B.IA.LEGAL

SCP 0695/2025-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 24 de junio de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
24 de junio de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
Expediente
53131-2023-107-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El impetrante de tutela denuncia la vulneración a sus derechos a la libertad y al debido proceso; toda vez que, dentro del proceso de asistencia familiar seguido en su contra, el Juez Público Mixto de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de San Ignacio de Velasco del departamento de Santa Cruz -ahora demandado-; previo a ingresar a sus vacaciones, desde el 9 de enero al 2 de febrero de 2023, no remitió su expediente ante el Juzgado de turno, con el objetivo de garantizar el derecho al debido proceso dentro de su caso; puesto que, la ejecución del Mandamiento de Apremio de 28 de abril de 2022, restringió su derecho a la libertad física el 12 de enero de 2023, quedando sin la posibilidad de recurrir tal determinación, ante la ausencia del control jurisdiccional; en tal sentido, el 13 de enero de 2023, realizó el deposito a la cuenta bancaria de la demandante, por la suma que exige el referido Mandamiento, empero, cuando se apersonó al Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, de Partido de Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primero de San Matías -de turno- le informaron que el expediente no se encontraba en el juzgado; motivo por el cual denuncia detención indebida. En consecuencia, dentro del presente caso corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: 1) La subsidiariedad excepcional de la acción de libertad aplicable en materia de asistencia familiar ante la emisión de un …

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 02/23 de 15 de enero; cursante de fs. 31 vta., a 37, pronunciada por el Juzgado de Sentencia Penal Vigésimo del Distrito Municipal Noveno del departamento de Santa Cruz, constituido en Tribunal de Garantías; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, advirtiéndose que no se ingresó al análisis de fondo, conforme a los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La subsidiariedad excepcional de la acción de libertad aplicable en materia de asistencia familiar ante la emisión de un mandamiento de apremio
  2. III.2. El derecho al debido proceso y su protección vía acción de libertad
  3. III.3. El control jurisdiccional en materia de asistencia familiar durante la vacación judicial colectiva a cargo de la autoridad judicial de turno
  4. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0695/2025-S1 Sucre, 24 de junio de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 53131-2023-107-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 02/23 de 15 de enero , cursante de fs. 31 vta., a 37, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Tito Wilson Cuaquira Padilla y Sasha Andrea Wagner Cabrera en representación sin mandato de Angel Rene Lischternahuer Perrogon en contra Miguel Borjas Borjas, Juez Público Mixto de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de San Ignacio de Velasco y Emilio Guzmán Peralta, Juez Público Mixto Civil y Comercial de Familia, de la Niñez y Adolescencia de Partido de Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primero de San Matías, ambos del departamento de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 14 de enero de 2023, cursante de fs. 9 a 10 vta., los representantes sin mandato del accionante expusieron los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Señala que, dentro del proceso de asistencia familiar seguido por Maira Chuquimia Raznatovich en su contra, se dispuso su privación de libertad a consecuencia de la ejecución del Mandamiento de Apremio de 28 de abril de 2022, librado por el Juez de la causa -ahora demandado-, disponiendo la detención al incumplimiento de la obligación de asistencia familiar, mismo que fue ejecutado el 12 de enero de 2023, sin considerar que el juzgado que emitió el citado Mandamiento está en periodo de vacación judicial en el segundo grupo, entre el 9 de enero al 2 de febrero del citado año.

Precisó que, canceló el total de la liquidación de asistencia familiar el 13 de enero de 2023, conforme consta en el comprobante bancario 4790841 del Banco Fassil Sociedad Anónima (S.A.), por el monto de Bs8 800.- (ocho mil ochocientos bolivianos), situación por la que habría acudido ante el Juez de turno del Juzgado Publico Mixto, Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, de Partido, de Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primero de San Matías del departamento de Santa Cruz en la citada fecha, para saber si se habría remitido el expediente del juzgado de origen y poder presentar el depósito de pago total de la asistencia familiar; empero, quedó sorprendido cuando le informaron que el expediente no fue remitido al juzgado de turno, razón por la que se encontraría en total estado de indefensión y privado de su libertad indebidamente.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

Denuncian la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso, citando al efecto al art. 125 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela; y en consecuencia se disponga su inmediata libertad.

I.2. Audiencia y Resolución del Juzgado de garantías

La audiencia pública virtual de consideración de la presente acción de libertad se realizó el 15 de enero de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 30 a 31, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogado se ratificó en el contenido íntegro de su demanda tutelar y agregó lo siguiente: a) El Juez de turno Emilio Guzmán Peralta, autoridad demandada, fue el responsable -no precisa de qué-, ya que al apersonarse a su juzgado advirtió que no tomó en cuenta que al ser Juez de turno y al haberse ejecutado el Mandamiento de Apremio estando el Juez de origen de vacaciones, debería tener el expediente, para poder presentar el memorial adjuntando el respectivo recibo de pago por la totalidad de la asistencia familiar -se infiere, adeudada-; b) El Juez de la causa, tenía la responsabilidad de remitir el expediente en los cuales se haya emitido dicho Mandamiento; y, c) No se cumplió el debido proceso y se produjo una flagrante vulneración de su derecho a la libertad dado que se encuentra privado de la misma, por tanto pretende el cumplimiento de la Norma Fundamental y los Tratados y Convenios Internacionales ratificados por Bolivia.

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

Emilio Guzmán Peralta, Juez Público Mixto Civil y Comercial de Familia, de la Niñez y Adolescencia de Partido de Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primero de San Matías del departamento de Santa Cruz; mediante informe escrito presentado el 15 de enero de 2023, cursante de fs. 23 vta., ratificado en audiencia virtual, señaló que: 1) Se debió dirigir la acción en honor a la idoneidad y lealtad, debidamente contra las personas que realmente han cometido las violaciones denunciadas; 2) Por la Circular TDJ-SCZ-SP 40/2022 -no precisa fecha-, asume competencia de los expedientes remitidos por el Juzgado que sale de vacaciones, y en el presente caso el Juzgado Publico Mixto de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de San Ignacio de Velasco del indicado departamento, pero no ha remitido ningún expediente en materia familiar que tenga Mandamiento de Apremio o con detenido por apremio corporal, por lo que dicho expediente de asistencia familiar seguido por Maira Chuquimia Raznatovich en su contra, no fue remitido a este juzgado; 3) Según el informe faccionado por el Secretario Renato Vargas Gemio del despacho judicial de San Matías, el Juzgado Público Mixto de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de San Ignacio de Velasco del referido departamento, solo ha remitido expedientes en materia de instrucción penal y no así de familia, tampoco remitió el expediente familiar del accionante; y, 4) Nadie se apersonó a presentar memorial con el déposito al juzgado del caso familiar, siendo una falsedad lo que alega el impetrante de tutela, incurriendo en contravención a los principios previstos por el art. 4.2 y 4 de la Ley del Ejercicio de la Abogacía (LEA) -Ley 387 de 9 de julio de 2013-. Miguel Borjas Borjas, Juez Público Mixto de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de San Ignacio de Velasco del referido departamento; mediante informe escrito presentado el 15 de enero de 2023, cursante de fs. 21 a 22 y en audiencia virtual, señaló que: i) Se ratifica en lo expuesto por el Juez Emilio Guzmán Peralta -autoridad demandada-; ii) Cuando se ejecutó el Mandamiento de Apremio, su persona se encontraba haciendo uso del derecho a la vacación; y, iii) Pidió que de acuerdo a la valoración de los antecedentes, informes presentados y al sano criterio, se sirva dictar la correspondiente resolución siempre enmarcándose al debido proceso.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal Vigésimo del Distrito Municipal Noveno del departamento de Santa Cruz, constituido en Juzgado de garantías, mediante Resolución 02/23 de 15 de enero, cursante de fs. 31 vta., a 37, concedió la tutela solicitada, disponiendo bajo los siguientes fundamentos: a) En el presente caso se debe realizar las ponderaciones entre dos derechos, por un lado el derecho a la libertad alegado por el accionante, contenido en el art. 22 de la CPE y por el otro, el derecho del menor de edad a gozar de las condiciones necesarias que denota la asistencia familiar (entre ellos la alimentación, salud, educación, vivienda, recreación y vestimenta) para su desarrollo integral, contenidos tanto en los arts. 16, 60 y 62 de la Ley Fundamentales, de donde se colige que las niñas y niños se benefician de lo indispensable para la vida a través de la asistencia familiar fijada por la autoridad judicial, teniendo mayor relevancia respecto a la libertad del obligado de dar la asistencia familiar, por lo que no puede pretender el hoy demandante de tutela se le conceda durante las vacaciones judiciales, siendo que la SCP 0203/2018-S2 del 22 de mayo, ha sido clara al manifestar que los mandamientos de ejecución de apremio emitidos por incumplimiento de asistencia familiar al ser una medida coercitiva que tiene como fin la previsión de los recursos necesarios para la subsidiariedad del menor de edad, no puede quedar suspendida ante la vigencia de vacaciones colectivas; sin embargo, esta Sentencia Constitucional hace referencia que durante este periodo de vacaciones judiciales debe preverse el funcionamiento de uno o más juzgados para la atención de causas familiares, para que atiendan la ejecución de estos mandamientos de apremio, y así evitar violaciones de derechos que podrían presentarse en su ejecución; b) En el presente caso, la autoridad demandada Miguel Borjas Borjas, Juez Publico Mixto de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de San Ignacio de Velasco del departamento de Santa Cruz, omitió remitir el cuaderno procesal relativo al proceso extraordinario de asistencia familiar seguido por Maira Chuquimia Raznotovich al hoy accionante, pese haber librado Mandamiento de Aprehensión en su contra el 2 de abril del año 2022, cuya vigencia es indefinida, dejándolo en total estado de indefensión ante una posterior cancelación total de lo adeudado, tal como sucedió en el presente caso, existiendo un extracto bancario emitido por el Banco FASSIL S.A., que da cuenta que el 13 de enero de 2023 a horas 11:24 la hermana del hoy accionante, Ximena Lischternahuer Perrogon, hizo efectiva la cancelación del total adeudado por el hoy impetrante de tutela por concepto de asistencia familiar a la cuenta 4790841 a nombre de Maira Chuquimia Raznotovich; c) Al evidenciarse que no cuenta con un juzgado que tenga control jurisdiccional y pueda disponer la inmediata libertad del hoy solicitante de tutela, quien habría cumplido con el pago total de las pensiones devengadas, es pertinente conceder la tutela y ordenar la emisión del mandamiento de libertad a su favor; y, d) Con relación al demandado Emilio Guzmán Peralta y en virtud de la documental que presentó, se tiene que en ningún momento tuvo conocimiento sobre el proceso extraordinario de asistencia familiar que se le hubiera seguido al hoy accionante, toda vez que dicho proceso familiar no habría sido remitido a su despacho judicial debido a las vacaciones judiciales, lo cual también estaría corroborado por el informe elevado por el Secretario del Juzgado a su cargo, por lo que no es pertinente conceder la tutela en contra de esta autoridad accionada.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. De acuerdo al Mandamiento de Apremio, de 28 de abril de 2022, emitido por Miguel Borjas Borjas, Juez Público Mixto de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de San Ignacio de Velasco del departamento de Santa Cruz, se tiene que ordenó el apremio corporal de Angel Rene Lischternahuer Perrogon -ahora accionante-, de conformidad a los arts. 23.III de la CPE y 127 del Código de las Familias y del Proceso Familiar (CFPF) -Ley 603 de 19 de noviembre de 2014-, Código de las Familias y del Proceso Familiar, a efecto de ser conducido a la cárcel pública hasta que cancele la suma de Bs8 800.- (ocho mil ochocientos bolivianos) por concepto de pensiones de asistencia familiar devengadas (fs. 6). II.2. Por impresión de la página del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, se tiene que se comunicó oficialmente la vacación judicial del segundo grupo gestión 2022, en el indicado departamento, que fue cumplida desde el 9 de enero al 2 de febrero del 2023; grupo en el cual, se encuentra inserto el Juzgado Público Mixto Civil y Comercial Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de San Ignacio de Velasco del señalado departamento (fs. 7). II.3. Cursa informe de José Renato Vargas Gemio Secretario del Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, Partido de Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primero de San Matías del departamento de Santa Cruz, que informa lo siguiente: “- Solamente tenemos expedientes en materias penales y no así de materia familiar con orden de aprehensión ejecutada o por ejecutarse; - En el oficio remitido no existe el expediente que se solicita informe, como tampoco se tiene algún memorial referente a ese caso en este juzgado; -Se adjunta en constancia copia del oficio con el listado de causas enviado por el Juzgado Publico Mixto de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal 1° de San Ignacio de Velasco, y la guía del currier en que se evidencia lo informado” (sic [fs.25]).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El impetrante de tutela denuncia la vulneración a sus derechos a la libertad y al debido proceso; toda vez que, dentro del proceso de asistencia familiar seguido en su contra, el Juez Público Mixto de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de San Ignacio de Velasco del departamento de Santa Cruz -ahora demandado-; previo a ingresar a sus vacaciones, desde el 9 de enero al 2 de febrero de 2023, no remitió su expediente ante el Juzgado de turno, con el objetivo de garantizar el derecho al debido proceso dentro de su caso; puesto que, la ejecución del Mandamiento de Apremio de 28 de abril de 2022, restringió su derecho a la libertad física el 12 de enero de 2023, quedando sin la posibilidad de recurrir tal determinación, ante la ausencia del control jurisdiccional; en tal sentido, el 13 de enero de 2023, realizó el deposito a la cuenta bancaria de la demandante, por la suma que exige el referido Mandamiento, empero, cuando se apersonó al Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, de Partido de Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primero de San Matías -de turno- le informaron que el expediente no se encontraba en el juzgado; motivo por el cual denuncia detención indebida. En consecuencia, dentro del presente caso corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: 1) La subsidiariedad excepcional de la acción de libertad aplicable en materia de asistencia familiar ante la emisión de un mandamiento de apremio; 2) El derecho al debido proceso y su protección vía acción de libertad; 3) El control jurisdiccional en materia de asistencia familiar durante la vacación judicial colectiva a cargo de la autoridad judicial de turno; y, 4) Análisis del caso concreto.

III.1. La subsidiariedad excepcional de la acción de libertad aplicable en materia de asistencia familiar ante la emisión de un mandamiento de apremio

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0328/2022-S1 de 1 de junio, -entre otras-, desarrolló el siguiente razonamiento:

El art. 125 de la Constitución Política del Estado (CPE) refiere respecto al planteamiento de la acción de libertad y señala que:

Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad.

Por su parte el Tribunal Constitucional a través de la SC 0008/2010-R de 6 de abril, hace mención a la naturaleza de esta acción de defensa al indicar que: “Su naturaleza hace que esta acción, frente a otros mecanismos ineficaces, se configure como un medio de defensa idóneo para la protección efectiva y real de derechos fundamentales vinculados a la vida, libertad y procesamientos indebidos que hagan peligrar, supriman o restrinjan estos derechos”

Asimismo, esta misma Sentencia Constitucional en el Fundamento Jurídico III.4 modulando en entendimiento señalado en la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, manifiesta:

I. El recurso de hábeas corpus, ahora acción de libertad, es el medio idóneo y eficaz para conocer y restituir cualquier tipo de lesión o vulneración que pueda atentar al derecho a la vida, la libertad o constituir una persecución o procesamiento indebido que atente o ponga en peligro el derecho a la libertad, cuando de acuerdo a las circunstancias concretas, a pesar de existir mecanismos de protección específicos y establecidos por la ley procesal vigente, éstos resulten ser evidentemente inoportunos o inconducentes, de manera tal que esta acción de defensa, por la urgencia de la situación, se configura como el medio más eficaz para restituir los derechos afectados; empero, en caso de existir mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, deben ser utilizados previamente por el o los afectados; en estos casos por tanto, la acción de libertad operará solamente en caso de no haberse restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías específicas (las negrillas son añadidas).

En ese contexto la SC 0080/2010-R de 3 de mayo, señaló que la acción de libertad, no puede ser desnaturalizada en su esencia y finalidad, debiendo evitarse que se convierta en un medio alternativo o paralelo que provoque confrontación jurídica con la jurisdicción ordinaria.

En consecuencia, este entendimiento debe ser asumido en materia de asistencia familiar ante la emisión de un mandamiento de apremio que vulnera el derecho a la libertad como resultado de una supuesta ilegal persecución, indebido procesamiento o privación de libertad, debiendo agotarse los mecanismos idóneos, eficaces y oportunos al alcance, a efectos de buscar la restitución del derecho lesionado, no siendo pertinente activar de manera directa la justicia constitucional. En ese contexto jurisprudencial, es posible concluir en que, el principio de subsidiariedad excepcional que rige la acción de libertad, es aplicable en materia familiar ante vulneraciones al derecho a la libertad, cuando el ordenamiento procesal de esta rama jurídica, establece los medios de defensa intraprocesales, para reparar de manera urgente las presuntas lesiones del derecho a la libertad de las personas.

III.2. El derecho al debido proceso y su protección vía acción de libertad

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0490/2019-S2 de 9 de julio, asumió el siguiente razonamiento:

A partir de lo señalado precedentemente, corresponde efectuar un examen de la línea jurisprudencial del Tribunal Constitucional sobre el procesamiento indebido y su protección vía acción de libertad. Así, cabe mencionar como antecedente a la SC 0024/2001-R de 16 de enero, que estableció que la protección al debido proceso a través del entonces recurso de habeas corpus, era viable solamente en aquellos casos en los cuales exista directa causalidad con la libertad personal o de locomoción, es decir, cuando los actos u omisiones denunciados sean la causa directa para la restricción o supresión del derecho a la libertad.

Posteriormente, la SC 1865/2004-R de 1 de diciembre, refirió que las lesiones al debido proceso están llamadas a ser reparadas por los mismos órganos jurisdiccionales que conocen la causa, lo que implica que quien fue objeto de esa lesión, debe pedir la reparación a los jueces y tribunales ordinarios, a través de los medios y recursos que prevé la ley, y solo agotados éstos, es posible acudir a la justicia constitucional a través del entonces recurso de amparo constitucional, al ser el medio idóneo para precautelar las lesiones al debido proceso, salvo que se constate que a consecuencia de dichas violaciones, se colocó al accionante en absoluto estado de indefensión, lo que no le permitió impugnar los supuestos actos ilegales y que recién tuvo conocimiento del proceso al momento de la persecución o la privación de la libertad. Los criterios señalados fueron sistematizados en la SC 0619/2005-R de 7 de junio indicando que para la tutela del debido proceso a través del entonces recurso de hábeas corpus, debían concurrir los siguientes requisitos: 1) Los actos u omisiones denunciados debían estar vinculados con la libertad y ser causa directa para su supresión o limitación; y, 2) Debía existir absoluto estado de indefensión, impidiéndoles impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso.

Este entendimiento fue seguido por la jurisprudencia constitucional hasta su modulación por la SCP 0217/2014 de 5 de febrero, en la que, a 3El FJ III.1, refiere: “Consiguientemente, a partir de la doctrina constitucional sentada en la SC 1865/2004-R, de 1 de diciembre, para que la garantía de la libertad personal o de locomoción pueda ejercerse mediante el recurso de hábeas corpus cuando se denuncia procesamiento ilegal o indebido deben presentarse, en forma concurrente, los siguientes presupuestos: a) el acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión; b) debe existir absoluto estado de indefensión, es decir, que el recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién tuvo conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de la libertad”.

4El FJ III.1, manifiesta: “Los razonamientos citados precedentemente, han permitido la tutela del debido proceso mediante la acción de libertad siempre y cuando se encuentre directamente vinculado con el derecho a la libertad; sin embargo, de una interpretación sistemática y teleológica de los arts. 115.II, 125, 178.I y 180.I de la CPE, con relación al art. 46 del Código de Procedimiento Penal (CPCo), a la luz del principio de favorabilidad y la fuerza expansiva de los derechos fundamentales, corresponde efectuar un cambio de línea jurisprudencial respecto a la tutela del debido proceso mediante la acción de libertad.

A este efecto corresponde extraer las partes esenciales de los precitados preceptos legales; en consecuencia, se tiene que el art. 125 de la Constitución, establece que: “Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o indebidamente procesada o privada de libertad (…), podrá interponer Acción de Libertad (…) ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará (…) se restablezcan las formalidades legales…”(las negrillas son nuestras); lo cual implica expresamente que, la acción de libertad se podrá activar en los siguientes supuestos: 1) Cuando se encuentre en peligro la vida; 2) Cuando exista o se denuncie persecución ilegal; 3) Cuando exista o se denuncie procesamiento indebido; y, 4) Cuando exista amenaza o privación efectiva de la libertad; es decir que, en cualquiera de estos supuestos, podrá acudirse a la acción constitucional a efectos de que los derechos vulnerados sean protegidos o restituidos, no siendo imprescindible la concurrencia simultánea de dos o más de estos presupuestos para activar la presente acción tutelar y tampoco que se encuentren vinculados directamente con el derecho a la libertad o se desprendan de ella.

Efectivamente, debe considerarse, por un lado, que los supuestos de procedencia de la acción de libertad señalados en el art. 125 de la CPE y el art. 47 del CPCo, y cuando se hace referencia al indebido procesamiento, en ningún momento se condiciona la procedencia la vinculación directa con el derecho a la libertad física o personal.

En ese entendido, bajo una interpretación literal de dichas normas, pero también atendiendo a una interpretación teleológica de las mismas, debe señalarse que la garantía del debido proceso en materia penal es tutelable por la acción de libertad, aún no exista una vinculación directa con el derecho a la libertad física o personal, siendo suficiente la existencia de una relación indirecta con dicho derecho ante la amenaza de privación de libertad que el proceso penal supone. Dicho razonamiento se refuerza con lo previsto en el art. 125 de la CPE, que determina que la acción debe ser presentada ante el juez o tribunal competente en materia penal, de donde se puede extraer que tanto la finalidad de dicha previsión como la intención del constituyente es que sean los jueces especializados en materia penal los que puedan analizar los supuestos de procedencia que se encuentran dentro del ámbito de la acción de libertad -que en su mayoría emergen de procesos penales- entre ellos el procesamiento indebido, pues, conforme al principio de especialidad, no resultaría congruente que las lesiones al debido proceso sean conocidas y resueltas a través de una acción de amparo constitucional (…)

Como consecuencia, el debido proceso en materia penal, constituye ante todo una limitación al poder punitivo del Estado, siendo que en su esencia comprende el conjunto de garantías sustanciales y procesales establecidas por el legislador a efectos de partir de una interpretación sistemática y teleológica de los arts. 115.II, 125, 178.I y 180.I de la CPE con relación al art. 46 del CPCo, a la luz del principio de favorabilidad y la fuerza expansiva de los derechos fundamentales, estableció en el Fundamento Jurídico III.1, que: (…) Efectivamente, debe considerarse, por un lado, que los supuestos de procedencia de la acción de libertad señalados en el art. 125 de la CPE y el art. 47 del CPCo, y cuando se hace referencia al indebido procesamiento, en ningún momento se condiciona la procedencia la vinculación directa con el derecho a la libertad física o personal.

En ese entendido, bajo una interpretación literal de dichas normas, pero también atendiendo a una interpretación teleológica de las mismas, debe señalarse que la garantía del debido proceso en materia penal es tutelable por la acción de libertad, aún no exista una vinculación directa con el derecho a la libertad física o personal, siendo suficiente la existencia de una relación indirecta con dicho derecho ante la amenaza de privación de libertad que el proceso penal supone (…) [resaltado añadido].

Asimismo, la misma Sentencia señaló que: “…las lesiones al debido proceso en materia penal en aquellos casos en los que se colocó al accionante en absoluto estado de indefensión o cuando éste agotó los medios de impugnación intra procesales, son susceptibles de la tutela constitucional que brinda la acción de libertad”.

Sin embargo, posteriormente la SCP 1609/2014 de 19 de agosto asegurar la legalidad, regularidad y eficacia de la actividad jurisdiccional en la investigación y juzgamiento de los hechos punibles, siempre bajo la condicionante de proteger los derechos y garantías constitucionales de las personas; protección que abarca entre otros elementos, los principios medulares que integran su núcleo esencial: legalidad, juez natural o legal, favorabilidad, presunción de inocencia, derecho a la defensa (derecho a la asistencia de un abogado, a presentar y controvertir pruebas, a oponer la nulidad de las obtenidas con violación del debido proceso, y a impugnar la sentencia condenatoria), debido proceso público sin dilaciones injustificadas, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.

De esta manera, se concluye que el debido proceso penal, es una garantía procesal establecida por la Constitución Política del Estado, que tiene como objetivo proteger los derechos constitucionales que de él emergen y en ese proceso controlar la capacidad punitiva del Estado que, en su momento puede afectar la libertad personal y la presunción de inocencia de aquellos que se encuentran involucrados en una contienda judicial penal.

En este contexto y estando establecido que toda persona sometida a un proceso penal, se halla constitucionalmente imbuido del derecho a la defensa, a la asistencia de un abogado para su asesoramiento en las diferentes etapas del proceso, a un debido proceso sin dilaciones injustificadas, a la posibilidad de presentar pruebas y controvertir las que se alleguen en su contra, a impugnar la sentencia condenatoria y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho, en resumen del derecho a un debido proceso, se determina que, únicamente cuando se trata de materia penal, la acción de libertad es el medio idóneo, eficaz y eficiente para restablecer el debido proceso, en todos sus elementos.

En consecuencia, se hace necesario establecer a partir de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional que las lesiones al debido proceso en materia penal en aquellos casos en los que se colocó al accionante en absoluto estado de indefensión o cuando éste agotó los medios de impugnación intra procesales, son susceptibles de la tutela constitucional que brinda la acción de libertad”.

5El FJ III.3, expresa: “Conforme a dicho razonamiento, la exigencia de vinculación entre el derecho a la libertad y el debido proceso, como presupuesto exigible para su tutela a través de la acción de libertad, desaparecía; sin embargo, el Tribunal Constitucional Plurinacional considera que, partiendo de la propia naturaleza jurídica de la acción de libertad, desarrollada en el Fundamento Jurídico anterior y cuyo principal objetivo es precisamente tutelar de manera específica el derecho a la libertad, no puede modificarse su esencia y ampliar su espectro de acción a aquellos asuntos netamente procedimentales que, aun cuando devengan del área penal, no se hallen en vinculación con el derecho a la libertad; en consecuencia, mediante la presente recondujo la línea al criterio restrictivo; es decir, a la exigencia de la directa causalidad entre el acto u omisión denunciados como lesivos y la libertad; y, la existencia de absoluto estado de indefensión.

Ahora bien, efectuando un examen de la línea jurisprudencial en cuanto al procesamiento indebido en las acciones de libertad, el estándar jurisprudencial más alto se encuentra contenido en la SCP 0217/2014, por cuanto no limita la protección de la garantía del debido proceso vía acción de libertad a la existencia de indefensión absoluta y vinculación directa con el derecho a la libertad, sino -como se tiene señalado-establece que es posible la protección de la garantía del debido proceso, dentro de los procesos penales, aun no exista una vinculación directa con el derecho a la libertad, siempre que se hubieren agotado los medios intraprocesales de impugnación, salvo los supuestos de indefensión absoluta, en los cuales no se exige el agotamiento previo de las vías de impugnación existentes.

De conformidad a lo anotado, se entiende que las subreglas aplicables en materia de procesamiento indebido vía acción de libertad, deberían ser las siguientes:

La garantía del debido proceso en materia penal es tutelable por la acción de libertad, cuando: i) Exista vinculación directa o indirecta con el derecho a la libertad física o personal, ante la amenaza de privación de libertad que el proceso penal supone; y, ii) Se hubieren agotado los medios de impugnación dentro del proceso penal, siempre que estos sean idóneos, específicos y aptos para restituir de forma inmediata los derechos que se encuentran en el ámbito de protección de la acción de libertad; salvo indefensión absoluta del Sentencia Constitucional Plurinacional, se hace necesario reconducir el anterior entendimiento y restablecer la jurisprudencia constitucional previa, respecto a la exigencia de vinculación entre el derecho a la libertad y el debido proceso.

Este entendimiento, emerge precisamente de la interpretación literal y teleológica del art. 125 CPE, que establece la procedencia de la acción de libertad, cuando se produzca una restricción o amenaza de restricción ilegal o indebida a los derechos fundamentales a la vida y a la libertad física a raíz de una persecución ilegal o un indebido procesamiento; en consecuencia, tratándose de la procedencia de la acción de libertad en relación al debido proceso, debe entenderse que la inobservancia a éste -debido proceso-, ha sido la causal principal para la afectación del bien jurídico libertad; pues, de lo contrario, si los actos emergentes del procesamiento no ponen en riesgo la libertad y no ocasionan su restricción, no podrán ser evaluados y considerados a través de la acción de libertad, correspondiendo su tratamiento, una vez agotados todos los medios intra procesales, a la acción de amparo constitucional, como medio de defensa idóneo en el jurisdicción constitucional para reparar y subsanar los defectos procesales en que pudieran haber incurrido tanto servidores públicos como personas particulares.

En este contexto, corresponde reconducir al entendimiento asumido anteriormente por las SSCC 0219/2004-R de 19 de octubre y 1865/2004-R de 1 de diciembre”.

6La SCP 0160/2005-R de 23 de febrero, que es fundadora de la línea jurisprudencial referida a la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, estableció en el FJ. III.1.2, que: “De lo anterior se extrae, que la existencia de la garantía constitucional en análisis, no implica que todas las lesiones al derecho a la libertad tengan que ser necesariamente reparadas de manera exclusiva y excluyente a través del hábeas corpus; pues no se trata de una garantía que tenga la vocación de reparar, en exclusiva, todas las formas de lesión a la libertad que pudieran invocarse, sino la de dotar a la persona de un medio de defensa sencillo, eficaz y oportuno, para restablecer la lesión sufrida.

En consecuencia, en los supuestos en que la norma procesal ordinaria de manera específica prevea medios de defensa eficaces y oportunos para resguardar el derecho a la libertad supuestamente lesionado, estos deben ser utilizados, previamente, circunstancia en la que excepcionalmente, el recurso de habeas corpus operará de manera subsidiaria.

El entendimiento interpretativo aludido guarda compatibilidad con los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos. En efecto, lo que exigen tales instrumentos, es que los países partes, provean en sus ordenamientos, un accionante, supuesto en el cual, la acción de libertad podrá ser formulada de manera directa.

III.3. El control jurisdiccional en materia de asistencia familiar durante la vacación judicial colectiva a cargo de la autoridad judicial de turno

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0328/2022-S1 de 1 de junio, asumió el siguiente razonamiento:

El art. 126 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) señala:

“(Vacaciones). I. Las magistradas y los magistrados, las y los vocales, juezas y jueces, así como los servidores de apoyo judicial de sus despachos, gozarán de una vacación anual de veinticinco (25) días calendario y continuos, que serán reguladas y programadas por el Tribunal Supremos y los Tribunales Departamentales de Justicia, en coordinación con el Consejo de la Magistratura.

II. El Tribunal Supremo y los Tribunales Departamentales de Justicia, en la programación de sus vacaciones deberán garantizar la continuidad del servicio judicial en todas las materias.

III. El Tribunal Supremo de Justicia, a tiempo de la inauguración del año judicial dará a conocer la fecha de iniciación de la vacación para ese tribunal. Los Tribunales Departamentales, lo harán en sus respectivas circunscripciones. IV. Durante el periodo de las vacaciones de los Tribunales Departamentales de Justicia, todo plazo en la tramitación de los juicios, quedaran suspendidos y continuara automáticamente a la iniciación de sus labores, debiendo establecerse con precisión el momento de suspensión y de reapertura de dichos plazos.

V. En tanto dure la vacación permanecerán en funciones uno o más juzgados públicos en las materias que fueren necesarias, para la

atención de las causas” (Las negrillas son nuestras). Dentro del referido marco legal, se entiende que se está garantizado la continuidad del servicio judicial en todas las materias durante la vacación medio de defensa efectivo; esto es pronto y eficaz, contra actos que lesionen los derechos fundamentales, entre ellos, el derecho a la libertad. Conforme a esto, el art. 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, proclama que `Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley´. En lo regional, el art. 7.6 de la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, con más especificidad, proclama que 'Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales. En los Estados partes cuyas leyes prevén que toda persona que se viera amenazada de ser privada de su libertad tiene derecho a recurrir a un juez o tribunal competente a fin de que éste decida sobre la legalidad de tal amenaza, dicho recurso no puede ser restringido ni abolido. Los recursos podrán interponerse por sí o por otra persona'.

Como se puede apreciar, lo que persiguen los pactos internacionales sobre derechos humanos, es garantizar la existencia de un recurso sumario, pronto y eficaz, al que pueda acudir toda persona, para que ésta sin demora, decida sobre la lesión a la libertad alegada, recurso que no necesariamente tiene que ser, el hábeas corpus.

Consiguientemente, como el ordenamiento jurídico no puede crear y activar recursos simultáneos o alternativos con el mismo fin sin provocar disfunciones procesales no queridas por el orden constitucional, se debe concluir que el proceso constitucional del hábeas corpus, únicamente se activa cuando los medios de defensa existentes en el ordenamiento común, no sean los idóneos para reparar, de manera urgente, pronta y eficaz, el derecho a libertad ilegalmente restringido. No es posible acudir a este recurso, cuando el ordenamiento jurídico prevé medios de impugnación específicos y aptos para restituir el derecho a la libertad, en forma inmediata. Conforme a esto, solamente una vez agotado tal medio de defensa y ante la persistencia de la lesión, se podrá acudir a la jurisdicción constitucional, invocando la tutela que brinda el hábeas corpus”.

judicial; puesto que, conforme a la disposición descrita, los tribunales departamentales de justicia son los encargados de hacer conocer mediante circulares los juzgados que se quedan de turno durante ese periodo; por lo que, ante esta prevención no existe riesgo de eventuales vulneraciones a los derechos fundamentales de las personas, ya que en ausencia del Juez o Jueza de la causa, todos los requerimientos y solicitudes deberán ser conocidas y resueltas por la autoridad jurisdiccional de turno. En este mismo sentido, la jurisprudencia constitucional ha establecido a través de la SCP 0206/2017-S3 de 21 de marzo, que:

“En el marco legal y jurisprudencial anotado, las Circulares que prohíben la ejecución de los mandamientos de apremio en materia de asistencia familiar durante la vacación judicial colectiva, implican una medida que contradice la regulación prescrita por el citado art. 436 del CF, y todo el desarrollo jurisprudencial que en base a dicho articulado ha refrendado la no interrupción de la obligación de suministro oportuno de la asistencia familiar, principalmente por el interés social que representa, pues debe tomarse en cuenta que dichas Circulares en definitiva se emiten con el fin de concretar la previsión del art. 126.II de la LOJ, que refiere: ‘El Tribunal Supremo de Justicia y los Tribunales Departamentales de Justicia, en la programación de sus vacaciones, deberán garantizar la continuidad del servicio judicial en todas las materias”’ siendo así, no existe riesgo de que las eventuales vulneraciones que se podrían dar en la ejecución de tales mandamientos queden sin resguardo jurisdiccional debido a la ausencia del Juez o Jueza de la causa, pues si se dieran, las mismas deberán ser conocidas y resueltas por el Juez de turno, lo mismo que si se quisiera concretar algún pago respecto a la liquidación de pensiones devengadas, pues el régimen legal descrito prevé que: “Las pensiones devengadas se liquidarán en el día y se ordenará su pago inmediato, deduciéndose los abonos debidamente comprobados” (parte in fine del art. 436 del 6 CF), en ese sentido, debe preverse el acceso a los expedientes de aquellos casos en los que se haya emitido mandamiento de apremio contra la parte obligada, a los fines de lograr un efectivo control jurisdiccional durante la vacación judicial” (las negrillas nos corresponden).

Bajo este entendimiento, se puede colegir que ningún privado de libertad por cualquier causa, sea en materia penal o en cualquier otra materia (procesos familiares o de naturaleza familiar), queda en indefensión durante el periodo de vacación judicial, ya que para la atención de sus solicitudes están los juzgados de turno a los que deben acudir; a tal efecto, los jueces titulares deben remitir los expedientes de aquellos casos que se encuentran con mandamiento de apremio por incumplimiento de asistencia familiar, a efectos de que los interesados puedan tener el acceso a estos, con el fin de lograr un efectivo control jurisdiccional.

III.4. Análisis del caso concreto

El impetrante de tutela denuncia la vulneración a sus derechos a la libertad y al debido proceso; toda vez que, dentro del proceso de asistencia familiar seguido en su contra, el Juez Público Mixto de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de San Ignacio de Velasco del departamento de Santa Cruz -ahora demandado-, previo a ingresar a sus vacaciones, desde el 9 de enero al 2 de febrero de 2023, no remitió su expediente ante el Juzgado de turno, con el objetivo de garantizar el derecho al debido proceso dentro de su caso; puesto que, la ejecución del Mandamiento de Apremio de 28 de abril de 2022, restringió su derecho a la libertad física el 12 de enero de 2023, quedando sin la posibilidad de recurrir tal determinación, ante la ausencia del control jurisdiccional; en tal sentido, el 13 de enero de 2023, realizó el depósito a la cuenta bancaria de la demandante, por la suma que exige el Mandamiento de Apremio, empero, cuando se apersonó al Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, de Partido de Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primero de San Matías del señalado departamento -de turno- le informaron que el expediente no se encontraba en el juzgado; motivo por el cual denuncia detención indebida.

De la revisión de los antecedentes descritos en las conclusiones de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se tiene que el Juez Publico Mixto de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de San Ignacio de Velasco del referido departamento, emitió el Mandamiento de Apremio de 28 de abril de 2022, al constatarse que el ahora accionante tenía acumulada la suma de Bs8 800.- (ocho mil ochocientos bolivianos), por concepto de deuda de asistencia familiar; dicho Mandamiento fue ejecutado el 12 de enero del 2023. (Conclusión II.1). Dentro del presente caso, el ahora accionante denuncia que su persona se encuentra detenido de manera indebida, toda vez que se ejecutó el Mandamiento de Apremio, el 12 de enero de 2023; encontrándose a la fecha de presentación de esta acción tutelar, todavía recluido en el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz, sin el correspondiente control jurisdiccional, ello porque el Juez de la causa se encontraba de vacaciones, desde el 9 de enero al 2 de febrero del 2023, sin haber remitido su expediente ante el Juzgado de turno (Conclusión II.2); en ese marco, esta instancia constitucional analizará la presente acción de defensa. Ahora bien, conforme a la jurisprudencia constitucional descrita en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se establece que el principio de subsidiariedad excepcional que rige a la acción de libertad, es aplicable en materia familiar ante vulneraciones al derecho a la libertad, cuando el ordenamiento procesal de esta rama jurídica establece los medios de defensa intraprocesales, para reparar de manera urgente las presuntas lesiones del derecho a la libertad de las personas. Ahora bien, sobre la denuncia de que la omisión de la remisión de antecedentes al juzgado de turno, por parte de la autoridad jurisdiccional -ahora accionada-, le dejó sin control jurisdiccional; y, sin la posibilidad de que pueda efectuar la cancelación de la asistencia familiar adeudada, así como realizar sus solicitudes de rebaja de asistencia familiar y pago de lo adeudado en cuotas; se debe señalar que, el Órgano Judicial si bien tiene establecido un régimen de vacación judicial para todos sus servidores; empero, a efectos de no lesionar derechos, ha previsto que los Tribunales Departamentales de Justicia, garanticen la continuidad del servicio judicial en todas las materias, disponiendo durante dicho periodo vacacional, la atención de las causas por los juzgados de turno, a este efecto y conforme al citado Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, en materia de asistencia familiar, también se ha garantizado el derecho de los beneficiarios con la no interrupción de la obligación de suministro oportuno de la misma, y asimismo los derechos del obligado, en aquellos casos en que se encuentre con apremio por dicha causa, por lo que también en los casos de solicitud de libertad, los juzgados de turno deben conocer y resolver los mismos. En tal sentido, el accionante después de haber sido apremiado por incumplimiento de pago de la asistencia familiar, si necesitaba activar el control jurisdiccional; a efectos de tener la posibilidad de cancelar la referida asistencia adeudada, así como realizar solicitudes de rebaja de asistencia familiar o pago de lo adeudado en cuotas; antes de activar la vía constitucional, debió acudir directamente ante el Juez de Familia de turno, a pesar de la no remisión de los antecedentes, haciendo conocer su solicitud para que sea esta autoridad, la que considere y defina su situación jurídica; por lo que, al no haberlo hecho de esa manera, incumplió con el principio de subsidiariedad, ya que sin ser reiterativos, tanto la ley como la jurisprudencia constitucional ha establecido el garantizar la continuidad del servicio judicial en todas las materias, cuya responsabilidad recae en el Juez o Jueza de turno, en periodo de vacación judicial; en consecuencia, corresponde denegar la tutela impetrada con referencia a este punto sin ingresar al análisis de fondo, por lo que la afirmación que dentro del presente caso no existe el control jurisdiccional, resulta ser una afirmación falsa. Ahora bien, en cuanto a la no remisión de los antecedentes procesales por parte del Juez Público Mixto de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de San Ignacio de Velasco del departamento de Santa Cruz, ante el Juez de turno; es necesario el advertir que tal extremo no es el causante directo de la supuesta vulneración del derecho a la libertad física del ahora accionante, sino el hecho de que este no haya cancelado el monto mensual fijado para asistencia familiar, que al momento de la emisión del referido Mandamiento de Apremio, alcanzó la suma de Bs8 800 (ocho mil ochocientos bolivianos), por lo que claramente se puede concluir que no se cumplió con tal obligación, por el lapso de varios años, siendo ese el motivo real de la restricción a su libertad; motivo por el cual, las denuncias de incumplimiento de determinadas formalidades procesales, que supuestamente hubieren vulnerado su derecho a la libertad, carecen en absoluto de relevancia ante la constatación material del incumplimiento de pago de la referida asistencia familiar por el lapso de varios años.

Ante tales circunstancias, no se advierte que la falta de remisión de los antecedentes ante el Juez de turno, denunciada por su parte, se constituya en un acto procesal que se encuentre directamente vinculado a su libertad, o que tal extremo sea la causa directa para su supresión o limitación; aparte de ello, se tiene que no se evidencia actuación procesal alguna que acredite que se hubiera acudido mediante escrito, al Juez de turno haciéndole conocer el mencionado extremo, por lo que también corresponde denegar la tutela al no cumplirse con el principio de subsidiariedad excepcional. En consecuencia, el Juez de garantías al conceder la tutela, obró de manera incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 02/23 de 15 de enero; cursante de fs. 31 vta., a 37, pronunciada por el Juzgado de Sentencia Penal Vigésimo del Distrito Municipal Noveno del departamento de Santa Cruz, constituido en Tribunal de Garantías; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, advirtiéndose que no se ingresó al análisis de fondo, conforme a los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca MAGISTRADA

Notas al pie

1 El último Considerando, señala: “Que la protección que brinda el art. 18 de la Constitución Política en cuanto al debido proceso se refiere, no abarca a todas las formas en que el mismo puede ser infringido, sino sólo a aquellos supuestos en los que está directamente vinculado al derecho a la libertad personal o de locomoción, por operar como causa para su restricción o supresión, quedando por tanto las demás bajo la tutela que brinda el art. 19 constitucional, que a diferencia del Hábeas Corpus, exige para su procedencia el agotamiento de otras vías o recursos idóneos para lograr la reparación inmediata del acto o la omisión ilegal”. 2El FJ III.2, indica: “De lo dicho se concluye que en los procesos instaurados de acuerdo al ordenamiento jurídico boliviano, en el sentido del orden constitucional, las lesiones al debido proceso están llamadas a ser reparadas por los mismos órganos jurisdiccionales que conocen la causa, lo que implica que quien ha sido objeto de esa lesión, debe pedir la reparación a los jueces y tribunales ordinarios, asumiendo activamente su rol dentro del proceso, a través de los medios y recursos que prevé la ley, y sólo agotados éstos, se podrá acudir ante la jurisdicción constitucional a través del recurso de amparo constitucional, que, como se ha señalado, es el recurso idóneo para precautelar las lesiones a la garantía del debido proceso; a no ser que se constate que a consecuencia de las violaciones al debido proceso invocadas, se colocó al recurrente en absoluto estado de indefensión, lo que no le permitió impugnar los supuestos actos ilegales y que recién tuvo conocimiento del proceso al momento de la persecución o la privación de la libertad”.

Más sobre Acción de libertad — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0695_2025-S1.pdf · páginas 1 a 16.

Huella digital del PDF (SHA-256): 7ff746f64e66ff6bd68f9dacc5a139fe8c0e5be1dc5fe6ea7173bdd1e4326bfb

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