Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 29 de octubre de 2024
Concede la tutela
La accionante denuncia la vulneración de sus derechos al trabajo y a la estabilidad laboral; toda vez que, habiendo suscrito varios contratos de trabajo a plazo fijo continuos con el GAM de La Paz -entidad ahora demandada-, el 31 de diciembre de 2021 fue desvinculada sin justificación, por lo que acudió a la Jefatura Departamental del Trabajo de La Paz, obteniendo en su favor la Conminatoria J.D.T.-L.P. /BDFB/ 182/2022 de 11 de abril, que ordenó su inmediata reincorporación por estabilidad laboral, más el pago de salarios devengados y otros; empero, conforme lo advirtió el Informe de Verificación de Reincorporación J.D.T.L.P.-CMAR-VR-230/2022 de 14 de julio, la entidad empleadora no cumplió la determinación laboral, motivos por los cuales, acude a la justicia constitucional solicitando se ordene su cumplimiento íntegro. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para el efecto, se analizarán los siguientes temas: i) Sobre la Doctrina de Unificación Jurisprudencial respecto al incumplimiento de las Conminatorias de reincorporación laboral denunciado a través de la acción de amparo constitucional; ii) Presentación directa de la acción de amparo constitucional ante el incumplimiento de las conminatorias de reincorporación laboral; y, iii) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 259/2022 de 4 de noviembre, cursante de fs. 83 a 84 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del departamento de La Paz; y, en consecuencia; CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos dispuestos por la Sala Constitucional, conforme a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.
¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →
Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0694/2024-S1 Sucre, 29 de octubre de 2024 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de amparo constitucional Expediente: 53056-2023-107-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 259/2022 de 4 de noviembre, cursante de fs. 83 a 84 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por María Elena Calcina Chipana contra Hernán Iván Arias Durán, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de La Paz.
Mediante memorial presentado el 10 de octubre de 2022, cursante de fs. 26 a 39, la accionante expresó los siguientes argumentos de hecho y derecho:
Señala que ingresó a trabajar en el GAM de La Paz bajo la modalidad de contratación a plazo fijo desde el 29 de diciembre de 2017 hasta la gestión 2021, efectuándose varios contratos sucesivos verificables con el extracto de ahorro previsional de la Administradora del Fondo de Pensiones (AFP) Futuro, donde se establece el aporte continuo. Añade que se realizaron más de dos contratos de trabajo a plazo fijo constituyéndose en una contratación indefinida. Asimismo aclara que realizaba tareas propias de la entidad, además los contratos suscritos no tienen el visto bueno o visado del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, lo que determina la imperfección del contrato constituyéndose en ilegal, por lo que en aplicación del art. 48.II y III de la Constitución Política del Estado (CPE) que reconoce la irrenunciabilidad de derechos así como la nulidad de los actos que van en contra de los derechos de los trabajadores resultan en consecuencia un accionar arbitrario e ilegal de la entidad ahora demandada.
Ante su despido injustificado, el 16 de marzo de 2022 presentó denuncia en la Jefatura Departamental del Trabajo de La Paz y luego del trámite correspondiente fue pronunciada en su favor la Conminatoria J.D.T.-L.P. /BDFB/ 182/2022 de 11 de abril, que determinó conminar su inmediata reincorporación por estabilidad laboral, al mismo puesto que ocupaba como Asistente Administrativo dependiente del GAM de La Paz, más el pago de salarios devengados y demás derechos sociales y laborales que correspondan a la fecha de su respectiva reincorporación. La determinación supra indicada fue notificada a la entidad ahora demandada el 29 de abril de 2022; no obstante, hasta la fecha de presentación de la acción tutelar rehúsa reincorporarle, más al contrario a efectos de soslayar el cumplimiento presentó recurso de revocatoria que fue resuelto mediante la Resolución Administrativa (RA) 375-22 de 7 de junio de 2022, pronunciada por el Jefe Departamental del Trabajo de La Paz a.i., rechazando el mismo y confirmando la conminatoria de reincorporación. Finalmente, indica que por el Informe de Verificación de Reincorporación J.D.T.L.P.-CMAR-VR-230/2022 de 14 de julio, pronunciado por el Inspector de Trabajo de El Alto del departamento de La Paz, se acredita el incumplimiento de la Conminatoria mencionada, razón por la cual acude a la justicia constitucional en busca de la restitución de sus derechos y garantías lesionados.
La peticionante de tutela, considera lesionados sus derechos al trabajo y a la estabilidad laboral, citando al efecto los arts. 46, 49 y 256 de la CPE; y, 6 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (PIDESC).
Solicita se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se ordene el cumplimiento de la Conminatoria J.D.T.-L.P. /BDFB/ 182/2022 de 11 de abril, pronunciada por el Jefe Departamental del Trabajo de La Paz a.i.; es decir, que el GAM de La Paz proceda a su inmediata reincorporación en el cargo que ocupaba, con el mismo nivel salarial además del pago de salarios devengados y demás derechos laborales que correspondan hasta el día de su reincorporación.
La audiencia pública de consideración de la presente acción de amparo constitucional, se realizó el 4 de noviembre de 2022, según consta en acta cursante de fs. 80 a 82, produciéndose los siguientes actuados:
La demandante de tutela a través de sus abogados, en audiencia se ratificó en el contenido íntegro de su acción de amparo constitucional y ampliando señaló lo siguiente: a) La entidad ahora demandada presentó los recursos de revocatoria y jerárquico en contra de la Conminatoria J.D.T.-L.P. /BDFB/ 182/2022 de 11 de abril, pronunciándose al efecto la RA 375-22 de 7 de junio de 2022 y Resolución Ministerial (RM) 1246/22 de 19 de octubre de 2022, que rechazaron y ratificaron la conminatoria impugnada; b) Bajo el principio de primacía de la realidad se tiene que no existe eventualidad en su relación laboral con la entidad demandada, toda vez que se suscribieron contratos sucesivos y sin interrupción alguna mayor a tres meses, siendo el último como empleada eventual municipal en el cargo de Asistente Administrativo; y, c) Cabe hacer notar que el cargo que desempeñaba fue incorporado al ámbito de protección de la Ley General del Trabajo conforme establece la Ley 321 de 18 de diciembre de 2012, que dispone en su art. 1: “I. Se incorpora al ámbito de aplicación de la Ley General del Trabajo, a las trabajadoras y los trabajadores asalariados permanentes que desempeñen funciones en servicios manuales y técnico operativo administrativo de los Gobiernos Autónomos Municipales de Capitales de Departamento y de El Alto de La Paz, quienes gozarán de los derechos y beneficios que la Ley General del Trabajo y sus normas complementarias confieren, a partir de la promulgación de la presente Ley, sin carácter retroactivo”; por lo que solicita se conceda la tutela ordenando el cumplimiento inmediato de la Resolución de Reincorporación. Ante las preguntas de la Sala Constitucional aclaró que fue desvinculada el 31 de diciembre de 2021, siendo su último cargo el de Asistente Administrativo, como empleado municipal eventual.
Hernán Iván Arias Durán, Alcalde del GAM de La Paz, a través de su abogado apoderado presentó informe escrito el 3 de noviembre de 2022, cursante de fs. 74 a 79 vta., indicando lo siguiente: 1) El Contrato de Trabajo a Plazo Fijo C-1681 de 15 de enero de 2021, establecía un plazo de vigencia desde el 15 de enero al 31 de diciembre de 2021, el mismo que fue suscrito con el objeto de contratar a la accionante como empleada municipal eventual en el cargo de Asistente Administrativo sujeto a la “partida 121” como dependiente de la Secretaría Municipal de Educación y Cultura Ciudadana, es decir, de plazo cierto y determinado, motivo por el que no existe despido injustificado; 2) La Conminatoria J.D.T.-L.P. /BDFB/ 182/2022 de 11 de abril, fue notificada a la entidad el “09” -siendo correcto 29- de abril de 2022 y por Informe DGRH. AL. 644/2022 de 5 de mayo, pronunciado por Asesoría Legal de la Dirección de Gestión de Recursos Humanos (RR.HH.) “…que pone en conocimiento y consideración de la Secretaría Municipal de Educación y Cultura Ciudadana de acuerdo a existencia o no de frecuencia y presupuesto de la unidad organizacional para la gestión 2022” (sic); en consecuencia no es que no se dio cumplimiento sino que se realizaron hasta la fecha trámites administrativos; aclarando que conoce el resultado del recurso jerárquico deducido; 3) Realizadas las averiguaciones, respecto a establecer si se dio o no cumplimiento a la Resolución de Reincorporación, se tiene que la Unidad organizacional de Turismo se fusionó a la Secretaría de Culturas, y esta última solicitó información sobre el puesto que ocupó la accionante además de haber establecido una conversación personal con la impetrante de tutela “la anterior semana” y donde “…se acordó que la misma presente su documentación a los fines de contratación de la misma…” (sic) en ese sentido es un trámite administrativo no concluido; 4) No se lesiono el derecho al trabajo de la demandante de tutela por cuanto se respetó cada uno de los contratos suscritos durante su vigencia; además, la Conminatoria de Reincorporación emitida por la Autoridad del Trabajo es ambigua y no se encuentra fundamentada ni motivada, menos se pronuncia respecto a la normativa especial e interna institucional representada por los arts. 6 del Estatuto del Funcionario Público (EFP) -Ley 2027 de 27 de octubre de 1999-; 60 del Decreto Supremo (DS) 26115 de 16 de marzo de 2001; y, 233 de la CPE, entre otros como el Decreto Municipal “007” que aprueba el Reglamento para la Contratación de Personal del GAM de La Paz, aspecto que ha sido objeto de impugnación en la vía administrativa; 5) El derecho al trabajo no es un derecho absoluto por cuanto previamente se requiere del cumplimiento de los procedimientos de evaluación, existencia de recursos públicos y necesidad de servicio, hecho que no puede establecer garantizar la estabilidad y continuidad de la relación de servicios de la accionante, por cuanto esta no es una relación laboral sino una prestación de servicios de carácter eventual; 6) La Resolución de Doctrina Constitucional 0001/2021 de 16 de junio, también refiere respecto al incumplimiento de las conminatorias cuando estas no son fundamentadas ni motivadas “conforme lo dispone la página 16”, extractando que la justicia constitucional no puede ordenar el cumplimiento de la conminatoria si la misma no cuenta con los mínimos elementos que la hagan efectiva, extremos que también deben ser observados; 7) La SCP 0562/2017-S2 de 5 de junio contiene precedente legal y constitucional que aplica y sienta el precedente jurídico respecto a la suscripción de contratos sucesivos de trabajo en el sector público en base a la normativa que rige este sector, que no da lugar a que opere la conversión de los contratos de plazo fijo a contratos indefinidos; 8) La SCP 0965/2017-S3 de 20 de septiembre, caso “Leonidas José Arias Bilbao La Vieja contra el GAMLP” en su ratio decidendi estableció que no resulta lógico que la justicia constitucional ejecute una resolución que no respeta estándares del debido proceso, pues en ciertos casos implicaría inclusive consagrar la violación de derechos; y, 9) El “Tribunal de garantías” no tiene facultades para establecer el pago de salarios devengados, so pena de provocar daño económico al Estado, esto en observancia de lo previsto en el art. 73.8 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) y la SCP 0083/2014-S3 de 27 de octubre; por todo lo expuesto solicita se “rechace” la acción interpuesta. En audiencia, refirió que debido al reordenamiento del Manual de Organización de Funciones de distintas unidades, se fusionaron varias unidades en las secretarías correspondientes, tal es el caso de la Unidad de Turismo -donde dependía la accionante- que se fusionó a la Secretaria Municipal de Culturas; por lo que se solicitó información para verificar el último cargo que ejercía la impetrante de tutela y es el motivo por el cual transcurrió este tiempo; por otra parte, indicaron que se convino con la demandante de tutela que presente su documentación correspondiente a los efectos de su reincorporación, encontrándose en curso el trámite administrativo de reincorporación, “que va ser concluido la próxima semana” (sic).
La Sala Constitucional Primera del departamento de La Paz, a través de la Resolución 259/2022 de 4 de noviembre, cursante de fs. 83 a 84 vta., concedió la tutela, ordenando al GAM de La Paz el cumplimiento íntegro de la Conminatoria J.D.T.-L.P. /BDFB/ 182/2022 de 11 de abril, sea en el plazo máximo de 72 horas; determinación asumida con los siguientes fundamentos: Fue el propio Tribunal Constitucional Plurinacional que a través de la Resolución de Doctrina Constitucional 0001/2021 de 16 de junio, estableció los ámbitos competenciales de la jurisdicción constitucional ampliada a los Tribunales de garantías, cuando el debate sea de su competencia y recaiga alrededor de una conminatoria de reincorporación, estableció que: “cuando el Tribunal de Garantías enfrente la Acción de Amparo Constitucional por virtud del Decreto Supremo N° 495, para el cumplimiento de la Conminatoria de Reincorporación, su única posibilidad será, garantizar el cumplimiento íntegro de la misma” (sic), no existiendo posibilidad alguna de que el Tribunal de garantías debata sobre la correcta valoración de los medios probatorios o el cumplimiento de la fundamentación o motivación de la decisión, toda vez que la concesión de tutela tendrá cualidad de provisionalidad; debiendo en su caso la parte perdidosa, debatir el fondo ante la autoridad administrativa o jurisdiccional -juez en materia laboral-; en consecuencia, corresponde conceder la tutela solicitada, ordenando el cumplimiento íntegro de la determinación laboral.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Se tiene diversos Contratos de Trabajo a Plazo Fijo C-1263 de 29 de diciembre de 2017, con vigencia a partir del 2 de enero hasta el 31 de diciembre de 2018; C-208 de 3 de enero de 2019, con vigencia desde el 3 de enero hasta el 31 de diciembre de 2019; C-1123 de 31 de diciembre de 2019, con vigencia desde el 2 de enero hasta el 11 de septiembre de 2020; C-7330 de 1 de septiembre, con vigencia desde esa data hasta el 31 de diciembre de 2020; y, C-1681 de 15 de enero de 2021, con vigencia desde el 15 de enero hasta el 31 de diciembre de 2021; todos suscritos por el GAM de La Paz y María Elena Calcina Chipana -ahora accionante-, siendo su último cargo el de Asistente Administrativo dependiente del despacho de la Dirección de Cultura Ciudadana (eventual I) de la entidad municipal descrita (fs. 3 a 7). II.2. Consta Conminatoria J.D.T.-L.P. /BDFB/ 182/2022 de 11 de abril, emitida por la Jefatura Departamental del Trabajo de La Paz, por la que conminó la inmediata reincorporación por estabilidad laboral de la ahora impetrante de tutela, al mismo puesto que ocupaba como Asistente Administrativo, bajo dependencia del GAM de La Paz, más el pago de salarios devengados y demás derechos sociales y laborales que correspondan a la fecha de su reincorporación; determinación notificada al empleador el 29 de abril de 2022, conforme desprende el cargo de recepción (fs. 16 a 18 vta.). II.3. Por el Informe de Verificación de Reincorporación J.D.T.L.P.-CMAR-VR-230/2022 de 14 de julio, el Inspector de Trabajo de El Alto, concluyó que la parte empleadora no dio cumplimiento a la Conminatoria descrita supra (fs. 12 y vta.). II.4. Contra la Resolución de Reincorporación, la entidad demandada interpuso recurso de revocatoria -no consta en antecedentes-, que mereció como respuesta la RA 375-22 de 7 de junio de 2022, pronunciada por el Jefe Departamental del Trabajo de La Paz a.i., que resolvió RECHAZAR el recurso -de revocatoria- y CONFIRMAR la Conminatoria impugnada (fs. 22 a 24), a su vez, también presentó recurso jerárquico -no cursa en obrados-, que fue resuelto a través de la RM 1246/22 de 19 de octubre de 2022, pronunciada por la Ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social, que resolvió CONFIRMAR TOTALMENTE la Conminatoria J.D.T.-L.P./BDFB/ 182/2022 (fs. 44 a 48 vta.); determinación notificada a la entidad demandada el 26 de octubre de ese año (fs. 63).
La accionante denuncia la vulneración de sus derechos al trabajo y a la estabilidad laboral; toda vez que, habiendo suscrito varios contratos de trabajo a plazo fijo continuos con el GAM de La Paz -entidad ahora demandada-, el 31 de diciembre de 2021 fue desvinculada sin justificación, por lo que acudió a la Jefatura Departamental del Trabajo de La Paz, obteniendo en su favor la Conminatoria J.D.T.-L.P. /BDFB/ 182/2022 de 11 de abril, que ordenó su inmediata reincorporación por estabilidad laboral, más el pago de salarios devengados y otros; empero, conforme lo advirtió el Informe de Verificación de Reincorporación J.D.T.L.P.-CMAR-VR-230/2022 de 14 de julio, la entidad empleadora no cumplió la determinación laboral, motivos por los cuales, acude a la justicia constitucional solicitando se ordene su cumplimiento íntegro. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para el efecto, se analizarán los siguientes temas: i) Sobre la Doctrina de Unificación Jurisprudencial respecto al incumplimiento de las Conminatorias de reincorporación laboral denunciado a través de la acción de amparo constitucional; ii) Presentación directa de la acción de amparo constitucional ante el incumplimiento de las conminatorias de reincorporación laboral; y, iii) Análisis del caso concreto.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0206/2021-S1 de 25 de junio, reiterada por la SCP 0269/2021-S1 de 21 de julio, entre otras, asumió el siguiente entendimiento: En todos los casos en los que se denunciaron despidos ilegales, como el incumplimiento de las Resoluciones de Conminatoria de reincorporación laboral emitidas por las Jefaturas Departamentales de Trabajo, este despacho siempre tuvo como uno de sus principales objetivos el tratar de materializar los derechos fundamentales a la estabilidad laboral y el derecho al trabajo, en beneficio de las trabajadoras y los trabajadores, disponiendo el cumplimento integral de las conminatorias de reincorporación laboral, que se vieron reflejados en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0016/2018-S2 de 28 de febrero, 0814/2018-S2 de 11 de diciembre, 0985/2019-S2 de 21 de octubre (cumplimiento integral de conminatoria), como también en los Votos Disidentes a las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0318/2018-S2 de 9 de julio, 0214/2018-S2 de 22 de mayo, 0133/2018-S2 de 16 de abril, 0260/2019-S2 de 21 de mayo y 0789/2018-S2 de 26 de noviembre, entre otras. Lo que implica que siempre hubo una actitud consecuente sobre la necesidad de tutelar los derechos de estabilidad laboral y al trabajo, mediante la aplicación del estándar más alto de protección tal y como lo estableció la SCP 0814/2018-S2, que sistematizó y contextualizó la línea jurisprudencial sobre este tema en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0138/2012, 0177/2012 y 1608/2012, 0016/2018-S2, 0028/2018-S2, 0058/2018-S2 y 0060/2018-S2. Posteriormente, con el objeto de unificar la línea jurisprudencial de los precedentes constitucionales emitidos por las Salas de este Tribunal, respecto al incumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral y sobre todo para lograr la materialización del derecho al trabajo de toda persona, reconocido por instrumentos internacionales como por nuestra Constitución Política del Estado, este Tribunal Constitucional Plurinacional, en Sala Plena, a través de la Resolución de Doctrina Constitucional 0001/2021 de 16 de junio, unificó la línea jurisprudencial sobre esta temática:
1) En cuanto al cumplimiento integral de la conminatoria de reincorporación, esto es además de la reincorporación, el pago de sueldos y salarios devengados y otros derechos sociales, precautelando el derecho al trabajo del cual derivan otros derechos conexos, conforme a los entendimientos y la sistematización realizada en la SCP 0795/2019-S3 de 14 de noviembre, es decir:
1.i) Cuando una trabajadora o trabajador sea despedido injustificadamente o por causas no contempladas en el art. 16 de la LGT, podrá optar por el pago de los beneficios sociales o por su reincorporación; 1.ii) Es posible interponer directamente la acción de amparo constitucional
-abstrayendo el principio de subsidiariedad- cuando la trabajadora o el trabajador demande el incumplimiento de la conminatoria de reincorporación emitida por las Jefaturas Departamentales o Regionales de Trabajo por parte de su empleador; 1.iii) La referida conminatoria no constituye una resolución definitiva respecto a la situación laboral de la trabajadora o el trabajador siendo netamente provisional la otorgación de la tutela puesto que las autoridades administrativas o judiciales en materia laboral son las idóneas para resolver en el fondo y con carácter definitivo la situación laboral tanto para el empleador como para el trabajador; 1.iv) El prenombrado tiene el deber de dar cumplimiento inmediato a la conminatoria precitada, aunque hubiera planteado recurso de revocatoria o jerárquico que este pendiente de resolverse o hubiera interpuesto cualquier otro recurso en la vía judicial o administrativa; 1.v) La justicia constitucional se encuentra imposibilitada de ingresar a analizar si la conminatoria efectuó una indebida o ilegal fundamentación a tiempo de determinar la reincorporación, o si los datos, hechos y circunstancias que le dieron lugar -incluyendo la prueba-, ameritaban tal determinación, debido a que ese aspecto le corresponde a la jurisdicción ordinaria; y, 1.vi) La conminatoria de reincorporación antedicha debe ser acatada en su integridad, sin omitir ninguna de las determinaciones dispuestas (las negrillas y el subrayado fueron añadidos).
A partir de los precedentes establecidos ut supra y, con la facultad prevista en la norma procesal constitucional, este Tribunal en la parte resolutiva de dicho fallo de doctrina constitucional, dispuso:
UNIFICAR la línea jurisprudencial relativa al incumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral denunciada a través de la acción de amparo constitucional, en los siguientes términos:
1° En cuanto al alcance de la conminatoria de reincorporación laboral de trabajadoras y trabajadores en general, que contemple además de la reincorporación, el pago de sueldos y salarios devengados y otros derechos sociales, se dispone la vigencia de los entendimientos y la sistematización asumidos en la SCP 0795/2019-S3 de 14 de noviembre, correspondiendo a la jurisdicción constitucional velar por el cumplimiento integral de la conminatoria sin omitir ninguna de sus determinaciones… (negrillas agregadas).
La Resolución de Doctrina Constitucional ratificó las líneas jurisprudenciales garantistas emitidas por este despacho por medio de sus Sentencias y Votos Disidentes, precitados anteriormente, lo que implica que la unificación de jurisprudencia vincula al mismo Tribunal Constitucional Plurinacional a materializar los derechos fundamentales de los trabajadores, aplicando los entendimientos más favorables y con el estándar más alto de protección, reconociendo que estos derechos tienen un carácter progresivo en su protección e implementación dentro de nuestro ordenamiento jurídico, principios que no tienen un techo en su aplicación y que siempre se buscará la manera más efectiva de tutelar los derechos fundamentales.
El 1 de mayo de 2006 se dictó el DS 28699, que en sus arts. 10 y 11, establece la posibilidad que cualquier persona que se encuentre sometida al régimen laboral y crea que fue injustamente despedida o alejada de su fuente laboral -salvo las causas de despido previstas por el art. 16 de la LGT-, pueda acudir ante el ahora Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, reclamando su derecho a la estabilidad laboral o el pago de beneficios sociales; en contraposición al derogado art. 55 del DS 21060 de 29 de agosto de 1985, que permitía libremente rescindir los contratos de trabajo. Posteriormente, el 1 de mayo de 2010, se emitió el DS 0495, que en su Artículo Único modificó el parágrafo III del art. 10 del DS 28699, señalando:
En caso de que el trabajador opte por su reincorporación podrá recurrir a este efecto ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, donde una vez constatado el despido injustificado, se conminará al empleador a la reincorporación inmediata al mismo puesto que ocupaba la trabajadora o trabajador al momento del despido, más el pago de los salarios devengados y demás derechos sociales que correspondan a la fecha de la reincorporación, a través de las Jefaturas Departamentales y Regionales de Trabajo (las negrillas son nuestras). Además, incluyó los parágrafos IV y V, con los siguientes textos: “IV. La conminatoria es obligatoria en su cumplimiento a partir de su notificación y (únicamente) podrá ser impugnada en la vía judicial, cuya interposición no implica la suspensión de su ejecución”; se aclara que la palabra únicamente fue declarada inconstitucional por la SCP 0591/2012 de 20 de julio1. Por su parte, el parágrafo V indica: “V. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Parágrafo IV del presente Artículo, la trabajadora o trabajador podrá interponer las acciones constitucionales que correspondan, tomándose en cuenta la inmediatez de la protección del derecho constitucional de estabilidad laboral” (las negrillas de ambos textos normativos son incorporadas); se entiende que esto ocurre en la fase de la conminatoria. Por su parte, la Resolución Ministerial (RM) 868/10 de 26 de octubre de 2010, que reglamenta el procedimiento para la aplicación del DS 0495, en su art. 3 refiere:
ARTÍCULO 3.- (Acciones Constitucionales). Ante el incumplimiento de la Reincorporación instruida, la trabajadora o trabajador podrá interponer las acciones constitucionales que correspondan, tomándose en cuenta la inmediatez de la protección del derecho constitucional de estabilidad laboral (las negrillas son incorporadas). Vale decir, que ante la inobservancia del plazo para que un empleador ejecute una resolución de reincorporación de un trabajador a su fuente laboral, éste último puede acudir directamente a la jurisdicción constitucional, en procura de la reparación de los derechos que considere afectados. El Tribunal Constitucional Plurinacional, en numerosas oportunidades se pronunció sobre el cumplimiento de la conminatoria de reincorporación dispuesta por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, señalando que en estos casos procede directamente la acción de amparo constitucional. Así, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0138/2012 de 4 de mayo y 0177/2012 de 14 de mayo, establecen que debe hacerse abstracción del principio de subsidiariedad en aquellos casos en los que una trabajadora o trabajador demande la reincorporación a su fuente laboral ante un despido sin causa legal justificada, con el único requisito previo de recurrir a las Jefaturas Departamentales o Regionales de Trabajo denunciando este hecho, a objeto que estas entidades, una vez establecido el retiro injustificado, conminen al empleador la reincorporación inmediata, en los términos previstos por el DS 0495 de 1 de mayo de 2010; y ante su incumplimiento, se hace viable la tutela constitucional a través de la acción de amparo constitucional; efectivamente, la señalada SCP 0177/2012, tuvo el siguiente razonamiento en el Fundamento Jurídico III.3:
1) En caso de que una trabajadora o un trabajador, ante un eventual retiro intempestivo sin causa legal justificada opte por su reincorporación, deberá denunciar este hecho ante las Jefaturas Departamentales de Trabajo; entidades que deberán asumir el trámite previsto por el DS 0495, emitiendo si corresponde la conminatoria de reincorporación en los términos previstos en esta norma, y en caso de que el empleador incumpla la conminatoria, el trabajador o trabajadora podrá interponer la acción de amparo constitucional, misma que resulta más idónea en estos casos por las razones antes expuestas. 2) Aclarando que la conminatoria dispuesta por el Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social, en los alcances del DS 0495, no constituye una resolución que defina la situación laboral de la trabajadora o el trabajador, por cuanto el empleador puede impugnar ésta determinación en la justicia ordinaria, conforme previene el referido Decreto Supremo; vale decir, interponiendo una acción laboral dentro los alcances establecidos por el art. 65 del Código Procesal del Trabajo (CPT), precepto que otorga la posibilidad al empleador de constituirse en parte demandante en una acción social, instancia en la que en definitiva se establecerá si el despido fue o no justificado, esto debido a que la justicia constitucional solo viabiliza la tutela inmediata ante la decisión unilateral del empleador que opta por un despido intempestivo sin causa legal justificada. 3) En aquellos casos en que la trabajadora o trabajador, fuera sometido a un proceso interno dentro el cual se determine su despido por una de las causales establecidas en el art. 16 de la LGT y art. 9 del DR, en su caso por vulneración a su Reglamento Interno, el procedimiento previsto por el DS 0495, no será aplicable; debiendo la trabajadora o trabajador, que estime que su destitución fue ilegal o injustificada, incoar la correspondiente demanda de reincorporación ante la judicatura laboral (las negrillas nos corresponden). Por lo referido, las conminatorias de reincorporación emitidas por las Jefaturas Departamentales o Regionales de Trabajo, deben ser cumplidas de manera obligatoria, sin perjuicio que puedan ser impugnadas por el empleador o parte patronal en la vía administrativa o judicial; no obstante, mientras se suscite dicho aspecto, la conminatoria pronunciada debe ser ejecutada con la finalidad de resguardar los derechos constitucionales de los trabajadores, otorgándoles seguridad jurídica y estabilidad laboral, siendo posible en caso de inobservancia, la formulación de una acción de amparo constitucional, para la restitución de los derechos lesionados. Por otra parte, en los casos que este Tribunal concedió la tutela ante incumplimiento de conminatorias de reincorporación, también se pronunciaba sobre los sueldos devengados y otros beneficios sociales establecidos por ley, por entender que forman parte de la reparación que debe brindar la justicia constitucional ante la lesión a los derechos fundamentales. En ese sentido, por ejemplo, la SCP 0177/2012, aprobó la resolución del Tribunal de garantías que concedió la tutela y dispuso la cancelación de los sueldos devengados y demás beneficios sociales. De manera expresa, la SCP 1608/2012 de 24 de septiembre, entre otras, luego de conceder la acción de amparo constitucional, dispuso la cancelación de sueldos devengados.
No obstante, lo anotado precedentemente, la SCP 0083/2014-S3 de 27 de octubre, refirió que la jurisdicción constitucional no puede dimensionar el alcance de los sueldos devengados y otros beneficios, bajo el argumento que son las autoridades administrativas o judiciales las que deben realizar dicha labor; entendimiento que fue reiterado por la SCP 1130/2017-S3 de 31 de octubre, entre otras. Al respecto, posteriores Sentencias Constitucionales Plurinacionales, entre ellas, la SCP 0016/2018-S2 y la SCP 0028/2018-S2, ambas de 28 de febrero, confirmaron las Resoluciones emitidas por los Tribunales de garantías que concedieron la tutela y dispusieron la cancelación de los sueldos devengados y demás beneficios sociales. En ese sentido, el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0058/2018-S2 y 0060/2018-S2, ambas de 15 de marzo, hizo extensiva la tutela al pago de sueldos devengados y beneficios sociales, que la ley establece desde el día de su desvinculación ilegal. Efectuada la contextualización jurisprudencial anterior, debe recordarse que una de las características de los derechos humanos contenida en el art. 13.I de la Constitución Política del Estado (CPE), es su progresividad, que implica, por una parte; que los derechos humanos reconocidos en la Norma Suprema y en los Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos, no son un catálogo cerrado, sino que, de manera permanente se amplían en cuanto al reconocimiento de nuevos derechos, como también se desprende de la cláusula abierta prevista en el art. 13.II de la referida CPE. Por otra parte, el principio de progresividad, supone que las conquistas alcanzadas respecto a un derecho ya sea a nivel normativo o jurisprudencial, no pueden luego ser desconocidas, lo que significa que, en materia de Derechos Humanos, no corresponde la regresividad, es decir, el retroceder en la protección de los derechos humanos. El principio de progresividad fue desarrollado por la jurisprudencia constitucional en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2491/2012, 0210/2013, 1617/2013, entre muchas otras. Así en la SCP 2491/2012 de 3 de diciembre, el Tribunal Constitucional Plurinacional, señaló que el principio de progresividad establece la responsabilidad para el Estado boliviano, de no desconocer los logros y el desarrollo alcanzado en materia de Derechos Humanos, en cuanto a la ampliación en número, al desarrollo de su contenido y al fortalecimiento de los mecanismos jurisdiccionales para su protección, en el afán de buscar el progreso constante del Derecho Internacional de Derechos Humanos, que se inserta en nuestro sistema jurídico a través del bloque de constitucionalidad -art. 410.II de la CPE-.
Conforme a lo anotado, las medidas adoptadas por los órganos estatales que tienden a menoscabar derechos ya reconocidos o desmejorar una situación jurídica favorable vinculada a un derecho, constituye una afectación al principio de progresividad. En el marco del principio de progresividad, el Tribunal Constitucional Plurinacional pronunció las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2233/2013 de 16 de diciembre y 0087/2014-S3 de 27 de octubre, que razonaron sobre la teoría del estándar jurisprudencial más alto, como metodología para definir la sentencia aplicable en un determinado caso, ante una pluralidad de entendimientos; metodología, que a partir de los arts. 13 y 256 de la CPE, estableció que el precedente constitucional en vigor o vigente, resulta aquél que acoja el estándar más alto de protección del derecho fundamental o garantía constitucional invocada, esto es, aquella decisión que hubiera resuelto un problema jurídico de manera más progresiva a través de una interpretación que tiende a efectivizar y materializar de mejor manera los derechos fundamentales y garantías constitucionales previstas en la Norma Suprema y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos que forman parte del bloque de constitucionalidad; estándar que se escoge después del examen o análisis integral de la línea jurisprudencial, ya no solamente a partir del criterio temporal de las sentencias constitucionales -si fue anterior o posterior-que hubiere cambiado, modulado o reconducido un determinado entendimiento jurisprudencial, sino sobre todo, aquél que sea exponente del estándar más alto de protección del derecho. Conforme a lo anotado y en el marco de la contextualización de la línea jurisprudencial vinculada a la tutela directa de la acción de amparo constitucional por incumplimiento de la conminatoria de reincorporación, cabe señalar que el estándar jurisprudencial más alto se encuentra en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0138/2012, 0177/2012, 1608/2012, 0016/2018-S2, 0028/2018-S2, 0058/2018-S2 y 0060/2018-S2, al contener razonamientos que aseguran la máxima eficacia del derecho al trabajo, estabilidad laboral y el derecho a la reparación; por cuanto, por una parte, se concede la tutela ante el incumplimiento de la conminatoria, sin necesidad de efectuar otras consideraciones como la fundamentación o la legalidad de la misma, exigencias que no toman en cuenta los principios que informan la materia laboral, que se encuentran reconocidos en el art. 48 de la CPE, que establece que las normas laborales se interpretarán sobre la base de los principios de, entre otros, protección de las trabajadoras y de los trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad; de primacía de la relación laboral; de continuidad y estabilidad laboral; y, de inversión de la prueba a favor de la trabajadora y del trabajador. Cabe aclarar, que lo señalado no implica una negación del derecho a la defensa de la parte empleadora, quien, como lo indicó la jurisprudencia constitucional, podrá acudir a la jurisdicción laboral denunciando la supuesta ilegal conminatoria, con independencia de la concesión de la tutela. Por otra parte, las citadas Sentencias Constitucionales Plurinacionales, se pronuncian sobre los sueldos devengados y otros beneficios, conforme a los principios de interpretación referidos en el anterior párrafo y considerando que toda concesión de la tutela supone la reparación de la lesión del derecho o la garantía constitucional invocada como vulnerada, en el marco de lo señalado por el art. 113.I de la CPE, que establece que: “La vulneración de los derechos concede a las víctimas el derecho a la indemnización, reparación y resarcimiento de daños y perjuicios en forma oportuna”; norma constitucional que es coherente con las normas internacionales sobre Derechos Humanos, y en concreto, con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) -que forma parte del bloque de constitucionalidad- que desarrolló la reparación como concepto genérico que contiene varios elementos. Así, para la Corte IDH, la reparación supone la restitución integral del derecho que fue vulnerado, es decir, el restablecimiento del derecho a la situación anterior a su violación; pero también implica la adopción de otras medidas como la indemnización, que es la reparación por daños materiales físicos o mentales, los gastos incurridos, las pérdidas de ingreso; la rehabilitación, en los casos que corresponda, comprendiendo la atención médica y psicosocial requerida; la satisfacción pública, que consiste en el reconocimiento de la responsabilidad; y, las garantías de no repetición, que tienen por objeto adoptar medidas estructurales para evitar la repetición de las vulneraciones a derechos. Entonces, a partir de todo lo desarrollado, se tienen las siguientes subreglas respecto al incumplimiento de la conminatoria de reincorporación pronunciada por la autoridad del trabajo:
i) Procede la acción tutelar de manera directa, lo que significa que el trabajador no requiere agotar previamente la jurisdicción laboral ni la vía administrativa; ii) La competencia de la jurisdicción constitucional se limita a verificar el incumplimiento de la conminatoria de reincorporación, sin que corresponda analizar la fundamentación o la legalidad de dicha determinación; pues, esa labor es propia de la jurisdicción laboral, que podrá ser activada por el empleador si considera que la conminatoria resulta ilegal, con independencia de la concesión de la tutela por la justicia constitucional; pues esta concesión resulta provisional, hasta que la jurisdicción laboral defina la situación de la o el trabajador; y, iii) La concesión de la tutela supone la adopción de medidas de reparación como la indemnización, en concreto, tratándose de incumplimiento de conminatoria de reincorporación, la cancelación de los sueldos devengados desde la desvinculación ilegal constatada por la autoridad de trabajo y demás beneficios sociales que le correspondan al trabajador.
La accionante denuncia la vulneración de sus derechos al trabajo y a la estabilidad laboral; toda vez que, habiendo suscrito varios contratos de trabajo a plazo fijo continuos con el GAM de La Paz -entidad ahora demandada-, el 31 de diciembre de 2021 fue desvinculada sin justificación, por lo que acudió a la Jefatura Departamental del Trabajo de La Paz, obteniendo en su favor la Conminatoria J.D.T.-L.P. /BDFB/ 182/2022 de 11 de abril, que ordenó su inmediata reincorporación por estabilidad laboral, más el pago de salarios devengados y otros; empero, conforme lo advirtió el Informe de Verificación de Reincorporación J.D.T.L.P.-CMAR-VR-230/2022 de 14 de julio, la entidad empleadora no cumplió la determinación laboral, motivos por los cuales, acude a la justicia constitucional solicitando se ordene su cumplimiento íntegro. Previo a ingresar al análisis, corresponde precisar que la Ley 1468 de 30 de septiembre de 2022 -Procedimiento Especial para la Restitución de Derechos Laborales-, vigente a la fecha de emisión de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, no es aplicable al caso concreto puesto que la referida norma ingresó en vigencia a partir del 3 de noviembre de 2022; y, la accionante acudió a la vía administrativa el 16 de marzo de ese año -conforme el cargo de recepción de la denuncia escrita cursante a fs. 19 y vta.- y la Conminatoria fue pronunciada el 11 de abril de igual año (Conclusión II.2); es decir, fue emitida con anterioridad a la vigencia de la citada Ley 1468, debiendo aplicarse en consecuencia el procedimiento anterior, bajo el marco de lo previsto por la Resolución de Doctrina Constitucional 0001/2021. En ese contexto, corresponde precisar que conforme a la jurisprudencia citada en los Fundamentos Jurídicos III.1 y III.2 de este fallo constitucional, ante la denuncia de vulneración del derecho al trabajo, a la estabilidad e inamovilidad laboral, por despido injustificado -sin haberse incurrido en las causales establecidas en el art. 16 de la LGT-, que derivó en la emisión de una conminatoria de reincorporación laboral por una de las Jefaturas de Trabajo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, siendo la finalidad de la jurisdicción constitucional el resguardo de los derechos fundamentales cuando estos son amenazados, a efectos de otorgar una tutela provisional inmediata: “Es posible interponer directamente la acción de amparo constitucional -abstrayendo el principio de subsidiariedad- cuando la trabajadora o el trabajador demande el incumplimiento de la conminatoria de reincorporación…”; siendo en estos casos labor de la jurisdicción constitucional verificar la emisión de la conminatoria, su notificación al empleador y su incumplimiento, debiendo en esa circunstancia disponer el cumplimento integral de la conminatoria de reincorporación laboral, sin omitir ninguna de sus determinaciones. Ahora bien, de los antecedentes puestos a consideración de este Tribunal, se tiene que la ahora accionante ingresó a trabajar al GAM de La Paz, entidad ahora demandada, al haber suscrito diversos Contratos de Trabajo a Plazo Fijo: C-1263 de 29 de diciembre de 2017; C-208 de 3 de enero de 2019; C-1123 de 31 de diciembre de 2019; C-7330 de 1 de septiembre; y, C-1681 de 15 de enero de 2021, este último con vigencia desde el 15 de enero hasta el 31 de diciembre de del mismo año (Conclusión II.1), fecha que la impetrante de tutela refiere haber sido despedida sin justificación alguna. Ante esa situación, acudió a la Jefatura Departamental del Trabajo de La Paz denunciando su despido injustificado, arguyendo además que los contratos suscritos no se encontraban visados por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, y que el cargo que ostentaba ingresó bajo protección de la Ley General del Trabajo por mandato de la Ley 321 de 18 de diciembre de 2012; instancia que luego del trámite correspondiente pronunció la Conminatoria J.D.T.-L.P. /BDFB/ 182/2022 de 11 de abril, ordenando la inmediata reincorporación por estabilidad laboral de la ahora impetrante de tutela, al mismo puesto que ocupaba como Asistente Administrativo, bajo dependencia del GAM de La Paz, más el pago de salarios devengados, demás derechos sociales y laborales que correspondan a la fecha de su reincorporación; determinación que fue notificada al empleador el 29 de abril de 2022, conforme desprende el cargo de recepción (Conclusión II.2).
No obstante, tal disposición laboral no fue cumplida, extremo demostrado a través del Informe de Verificación de Reincorporación J.D.T.L.P.-CMAR-VR-230/2022 de 14 de julio, emitido por el Inspector de Trabajo de El Alto (Conclusión II.3); más al contrario, la entidad demandada presentó los recursos administrativos que franquea la ley: inicialmente RECURSO DE REVOCATORIA, resuelto mediante la RA 375-22 de 7 de junio de 2022, pronunciada por el Jefe Departamental del Trabajo de La Paz a.i., que resolvió RECHAZAR el recurso y CONFIRMAR la Conminatoria impugnada; y posteriormente RECURSO JERÁRQUICO, que fue resuelto a través de la RM 1246/22 de 19 de octubre de 2022, pronunciada por la Ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social, que resolvió CONFIRMAR TOTALMENTE la Conminatoria J.D.T.-L.P. /BDFB/ 182/2022 de 11 de abril; determinación notificada a la entidad demandada el 26 de octubre de ese año (Conclusión II.4). Por consiguiente, a partir de la notificación con la Resolución de Reincorporación, la entidad ahora demandada tenía la obligación de dar cumplimiento a lo dispuesto por la subregla 1.iv) establecida en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, que refiere: “El prenombrado tiene el deber de dar cumplimiento inmediato a la conminatoria precitada aunque hubiera planteado recurso de revocatoria o jerárquico que este pendiente de resolverse o hubiera interpuesto cualquier otro recurso en la vía judicial o administrativa”; no obstante, pese a la disposición de cumplimiento inmediato, no se acató ninguna de sus determinaciones; no resultando suficiente referir que se encuentra realizando trámites administrativos a efectos del cumplimiento de la Conminatoria J.D.T.-L.P. /BDFB/ 182/2022 de 11 de abril, cuando de los antecedentes se tiene que la institución fue notificada con la determinación laboral el 29 de abril de 2022 (fs. 16), habiendo transcurrido hasta la fecha de interposición de la presente acción de amparo constitucional -10 de octubre de igual año- cinco meses y once días; más aun si la entidad demandada ya conoce el resultado de su recurso jerárquico interpuesto contra la Conminatoria descrita -tal como desprende en el informe escrito-; consiguientemente, corresponde otorgar la tutela de manera provisional, por la vulneración de los derechos invocados como lesionados. Por último, en relación a los argumentos de la entidad demandada, que refieren que: a) No existió despido injustificado sino conclusión del plazo establecido en el contrato de trabajo a plazo fijo, por cuanto era una prestación de servicios de carácter eventual; b) La Conminatoria pronunciada por la autoridad administrativa laboral es ambigua y no se encuentra fundamentada ni motivada, menos se pronuncia respecto a la normativa especial e interna institucional; y, c) Debe considerarse la SCP 0562/2017-S2, que contiene precedente legal y constitucional respecto a la suscripción de contratos sucesivos de trabajo en el sector público, que no da lugar a que opere la conversión de los contratos de plazo fijo a contratos indefinidos. Al respecto corresponde señalar que el GAM de La Paz no consideró que dichos entendimientos fueron superados a partir de la emisión de la Resolución de Doctrina Constitucional 0001/2021, emitida por Sala Plena de este Tribunal, que concluyó que ante la denuncia de incumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral, a la jurisdicción constitucional estrictamente le corresponde velar por el cumplimiento de dicha conminatoria, encontrándose “…imposibilitada de ingresar a analizar si la conminatoria efectuó una indebida o ilegal fundamentación a tiempo de determinar la reincorporación, o si los datos, hechos y circunstancias que le dieron lugar -incluyendo la prueba-, ameritaban tal determinación, debido a que ese aspecto le corresponde a la jurisdicción ordinaria”; jurisdicción ordinaria laboral que puede ser activada por el empleador con independencia de la concesión de la tutela por la justicia constitucional; pues esta concesión resulta provisional, hasta que la jurisdicción laboral defina la situación del trabajador.
En consecuencia, la Sala Constitucional al conceder la tutela impetrada, actuó de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 259/2022 de 4 de noviembre, cursante de fs. 83 a 84 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del departamento de La Paz; y, en consecuencia; CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos dispuestos por la Sala Constitucional, conforme a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller
MAGISTRADA
1 El FJ III.4, señala: “… cuando el DS 0495 y la RM 868/10, disponen una única instancia para resolver administrativamente la reincorporación del trabajador, afectan el derecho al debido proceso en su elemento de acceso a una segunda instancia, de las partes que acceden a este mecanismo de resolución de conflictos, que pueden ser el trabajador como el empleador, debiendo por ello expulsarlas del ordenamiento jurídico, para que en aplicación del debido proceso consagrado por el
art. 115.II de la CPE, las partes tengan acceso a una segunda instancia administrativa en reclamo de la conminatoria a la reincorporación, sin perjuicio de la vía judicial” (las negrillas son nuestras).
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0694_2024-S1.pdf · páginas 1 a 19.
Huella digital del PDF (SHA-256): a85d945157ae1af204463a1e506432be0f490b074973299d99f0cc5cd69c7685
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →