia de condena; y, que en este caso, en mérito al Auto de Vista de 13 de enero del 2025 -se entiende que confirma la sentencia condenatoria-, la situación jurídica del accionante ya no era de detenido preventivo, lo que imposibilitaba considerar su solicitud planteada. Conforme se tiene señalado en el Fundamento jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, dicha interpretación no es compatible con el principio de inocencia y el derecho a la impugnación. En efecto, toda vez que una de las implicancias de la presunción de inocencia es la prohibición de la realización actos y medidas de carácter preventivo que impliquen una anticipación de la pena o sanción respecto de aquellas personas cuya responsabilidad o culpabilidad no ha sido establecida aún, no es posible la ejecución anticipada de la pena privativa de libertad antes de que la sentencia condenatoria haya adquirido la calidad de cosa juzgada. Asimismo, la eventual ejecución anticipada de la pena, lesiona el derecho a la impugnación, consagrado en los art. 115 y 180 de la CPE, ya que al permitirse la ejecución de la sentencia antes de que se resuelva el recurso de casación, dicho medio de impugnación pierde eficacia real. Toda vez que la detención preventiva tiene carácter cautelar y no punitiva, dicha medida se convierte o trasforma en pena únicamente cuando la sentencia condenatoria adquiere firmeza. Por ello, entre tanto el fallo no adquiera calidad de cosa juzgada, el acusado mantiene su calidad de procesado; y, en consecuencia, continua vigente el régimen cautelar y por lo mismo de la cesación de la detención preventiva. Consiguientemente, en el caso examinado, la decisión adoptada por la Jueza demandada de rechazar la solicitud de cesación de detención preventiva in limine, efectivamente implica la anticipación de la condena, que como se tiene señalado supra se encuentra proscrita por los estándares internos y convencionales de vigencia de las garantías mínimas del debido proceso, del cual forma parte el derecho a la resolución judicial fundamentada y el principio de presunción de inocencia, que han resultado vulnerados junto con el derecho a la libertad personal, puesto que se ha denegado indebidamente la consideración de la revisión de la continuación de la restricción del derecho a la libertad personal del procesado a pesar de que su sentencia condenatoria no se halla firme; es decir, con la denegatoria de considerar la cesación de la detención preventiva durante la tramitación del recurso de casación y antes de que el mismo sea resuelto, se le ha anticipado la condena al peticionante de tutela; razón por la cual corresponde conceder la tutela solicitada.
Con relación a la Secretaria demandada Conforme se desarrolla en el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la jurisprudencia constitucional ha establecido que los funcionarios de apoyo judicial carecen de legitimación pasiva en acciones de libertad, salvo que incurrieran en excesos que impliquen contradicción o alteración de las determinaciones de autoridades jurisdiccionales, o sus actos u omisiones relacionados a sus deberes, contribuyan o lesionen directamente derecho fundamentales de las personas. En el caso que se examina la Secretaria codemandada, no ha incurrido en ninguna de las hipótesis de conducta señaladas precedentemente, puesto que Mauricia Mamani Ortega, Secretaria del Tribunal de Sentencia Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Segundo de la Capital, ha intervenido en la emisión de la providencia de 21 de abril de 2025, hoy impugnada, en su condición de funcionaria judicial fedataria de los actos de la autoridad judicial (Conclusión II.2); por consiguiente, en tal calidad, no tiene responsabilidad sobre el contenido de la decisión; lo cual implica en consecuencia que la misma carece de legitimación pasiva, razón por la cual corresponde denegar la tutela solicitada sobre dicha codemandada. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al haber denegado totalmente la tutela impetrada, obró de manera parcialmente incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución de “29 de mayo de 2025” -siendo lo correcto 30 de mayo del 2025-, cursante de fs. 35 a 38, pronunciada por los Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Tercero de la Capital del departamento de Cochabamba, constituido en Tribunal de garantías, y en consecuencia,
1° CONCEDER la tutela impetrada contra la Jueza demandada, conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, 2° Disponer lo siguiente:
a) Dejar sin efecto la providencia de 21 de abril del 2025, emitida por Nadia Pamela Loayza Escobar, Jueza Técnica del Tribunal de Sentencia Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Segundo de la Capital del departamento de Cochabamba; y b) Que la autoridad judicial demandada o quien ejerza ese cargo, emita una resolución de señalamiento de audiencia de cesación de detención preventiva, siempre y cuando la condición del procesado no haya sido modificada. 3° DENEGAR la tutela respecto a Mauricia Mamani Ortega, Secretaria del Tribunal de Sentencia Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Segundo de la Capital del citado departamento, conforme a los fundamentos jurídicos de la presente sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
1 El cuarto Considerando, indica: “…el derecho al debido proceso, que entre su ámbito de presupuestos exige que toda Resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos y al margen de ello, la fundamentación legal que sustenta la parte dispositiva de la misma.
11 SCP 2055/2012 de 16 de octubre
12 En Caso Ricardo Canese vs. Paraguay. FRC. 2004, párr. 154. Corte IDH. Caso López Mendoza vs. Venezuela.FRC. 2011, párr. 128
13 SCP 2055/2012
14 En Caso Ricardo Canese vs. Paraguay. FRC. 2004, párr. 154. Corte IDH. Caso López Mendoza vs. Venezuela.FRC. 2011, párr. 128
15 El Cuarto Considerando, refiere: “…Por consiguiente, la demandada carece de legitimación pasiva, calidad que se adquiere por la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquélla contra quien se dirige la acción…”. 16El FJ III.5, menciona: “En el caso que se analiza, se tienen dos normas referidas al ámbito de protección de la acción de libertad - antes recurso de hábeas corpus: La Constitución abrogada y la interpretación constitucional, que establecía que el recurso no procedía respecto a particulares, y la Constitución vigente que amplía la protección respecto con relación a particulares. Ahora bien, indudablemente que la norma que es más favorable al sistema de derechos fundamentales, es la contenida en la Constitución vigente, pues así se reconoce la eficacia horizontal de los derechos fundamentales…”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0696_2025-S3.pdf · páginas 1 a 19.
Huella digital del PDF (SHA-256): 4dff4573f2b43f40e4aa058483507c15808089ea991b02990e43c891411f5dab
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