Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 2 de julio de 2025
Deniega la tutela
El accionante, denuncia la lesión de su derecho al debido proceso, vinculado a la libertad, a la dignidad, a la presunción de inocencia, a la igualdad de oportunidades; y, a ser oído por la autoridad jurisdiccional competente; toda vez, que habiendo presentado el 9 de enero de 2023, solicitud de señalamiento de audiencia de modificación de medidas cautelares ante la imposibilidad de que se le otorgue un custodio policial, hasta la fecha de interposición de la acción de libertad, no se dio respuesta a su solicitud, en consecuencia, no se cumplió con la detención domiciliaria dispuesta por la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por lo que solicitó se conceda la tutela, y en consecuencia se disponga, se repare el daño causado y se emita el mandamiento de detención domiciliaria dispuesto. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 010/2023 de 13 de enero, cursante de fs. 17 a 19, pronunciada por el Juez de Sentencia Anticorrupción Segundo de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia DENEGAR la tutela solicitada por el accionante, con base en los fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0691/2025-S3 Sucre, 02 de julio de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 53201-2023-107-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 010/2023 de 13 de enero, cursante de fs. 17 a 19, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Franklin Huanca Quispe contra Javier Rubén Cahuasa Torrez, Juez Presidente del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Caranavi del departamento de La Paz; y, Nelly Jenny Canaviri Salto, Secretaria del referido Juzgado.
Por memorial presentado el 13 de enero de 2023, cursante de fs. 8 a 9, el accionante expresó lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, encontrándose detenido preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz; por la presunta comisión del delito de abuso sexual, interpuso recurso de apelación contra la Resolución de revisión de su situación jurídica, emitida por el Juzgado Mixto de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal de Coroico del departamento de La Paz, recurso que mereció el Auto de Vista 816/2022 de 4 de noviembre de 2022, emitida por la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en el que se dispuso medidas cautelares personales, en mérito al art. 231 bis. del Código de Procedimiento Penal (CPP). Por su parte, dio cumplimiento a lo dispuesto en la referida Resolución, como ser la presentación del arraigo, de los garantes personales, el verificativo domiciliario, así como la presentación del oficio al Comandado Departamental de la Policía Boliviana, para la asignación de custodio, estando pendiente únicamente esa designación a objeto de que se cumpla el arresto domiciliario dispuesto por el Tribunal de alzada; sin embargo, el Comando General de la referida institución, respondió que no contaba con suficientes efectivos policiales para la designación solicitada, por lo que, el 9 de enero de 2023, presentó memorial solicitando audiencia de modificación de medidas cautelares; solicitud que hasta la fecha de interposición de la presente acción de libertad, no fue resuelta por la autoridad demandada, no siendo esta la primera vez que incumple sus obligaciones, toda vez que en una anterior oportunidad interpuso otra acción de libertad, en la que el Juez de garantías ordenó que en el día se cumpla con lo establecido en la Auto de Vista 816/2022, empero, el Tribunal hizo caso omiso a esa orden constitucional, siendo el Juez de turno quien cumplió con la emisión de todos los oficios.
Denunció la lesión de su derecho al debido proceso, vinculado a la libertad, a la dignidad, a la presunción de inocencia, a la igualdad de oportunidades; y, a ser oído por la autoridad jurisdiccional competente, citando al efecto los arts. 21.7, 22, 115; 116; 117; 119; y, 120 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela; y, en consecuencia, se disponga se repare el daño causado a objeto de que pueda obtener su mandamiento de detención domiciliaria.
Celebrada la audiencia virtual el 13 de enero de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 15 a 16, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante no asistió a la audiencia de garantías, pese a su legal notificación cursante a fs. 11, dándose lectura por parte de la Secretaria del Juzgado, a su memorial de acción de libertad interpuesta.
Javier Rubén Cahuasa Torrez, Juez Presidente del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Caranavi del departamento de La Paz, en audiencia de la acción de libertad, señaló que: a) El memorial de solicitud de modificación de medidas cautelares presentado por el accionante el 9 de enero de 2023, mereció el decreto de 11 de similar mes y año, por el que se programó audiencia de consideración para el 13 de idéntico mes y año, instalado a horas 16:29; b) La citada audiencia, se suspendió ante la inasistencia del acusado, representante del Servicio Legal Integral Municipal (SLIM) y cambio de representante del Ministerio Púbico de Coroico, disponiéndose la reprogramación de dicho actuado procesal para el 16 del mismo mes y año a horas 18.30 a objeto de que se cumplan con todos los actuados de notificación; y, c) Ese Tribunal cumplió con el señalamiento de la audiencia de modificación de medidas cautelares en tiempo oportuno, habiéndose procedido además a la notificación de todos los sujetos procesales, adjuntó al efecto el memorial de solicitud de modificación de medidas cautelares, decreto de señalamiento de audiencia y notificaciones correspondientes. Nelly Canaviri Salto, Secretaria del Juzgado del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Caranavi del departamento de La Paz, no presentó informe escrito alguno, ni asistió a la audiencia de consideración de la presente acción tutelar pese a su legal notificación, cursante a fs. 11.
El Juez de Sentencia Anticorrupción Segundo de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, por Resolución 010/2023 de 13 de enero, cursante de fs. 17 a 19, denegó la tutela impetrada. Determinación asumida con base en los siguientes fundamentos: 1) Del informe emitido por el Juez demandado así como de la documental aparejada al expediente, se establece que la audiencia de modificación de medidas cautelares, fue programada dentro de los plazos establecidos para ese efecto; 2) Que las autoridades accionadas incurrieron en ningún tipo de dilación indebida a efectos de resolver la situación jurídica del privado de libertad; y, 3) La suspensión de dicho acto procesal, se debió a la inconcurrencia de las partes procesales que fueron debidamente notificadas.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido contra el accionante, por la presunta comisión del delito de abuso sexual, se le impuso medidas cautelares de detención preventiva, en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, por lo que, en revisión de su situación jurídica, el Juzgado Mixto de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal de Coroico, determinó la ampliación de la detención preventiva. Contra esa determinación, presentó recurso de apelación, el cual mereció el Auto de Vista 816/2022 emitido el 4 de noviembre, por la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por el que se dispuso medidas cautelares de carácter personal (2 a 4).
II.2. Cursa Oficio 03049/22 de 29 de diciembre de 2022, emitido por Orlando Vladimir Ponce Málaga, por el que hace conocer a los Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz, que la institución no cuenta con suficientes efectivos policiales para la designación de custodios (fs. 6). II.3. El 9 de enero de 2023, el impetrante de tutela, solicitó audiencia de modificación de medidas cautelares, ante la imposibilidad de que se le otorgue un custodio policial por parte de la Policía Boliviana (fs. 5). II.4. Cursa decreto de 11 de enero de 2023, de programación de audiencia para el 13 de enero de 2023 (fs. 13), con el que fueron notificados todas las partes procesales (fs. 14 y vta.). II.5 De acuerdo a lo señalado por el impetrante de tutela, en su memorial de la presente acción de libertad, en sentido de que presentó otra acción tutelar en la que se le concedió en parte la tutela impetrada en relación al servidor de apoyo judicial demandado y denegó en relación a las autoridades jurisdiccionales, revisado el sistema de Gestión Procesal de este Tribunal, se constató la existencia del expediente signado con número 52389, dirigida para que los demandados le entreguen los oficios de arraigo, para el Comandado Departamental de la Policía Boliviana, en cumplimiento al Auto de Vista 816/2022, de la Sala Penal Cuarta del Tribunal departamental de Justicia de La Paz, que como lo señaló fue cumplido por el Juzgado de turno, siendo el objeto diferente al acto lesivo de la presente acción de libertad.
El accionante, denuncia la lesión de su derecho al debido proceso, vinculado a la libertad, a la dignidad, a la presunción de inocencia, a la igualdad de oportunidades; y, a ser oído por la autoridad jurisdiccional competente; toda vez, que habiendo presentado el 9 de enero de 2023, solicitud de señalamiento de audiencia de modificación de medidas cautelares ante la imposibilidad de que se le otorgue un custodio policial, hasta la fecha de interposición de la acción de libertad, no se dio respuesta a su solicitud, en consecuencia, no se cumplió con la detención domiciliaria dispuesta por la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por lo que solicitó se conceda la tutela, y en consecuencia se disponga, se repare el daño causado y se emita el mandamiento de detención domiciliaria dispuesto. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
El Tribunal Constitucional en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, señala que el entonces recurso de hábeas corpus -actualmente acción de libertad- [procede]“…por violaciones a la libertad individual y/o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida”.
A partir de la clasificación del entonces recurso de hábeas corpus desarrollada por la SC 1579/2004-R, la SC 0044/2010-R de 20 de abril amplía los tipos de hábeas corpus, haciendo referencia al hábeas corpus restringido, al instructivo y al traslativo o de pronto despacho, precisando que a través de este último “…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (las negrillas son nuestras).
Posteriormente, la SC 0078/2010-R de 3 de mayo establece varios supuestos de procedencia que se encuentran dentro del ámbito de protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; vale decir que, determina subreglas para considerar actos dilatorios en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando: a) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley; b) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial; y, c) Se suspenda la audiencia de consideración, por motivos injustificables que tampoco son causales de nulidad, como es el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o 1El FJ III.3, señala: “…se considera acto dilatorio en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando:
a) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley.
b) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial. Plazo que puede ser en un límite de tres o cinco días máximo, dependiendo de la particularidad de cada caso, cuando por ejemplo existan varias partes imputadas o víctimas múltiples que tengan que ser notificadas, o por la distancia donde se deba efectuar un determinado acto previo y esencial -como sucede con algunas notificaciones-, o que el juzgado esté de turno, etc. Con la excepción única y exclusiva en los casos que exista complejidad por la naturaleza propia y la relevancia del proceso, como los derechos e intereses comprometidos y relacionados a la petición; situación que deberá ser justificada por la autoridad judicial competente a momento de señalar la fecha de audiencia, teniendo en cuenta la razonabilidad.
c) Se suspende la audiencia de consideración, por causas o motivos que no justifican la suspensión, ni son causales de nulidad. Tal el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que han sido notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia. En el caso del Ministerio Público al estar regido por el principio de unidad tiene los medios para asistir a través de otro fiscal, y en cuanto al querellante al ser coadyuvante y estar notificado, su participación es potestativa en dicho acto, y por ende, su inasistencia no vincula a la autoridad jurisdiccional al estar cumplida la formalidad. No obstante, en caso de que la suspensión se deba a la falta de notificación o a la inasistencia del propio imputado, no existe dilación indebida ni afectación a derecho alguno, en cuyo caso deberá fijarse nueva fecha de audiencia conforme a las directrices expuestas”.
querellante, si es que fueron notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia (énfasis añadido). El razonamiento precedentemente expuesto, fue desarrollado en la SCP 0176/2018-S2 de 14 de mayo.
Dentro del presente caso, la parte accionante denuncia la lesión de su derecho al debido proceso, vinculado a la libertad, a la dignidad, a la presunción de inocencia, a la igualdad de oportunidades; y, a ser oído por la autoridad jurisdiccional competente, toda vez que, habiendo presentado el 9 de enero de 2023, solicitud se señalamiento de audiencia de modificación de medidas cautelares ante la imposibilidad de que se le otorgue un custodio policial, hasta la fecha de interposición de la acción de libertad, no se dio respuesta a su solicitud, en consecuencia no se cumplió con la detención domiciliaria dispuesta por la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. Con carácter previo, corresponde referirnos a la acción de libertad referida por el impetrante de tutela que fue presentada con anterioridad a la presente acción tutelar, en el que señaló incumplimiento al mismo Auto de Vista 816/2022, que revisado el Sistema de Gestión Procesal de este Tribunal, se evidenció que esa acción de libertad signada con número de expediente 52389, fue interpuesta si bien contra los mismos demandados, empero se denunció como acto lesivo, la falta de entrega de oficios dispuestos para su detención domiciliaria, que al haberse concedido en parte la tutela por el Juez de garantías, dispuso en el día se emita los oficios, disposición fue cumplida por el Juzgado de turno -aseveración realizada por el accionante-(Conclusión II.5), considerando que el acto lesivo es diferente a la presente acción tutelar corresponde ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada. Conforme los datos consignados en el presente fallo constitucional, identificada la problemática traída en revisión, se advierte que mediante Auto de Vista 816/2022 de 4 de noviembre de 2022, la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, determinó medidas de carácter personal en favor del solicitante de tutela, entre ellas la designación de custodio policial (Conclusión II.1), determinación que no pudo ser efectivizada, ante la falta de efectivos policiales para la designación del mismo (Conclusión II.2).
Por lo que, ante esa imposibilidad, el 9 de enero de 2023, el impetrante de tutela, solicitó audiencia de modificación de medidas cautelares (Conclusión II.3), misma que a decir del impetrante de tutela no mereció pronunciamiento por parte del Juez demandado; sin embargo, de acuerdo a los documentos que cursan en el expediente constitucional, así como el informe emitido en audiencia de consideración de la presente acción tutelar, se observa que el Juez mediante decreto de 11 de similar mes y año, con el que fueron notificados todas las partes procesales, señaló audiencia para el 13 de idéntico mes y año; por lo que no resulta evidente lo manifestado por el accionante, dado que su memorial de programación de audiencia tuvo respuesta conforme se detalló precedentemente, incluso antes de la presentación de su acción tutelar. En ese entendido conforme se ha establecido en el Fundamento Jurídico III.1 de del presente Fallo Constitucional Plurinacional, la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, busca acelerar los trámites judiciales o administrativos ante dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad, bajo los principios de celeridad y de respeto a los derechos fundamentales de las personas; debiendo los mismos ser tramitados, resueltos con la mayor celeridad posible. Dicho precedente constitucional no resulta aplicable al presente caso, debido a que no se advierte dilación indebida, en la que hubiere incurrido la autoridad judicial; primero, porque ante la solicitud de señalamiento de audiencia de modificación de medidas cautelares presentada por el impetrante de tutela el 9 de enero de 2023, mereció decreto de 11 de similar mes y año, por el que se programó audiencia para el 13 de igual mes y año; en consecuencia, no se advierte ninguna dilación o vulneración por parte del Juez demandado a ningún derecho del impetrante de tutela; por otro lado, si bien dicho actuado procesal no se llevó a cabo, esta situación no resulta atribuible a una acción u omisión de los demandados, por el contrario se advierte que las partes intervinientes en el proceso penal seguido contra el impetrante de tutela, fueron debidamente notificadas para dicho actuado procesal y ante su inasistencia, la autoridad judicial demandada se vio obligada a suspender la misma y reprogramarla para el 16 de idéntico mes y año, motivo por el cual corresponde denegar la tutela solicitada respecto a dicha autoridad demandada.
Por otro lado, al haberse interpuesto acción de libertad también contra Nelly Jenny Canaviri Salto, Secretaria del Juzgado del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Caranavi del departamento de La Paz, el accionante no mencionó menos invocó, ningún acto lesivo cometido por la funcionaria de apoyo judicial; por lo que, no corresponde ningún pronunciamiento respecto de su actuación, más aún si de obrados no se tienen ningún elemento que permita concluir que la citada Secretaria incurrió en algún acto lesivo, no teniendo la facultad de señalamiento de audiencia solicitado por el impetrante de tutela en la presente acción de libertad. En consecuencia, el Juez de garantías al denegar la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 010/2023 de 13 de enero, cursante de fs. 17 a 19, pronunciada por el Juez de Sentencia Anticorrupción Segundo de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia DENEGAR la tutela solicitada por el accionante, con base en los fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0691_2025-S3.pdf · páginas 1 a 8.
Huella digital del PDF (SHA-256): 2e22a403f1523b9c6d78c8e1ad11bd8c00cd25cb50953d76f14d56b4b9b35575
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