B.IA.LEGAL

SCP 0695/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 2 de julio de 2025

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
2 de julio de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
53268-2023-107-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denunció la lesión de sus derechos a la libertad, a la tutela judicial efectiva, a la defensa, a la presunción de inocencia, al debido proceso, y a los principios de legalidad y favorabilidad; argumentando que, en el proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de asesinato en grado de complicidad, el Vocal demandado confirmó en parte el Auto Interlocutorio 221/2022 que dispuso su detención preventiva, incurriendo en las siguientes irregularidades: a) Efectuó una fundamentación distinta de la realizada por el Juez a quo, respecto de la concurrencia de los riesgos procesales previstos en el art. 235 núms. 1 y 2 del CPP, corrigiendo los agravios y utilizando los fundamentos de la imputación formal; y, b) No fundamentó ni motivó debidamente su decisión al no justificar argumentativa y probatoriamente la concurrencia de los mencionados riesgos de obstaculización, inobservando de esta manera el art. 235 parte in fine del CPP. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional y 44.1 del Código Procesal Constitucional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 014/2023 de 18 de enero, cursante de fs. 32 a 34, pronunciada por el Juez del de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Primero del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER EN PARTE la tutela impetrada, respecto a los derechos al debido proceso en su vertiente de fundamentación y motivación, en cuanto a la vigencia de los riesgos procesales. 2º Disponer lo siguiente:

a) Dejar sin efecto el Auto de Vista 701/2022 de 5 de octubre, de acuerdo con los fundamentos jurídicos de esta Sentencia Constitucional Plurinacional; y b) El Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz emita nueva resolución, debidamente fundamentada, siempre y cuando no haya sido modificada la situación jurídica del accionante.

3º Llamar la atención al Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Primero del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que se constituyó en Juez de garantías por no haber remitido a este Tribunal, todos los actuados concernientes a la presente causa. 4º Aclarar que la presente concesión de tutela no implica la libertad del accionante, sino el derecho a obtener una resolución de alzada que cumpla con los estándares constitucionales de fundamentación y motivación.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La exigencia de fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales que resuelven medidas cautelares:
  2. III.3. Análisis del caso concreto
  3. III.4. Otras consideraciones

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0695/2025-S3 Sucre, 2 de julio de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 53268-2023-107-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 014/2023 de 18 de enero, cursante de fs. 32 a 34, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Diego Chávez Carrillo en representación sin mandato de Jhoel Marcelo Maldonado Coarety contra Henry David Sánchez Camacho, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 17 de enero de 2023, cursante de fs. 20 a 23 vta., el accionante a través de su representante, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 24 de septiembre de 2022, se presentó imputación formal en su contra por la presunta comisión del delito de asesinato en grado de complicidad; en consecuencia, el 26 de septiembre de igual año, se llevó a cabo la audiencia de medidas cautelares donde el Juez de Instrucción Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz, determinó la existencia de riesgos procesales de fuga y obstaculización, basándose en el domicilio, la actividad lícita y peligros previstos en el art. 235 núms. 1 y 2 del Código de Procedimiento Penal (CPP); esta determinación que fue apelada y remitida a la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a cargo del Vocal Henry David Sánchez Camacho, autoridad que el 5 de octubre de 2022 emitió el Auto de Vista 701/2022; mediante el cual, concluyó desvirtuando el riesgo de actividad lícita y el peligro del art. 234 núm. 7 del CPP, pero resolvió mantener vigentes el riesgo por domicilio; y, fundamentalmente los peligros de obstaculización de los núms. 1 y 2 del art. 235 de la norma procesal citada. No obstante, dicho fallo vulnera su derecho a la defensa puesto que: a) La autoridad de alzada -ahora demandada- señaló que, en el citado recurso no se expresó agravio alguno, criticando la fundamentación realizada por el Juez a quo; por lo cual, efectuó una distinta fundamentación respecto a la concurrencia del art. 235 núm. 1 y 2 del CPP, pues el Auto Interlocutorio 221/2022 de 26 de septiembre, analiza dichos numerales de manera conjunta, e incluso dicha determinación del Juez a quo nunca fundó sobre los numerales señalados, ni expresó los motivos en cuales se basó, tampoco se informó el valor otorgado a los medios de prueba; de esa manera, no puede reemplazarse el razonamiento por el Vocal demandado, cuando además dicho Auto de Vista usa la fundamentación de la imputación formal; b) El Vocal demandado, estaba obligado a expresar los presupuestos jurídicos que motivan la medida impuesta, citando la normativa aplicable, describiendo de forma objetiva los elementos de convicción concurrentes, lo cual no se efectuó, pues se inobservó el art. 235 parte in fine del CPP, que prohíbe valorar conforme simples presunciones; esto se debe a que, no se le precisó que elementos de prueba podría destruir -para que concurra el riesgo procesal del art. 235 núm. 1 del CPP-; toda vez que, se limitó a señalar que conocía el lugar de los hechos y podría destruir elementos de prueba, de esa manera le impide desvirtuar este riesgo procesal; asimismo, mencionar una influencia negativa de ocultar o destruir elementos probatorios del lugar de los hechos, violenta el art. 235 núm. 1 de CPP, pues este riesgo procesal se refiere al comportamiento sobre uno mismo y no sobre otras personas; lo mismo sucede con el art. 235 núm. 2 del mismo cuerpo legal, pues indicar que puede afectar las declaraciones de testigos que podrían surgir en la investigación son aspectos subjetivos; ya que, no se mencionan que testigos podrían afectarse, por lo cual se vulnera su derecho a la defensa, más aun cuando ni el Fiscal de Materia ni el querellante aportaron razonabilidad suficiente de que obstaculizara la averiguación de la verdad, cuando estos solo dieron los nombres de los testigos, lo cual refleja que no puede influir en ellos.

I.1.2. Derechos y principios supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos a la libertad, a la tutela judicial efectiva, a la defensa, a la presunción de inocencia, al debido proceso, y a los principios de legalidad y favorabilidad, citando al efecto los arts. 22, 23, 115, 116, y 119.II de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia, se disponga: Dejar sin efecto el Auto de Vista 701/2022 de 5 de octubre y se emita nueva resolución de acuerdo a derecho.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 18 de enero de 2023, según consta en el acta cursante a fs. 31 y vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogado, reitero íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliándolos, manifestó que: 1) No solo dejó latentes los riesgos procesales del art. 235 núms. 1 y 2 del CPP, sino que agravó su concurrencia; 2) El Auto Interlocutorio impugnado, fundamentó los dos riesgos procesales -art. 235 núms. 1 y 2 del CPP- de una manera conjunta y subjetiva, no indicaba sobre quién se iba a obstaculizar, de qué manera, o qué elementos de prueba se podrían destruir o influir, simplemente dijo que por conocer el lugar podríamos destruir esos elementos de prueba; 3) En lugar de reconocer el agravio y desvirtuar los riesgos, corrigió el fundamento del Juez a quo y lo fundamentó de una manera diferente, esta corrección se realizó al leer la imputación formal y basarse en ella para fundamentar los dos riesgos procesales; 4) Al no indicar la autoridad judicial demandada qué elementos de prueba se pueden destruir, ni sobre qué testigos se podría obstaculizar, se le niega al accionante la forma de desvirtuar ese riesgo procesal, lo que vulnera su derecho a la defensa y al debido proceso; 5) No cumple con la parte in fine del art. 235 del CPP, que exige que el riesgo de obstaculización se base en -información precisa y circunstanciada-; reitera que ni el Fiscal de Materia ni el querellante aportaron información precisa, y la resolución primigenia solo hizo una “mención bien vana” de por qué concurren los riesgos.

I.2.2. Informe de la parte demandada

Henry David Sánchez Camacho Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, no presentó informe escrito alguno, ni asistió a la audiencia de garantías, pese a su notificación cursante a fs. 25; sin embargo, José Andrés Escobar Lecoña, Secretario de Cámara de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; por informe escrito de 17 de enero de 2023, cursante a fs. 30 y vta., puso en conocimiento del Juez de garantías que el Vocal se encuentra con licencia; motivo por el cual, no se encuentra ejerciendo sus funciones, y desconoce de esta acción de libertad, por lo que solicitó que se suspenda la audiencia de acción de libertad, ya que no se le habría realizado la notificación como señala la norma legal, puesto que de lo contrario sin la correspondiente notificación, se estaría vulnerando el derecho a la defensa que tiene toda autoridad demandada.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Primero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, por Resolución 014/2023 de 18 de enero, cursante de fs. 32 a 34, denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: i) El Tribunal de alzada está facultado para revisar la decisión inicial conforme a los agravios denunciados y tiene la potestad de subsanar o corregir los defectos de fundamentación advertidos en el fallo del Juez a quo; así también verificó que, al ser este razonamiento inicial "escueta o de manera conjunta" adoptó una corrección al respecto; además, no fue evidente el reclamo del accionante sobre que el Ministerio Público no hubiera solicitado los riesgos procesales del art. 235 núms. 1 y 2 del CPP, pues de la revisión de la imputación formal se demostró que dichos riesgos, si fueron solicitados de forma expresa; la autoridad judicial está obligada a revisar antecedentes, no sólo los argumentos que hayan sido vertidos durante y la fundamentación, si no, cuales son los antecedentes para determinar alguna circunstancia al respecto bajo el principio de verdad material -art. 180 de la CPE-; se considera que la corrección del Vocal demandado se encuentra debidamente motivada y fundamentada; ii) Respecto al art. 235 núm.1 del CPP, sustentó que el riesgo procesal es persistente porque él conoce el lugar de los hechos, aspecto que le otorga la facilidad de acudir al lugar y destruir los elementos probatorios, el riesgo está coherentemente aplicado, pues la etapa investigativa aún está en curso y tiene actos investigativos pendientes a realizarse en el lugar de los hechos; iii) En cuanto al art. 235 núm. 2 del CPP, la autoridad demandada fundamentó que el riesgo es necesario debido a que la investigación requiere de pericias especializadas -psicología forense, genética forense, informática forense y grafología- y la declaración de testigos; por lo tanto, el impetrante de tutela podría influir de manera negativa en la declaración de los testigos que surjan de la investigación y en esos actos investigativos; esta fundamentación no es subjetiva, ya que fue solicitada por el Ministerio Público a efectos de garantizar la investigación y la verdad histórica de los hechos, que este riesgo puede ser superado una vez que se realicen y cumplan aclarándose estos actos pendientes.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Jhoel Marcelo Maldonado Coarety -accionante- y otros, por el delito de asesinato en grado de complicidad, por Auto Interlocutorio 221/2022 de 26 de septiembre, se dispuso su detención preventiva por el lapso de seis meses, a su vencimiento se programó audiencia de control de plazo de duración de la detención preventiva para el 27 de marzo de 2023; ante la concurrencia de los riesgos procesales del art. 234 núm. 1 solo en cuanto al domicilio, y el 235 núms. 1 y 2 del CPP, fallo contra el cual, el impetrante de tutela presentó recurso de apelación (fs. 10 a 11 vta.). II.2. El 5 de octubre de 2023, el abogado del solicitante de tutela argumentó su recurso de apelación incidental de manera oral, siendo resuelta por Auto de Vista 701/2022 de igual fecha, que fue emitido por Henry David Sánchez Camacho, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -demandado-; determinando la admisibilidad del indicado medio de impugnación y declarando la procedencia y confirmándolo en parte la resolución apelada.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denunció la lesión de sus derechos a la libertad, a la tutela judicial efectiva, a la defensa, a la presunción de inocencia, al debido proceso, y a los principios de legalidad y favorabilidad; argumentando que, en el proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de asesinato en grado de complicidad, el Vocal demandado confirmó en parte el Auto Interlocutorio 221/2022 que dispuso su detención preventiva, incurriendo en las siguientes irregularidades: a) Efectuó una fundamentación distinta de la realizada por el Juez a quo, respecto de la concurrencia de los riesgos procesales previstos en el art. 235 núms. 1 y 2 del CPP, corrigiendo los agravios y utilizando los fundamentos de la imputación formal; y, b) No fundamentó ni motivó debidamente su decisión al no justificar argumentativa y probatoriamente la concurrencia de los mencionados riesgos de obstaculización, inobservando de esta manera el art. 235 parte in fine del CPP. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La exigencia de fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales que resuelven medidas cautelares:

Las resoluciones de los tribunales de apelación y la interpretación del art. 398 del CPP

La SCP 0447/2018-S2 de 27 de agosto, recogió la jurisprudencia constitucional sobre fundamentación y motivación de las resoluciones que resuelven medidas cautelares, en lo relativo a los arts. 233.1 y 2; 234 y 235 del CPP, así al respecto señala que:

Los estándares de fundamentación y motivación contenidos en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2221/2012 y 0100/2013, citadas anteriormente, son aplicables a las resoluciones judiciales que resuelven medidas cautelares, conforme a las exigencias específicas en materia procesal penal y a lo dispuesto en los arts. 233.1 y 2; 234 y 235 del CPP.

Ahora bien, la modulación efectuada por la SCP 0014/2018-S2, que analiza previamente la relevancia constitucional, para disponer la nulidad de la resolución cuando se denuncia arbitraria o insuficiente motivación, no alcanza a las resoluciones que imponen la medida cautelar de detención preventiva, en las que sí, es exigible disponer la nulidad y realizar el reenvío ante la autoridad jurisdiccional ordenando se emita nueva resolución; por cuanto en estos casos, aún se advierta que la corrección de una decisión con fundamentación o motivación arbitraria o insuficiente, no modificará la parte resolutiva, esto es, la decisión de la detención preventiva; sin embargo, es esencial que el imputado y el juez o tribunal conozcan las razones jurídicas que sustentaron la decisión de la detención preventiva respecto a las condiciones establecidas en el art. 233.1 y 2 del CPP, vinculadas a los arts. 234 y 235 del citado cuerpo legal; es decir, es esencial que conozcan cuáles fueron los elementos de convicción y supuestos que determinaron la imposición de la medida, a efectos que: 1) Por una parte, el imputado pueda solicitar en el futuro su cesación, aportando nuevos elementos de convicción que demuestren que ya no concurren los motivos que la determinaron, y por tanto, solicite medidas sustitutivas o su libertad irrestricta; y, 2) Por otra, el juez o tribunal analice de manera ponderada, si los nuevos elementos de convicción que aportó el imputado, demuestran que ya no concurren los motivos que determinaron la medida o la conveniencia que la misma sea sustituida por otra. En efecto, conforme destacó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en el Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez Vs. Ecuador, en la Sentencia de 21 de noviembre de 2007 sobre Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, la motivación de la decisión judicial que restringe la libertad personal, garantiza el derecho a la defensa, por cuanto, evita que una falta de motivación impida que el imputado conozca las razones por las cuales permanece privado de libertad, además, que le dificulta su tarea de presentar nueva evidencia o argumentos con el fin de lograr su liberación o impugnar de mejor manera una prueba de cargo determinante. Por lo que, tanto la resolución que impone la medida cautelar de detención preventiva, como la que resuelve la apelación deben tener, en palabras de la Corte IDH, una fundamentación suficiente, que permita al privado de libertad conocer los motivos por los cuales se mantiene su restricción a este derecho. Por su parte, el Tribunal Constitucional en la SC 0012/2006-R de 4 de enero, en el Fundamento Jurídico III.1.7, explicó la necesidad constitucional de motivar las resoluciones que disponen la detención preventiva, así como las que rechazan el pedido de su imposición, las que la modifican, sustituyen o revocan, al señalar lo siguiente:

La motivación de los fallos judiciales está vinculada al derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional eficaz, consagrados en el art. 16.IV Constitucional, y se manifiesta como el derecho que tienen las partes de conocer las razones en que se funda la decisión del órgano jurisdiccional, de tal manera que sea posible a través de su análisis, constatar si la misma está fundada en derecho o por el contrario es fruto de una decisión arbitraria; sin embargo, ello no supone que las decisiones jurisdiccionales tengan que ser exhaustivas y ampulosas o regidas por una particular estructura; pues se tendrá por satisfecho este requisito aun cuando de manera breve, pero concisa y razonable, permita conocer de forma indubitable las razones que llevaron al Juez a tomar la decisión; de tal modo que las partes sepan las razones en que se fundamentó la resolución; y así, dada esa comprensión, puedan también ser revisados esos fundamentos a través de los medios impugnativos establecidos en el ordenamiento; resulta claro que la fundamentación es exigible tanto para la imposición de la detención preventiva como para rechazarla, modificarla, sustituirla o revocarla. Más tarde, la SC 0089/2010-R de 4 de mayo, en el Fundamento Jurídico III.4, sobre la motivación de las resoluciones judiciales, estableció que éstas deben expresar las razones de hecho y derecho en las cuales basa su convicción y el valor que otorga a los medios de prueba que presenten las partes, aclarando que esa fundamentación no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes, señalando que:

…la autoridad judicial competente, para adoptar la decisión de aplicar la detención preventiva, de una parte, está obligado a verificar y determinar la concurrencia de los requisitos mencionados por el art. 233 CPP, para lo que deberá contrastar la solicitud fundamentada del Ministerio Público con los elementos de prueba presentados sobre la concurrencia de los requisitos, en el marco de las normas previstas por los arts. 234 y 235 CPP; de otra parte, deberá fundamentar en derecho la decisión de aplicar la medida cautelar de carácter personal, pues tomando en cuenta que uno de los principios fundamentales inherentes al Estado Democrático de Derecho es la motivación de las decisiones de las autoridades públicas, el juez está obligado a expresar los motivos de hecho y de derecho en que se basa su convicción determinativa de la concurrencia de los requisitos, así como el valor otorgado a los medios de prueba, esa fundamentación no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes; de modo que está obligado a expresar los presupuestos jurídicos que motivan la medida, con cita de las normas legales aplicables y la descripción clara y objetiva de los elementos de convicción concurrentes.

Por otra parte, el deber de motivación de las resoluciones judiciales también atañe a los tribunales de apelación; sobre el particular la jurisprudencia constitucional recalcó la importancia de que los tribunales de segunda instancia fundamenten sus decisiones, debido a que en los hechos, hacen una revisión de la resolución del inferior, teniendo especial importancia la del tribunal de apelación, que revisa una decisión que impuso una medida cautelar, que la revoca, la modifica, la sustituye u ordena la cesación de una detención preventiva, por su vinculación con los derechos a la libertad y la presunción de inocencia.

Al respecto, la SC 0782/2005-R de 13 de julio, reiterada, entre otras, por la SCP 0166/2013 de 19 de febrero, en el Fundamento Jurídico III.2, establece que:

…la exigencia de pronunciar una resolución motivada en la que se establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la detención preventiva, entendiendo por motivo fundado a aquél conjunto articulado de hechos que permiten inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de la misma y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de la averiguación de la verdad no sólo alcanza al juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa que el tribunal de apelación cuando determine disponer la detención preventiva, esté exento de pronunciar una resolución lo suficientemente motivada, en la que se exprese la concurrencia de los dos requisitos que la ley impone para la procedencia de esa medida cautelar.

Consecuentemente, el Tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su Resolución, precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto debe también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias establecidas por los arts. 234 y 235 del CPP, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del CPP, puesto que sólo cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones, se puede disponer la detención preventiva.

Recogiendo dichos entendimientos, la SCP 0077/2012 de 16 de abril señala que el art. 398 del CPP, establece que los tribunales de alzada deben circunscribirse a los aspectos cuestionados de la resolución; lo que no implica, que éstos se encuentren eximidos de la obligación de motivar y fundamentar la resolución, por la cual, deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, revocarla, sustituirla o disponer la cesación; quedando igualmente obligados a expresar la concurrencia de los presupuestos que la normativa legal prevé.

En tal sentido, el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares o determine la cesación o rechace ese pedido, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del CPP.

Cuando se trata de la protección del derecho a la libertad personal por medio del recurso de apelación de la medida cautelar, el análisis del tribunal de alzada, no puede reducirse a una mera formalidad, sino, debe examinar las razones invocadas por el recurrente y manifestarse expresamente sobre cada una de ellas, de acuerdo a los parámetros establecidos en el punto anterior, debiendo expresar fundadamente los motivos por los que considera que efectivamente se dan los riesgos procesales previstos por el art. 233 del CPP.

En todo caso, el Tribunal de apelación debe realizar una revisión integral del fallo del juez que impuso la medida cautelar, considerando los motivos de agravio que expone el recurso de apelación, los argumentos de contrario, analizar y valorar fundadamente las pruebas que se traen a su consideración, para finalmente en su determinación, expresar las circunstancias concretas de la causa que le permiten presumir razonadamente la existencia de los riesgos procesales que justifican que se mantenga la detención preventiva; no siendo posible un rechazo sistemático de la solicitud de revisión, limitándose a invocar, por ejemplo, presunciones legales relativas al riesgo de fuga.

El Tribunal de apelación no puede limitarse a invocar presunciones legales relativas a los riesgos procesales o normas, que de una forma u otra, establecen la obligatoriedad del mantenimiento de la medida. Si a través del fundamento de la resolución, no se demuestra que la detención preventiva de la persona es necesaria y razonable, para el cumplimiento de sus fines legítimos, la misma deviene en arbitraria. En virtud a lo señalado, la fundamentación y motivación no exige que las resoluciones sean ampulosas, sino que contengan una explicación razonable de los motivos que llevaron a la autoridad judicial a decidir sobre la aplicación de una medida cautelar, en especial la detención preventiva; lo que implica que, se deberá razonar sobre el cumplimiento de los requisitos formales y materiales de legalidad, así como de los principios de proporcionalidad y razonabilidad, siempre que corresponda; aclarándose que, respecto a la proporcionalidad, cuando se analice la necesidad de la medida, no es menester que la autoridad judicial exponga las razones por las cuales se desestima cada una de las medidas sustitutivas previstas en el Código de Procedimiento Penal, sino que explique, por qué resulta indispensable su aplicación en mérito a los riesgos procesales existentes, a partir de la argumentación realizada por el Ministerio Público o la parte acusadora.

III.3. Análisis del caso concreto

El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, a la tutela judicial efectiva, a la defensa, a la presunción de inocencia, al debido proceso, y a los principios de legalidad y favorabilidad, por cuanto, el Vocal demandado, al resolver el recurso de apelación incidental, a través del Auto de Vista 701/2022, confirma en parte el Auto Interlocutorio 221/2022 con los siguientes defectos: a) Efectuó una fundamentación distinta de la realizada por el Juez a quo, respecto de la concurrencia de los riesgos procesales previstos en el art. 235 núms. 1 y 2 del CPP, corrigiendo los agravios y utilizando los fundamentos de la imputación formal; y, b) No fundamentó ni motivó debidamente su decisión al no justificar argumentativa y probatoriamente la concurrencia de los mencionados riesgos de obstaculización, inobservando de esta manera el art. 235 parte in fine del CPP. De la revisión de antecedentes procesales y lo expresado en las conclusiones de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se evidencia que dentro del proceso penal seguido contra el accionante y otros, mediante Auto Interlocutorio 221/2022, se determinó su detención preventiva por un lapso de seis meses, contra esa decisión anunció recurso de apelación incidental, que fue argumentada de manera oral en audiencia de 5 de octubre de igual año, por ante la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de la Paz, donde fue radicado el referido recurso.

Ante la deducción del recurso de apelación incidental, el Vocal demandado emitió el Auto de Vista 701/2022, declarando la admisibilidad de la apelación incidental, determinando la procedencia y confirmándolo en parte, constituyendo sus argumentos los siguientes: 1) La parte apelante manifestó una mala valoración de los elementos probatorios -art. 173 del CPP-, sin establecer de manera específica qué reglas de la sana crítica -lógica, experiencia común o psicología- habrían sido vulneradas y en qué elementos; asimismo, se denunció una defectuosa fundamentación -art. 124 del CPP-, pero el impugnante no demostró de manera objetiva a qué clase de fundamentación adolece la resolución -fáctica, jurídica, intelectiva o descriptiva-, por lo que no demuestra para nada el agravio que ha denunciado; 2) Sobre el riesgo procesal de domicilio estipulada en el art. 234. Núm. 1 del CPP, este riesgo de domicilio se mantiene impuesto de manera clara y coherente; la autoridad demandada sí valoró la documentación presentada, pero lo que no se estableció fue la habitabilidad y la habitualidad del incriminado en el domicilio; la versión del Ministerio Público en la imputación formal sobre que el inculpado no fue hallado en el domicilio al momento del allanamiento es suficiente para establecer su hipótesis, y no se considera que se esté dando la carga probatoria a la parte imputada; 3) Sobre el riesgo procesal de actividad lícita -art. 234, núm. 1 del CPP- en su vertiente de actividad lícita queda desvirtuado; la autoridad a quo no impuso este riesgo procesal, actuando coherentemente, ya que el imputado tiene dos actividades lícitas -estudiante y empleado-, las cuales no son contradictorias y están reconocidas por el art. 46 de la CPE, que ampara el derecho al trabajo y el estudio; 4) Sobre el riesgo procesal de conducta delictiva anterior art. 234 núm. 6 del CPP; este riesgo procesal queda desvirtuado y no tiene plena vigencia; aunque se mencionó un caso anterior por violencia familiar, la autoridad a quo manifestó de manera expresa que, con relación a este riesgo, "el mismo se deja sin efecto a solicitud del Ministerio Público", y como quien solicita la aplicación de los riesgos es el Ministerio Público y este puede retirarlo, razón por la que se dejó sin efecto; 5) Sobre el riesgo procesal de peligro efectivo para la sociedad y la víctima estipulado en el art. 234 núm. 7 del CPP, queda desvirtuado; la fundamentación del a quo es incongruente y contradictoria al señalar que "si bien los defendidos no tienen antecedentes penales, se debe certificar con antecedentes penales del REJAP"; para imponer este riesgo, la carga de la prueba la tiene el Ministerio Público, y se requiere una Sentencia Condenatoria Ejecutoriada anterior, conforme a la “SCP 185/2019-S”, lo cual no se cumplió, haciendo ilógica su imposición; 6) Sobre la solicitud de los riesgos procesales de obstaculización -art. 235 núms. 1 y 2 del CPP- no existe agravio alguno en la imposición conjunta de los riesgos de obstaculización; el Tribunal de alzada ha revisado la imputación formal y verificó que el Ministerio Público sí manifestó de manera expresa la existencia de los riesgos previstos en el art. 235 núms. 1 y 2 del CPP, desmintiendo el argumento de la defensa de que el numeral 2 fue impuesto de oficio; 7) Sobre el riesgo procesal de ocultamiento/destrucción de prueba -art. 235 núm. 1 del CPP-, está coherentemente aplicado y es persistente; el imputado conoce el lugar de los hechos y, en libertad, tiene la facilidad de acudir a ese lugar y destruir u ocultar los elementos probatorios en la escena, más aún porque la investigación está en etapa inicial y tiene actos pendientes, lo que justifica la medida; y 8) Sobre el riesgo procesal de influencia negativa -art. 235. 2 del CPP-; no existió agravio alguno en la imposición de este riesgo, el Juez a quo impuso este riesgo tomando en cuenta la imputación en la que el Ministerio Público manifiesta que se deben realizar pericias y declaraciones de testigos; y que, el imputado podría influenciar de manera negativa en la declaración de los testigos y en los actos investigativos, a efectos de garantizar la averiguación de la verdad histórica de los hechos. En ese contexto, este Tribunal considera que lo denunciado cuenta con dos argumentos relevantes, a saber: i) Indebida corrección de la resolución apelada -fundamentación sustitutiva-; ii) Falta de fundamentación y motivación del Auto de Vista en cuanto a la valoración y vigencia de los riesgos procesales; correspondiendo atender los mismos para actuar en congruencia:

III.3.1. Indebida Corrección de la resolución apelada - fundamentación sustitutiva-

La denuncia del accionante se centra en la forma en la que el Vocal demandado, al emitir el Auto de Vista 701/2022, abordó el tema del riesgo de obstaculización en cuanto a los riesgos procesales estipulados en el art. 235 núms. 1 y 2 del CPP; específicamente señala que la autoridad demandada “fundamenta de manera separada cada numeral, corrigiendo los agravios que realizo el juez a quo” (sic); esta tarea, al subsanar los defectos de la decisión inferior, fue considerada perjudicial por el accionante; ya que, en su criterio, excedió la facultad revisora que emana de la ley, toda vez que habría agravado su situación en cuanto a la concurrencia de los riesgos procesales. Este agravio se origina en que la resolución inicial del Juez a quo, al emitir el Auto Interlocutorio 221/2022, habría resuelto sobre los riesgos de obstaculización de manera conjunta y subjetiva; en apelación incidental, se alegó que el prenombrado Juez omitió especificar qué elementos de prueba podrían ser destruidos, qué testigos serían influenciados o sobre quién recaería la obstaculización, lo cual es una exigencia del art. 235 in fine del CPP; esta deficiencia en la motivación inicial fue denunciada como la causa que impidió al imputado ejercer su derecho a la defensa y desvirtuar los riesgos procesales.

En este contexto, respecto al reclamo de que el Vocal demandado habría efectuado una fundamentación distinta o "sustitutiva" a la del juez a quo sobre los riesgos de obstaculización, este Tribunal considera que, al advertir que el Juez de instrucción fundamentó los numerales I y II del art. 235 del CPP de manera conjunta y genérica, la autoridad de alzada procedió correctamente a desglosar y precisar dicha concurrencia basándose en la imputación formal, acto procesal que constituye el marco de la pretensión del Ministerio Público; esta labor no constituye una fundamentación sustitutiva, sino una necesaria tarea de control y saneamiento destinada a dotar de claridad a la decisión judicial, pues la jurisprudencia constitucional ha establecido que la subsanación de la motivación por parte del Tribunal de apelación no vulnera el debido proceso siempre que se limite a robustecer los riesgos que sustentan la medida a partir de los antecedentes del caso. En el presente proceso, el hecho de que la autoridad de alzada haya verificado que el riesgo del numeral 2 fue solicitado de forma expresa por el Fiscal, desvirtúa la queja de una supuesta actuación de oficio; evidenciándose por el contrario, que el Vocal demandado incluso desvirtuó otros riesgos procesales en favor del accionante; por lo tanto, al haber actuado dentro de los límites de su facultad revisora para garantizar una Resolución coherente y motivada, no se advierte vulneración en cuanto al debido proceso ni al derecho a la defensa, correspondiendo denegar la tutela sobre este extremo.

III.3.2. Falta de Fundamentación y Motivación del Auto de Vista en cuanto a la valoración y vigencia de los riesgos procesales; del Auto de Vista 701/2022:

Respecto al art. 235 núm. 1 del CPP. (Peligro de Destrucción de Pruebas); El Vocal demandado sostuvo la vigencia de este riesgo bajo el argumento de que "la investigación está en curso" y que, al conocer el imputado el lugar de los hechos, su libertad le permitiría "destruir o influenciar negativamente los elementos probatorios de la escena del crimen"(sic); este razonamiento resulta insuficiente, toda vez que no se encuentra dentro del estándar que exige el Fundamento Jurídico III.1, en cuanto a la fundamentación, que exige que este riesgo se sustente en elementos objetivos que demuestran una conducta específica del imputado tendiente a destruir u ocultar pruebas, no en una posibilidad genérica derivada de su participación en el hecho o de la etapa procesal, en este sentido al afirmar que el riesgo existe simplemente porque la investigación está abierta convierte la detención preventiva en una regla automática y no en una excepción, viciando de contenido el principio de inocencia; asímismo, el mero "conocimiento del lugar de los hechos" es un dato objetivo de la realidad -propio de quien estuvo en el lugar o vive allí-, pero no constituye una conducta obstaculizadora, para que este riesgo se active legítimamente, la autoridad judicial debía explicar -con base en elementos fácticos presentados por el Ministerio Público- qué actos concretos ha realizado o intentado realizar el imputado para destruir evidencia, o qué capacidad material específica tiene para alterar una escena del crimen que, por lógica procesal, ya debió haber sido precintada o procesada por los peritos en la etapa preliminar, asumir que el imputado destruirá pruebas solo porque "puede hacerlo", sin detallar qué prueba específica corre peligro, constituye una presunción abstracta de culpabilidad y una especulación subjetiva que está proscrita por el ordenamiento jurídico constitucional y el bloque de constitucionalidad; la ineficiencia del Estado en recolectar pruebas oportunamente no puede justificar la privación de libertad del ciudadano, situación que denota una falta de fundamentación en el razonamiento del demandado. Respecto al art. 235 núm. 2 del CPP (Peligro de Influencia Negativa); El Vocal demandado justificó la detención preventiva, alegando la "necesidad de realizar pericias -psicología, genética, informática forense- y tomar declaraciones informativas", concluyendo que el imputado podría influir en estos actos; esta argumentación adolece de una grave falta de especificidad. La jurisprudencia constitucional ha sido enfática al señalar que el peligro de obstaculización no se presume, se acredita de manera fundada lo que no sucedió con el Vocal demandado; ya que, omitió individualizar sobre quiénes se ejercería dicha influencia, no basta con mencionar genéricamente "testigos" o "peritos"; es imperativo identificar a las personas concretas y explicar de qué manera el imputado tiene el poder, los medios o la intención de influir en ellos para que informen falsamente o se reticentes; con mayor gravedad es el razonamiento respecto a los peritos y las pruebas técnicas -genética, informática-; los peritos son profesionales técnicos cuya labor se basa en la ciencia y no en la percepción subjetiva; por lo que, afirmar sin mayor prueba que un imputado puede influir "negativamente" en un resultado de una pericia biológica o en una pericia informática, resulta ilógico y carente de sustento fáctico, salvo que se demuestre una capacidad de corrupción o coacción concreta, extremo que no fue fundamentado en el Auto de Vista 701/2022. De lo expuesto se establece que, la autoridad demandada, al emitir el Auto de Vista 701/2022, vulneró el derecho al debido proceso del accionante en su componente de fundamentación y motivación, lo que consecuentemente afectó su derecho a la libertad; la detención preventiva no puede mantenerse con base en argumentaciones subjetivas o presunciones abstractas que no cumplen con los estándares de excepcionalidad y fundamentación; razón por lo cual, corresponde conceder la tutela en cuanto a la falta de fundamentación en la resolución recurrida.

III.4. Otras consideraciones

La jurisprudencia que se ha mencionado el accionante como la SCP 795/2014 de 25 de abril de 2014, a pesar de ser relevante en su contexto legal, no se aplica a este caso específico; esto se debe a que, los hechos y circunstancias de la controversia actual son sustancialmente distintos a los que se abordaron en ambas sentencias; en otras palabras, la situación fáctica que se discute ahora es fundamentalmente diferente a la que dio origen a la jurisprudencia invocada, lo que la hace impertinente para resolver la presente causa; es decir, que extender la regla del precedente a un supuesto fáctico ajeno implicaría una aplicación irrazonable o injusta de la ley, desvirtuando el propósito de la jurisprudencia de lograr la uniformidad en la aplicación del derecho sólo cuando las circunstancias materiales lo ameritan. Finalmente, en relación a la falta de remisión de antecedentes de la acción de libertad a este Tribunal Constitucional Plurinacional, corresponde exhortar a Javier Pablo Mamani Zarate, Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Primero del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, constituida en Tribunal de garantías, a objeto de que en futuras acciones tutelares que sean puestas en su conocimiento, cumplir con el deber de verificar la remisión de los actuados que sirvieron de base para su decisión y para que este Tribunal tome la debida convicción, conforme dispone el art. 29.4 del Código Procesal Constitucional (CPCo). En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de manera parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional y 44.1 del Código Procesal Constitucional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 014/2023 de 18 de enero, cursante de fs. 32 a 34, pronunciada por el Juez del de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Primero del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER EN PARTE la tutela impetrada, respecto a los derechos al debido proceso en su vertiente de fundamentación y motivación, en cuanto a la vigencia de los riesgos procesales. 2º Disponer lo siguiente:

a) Dejar sin efecto el Auto de Vista 701/2022 de 5 de octubre, de acuerdo con los fundamentos jurídicos de esta Sentencia Constitucional Plurinacional; y b) El Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz emita nueva resolución, debidamente fundamentada, siempre y cuando no haya sido modificada la situación jurídica del accionante.

3º Llamar la atención al Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Primero del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que se constituyó en Juez de garantías por no haber remitido a este Tribunal, todos los actuados concernientes a la presente causa. 4º Aclarar que la presente concesión de tutela no implica la libertad del accionante, sino el derecho a obtener una resolución de alzada que cumpla con los estándares constitucionales de fundamentación y motivación. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Notas al pie

1 El párrafo 118, señala: “Por otro lado, la Corte destaca que la motivación de la decisión judicial es condición de posibilidad para garantizar el derecho de defensa. En efecto, la argumentación ofrecida por el juez debe mostrar claramente que han sido debidamente tomados en cuenta los argumentos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado rigurosamente, más aún en ámbitos en los que se comprometen derechos tan importantes como la libertad del procesado. Ello no ocurrió en el presente caso. La falta de motivación en las decisiones de la Jueza impidió que la defensa conociera las razones por la cuales las víctimas permanecían privadas de su libertad y dificultó su tarea de presentar nueva evidencia o argumentos con el fin de lograr la liberación o impugnar de mejor manera una prueba de cargo determinante”.

2 El párrafo 107, indica: “El Tribunal recalca que son las autoridades nacionales las encargadas de valorar la pertinencia o no del mantenimiento de las medidas cautelares que emiten conforme a su propio ordenamiento. Al realizar esta tarea, las autoridades nacionales deben ofrecer la fundamentación suficiente que permita a los interesados conocer los motivos por los cuales se mantiene la restricción de la libertad (…)”. Del mismo modo, el párrafo 117, subraya: “De igual forma, ante cada solicitud de liberación del detenido, el juez tiene que motivar aunque sea en forma mínima las razones por las que considera que la prisión preventiva debe mantenerse (…)”.

3 El FJ III.3, refiere: “Finalmente, cabe remitirse a lo previsto en el 236 del CPP, entre cuyos requisitos del auto de detención preventiva se encuentran: `3) La fundamentación expresa sobre los presupuestos que motivan la detención, con cita de las normas legales aplicables´. En el marco de las normas legales citadas, aplicables al caso que se examina, se establece que el límite previsto por el art. 398 del CPP a los tribunales de alzada, de circunscribirse a los aspectos cuestionados de la resolución, no implica que los tribunales de apelación se encuentren eximidos de la obligación de motivar y fundamentar la resolución por la cual deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, quedando igualmente obligados a expresar la concurrencia de

los dos presupuestos que la normativa legal prevé para la procedencia de la detención preventiva, en el entendido que ésta última determinación únicamente es válida cuando se han fundamentado los dos presupuestos de concurrencia, para cuya procedencia deberá existir: 1) El pedido fundamentado del fiscal o de la víctima aunque no se hubiere constituido en querellante; 2) La concurrencia de los requisitos referidos a la existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible y la existencia de elementos de convicción suficiente de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad; circunstancias que deben ser verificadas y determinadas por el tribunal y estar imprescindiblemente expuestas en el auto que la disponga, por lo mismo, la falta de motivación por parte de los tribunales de alzada no podrá ser justificada con el argumento de haberse circunscrito a los puntos cuestionados de la resolución impugnada o que uno o varios de los presupuestos de concurrencia para la detención preventiva no fueron impugnados por la o las partes apelantes. En tal sentido, el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos para su procedencia, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del CPP”.

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0695_2025-S3.pdf · páginas 1 a 17.

Huella digital del PDF (SHA-256): 89dca20f090d05725a6904493dba222d898d7ee8fb5fcfe8ef7e7cdd03cf695a

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