Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 29 de octubre de 2024
Concede la tutela
La parte impetrante de tutela denuncia la vulneración de los derechos al debido proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación, congruencia, tutela judicial efectiva, y a la igualdad; toda vez que, dentro del proceso coactivo social seguido contra el GAM de Tupiza, los Magistrados ahora demandados, por Auto Supremo 154 de 16 de marzo de 2022, declaró infundado el recurso de casación incurriendo en: 1) Falta de congruencia, puesto que, no se pronunciaron respecto a uno de los principales agravios referidos a la admisión y tramitación de la excepción de prescripción presentada por el GAM de Tupiza el 19 de marzo de 2018; es decir, fuera del plazo previsto en el art. 32 inc. c) del DL 10173 de 23 mazo de 1978; al efecto se remitieron directamente al Auto de 9 de abril de 2018; por el que, se corrió traslado dicha excepción, soslayando la obligación de pronunciarse con el argumento de que el SENASIR habría convalidado dicho vicio al contestar el traslado; 2) La vulneración del debido proceso en su elemento de fundamentación, motivación y tutela judicial efectiva, por cuanto, no se aplicó correctamente el inc. c) del art. 32 del DL 10173, que establece un plazo inexcusable de tres días para presentar excepciones previas, siendo que el GAM de Tupiza no observó ni cumplió dicho plazo; empero, dicha excepción fue admitida por el Juez a quo bajo lo previsto en los arts. […]
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 003/2023 de 4 de enero, cursante de fs. 215 a 222, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del departamento de Potosí; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, respecto al debido proceso en su elemento de fundamentación, motivación, tutela judicial efectiva y a la igualdad, disponiendo dejar sin efecto el Auto Supremo 154 de 16 de marzo de 2022, emitida por las Autoridades demandadas a objeto de que se emita una nueva Resolución conforme a los Fundamentos Jurídicos del presente fallo constitucional.
2° Denegar la tutela impetrada, sobre el debido proceso en su vertiente de congruencia, conforme a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0693/2024-S1 Sucre, 29 de octubre de 2024 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de amparo constitucional Expediente: 53003-2023-107-AAC Departamento: Potosí En revisión la Resolución 003/2023 de 4 de enero, cursante de fs. 215 a 222, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Mirvia Arrueta Montesinos y Mariela Vania Romero Quintanilla en representación legal del Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR) contra Esteban Miranda Terán y José Antonio Revilla Martínez, Magistrados de la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia.
Mediante memorial presentado el 13 de diciembre de 2022, cursante de fs. 85 a 97 vta.; la parte accionante expresó los siguientes fundamentos de hecho y de derecho:
El 25 de enero de 2018, el SENASIR inició contra el Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de Tupiza del departamento de Potosí un proceso coactivo social que fue admitida mediante Auto de Solvendo de 26 de igual mes y año, y recién el 19 de marzo del mismo año, dicha entidad municipal invocó excepción de prescripción, ante lo cual, el Juez a quo declaró no ha lugar a la misma al haber sido presentada fuera de plazo, por lo que, dicha entidad formuló recurso de reposición, que fue resuelto el 9 de abril del referido año, revocando la resolución judicial, y determinando aceptar el indicado recurso, siendo corrido en traslado a la parte coactivante para que responda la excepción en el plazo de tres días a partir de su notificación. El SENASIR fue notificado el 13 del citado mes y año, con el señalado Auto de 9 de abril de dicho año; ante ello, el 17 de igual mes y año, respondió a la excepción planteada, refiriendo que la misma fue interpuesta fuera de plazo pidiendo su rechazo por la inobservancia del art. 32 inc. c) del Decreto Ley (DL) 10173 de 23 de marzo de 1972, y por Auto Definitivo de 15 de junio de dicho año, el Juez de la causa declaró probada en parte dicha excepción, solo con relación a los periodos comprendidos con anterioridad al 7 de febrero de 1994. Posteriormente, el 2 de julio de 2018 el SENASIR planteó recurso de apelación contra el Auto Definitivo de 15 de junio de ese año, que fue resuelto por los Vocales de la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí mediante Auto de Vista 107/2021 de 16 de noviembre, confirmando el Auto recurrido, notificándose con ese fallo al SENASIR el 23 de noviembre de 2021. Por memorial de 3 de diciembre de 2021, el SENASIR planteó recurso de casación en la forma y en el fondo; así, en la forma, se señaló la inobservancia del nuevo marco jurídico, la resistencia del Juez para asumir y cumplir con la ley para pronunciar un fallo legal o cuando menos con un visible equilibrio procesal, suprimen su garantía al debido proceso en su vertiente de congruencia, motivación y fundamentación, al haberse aplicado una disposición de carácter civil, desconociendo el procedimiento coactivo social previsto en el art. 32 del DL 10173, contraviniendo inclusive el art. 128 del CPC; y, en el fondo, se observó la incorrecta interpretación del Decreto Supremo (DS) 25809 de 8 de junio de 2000 referido a la prescripción de aportes; al efecto solicitó al Tribunal de casación anular obrados hasta fs. “230”, dejando sin efecto el Auto de Vista 107/2021 hasta que se pronuncie respecto al incumplimiento del plazo previsto por el inc. c) del art. 32 del citado Decreto Ley y deliberando en el fondo, casen dicho fallo. Al respecto los Magistrados ahora demandados mediante Auto Supremo (AS) 154 de 16 de marzo de 2022, declararon infundado dicho recurso, vulnerando el debido proceso en sus vertientes de tutela judicial efectiva, fundamentación, motivación y congruencia y a la igualdad de partes. Sobre la vulneracion del debido proceso en su elemento de tutela judicial efectiva, el citado Auto Supremo impugnado, respecto al agravio relativo a la admisión de la excepción de prescripción presentada por el GAM de Tupiza del departamento de Potosí fuera del plazo previsto por el art. 32 inc. c) de DL 10173, no emitieron pronunciamiento sobre el plazo en que se planteó la excepción de prescripción, siendo que se remitió directamente al Auto de 9 de abril de 2018, soslayando la obligación de pronunciarse con el argumento de que esta entidad habría convalidado dicho vicio al contestar dicho traslado, sin tomar en cuenta que el art. 252 del Código Procesal del Trabajo (CPT) prevé la aplicación subsidiaria del Código Procesal Civil; es decir que, las resoluciones judiciales son impugnables salvo que lo prohíba la norma. Cuyo Auto de 9 de abril de 2018 resolvió el recurso de reposición disponiendo dejar sin efecto la providencia de 20 de marzo del citado año y en consecuencia tramita la excepción de prescripción del GAM de Tupiza, hecho que hace entrever que la fundamentación y motivación del Auto Supremo impugnado no habría tomado en cuenta el art. 255 del CPC aplicable al caso por permisión del art. 252 del CPT, no siendo admisible recurso contra el mencionado Auto de 9 de abril del referido año, ni imponer al SENASIR la obligación de impugnar una resolución irrecurrible conforme prevé los referidos preceptos legales, tampoco establecer la inoperancia y menos el consentimiento del SENASIR y soslayar la admisión de una excepción extemporánea, al efecto no puede consentirse que el Tribunal Superior haya omitido un pronunciamiento sobre este punto. Respecto al debido proceso en su vertiente de fundamentación, de la revisión de antecedentes se tiene que el SENASIR, el 2 de julio de 2018, interpuso apelación contra el Auto Definitivo de 15 de junio del mismo año, señalando como agravio la vulneración del debido proceso en su elemento de fundamentación, motivación y congruencia producto de una incorrecta aplicación del art. 32 inc. c) del DL 10173 referido sobre el plazo de 3 días para presentar las excepciones previas, plazo que no fue observado, menos cumplido por el GAM de Tupiza, no obstante fue admitida por el Juez a quo con el argumento de lo previsto en los arts. 128.II y 1497 del Código Civil (CC), justificando la aplicación de una norma netamente civil en el principio de favorabilidad previsto en el art. 256 de la CPE, pudiendo el Tribunal de casación en su labor de revisión enmendar la misma en previsión de los arts. 15 y 16 de la Ley del órgano Judicial (LOJ)- Ley 025 de 24 de junio de 2010; 253,254 y 255 del CPC; es decir que, no puede pretender aplicarse una norma de naturaleza civil a un proceso netamente coactivo social, advirtiéndose que el Juez a quo efectuó una fundamentación discrecional salida de la lógica legal inclinando la balanza hacia la entidad coactivada habiendo citado como fundamento el art. 128.II del CPC que resulta sesgada y contradictoria pues dicho artículo corresponde al catálogo de excepciones previas, siendo que la parte coactivada opuso prescripción bajo la figura procesal de excepción, por lo que, su tramitación estaba sujeta al art. 32 inc. c) del DL 10173, advirtiéndose que el Auto Supremo impugnado vulneró el debido proceso, la tutela judicial efectiva, a la defensa, a recibir una Sentencia fundamentada, a la igualdad habiendo también inobservado la seguridad jurídica. Se vulneró el principio de congruencia, debido a que el Auto Supremo impugnado no efectuó una adecuada revisión del proceso, por cuanto no se pronunciaron respecto a uno de los principales agravios referido a la admisión y tramitación de la excepción de prescripción presentada el 19 de marzo de 2018, es decir, fuera del plazo previsto por el art. 32 inc. c) del DL 10173, coligiéndose al efecto la lesión y desconocimiento de las normas legales por aplicar incorrectamente la mencionada norma, es decir, que la misma explana el procedimiento y plazo que debe ser aplicado ante la eventual oposición de excepciones dentro del proceso coactivo social así en el inc. d) otorga un plazo para su interposición, el inc. d) otorga plazo para la producción de prueba y emisión de resolución. Mismos que no fueron cumplidos ni observados por el juez a quo, tampoco por el tribunal ad quen ni los Magistrados quienes al dar por bien hecho lo obrado por el tribunal de apelación incumplieron y aplicaron incorrectamente el procedimiento especial aplicable a procesos coactivos sociales previsto en el DL 10171.
Se vulneró el derecho a la igualdad de partes, puesto que en el caso concreto, los Magistrados como última instancia de revisión vulneraron dicho derecho resultando evidente que en relación a la consideración de la excepción de prescripción interpuesta de forma extemporánea por el GAM de Tupiza se ratificó y propugnó la fundamentación de los Vocales de la Sala Social que dictaron el Auto de Vista 107/2021 de 16 de noviembre, que a su vez sin emitir pronunciamiento expreso confirmó la Resolución de 15 de julio de 2018 y el Auto de 9 de abril del mismo año, por el cual, se corrió traslado la excepción de prescripción para responder en el plazo de tres días, es decir que, aplicó el plazo para la tramitación de excepciones previsto en el art. 32 inc. c) del DL 10173, solo para el SENASIR, empero, dicho plazo fue inobservado y aplicado favorablemente lo dispuesto en los arts. 128.II del CPC y 1497 del CC, bajo el principio de favorabilidad hacia la parte coactivada, producto de ello, el SENASIR no logró recuperar los adeudos por concepto de beneficios sociales a la Seguridad Social del GAM de Tupiza, cuando éste ya se encontraba ejecutoriado.
Denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación y congruencia, tutela judicial efectiva y a la igualdad, citando al efecto los arts. 115, 119 y 410 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
Solicita se conceda la tutela impetrada, disponiendo dejar sin efecto el AS 154 de 16 de marzo de 2022, debiendo emitirse uno nuevo resolviendo cada uno de los agravios denunciados por el SENASIR de manera fundamentada, motivada y congruente.
Celebrada la audiencia el 4 de enero de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 201 a 214 vta., se produjeron los siguientes actuados:
La parte impetrante de tutela, en audiencia ratificó los argumentos expuestos en su acción de amparo constitucional y ampliándolo señaló que: a) El SENASIR al ser una entidad descentralizada del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, tiene las facultades de fiscalizar los aportes devengados al Sistema de Reparto, tanto de empresas públicas como privadas, en ese entendido, se encuentra regida por el Código de Seguridad Social, el cual se aplica a los procesos coactivos sociales; y, en la parte procedimental al Código Procesal del Trabajo, concretamente en su art. 249; así el proceso coactivo social de referencia debió ser tramitado bajo dicho cuerpo normativo; empero, el Juez de la causa confundió la norma sustancial con la procesal, refiriendo que ante un vacío se podía recurrir al Código Procesal Civil, cuando lo correcto era el Código de Seguridad Social, extremo que fue el principal fundamento del recurso de apelación interpuesto por el SENASIR, respecto al cual el Tribunal de alzada no se pronunció e ingresó directamente a resolver la prescripción; por lo que, se planteó el recurso de casación tanto en la forma como en el fondo; b) Conforme a la SCP 1083/2014 de 10 de junio, referida a la congruencia externa, una resolución debe tener correspondencia entre el planeamiento de las partes y lo resuelto, lo que en el caso no se cumplió; c) Tanto el Juez de la causa, el Tribunal de alzada y el de casación “…no han guardado relación…” (sic) con la norma aplicable al caso ni explicaron por qué aplicaron “normativa” en preferencia a un procedimiento específico; d) Se vulneró el derecho a la igualdad, al efectuar una ponderación de derechos, aplicando el principio de favorabilidad y convencionalidad respecto a la entidad municipal, empleando normativa civil, dejando de lado la norma específica; empero, a SENASIR se le conminó a responder en el plazo de tres días, evidenciando la desigualdad de oportunidades; y, e) Solicita se conceda la tutela y se disponga la anulación del AS 154 hasta que las autoridades demandadas emitan pronunciamiento expreso, fundamentado y motivado respecto a los argumentos de forma y de fondo del recurso de casación. Ante la pregunta del Vocal de la Sala Constitucional en sentido que si su pretensión es que se dé respuesta respecto a la cuestión de forma, considerando que en cuanto al fondo ya les habrían respondido, la parte peticionante de tutela señaló que si bien los Magistrados demandados se pronunciaron en el fondo, no lo hicieron respecto al agravio o fundamento de forma del recurso de casación, limitándose a dar por bien hecho el fundamento expuesto en el Auto de 9 de abril de 2018.
Esteban Miranda Terán y José Antonio Revilla Martínez, Magistrados de la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, a través de informe escrito de 4 de enero de 2023, presentado vía WhatsApp, cursante de fs. 197 a 200 vta., manifestaron que: 1) La Constitución Política del Estado en su art. 129.II, así como los arts. 54 y 55 del Código Procesal Constitucional (CPCo), establecen los requisitos de forma y contenido de la acción de amparo constitucional, como también los principios de subsidiariedad e inmediatez, que deben ser exigidos para su admisión. En el caso, estos requisitos no fueron cumplidos por la parte accionante, pues se denunció a través de ella, la vulneración al debido proceso por falta de fundamentación, motivación y congruencia aludiendo una errónea aplicación de un artículo del DL 10173, confundiendo esta instancia constitucional con la vía ordinaria; 2) La jurisdicción constitucional está impedida de ingresar a la interpretación de la legalidad ordinaria; empero, existe excepción a esta regla cuando concurren requisitos para ello y que necesariamente deben ser cumplidos por la parte impetrante de tutela, ante eventuales vulneraciones de derechos y garantías constitucionales en su interpretación; empero, en el caso concreto no se cumplieron estos requisitos, porque la parte peticionante de tutela no explicó qué derechos se hubiesen vulnerado, tampoco identificó el nexo causal para acreditar el cumplimiento de requisitos que permiten el control de legalidad; por tales razones amerita se declare “…improcedente la tutela solicitada…” (sic) por incumplimiento de requisitos de forma y contenido; 3) La entidad accionante no precisó la vinculación de los derechos supuestamente vulnerados con la decisión asumida en el AS 154 de 16 de marzo de 2022; así, señaló la transgresión de los derechos al debido proceso en sus elementos de motivación y fundamentación y a la defensa, sin especificar de qué manera se hubieran lesionado en estas vertientes; 4) En el referido Auto Supremo se explicó el por qué no correspondía la nulidad de la resolución impugnada pese a las deficiencias del recurso de casación, puesto que se confundió el recurso de casación en la forma y en el fondo; 5) El Auto Supremo cuestionado, expresó de forma clara y precisa los argumentos del recurso de casación tanto en la forma como en el fondo, exponiendo los motivos para declararlo infundado, indicando la norma que justifica la decisión y resolviéndolos por separado; de esa manera en cuanto a la forma, sobre la falta de pronunciamiento del plazo para interponer la excepción de prescripción se hizo mención, el Auto de Vista recurrido señaló: “Conforme lo referido, de la revisión del recurso de apelación (…) formulada por el SENASIR, se advierte que este señaló :’proceso coactivo social se debe regir a lo establecido en el Decreto Ley 10173 en su art. 32 que claramente establece el plazo de tres días siguientes a la notificación para la presentación de cualesquier excepción o reclamo…” (sic); 6) Concluyeron manifestando que el Auto Supremo 154 de 16 de marzo de 2022 fue emitido en el marco de lo reclamado en el recurso de casación, advirtiéndose que la parte impetrante de tutela pretende se efectúe un análisis del fondo de la resolución sobre la aplicación del art. 32 inc. c) del DL 10173 que instituye el plazo para presentar excepciones previas, extremo que no fue planteado en el recurso de casación en el fondo, de lo que se advierte que la parte peticionante de tutela entró en confusión al formular esta acción de defensa como si se tratase de otra instancia ordinaria más; y, 7) El Auto Supremo 154 de 16 de marzo de 2022 contiene la fundamentación y motivación necesaria, como también congruencia interna y externa, evidenciándose que no existió transgresión alguna a la normativa constitucional, en ese sentido, solicitaron se declare la improcedencia de la acción de defensa, por no cumplir con los requisitos de forma y contenido, y en caso de ingresarse al fondo, denegar la tutela por la inexistencia de las vulneraciones alegadas, manteniendo incólume el mencionado Auto Supremo.
Jesús Reynaldo Guzmán Ortega, Alcalde Municipal del GAM de Tupiza del departamento de Potosí, a través de su representante, en audiencia manifestó que: i) El art. 633 del Reglamento del Código Seguridad Social de 30 de septiembre de 1959, señala que ante la falta de disposición expresa, serán aplicables las del procedimiento civil, puesto que, tanto el referido Código como su Reglamento, señalan la prescripción de beneficios de los asegurados y no así la prescripción de la acción como institución civil aplicable al caso concreto, conforme los arts. 139 del CC; y, 128.II del Código Procesal Civil (CPC); ii) El parágrafo III del citado artículo, señala: “Las defensas sobrevinientes fundadas en hechos nuevos y dirigidas al fondo o mérito de la causa, deberán justificarse con prueba pre constituida y podrán oponerse en cualquier estado de la causa, aun en ejecución de sentencia”, por lo que, no se vulneraron los derechos invocados por la parte accionante, sino más bien se aplicó la normativa supletoria vigente; y, iii) Finalmente, señaló que se aplicó la norma supletoria civil, mencionando los arts. 1495 del CC y 128 del CPC, ratificándose de manera íntegra en el AS 154 de 16 de marzo de 2022 y en el informe de los Magistrados demandados.
La Sala Constitucional Primera del departamento de Potosí, mediante Resolución 003/2023 de 4 de enero, cursante de fs. 215 a 222, concedió la tutela solicitada, dejando sin efecto el Auto Supremo 154 de 16 de marzo de 2022 a objeto de que se dicte uno nuevo refiriéndose a la casación en la forma, en el plazo previsto por ley, bajo los siguientes fundamentos: a) En cuanto a la solicitud de la parte demandada de declarar la improcedencia de la presente acción tutelar, por la inobservancia de los requisitos contenidos en el art. 33 del CPCo, se evidencia que los mismos fueron cumplidos, al igual que la subsidiariedad e inmediatez; b) De la prueba cursante en obrados con relación al proceso coactivo social seguido por SENASIR contra el GAM de Tupiza del indicado departamento, se observaron varios actuados hasta el pronunciamiento del AS 154 de 16 de marzo de 2022, emitido por los Magistrados ahora demandados -que es objeto de la presente acción tutelar- declarando infundado el recurso de casación interpuesta por el SENASIR; c) La parte impetrante de tutela solicitó a las autoridades demandadas, que se pronuncien sobre la aplicación de los plazos establecidos en el DL 10173, sin embargo, de la lectura del Auto Supremo ahora cuestionado, se evidencia que dichas autoridades no se pronunciaron respecto a la aplicación de la ley para la excepción de prescripción, ni explicaron por qué el Juez de la causa aplicó esa normativa, limitándose a señalar “...se remitan al auto de fecha 9 de abril de 2018…” (sic); y, d) La ley impide que ante la resolución que resolvió la reposición se pueda plantear un recurso contra éste, conforme lo previsto por el art. 255 del CPC, en ese sentido, el argumento señalado por los Magistrados demandados en sentido que se hubiere convalidado debido a que no se planteó impugnación contra el Auto de 9 de abril de 2018, es erróneo, vulnerándose el debido proceso en su vertiente tutela judicial efectiva, puesto que, ni los Vocales que resolvieron el recurso de apelación como tampoco las autoridades demandadas se pronunciaron sobre este agravio, que fue reclamado desde un principio, existiendo la lesión al debido proceso en sus vertientes de congruencia y fundamentación.
Del análisis de la documental adjunta al expediente, se evidencia lo siguiente: II.1. Cursa demanda coactiva social presentada el 25 de enero de 2018, ante el Tribunal de Sentencia Penal y Juzgado de Partido del Trabajo SS Sentencia Penal de Tupiza de turno del departamento de Potosí, por las representantes legales del SENASIR -ahora peticionante de tutela- contra el GAM de Tupiza del referido departamento, para el cobro de Bs2 766 919,72.- (dos millones setecientos sesenta y seis mil novecientos diecinueve 72/100 bolivianos) conforme Nota de Cargo 036/2017 de 16 de noviembre (fs. 72 a 73 vta.). II.2. Por memorial de 16 de marzo de 2018, Mario Martínez Cazón, Alcalde del GAM de Tupiza del departamento de Potosí, planteó excepción de prescripción ante los Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juez de Partido de Trabajo y SS y Juez de Sentencia Penal de Tupiza del departamento de Potosí, solicitando se declare probada la prescripción liberatoria formulada e improbada la demanda planteada por el SENASIR contra esa entidad municipal (fs. 67 a 68 vta.), mereciendo el decreto de 20 del mismo mes y año, que declaró NO HA LUGAR a la excepción formulada por la citada entidad municipal, al haberse presentado fuera de plazo previsto por el art. 32 inc. c) del Decreto Ley (DL) 10173 de 28 de marzo de 1978, actuado con el que fueron notificados las partes el 28 del referido mes y año (fs. 66 vta.).
II.3. Consta recurso de reposición de 29 de marzo de 2018, presentado por Mario Martínez Cazón, Alcalde del GAM de Tupiza del departamento de Potosí ante el mencionado Tribunal, solicitando se reponga el decreto de 20 del citado mes y año, y se dé lugar a la excepción de prescripción formulada el 19 del referido mes y año (fs. 64 a 65 vta.); que fue corrido en traslado a la entidad ahora accionante, siendo respondida por memorial de 5 de abril del mismo año, señalando que para la tramitación del proceso coactivo social debe regir lo establecido en el art. 32 del DL 10173, que prevé el plazo de tres días siguientes a la notificación para la presentación de cualesquier excepción o reclamo, solicitando se rechace la excepción de prescripción planteada por la parte coactivada por haber sido presentada fuera de plazo señalado en la normativa legal que rige la materia (fs. 63 y vta.). II.4. Por Auto de 9 de abril de 2018, Remberto Elías López Llanos, Juez Técnico del Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juez de Partido de Trabajo y SS y Juez de Sentencia Penal de Tupiza del departamento de Potosí, dispuso revocar la resolución judicial “saliente a fs. 220” y determinó correr en traslado a la parte coactivante para que conteste a la excepción de prescripción (fs. 61 y vta.). Así, el 18 de abril del mismo año, el SENASIR respondió a la excepción de prescripción solicitando que conforme a lo señalado en el art. 32 inc. d) del DL 10173 se declare improbada la mencionada excepción (fs. 58 a 60 vta.).
II.5. Mediante Auto Definitivo de 15 de junio de 2018, la referida autoridad judicial declaró probada en parte la excepción de prescripción, con relación a los periodos devengados y comprendidos con anterioridad al 7 de febrero de 1994 en diferentes regímenes descritos en la Nota de Cargo 036/2017 de 16 de noviembre; y en consecuencia, se determinó la prosecución de la causa respecto a los periodos no prescritos, debiendo para ello, el SENASIR presentar una nueva liquidación en el plazo de diez días a partir de su legal notificación, bajo conminatoria de tenerse por no presentada la demanda (fs. 51 a 57).
II.6. Consta recurso de apelación presentado el 2 de julio de 2018, por el SENASIR a través de sus representantes legales, ante el mencionado Tribunal de Sentencia Penal, contra el Auto Definitivo de 15 de junio del citado año, señalando que al haberse demostrado que la excepción de prescripción fue interpuesta fuera del plazo previsto en el art. 32 del DL 10173, debió declararse su improcedencia y al haberse demostrado la imprescriptibilidad de la recuperación de aportes devengados a la Seguridad Social, solicitó se conceda el recurso de apelación ante el Tribunal de segunda instancia, el que deliberando en el fondo revoque el Auto apelado, manteniendo firme y subsistente el Auto de Solvendo determinando la continuación del proceso coactivo social (fs. 45 a 50 vta.); recurso de apelación que fue resuelto por la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, mediante Auto de Vista 107/2021 de 16 de noviembre, por el que, se confirmó el Auto Definitivo de 15 de junio de 2018, cuya notificación fue practicada mediante cédula el 23 del mismo mes y año (fs. 38 a 39). II.7. Mirvia Arrueta Montesinos y otro -ahora impetrante de tutela-, en representación legal del SENASIR, por escrito presentado el 3 de diciembre de 2021 interpuso ante la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, recurso de casación en la forma y en el fondo, contra el Auto de Vista 107/2021 de 16 de noviembre emitido por dicha Sala, solicitando que en la forma, anulen obrados hasta “fs. 230”, dejando sin efecto el Auto de Vista 107/2021 y el Auto de 9 de abril de 2018; asimismo, deliberando en el fondo, casen el referido Auto de Vista, manteniendo firme y subsistente el Auto de Solvendo y la Nota de Cargo 036/2017 de 16 de noviembre, determinando la continuación del proceso coactivo social. Al respecto, entre otros aspectos, expresó el siguiente agravio:
“El GAM de Tupiza, presentó excepción de prescripción fuera de plazo previsto por el art. 32 c) del DL 10173; porque fue citado con la demanda y el Auto de Solvendo, el 1 de febrero de 2018 y recién el 19 de marzo de 2018 presentó excepción de prescripción; es decir, después de 1 mes de su citación, e invocó la prescripción en aplicación a lo previsto en el art. 1492 y 1507 del CC, consiguientemente por proveído de 20 de marzo de 2018, se dispuso no ha lugar dicha excepción, por haber sido interpuesta fuera del plazo; empero, el 19 de marzo de 2018, la parte coactivada presentó recurso de reposición que fue resuelto mediante Auto de 9 de abril de 2018, que dispuso aceptar la reposición fundando la resolución en el art. 1492 del CC; en consecuencia, corrió traslado, de esta manera vulnerando y contraviniendo el principio a la seguridad jurídica, aplicando una disposición de carácter civil desconociendo el procedimiento coactivo social previsto en el art. 32 del DL 10173, vulnerando el art. 15.I de la LOJ, contraviniendo el art. 128 del CPC, agravios que no fueron advertidos en el recurso de apelación y no fueron considerados en el Auto de Vista, vulnerándose los art. 32 inc. c) del DL 10173; 15.I del Reglamento del Código de Seguridad Social; 44 y 61 del CPT, ya que se debe aclarar que para la tramitación del proceso coactivo social se debe regir a lo establecido por el DL 10173 en su art. 32 in. c) que claramente establece el plazo para interponer excepciones de 3 días siguientes a su notificación y sólo en caso de vacío legal, se encuentra el procedimiento laboral, aspecto que no ha sido considerado por el juzgador, por cuanto admite la excepción de prescripción presentado por la parte vulnerando el debido proceso” (fs. 29 a 37 vta.). II.8. Los Magistrados de la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia -ahora demandados-por AS 154 de 16 de marzo de 2022 -notificado a las partes el 13 de junio de 2022 conforme a fs. 20- resolvió el recurso de casación interpuesto contra el Auto de Vista 107/2021, por Mirvia Arrueta Montesinos y otro -hoy accionantes- en representación legal del SENASIR dentro del proceso coactivo social seguido por el SENASIR contra el GAM de Tupiza del departamento de Potosí, declarándolo INFUNDADO, bajo los siguientes fundamentos: “1. En cuanto al recurso de casación en la forma
(…)
El recurso de casación en la forma alegó violación del debido proceso desde sus vertientes seguridad jurídica, incongruencia, fundamentación y motivación, determinado en el art. 115 del CPE, y señaló que el Juez vulneró el principio de seguridad jurídica aplicando una disposición civil desconociendo el procedimiento coactivo social establecido en el art. 32 del Decreto Ley 10173, vulnerando el art. 15-I de la LOJ, agravios que fueron advertidos en el recurso de apelación y que no fueron considerados ni mencionados por los vocales de la sala a momento de emitir el Auto de Vista.
Conforme lo referido, de la revisión del recurso de apelación de fs. 281 a 286, formulada por el SENASIR, se advierte que este señaló: “…proceso coactivo social se debe regir a lo establecido en el Decreto Ley 10173 en su art. 32 que claramente establece el plazo de tres días siguientes a la notificación para la presentación de cualesquier excepción o reclamo” (textual); punto sobre el cual si bien los vocales no explicaron claramente por qué la excepción de prescripción no se encuentra fuera de plazo, conforme la revisión de antecedentes realizada precedentemente, se advierte que el Auto de 9 de abril de 2018, explicó de manera fundamentada y motivada, por qué se considera la excepción de prescripción presentada y la aplicabilidad de las normas civiles por disposición del art. 633 del RCSS, resolución que no fue impugnada por la parte que, creé se ve afectada por la emisión de ese Auto.
Nótese que, sobre estos aspectos, la entidad demandante, tenía las vías legales correspondiente para hacer valer su reclamo y no puede ahora pretender, retrotraer etapas que ya fueron concluidas; más aun considerando que la aplicación del art. 32 del DL Nº 10173, para la presentación de la excepción de prescripción en primera instancia fue sujeta a revisión, ante la presentación de un recurso de reposición; y al no haber impugnado el Auto de 9 de abril de 2018 y haber respondido la excepción de prescripción a fs. 239 a 241, convalidó dicho acto, habiendo precluido su derecho, en aplicación del principio de preclusión previsto en el art. 16 de la Ley Nº 025 (LOJ).
En tal sentido, se considera que los argumentos enervados por la entidad recurrente, no son suficientes para fundar la nulidad, por falta de congruencia en el Auto de Vista; toda vez que, conforme los principios que rigen las nulidades el de: especificidad, trascendencia, protección y convalidación, se tiene que existe una convalidación por parte de la entidad demandante, sobre la problemática referida al plazo para interposición de la excepción de prescripción; puesto que, emitido el Auto de 9 de abril de 2018, que dispone el traslado con la excepción, la entidad respondió la excepción de prescripción, convalidando actos procesales ya concluidos.
Por lo expuesto, no se advierte vulneración del art. 115 de la CPE, ni del principio de seguridad jurídica, en tal sentido, resulta infundado los argumentos vertidos por la entidad recurrente, en el recurso de casación en la forma.
2. En cuanto al recurso de casación en el fondo
(…)
Con relación a los intereses económicos del Estado, si bien es cierto que la CPE, goza de supremacía; sin embargo, del análisis de los antecedentes y el examen del Auto de Vista impugnado, se advierte que el Tribunal de alzada, no actuó en contra de la supremacía de la CPE desde el enfoque que plantea el recurrente en el sentido de que debió aplicarse el art. 48 de la CPE; empero, las normas dispuestas en dicha Norma Suprema solo puede ser aplicable, cuando este entró en vigencia o cuando la promulgación provoca la interrupción de la prescripción establecida con anterioridad. Por consiguiente, al no ser evidentes las infracciones alegadas en el recurso de casación, corresponde resolver, conforme establece el art. 220-II del CPC-2013, aplicable por la permisión del art. 633 del RCSS” (fs. 20 a 25 vta.).
La parte impetrante de tutela denuncia la vulneración de los derechos al debido proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación, congruencia, tutela judicial efectiva, y a la igualdad; toda vez que, dentro del proceso coactivo social seguido contra el GAM de Tupiza, los Magistrados ahora demandados, por Auto Supremo 154 de 16 de marzo de 2022, declaró infundado el recurso de casación incurriendo en: 1) Falta de congruencia, puesto que, no se pronunciaron respecto a uno de los principales agravios referidos a la admisión y tramitación de la excepción de prescripción presentada por el GAM de Tupiza el 19 de marzo de 2018; es decir, fuera del plazo previsto en el art. 32 inc. c) del DL 10173 de 23 mazo de 1978; al efecto se remitieron directamente al Auto de 9 de abril de 2018; por el que, se corrió traslado dicha excepción, soslayando la obligación de pronunciarse con el argumento de que el SENASIR habría convalidado dicho vicio al contestar el traslado; 2) La vulneración del debido proceso en su elemento de fundamentación, motivación y tutela judicial efectiva, por cuanto, no se aplicó correctamente el inc. c) del art. 32 del DL 10173, que establece un plazo inexcusable de tres días para presentar excepciones previas, siendo que el GAM de Tupiza no observó ni cumplió dicho plazo; empero, dicha excepción fue admitida por el Juez a quo bajo lo previsto en los arts. 128.II del CPC y 1497 del CC; es decir, aplicando una norma de naturaleza civil a un proceso netamente coactivo social, aspecto que en revisión no fue enmendado por el Tribunal de casación conforme a los arts. 15 y 16 de la LOJ; y, 3) Vulneración del derecho a la igualdad, toda vez que, aplicó el plazo para la tramitación de las excepciones previsto en el inc. c) del art. 32 del DL 10173, solo para el SENASIR; empero, dicho plazo fue inobservado y aplicado favorablemente lo dispuesto en los arts. 128.II del CPC y 1497 del CC, bajo el principio de favorabilidad hacia la parte coactivada, producto de ello el SENASIR no logró recuperar los adeudos por concepto de beneficios sociales de la citada entidad municipal, cuando este ya estaba ejecutoriado. En consecuencia, corresponde examinar en revisión, si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada, para ello, se desarrollarán los siguientes temas: i) El principio de congruencia como componente sustancial del debido proceso; ii) Sobre la fundamentación, motivación como elementos del debido proceso y su exigencia en las resoluciones emitidas por el Ministerio Público; iii) La garantía del debido proceso, en su elemento derecho a la igualdad; y, iv) Análisis del caso concreto.
El presente Fundamento Jurídico, fue citado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1233/2023-S1 de 1 de diciembre y la 0380/2021-S1 de 25 de agosto; -entre otras- que formularon el siguiente razonamiento: El debido proceso se encuentra consagrado en nuestro orden constitucional en su art. 115.II, al establecer como deber del Estado, garantizar el debido proceso; asimismo, según la voluntad del constituyente, ninguna persona puede ser condenada sin ser oída y juzgada previamente en un debido proceso tal como se encuentra dispuesto en el art. 117.I de la Norma Suprema.
Bajo esa comprensión, es pertinente señalar que la jurisprudencia constitucional concluyó que el debido proceso se ha constituido en una garantía general para asegurar la materialización del valor justicia, así como el proceso se constituye en un medio para asegurar en la mayor medida posible la solución justa de una controversia; los elementos que marcan el contenido de esta garantía son: el derecho a un proceso público, derecho al juez natural, derecho a la igualdad procesal de las partes, derecho a no declarar contra sí mismo, garantía de presunción de inocencia, derecho a la comunicación previa de la acusación, derecho a la defensa material y técnica, concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa, derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas, derecho a la congruencia entre acusación y condena, la garantía del non bis in ídem, derecho a la valoración razonable de la prueba, derecho a la motivación y congruencia de las decisiones; los elementos mencionados, no agotan el contenido del debido proceso, puesto que en atención el principio de progresividad, pueden ser incorporados nuevos elementos que la jurisprudencia y doctrina vaya desarrollando. En ese marco, respecto al principio de congruencia como parte esencial del debido proceso, esta instancia constitucional comprendió que la congruencia consiste en la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; empero, esta idea general no es limitativa respecto de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa; en tal caso, debe quedar claro que la congruencia implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, manteniendo en todo su contenido una correspondencia a partir de un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y argumentos contenidos en la resolución. Consecuentemente, es posible 1 La jurisprudencia constitucional expresada en la SC 0902/2010-R de 10 de agosto, refiere respecto a los elementos que componen a la garantía general del debido proceso en los siguientes términos: “En consonancia con los tratados internacionales citados, a través de la jurisprudencia constitucional se ha establecido que los elementos que componen al debido proceso son el derecho a un proceso público; derecho al juez natural; derecho a la igualdad procesal de las partes; derecho a no declarar contra si mismo; garantía de presunción de inocencia; derecho a la comunicación previa de la acusación; derecho a la defensa material y técnica; concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa; derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas; derecho a la congruencia entre acusación y condena; la garantía del non bis in idem; derecho a la valoración razonable de la prueba; derecho a la motivación y congruencia de las decisiones (SSCC 0082/2001-R, 0157/2001-R, 0798/2001-R, 0925/2001-R, 1028/2001-R, 1009/2003-R, 1797/2003-R, 0101/2004-R, 0663/2004-R, 022/2006-R, entre otras); sin embargo, esta lista en el marco del principio de progresividad no es limitativa, sino más bien enunciativa, pues a ella se agregan otros elementos que hacen al debido proceso como garantía general y que derivan del desarrollo doctrinal y jurisprudencial de este como medio para asegurar la realización del valor justicia, en ese sentido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Opinión Consultiva OC-16/99 de 1 de octubre de 1999, ha manifestado: "En opinión de esta Corte, para que exista "debido proceso legal" es preciso que un justiciable pueda hacer valer sus derechos y defender sus intereses en forma efectiva y en condiciones de igualdad procesal con otros justiciables. Al efecto, es útil recordar que el proceso es un medio para asegurar, en la mayor medida posible, la solución justa de una controversia. A ese fin atiende el conjunto de actos de diversas características generalmente reunidos bajo el concepto de debido proceso legal. El desarrollo histórico del proceso, consecuente con la protección del individuo y la realización de la justicia, ha traído consigo la incorporación de nuevos derechos procesales. (…) Es así como se ha establecido, en forma progresiva, el aparato de las garantías judiciales que recoge el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al que pueden y deben agregarse, bajo el mismo concepto, otras garantías aportadas por diversos instrumentos del Derecho Internacional" (las negrillas son nuestras).
Así configurado, es preciso recordar que el derecho y garantía genérica del debido proceso no se restringe en su aplicación al ámbito jurisdiccional solamente, sino que es extensiva a cualquier procedimiento en el que deba determinarse una responsabilidad (SSCC 0042/2004 y 1234/2000-R entre otras)”.
2 La SC 0486/2010-R de 5 de julio, en su F.J. III.4.1, señaló que: “De esa esencia, deriva a su vez la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esas consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes.
De otra parte, respecto de la congruencia como principio constitucional en el proceso civil, se indica que: “…la congruencia ha venido clasificada en diversos tipos o categorías que nos interesa anotar a los fines que se seguirán, y así es moneda corriente hablar en doctrina de incongruencia “ultra petita” en la que se incurre si el Tribunal concede “extra petita” para los supuestos en que el juzgador concede algo distinto o fuera de lo solicitado por las partes; “citra petita”, conocido como por “omisión” en la que se incurre cuando el Tribunal no se pronuncia sobre alguno de los pedimentos que le han sido planteados, etc.” (Principios Constitucionales en el Proceso Civil, Consejo General del Poder Judicial, El deber Judicial de Congruencia como Manifestación del Principio Dispositivo y su Alcance Constitucional, Madrid 1993, Mateu Cromo, S.A., Pág. 438).
Es decir que, en segunda instancia, pueden darse casos de incongruencia “ultra petita” en los que el juez o tribunal decide cuestiones que han quedado consentidas y que no fueron objeto de expresión de agravios (extra petita); y cuando omite decidir cuestiones que son materia de expresión de agravios por el apelante (citra petita).
El principio de congruencia, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las partes; la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia; la resolución de primera y/o segunda instancia, debe responder a la petición de las partes y de la expresión de agravios, constituyendo la pretensión jurídica de primera y/o segunda instancia”.
concluir que la congruencia como componente esencial de las resoluciones judiciales debe ser comprendida desde dos acepciones:
i. La congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales; lo cual, conlleva una prohibición para el juzgador, y es lo relacionado a considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando en consecuencia su consideración y tratamiento a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; dicho de otro modo, el juzgador no puede incurrir en incongruencia ultra petita al conceder o atender algo no pedido; tampoco puede incurrir en incongruencia extra petita al conceder algo distinto o fuera de lo solicitado; y, menos incidir en incongruencia citra petita al omitir o no pronunciarse sobre alguno de los planteamientos de las partes.
ii. La congruencia interna, que hace a la resolución como una unidad coherente, en la que se debe cuidar el hilo conductor que le dota de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; evitando de esta forma que, en una misma resolución existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión.
3 La SCP 0055/2014 de 3 de enero en su F.J. III.2.2, estableció que: “La congruencia de las resoluciones judiciales integra los componentes del debido proceso. En ese contexto, a partir de una concepción doctrinal, su análisis se orienta desde dos acepciones: externa, entendida como principio rector de toda resolución judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y respuesta) y lo resuelto por las autoridades judiciales, sin que el juzgador tome en cuenta aspectos ajenos a la controversia; interna, porque entendida la resolución como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos y los efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar que, en una misma resolución no existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión.
En ese sentido, la uniforme jurisprudencia constitucional, a través de la SC 1494/2011-R de 11 de octubre, señaló: “…la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, (…). En base a esas consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes.
(…).
De lo expuesto se confirma, que el órgano encargado de dictar la resolución, debe circunscribir su fallo a lo peticionado y no resolver más allá de lo pedido, que sería un pronunciamiento ultra petita, o, conceder algo distinto a lo solicitado por las partes, conocido en doctrina procesal como un pronunciamiento extra petita”. En el mismo sentido, la SC 0863/2003-R de 25 de junio, precisó que: “…el juez o tribunal ad quem, no puede ir más allá de lo pedido, salvo en los casos en que los vicios de nulidad constituyan lesiones a derechos y garantías constitucionales como cuando la nulidad esté expresamente prevista por ley”, entendimiento reiterado en las SSCC 1009/2003-R, 1312/2003-R y 0358/2010-R. Posteriormente, respecto a la pertinencia de las resoluciones pronunciadas por autoridades judiciales de segunda instancia, la SC 0358/2010-R de 22 de junio, puntualizó: “…implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes”. En esa misma línea, la SC 2017/2010-R de 9 de noviembre, señaló: “…la pertinencia entre el recurso
El presente Fundamento Jurídico, fue citado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1177/2023-S1 de 11 de octubre y la 0549/2021-S1 de 18 de octubre; -entre otras- que formularon el siguiente razonamiento:
La Constitución Política del Estado a través de su art. 115.II de la CPE, prevé: “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”; y, art. 117.I, “Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso…”; por lo que, a partir de estos preceptos legales se tiene que el derecho al debido proceso se encuentra reconocido en el texto constitucional, y de las interpretaciones efectuadas por el Tribunal Constitucional, se reconoció que este derecho comprende una triple dimensión, es decir como principio, garantía jurisdiccional y derecho fundamental -SC 0316/2010-R de 15 de junio-, con el cual se busca garantizar la sujeción estricta a las reglas procesales establecidas en el orden jurídico de cada materia, a cuyo efecto busca la materialización de los valores justicia e igualdad en la labor de impartir justicia.
En ese sentido, entre los elementos que conforman el debido proceso están la fundamentación, motivación y congruencia, los cuales en una concepción general se constituyen en una exigencia ineludible para las autoridades que vayan a emitir una resolución sea esta judicial o administrativa, puesto que, el correcto desarrollo de estos, permitirá al justiciable entender y comprender el porqué de la decisión respecto de su pretensión; es decir, podrá conocer el sustento normativo sustantivo y adjetivo, además de las razones claras y concretas del porque dicho respaldo normativo se ajusta al caso concreto y finalmente la certidumbre de que todas sus pretensiones fueron consideradas en coherencia con lo peticionado y lo resuelto.
Así, la SCP 0469/2018-S2 de 27 de agosto, efectuando una breve sistematización de la distinción entre los elementos de fundamentación y motivación desarrollada en la SC 1291/2011-R de 26 de septiembre; y, citando a la SCP 1414/2013 de 16 de agosto, señaló que la misma desarrollo el siguiente entendimiento sobre la distinción de estos dos elementos del debido proceso:
Esta distinción jurisprudencial entre fundamentación y motivación desde la protección del contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada -Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2221/2012 de 8 de noviembre y 0100/2013 de 17 de enero- no sólo visibiliza un uso diferenciado de términos, sino una distinción conceptual que incide en la exigencia de justificación de toda decisión; toda vez que: a) La fundamentación se refiere a la obligación de las autoridades, en especial de las jurisdiccionales, de citar los preceptos legales, sustantivos y adjetivos en los que se apoye su determinación, así como de justificar la utilización de dichas disposiciones normativas o de interpretarlas de una determinada manera; es decir, consiste en la justificación normativa de la decisión que da por resultado la construcción de la premisa normativa; en cambio; y, b) La motivación hace referencia a la serie de razonamientos lógico-jurídicos que permiten entender, por qué un determinado caso se ajusta a la hipótesis normativa planteada en el mismo, significa que la motivación es la manifestación de los razonamientos que llevaron a la autoridad a la conclusión que el acto concreto que se trate, se encuentra por una parte, probado, lo que supone que la autoridad judicial debe explicar las razones por las que considera que la premisa fáctica se encuentra probada, poniendo de manifiesto la valoración de la prueba efectuada, y por otra, explicando por qué el caso encuadra en la hipótesis prevista en el precepto legal, elementos con los cuales se realiza la justificación fáctica de la decisión y se construye la premisa fáctica (el resaltado corresponde al texto original).
Bajo esos preceptos y consideraciones jurisprudenciales sobre el derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, se tiene que su observancia es de igual forma exigible en las resoluciones emitidas por el Ministerio Público, puesto que, resulta de vital importancia que estos expresen las razones y motivos por los que asumen una determinación, sin que sea suficiente un simple enunciado general, dado que la función de dirigir la investigación constituye una función clave en el sistema penal para asegurar la imparcialidad judicial y para permitir que la investigación se realice con parámetros eficientes. Entonces, al corresponderle al Fiscal asumir decisiones acerca del inicio, desarrollo y futuro de la investigación y, entre otros aspectos, resolver su continuación, decidir su suspensión u otras medidas, estas deben ser adoptadas en resoluciones que justifiquen y expliquen fundamentada y motivadamente el por qué y cómo se llegó a la decisión tomada.
Sobre la motivación y fundamentación de las resoluciones emitidas por el Ministerio Público, la SC 1523/2004-R de 28 de septiembre, sostuvo que:
…cabe señalar que toda decisión emitida dentro de un proceso penal que no implique cuestión de mero trámite sino que concierna al fondo de lo que se investiga debe ser necesariamente motivada o lo que es lo mismo, debidamente fundamentada, lo que significa, que tanto el fiscal o los jueces que conozcan el proceso, sea en control jurisdiccional o para resolver el fondo, deberán dictar sus requerimientos o resoluciones cumpliendo las exigencias de la estructura de forma como de contenido de las mismas. En particular en lo relativo al contenido de fondo, no sólo deberán circunscribirse a relatar lo expuesto por las partes sino también citar las pruebas que aportaron las partes, exponer su criterio sobre el valor que le dan a las mismas luego del contraste y valoración que hagan de ellas dando aplicación a las normas jurídicas aplicables para finalmente resolver.
Si no proceden de esa forma y dictan una resolución sin respetar la estructura señalada, resulta obvio que su decisión será arbitraria y considerada subjetiva e injusta, pues el sujeto procesal a quien no le sea favorable no podrá entender y menos saber la razón jurídica de la decisión; y de incurrirse en esta omisión al disponer sobreseimiento a favor de la parte imputada, la víctima podrá impugnar el requerimiento ante el superior jerárquico, y si éste igualmente incurre en la misma omisión, quedará abierta la jurisdicción constitucional para que acuda a la misma en busca de protección a sus derechos a la seguridad jurídica y de acceso a la justicia o tutela judicial efectiva, cuyo alcance no abarca, como se dijo, a que la parte acusadora pretenda que este Tribunal obligue a un Fiscal a presentar obligatoriamente la acusación si no únicamente a que dicha autoridad emita su requerimiento conclusivo debidamente fundamentado como lo exigen las normas previstas por los arts. 45. 7) de la LOMP, 73 y 323.3 del CPP (negrillas ilustrativas). En esa misma línea la SCP 0426/2014 de 25 de febrero, reiteró dichas exigencias y complementando la misma señaló que, la fundamentación y motivación debe ser emitida de manera clara y concreta, bajo un sustento apegado en derecho que permita conocer y convencer al justiciable las razones de la determinación, estableciendo que tal obligación también debe ser observada por la autoridad Fiscal Jerárquica. Bajo ese uniforme razonamiento seguido por este Tribunal, la SCP 0641/2018-S2 de 15 de octubre, explico que, siendo el Ministerio Público quien ejerce la acción penal pública cumpliendo el mandato inserto en el art. 225 de la CPE, lo cual le obliga a desarrollar sus funciones y facultades respetando los derechos fundamentales y garantías constitucionales y bajo el principio de objetividad entre otros, que se encuentran contemplados por la norma fundamental; en tal sentido, sus determinaciones conclusivas luego de la etapa de investigación, deben ser emitidas cumpliendo los parámetros del debido proceso, puesto que estos son requisitos ineludibles a cumplir por cualquier autoridad judicial o administrativa de la cual no está exenta el Fiscal; así, en el marco de esos preceptos la cita SCP 0641/2018-S2 estableció que:
Consecuentemente, cuando el Ministerio Público tome una determinación que resuelva la situación jurídica del ciudadano al que se le atribuye la comisión de un delito, pudiendo ser: i) Rechazo de una querella; ii) Imputación formal; y, iii) Sobreseimiento; son supuestos, en los cuales debe tener en cuenta todos los elementos probatorios presentados por las partes; es decir, de cada medio probatorio, sea éste, testifical, documental, pericial, entre otros; valorando la información que extrae de cada uno de ellos de manera individual, y en conjunto de forma integral, cuya apreciación debe estar acorde con las reglas de la sana crítica; es decir, no debe contradecir las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia o los conocimientos científicos, que necesariamente deben estar plasmados en la resolución a través de una debida motivación y fundamentación, conforme lo exige el art. 40.11 de la LOMP, en el marco del principio de objetividad contenido en el art. 225.II de la CPE, de lo dispuesto en el art. 5.3 de la referida LOMP y del art. 72 del CPP.
Este estándar, debe ser necesariamente observado en cualquiera de las formas de decisión de fondo, que asuma el Ministerio Público, pues la motivación y fundamentación que se realice, debe satisfacer tanto al querellante como al querellado; y por lo mismo, tiene que ser exigido por el fiscal departamental cuando revisa una objeción a las resoluciones de los fiscales de materia (las negrillas son agregadas).
En tal sentido, las decisiones tomadas por los representantes del Ministerio Público, deben tener una base racional y seguir lo establecido en el nuevo modelo constitucional y el ordenamiento jurídico, respetando los derechos de los involucrados, para que no quede ni la menor duda que lo resuelto está acorde a derecho, observancia que deberá ser plasmada a través de una resolución que contenga una debida motivación, desde un punto de vista racional como razonable, garantizando a la persona que la decisión que ha obtenido -sea o no favorable a sus intereses-, es producto de un razonamiento correcto, en el que además se haya considerado los valores y principios contemplados en la Constitución, dando lugar a una decisión objetivamente justa.
El debido proceso se encuentra reconocido en el art. 115.I de la CPE, como una garantía, vincula a las autoridades judiciales o administrativas (SSCC 0119/2003-R de 28 de enero y 0316/2010-R de 15 de junio, y SCP 1913/2012 de 12 de octubre), consiguientemente, no solo comprende al ámbito jurisdiccional, el desarrollo jurisprudencial estableció que también comprende al ámbito administrativo o corporativo, así la SCP 2184/2012 de 8 de noviembre, expresamente señala:
…abarca los presupuestos procesales mínimos a los que debe regirse todo proceso judicial, administrativo o corporativo, observando todas las formas propias del mismo así como las leyes preexistentes, para hacer posible la materialización de la justicia en igualdad de condiciones, lo que implica la posibilidad de ser juzgado por un juez o tribunal imparcial, independiente, competente y preestablecido legalmente con anterioridad a los hechos atribuidos y en el marco de garantías y presupuestos procesales imperantes en el orden jurídico rector (las negrillas son incorporadas). En su alcance, la jurisprudencia constitucional ha establecido que los elementos que componen el debido proceso son el derecho a un proceso público; derecho al juez natural; derecho a la igualdad procesal de las partes; derecho a no declarar contra sí mismo; garantía de presunción de inocencia; derecho a la comunicación previa de la acusación; derecho a la defensa material y técnica; concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa; derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas; derecho a la congruencia entre acusación y condena; la garantía del non bis in ídem; derecho a la valoración razonable de la prueba; derecho a la motivación y congruencia de las decisiones, entendimiento asumido en la SC 0902/2010-R de 10 de agosto, entre otras), sin que esta lista tenga un carácter restrictivo, sino solo enunciativo en el marco del principio de progresividad, en ese entendido pueden agregarse otros elementos que hacen del debido proceso una garantía general, derivado del desarrollo doctrinal y jurisprudencial. En esa comprensión, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la Opinión Consultiva OC-16/99 de 1 de octubre de 1999, expresó:
…para que exista 'debido proceso legal' es preciso que un justiciable pueda hacer valer sus derechos y defender sus intereses en forma efectiva y en condiciones de igualdad procesal con otros justiciables. Al efecto, es útil recordar que el proceso es un medio para asegurar, en la mayor medida posible, la solución justa de una controversia. A ese fin atiende el conjunto de actos de diversas características generalmente reunidos bajo el concepto de debido proceso legal. El desarrollo histórico del proceso, consecuente con la protección del individuo y la realización de la justicia, ha traído consigo la incorporación de nuevos derechos procesales. (…) Es así como se ha establecido, en forma progresiva, el aparato de las garantías judiciales que recoge el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al que pueden y deben agregarse, bajo el mismo concepto, otras garantías aportadas por diversos instrumentos del Derecho Internacional (las negrillas y el subrayado nos corresponden).
En la misma línea de razonamiento el Tribunal Constitucional Plurinacional expresó en la SCP 1234/2017-S1 de 28 de diciembre, que ratifica la SC 0999/2003-R de 16 de julio, manifestó:
…La importancia del debido proceso está ligada a la búsqueda del orden justo. No es solamente poner en movimiento mecánico las reglas de procedimiento sino buscar un proceso justo, para lo cual hay que respetar los principios procesales de publicidad, inmediatez, libre apreciación de la prueba; los derechos fundamentales como el derecho a la defensa, a la igualdad, etc., derechos que por su carácter fundamental no pueden ser ignorados ni obviados bajo ningún justificativo o excusa por autoridad alguna, pues dichos mandatos constitucionales son la base de las normas adjetivas procesales en nuestro ordenamiento jurídico, por ello los tribunales y jueces que administran justicia, entre sus obligaciones, tienen el deber de cuidar que los juicios se lleven sin vicios de nulidad, como también el de tomar medidas que aseguren la igualdad efectiva de las partes (las negrillas corresponden al texto original y el subrayado es añadido).
En ese marco jurisprudencial el derecho a la igualdad se configura como un derecho amplio, existe en cuanto está relacionado con otros y en un ámbito específico o respecto a algo, por lo que no puede ser invocado en forma independiente o aislada, el desarrollo jurisprudencial complementa expresando que el derecho a la igualdad:
…exige el mismo trato para los entes y hechos que se encuentran cobijados bajo una misma hipótesis y una distinta regulación respecto de los que presentan características desiguales, bien por las condiciones en medio de las cuales actúan, ya por las circunstancias particulares que los afectan; no prohibiendo tal principio dar un tratamiento distinto a situaciones razonablemente desiguales; siempre que ello obedezca a una causa justificada, esencialmente apreciada desde la perspectiva del hecho y la situación de las personas, pues unas u otras hacen imperativo que, con base en criterios proporcionados a aquellas, el Estado procure el equilibrio, cuyo sentido en derecho no es otra cosa que la justicia concreta. Conforme a esto, el principio de igualdad protege a la persona frente a discriminaciones arbitrarias, irracionales; predica la identidad de los iguales y la diferencia entre los desiguales, superando así el concepto de la igualdad de la ley a partir de la generalidad abstracta, por el concepto de la generalidad concreta... (el resaltado es añadido).
La parte peticionante de tutela denuncia la vulneración de los derechos al debido proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación, congruencia, tutela judicial efectiva, y a la igualdad; toda vez que, dentro del proceso coactivo social seguido contra el GAM de Tupiza, los Magistrados ahora demandados, por Auto Supremo 154 de 16 de marzo de 2022, declaró infundado el recurso de casación incurriendo en: a) Falta de congruencia, puesto que, no se pronunciaron respecto a uno de los principales agravios referidos a la admisión y tramitación de la excepción de prescripción presentada por el GAM de Tupiza el 19 de marzo de 2018; es decir, fuera del plazo previsto en el art. 32 inc. c) del DL 10173 de 23 mazo de 1978; al efecto se remitieron directamente al Auto de 9 de abril de 2018; por el que, se corrió traslado dicha excepción, soslayando la obligación de pronunciarse con el argumento de que el SENASIR habría convalidado dicho vicio al contestar el traslado; b) La vulneración del debido proceso en su elemento de fundamentación, motivación y tutela judicial efectiva, por cuanto, no se aplicó correctamente el inc. c) del art. 32 del DL 10173, que establece un plazo inexcusable de tres días para presentar excepciones previas, siendo que el GAM de Tupiza no observó ni cumplió dicho plazo; empero, dicha excepción fue admitida por el Juez a quo bajo lo previsto en los arts. 128.II del CPC y 1497 del CC; es decir, aplicando una norma de naturaleza civil a un proceso netamente coactivo social, aspecto que en revisión no fue enmendado por el Tribunal de casación conforme a los arts. 15 y 16 de la LOJ; y, c) Vulneración del derecho a la igualdad, toda vez que, aplicó el plazo para la tramitación de las excepciones previsto en el inc. c) del art. 32 del DL 10173, solo para el SENASIR; empero, dicho plazo fue inobservado y aplicado favorablemente lo dispuesto en los arts. 128.II del CPC y 1497 del CC, bajo el principio de favorabilidad hacia la parte coactivada, producto de ello el SENASIR no logró recuperar los adeudos por concepto de beneficios sociales de la citada entidad municipal, cuando este ya estaba ejecutoriado. En ese antecedente, conforme a las Conclusiones arribadas, se tiene memorial presentado el 25 de enero de 2018, por el cual, los representantes legales del SENASIR interpusieron ante el Tribunal de Sentencia Penal y Juzgado de Partido del Trabajo SS Sentencia Penal de Tupiza de turno del departamento de Potosí, demanda coactiva social contra el GAM de Tupiza del señalado departamento, para el cobro de Bs2 766 919,72.-, por lo que, el Alcalde de dicha entidad Municipal el 16 marzo del mismo año, planteó excepción de prescripción, mereciendo el decreto de 20 del citado mes y año, que declaró NO HA LUGAR dicha excepción al haberse presentado fuera del plazo previsto por el art. 32 inc c.) del DL 10173; decisión que fue objeto de recurso de reposición el 29 de marzo del referido año, el cual una vez corrido en traslado fue respondida por el SENASIR el 5 de abril de igual año, señalando que para la tramitación del proceso coactivo social debe regir lo previsto en el art. 32 del DL 10173; por lo que, la autoridad judicial por Auto de 9 de abril del señalado año, dispuso revocar la resolución judicial “saliente a fs. 220” y determinó correr en traslado a la parte coactivante para que conteste a la misma, así el 18 de abril del citado año, la entidad accionante respondió a dicha excepción solicitando se declare improbada la misma (Conclusiones II.1, II.2, II.3 y II.4).
Dicho memorial de excepción de prescripción fue respondido por el SENASIR el 18 de abril de 2018, pidiendo se declare improbada la misma; por lo que, la autoridad judicial a través de Auto Definitivo de 15 de junio del mismo año, declaró probada en parte dicha excepción, con relación a los periodos devengados y comprendidos con anterioridad al 7 de febrero de 1994; y en consecuencia, se determinó la prosecución de la causa respecto a los periodos no prescritos; al efecto, la parte impetrante de tutela el 2 de julio de 2018 interpuso recurso de apelación contra el mencionado Auto Definitivo, que fue resuelto mediante Auto de Vista 107/2021 de 16 de noviembre, por el que se confirmó el citado Auto Definitivo; asimismo, el 3 de diciembre de 2021 la entidad peticionante de tutela interpuso recurso de casación en la forma y en el fondo, contra el citado Auto de Vista 107/2021, por lo que, los Magistrados ahora demandados, por AS 154 de 16 de marzo de 2022 -notificado a las partes el 13 de junio de 2022- declaró INFUNDADO dicho recurso de casación (Conclusiones II.5, II.6, II.7 y II.8). Ahora bien, a fin de resolver la problemática planteada, a continuación por didáctica constitucional se resolverá el objeto procesal inmerso en el inc. a), posteriormente el objeto procesal descrito en el inc. b); y, c) respectivamente.
En relación a la problemática descrita en el inc. a) En este punto la parte accionante denunció que los Magistrados demandados, por Auto Supremo 154 de 16 de marzo de 2022, declaró infundado el recurso de casación incurriendo en falta de congruencia, puesto que, no se pronunciaron respecto a uno de los principales agravios referidos a la admisión y tramitación de la excepción de prescripción presentada por el GAM de Tupiza el 19 de marzo de 2018; es decir, fuera del plazo previsto en el art. 32 inc. c) del DL 10173; al efecto se remitieron directamente al Auto de 9 de abril del mismo año, por el que, se corrió traslado dicha excepción, soslayando la obligación de pronunciarse con el argumento de que el SENASIR habría convalidado dicho vicio al contestar dicho traslado. Al efecto previamente cabe señalar la jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional que establece que la congruencia externa, debe entenderse como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes y lo resuelto por las autoridades judiciales. En ese marco, de la contrastación del memorial de recurso de apelación (Conclusión II.8) con el Auto Supremo 154 de 16 de marzo de 2022, descrito en la Conclusión II.9 del presente fallo constitucional, se advierte que la parte impetrante de tutela argumentó como uno de sus agravios lo siguiente:
El GAM de Tupiza, presentó excepción de prescripción fuera de plazo previsto por el art. 32 c) del DL 10173; porque fue citado con la demanda y el Auto de Solvendo, el 1 de febrero de 2018 y recién el 19 de marzo de 2018 presentó excepción de prescripción; es decir, después de 1 mes de su citación, e invocó la prescripción en aplicación a lo previsto en el art. 1492 y 1507 del CC, consiguientemente por proveído de 20 de marzo de 2018, se dispuso no ha lugar dicha excepción, por haber sido interpuesta fuera del plazo; empero, el 19 de marzo de 2018, la parte coactivada presentó recurso de reposición que fue resuelto mediante Auto de 9 de abril de 2018, que dispuso aceptar la reposición fundando la resolución en el art. 1492 del CC; en consecuencia, corrió traslado, de esta manera vulnerando y contraviniendo el principio a la seguridad jurídica, aplicando una disposición de carácter civil desconociendo el procedimiento coactivo social previsto en el art. 32 del DL 10173, vulnerando el art. 15.I de la LOJ, contraviniendo el art. 128 del CPC, agravios que no fueron advertidos en el recurso de apelación y no fueron considerados en el Auto de Vista, vulnerándose los art. 32 inc. c) del DL 10173; 15.I del Reglamento del Código de Seguridad Social; 44 y 61 del CPT, ya que se debe aclarar que para la tramitación del proceso coactivo social se debe regir a lo establecido por el DL 10173 en su art. 32 in. c) que claramente establece el plazo para interponer excepciones de 3 días siguientes a su notificación y sólo en caso de vacío legal, se encuentra el procedimiento laboral, aspecto que no ha sido considerado por el juzgador, por cuanto admite la excepción de prescripción presentado por la parte vulnerando el debido proceso (sic). Al respecto, los Magistrados demandados, respondieron señalando lo siguiente:
Conforme lo referido, de la revisión del recurso de apelación de fs. 281 a 286, formulada por el SENASIR, se advierte que este señaló: “…proceso coactivo social se debe regir a lo establecido en el Decreto Ley 10173 en su art. 32 que claramente establece el plazo de tres días siguientes a la notificación para la presentación de cualesquier excepción o reclamo”(textual); punto sobre el cual si bien los vocales no explicaron claramente por qué la excepción de prescripción no se encuentra fuera de plazo, conforme la revisión de antecedentes realizada precedentemente, se advierte que el Auto de 9 de abril de 2018, explicó de manera fundamentada y motivada, por qué se considera la excepción de prescripción presentada y la aplicabilidad de las normas civiles por disposición del art. 633 del RCSS, resolución que no fue impugnada por la parte que, creé se ve afectada por la emisión de ese Auto.
Nótese que, sobre estos aspectos, la entidad demandante, tenía las vías legales correspondiente para hacer valer su reclamo y no puede ahora pretender, retrotraer etapas que ya fueron concluidas; más aun considerando que la aplicación del art. 32 del DL Nº 10173, para la presentación de la excepción de prescripción en primera instancia fue sujeta a revisión, ante la presentación de un recurso de reposición; y al no haber impugnado el Auto de 9 de abril de 2018 y haber respondido la excepción de prescripción a fs. 239 a 241, convalidó dicho acto, habiendo precluido su derecho, en aplicación del principio de preclusión previsto en el art. 16 de la Ley Nº 025 (LOJ). En tal sentido, se considera que los argumentos enervados por la entidad recurrente, no son suficientes para fundar la nulidad, por falta de congruencia en el Auto de Vista; toda vez que, conforme los principios que rigen las nulidades el de: especificidad, trascendencia, protección y convalidación, se tiene que existe una convalidación por parte de la entidad demandante, sobre la problemática referida al plazo para interposición de la excepción de prescripción; puesto que, emitido el Auto de 9 de abril de 2018, que dispone el traslado con la excepción, la entidad respondió la excepción de prescripción, convalidando actos procesales ya concluidos.
Por lo expuesto, no se advierte vulneración del art. 115 de la CPE, ni del principio de seguridad jurídica, en tal sentido, resulta infundado los argumentos vertidos por la entidad recurrente, en el recurso de casación en la forma…(sic). De la contrastación del agravio descrito en forma precedente con la respuesta otorgada por los Magistrados demandados, no se advierte la vulneración del debido proceso en su elemento de congruencia externa u omisiva, porque se contesta debidamente al agravio relativo a la admisión y tramitación de la excepción de prescripción interpuesta por el GAM de Tupiza, correspondiendo a esos efectos denegar la tutela impetrada, por cuanto al existir una respuesta al agravio objeto de la presente hizo que exista esa correspondencia entre el reclamo efectuado en el memorial de recurso de casación y lo resuelto en el Auto Supremo impugnado.
En relación a la problemática descrita en el inc. b) En este punto la parte peticionante de tutela denuncia que los Magistrados demandados, por Auto Supremo 154 de 16 de marzo de 2022, declaró infundado el recurso de casación incurriendo en la vulneración del debido proceso en su elemento de fundamentación, motivación y tutela judicial efectiva, por cuanto no se aplicó correctamente el inc. c) del art. 32 del DL 10173, que establece un plazo inexcusable de 3 días para presentar excepciones previas, siendo que el GAM de Tupiza no observó ni cumplió dicho plazo; empero, dicha excepción fue admitida por el Juez a quo bajo lo previsto en los arts. 128.II del CPC y 1497 del CC; es decir aplicando una norma de naturaleza civil a un proceso netamente coactivo social, aspecto que en revisión no fue enmendado por el Tribunal de casación conforme a los arts. 15 y 16 de la LOJ. Al respecto, previamente corresponde señalar la jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional que refiere que la fundamentación es la labor argumentativa por el cual la autoridad competente en la resolución de un caso está impelido de citar las disposiciones legales sobre las cuales justifica su decisión; pero además en casos específicos y necesarios tiene la obligación interpretar la norma aplicando las pautas y métodos de la hermenéutica constitucional; y, la motivación, está relacionada a la justificación de la decisión a través de la argumentación lógico-jurídica, en la cual se desarrollan los motivos y razones que precisan y determinan los hechos fácticos y los medios probatorios que fueron aportados por las partes, mismos que deben mantener una coherencia con la premisa normativa descrita por la misma autoridad a momento de efectuar la fundamentación. En ese marco, de la revisión del Auto Supremo 154 de 16 de marzo de 2022, se tiene que las Autoridades demandadas luego de identificar los agravios expresados en el recurso de casación en la forma y fondo, describir la contestación a dicho recuso por parte del GAM de Tupiza, señalar los fundamentos jurídicos del fallo, el análisis del caso concreto, a continuación resolvió declarar infundado dicho recurso de casación, entre otros aspectos bajo los siguientes fundamentos: Conforme lo referido, de la revisión del recurso de apelación de fs. 281 a 286, formulada por el SENASIR, se advierte que este señaló: “…proceso coactivo social se debe regir a lo establecido en el Decreto Ley 10173 en su art. 32 que claramente establece el plazo de tres días siguientes a la notificación para la presentación de cualesquier excepción o reclamo”(textual); punto sobre el cual si bien los vocales no explicaron claramente por qué la excepción de prescripción no se encuentra fuera de plazo, conforme la revisión de antecedentes realizada precedentemente, se advierte que el Auto de 9 de abril de 2018, explicó de manera fundamentada y motivada, por qué se considera la excepción de prescripción presentada y la aplicabilidad de las normas civiles por disposición del art. 633 del RCSS, resolución que no fue impugnada por la parte que, creé se ve afectada por la emisión de ese Auto.
Nótese que, sobre estos aspectos, la entidad demandante, tenía las vías legales correspondiente para hacer valer su reclamo y no puede ahora pretender, retrotraer etapas que ya fueron concluidas; más aun considerando que la aplicación del art. 32 del DL Nº 10173, para la presentación de la excepción de prescripción en primera instancia fue sujeta a revisión, ante la presentación de un recurso de reposición; y al no haber impugnado el Auto de 9 de abril de 2018 y haber respondido la excepción de prescripción a fs. 239 a 241, convalidó dicho acto, habiendo precluido su derecho, en aplicación del principio de preclusión previsto en el art. 16 de la Ley Nº 025 (LOJ).
En tal sentido, se considera que los argumentos enervados por la entidad recurrente, no son suficientes para fundar la nulidad, por falta de congruencia en el Auto de Vista; toda vez que, conforme los principios que rigen las nulidades el de: especificidad, trascendencia, protección y convalidación, se tiene que existe una convalidación por parte de la entidad demandante, sobre la problemática referida al plazo para interposición de la excepción de prescripción; puesto que, emitido el Auto de 9 de abril de 2018, que dispone el traslado con la excepción, la entidad respondió la excepción de prescripción, convalidando actos procesales ya concluidos. Por lo expuesto, no se advierte vulneración del art. 115 de la CPE, ni del principio de seguridad jurídica, en tal sentido, resulta infundado los argumentos vertidos por la entidad recurrente, en el recurso de casación en la forma…(sic). De lo precisado y descrito en forma precedente, ciertamente se advierte una falta de fundamentación y motivación; toda vez que, los Magistrados demandados, en cuanto a la fundamentación -que implica la cita de normas o jurisprudencia- si bien cita el art. 633 de Reglamento al Código de Seguridad Social que señala que “A falta de disposiciones expresas se aplicaran las del procedimiento civil”, sin argumentos lógico-jurídicos o motivación, luego de advertir y reconocer que el Auto de Vista no explicó claramente sobre el reclamo de la presentación de la excepción de prescripción fuera del plazo previsto en el inc. c) del art. 32 del DL 10173, se limita en concluir que el Auto de 9 de abril de 2018 emitido por el Juez a quo, explicó de manera fundamentada y motivada “…por qué se considera la excepción de prescripción presentada y la aplicabilidad de las normas civiles por disposición del art. 633 del RCSS…” (sic); es decir que, de manera confusa se remite directamente al mencionado Auto de 9 de abril del citado año, sin señalar o aclarar si en el caso concurría por ejemplo el presupuesto de la inexistencia de una disposición expresa a fin de justificar la aplicación de una norma de naturaleza civil al proceso coactivo social objeto de la presente, y de esta forma establecer la aplicación correcta o incorrecta de la norma especial precitada. Asimismo, las Autoridades demandadas, citando el art. 16 de la LOJ referido a la continuidad del proceso y preclusión, sin argumentos lógico-jurídicos o motivación, señalaron que al no ser impugnada el citado Auto de 9 de abril de 2018, en mérito al principio de preclusión, siendo que la parte accionante al haber respondido a dicha excepción habría convalidado dicho acto dejó precluir su derecho, sin observar a esos efectos el art. 15 de la norma precitada que también establece la aplicación preferente de la norma especial; es decir que, al tratarse de un proceso coactivo social, es aplicable el DL 10173 de 28 de marzo de 1972; aspecto que a su vez hace viable conceder la tutela impetrada, porque las Autoridades demandadas no explicaron de forma clara y con un debido sustento legal los motivos por los cuales era aplicable las normas de naturaleza civil a un proceso coactivo social que se rige por el referido DL 10173, denotándose por lo tanto la lesión del debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación relacionado a la tutela judicial efectiva. En relación a la problemática descrita en el inc. c) En este punto la parte impetrante de tutela denunció que los Magistrados demandados, por Auto Supremo 154 de 16 de marzo de 2022, declaró infundado el recurso de casación incurriendo en vulneración del derecho a la igualdad, toda vez que, aplicó el plazo para la tramitación de las excepciones previsto en el inc. c) del art. 32 del DL 10173, solo para el SENASIR; empero, dicho plazo fue inobservado y aplicado favorablemente lo dispuesto en los arts. 128.II del CPC y 1497 del CC, bajo el principio de favorabilidad hacia la parte coactivada, producto de ello el SENASIR no logró recuperar los adeudos por concepto de beneficios sociales de la citada entidad municipal, cuando este ya estaba ejecutoriado.
Al respecto, en relación al derecho a la igualdad, el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional, refirió que la misma se trata en que se exige el mismo trato para los entes y hechos que se encuentran cobijados bajo una misma hipótesis y una distinta regulación respecto de los que presentan características desiguales, bien por las condiciones en medio de las cuales actúan, ya por las circunstancias particulares que los afectan; no prohibiendo tal principio dar un tratamiento distinto a situaciones razonablemente desiguales; siempre que ello obedezca a una causa justificada, esencialmente apreciada desde la perspectivadel hecho y la situación de las personas, pues unas u otras hacen imperativo que, con base en criterios proporcionados a aquellas, el Estado procure el equilibrio, cuyo sentido en derecho no es otra cosa que la justicia concreta.
En ese marco, de la revisión y lectura del Auto Supremo impugnado se tiene que las Autoridades demandadas, al haber convalidado el hecho de que el Juez a quo habría aplicado el inc. c) del art. 32 del DL 10173 para la tramitación de la excepción de prescripción solo para la entidad peticionante de tutela y a su vez alegando el principio de favorabilidad aplicar al proceso coactivo social una normativa de naturaleza civil inmerso en los arts. 128.II del CPC y 1497 del CC, ciertamente hizo que se haya vulnerado el derecho a la igualdad procesal de las partes como parte del debido proceso, correspondiendo a esos efectos conceder la tutela impetrada por el trato distinto a dos entes sobre hechos cobijados bajo una misma hipótesis. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder la tutela impetrada, actuó en forma parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 003/2023 de 4 de enero, cursante de fs. 215 a 222, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del departamento de Potosí; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, respecto al debido proceso en su elemento de fundamentación, motivación, tutela judicial efectiva y a la igualdad, disponiendo dejar sin efecto el Auto Supremo 154 de 16 de marzo de 2022, emitida por las Autoridades demandadas a objeto de que se emita una nueva Resolución conforme a los Fundamentos Jurídicos del presente fallo constitucional.
2° Denegar la tutela impetrada, sobre el debido proceso en su vertiente de congruencia, conforme a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. Se hace constar que la Magistrada MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo es de Voto Aclaratorio. MSc. Georgina Amusquivar Moller MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo MAGISTRADA MAGISTRADA
de apelación, resolución apelada y lo resuelto en el auto de vista, es una condición esencial para asegurar a los justiciables que en la decisión de su recurso los superiores en grado tienen delimitado su campo de acción para emitir su resolución, limite que se expresa precisamente en la fundamentación de agravios prevista por el art. 227 del Código de Procedimiento Civil (CPC), como por el contenido de lo resuelto en la sentencia apelada, marco del cual el tribunal de alzada no puede apartarse”. Estos razonamientos fueron reiterados posteriormente en la SCP 0037/2012 de 26 de marzo y, desarrollados ampliamente en la SCP 1111/2012 de 6 de septiembre”.
4 En su F.J.III.3.2. “La Constitución Política del Estado en consideración a la naturaleza y los elementos constitutivos del debido proceso como instituto jurídico y mecanismo de protección de los derechos fundamentales, lo consagra como un principio, un derecho y una garantía, es decir, la naturaleza del debido proceso es reconocida por la Constitución en su triple dimensión: como derecho fundamental de los justiciables, de quien accede reclamando justicia, la víctima y de quien se defiende el imputado. A la vez es un principio procesal, que involucra la igualdad de las partes art. 119.I CPE y una garantía de la administración de justicia, previniendo que los actos del proceso se ceñirán estrictamente a reglas formales de incuestionable cumplimiento. De esa triple dimensión, se desprende el debido proceso como derecho fundamental autónomo y como derecho fundamental indirecto o garantía…”
5 El FJ III.2, señala: “…el fallo debe dictarse necesariamente con arreglo a derecho, esto es con la debida fundamentación que consiste en la sustentación de la resolución en una disposición soberana emanada de la voluntad general. Este requisito exige que el juez, a través del fallo haga públicas las razones que justifican o autorizan su decisión, así como las que la motivan, refiriéndonos al proceso intelectual fraguado por el juez en torno a las razones por las cuales, a su juicio, resultan aplicables las normas determinadas por él, como conocedor del derecho para la solución del caso a través de la cual el juzgador convence sobre la solidez de su resolución y a la sociedad en general le permite evaluar la labor de los administradores de justicia”.
6 La SC 0969/2003-R de 15 de julio, en su F.J. III.2 refiere que. El art. 73 CPC dispone que: “Los Fiscales formularán sus requerimientos y resoluciones de manera fundamentada y específica. Procederán oralmente en las audiencias y en el juicio y, por escrito, en los demás casos”.
La disposición legal transcrita concuerda con el art. 61 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP), resultando de vital importancia conocer las razones y motivos por los que el Fiscal asume una determinación, sin que sea suficiente un enunciado general al efecto, dado que la función de dirigir la investigación es uno de los aspectos novedosos del nuevo modelo procesal penal y constituye una función clave en el nuevo sistema para asegurar la imparcialidad judicial y para permitir que la investigación se realice con parámetros de mayor eficiencia. De tal modo, al Fiscal le corresponde asumir diversas decisiones acerca del inicio, desarrollo y futuro de la investigación y, entre otros aspectos, resolver su continuación, decidir su suspensión u otras medidas que deben ser adoptadas en resoluciones que justifiquen y expliquen su razón de ser”.
7 “A partir de este entendimiento y efectuando una interpretación del mismo a la luz de los nuevos principios ordenadores del derecho como el debido proceso en su componente de una debida fundamentación, resta complementar este razonamiento conforme a lo expuesto en el Fundamento Jurídico precedente, estableciendo que, tanto las resoluciones dictadas por los fiscales de materia como por los fiscales de distrito -ahora departamentales-, deben hallarse debidamente fundamentadas y motivadas, expresando de manera clara y concreta, sustentada en derecho, las causas por las cuales se tomó determinada decisión; caso contrario, una resolución carente de estos elementos fundamentales que hacen al fondo del decisorio, impiden al litigante, tener la certeza plena del porqué del contenido de la decisión y lesionan el debido proceso, haciendo procedente la tutela constitucional que otorga la acción de amparo constitucional” (resaltado agregado).
8 “En ese sentido, si bien el ejercicio de la acción penal es una competencia otorgada por el constituyente al Ministerio Público conforme lo dispuesto en el art. 225 CPE, constituyéndose en un Órgano sometido a la Norma Suprema; esa facultad de decidir si ejerce o no la acción penal, no puede ser asumida de modo arbitrario. Por lo tanto, cualquier determinación del Ministerio Público, que en los hechos resuelva la situación jurídica del ciudadano, al que se le atribuye la comisión de un hecho delictivo, tales como: 1) Rechazo de una querella; 2) Imputación; y, 3) Sobreseimiento, entre otros; debe estar debidamente motivada y fundamentada; es decir, tiene que explicar en su resolución, las razones que le sirven de base para emitir su determinación, de tal manera que los involucrados en una investigación, sepan qué elementos consideró para asumir tal determinación, dicho de otro modo, la resolución debe hacer conocer las razones de hecho y derecho, para sustentarla. (…)”
9 Alcance del derecho a la igualdad desarrollado en la DC 0002/2001, de 8 de mayo, citado por la SC 0022/2006 de 18 de abril, SCP 1475/2013 de 22 de agosto, entre otros.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0693_2024-S1.pdf · páginas 1 a 28.
Huella digital del PDF (SHA-256): 8196c06fd69fb2b6d772d3122aa4a0ee9292009fe3915ecd8705eed1311ee6be
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