Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 21 de agosto de 2024
Deniega la tutela
La parte accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos congruencia, fundamentación, motivación e igualdad de las partes; toda vez que, las Magistradas accionadas, dentro de la demanda contencioso administrativa seguida por MONOPOL Ltda. en su contra, declararon probada la misma y anularon obrados hasta el Auto de Inicio del Proceso Administrativo Sancionador, con el argumento que no tendría competencia para sancionar infracciones ambientales, sin analizar la normativa legal ni municipal, cuando esa labor compete únicamente al Tribunal Constitucional Plurinacional, a través del recurso de nulidad; y, si corroboraron actos vulneratorios emitidos por el GAM de La Paz, debieron anular obrados únicamente hasta el acto vulnerador, no hasta el inicio del proceso. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado, y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve CONFIRMAR la Resolución 184/2022 de 15 de agosto, cursante de fs. 1082 a 1088, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia DENEGAR la tutela impetrada, conforme a los entendimientos asumidos en esta Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0696/2024-S3 Sucre, 21 de agosto de 2024 SALA TERCERA Magistrada Relatora: MSc. Isidora Jiménez Castro Acción de amparo constitucional Expediente: 51421-2022-103-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 184/2022 de 15 de agosto, cursante de fs. 1082 a 1088, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional presentada por José Antonio Gonzales López, Leslie Daniel Santiago Velarde, Germán Marcelo Aguilar Usquiano y Zhesia Jacqueline Atila Colque, en representación legal de Hernán Iván Arias Durán, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de La Paz contra Ángela Sánchez Panozo y María Tereza Garrón Yucra, Magistradas de la Sala Primera del Tribunal Agroambiental.
Por memoriales presentados el 30 de mayo y 14 de junio, ambos de 2022, cursantes de fs. 86 a 94, y 112 a 113; el accionante a través de sus representantes legales expresó lo siguiente:
Como consecuencia del proceso contencioso administrativo interpuesto por Patricia Carolina Yamila y Cristian Roberto Reeznicek Falkensttein, en representación de MONOPOL Ltda., contra el GAM de La Paz, el Tribunal Agroambiental emitió la Sentencia Agroambiental Plurinacional S1a 60/2021 de 29 de noviembre, que dispone la nulidad de los actos administrativos, con el argumento principal que versa sobre la competencia de la Secretaría Municipal de Gestión Ambiental para sancionar, aplicando los Reglamentos Ambientales Nacionales, señalando que la aplicación sancionatoria esta reservada a la autoridad ambiental nacional y a la autoridad ambiental departamental (Viceministerio de Medio Ambiente y Gobernaciones, respectivamente), manifestando que sería nula la Resolución por haber ejercido esa Secretaría, funciones que no le competen. Agregó que, en relación al proceso sancionador sin la supuesta competencia, la Disposición Final Primera de la Ley de Medio Ambiente -Ley 1333 de 27 de abril de 1992-, otorga expresa competencia al GAM, incluso para sancionar; por lo que mal puede argumentar la Sala Primera del Tribunal Agroambiental que, el GAM de La Paz, no tendría competencia para sancionar infracciones ambientales; además, que la Ley de Gobiernos Autónomos Municipales -Ley 482 de 9 de enero de 2014-, no despoja de las competencias ambientales al GAM, sino, por el contrario, la respalda, al dejar vigente su normativa; además que, la Sala Primera referida, no analizó la normativa municipal como el Reglamento de Gestión Ambiental del Municipio de La Paz, ni consideró que la Ley 1333, otorgó facultades para que los municipios adecuen sus estructuras de organización a fin de disponer de una instancia para los asuntos referidos al medio ambiente, y que además, le dio atribuciones sancionadoras; señaló que, las autoridades accionadas, no tenían competencia ni atribución para determinar que el proceso administrativo sancionador sustanciado por el GAM de La Paz, fue tramitado sin competencia; cuando este tema compete únicamente al Tribunal Constitucional Plurinacional, a través del recurso de nulidad. Respecto a las facultades de nulidad de obrados, citando al art. 17 de la ley del Órgano Judicial (LOJ), expresó que, las autoridades accionadas si corroboraron actos vulneratorios emitidos por el GAM de La Paz, debieron anular obrados únicamente hasta el acto vulnerador, fundamentando sobre esa base su decisión, y no sobre la competencia o no del ente municipal. En relación a la falta de notificación con la Resolución Administrativa (RA) 023/2015 de 20 de noviembre, en caso de vulneración al debido proceso, no podía anularse obrados hasta el inicio del proceso administrativo sancionador, sino, únicamente hasta que se practique la notificación extrañada. Finalmente, manifestó que la Sentencia Agroambiental Plurinacional S1a 60/2021, no se encuentra debidamente fundamentada y motivada, considerando que ese tribunal no tiene competencia para determinar que el GAM de La Paz, carece de competencia para imponer multas.
Señaló como lesionados sus derechos al debido proceso en sus elementos congruencia, fundamentación, motivación e igualdad de las partes; citando al efecto los arts. 115, 117 y 180, de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 8 y 25 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos (CADH).
Solicitó se conceda la tutela; en consecuencia, ordenar se deje sin efecto la Sentencia Agroambiental Plurinacional S1a 60/2021 de 29 de noviembre; y, la emisión de una nueva resolución.
Celebrada la audiencia virtual el 15 de agosto de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 1076 a 1081 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El impetrante de tutela a través de sus representantes legales, ratificó in extenso los argumentos contenidos en la demanda tutelar, añadiendo en audiencia que: a) Hubo un error al señalar que fue la Disposición Final Primera de la Ley 1333, que habría dado al GAM instrumentos de regulación; siendo el Reglamento Ambiental del Sector Industrial Manufacturero, que en su Disposición Final Primera establece facultades expresas a los gobiernos municipales para la reglamentación y sanción de los procesos que sean contra el medio ambiente; es en base a esta normativa que el GAM de La Paz, tiene competencias para sancionar infracciones ambientales; y, b) Citando a las SSCC 0194/2011-R de 11 de marzo, 0134/2011-R de 21 de febrero, y 2542/2012 de 21 de diciembre, arguye que lo que solicita el municipio que representa, es que “se dé justo y equilibrio a la seguridad que el ordenamiento jurídico positivo tiene que tener en base al servicio público…” (sic); que los Magistrados del Tribunal Agroambiental tienen una responsabilidad social, estatal y con todas las personas que viven dentro de la jurisdicción en la cual están resolviendo los procesos, debiendo tomar en cuenta las disposiciones especiales a pesar de que existan normas generales , como preferencia, lo que no ocurrió en la “sentencia de aprehensión”
María Tereza Garrón Yucra y Ángela Sánchez Panozo, Magistradas de la Sala Primera del Tribunal Agroambiental, mediante informe escrito de 20 de julio de 2022, cursante de fs. 1037 a 1044, solicitaron se deniegue la tutela en mérito a los siguientes argumentos: 1) Con relación a la competencia del Tribunal Agroambiental para conocer y resolver demandas contencioso administrativas sobre procesos administrativos sancionadores en materia ambiental, citando a los arts. “189.3” y 144.I.6 de la LOJ, precisaron que, en mérito al principio de legalidad y la Constitución Política del Estado, la autoridad jurisdiccional, cuando asume competencia en el conocimiento de una demanda contencioso administrativa, tiene la obligación de controlar que los actos efectuados en sede administrativa, se hayan desarrollado en el marco de sus atribuciones, conforme lo establecido por el ordenamiento jurídico vigente y precautelando que los actuados hayan estado enmarcados a las reglas y principios jurídicos de la materia, de tal manera que estén exentos de vicios que puedan afectar su validez y que por consiguiente estén conformes a los postulados establecidos en la Norma Suprema; 2) Sobre el proceso administrativo sancionador ambiental, en relación a la distribución competencial en los diferentes niveles de gobierno, previstos en los arts. 297 al 305 de la CPE, las competencias relativas a la gestión ambiental, constituyen una competencia exclusiva del nivel central del Estado, conforme previsión del art. 298.II.6 de la Ley Fundamental; haciendo énfasis que el nivel central del Estado tiene la competencia privativa y exclusiva de elaborar, reglamentar y ejecutar las políticas de gestión ambiental; actualmente se tiene en vigencia la Ley 1333 y sus respectivos Decretos Supremos reglamentarios como el 24176 de 8 de diciembre de 1995, 26705 de 10 de julio de 2002, 28499 de 10 de diciembre de 2005 y 28592 de 17 de enero de 2006; normas que forman parte del Reglamento General de Gestión Ambiental y Reglamento de Prevención y Control Ambiental, cobrando relevancia al caso concreto el 26736 de 30 de julio de 2002 Reglamento Ambiental para el Sector Industrial Manufacturero, normas que son preconstitucionales y se encuentran vigentes, gozando de presunción de constitucionalidad; 3) Respecto al art. 44.31 de la Ley 2028 (abrogada por la Ley 482), establecía como una posibilidad la de sancionar de manera concurrente entre los órganos de la administración central y las Superintendencias Sectoriales, las infracciones a normas municipales, nacionales y sectoriales; citaron además, a los arts. 302.I.6 de la CPE y 7.II.7 de la Ley marco de Autonomías y Descentralización -Ley 031 de 19 de julio de 2010-, Disposición Final Primera del Reglamento Ambiental para el Sector Industrial Manufacturero; 4) En vigencia de la Ley 2028, los GAM debían contar con un Reglamento de Gestión Ambiental, pudiendo establecer acciones de seguimiento, inspección y vigilancia, incluso aplicar sanciones; facultad que al no estar prevista en la Ley 482 correspondería aplicar el art. 5.I el Reglamento General de la Gestión Ambiental modificado parcialmente por el Decreto Supremo (DS) 28592, de ahí que coligen que las autoridades ambientales competentes en la actualidad son: a nivel nacional, el Viceministro de Medio Ambiente Biodiversidad Cambios Climáticos y Gestión y Desarrollo Forestal, y a nivel departamental, los gobernadores; siguiendo esos razonamientos la Sentencia Agroambiental Plurinacional S1° 60/2021, advierte que la facultad sancionadora que tenían las máximas autoridades ejecutivas de los Gobiernos Autónomos Municipales, quedó sin efecto como consecuencia de la abrogación de la Ley 2028 por la Ley 482, también se derogó tácitamente la Disposición Final Primera del DS 26736 relativo al RASIM, no existiendo competencia alguna para que los gobiernos municipales puedan aplicar las sanciones administrativas conforme a la previsión del art. 11 de dicho cuerpo normativo; 5) En cuanto a la trascendencia de las nulidades, la Sentencia cuestionada, cita la jurisprudencia de los Autos Agroambientales Plurinacionales S1a 24/2021 de 25 de marzo y S1a 5/2021 de 26 de enero; las SCP 1357/2013 de 16 de agosto, 0140/2012 de 9 de mayo, coligiendo que la trascendencia y relevancia constitucional deben necesariamente relacionarse a la garantía de los derechos fundamentales; y, 6) En cuanto al reclamo que la Sentencia anuló obrados sin tomar en cuenta los alcances de la normativa que otorga competencia al GAM para sancionar infracciones al ordenamiento jurídico ambiental, y sin considerar que esa atribución es del Tribunal Constitucional Plurinacional, el impetrante de tutela no señala cuales serían las normas supuestamente infringidas por el Tribunal Agroambiental que impidiesen asumir competencia para anular actuados procesales, ni tampoco de qué forma las señaladas como fundamento, no gozarían de aplicabilidad, habiendo omitido establecer el nexo de causalidad.
La empresa MONOPOL Ltda., a través de su abogado y apoderado, mediante memorial de 10 de agosto de 2022, cursante de fs. 1071 a 1075 vta., solicitó se deniegue la tutela y manifestó que: i) Sobre la falta de notificación de la RA 023/2015, que rechazó el recurso de revocatoria presentado por MONOPOL Ltda., jamás fue notificada, omisión que debió ser subsanada; de lo que se evidencia una falta de congruencia, toda vez que la Resolución citada, no establecía ninguna conexión respecto al por qué estaría confirmando una resolución que fue previamente confirmada; debiendo haberse considerado la previsión del art. 16 inc. m) de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA) -Ley 2341 de 23 de abril de 2002-; por lo que, se transgredió el art. 37 de esa Ley; lo que determina la Sentencia es que las partes tomen conocimiento real y efectivo de todos los actuados del proceso para evitar que se vulnere el derecho de defensa; el argumento del GAM de la Paz, sobre la relevancia y la lesión al debido proceso, no tiene sentido jurídico alguno, pues de una u otra forma, el Tribunal Constitucional Plurinacional precautelará el debido proceso originado en una violación al derecho de defensa, a causa de la falta de notificación; ii) En relación a la aplicación errónea del Reglamento Ambiental del Sector Industrial Manufacturero, debiendo haberse aplicado el Reglamento de Gestión Ambiental del Municipio de La Paz, señalaron que, la resolución sancionatoria sin tener competencia aplica la reglamentación ambiental nacional; cuando debió cumplir el art. 222 del Reglamento Ambiental Municipal, calificando la infracción de MONOPOL Ltda. como infracción de la Reglamentación Ambiental Nacional y remitir a la Autoridad Ambiental Competente para que efectúe el proceso correspondiente, que la Dirección de Gestión Ambiental no lo hizo, e inició un proceso sancionatorio sin competencia; iii) En cuanto a los vicios en la competencia de la Dirección Municipal de Gestión Ambiental, no tiene competencia para sancionar aplicando reglamentos ambientales nacionales, siendo nula la resolución sancionatoria; también se vulneró el principio de informalidad al haber rechazado sin fundamento alguno el Informe Ambiental Anual 2013 presentado; de esta forma, la integridad del trámite queda cuestionada al haberse vulnerado disposiciones ambientales que no fueron aplicadas conforme a derecho; iv) De acuerdo a los arts. 189.3 de la CPE y 144.I.6 de la Ley 025, se tiene demostrado que el Tribunal Agroambiental estaba en plena facultad de dictar sentencia y resolver la causa cumpliendo el principio de control de legalidad; y, v) El recurso de amparo constitucional presentado, tampoco tendría validez; toda vez que, fue presentado extemporáneamente, por cuanto la Sentencia de 29 de noviembre de 2021 fue notificada el 3 de diciembre del mismo año, y se tenía como último plazo de presentación el 3 de junio de 2022; sin embargo, el sello de recepción es de 30 de mayo de ese año.
La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Resolución 184/2022 de 15 de agosto, cursante de fs. 1082 a 1088, denegó la tutela solicitada, en base a los siguientes fundamentos: a) En cuanto al fondo de la resolución, al analizar el caso concreto y concluir que el proceso administrativo sancionador tramitado por el GAM de La Paz contra MONOPOL Ltda., no consideró la vigencia de la Ley 482 y tampoco el DS 28592, en el marco de la competencia concurrente previsto en el art. 299 de la CPE; por lo que, al haber emitido la RA 029/2015 de 7 de mayo, imponiendo una multa, obró sin competencia, porque ante tal situación la instancia ambiental del GAM debió elevar informe ante la autoridad ambiental competente para el inicio de un proceso administrativo sancionador; al no haber actuado así, el trámite administrativo sancionador se encontraría viciado de nulidad, desde la emisión de la Resolución Administrativa 029/2015; por lo que se observa que -la Sentencia cuestionada- no es carente de fundamentación o de motivación; y, b) Al efectuar ese análisis, se cumplió con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional, en cuanto al derecho a una resolución fundamentada; asimismo, se tomó en cuenta la incidencia constitucional, determinando la falta de competencia del GAM; también, se considera que no podría continuar un proceso administrativo sancionador sin competencia.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. A través de memorial de demanda contencioso administrativa, presentada el 20 de julio de 2020, por MONOPOL Ltda. a través de sus representantes legales, contra el Alcalde del GAM de La Paz, mediante el cual pide se declare probada la demanda, y se deje sin efecto las Resoluciones 010/2019 de 15 de enero y su Auto Complementario; RA 029/2015 de 7 de mayo; y, el Auto de Inicio de Proceso Administrativo Sancionador 011/2015 de 5 de marzo; en su defecto, se anule obrados hasta el vicio más antiguo (fs. 277 a 289). II.2. Mediante Sentencia Agroambiental Plurinacional S1a 60/2021 de 29 de noviembre, Ángela Sánchez Panozo y María Teresa Garrón Yucra, Magistradas de la Sala Primera del Tribunal Agroambiental -ahora accionadas-, fallaron declarando: 1) Probada la demanda contenciosa administrativa, interpuesta por la “…Sociedad de Responsabilidad Limitada MONOPOL S.A…” (sic), contra el Alcalde del GAM de La Paz; y, 2) Anular obrados hasta el Auto de Inicio de Proceso Administrativo Sancionador 011/2015 de 5 de marzo (fs. 987 a 1003).
La parte accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos congruencia, fundamentación, motivación e igualdad de las partes; toda vez que, las Magistradas accionadas, dentro de la demanda contencioso administrativa seguida por MONOPOL Ltda. en su contra, declararon probada la misma y anularon obrados hasta el Auto de Inicio del Proceso Administrativo Sancionador, con el argumento que no tendría competencia para sancionar infracciones ambientales, sin analizar la normativa legal ni municipal, cuando esa labor compete únicamente al Tribunal Constitucional Plurinacional, a través del recurso de nulidad; y, si corroboraron actos vulneratorios emitidos por el GAM de La Paz, debieron anular obrados únicamente hasta el acto vulnerador, no hasta el inicio del proceso. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
La SCP 0074/2024-S3, de 10 de abril, sobre la fundamentación, motivación y congruencia como elemento del debido proceso, estableció: “La motivación es una exigencia constitucional de las resoluciones -judiciales y administrativas o cualesquiera otras, expresadas en una resolución en general, sentencia, auto, etc.,-porque se viola la garantía del debido proceso (art. 115.I de la CPE) sin ella. El contenido esencial a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada fue desarrollado en la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, y complementado por la SCP 0100/2013 de 17 de enero, teniendo en cuenta las finalidades que persigue este derecho fundamental. (…) Sobre el segundo contenido, es decir, lograr el convencimiento de las partes de que la resolución no es arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de razonabilidad y el principio de congruencia, en la SCP 2221/2012, el Tribunal Constitucional ha desarrollado las formas en las que puede manifestarse la arbitrariedad, señalando: ‘la arbitrariedad puede estar expresada en: b.1) una «decisión sin motivación», o extiendo esta es, b.2) una «motivación arbitraria»; o en su caso, b.3) una «motivación insuficiente, desarrollando más adelante, el contenido de cada una de ellas». «b.1) Por ejemplo, cuando una resolución en sentido general (judicial, administrativa, etc.), no da razones (justificaciones) que sustenten su decisión, traducido en las razones de hecho y de derecho, estamos ante la verificación de una [decisión sin motivación], debido a que [decidir no es motivar]. La [justificación conlleva formular juicios evaluativos (formales o materiales) sobre el derecho y los hechos sub iudice (asunto pendiente de decisión)]. b.2) Del mismo modo, verbigracia, cuando una resolución en sentido general (judicial, administrativa, etc.) sustenta su decisión con fundamentos y consideraciones meramente retóricas, basadas en conjeturas que carecen de todo sustento probatorio o jurídico alguno, y alejadas de la sumisión a la Constitución y la ley, se está ante una [motivación arbitraria]. Al respecto el art. 30.II de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) [Obliga a las autoridades a fundamentar sus resoluciones con la prueba relativa sólo a los hechos y circunstancias, tal como ocurrieron, es escrito cumplimiento de las garantías procesales]. En efecto, un supuesto de [motivación arbitraria] es cuando una decisión coincide o deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba o, en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso (SC 0965/2006-R), que influye, en ambos casos, en la confiabilidad de las hipótesis fácticas (hechos probados) capaces de incidir en el sentido, en los fundamentos de la decisión. Es decir, existe dependencia en cómo cada elemento probatorio fue valorado o no fue valorado, para que se fortalezca o debilite las distintas hipótesis (premisas) sobre los hechos y, por ende, la fundamentación jurídica que sostenga la decisión. (…) b.3) De otro lado, cuando una resolución no justifica las razones por las cuales omite o se abstiene de pronunciar sobre ciertos temas o problemas jurídicos planteados por las partes, se está ante una ‘motivación insuficiente»’. En ese mismo sentido, la SCP 0071/2018-S1 de 19 de marzo, señalando a la SCP 0558/2016-S2 de 27 de mayo, estableció que: ‘La fundamentación es una exigencia contenida dentro del debido proceso, siendo que una decisión es arbitraria cuando carece de razones, es antojadiza o producto de conocimientos insuficientes que no pueden sostener un mínimo análisis jurídico legal; al contrario, la decisión tiene fundamento en la medida en que se afirmen circunstancias de hecho y de derecho, sustentada en pruebas y normas aplicables que visualicen la base sobre la cual se apoya la decisión; estas afirmaciones no pueden ser frases trilladas o rutinarias, sino razones coherentes y claras referidas al caso concreto. Quien emita una resolución, sea administrativa o judicial, está en el deber de fundamentarla, porque solo así el administrado tendrá la posibilidad de analizar la decisión y de impugnarla; ante la omisión de una suficiente fundamentación se coarta su derecho a la defensa por estar imposibilitado de ponerla en duda. En ese sentido no debe limitarse la motivación como un mero requisito formal, al contrario, este requisito tiene por finalidad permitir la defensa del administrado. (...) Dicho de otra forma, toda autoridad que dicte una resolución, debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustentan la parte dispositiva de la misma, por cuanto la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que orientan al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió (SSCC 0863/2007-R, 0752/2002-R, SC 1369/2001-R, entre otras). En cuanto a la motivación, la SC 1365/2005-R de 31 de octubre, determinó lo siguiente: «…la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aun siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas», coligiéndose que toda resolución emitida dentro de un proceso judicial o administrativo, debe inexcusablemente contener una adecuada motivación respecto a los hechos en los que se base, a las pruebas que se aportaron y a las disposiciones legales en las que se sustente su decisión, puesto que el relacionamiento de éstas con los hechos que le dieron origen, constituye la fundamentación y motivación a la que el debido proceso se refiere. Ahora bien, de manera inescindible, el derecho a una debida motivación y fundamentación de las resoluciones, se halla interrelacionado con el principio de congruencia entendido como «…la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, en materia penal la congruencia se refiere estrictamente a que el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación. Esa definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial o administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, y que debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y juicios de valor emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan la razón que llevó a la determinación que se asume» (SCP 0387/2012 de 22 de junio), de donde se infiere que las resoluciones judiciales, deben emitirse en función al sentido y alcance de las peticiones formuladas por las partes procesales. En cuanto al componente de congruencia como elemento del debido proceso, la SCP 0712/2015-S3 de 3 de julio, estableció que: «La congruencia fue definida como un principio normativo que limita facultades resolutorias del juez, por el cual debe existir identidad entre lo resuelto y controvertido, oportunamente, por los litigantes, y relación con los poderes atribuidos en cada caso al órgano jurisdiccional por el ordenamiento jurídico, con la finalidad de que exista identidad jurídica entre lo resuelto y lo pretendido. De esta forma es pacífica la noción de congruencia como la debida correspondencia entre las partes que componen un todo. A contrario sensu se entiende como resolución incongruente a aquella que no guarda una resolución lógica entre lo solicitado y lo resuelto. En ese orden, la doctrina estableció una clasificación general de las resoluciones incongruentes, entre las que se encuentran: a) Incongruencia por ultra petita; b) Incongruencia por extra petita; c) Incongruencia por infra petita; y, d) Incongruencia por citra petita (…). Es importante precisar que el principio de congruencia también adquiere un matiz reforzado a partir del Estado Constitucional, así lo reconoció el Tribunal Constitucional Plurinacional que desarrolló dicho principio desde dos ámbitos de acción; de un lado, dentro de cualquier proceso como unidad, delimitando las actuaciones de las partes procesales como del órgano jurisdiccional o administrativo; y de otro, en cuanto a la estructura misma de las resoluciones, situación esta última que involucra la exigencia de que, en dicho fallo, se absuelvan todos los aspectos puestos a consideración del juzgador de manera coherente y que además de ello, se establezca una relación entre los argumentos expuestos por las partes, los fundamentos argüidos por el juzgador donde se incluirá la base normativa, el análisis fáctico y la parte resolutiva que deberá responder o ser el resultado del problema jurídico, analizando y considerado por dicha autoridad (SCP 0037/2012 de 26 de marzo)»’”.
Sobre esta temática en particular, la SCP 0024/2018-S2 de 28 de febrero, indicó que: “Respecto al acto administrativo, el art. 27 de la LPA, señala: Se considera acto administrativo, toda declaración, disposición o decisión de la Administración Pública, de alcance general o particular, emitida en ejercicio de la potestad administrativa, normada o discrecional, cumpliendo con los requisitos y formalidades establecidos en la presente Ley, que produce efectos jurídicos sobre el administrado. Es obligatorio, exigible, ejecutable y se presume legítimo. El art. 28 de la misma Ley, establece como elementos esenciales del acto administrativo, los siguientes: a) Competencia: Ser dictado por autoridad competente; b) Causa: Deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable; c) Objeto: El objeto debe ser cierto, lícito y materialmente posible; d) Procedimiento: Antes de su emisión deben cumplirse los procedimientos esenciales y sustanciales previstos, y los que resulten aplicables del ordenamiento jurídico; e) Fundamento: Deberá ser fundamentado, expresándose en forma concreta las razones que inducen a emitir el acto, consignado, además, los recaudos indicados en el inciso b) del presente artículo; y, f) Finalidad: Deberá cumplirse con los fines previstos en el ordenamiento jurídico. Finalmente, el art. 29 de la LPA, dispone que: “Los actos administrativos se emitirán por el órgano administrativo competente y su contenido se ajustará a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico. Los actos serán proporcionales y adecuados a los fines previstos por el ordenamiento jurídico”. Sobre los actos administrativos, la SCP 0126/2014-S1 de 5 de diciembre señala que las resoluciones provenientes de la jurisdicción administrativa constituyen actos administrativos, son válidas y producen sus consecuencias en la medida que estén enmarcadas en los lineamientos y contenidos propios de la Norma Suprema del Estado y otras disposiciones normativas vigentes, añadiendo que mientras los actos cumplan con los requisitos de validez y eficacia, “…ciertamente producen todos los efectos o consecuencias que ameritan su vigencia; por ello, tanto administradores y administrados tienen el deber insoslayable de observar y cumplir con las determinaciones de carácter administrativo” (las negrillas nos corresponden). En ese marco, la SC 0107/2003 de 10 de noviembre, en el Fundamento Jurídico III.1, determina los caracteres jurídicos esenciales del acto administrativo: 1) La estabilidad, en el sentido de que forman parte del orden jurídico nacional y de las instituciones administrativas; 2) La impugnabilidad, pues el administrado puede reclamar y demandar se modifique o deje sin efecto un acto que considera lesivo a sus derechos e intereses; 3) La legitimidad, que es la presunción de validez del acto administrativo mientras su posible nulidad no haya sido declarada por autoridad competente; 4) La ejecutividad, constituye una cualidad inseparable de los actos administrativos y consiste en que deben ser ejecutados de inmediato; 5) La ejecutoriedad, es la facultad que tiene la Administración de ejecutar sus propios actos sin intervención del órgano judicial; 6) La ejecución, que es el acto material por el que la Administración ejecuta sus propias decisiones. De otro lado, la reforma o modificación de un acto administrativo consiste en la eliminación o ampliación de una parte de su contenido, por razones de legitimidad, de mérito, oportunidad o conveniencia, es decir, cuando es parcialmente contrario a la ley, o inoportuno o inconveniente a los intereses generales de la sociedad. La SCP 0126/2014 antes citada, en el Fundamento Jurídico III.2, señala que: “…un acto administrativo es válido y eficaz entre tanto su nulidad, modificación o reforma no hayan sido declarados por autoridad competente”, añadiendo posteriormente, que: …un acto administrativo es sujeto a nulidad, revocación, modificación o reforma, únicamente a través de una resolución de la misma o superior jerarquía y que sea pronunciada por autoridad competente, lo que permite inferir que, entretanto no ocurra aquello, las determinaciones administrativas gozan de la presunción de validez y causan estado; por lo mismo, autoridades, servidores públicos y personas particulares están compelidos a observar y acatar sus términos y decisiones en la estricta medida de las determinaciones; sin embargo, la sola emisión de las decisiones de carácter administrativa no significa per se la sujeción a los marcos constitucionales ni tampoco es sinónimo de respeto de derechos fundamentales de la persona, es por ello que las normas que rigen la materia objeto de análisis han creado mecanismos de impugnación destinados a anular, revocar o modificarlas (…).
La indicada Sentencia precisó que en el modelo de un Estado Constitucional de Derecho, las autoridades investidas de jurisdicción tienen por misión principal garantizar la eficacia de los derechos fundamentales de la persona; y que una conducta orientada a desconocer y quebrantar las determinaciones emergentes del ámbito jurisdiccional y administrativo, ciertamente no constituyen acciones enmarcadas en derecho, sino que, configuran decisiones de hecho y son pura expresión de la arbitrariedad, la discrecionalidad, la ilegalidad y el abuso de poder. En ese sentido, es importante señalar, en cuanto a la competencia como requisito esencial del acto administrativo, que el art. 283 de la CPE establece que: “El gobierno autónomo municipal está constituido por un Concejo Municipal con facultad deliberativa, fiscalizadora y legislativa municipal en el ámbito de sus competencias; y un órgano ejecutivo presidido por la Alcaldesa o el Alcalde”. El art. 34 de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización Administrativa “Andrés Ibáñez” (LMAD) -Ley 031 de 19 de julio de 2010-, a su vez expresa que: El gobierno autónomo municipal está constituido por: I. Un Concejo Municipal, con facultad deliberativa, fiscalizadora y legislativa en el ámbito de sus competencias. Está integrado por concejalas y concejales electas y electos, según criterios de población, territorio y equidad, mediante sufragio universal, y representantes de naciones y pueblos indígena originario campesinos elegidas y elegidos mediante normas y procedimientos propios que no se hayan constituido en autonomía indígena originaria campesina, donde corresponda. II. Un Órgano Ejecutivo, presidido por una Alcaldesa o un Alcalde e integrado además por autoridades encargadas de la administración, cuyo número y atribuciones serán establecidos en la carta orgánica o normativa municipal. La Alcaldesa o el Alcalde será elegida o elegido por sufragio universal en lista separada de las concejalas o concejales por mayoría simple. Por su parte, la Ley de Gobiernos Autónomos Municipales estipula que, las entidades territoriales autónomas municipales que no cuenten con su carta orgánica municipal vigente, y/o en lo que no hubieran legislado en el ámbito de sus competencias, deben regirse por esta norma para determinar la estructura organizativa y funcionamiento de los Gobiernos Autónomos Municipales, de manera supletoria. En cuanto a la constitución de los gobiernos Autónomos Municipales, en el art. 4 establece que:
I. El Gobierno Autónomo Municipal está constituido por: a) Concejo Municipal, como Órgano Legislativo, Deliberativo y Fiscalizador. b) Órgano Ejecutivo. II. La organización del Gobierno Autónomo Municipal, se fundamenta en la independencia, separación, coordinación y cooperación entre estos Órganos. III. Las funciones del Concejo Municipal y del Órgano Ejecutivo, no pueden ser reunidas en un solo Órgano, no son delegables entre sí, de acuerdo a lo establecido en la Constitución Política del Estado y la Ley N° 031 Marco de Autonomías y Descentralización. IV. Las Alcaldesas, Alcaldes, Concejalas y Concejales, deberán desarrollar sus funciones inexcusablemente en la jurisdicción territorial del Municipio. (…) En cuanto a las facultades del Órgano Ejecutivo, la misma Sentencia establece que la facultad ejecutiva, está referida a la potestad de administrar la cosa pública, que requiere de funciones técnicas y administrativas para ejecutar la ley y las normas reglamentarias; en síntesis el Órgano Ejecutivo está encargado de toda la actividad administrativa de la gestión pública en el ámbito de sus competencias. (…) Sobre la base de dichos argumentos, el Tribunal Constitucional Plurinacional pronunció la SCP 0992/2016-S3 de 22 de septiembre dentro de una acción de amparo constitucional, en la que el accionante denunció que pese a acreditar su derecho propietario sobre un lote de terreno, el Concejo del Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Quijarro del departamento de Santa Cruz, dictó la Resolución Municipal que paralizó todo trámite de construcción en el mismo, alegando que se trataba de un bien de dominio público. El Tribunal, al analizar el caso concreto, señaló que las autoridades demandadas -Concejo Municipal de Puerto Quijarro- además de haber soslayado la instauración de un debido proceso, en el cual se pueda dilucidar los derechos del accionante, no fue emitida en el ámbito de las facultades que le son reconocidas en la Constitución Política del Estado, aspecto que conllevó a la lesión de derechos y garantías constitucionales, suprimiendo el debido proceso en su elemento al juez natural, así como el derecho a la defensa y a la propiedad privada, por cuanto instruyeron al Ejecutivo Municipal que por la sección correspondiente se paralice todo tipo de trámite o construcción, sin considerar que ‘…el ente legislativo deliberante no cuenta con facultades para la emisión de instrucciones al Ejecutivo Municipal (…) sumado a ello que existe una sanción anticipada en la indicada Resolución Municipal que también afecta al principio de presunción de inocencia…’. Efectivamente, debe recordarse que el debido proceso se encuentra previsto en el art. 115.II de la CPE, que señala: ‘El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones’, postulado que se complementa con el contenido del art. 117.I de la citada Norma Suprema que establece: ‘Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso’. Conforme a dichas normas, y como lo entendió la jurisprudencia constitucional, el principio, derecho y garantía del debido proceso debe ser aplicado tanto al ámbito judicial como al administrativo, siendo entendido por la SC 0160/2010-R de 17 de mayo -Fundamento Jurídico III.2-, entre otras, como: …el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo, en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar; es decir, comprende el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar esos derechos (…). La SCP 0978/2016-S2 de 7 de octubre, sobre el derecho a la defensa, refiere que el mismo se materializa como la facultad constitucionalmente reconocida a favor de toda persona, dentro del ámbito judicial o administrativo, a ser oída y hacer prevalecer sus razones en el proceso a través de sus propios argumentos, contraviniendo y objetando aquellos producidos por la parte contraria, solicitando la producción de pruebas y evaluaciones que considere pertinentes, así como el derecho a activar todos los recursos que la ley le otorga. Conforme a ello, el art. 4 inc. c) de la LPA, señala que la Administración Pública se regirá por el principio de sometimiento pleno a la Ley, asegurando a los administrados el debido proceso. Es así que en el ámbito administrativo, a partir de los principios de legalidad, presunción de legitimidad, buena fe, proporcionalidad e informalismo, se concluye que para la validez de los actos administrativos, es fundamental que se cumplan con ciertas condiciones, que se consideran estándares o subreglas, que tienen que ser cumplidas por la administración y se detallan a continuación:
a) Toda la actividad administrativa está siempre limitada por la Constitución Política del Estado y las Leyes; b) Los actos, decisiones y resoluciones administrativas, para tener validez, deben ser dictadas por autoridad competente; c) En el caso de los gobiernos autónomos municipales, cada órgano tiene atribuciones específicas, sin que ninguno de ellos -Ejecutivo o Legislativo- pueda tener mayor jerarquía que otro o invadir las facultades de otro, pues de suceder esto, se suprime la garantía del debido proceso en sus elementos al juez natural y a la defensa; d) Las decisiones que asuma la administración, además de ser legales, deben ser proporcionales, es decir, que los medios utilizados deben ser adecuados y necesarios para lograr el cumplimiento de los fines de la norma y que deben ponderarse los aspectos favorables y desfavorables para los derechos del administrado, así como para los fines de la administración, especialmente en las resoluciones o decisiones que lo involucren; y, e) Las decisiones y resoluciones de la administración pública son impugnables a través de los recursos administrativos previstos en la ley, los cuales deben ser interpretados a partir del principio de informalismo, expresamente señalado en la Ley de Procedimiento Administrativo, así como el principio de favorabilidad, y dentro de éste, el principio pro actione” (énfasis añadido).
Al respecto, la SCP 0101/2024-S3 de 29 de abril, señaló que: “‘El art. 115.II de la CPE prevé el debido proceso señalando que: “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones’, disposición que se complementa con los arts. 117.I de la Norma Suprema al establecer que: ‘Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso» y 120.I de la CPE que señala: «Toda persona tiene derecho a ser oída por una autoridad jurisdiccional competente, independiente e imparcial, y no podrá ser juzgada por comisiones especiales ni sometida a otras autoridades jurisdiccionales que las establecidas con anterioridad al hecho de la causa’. La SCP 0228/2018-S2 de 28 de mayo, señaló que: ‘El juez natural se encuentra previsto en la Norma Suprema como una garantía jurisdiccional que forma parte del debido proceso; el cual, conforme lo determinó la jurisprudencia constitucional, es también aplicable a los procesos administrativos de tipo sancionador y a los procesos disciplinarios’. La SCP 1047/2013 de 27 de junio, reiterando el entendimiento de la SC 0074/2005 de 10 de octubre, indicó que la autoridad jurisdiccional debe estar establecida con anterioridad al hecho de la causa; haciendo referencia a que ninguna persona puede ser sometida a juzgados o tribunales que no hubieren estado instituidos antes del inicio de la causa; es decir, antes del inicio del juicio propiamente dicho, en el que la autoridad, con plena jurisdicción y competencia, conocerá y resolverá el proceso judicial o disciplinario; así en el Fundamento Jurídico III.3.3, estableció que: El juez natural, conforme lo ha sostenido la jurisprudencia constitucional contenida en la SC 0074/2005 de 10 de octubre, implica: ‘…el derecho que tiene toda persona a ser oída y juzgada, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez regular predeterminado, competente, independiente e imparcial, en la substanciación de cualquier acusación penal o disciplinaria formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal, familiar o de cualquier otro carácter. Ahora bien, a los fines de la resolución de la problemática planteada, siguiendo la doctrina constitucional, corresponde describir de manera resumida la naturaleza jurídica de los elementos constitutivos del «juez natural»: (…) b) Juez competente, es el órgano que de acuerdo a las normas jurídicas previamente establecidas, conforme a criterios de territorio, materia y cuantía, es el llamado para conocer y resolver una controversia judicial; al igual que se manifestó al conceptuar al juez predeterminado dicha acepción de competencia no se refiere a la persona que ejerce circunstancialmente la jurisdicción, sino alude a la competencia del órgano creado con especificidad para el ejercicio de la potestad jurisdiccional, vale decir, que como juez competente se debe entender la autoridad que cumpliendo los criterios que legitiman su acción como tercero imparcial, independientemente de la persona, ejerce la potestad jurisdiccional en la dilucidación de una situación problemática para la que fue creada’” (las negrillas son nuestras).
La parte accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos congruencia, fundamentación, motivación e igualdad de las partes; toda vez que, las autoridades accionadas, dentro de la demanda contencioso administrativa seguida por MONOPOL Ltda. en su contra, declararon probada la misma y anularon obrados hasta el Auto de Inicio del Proceso Administrativo Sancionador, con el argumento que no tendría competencia para sancionar infracciones ambientales, sin analizar la normativa legal ni municipal, cuando esa labor compete únicamente al Tribunal Constitucional Plurinacional, a través del recurso de nulidad; y, si corroboraron actos vulneratorios emitidos por el GAM de La Paz, debieron anular obrados únicamente hasta el acto vulnerador, no hasta el inicio del proceso. Toda vez que, el tercero interesado observó que la acción de amparo constitucional no cumpliría con el principio de inmediatez, por cuanto la Sentencia Agroambiental Plurinacional S1a 60/2021 de 29 de noviembre, fue notificada el 3 de diciembre de 2021, y se tenía como último plazo de presentación el 3 de junio de 2022; sin embargo, la acción de amparo constitucional se habría presentado el 30 de mayo de ese año; es necesario efectuar algunas consideraciones previas al respecto; así, conforme a las normas contenidas en los arts. 129.II de la CPE y 55 del CPCo, se tiene que esta acción tutelar debe ser interpuesta dentro del plazo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de la notificación con la última decisión administrativa o judicial; en la presente causa se verifica que la Sentencia Agroambiental Plurinacional S1a 60/2021, que constituye el acto denunciado por el peticionante de tutela, se notificó al prenombrado, el 3 de diciembre de 2021 (fs. 1004), y la acción de amparo constitucional fue presentada el 27 de mayo de 2022, concluyendo que se observó el plazo de caducidad de seis meses, al interponerse la presente acción tutelar dentro de ese plazo; de la relación efectuada, se tiene que el accionante dio cumplimiento al principio de inmediatez, lo cual permite a esta Sala, analizar el fondo de las pretensiones expuestas. En principio es necesario inquirir la demanda contencioso administrativa interpuesta por MONOPOL Ltda. a través de sus representantes legales -hoy tercero interesado-, contra el Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz -ahora accionante-; así, se tiene el memorial presentado el 20 de julio de 2020, mediante el cual pide se declare probada la demanda, y se deje sin efecto las Resoluciones 010/2019 de 15 de enero y su Auto Complementario; RA 029/2015 de 7 de mayo; y, el Auto de Inicio de Proceso Administrativo Sancionador 011/2015 de 5 de marzo; en su defecto, se anule obrados hasta el vicio más antiguo. En ese contexto, el hoy tercero interesado denunció que el GAM de La Paz: a) En la Resolución Ejecutiva 010/2019 de 15 de enero, a tiempo de resolver el recurso jerárquico, confirmó la RA 029/2015 de 7 de mayo, omitiendo fundamentar sobre la nulidad por falta de competencia de la Dirección de Gestión Ambiental, que aplicó discrecionalmente la reglamentación ambiental nacional y la Ley de Procedimiento Administrativo, existiendo y estando vigente el Reglamento Ambiental Municipal; la Dirección de Gestión Ambiental aplicó ilegalmente y sin competencia las sanciones del art. 18 del DS 28592, a una infracción inexistente en la reglamentación ambiental municipal; b) La Dirección de Gestión Ambiental, no aplicó el Reglamento Ambiental Municipal, transgrediendo el art. 11 de la Ley 031, y sin competencia inició aplicando supletoriamente la Ley de Procedimiento Administrativo; asimismo, sin competencia emitió la resolución sancionatoria, aplicando supletoriamente un Reglamento Ambiental Nacional y sancionó aplicando supletoriamente otro Reglamento Ambiental Nacional (DS 28592);
c) La Dirección de Gestión Ambiental, debió cumplir el art. 222 del Reglamento Ambiental Municipal, calificando la posible infracción de la Reglamentación Ambiental Nacional, comunicar inmediatamente y remitir a la autoridad ambiental competente, para que efectué el procedimiento sancionatorio; lo cual incumplió usurpando funciones de la autoridad competente establecida en art. 2 del DS 28592;
d) Las Resoluciones de inicio de procedimiento, y la sancionatoria confirmada por la Resolución Ejecutiva, son actos administrativos ilegales, ilegítimos, arbitrarios y contrarios al ordenamiento jurídico, y nulos de pleno derecho, por haber sido emitido por la Dirección de Gestión Ambiental sin competencia por razón de territorio y haber prescindido totalmente el procedimiento previsto en el Reglamento Ambiental Municipal; y, e) El Alcalde Municipal de La Paz, no es instancia competente para resolver los recursos jerárquicos emanados del DS 28592; por lo cual, en cumplimiento del art. 18 del Decreto Supremo, debió remitir el recurso jerárquico ante el Ministerio de Medio Ambiente, o, por el contrario, si pretendía aplicar el Reglamento Ambiental Municipal, debió anular el procedimiento, por las causales a) y c) del art. 35 de la Ley de Procedimiento Administrativo; es decir, por falta de competencia de la Dirección de Gestión Ambiental; empero, confirmó en su totalidad la Resolución sancionatoria, actuando sin competencia, prescindiendo del procedimiento establecido en los arts. 38 del DS 28592 y 5 del Reglamento Ambiental Municipal. Ahora bien, es necesario examinar los antecedentes que hacen a la presente causa; en la que ante la demanda contencioso administrativa interpuesta por MONOPOL Ltda., a través de sus representantes legales, contra el Alcalde del GAM de La Paz; mediante Sentencia Agroambiental Plurinacional S1a 60/2021, las autoridades accionadas fallaron declarando: 1) Probada la demanda contenciosa administrativa, interpuesta por “…Sociedad de Responsabilidad Limitada MONOPOL S.A…” (sic), contra el Alcalde del GAM de La Paz; 2) Anular obrados hasta el Auto de Inicio de Proceso Administrativo Sancionador 011/2015 de 5 de marzo. De la revisión de la acción de amparo constitucional planteada, así como de la intervención de la parte accionante en audiencia pública de la presente demanda tutelar, se advierte que, el problema jurídico central denunciado está vinculado a lo resuelto en la Sentencia Agroambiental Plurinacional S1a 60/2021; toda vez que, las accionadas al expedirla, por una parte, anularon obrados, con el argumento que no tendría competencia para sancionar infracciones ambientales, sin analizar la normativa legal ni municipal, cuando esa labor, además, compete únicamente al Tribunal Constitucional Plurinacional, a través del recurso de nulidad; y, por otra parte, si corroboraron actos vulneratorios emitidos por el GAM de La Paz, debieron anular obrados únicamente hasta el acto vulnerador, no hasta el inicio del proceso. Examinados los antecedentes que hacen a los fundamentos de la Sentencia ahora cuestionada, se evidencia que la misma, después de contrastar en el acápite I.1. los argumentos de la demanda contenciosa administrativa, donde se encuentran desarrollados todos los puntos cuestionados por el ahora tercero interesado sobre los actos administrativos realizados en sede administrativa; a continuación, en los subtítulos I.2.2., describió la contestación a la demanda. En el acápite II.5. de la Sentencia impugnada, se compulsó los actos procesales desarrollados en sede administrativa, como el Auto de 26 de febrero de 2020, la Resolución Ejecutiva 010/2019 de 15 de enero, que confirma la RA 029/2015 de 7 de mayo, la RA 023/2015 de 20 de noviembre que rechaza el recurso de revocatoria, y el Informe SMGA 18/2015 de 20 de noviembre. En el parágrafo II.5.6, se desarrolla la RA 029/2015 de 7 de mayo, la cual está sustentada en los DS 28592 y 26736, el Reglamento de Gestión Ambiental del Municipio de La Paz, el artículo primero, parágrafo I de la Ley 030; y, el Informe SMPD-DGA-UPCA 0377/2015, que establecería que la -U-I presentó su Informe Anual Ambiental 2013, el mismo que fue rechazado, ya que este no fue presentado por el Representante Legal de -UI-, y porque no presentó prueba de descargo que demuestre que el IAA 2013 fue presentado en el plazo previsto por el art. 59 del Reglamento Ambiental del Sector Industrial Manufacturero, sugiriendo realizar el cobro de la multa respectiva. Así, resuelve multar a MONOPOL Ltda., por la infracción del art. 59 del Reglamento Ambiental del Sector Industrial Manufacturero, para “…presentar el último Balance General presentado ante el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) en dependencias de la Secretaria Municipal para el Desarrollo, para efectos de realizar el pago correspondiente al tres por mil del total de su patrimonio o activo de conformidad a lo establecido en el Decreto Supremo N° 28592 del 17 de enero de 2006, bajo pena de Suspensión de Actividades…” (sic). Asimismo, la Sentencia en análisis, en el acápite “FJ.III.1.”, desarrolló la fundamentación de la competencia del Tribunal Agroambiental para conocer y resolver demandas contencioso administrativas sobre procesos administrativos sancionadores en materia ambiental, y, en el “FJ.III.3.”, fundamentó sobre la jurisprudencia reiterada acerca de la trascendencia de las nulidades procesales ante la vulneración de garantías constitucionales. A continuación, revisaremos los cuestionamientos del accionante que se circunscriben a la anulación de obrados sin haberse analizado la normativa legal y municipal; y, que -si correspondía- la anulación debió ser únicamente hasta el acto vulnerador, no hasta el inicio del proceso; contrastando con los fundamentos de la Sentencia cuestionada:
Al respecto, se advierte que las autoridades accionadas, por Sentencia Agroambiental Plurinacional S1a 60/2021, esgrimieron una adecuada y suficiente fundamentación y motivación; toda vez que se realiza una correcta interpretación y aplicación de las normas aplicables a la materia, emitiendo una resolución en consideración de los antecedentes del caso, y de los actos administrativos objeto del proceso contencioso administrativo, así como de la prueba acumulada en el mismo, de cuyo análisis se llegó al convencimiento de que el trámite del proceso administrativo sancionador sustanciado por la parte accionante fue tramitado sin competencia y transgrediendo el debido proceso, razón por la cual disponen la anulación de obrados hasta la emisión de la Resolución Administrativa 011/2015 de 5 de marzo.
Cabe hacer énfasis que, la Sentencia Agroambiental cuestionada emitió un pronunciamiento deliberado, explicativo y razonado, en relación al cuestionamiento del accionante, quien considera que las accionadas resolvieron que el GAM no tendría competencia para imponer sanciones por infracciones ambientales, sin analizar el Reglamento de Gestión Ambiental del Municipio de La Paz ni la Ley 1333; lo cual no es evidente, puesto que en el FJ.III.2, las autoridades ahora accionadas, sobre el proceso administrativo sancionador ambiental en el marco de la normativa ambiental en vigencia y el régimen de las competencias autonómicas, establecieron que considerando la distribución de competencias exclusivas, compartidas y concurrentes previstas en la CPE, las Leyes 031 y 1333, el Reglamento de la Gestión Ambiental DS 24716, las Normas Complementarias Reglamentarias DS 28592 y el Reglamento Ambiental del Sector Industrial Manufacturero DS 26736, toda calificación e imposición de sanciones administrativas ambientales es de competencia exclusiva de las Autoridades Ambientales Competentes del Nivel Nacional (AACN) o Departamental (AACD), y, que la autoridad Municipal, de acuerdo al art. 222.b del Reglamento de Gestión Ambiental del Municipio de La Paz, es la instancia ambiental que debe elevar informe ante la Autoridad Ambiental Competente cuando se trata de infracciones administrativas ambientales de la Ley 1333, a más de ejercer las funciones de control y vigilancia mediante la reglamentación e implementación de la normativa del nivel central del Estado; también señalaron que, estando vigente esta normativa reglamentaria preconstituyente, corresponde su aplicación prevalente; concluyendo que, todo reglamento ambiental municipal emitido en vigencia de la Ley 2028, abrogado por la Ley 482, que no estuviera adecuado a la CPE y a la normativa legal vigente, no corresponde ser aplicado en el régimen administrativo sancionador ambiental; donde la primera instancia sancionadora es la AACN o AACD, y la instancia de impugnación es el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas.
Asimismo, sobre el asunto en examen, se advierte un desarrollo intelectivo suficiente efectuado por parte de las accionadas, que permitió constatar la concurrencia de los motivos por los que anularon obrados en el procedimiento administrativo, precisamente, a partir de los antecedentes y actuados desarrollados en el mismo; conforme se tiene de la argumentación desplegada en el acápite IV.1. del “Análisis del caso concreto” de la Sentencia refutada, en el que, las magistradas accionadas, por una parte, respecto a la aplicación del Reglamento Ambiental del Sector Industrial Manufacturero y la inaplicación del Reglamento de Gestión Ambiental del Municipio de La Paz, desarrollaron una suficiente fundamentación y argumentación en contexto a la norma examinada, sosteniendo que la Resolución Administrativa Sancionatoria 029/2015 fue emitida en atención al Reglamento Ambiental del Sector Industrial Manufacturero y el DS 28592, así como a las leyes autonómicas municipales; sin que la sanción impuesta, se encuentre prevista en el referido DS 28592, sino, en el art. 97 del Reglamento General de la Gestión Ambiental, como facultad de la Autoridad Ambiental Competente; también se mencionó sobre la competencia concurrente estipulada en el art. 299.II.1 de la CPE, que el Reglamento Ambiental Municipal no puede suplir lo previsto en normas del nivel central del Estado, en cuanto a la gestión, control y sanción ambiental; aclarando que la norma municipal que prevé procesos administrativos sancionatorios, debe estar enmarcada en las directrices emanadas de la normativa nacional, por tratarse de una competencia constitucional concurrente, el control y la gestión de la contaminación ambiental. Es necesario dejar claramente establecido que, como otro motivo para anular obrados, se determinó la vulneración del art. 33 de la Ley 2341 por la falta de notificación con la Resolución 023/2015 de 20 de noviembre que resuelve el recurso de revocatoria, sobre este tema en particular, no obstante que el accionante en esta acción tutelar se limitó a enunciar esta cuestión, la misma no fue motivo de impugnación, razón por la cual no amerita efectuar mayores consideraciones sobre este aspecto. En ese contexto, en el parágrafo IV.2. de la Sentencia tantas veces citada, las magistradas accionadas, sostuvieron que la Resolución Ejecutiva 010/2019 de 15 de enero, al sustentarse en el Reglamento Ambiental del Sector Industrial Manufacturero, que dejó de estar en vigencia desde la promulgación de la Ley 482, que abrogó la Ley 2028, en lugar de corregir el trámite procesal conforme a la normativa ambiental en vigor y el catálogo competencial constitucional, convalidó un acto administrativo que asume competencias de la autoridad ambiental competente, obrando de manera discrecional y transgrediendo la CPE y normativa mencionada vigente al momento de la emisión de la Resolución Administrativa 029/2015, por la cual se impuso la sanción al tercero interesado. Es así, que no es evidente que la Sentencia Agroambiental Plurinacional impugnada, para anular obrados, haya omitido analizar la normativa constitucional, legal y municipal, aplicables a las infracciones administrativas ambientales y su procedimiento, toda vez que sustentaron su determinación en base al estudio de la CPE, Leyes 1333 y 482, el Reglamento General de la Gestión Ambiental - DS 24716, las Normas Complementarias Reglamentarias - DS 28592 y el Reglamento Ambiental del Sector Industrial Manufacturero - DS 26736, estableciendo que los procesos administrativos ambientales son competencia exclusiva de las Autoridades Ambientales Competentes del Nivel Nacional o Departamental, más no del GAM, apreciación que es correcta por estar conforme al art. 298.II de la CPE, Ley 482, arts. 2 y 18 del DS 28592 y 222 del Reglamento de Gestión Ambiental del Municipio de La Paz, normativa que al no ser aplicada en el proceso seguido contra el ahora tercero interesado, torna esos actos administrativos en ilegales, inobservancia que claramente vulneró los derechos de MONOPOL Ltda. de acuerdo a los entendimientos del Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo, que determina que un requisito esencial para la validez del acto administrativo, es la competencia, que a partir de ella la administración debe cumplir con estándares o subreglas, como: “a) Toda la actividad administrativa está siempre limitada por la Constitución Política del Estado y las Leyes; b) Los actos, decisiones y resoluciones administrativas, para tener validez, deben ser dictadas por autoridad competente,” sic; más aún, si evidenciaron que el GAM, para llegar a procesarlo y sancionarlo, prescindió de las normas legales citadas; cuando correspondía al ente administrativo su acatamiento. El razonamiento arribado por las accionadas, es acorde a la normativa invocada, por cuanto el proceso administrativo sancionador contra MONOPOL Ltda., se inició el 5 de marzo de 2015, cuando ya encontraba en vigencia plena la Ley 482, que abrogó la Ley 2028, además, cabe resaltar que la Ley 2028 fue promulgada con la antigua Constitución Política del Estado, y la Ley 482 con la nueva visión de la Ley Fundamental vigente, norma suprema a la cual debe sujetarse todas las normas de desarrollo y reglamentarias, por consiguiente, en observancia estricta de la Disposición Transitoria CUARTA de esta nueva Ley de Municipalidades, que establece “La normativa legal Municipal dictada y promulgada con anterioridad a la presente Ley, se mantendrá vigente siempre y cuando no sea contraria a la Constitución Política del Estado, la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, y la presente Ley.” (sic [las negrillas son nuestras]), correspondía que el GAM de La Paz, en sometimiento del art. 298.II de la CPE, Ley 482, arts. 2 y 18 del DS 28592 y 222 del Reglamento de Gestión Ambiental del Municipio de La Paz, informe y remita los antecedentes a la Autoridad Ambiental Competente; por lo que, el procedimiento administrativo y la sanción impuesta, tramitadas por el GAM de La Paz, sin cumplir los criterios de legalidad ni tener competencia, por supuesto, vulnera la garantía del juez natural en su elemento juez competente, conforme a los entendimientos asumidos en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, que establece que como juez competente se debe entender la autoridad que cumpliendo los criterios que legitiman su acción como tercero imparcial, independientemente de la persona, ejerce la potestad jurisdiccional en la dilucidación de una situación problemática para la que fue creada.
Sobre este aspecto, las autoridades accionadas, en el “FJ.III.3.” de la Sentencia cuestionada, después de citar doctrina, y jurisprudencia como la Sentencia Agroambiental Plurinacional S1a 24/2021 de 25 de marzo y las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1357/2013 de 16 de agosto, 0427/2013 de 3 de abril y 0140/2012 de 9 de mayo, fundamentaron acerca de la trascendencia de las nulidades procesales ante la vulneración de garantías constitucionales, señalando que los administradores de justicia y toda autoridad administrativa sancionadora, deben respetar la validez y justificación de los actos procesales o administrativos en la tramitación de los procesos; también sustentaron que ese Tribunal tiene la obligación de revisar las actuaciones procesales sometidas a su conocimiento, a fin de establecer si concurrieron irregularidades procesales, conforme establece el art. 17 de la LOJ, determinando en su caso la sanción o nulidad de obrados de oficio, según prevé el art. 106.I del Código Procesal Civil (CPC).
En el mismo parágrafo, sobre la nulidad, argumentaron que esta es de última ratio, por lo que su aplicación deberá ser para casos excepcionales, como instrumento para la corrección o reposición de un acto carente de los requisitos formales indispensables para la obtención de su fin, o cuando un acto sea en evidencia agraviante a las bases elementales del sistema jurídico.
Bajo esas explicaciones, advirtieron que el proceso administrativo sancionador tramitado por el accionante contra el tercero interesado, que inició el 5 de marzo de 2015, a través de la Resolución de Inicio de Proceso Administrativo Sancionador, no consideró la vigencia de la Ley 482 y tampoco el alcance del DS 28592 en el marco de la competencia concurrente prevista en el art. 299.II.1 de la CPE; por lo que, al haber emitido la RA 029/2015, que le impone una multa bajo pena de suspensión de actividades, obró sin competencia, cuando le correspondía elevar informe circunstanciado ante la Autoridad Ambiental Competente, para el inicio del proceso administrativo sancionador que corresponda; más no asumir una competencia reservada para la autoridad competente; en consecuencia, el trámite desarrollado se encuentra viciado de nulidad; concluyendo que al transgredir los derechos que hacen al debido proceso, en aplicación del art. 122 de la CPE, determinaron anular obrados.
Al respecto, la observación del accionante que esa labor de -anular conforme al art. 122 de la CPE- compete únicamente al Tribunal Constitucional Plurinacional a través del recurso de nulidad, no es evidente, por cuanto la jurisprudencia constitucional, asumida -entre otras- en la SCP 0693/2012 de 2 de agosto, establece que todo acto, se entiende jurisdiccional o administrativo, que es denunciado haber sido emitido sin competencia o jurisdicción en afectación al juez competente como elemento del juez natural, debe ser impugnado en forma previa, por los recursos ordinarios previstos al efecto, así como se procedió en el presente caso en análisis; y, solo agotados los mismos y de persistir la restricción de derechos y garantías, resulta viable la activación de la acción de amparo constitucional; entendimiento que es congruente con el art. 146 Código Procesal Constitucional (CPCo) que establece como una de sus causales de improcedencia del recurso directo de nulidad: “1. Supuestas infracciones al debido proceso...”; por ello, la actuación de las autoridades accionadas, resulta ser correcto, que al evidenciar que las autoridades del GAM dentro del proceso contencioso administrativo sancionador tramitado contra MONOPOL Ltda., actuaron sin competencia, no podían convalidar la vulneración de derechos y garantías, entre ellos el debido proceso.
Tampoco es evidente, como denuncia el impetrante de tutela que, se debió anular obrados únicamente hasta el acto vulnerador -notificación con la Resolución que resolvió el recurso de revocatoria- y no hasta el inicio del proceso administrativo; toda vez que- las accionadas justificaron respecto a que a que el accionante emitió los actos administrativos cuestionados por el tercero interesado sin competencia, desde el primer acto del procedimiento, motivo por el cual, en aplicación del principio de trascendencia, correspondía anular obrados hasta la Resolución de Inicio de Proceso Administrativo Sancionador 011/2015 de 5 de marzo.
Por todo lo examinado precedentemente, al haber las autoridades accionadas, declarado Probada la demanda contenciosa administrativa, interpuesta por la -Sociedad de Responsabilidad Limitada MONOPOL S.A.-, contra el Alcalde del GAM de La Paz, y anular obrados hasta la Resolución 011/2015 de 5 de marzo, no se apartaron de los marcos de objetividad y razonabilidad; por cuanto, pronunciaron una decisión con la suficiente fundamentación, motivación y congruencia, con sustento en la normativa legal invocada, la cual es acorde y aplicable al presente caso; argumentos de los cuales se tiene que, las autoridades ahora accionadas cumplieron con lo establecido en la jurisprudencia constitucional desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional; razón por la cual, no se advierte que al emitir la Sentencia Agroambiental Plurinacional S1a 60/2021, hubieran lesionado los derechos al debido proceso en sus elementos congruencia, fundamentación, motivación e igualdad de las partes, alegados por el peticionante de tutela; correspondiendo en consecuencia, denegar la tutela impetrada. En consecuencia, Sala Constitucional al denegar la tutela, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado, y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve CONFIRMAR la Resolución 184/2022 de 15 de agosto, cursante de fs. 1082 a 1088, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia DENEGAR la tutela impetrada, conforme a los entendimientos asumidos en esta Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Isidora Jiménez Castro
MAGISTRADA Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0696_2024-S3.pdf · páginas 1 a 27.
Huella digital del PDF (SHA-256): 897e7d6e23ed7a42a0447b017a56395f4eeb05c3d96bd96aabae25beb77b6e89
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