B.IA.LEGAL

SCP 0694/2023-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 27 de junio de 2023

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
27 de junio de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
Expediente
46416-2022-93-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El impetrante de tutela, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad vinculado al debido proceso y al principio de seguridad jurídica, toda vez que estando señalada la fecha de audiencia virtual de consideración de cesación de su detención preventiva, no se otorgó a su abogado el link del enlace, enviándole otro link posteriormente pero que no correspondía a su caso penal; por lo que el Juez demandado suspendió el actuado procesal sin señalar nueva fecha de audiencia, dentro del plazo establecido por ley. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para el efecto, se analizarán los siguientes temas: 1) La presunción de veracidad de los hechos y actos denunciados por el accionante; 2) Sobre la solicitud de cesación de la detención preventiva y el señalamiento de audiencia y las modificaciones introducidas por la leyes 1173 y 1226; 3) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida; y, 4) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 06/2022 de 11 de marzo, cursante de fs. 16 a 17, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada en los mismos términos dispuestos por el Tribunal de garantías y conforme a los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La presunción de veracidad de los hechos y actos denunciados por el accionante
  2. III.2. Sobre la solicitud de cesación de la detención preventiva y el señalamiento de audiencia y las modificaciones introducidas por la ley 1173 y 1226
  3. III.3. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y las dilaciones indebidas
  4. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0694/2023-S1 Sucre, 27 de junio de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 46416-2022-93-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 06/2022 de 11 de marzo, cursante de fs. 16 a 17, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Wilfredo Gutiérrez Morales en representación sin mandato de Casiano Javier Ramírez Flores en contra de Yiye David Ríos Saravia, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Segundo del Plan 3000 del departamento de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Mediante memorial presentado el 10 de marzo de 2022, cursante de fs. 3 a 4, el impetrante de tutela, a través de su representante sin mandato, manifestó los siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de lesiones graves y leves en accidente de tránsito, se encuentra cumpliendo detención preventiva en el Centro Penitenciario de “Palmasola” de Santa Cruz; por lo que, en más de cuatro oportunidades solicitó audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva, siendo la última postulación programada para el 25 de marzo de 2022, notificándose a la Fiscalía, y a las dos víctimas junto a la oficial de diligencias del Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Segundo del Plan 3000 del departamento de Santa Cruz, donde radica la causa, cubriendo los costos de transporte de dicha funcionaria y los recaudos de ley a objeto de que se le notifique también a su persona con el oficio respectivo para ser trasladado a la sala de audiencias virtuales del precitado centro penal a horas 13.00 de la señalada fecha; empero, el actuado procesal nunca se llevó a cabo, pese a la insistencia de su abogado que se comunicó con la secretaria del citado juzgado para que se le envíe el link a fin de conectarse al enlace de la audiencia virtual, recibiendo por respuesta de la servidora judicial que se encontraban almorzando y que posteriormente, a horas 14:00, le enviarían el respectivo link. En la referida hora le llegó el link, pero su abogado se encontraba en otra audiencia “de tanto reclamar me llega un mensaje que mi audiencia de casación no se iba a llevar a cabo” (sic), sin darle explicación alguna sobre la razón de la suspensión, dejándolo en estado de indefensión, toda vez que, venció el plazo otorgado por el Juez al Ministerio Público para la ampliación del plazo de la investigación, sin que la Fiscal a cargo amplíe “la denuncia ni presento ningún imputación formal” (sic), resultando su detención ilegal por parte del Juez demandado por no llevar adelante la audiencia dentro de “lo normado” por la jurisprudencia y no señalar audiencia de cesación a la detención preventiva dentro de las veinticuatro horas y “no fijo a 72 horas no existiendo fundamentos para la negativa de ello” (sic).

I.1.2. Derechos y principio supuestamente vulnerados

El impetrante de tutela señala como lesionados sus derechos a la libertad personal y de locomoción, y al principio de seguridad jurídica, citando únicamente al efecto los arts. 125, 126 y 127 de la Constitución Política del Estado (CPE). En audiencia invocó el debido proceso sin citar norma constitucional alguna.

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se disponga, que el Juez demandado señale fecha de audiencia y celebre la misma dentro de las veinticuatro horas. En audiencia impetró su libertad.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

La audiencia pública de consideraciones de la presente acción de libertad, se realizó el 11 de marzo de 2022, según consta en acta cursante de fs. 15 a 16, produciéndose los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El impetrante de tutela, a través de su abogado, en audiencia ratifico íntegramente los términos de la presente acción tutelar, y ampliándolos señaló que: a) Fue detenido por conducir en estado de ebriedad; b) Tuvo que esperar quince días para que la secretaria elabore el acta de la audiencia; c) El Juez titular de la causa ingresó en vacaciones, remitiéndose el cuaderno de control jurisdiccional al juzgado de turno donde se celebraron dos audiencias, donde se menciona que existía desistimiento de ambas partes, pero la Fiscal de Materia no dijo nada, por lo que el Juez suplente, evitando tener “obstaculización” le negó la cesación; d) Cuando volvió a solicitar la cesación ante el Juez de origen, se le indicó que el cuaderno no fue devuelto, peregrinando para su devolución; e) Su abogado se apersonaba todos los días, porque su oficina está en frente del juzgado, “decretando audiencia cuando ya estaba a hora y no me daba tiempo para notificar la primera, segunda, tercera y la cuarta vez ya fue el colmo” (sic), solicitó la audiencia fijándose fecha para el 25 del pasado mes, a horas “1:00 p.m.”, y como almuerzan en el mismo lugar que los jueces y funcionarios, su abogado le pidió a la secretaria no olvidar la audiencia, otorgando los recaudos necesarios para la notificación al recinto penitenciario, estando notificadas las partes; f) El link le fue remitido recién a las 14.00 horas, pero era de otra audiencia, no la de su caso, comunicándose con la secretaria que le informó la suspensión del actuado; g) Al siguiente día, retornó su abogado para preguntar sobre la audiencia indicándole que el caso fue remitido al Tribunal “12”, mismo que es inexistente, incluso le dijeron que busque en el sistema pero revisó la plataforma al momento de presentar esta acción de defensa, sin encontrar resultados.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Yiye David Ríos Saravia, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Segundo del Plan 3000 del departamento de Santa Cruz, no presentó informe escrito como tampoco asistió a la audiencia respectiva, pese a ser notificado vía whatsApp por la oficina gestora de procesos 4, conforme informó la misma (fs. 14), cursando a fs. 13, impresiones de pantalla de celular con el mensaje y los documentos pertinentes para la notificación. Por otra parte, no remitió el cuaderno de control jurisdiccional, según informó la secretaria del Tribunal de garantías (fs. 15).

I.2.3. Resolución

El Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de la Capital del departamento de Santa Cruz, por Resolución 06/2022 de 11 de marzo, cursante de fs. 16 a 17, concedió la tutela solicitada, disponiendo que el Juez demandado señale audiencia pública en el plazo de veinticuatro horas, debiendo celebrarse la misma en el término de cuarenta y ocho horas a objeto de dilucidar la situación legal del impetrante de tutela, según procedimiento; determinación asumida con base en los siguientes fundamentos: 1) La autoridad demandada no está dando la atención oportuna al memorial de solicitud de cesación de la detención preventiva, sin resolver dentro del plazo establecido por ley, debiendo darse atención prioritaria por tratarse de la libertad de una persona; 2) Del análisis de la documentación adjuntada, así como de lo manifestado en la presente audiencia, aplicando el principio de presunción de veracidad debido a la falta de informe de la autoridad demandada y la no remisión del cuaderno de control jurisdiccional, se tiene que el peticionante de tutela se encuentra legalmente privado de libertad conforme los alcances del procedimiento penal, al ser dispuesta por orden de una autoridad competente, se entiende por el Juez demandado, ante quien solicitó cesación de la detención preventiva a ser resuelta en audiencia con la participación de todos los sujetos procesales; sin embargo, pese a la demora en el señalamiento del actuado, se suspendió sin instalarse, lo que constituye un defecto procesal insalvable; y, 3)

Pese a que el imputado impetró nuevo señalamiento de audiencia, que debió efectuarlo de oficio el Juez demandado, dicha autoridad no fijó fecha dentro del término de ley; por lo que, al no haberse señalado oportunamente se vulneró el derecho a la libertad y a la tutela judicial efectiva del imputado, quien requiere conocer en forma y tiempo oportuno, si le corresponde o no acceder a la cesación de la detención preventiva, por lo que la tutela debe concederse, aclarando que el Tribunal de garantías no puede disponer la libertad inmediata como solicitó el solicitante de tutela; pues se habla sobre la ilegalidad en el accionar del Juez demandado derivada de la demora en el señalamiento de la audiencia para resolver la situación jurídica del imputado.

II. CONCLUSIONES

De la revisión del expediente constitucional remitido a este Tribunal, se advierte que en el mismo no cursan antecedentes sobre el proceso penal seguido en contra del ahora impetrante de tutela y del cual emerge el reclamó formulado por la falta de señalamiento de audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva; por lo que, corresponde resolver la problemática de acuerdo con los lineamientos jurisprudenciales desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El impetrante de tutela, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad vinculado al debido proceso y al principio de seguridad jurídica, toda vez que estando señalada la fecha de audiencia virtual de consideración de cesación de su detención preventiva, no se otorgó a su abogado el link del enlace, enviándole otro link posteriormente pero que no correspondía a su caso penal; por lo que el Juez demandado suspendió el actuado procesal sin señalar nueva fecha de audiencia, dentro del plazo establecido por ley. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para el efecto, se analizarán los siguientes temas: 1) La presunción de veracidad de los hechos y actos denunciados por el accionante; 2) Sobre la solicitud de cesación de la detención preventiva y el señalamiento de audiencia y las modificaciones introducidas por la leyes 1173 y 1226; 3) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida; y, 4) Análisis del caso concreto.

III.1. La presunción de veracidad de los hechos y actos denunciados por el accionante

El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0751/2018-S2 de 8 de noviembre, asumió el siguiente razonamiento: La jurisprudencia constitucional entendió inicialmente a través de las SSCC 1068/00-R de 15 de noviembre de 2000 y 1388/2002-R de 18 de noviembre, entre otras, que para la concesión del entonces recurso de hábeas corpus -ahora acción de libertad-, debería existir prueba que demostrara las afirmaciones del accionante.

Posteriormente, a través de las SSCC 1164/2003-R de 19 de agosto y 0785/2010-R de 2 de agosto, se determinaron excepciones a la denegatoria de la acción de libertad por falta de pruebas, aplicando el principio de presunción de veracidad, en los siguientes supuestos: 1) Cuando las autoridades demandadas no asistieron a la audiencia ni presentaron el informe correspondiente para desvirtuar las afirmaciones de la o el impetrante de tutela, supuestos en los cuales, se tienen por ciertas las afirmaciones contenidas en la demanda tutelar; y por ende, se concede la tutela; razonamiento aplicado por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0224/2012, 1329/2012, 2498/2012 y 0029/2014-S1, entre otras; y, 2) Cuando las autoridades demandadas, a pesar de comparecer, no negaron los hechos alegados por la o el solicitante de tutela; razonamiento aplicado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1974/2013, 0100/2014 y 0207/2014, entre otras.

En el mismo sentido, la SC 0038/2011-R de 7 de febrero, refiere sobre la presunción de veracidad de los hechos demandados por el accionante; estableciendo que, atendiendo a los principios constitucionales de compromiso e interés social, de responsabilidad que rigen la función pública y a la naturaleza de los derechos tutelados por la acción de libertad, señala: “…cuando el sujeto pasivo es un funcionario público, éste tiene la obligación de presentar informe escrito o en su defecto concurrir a la audiencia a fin de desvirtuar los hechos o actos denunciados como lesivos a los derechos 1El FJ III.3, sostiene: “Según señala la doctrina del Derecho Administrativo, el servidor público ʽ…es la persona física, que desempeña un trabajo material, intelectual o físico dentro de alguno de los Poderes del Estado, bajo un régimen jurídico de derecho público, y que lleva como finalidad atender a necesidades sociales.´ (SÁNCHEZ GÓMEZ, citado en PÉREZ FERNÁNDEZ DEL CASTILLO, Bernardo. Ética del abogado y del servidor público. 12ª ed. Méjico, 2006. p. 127). Tradicionalmente, para garantizar el logro de los fines del Estado, la función pública ha implicado una posición de autoridad respecto a los administrados; sin embargo, conforme a la doctrina contemporánea del Derecho Administrativo, dicha autoridad no es un fin en sí misma, sino un medio para un efectivo servicio a la sociedad.

Con esa orientación, el art. 232 de la CPE, establece que: ʽLa Administración Pública se rige por los principios de legitimidad, legalidad, imparcialidad, publicidad, compromiso e interés social, ética, transparencia, igualdad, competencia, eficiencia, calidad, calidez, honestidad, responsabilidad y resultados´ (negrillas agregadas) y el art. 235.1 de la misma Ley Fundamental, consagra que la primera y más importante obligación de las servidoras y servidores públicos, es cumplir la Constitución y las leyes.

Partiendo del marco doctrinal y constitucional referido, se debe señalar que en el caso de la acción de libertad, atendiendo especialmente a los principios de compromiso e interés social y de responsabilidad que rigen la función pública, así como a la naturaleza de los derechos tutelados por esa garantía jurisdiccional, cuando el sujeto pasivo es un funcionario público, éste tiene la obligación de presentar informe escrito o en su defecto concurrir a la audiencia a fin de desvirtuar los hechos o actos denunciados como lesivos a los derechos del accionante, pues de no hacerlo se presume la veracidad de los mismos.

En ese sentido, la SC 1164/2003-R de 19 de agosto de 2003 señaló: ʽLos hechos denunciados por el recurrente no han sido desvirtuados por la autoridad demandada al no haber concurrido a la audiencia de Ley ni haber presentado su informe no obstante de su legal citación (…) lo que determina la procedencia del recurso´ y la SC 0650/2004-R de 4 de mayo, determinó: `…el funcionario recurrido, una vez citado legalmente con el recurso no comparece a la audiencia del hábeas corpus y no presenta informe alguno, por lo mismo, no niega ni desvirtúa las denuncias formuladas por el recurrente; en ese caso, el silencio del recurrido será considerado como confesión de haber cometido el hecho ilegal o indebido denunciado en el recurso´; entendimientos reiterados, entre otras, por las SSCC 0141/2006-R, 020/2010-R y 0181/2010-R.

Así, siguiendo esa línea la SC 0785/2010-R de 2 de agosto, refirió: ʽ…se tendrán por probados los extremos denunciados cuando las autoridades denunciadas, no desvirtúen los hechos demandados, situación que concurre cuando no obstante su legal notificación no comparecen a la audiencia ni presten su informe de ley´”.

del accionante, pues de no hacerlo se presume la veracidad de los mismos”. Entendimiento que fue reiterado, entre otras, por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0320/2016-S3 de 3 de marzo y 0037/2018-S2 de 6 de marzo.

En consecuencia, la parte demandada tiene la obligación, por su propio interés, de presentar la prueba necesaria y suficiente que permita desestimar una acción presentada en su contra, pues su negligencia puede dar lugar a determinarle responsabilidad, más aún, cuando se trata de un servidor público, que tiene el deber de elevar un informe con la prueba suficiente ante el juez o tribunal de garantías y estar presente en la audiencia; pues de lo contrario, se presume la veracidad de los hechos o actos denunciados por la o el accionante.

III.2. Sobre la solicitud de cesación de la detención preventiva y el señalamiento de audiencia y las modificaciones introducidas por la ley 1173 y 1226

El Tribunal Constitucional Plurinacional de la SCP 0534/2021-S1 de 13 de octubre, asumió el siguiente entendimiento:

La Ley de Descongestionamiento y Efectivizarían del Sistema Procesal Penal -Ley 586 de 30 de octubre de 2014-, implementó procedimientos para agilizar la tramitación de las causas penales, descongestionar el sistema penal y reducir la retardación de justicia; en su Capítulo III, específicamente el art. 8 incluyó modificaciones y sustituciones a las normas del Código de Procedimiento Penal, entre las que se encuentran el art. 239, que en lo relativo al pedido de cesación de la detención preventiva por las causales que se hallaban previstas en los numeras 1 y 4 de dicha norma, establecía que se debía señalar audiencia para su resolución en el plazo máximo de cinco días.

Si bien hasta antes de la promulgación de la Ley 586, este Tribunal estableció que para la procedencia de la protección que brinda la acción de libertad, ante la falta de pronunciamiento oportuno dentro de una solicitud de medidas cautelares que afecta el derecho a la libertad física del imputado, dicha petición debía ser atendida dentro del plazo razonable de tres días, en el que debía fijarse día y hora de realización de la audiencia correspondiente y procederse con las notificaciones respectivas -SCP 0110/2012 de 27 de abril-; con la modificación efectuada al art. 239 del CPP por la referida Ley 586, dicho plazo fue regulado a cinco días. Sin embargo, la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, y posteriormente la Ley de Modificación a ley N° 1173 de 3 mayo de 2019, de abreviación procesal penal y de fortalecimiento de la lucha integral contra la violencia a niñas, niños, adolescentes y mujeres -Ley 1226 23 de septiembre de 2019-introdujo las modificaciones al art. 239 referente a la cesación de las medidas cautelares personales, siendo el texto vigente el siguiente:

Artículo 239. (CESACIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES). Las medidas cautelares personales cesarán por el cumplimiento de alguna de las siguientes causales:

1. Cuando nuevos elementos demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente que sea sustituida por otra medida;

2. Cuando haya vencido el plazo dispuesto respecto al cumplimiento de la detención preventiva, siempre y cuando el fiscal no haya solicitado la ampliación del plazo de la detención;

3. Cuando la duración de la detención preventiva exceda el mínimo legal de la pena establecida para el delito más grave que se juzga;

4. Cuando la duración de la detención preventiva exceda de doce (12) meses sin que se haya dictado acusación o de vienticuatro (24) meses sin que se hubiera dictado sentencia, excepto en delitos de corrupción, seguridad del Estado, feminicidio, trata y tráfico de personas, asesinato, violación a niña, niño, adolescente e infanticidio, narcotráfico o sustancias controladas.

5. Cuando la persona privada de libertad acredite que se encuentra con enfermedad grave o en estado terminal; o,

6. Cuando la persona privada de libertad acredite el cumplimiento de sesenta y cinco (65) años de edad, salvo en delitos contra la vida, integridad corporal o libertad sexual de niñas, niños, adolescentes, mujeres y adultos mayores, delitos de corrupción y vinculados, de lesa humanidad, terrorismo, genocidio, traición a la patria, crímenes de guerra y narcotráfico o sustancias controladas.

Planteada la solicitud, en el caso de los numerales 1, 2, 5 y 6, la jueza, el juez o tribunal deberá señalar audiencia para su resolución dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas.

En el caso de los numerales 3 y 4, la Oficina Gestora de Procesos, a través del buzón de notificaciones de ciudadanía digital, dentro de las vienticuatro (24) horas siguientes correrá traslado a las partes, quienes deberán responder en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas. Con contestación o sin ella, la jueza, el juez o tribunal dictará resolución sin necesidad de audiencia, dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas siguientes, declarando la procedencia, siempre que la demora no sea atribuible a los actos dilatorios del imputado, o la improcedencia del beneficio, sin posibilidad de suspensión de plazos.

En los casos previstos en los numerales 2 al 6 del presente Artículo, la jueza, el juez o tribunal aplicará las medidas cautelares que correspondan, previstas en el Artículo 231 bis del presente Código. La cesación de la detención preventiva por las causas señaladas en los numerales 3 y 4 del presente Artículo, dará lugar a la responsabilidad de la jueza, el juez, tribunal o fiscal negligente.

Cuando la cesación sea resuelta en audiencia pública y ante la ausencia de cualquiera de los sujetos procesales, se seguirá en todo lo pertinente, lo establecido en el Artículo 113 de presente Código.” En consecuencia, el trámite a aplicar para la resolución de la cesación de la detención preventiva, es diferente en función a la causal; por una parte, para los numerales 1, 2, 5 y 6 del art. 239 del CPP modificado por la Ley 1226, corresponde resolverlas a través de una audiencia dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho horas. En cambio, para las causales 3 y 4 del citado artículo; dentro de las veinticuatro horas se correrá traslado a las otras partes para que respondan en el plazo de cuarenta y ocho horas y, con o sin contestación se resolverá sin necesidad de audiencia, dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho horas siguientes. Por consiguiente, la autoridad jurisdiccional que conozca una solicitud de cesación de la detención preventiva, que restrinja el derecho a la libertad de locomoción de un acusado, debe tramitarla con la mayor celeridad posible y dentro del plazo establecido, ya que el incumplimiento de esta obligación impuesta por ley, provocaría una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que la misma sea atendida favorablemente, pues la decisión a asumirse dependerá de las circunstancias y pruebas a presentarse; precisándose que la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida para atender una petición de tal naturaleza y no en la decisión jurídica y fundamentada de rechazo o aceptación a tal solicitud.

Respecto del plazo en el cual debe ser providenciadas las peticiones efectuadas mediante los memoriales presentados, de conformidad con el art. 132.1 del CPP, salvo disposición contraria de dicho Código, el juez o tribunal, deberá dictarlas cuando se traten de mero trámite dentro de las veinticuatro horas de su presentación, conforme lo entendió la SCP 0110/2012, ya que en el caso de retrasar o aplazar su emisión, no solo se lesiona el derecho a la libertad del impetrante de tutela, sino que el juzgador incurrirá en una falta grave, debido a la demora culpable en la que incurre; por tanto, las autoridades jurisdiccionales deberán providenciar los escritos que presenten los imputados dentro del plazo de veinticuatro horas y señalar las audiencias respectivas dentro del término establecido, a efecto de no lesionar el derecho a la libertad de los detenidos preventivamente, sin que sea una excusa para el incumplimiento de esta obligación la excesiva carga procesal, pues su inobservancia, atenta el derecho a la libertad vinculado con el principio de celeridad. Otro aspecto a tomarse en cuenta, es la línea jurisprudencial contenida en la SCP 1905/2012 de 12 de octubre, que establece que una vez suspendida la audiencia de cesación de la detención preventiva, la autoridad de control jurisdiccional debe señalar nueva fecha y hora, sin necesidad de que se presente una nueva solicitud.

III.3. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y las dilaciones indebidas

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0816/2019-S2 de 11 de septiembre, asumió el siguiente razonamiento: El Tribunal Constitucional a través de la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, señaló que el entonces recurso de hábeas corpus -actualmente acción de libertad- “…por violaciones a la libertad individual y/o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida”. A partir de la clasificación del entonces recurso de hábeas corpus desarrollada por la SC 1579/2004-R, la SC 0044/2010-R de 20 de abril amplía los tipos de hábeas corpus, haciendo referencia al hábeas corpus restringido, al instructivo y al traslativo o de pronto despacho, precisando que a través de este último: “…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”. En ese marco, la SC 0465/2010-R de 5 de julio, señala que el hábeas corpus traslativo o de pronto despacho -ahora acción de libertad-, se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad, cuando esté relacionada con la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Posteriormente, la SC 0078/2010-R de 3 de mayo, establece varios supuestos de procedencia que se encuentran dentro del ámbito de protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; vale decir que, determina subreglas para considerar actos dilatorios en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando: 1) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley; 2) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial; y, 3) Se suspenda la audiencia de consideración, por motivos injustificables que tampoco son causales de nulidad, como es el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que fueron notificados legalmente y no comparecen a la audiencia; entendimiento complementado con la SC 0384/2011-R de 7 de abril y reiterada por la SCP 0005/2012 de 16 de marzo.

Asimismo, la SCP 0015/2012 de 16 de marzo, en el marco de una interpretación plural, introdujo el principio ético-moral del ama qhilla -no seas flojo- a las construcciones jurisprudenciales referidas a la celeridad procesal, constituyéndose en una Sentencia moduladora, al establecer que las 6El FJ III.3, señala: “…se considera acto dilatorio en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando:

a) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley.

b) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial. Plazo que puede ser en un límite de tres o cinco días máximo, dependiendo de la particularidad de cada caso, cuando por ejemplo existan varias partes imputadas o víctimas múltiples que tengan que ser notificadas, o por la distancia donde se deba efectuar un determinado acto previo y esencial -como sucede con algunas notificaciones-, o que el juzgado esté de turno, etc. Con la excepción única y exclusiva en los casos que exista complejidad por la naturaleza propia y la relevancia del proceso, como los derechos e intereses comprometidos y relacionados a la petición; situación que deberá ser justificada por la autoridad judicial competente a momento de señalar la fecha de audiencia, teniendo en cuenta la razonabilidad.

c) Se suspende la audiencia de consideración, por causas o motivos que no justifican la suspensión, ni son causales de nulidad. Tal el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que han sido notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia. En el caso del Ministerio Público al estar regido por el principio de unidad tiene los medios para asistir a través de otro fiscal, y en cuanto al querellante al ser coadyuvante y estar notificado, su participación es potestativa en dicho acto, y por ende, su inasistencia no vincula a la autoridad jurisdiccional al estar cumplida la formalidad. No obstante, en caso de que la suspensión se deba a la falta de notificación o a la inasistencia del propio imputado, no existe dilación indebida ni afectación a derecho alguno, en cuyo caso deberá fijarse nueva fecha de audiencia conforme a las directrices expuestas”. 7El FJ III.2.1, indica: “De acuerdo al nuevo orden constitucional, el art. 8.I de la CPE, dentro de los principios y valores del nuevo Estado Plurinacional de Bolivia, asume y promueve como de carácter ético-morales de la sociedad plural, el `ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón)´; máximas milenarias que fueron constitucionalizadas y resumen de manera extraordinaria la moral que toda persona, natural o jurídica debe practicar en todas sus actividades. En ese sentido, se hace énfasis en el principio del ama qhilla, que establece una conducta de vida diligente que debe observar todo individuo, con mayor razón un servidor público como es el juez, del cual debe exigirse una actitud acuciosa en la administración de justicia, sobre todo cuando afecta a un vivir bien, así como a una vida armoniosa.

Los principios ético morales constitucionalizados: `ama qhilla, ama llulla y ama suwa´, vinculados entre sí, constituyen directrices de obligada observancia por los servidores de justicia cuando resuelvan derechos y garantías constitucionales, están en el deber imperativo de impulsar, ser director y promotor del proceso, velando su desarrollo, siendo responsables de cualquier demora por su inactividad, impulsando la nueva justicia en el nuevo Estado Plurinacional”.

autoridades judiciales, en virtud al citado principio, tienen el deber procesal de dirigir y resolver, sin dilaciones indebidas, las solicitudes de cesación de la detención preventiva sometidas a su conocimiento.

III.4. Análisis del caso concreto

De conformidad con la formulación argumentativa de la presente acción de libertad, se tiene la denuncia sobre la falta de señalamiento de fecha de audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva impetrada por el solicitante de tutela, puesto que el acto procesal programado a tal fin fue suspendido por el Juez demandado sin dar explicaciones, además de no haber proporcionado a su abogado el link respectivo para dicha audiencia, otorgándosele posteriormente uno que correspondía a otro caso. Delimitada la problemática a ser resuelta, previamente corresponde precisar que, de acuerdo con las directrices constitucionales glosadas en el Fundamento Jurídico III.1. de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, cuando la autoridad demandada no presenta informe como tampoco asiste a la audiencia pública de fundamentación de la acción de libertad a objeto de desvirtuar la denuncia de lesión o amenaza de lesión del o los derechos invocados por el accionante, a pesar de haber sido debidamente notificado, como ocurre en el caso, corresponde aplicar el principio de presunción de veracidad. Precisado aquello, procede efectuar el análisis acorde a los argumentos esgrimidos por el impetrante de tutela. De acuerdo con la situación fáctica expuesta en la presente acción tutelar, se tiene que, el peticionante de tutela se encontraría cumpliendo detención preventiva en el Centro de Penitenciario “Palmasola” de Santa Cruz, solicitando audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva en anteriores oportunidades, siendo la última programada para realizarse el 25 de marzo de 2022, a horas 13.00; sin embargo, no se le otorgó el link respectivo a su defensa técnica, suspendiéndose el acto procesal sin que el Juez demandado señale nueva fecha dentro del plazo establecido por ley. Ahora bien, de lo mencionado se establece que la autoridad jurisdiccional ahora demandada quien ejerce el control jurisdiccional del caso incumplió con su obligación de fijar nueva fecha de audiencia a los fines de definir la situación jurídica del hoy impetrante de tutela dentro el término previsto en el art. 251 del CPP dependiendo la causal invocada para lograr su cesación preventiva; razonamiento que emerge no solo de la citada normativa, sino que también fue desarrollada por la jurisprudencia constitucional según se glosa en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional. Cabe aclarar, que si bien el accionante, a través de su abogado, señaló que la secretaria del juzgado, de forma posterior a la hora fijada para la audiencia, recién le otorgó el link para la audiencia, sin embargo, este correspondía a otro proceso penal del cual no es sujeto procesal.

En la línea de análisis previamente efectuada, cabe enfatizar que la labor de los jueces y Tribunales no se circunscribe a la sola observancia de los plazos procesales previstos por ley sino que tiene el deber esencial de administrar justicia con la debida diligencia, actuando de manera célere según el caso requiera, sin necesidad de esperar que los sujetos procesales reiteren sus pretensiones cuando con antelación ya fueron postuladas; situación que en el caso en examen no aconteció, pues si bien la audiencia sobre la cesación solicitada por el impetrante de tutela se suspendió, se entiende por la falta de presencia de la parte imputada, por no habérsele otorgado el link respectivo para la audiencia virtual, era deber del Juez demandado señalar nueva fecha del acto procesal suspendido en razón a que se halla comprometida la libertad del solicitante de tutela, por lo que su omisión constituye una dilación en la definición de la situación jurídica del prenombrado afectando su derecho a acceder a la libertad u otra medida menos gravosa que la detención preventiva, si el caso amerita; contexto bajo el cual resultan aplicables las directrices jurisprudenciales contenidas en el Fundamento Jurídico III.3 de esta Sentencia, a objeto de conceder la tutela bajo la modalidad de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho ante la lesión del principio de celeridad con el que debió actuar la autoridad demandada respecto al señalamiento de la audiencia de cesación a la detención preventiva. Por otro lado, se advierte a que en caso de que el proceso penal hubiese sido remitido ante un Tribunal o Juez de sentencia por la presentación de requerimiento conclusivo de acusación formal, se debe tomar en cuenta que, los jueces de instrucción penal, son competentes para conocer y resolver las solicitudes de cesación de la detención preventiva que se hayan presentado, hasta antes de la radicatoria de la causa ante el juez o tribunal de sentencia penal; así como para desarrollar la audiencia y pronunciar la respectiva resolución, en los supuestos en que hubiere sido fijada con anterioridad a la presentación de la acusación. Asimismo, también resulta necesario considerar que presentada la acusación, el juez de instrucción penal, remitirá los antecedentes ante el juez o tribunal de sentencia penal dentro del plazo señalado en el art. 325 del CPP, debiendo quedarse en su lugar una copia de aquellas piezas procesales indispensables para resolver la solicitud de cesación de la detención preventiva; una vez concluida la audiencia y demás actuados, debe remitirlos junto a la resolución pronunciada en audiencia, ante el juez o tribunal de sentencia penal, que conoce la causa principal, para que sean acumulados al expediente.

En consecuencia, el Tribunal de garantías, al conceder la tutela solicitada, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 06/2022 de 11 de marzo, cursante de fs. 16 a 17, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada en los mismos términos dispuestos por el Tribunal de garantías y conforme a los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller

MAGISTRADA

Notas al pie

6 La detención preventiva cesará: 1. Cuando nuevos elementos demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente que sea sustituida por otra medida; 2. Cuando su duración exceda el mínimo legal de la pena establecida para el delito más grave que se juzga; 3. Cuando su duración exceda de doce (12) meses sin que se haya dictado acusación o de veinticuatro (24) meses sin que se hubiera dictado sentencia, excepto en delitos de corrupción, seguridad del Estado, feminicidio, asesinato, violación a infante, niña, niño, adolescente, e infanticidio; y, 4. Cuando la persona privada de libertad acredite que se encuentra con enfermedad terminal. Planteada la solicitud, en el caso de los Numerales 1 y 4, la o el Juez deberá señalar audiencia para su resolución en el plazo máximo de cinco (5) días. En el caso de los Numerales 2 y 3, la o el Juez o Tribunal dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes, correrá traslado a las partes quienes deberán responder en el plazo de tres (3) días. Con contestación o sin ella, la o el Juez o Tribunal dictará resolución sin necesidad de audiencia, dentro de los cinco (5) días siguientes, declarando la procedencia, siempre que la demora no sea atribuible a los actos dilatorios del imputado, o la improcedencia del beneficio, sin posibilidad de suspensión de plazos. En los casos previstos en los Numerales 2, 3 y 4 del presente Artículo, la o el Juez o Tribunal aplicará las medidas sustitutivas que correspondan, previstas en el Artículo 240 de este Código (las negrillas son añadidas).

7 El FJ III.3, dispone que: “…tratándose de señalamientos de día y hora de audiencia para considerar este beneficio [cesación de la detención preventiva], debe ser conceptuada como un término brevísimo, de tres días hábiles como máximo, pues el imputado se encuentra privado de su libertad. En este entendido, el plazo razonable para la realización de la audiencia de análisis, consideración y resolución del beneficio de la cesación de la detención preventiva, será el término máximo antes señalado, incluidas las notificaciones pertinentes, lo contrario constituye vulneración del derecho a la libertad, en el entendido en que los jueces no pueden obrar contra los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad (art. 73 y ss de la CPE), bajo el argumento de existencia de `sobrecarga procesal´ para justificar una negligencia e incumplimiento de un deber de servicio a la sociedad”.

8 El FJ III.3, expresa: “…ante la inexistencia de un plazo específico determinado por ley para que el juez señale día y hora de audiencia para considerar la cesación de la detención preventiva, es necesario establecer que el memorial de solicitud, debe ser providenciado indefectiblemente dentro de las veinticuatro horas de su presentación, conforme dispone el art. 132 inc. 1) del CPP, al tratarse de una providencia de mero trámite. En este entendido, habrá lesión del derecho a la libertad cuando existe

demora o dilación indebida al no emitirse el decreto pertinente de señalamiento de este actuado procesal dentro del referido plazo, bajo sanción disciplinaria a imponerse al juzgador en caso de incumplimiento”. 5El FJ III.4, señala: “Para la concreción del valor libertad, el principio celeridad y el respeto a los derechos, se ha previsto una acción de defensa específica que coadyuve para que los mismos no se vean afectados por actos lesivos y en caso de que así fuera, se puedan restituir a su estado natural, en especial tratándose de derechos fundamentales. En ese sentido, y tal y como se desarrolló en el punto III.3 de la presente Sentencia, este Tribunal Constitucional, agregó a la tipología del hábeas corpus desarrollada por la jurisprudencia, al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, el cual se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”.

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0694_2023-S1.pdf · páginas 1 a 13.

Huella digital del PDF (SHA-256): d2f604a3f51b40d5e82ed3bce0d9de77fe722702de7c4608a1cc2ab076882d91

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