Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 24 de junio de 2025
Deniega la tutela
La peticionante de tutela, denuncia la vulneración de los derechos a la libertad y al debido proceso en sus componentes de fundamentación, motivación y congruencia; toda vez que, mediante Auto Interlocutorio de 16 de agosto de 2022, el Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Potosí, concedió la cesación de su detención preventiva; empero, el representante del Ministerio Público interpuso recurso de apelación incidental contra dicha determinación; de esta forma, el Vocal ahora demandado emitió el Auto de Vista de ese mes y año, revocando el fallo del Tribunal a quo; exigiendo indebidamente desvirtuar extremos, que no coinciden con los motivos que se fundó para que se mantenga concurrente el único riesgo procesal establecido en el art. 235.2 del CPP; además, la autoridad demandada, no valoró la documentación presentada para desvirtuar el referido riesgo procesal, siendo la segunda vez que se revocó su cesación a la detención preventiva con el mismo fundamento del art. […]
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 01/23 de 17 de enero de 2023, cursante de fs. 69 a 74, emitida por el Juez de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Potosí; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, conforme a los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0694/2025-S1 Sucre, 24 de junio de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 53126-2023-107-AL Departamento: Potosí En revisión la Resolución 01/23 de 17 de enero de 2023, cursante de fs. 69 a 74, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Rosalinda Alva Salas contra Jaime Vladimir Jiménez Vidaurre, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí.
Mediante memorial presentado el 16 de enero de 2023, cursante de fs. 52 a 54 vta., la accionante expuso los siguientes argumentos de hecho y de derecho:
Señala que dentro del proceso penal que sigue el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, el Vocal ahora demandado a través del Auto de Vista de 23 de agosto de 2022, declaró procedente el recurso de apelación incidental que interpuso el representante del Ministerio Público y revocó el Auto Interlocutorio de 16 del mismo mes y año -en el cual se le concedió la cesación a su detención preventiva por segunda ocasión-. El mencionado Auto de Vista no cumplió con la obligación de pronunciarse con la debida fundamentación sobre la necesidad de mantener la medida de extrema ratio, exigiendo indebidamente desvirtuar extremos que no coinciden con los motivos que fundaron para que siga latente o concurrente el único riesgo procesal establecido en el art. 235.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP), provocando que el indicado fallo sea incongruente y sin suficiente fundamentación, más aun cuando pretende ver o interpretar el art. 221 del citado código adjetivo de una manera completamente errónea al mencionar que dicho artículo prevé tres componentes para mantener la media extrema que son: asegurar la averiguación de la verdad, el desarrollo del proceso y el cumplimiento de la ley, este último como fundamento para evitar que pueda acceder a la cesación de la detención preventiva, más aún cuando la referida norma en su segunda parte determina que “…SOLO DURARAN MIENTRAS SUBSISTA LA NECESIDAD DE SU APLICACIÓN” (sic). El Auto de Vista impugnado “…hace referencia a una sentencia anticipada en contra de mi persona…” (sic); ya que, en audiencia se expresó que los fundamentos primigenios que dieron lugar para la concurrencia del riesgo procesal del art. 235.2 del CPP, son completamente subjetivos y contradictorios; asimismo, el Vocal ahora demandado no valoró la basta documentación presentada para desvirtuar dicho extremo, fue la segunda vez que se revocó su cesación a la detención preventiva con el mismo fundamento del art. 221 del Código adjetivo penal, coartando y limitando su posibilidad de poder acceder o generar prueba para defenderse, vulnerándose su derecho a la libertad y agravando su situación procesal, tomando en cuenta que es el único riesgo procesal que aún estaba latente; por cuanto, el resto de los riesgos procesales que motivaron su detención preventiva ya fueron desvirtuados. Respecto a la incorrecta valoración de la prueba, la autoridad demandada, no tomó en cuenta que existirían personas que acopiaron, embalaron y subieron al vehículo la sustancia controlada, dentro del desarrollo de la investigación y del juicio se demostró con prueba idónea que “existieron estas personas” y que jamás fueron identificadas; así, la prueba aportada no fue tomada en cuenta pese a que cumplía con lo establecido por ley. De igual manera, si bien se negó a una declaración ampliatoria, hizo conocer extremos importantes como es el desconocimiento de los hechos, mediante un memorial, cumpliendo el principio de publicidad y haber solicitado una valoración íntegra del proceso ante el Tribunal de Sentencia Tercero de la Capital del departamento de Potosí, quienes conocieron cada detalle y prueba proporcionada para desvirtuar el señalado riesgo procesal, cumpliendo lo señalado en el “Art. 239 num.1”, al adjuntar nuevos elementos que relacionan a la observación de la existencia o no de otras personas que fueran partícipes del hecho por el cual está siendo procesada.
La impetrante de tutela considera lesionados sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus componentes de fundamentación, motivación y congruencia, conforme al art. 23.I de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se le conceda la tutela; y en consecuencia, se anule el Auto de Vista de 23 de agosto de 2022, por ser contrario al debido proceso, dictándose un nuevo auto de vista, disponiendo la cesación a la detención preventiva y se apliquen medidas cautelares de carácter personal conforme al art. 231 Bis del CPP.
Celebrada la audiencia pública el 17 de enero de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 67 a 74, se produjeron los siguientes actuados:
La solicitante de tutela, a través de su abogada, se ratificó en el tenor íntegro de la acción de libertad y ampliando la misma, en audiencia señaló que: a) Se encontraba cumpliendo detención preventiva desde el 29 de septiembre de 2021, habiendo solicitado en varias oportunidades la cesación de la misma, aportando nuevos elementos para desvirtuar la concurrencia de los riesgos procesales que dieron origen a su privación de libertad, “…a lo largo de las audiencias de cesación a la detención preventiva de diferentes fechas se ha logrado desvirtuar los riesgos procesales insertos en el artículo 234 núm. 1,2 y 7 quedando vigente el artículo 235 núm. 2…” (sic); b) El referido riesgo procesal estaba latente porque “…nos dice el juez de qué existen personas a las cuales la señora Rosalinda Alba Salas puede influir negativamente más tratándose de dos imputados qué es evidente que el Sr. Bugueño y la Sra. Rosalinda Alba salas además dice se puede decir de que van a influir en toda la apartado además de qué se trata del delito de tráfico de sustancias controladas qué hay personas que han acomodado en el vehículo que hay personas que estaban destinadas a quiénes estaban destinadas esas sustancias… Quiénes iban para su consumo…” (sic); y, c) Solicitó que se realice una valoración integral de la documentación presentada desde el 29 de septiembre de 2021 hasta el 22 de agosto de 2023.
Jaime Vladimir Jiménez Vidaurre, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental del departamento de Potosí, mediante escrito de 17 de enero de 2023, cursante de fs. 65 a 66 vta., informó que: 1) En el recurso de apelación incidental, el representante del Ministerio Público, denunció como agravio la vulneración al debido proceso en su elemento de, derecho a la igualdad de las partes; toda vez que, en la audiencia de “16 de agosto”, el Juez Presidente del Tribunal de Sentencia concedió la cesación a la detención preventiva sin que la autoridad fiscal tuviera la posibilidad de refutar los argumentos, ni observar la prueba ofrecida por la defensa porque llegó a dicho acto procesal con demora de cinco minutos y no se le concedió la palabra; 2) El Auto de Vista cuestionado declaró procedente el recurso de apelación incidental, porque se demostró fehacientemente los agravios denunciados; también, se acreditó que la Resolución recurrida carecía de fundamentación y motivación, porque inobservó la determinación asumida por la Sala Penal Primera en el “AV de 28 de julio” que revocó el Auto Interlocutorio emitido por el Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del referido departamento, que aceptó la cesación de la detención preventiva de la ahora accionante, cuyos fundamentos fueron los mismos a los expuestos en la audiencia de 16 de agosto de 2022; 3) Tampoco consideró la finalidad instrumental de las medidas cautelares descritas en el art. 221 del CPP, máxime a esa fecha el Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del mencionado departamento, ya emitió Sentencia condenatoria contra la ahora impetrante de tutela por el delito de tráfico de sustancias controladas; y, 4) Conforme establece el art. 398 del CPP, revisó la Resolución del Tribunal a quo, respecto a la falta de motivación y fundamentación, concluyendo que los razonamientos de dicho Tribunal de grado para disponer la cesación de la detención preventiva de la ahora demandante de tutela, no cumplían los imperativos del art. 124 del CPP, porque los requisitos de validez de la detención preventiva subsisten plenamente; es decir, que la situación jurídico procesal de la acusada condenada no mejoró en relación al Auto de Vista de 18 de julio de 2022, emitido por la Sala Penal Primera del mismo Tribunal Departamental de Justicia; en consecuencia, la finalidad instrumental de esa medida cautelar descrita en el art. 221 del CPP, estaba plenamente justificada.
El Juez de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Potosí, constituido en Juez de garantías, mediante la Resolución 01/23 de 17 de enero de 2023, cursante de fs. 69 a 74, denegó la tutela solicitada, sobre la base de los siguientes fundamentos: i) La impetrante de tutela no estaba indebidamente procesada o privada de su libertad personal, porque existe un proceso penal en su contra; ii) La demandante de tutela cuenta con Sentencia y sin bien no estaba ejecutoriada, existe un riesgo procesal enunciado que no fue desvirtuado; iii) No se encontraba indebidamente detenida, ni tampoco corría peligro su vida; y, iv) La parte acusada -ahora peticionante de tutela-, en dos oportunidades interpuso cesación a la detención preventiva “…las mismas en primera instancia han sido revocadas primero por la sala penal primera y posteriormente por la sala penal 2da en fecha 23 de agosto de 2022, es en ese antecedente esta acción de libertad no es supletorio a otro como ya he dicho existen otros recursos y que puede ser utilizado en cualquier momento” (sic).
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa el Auto Interlocutorio de 16 de agosto de 2022, emitido por el Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Potosí, por el cual dispuso la cesación de la detención preventiva de Rosalinda Alva Salas -ahora accionante- (fs. 35 a 36). II.2. Consta el Auto de Vista de 23 de agosto de 2022, emitido por Jaime Vladimir Jiménez Vidaurre Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí -autoridad ahora demandada-, por el cual dispuso la admisión de la apelación incidental formalizada por el representante fiscal y en el fondo declaró procedentes las cuestiones planteadas, revocando el Auto Interlocutorio de 16 de igual mes y año; y, ordenó mantener la detención preventiva de la ahora impetrante de tutela con la subsistencia del riesgo de obstaculización previsto en el art. 235.2 del CPP (fs. 37 a 41).
La peticionante de tutela, denuncia la vulneración de los derechos a la libertad y al debido proceso en sus componentes de fundamentación, motivación y congruencia; toda vez que, mediante Auto Interlocutorio de 16 de agosto de 2022, el Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Potosí, concedió la cesación de su detención preventiva; empero, el representante del Ministerio Público interpuso recurso de apelación incidental contra dicha determinación; de esta forma, el Vocal ahora demandado emitió el Auto de Vista de ese mes y año, revocando el fallo del Tribunal a quo; exigiendo indebidamente desvirtuar extremos, que no coinciden con los motivos que se fundó para que se mantenga concurrente el único riesgo procesal establecido en el art. 235.2 del CPP; además, la autoridad demandada, no valoró la documentación presentada para desvirtuar el referido riesgo procesal, siendo la segunda vez que se revocó su cesación a la detención preventiva con el mismo fundamento del art. 221 del señalado Código; tampoco, tomó en cuenta la prueba aportada respecto a que existirían personas que acopiaron, embalaron y subieron al vehículo la sustancia controlada; además dentro del desarrollo de la investigación y del juicio se demostró con prueba idónea que “existieron estas personas” y que jamás fueron identificadas. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto se analizarán los siguientes temas: a) La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso; b) La revisión de la valoración de la prueba en sede constitucional; y, c) Análisis del caso concreto.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero, reiterada por las SSCCPP 0349/2018-S2 y 0353/2018-S2 ambas de 18 de julio -entre otras-, desarrolló el siguiente razonamiento:
El derecho a una resolución fundamentada y motivada, como elementos del debido proceso, reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), fue desarrollado en la amplia jurisprudencia constitucional, siendo uno de los antecedentes, el entendimiento contenido en la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre; la cual establece como exigencia del debido proceso, que toda resolución debe exponer los hechos y el fundamento legal de la decisión, de manera que en caso de omisión, se vulnera dicho derecho. Posteriormente, en la SC 0946/2004-R de 15 de junio, se aclara que dicha garantía es aplicable también en procesos administrativos y disciplinarios.
Posteriormente, en el Fundamento Jurídico III.3 de la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, se establecieron los requisitos que debe contener toda resolución jurisdiccional o administrativa, con la finalidad de garantizar el derecho a la motivación y fundamentación como elementos configurativos del debido proceso, como ser:
a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado. En cuanto a los requisitos que debe contener una resolución administrativa en segunda instancia, la SCP 0275/2012 de 4 de junio, 1El Cuarto Considerando, indica: “…el derecho al debido proceso, que entre su ámbito de presupuestos exige que toda Resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos y al margen de ello, la fundamentación legal que sustenta la parte dispositiva de la misma.
…consecuentemente cuando un Juez omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión arbitraria y dictatorial que vulnera de manera flagrante el citado derecho que otorga a las partes saber el porqué de la parte dispositiva de un fallo o Resolución”.
2El FJ III.3, refiere: “…la garantía del debido proceso no es únicamente aplicable en el ámbito judicial, sino también en el administrativo y disciplinario, cuanto tenga que determinarse una responsabilidad disciplinaria o administrativa e imponerse una sanción como ha ocurrido en el presente caso”.
3El FJ III.2.3, señala: “Toda autoridad administrativa que emita una resolución en segunda instancia, debe mínimamente exponer en la resolución: 1) Los hechos, citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución, efectuando la relación de causalidad entre los hechos y la norma aplicable; 2) Pronunciamiento sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso de alzada, actuando en mínima petita, considerando cada aspecto de manera puntual y expresa, desarrollando una valoración lógica de los puntos impugnados, efectuar lo contrario, elimina la parte fundamental de la resolución, lesionando efectivamente el debido proceso, derivando en el extremo inaceptable que los procesados no puedan conocer cuáles son las razones del fallo y cuál es la posición del tribunal de alzada en relación con los puntos impugnados.
precisó que dicho fallo debe exponer los hechos y citar las normas que sustentan la decisión, además de pronunciarse sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso. Por su parte, la SC 0802/2007-R de 2 de octubre, se refirió a la fundamentación como sustento de una resolución disciplinaria; empero, es la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, la que desarrolla el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son: 1) El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad del control de la resolución por medio de los recursos; 4) Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad; y, 5) La observancia del principio dispositivo, que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes -En tanto y en cuanto, las resoluciones administrativas de segunda instancia conlleven insertas en su texto de manera expresa, las respuestas a todos los aspectos cuestionados en el recurso de impugnación, el sujeto sometido al proceso disciplinario, tendrá la plena convicción respecto a que la decisión asumida por la autoridad administrativa es a todas luces justa. Esta afirmación nos lleva a concluir que no le está permitido a la autoridad administrativa, reemplazar una adecuada y sustanciosa fundamentación por una elemental relación de antecedentes”.
4El FJ III.4, expresa: “Consiguientemente, aplicando los principios informadores del derecho sancionador, las resoluciones pronunciadas por el sumariante y demás autoridades competentes deberán estar fundamentadas en debida forma, expresando lo motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba. Fundamentación que no podrá ser reemplazada por la simple relación de los documentos y presentación de pruebas o los criterios expuestos por las partes, y en los casos en los que existan coprocesados, resulta primordial la individualización de los hechos, las pruebas, la calificación legal de la conducta y la sanción correspondiente a cada uno de ellos en concordancia con su grado de participación o actuación en el hecho acusado”.
5El FJ III.1, manifiesta: “En ese marco, se tiene que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión está dado por sus finalidades implícitas, las que contrastadas con la resolución en cuestión, dará lugar a la verificación de su respeto y eficacia. Estas son: (1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; (3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, (4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad. Estos elementos se desarrollarán a continuación: (…)
(2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia.
(…)
b) En correspondencia con lo anterior, la arbitrariedad puede estar expresada en: b.1) Una `decisión sin motivación´, o extiendo esta es b.2) Una `motivación arbitraria´; o en su caso, b.3) Una `motivación insuficiente´. (…)
c) La arbitrariedad también se expresa en la falta de coherencia, o incongruencia de la decisión (principio de congruencia), cuando el conjunto de las premisas, -formadas por las normas jurídicas utilizadas para resolver el caso, más los enunciados fácticos que describen los hechos relevantes- no son correctas, fundadas y si, además, su estructura también no lo es. Esto, más allá si la resolución que finalmente resuelva el conflicto es estimatoria o desestimatoria a las pretensiones de las partes. Es decir, como señala Robert Alexy, se trata de ver si la decisión se sigue lógicamente de las premisas que se aducen como fundamentación”.
quinta finalidad complementada por la SCP 0100/2013 de 17 de enero-. Respecto a la segunda finalidad, tanto la SCP 2221/2012 como la SCP 0100/2013, señalan que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión: i) Sin motivación, cuando la resolución no da razones que la sustenten; ii) Con motivación arbitraria, cuando se basa en fundamentos y consideraciones meramente retóricas o deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso; iii) Con motivación insuficiente, cuando no se da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; y, iv) Por la falta de coherencia del fallo, se da: iv.a) En su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión -por tanto-; y, iv.b) En su dimensión externa, implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, tienen su antecedente en la SC 0863/2003-R de 25 de junio, así como en la SC 0358/2010-R de 22 de junio, estableciendo que en el ámbito procesal, el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, sino que además implica la concordancia del fallo; es decir, su coherencia interna, entendimiento que fue reiterado en la SCP 1915/2012 de 12 de octubre, entre otras. Por su parte, respecto a la 6El FJ III.2, establece: “A las cuatro finalidades implícitas que determinan el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión cuáles son: 1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) la Constitución formal, es decir, el texto escrito; y, 1.b) los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de razonabilidad y el principio de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; 4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad (SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, se suma un quinto elemento de relevancia constitucional; y, 5) La exigencia de la observancia del principio dispositivo. 5) La observancia del principio dispositivo, implica la exigencia que tiene el juzgador de otorgar respuestas a las pretensiones planteadas por las partes para defender sus derechos”.
7El FJ III.3, expresa: “Que, al margen de ello, también cabe reiterar que el art. 236 CPC, marca el ámbito de contenido de la resolución a dictarse en apelación, pues estipula que la misma, deberá circunscribirse precisamente a los puntos resueltos por el inferior y que además hubieran sido objeto de apelación y fundamentación, de manera que el Juez o tribunal ad-quem, no puede ir más allá de lo pedido, salvo en los casos en que los vicios de nulidad constituyan lesiones a derechos y garantías constitucionales como cuando la nulidad esté expresamente prevista por ley”.
8El FJ III.3.1, señala: “De esa esencia deriva a su vez la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, en materia penal la congruencia se refiere estrictamente a que el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial o administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes”.
9El FJ III.2, indica: “La abundante jurisprudencia del extinto Tribunal Constitucional, ha señalado con relación al principio de congruencia -que es determinante en cualquier proceso judicial o administrativo- como la estricta correspondencia que congruencia de las resoluciones de segunda instancia, la SC 0682/2004-R de 6 de mayo, señaló que el pronunciamiento debe guardar correspondencia con los agravios de la apelación y la contestación de alzada. La jurisprudencia contenida en la SCP 2221/2012 como en la SCP 0100/2013 citadas anteriormente fue modulada por la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero; la cual, entendió que únicamente es posible conceder la tutela y disponer la nulidad de la resolución judicial o administrativa, ordenando se emita otra nueva, ante la denuncia de arbitraria o insuficiente fundamentación, previo análisis de la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; es decir, previo análisis de su relevancia constitucional; por cuanto, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal, únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; en ese sentido, en el Fundamento Jurídico III.1, estableció que:
Ahora bien, la jurisprudencia precedentemente citada debe ser complementada a partir de la relevancia constitucional que tenga la alegada arbitraria o insuficiente fundamentación y motivación de las resoluciones, es decir, que deberá analizarse la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; pues, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; consiguientemente, a partir de una interpretación previsora, si bien la arbitraria o insuficiente fundamentación, aún carezca de relevancia, deberá ser analizada por el Tribunal Constitucional Plurinacional; empero, corresponderá denegar la tutela por carecer de relevancia constitucional, con la aclaración que este entendimiento es únicamente aplicable a la justicia constitucional que no exigirá para efectuar el análisis, que la o el accionante cumpla con carga argumentativa alguna. En resumen, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional glosada, una resolución será arbitraria cuando carezca de motivación o cuando ésta sea arbitraria o insuficiente; asimismo, cuando la debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, que implica la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, que debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y juicios de valor emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan la razón que llevó a la determinación que se asume (SC 1619/2010-R de 15 de octubre). Bajo ese razonamiento, el principio de congruencia forma parte de derecho-garantía-principio del debido proceso, contemplado en el art. 115.I de la CPE”.
10El FJ III.1, refiere: “Además de ello, toda resolución dictada en apelación, no sólo por disposición legal sino también por principio general, debe sujetarse a los puntos de apelación expuestos por la parte apelante, que se entiende deben estar relacionados con lo discutido ante el juez a quo. Para el mismo objetivo -resolver la apelación-, también el juez ad quem, si se trataran de varias apelaciones y deba resolverlas en una sola resolución deberá individualizar a las partes, lo que supone también, la individualización de sus pretensiones y resolverlas de la misma forma; pues en el único caso que podrá dirigirse en su fundamentación a dos o más apelantes, será cuando éstos hubieran coincidido en sus argumentos al presentar su apelación, o varios hubieran presentado apelación en forma conjunta. Ahora bien, la misma obligación que tiene el juez ad quem frente a los apelantes, también debe cumplirla frente a la parte adversa, para el caso de que el procedimiento aplicable admita que la misma pueda responder al recurso, pues omitir las consideraciones a la respuesta igual que no responder a los puntos de apelación, resulta arbitrario y por lo mismo, daría lugar a una omisión indebida plasmada en la resolución que resuelve la apelación”.
resolución no tenga coherencia o congruencia interna o externa, cuya tutela por vía de amparo procederá siempre y cuando tenga relevancia constitucional.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero, reiterada por las SSCCPP 0025/2018-S2 de 28 de febrero, 0238/2018-S2 de 11 de junio, 0297/2018-S2 de 25 de junio, a partir de una sistematización de la jurisprudencia constitucional, desarrolló el siguiente razonamiento: El entendimiento que asumió este Tribunal respecto a la revisión de la valoración de la prueba, tiene como antecedes a las SSCC 0129/2004-R de 28 de enero y 0873/2004-R de 8 de junio, en las cuales se establece que dicha actividad es propia de la jurisdicción ordinaria; sin embargo, abrió la posibilidad que la justicia constitucional pueda realizar el control tutelar de constitucionalidad, cuando la autoridad hubiere omitido la valoración de la prueba o se hubiere apartado de los marcos de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; ambos supuestos fueron sistematizados por la SC 0965/2006-R de 2 de octubre. Posteriormente, la SC 0115/2007-R de 7 de marzo, 11El FJ III.3, expresa: “No obstante lo referido precedentemente, cabe también indicar que, en resguardo de los derechos fundamentales a la seguridad jurídica, el acceso a la justicia y a una tutela efectiva, propios de la víctima que plantea la denuncia ante el Ministerio Público para que cumpla con su función de promover la acción de la justicia para perseguir y sancionar al autor del delito, este Tribunal puede analizar la conducta omisiva del representante del Ministerio Público, el juez cautelar u otra autoridad competente para intervenir en la etapa preparatoria; conductas omisivas expresadas, entre otras, en no recibir, producir o compulsar cierta prueba inherente al caso, en no recibir o providenciar memoriales denegando el derecho de petición, en no realizar actos solicitados por las partes a fin de demostrar su acusación o desvirtuar la misma, en negar el trámite de las impugnaciones o, en su caso, en la no aplicación objetiva de la Ley pertinente al caso; en consecuencia, la denuncia sobre las omisiones referidas podrá ser de conocimiento de este Tribunal y examinado el caso, se tendrá o no que otorgar la tutela”.
12El FJ III.3, sostiene: “Por otra parte, también es preciso recordar que la compulsa de las pruebas que se aporten con el fin de obtener la cesación de la detención preventiva, es facultad exclusiva del Juez Cautelar que esté a cargo del control de la investigación, pues en los únicos casos que este Tribunal puede intervenir en la revisión de dicho análisis será cuando el juzgador se hubiera apartado de las previsiones legales que rigen el acto procesal como de los marcos de razonabilidad y equidad previsibles para decidir, si estos casos no se dan, esta jurisdicción no puede intervenir para dejar sin efecto la resolución que conceda la cesación o la rechace, ya que ello importaría una doble valoración de la prueba”.
13El FJ III.2, señala: “Ahora bien, siendo competencia de la jurisdicción constitucional, revisar excepcionalmente la labor de valoración de la prueba desarrollada por la jurisdicción ordinaria, únicamente, se reitera, cuando en dicha valoración: a) exista apartamiento de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; o, b) cuando se haya adoptado una conducta omisiva expresada, entre otras, en no recibir, producir o compulsar cierta prueba inherente al caso y, su lógica consecuencia sea la lesión de derechos fundamentales y garantías constitucionales; dicha competencia del Tribunal Constitucional, se reduce, en ambos casos, a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa o la actitud omisiva en esta tarea, pero en ningún caso a sustituir a la jurisdicción ordinaria examinando la misma”.
14El FJ III.3, indica: “Ahora bien, analizados los actos de las autoridades recurridas; en primer término los del Juez que resolvió el incidente, se debe manifestar que ha efectuado una valoración de la prueba existente en obrados del incidente que dio lugar al presente amparo constitucional; y tal como fue expuesto, dicha labor le corresponde en forma exclusiva a su autoridad, no pudiendo este Tribunal efectuar un nuevo examen de dichos medios probatorios, a no ser que la sindéresis del referido Juez exceda de los marcos de razonabilidad y equidad previsibles, desde el punto de vista de la certeza con que el material probatorio fue examinado, para asumir una decisión basada en la sana crítica; dicho de otro modo, este Tribunal, para procurar la vigencia material de los derechos fundamentales de las personas, puede analizar la valoración efectuada por los jueces ordinarios, cuando dicha apreciación no es verificable en la prueba utilizada por la autoridad judicial; por tanto, supone que el Juez asumió su decisión en una prueba inexistente, o que demuestra hechos diferentes a los que se utiliza como sustento de la Resolución judicial. En consecuencia, además de la omisión en la consideración de la prueba, que según la SC 0419/2006-R anteriormente citada es causal de excepción de la subregla de no valoración de la prueba, otra excepción se da cuando la autoridad judicial basa su decisión en una prueba inexistente o que refleja un hecho diferente al utilizado como argumento”.
sostiene que también era posible revisar la valoración de la prueba cuando la decisión de la autoridad se basó en una prueba inexistente o que refleja un hecho diferente al utilizado como argumento. En ese marco, la SCP 1215/2012 de 6 de septiembre, resume los supuestos de procedencia de revisión de valoración de la prueba, señalando que la justicia constitucional debe verificar si en dicha labor las autoridades: 1) No se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; 2) No omitieron de manera arbitraria la consideración de las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y, 3) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado como argumento. Por otro lado, en cuanto a los alcances de la revisión de la valoración de la prueba por parte de la justicia constitucional, la referida SCP 1215/2012, en el Fundamento Jurídico III.3.2, señaló que dicha competencia:
…se reduce únicamente a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa, o bien, si existió una actitud omisiva en esta tarea, ya sea parcial o total; o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, al que posee en realidad, distorsionando la realidad y faltando al principio de rango constitucional, como es la verdad material, pero en ningún caso podrá pretender sustituir a la jurisdicción ordinaria, examinando directamente la misma o volviendo a valorarla, usurpando una función que no le está conferida ni legal ni constitucionalmente. En este entendido y de la precedente contextualización de línea jurisprudencial referida a la valoración de prueba, debe considerarse que una de las principales funciones de la justicia constitucional es la tutela de derechos fundamentales y garantías constitucionales; en consecuencia, debe ser una premisa en esta su labor el garantizar un real acceso a la justicia constitucional. A partir de lo señalado, esta Sala concluye que es posible efectuar la revisión de la valoración de la prueba, conforme a los siguientes criterios: i) La valoración de la prueba es una actividad propia de las juezas y jueces de las diferentes jurisdicciones del Órgano Judicial o de las autoridades administrativas; ii) La justicia constitucional puede revisar la valoración de la prueba cuando: ii.a) Las autoridades se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; ii.b) Omitieron de manera arbitraria la consideración de las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y, ii.c) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado en la argumentación; iii) La competencia de la justicia constitucional en el análisis de la revisión de la valoración de la prueba, se reduce a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa o a constatar una actitud omisiva en esa tarea o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, desconociendo el principio de verdad material; y, iv) Las irregularidades en la valoración de la prueba solo darán lugar a la concesión de la tutela cuando tengan relevancia constitucional; es decir, cuando incidan en el fondo de lo demandado y sean la causa para la lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales.
La peticionante de tutela denuncia la vulneración de los derechos a la libertad y al debido proceso en sus componentes de fundamentación, motivación y congruencia; toda vez que, mediante Auto Interlocutorio de 16 de agosto de 2022, el Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Potosí, concedió la cesación de su detención preventiva; empero, el representante del Ministerio Público interpuso recurso de apelación incidental contra dicha determinación; de esta forma, el Vocal ahora demandado emitió el Auto de Vista de 23 de ese mes y año, revocando el fallo del Tribunal a quo; exigiendo indebidamente desvirtuar extremos que no coinciden con los motivos que se fundó para que se mantenga concurrente el único riesgo procesal establecido en el art. 235.2 del CPP; además, la autoridad demandada, no valoró la documentación presentada para desvirtuar el referido riesgo procesal, siendo la segunda vez que se revocó su cesación a la detención preventiva con el mismo fundamento del art. 221 del señalado Código; tampoco, tomó en cuenta la prueba aportada respecto a que existirían personas que acopiaron, embalaron y subieron al vehículo la sustancia controlada; además dentro del desarrollo de la investigación y del juicio se demostró con prueba idónea que “existieron estas personas” y que jamás fueron identificadas. De antecedentes se tiene el Auto Interlocutorio de 16 de agosto de 2022, emitido por el Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Potosí, por el cual dispuso la cesación de la detención preventiva de la ahora solicitante de tutela (Conclusión II.1). De igual manera, el Auto de Vista de 23 de agosto de 2022, emitido por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, por el cual dispuso la admisión de la apelación incidental formalizada por el representante fiscal y en el fondo declaró procedentes las cuestiones planteadas, revocando el Auto Interlocutorio de 16 de igual mes y año; y, ordenó mantener la detención preventiva de la ahora accionante con la subsistencia del riesgo de obstaculización previsto en el art. 235.2 del CPP (Conclusión II.2), conforme al siguiente razonamiento:
Considerando que los elementos que presentó la defensa en la audiencia de “16 de agosto” ya fueron considerados en el Auto de Vista de “18 de julio”; por lo que, no se cumplió con lo preceptuado por el art. “239 num. 1)”, que es precisamente el marco normativo bajo el cual la defensa técnica de la ahora impetrante de tutela desarrolló la solicitud de cesación de su detención preventiva; así, es obligación de la parte imputada presentar nuevos elementos que demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente sea sustituida por otra medida, y existiendo una Sentencia condenatoria, tiene que abocarse únicamente a presentar nuevos elementos que tornen conveniente su sustitución hasta que dicho fallo adquiera la calidad de cosa juzgada. Se pudo evidenciar que el Tribunal a quo no estableció la relevancia de la Sentencia condenatoria y del acta de audiencia de juicio oral a efectos de desvirtuar los fundamentos de la detención preventiva; ya que, en el caso participaron dos personas que fueron plenamente identificadas; pero, en la aplicación de medidas cautelares ya se hizo constar que esos delitos relacionados con el tráfico de sustancias controladas “…están vinculados a verdaderas organizaciones criminales, vale decir, todo un equipo de personas que participan, decía, desde el acopio, recolección el reclutamiento de gente, identificación de esa gente que va a encargarse del transporte, el tráfico, el trabajo, la entrega final de esta sustancia controlada, etc. Pero la vocal razona en base a esas circunstancias concluyendo que estás medidas de carácter personal impuestas van a cumplir esa finalidad, de lo anterior, es evidente que esta resolución, primero carece de una fundamentación…” (sic). Concluyendo que, el Tribunal de Sentencia Penal Tercero del departamento de Potosí, no hizo una evaluación objetiva e imparcial de los elementos presentados por la defensa en la audiencia de “16 de agosto” y se limitó a la fundamentación de su voto emitido en una anterior audiencia, únicamente bajo el justificativo que no podía contradecir la anterior resolución, siendo que los agravios fundamentados por el representante del Ministerio Público tienen sustento en los mismos antecedentes que informan en el proceso penal y que el Tribunal de instancia se apartó injustificadamente de esos razonamientos. En la vía de la aclaración, la autoridad demandada, indicó que el Tribunal de Sentencian Penal Tercero de la Capital del departamento de Potosí no fundamentó el Auto Interlocutorio en base a los lineamientos del Auto de Vista de “18 de julio”; toda vez que, las circunstancias eran las mismas, ya existía una Sentencia condenatoria contra la ahora impetrante de tutela. De esta forma, al emitirse el Auto de Vista de 23 de agosto de 2022, que declaró procedentes las cuestiones planteadas -recurso de apelación incidental formalizado por el representante del Ministerio Público-, revocó el Auto Interlocutorio de 16 de igual mes y año, y ordenó mantener la detención preventiva de la ahora demandante de tutela, estableciendo la subsistencia del riesgo de obstaculización previsto en el art. 235.2 del CPP, razonando que los elementos presentados por la defensa técnica de la ahora accionante en la audiencia de “16 de agosto” ya fueron considerados en el Auto de Vista de “18 de julio”, incumpliendo lo previsto en el art. 239.1 del referido Código; de igual manera, consideró que se pudo evidenciar que el Tribunal a quo no estableció la relevancia de la Sentencia condenatoria y del acta de audiencia de juicio oral a efectos de desvirtuar los fundamentos de la detención preventiva; ya que, en el caso participaron dos personas que fueron plenamente identificadas; pero, en la aplicación de medidas cautelares ya se hizo constar que esos delitos relacionados con el tráfico de sustancias controladas están vinculados a verdaderas organizaciones criminales; además, refirió que el Tribunal de primera instancia no realizó una evaluación objetiva e imparcial de los elementos presentados por la defensa en la audiencia, limitando su fundamentación al justificativo que no podía contradecir la anterior resolución, siendo que los agravios fundamentados por el representante fiscal tienen sustento en los mismos antecedentes que informan en el proceso penal, apartándose injustificadamente de esos razonamientos, advirtiéndose que, el Auto de Vista cuestionado no vulnera el contenido esencial del derecho a una resolución motivada, en razón a que cumplió con las finalidades señaladas en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional. El Auto de Vista cuestionado cumplió con la segunda finalidad, vinculada a lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; por cuanto, dicho fallo contiene una motivación suficiente que tiene relevancia constitucional, pues en el marco de lo señalado en el referido Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, una adecuada calificación jurídica del hecho, y por ende, una motivación suficiente del análisis del caso, puede incidir en la decisión del asunto analizado. De esta forma, conforme al Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se entenderá como motivación la misma que se encuentre relacionada a la justificación de la decisión a través de la argumentación lógico-jurídica, en la cual se desarrollan los motivos y razones que precisan y determinan los hechos fácticos y los medios probatorios que fueron aportados por las partes para que la autoridad competente sustente su decisión. En conclusión, se evidencia que el Vocal ahora demandado al emitir el Auto de Vista cuestionado no vulneró el derecho a la motivación de las resoluciones; consiguientemente, corresponde la denegatoria de la tutela con relación a esta denuncia. Por otra parte, respecto a la denuncia de que el Auto de Vista cuestionado es incongruente, al ser presentado el recurso de apelación incidental por parte del representante del Ministerio Público, su vulneración corresponde ser alegada por la referida autoridad fiscal y no reclamada de contrario por la ahora solicitante de tutela, sin mayor abundamiento al respecto, corresponde denegar la tutela pretendida. Respecto a la denuncia que no fue valorada la documentación presentada para desvirtuar el riesgo procesal establecido en el art. 235.2 del CPP, siendo la segunda vez que se revocó su cesación a la detención preventiva con el mismo fundamento del art. 221 del CPP; además, de no tomarse en cuenta la prueba aportada con relación a que existirían personas que acopiaron, embalaron y subieron al vehículo la sustancia controlada, dentro del desarrollo de la investigación y del juicio se demostró con prueba idónea que “existieron estas personas” y que jamás fueron identificadas; no resulta evidente la vulneración denunciada en cuanto a la omisión de valoración probatoria, por cuanto la misma no tiene relevancia constitucional, en el marco de los criterios asumidos en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional; ya que, el Auto de Vista cuestionado realizó una consideración al respecto, conforme a lo expresado precedentemente y sin que sea suficiente para desvirtuar el riesgo procesal existente, no lesionándose el derecho al debido proceso de la impetrante de tutela. Asimismo, al estar debidamente fundamentado y motivado el Auto de Vista cuestionado se tiene que el derecho a la libertad de la ahora accionante no fue vulnerado, correspondiendo la denegatoria respecto de la pretensión de tutela. Por todo lo expuesto, el Juez de garantías al denegar la tutela solicitada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 01/23 de 17 de enero de 2023, cursante de fs. 69 a 74, emitida por el Juez de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Potosí; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, conforme a los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
15 El FJ III.3.2, establece: “En resumen, por regla general, la jurisdicción constitucional está impedida de ingresar a valorar la prueba, por ser una atribución conferida privativa y exclusivamente a las autoridades jurisdiccionales o administrativas; empero, tiene la obligación de verificar si en dicha labor: a) Las autoridades no se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; b) No omitieron de manera arbitraria la consideración de ellas, ya sea parcial o totalmente; y, c) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado como argumento”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0694_2025-S1.pdf · páginas 1 a 16.
Huella digital del PDF (SHA-256): 0f2c365a27bf761eaf516c5ee01394cf715490539297ea4aba6eb1be34fff16a
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