Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 30 de junio de 2025
Concede en parte la tutela
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad personal y de locomoción, y a la dignidad; toda vez que, pese a haberse emitido una Resolución de Sobreseimiento a su favor: a) El Juez de Instrucción Penal Octavo de la Capital del departamento de La Paz, no dispuso el levantamiento de las medidas cautelares impuestas en su contra ante la presentación de acusación fiscal en relación a la coprocesada, ni bifurcó el proceso, lo que le impide acudir ante dicha autoridad que ejerce el control jurisdiccional respecto a su persona; a su vez; b) El Juez de Sentencia Penal y Pérdida de Dominio Primero de la misma Capital y departamento, ante quien solicitó la cesación de dichas medidas, se declaró incompetente, sin canalizar su remisión al Juez que las dictó; y, c) El Fiscal de Materia ahora codemandado incumplió con su deber de informar oportunamente al Juez cautelar sobre la Resolución de Sobreseimiento R.S.C. […]
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 007/2023 de 13 de enero, cursante de fs. 81 a 86, pronunciada por el Juez de Sentencia y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo -en suplencia legal de su similar Primero- de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia:
1º CONCEDER en parte la tutela solicitada, únicamente respecto al Juez de Instrucción Penal Octavo de la Capital del departamento de La Paz, disponiendo que, en el día de su notificación con el presente fallo constitucional, celebre la audiencia solicitada por el accionante de modificación de medidas cautelares, lo que incluye supervisar la realización de las diligencias correspondientes para tal efecto; siempre y cuando no se hubiera modificado o definido ya la situación jurídica del antes nombrado.
2º DENEGAR respecto al Juez de Sentencia Penal y Pérdida de Dominio Primero del departamento de La Paz, y al Fiscal de Materia, codemandados.
B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.
¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →
Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0691/2025-S2 Sucre, 30 de junio de 2025 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 53216-2023-107-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 007/2023 de 13 de enero, cursante de fs. 81 a 86, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Felix Cruz Limachi contra Sergio Sebastián Pacheco Diamantino, Juez de Instrucción Penal Octavo, Javier Peñaranda Saiza, Juez de Sentencia Penal y Pérdida de Dominio Primero, ambos de la Capital del departamento de La Paz; y, Ramiro Sullcamani Corina, Fiscal de Materia.
Por memorial presentado el 11 de enero de 2023, cursante a fs. 1 y 51 a 54 vta., el accionante manifiesta lo siguiente:
Por Resolución de Imputación Formal FEALGI/LPZ/AEVS 01/2022 de 8 de abril, -Álvaro Erwin Siñani Valeriano-, Fiscal de Materia, imputó a su persona y a Elsa Alarcón Medrano, por la presunta comisión del delito de homicidio culposo, determinándose en consecuencia, por Sergio Sebastián Pacheco Diamantino, Juez de Instrucción Penal Octavo de la Capital del departamento de La Paz -demandado-, su detención preventiva por el lapso de seis meses a ser cumplida en el Centro Penitenciario San Pedro del referido departamento. Mediante Auto Interlocutorio 320/2022 de 11 de octubre, el mencionado Juez de la causa dispuso la cesación de su detención preventiva aplicando, “medidas sustitutivas”, como la detención domiciliaria sin salida laboral, el arraigo, y una fianza económica, entre otras; asimismo, el Fiscal de Materia codemandado emitió a su favor Resolución de Sobreseimiento R.S.C. 2/2022 de 10 de octubre -con timbre electrónico de presentación de 11 de octubre de 2022-, en razón de no existir material probatorio incriminatorio en su contra. El 25 de octubre de 2022, solicitó ante el Juez referido, la modificación de sus medidas cautelares, requiriendo que se le autorice su salida laboral, mereciendo como respuesta que “…se debería tener presente los plazos procesales conforme al Art. 324 del C.P.P.” (sic); de manera posterior, y habiendo sido notificadas las partes con la precitada Resolución de Sobreseimiento y al haber transcurrido cinco días sin que se haya presentado una impugnación, dicho sobreseimiento, adquirió calidad de cosa juzgada, por lo que correspondía se levanten todas las medidas cautelares que le impusieron. Así el Juez de Instrucción Penal Octavo de la Capital del departamento de La Paz, sorteó la acusación fiscal, asignándose la causa al Juzgado de Sentencia Penal y Pérdida de Dominio Primero de la misma Capital y departamento, esto, porque existiría otra coacusada dentro del proceso penal. Posteriormente, el 15 de noviembre de 2022, solicitó el “levantamiento” de todas sus medidas cautelares ante el Juez de Sentencia Penal y Pérdida de Dominio Primero de la Capital del departamento de La Paz, respondiéndole que su persona no es parte de la presente causa de juicio oral seguido por el Ministerio Público contra Elsa Alarcón Medrano, por lo que no tiene competencia para resolver dicho actuado procesal, señalando que es él quien debe concurrir ante el Juez competente. En ese entendido, intentó presentar un memorial dirigido al Juzgado de Instrucción Penal Octavo de la Capital del departamento de La Paz, solicitando se “levanten” las medidas cautelares, por ser esta la autoridad que las dispuso, sin embargo, la Gestora de Procesos encargada de la recepción de memoriales le señaló que: “‘no pueden recepcionar el memorial por que el cuaderno no se encuentra con el Juez de Instrucción y el sistema no registra el proceso su Nro. De CUD con el Juez de instrucción’” (sic); ante estas circunstancias, solicitó ante el Juez de Sentencia Penal y Pérdida de Dominio Primero de la misma Capital y departamento, disponga la “bifurcación” de la causa mediante la Oficina Gestora de Procesos, para que así su persona pueda presentar memorial ante el Juez de Instrucción Penal Octavo nombrado ut supra. En relación al Fiscal de Materia codemandado señaló que, no cumplió con su deber de informar al Juez de Instrucción Penal Octavo de la Capital del departamento de La Paz, sobre el sobreseimiento dictado a su favor, y, en consecuencia, respecto al levantamiento de todas las medidas cautelares impuestas en su contra, manteniéndole en un indebido procesamiento, y privándole de su derecho a la libertad de locomoción.
El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad personal y de locomoción, y a la dignidad; citando al efecto los arts. 22 y 23.I y II de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, se ordene: a) A las autoridades demandadas, que dispongan su inmediata libertad, levantando todas las medidas dispuestas en su contra, en especial, su detención domiciliaria, la fianza económica y el arraigo; y, b) La “bifucarción” de la causa, y la apertura del registro del “CUD” de la causa en el Juzgado de Instrucción Penal Octavo de la Capital del departamento de La Paz.
Celebrada la audiencia pública el 13 de enero de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 78 a 80; se produjeron los siguientes actuados:
El impetrante de tutela, a través de su abogado, ratificó in extenso el contenido de su memorial de acción de libertad; y, ampliando señaló que: 1) La Oficina Gestora de Procesos, al momento que intentó presentar el memorial le manifestó que: “…una vez que el juzgado octavo [h]a remitido la causa ante un juzgado de sentencia este ya no tiene habilitado el número único de denuncia CUD…” (sic [fs. 79]); 2) El Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Octavo de la Capital del departamento de La Paz, le señaló que debe presentar un memorial ante el Juez de Sentencia Penal y Pérdida de Dominio Primero de la misma Capital y departamento, para que este autorice la habilitación del “CUD” a nombre del Juzgado y eso le habilite para el ingreso de memoriales; 3) Habiendo presentado su memorial el 4 de enero de 2023, ante el prenombrado Juez, este le respondió que debía acudir ante la autoridad competente para su solicitud; no obstante, no tiene la posibilidad de presentar memoriales si es que estos no ingresan por plataforma conforme a la “…modificación de la Ley 1173…” (sic); y, 4) Hizo una solicitud al Fiscal de Materia, para que reconduzca lo que había “cortado” con su requerimiento conclusivo, y según tiene entendido, este tenía que haber elevado un informe al Juez de la causa, no obstante, no llegó ningún memorial ante el Juez de Instrucción Penal Octavo de la Capital y departamento mencionados, solicitando que se dé cumplimiento a lo establecido en los arts. 323 y 324 de la norma Adjetiva Penal.
Sergio Sebastián Pacheco Diamantino, Juez de Instrucción Penal Octavo de la Capital del departamento de La Paz, por informe escrito cursante a fs. 77 y vta., solicitó se deniegue la tutela, bajo los siguientes argumentos: i) La autoridad fiscal presentó acusación fiscal a su despacho judicial, por lo que dio cumplimiento a lo establecido en el art. 325 del Código de Procedimiento Penal (CPP), modificado por el art. 11 de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, sorteando la causa dentro del plazo de veinticuatro horas a través del sistema informático de gestión de causas por la Oficina Gestora de Procesos, procediendo, en consecuencia, a elevar el cuaderno de control jurisdiccional en su integridad el 20 de octubre de 2022, ante el Juzgado de Sentencia Penal y de Pérdida de Dominio Primero de la Capital del departamento de La Paz, dejando de ejercer el control jurisdiccional de la causa penal y perdiendo competencia; y, ii) No es evidente que haya lesionado algún tipo de derecho o garantía constitucional, porque ni siquiera llegó a tener conocimiento de alguna solicitud de parte del ahora accionante. Javier Peñaranda Saiza, Juez de Sentencia Penal y Pérdida de Dominio Primero de la Capital del departamento de La Paz, por informe escrito cursante de fs. 68 a 69 vta., solicitó se deniegue la tutela, argumentando que: a) La situación jurídica del accionante se encuentra radicada en la etapa preparatoria, bajo competencia del Juez de Instrucción Penal Octavo de la misma Capital y departamento, de acuerdo al art. 54 del CPP modificado por el art. 3 de la Ley 1173; por lo que su autoridad no tiene competencia para pronunciarse sobre la pretensión del levantamiento de las medidas cautelares que el accionante señala, más aún cuando en su Juzgado el prenombrado ya no es parte del proceso, porque no existe acusación en su contra; b) La pretensión del impetrante de tutela debe ser resuelta por el Juez de Instrucción Penal Octavo antes citado de acuerdo a la jurisprudencia constitucional, lo que no aconteció en el presente caso; c) Respecto a la solicitud de bifurcación de la causa, no es cierto que la misma no se haya respondido, siendo que todos los memoriales fueron providenciados; no obstante, su autoridad no puede disponer dicha bifurcación porque el peticionante de tutela no es parte del presente proceso, en ese entendido, esta solicitud debió de haber sido solicitada al Juez antes mencionado, tal cual lo señala el art. 136 del CPP; d) Esta acción tutelar debió ser dirigida contra los responsables de la Oficina Gestora de Procesos, toda vez que el art. 280 del mismo Código, establece que se tomará razón de las resoluciones en el libro correspondiente, y en este caso, se encuentra en el Juzgado de Instrucción Penal Octavo de la Capital y departamento antes señalados; e) De todo lo expuesto, su persona no tiene legitimación pasiva para la presente acción de libertad, por lo que debe denegarse la tutela con una fuerte llamada de atención al accionante por no haber dirigido correctamente la misma; y, f) Los antecedentes del caso penal cuaderno de control jurisdiccional no se encuentran en su despacho judicial, toda vez que fue remitido a la Sala Penal Tercera de Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por haberse interpuesto un recurso de apelación incidental por parte de la víctima, por lo que le es imposible remitir el cuaderno para el juicio.
Ramiro Sullcamani Corina, Fiscal de Materia, por informe escrito cursante a fs. 76 y vta., solicitó se deniegue la tutela, bajo los siguientes argumentos: 1) El 11 de octubre de 2022, presentó Resolución de Sobreseimiento R.S.C. 2/2022 de 10 de igual mes, cumpliendo con informar al Juez de la causa; 2) No tiene competencia para el levantamiento de las medidas cautelares, esa es una atribución judicial; 3) A través de la Unidad de Servicios de la Fiscalía Departamental de La Paz, notificó con la referida Resolución de Sobreseimiento al accionante, a María Lucy Mamani Mamani, y a Elsa Alarcón Medrano; y, 4) El 6 de enero de 2023, puso en conocimiento del Juez de control jurisdiccional mediante sistema, el cumplimiento de notificaciones y la no impugnación de la mencionada Resolución de Sobreseimiento.
El Juez de Sentencia y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo -en suplencia legal de su similar Primero- de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, por Resolución 007/2023 de 13 de enero, cursante de fs. 81 a 86, denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: i) El hoy impetrante de tutela no está formalmente bajo la figura de detención domiciliaria porque asistió a la presente audiencia de consideración de la acción tutelar; ii) En relación al Juez de Instrucción Penal Octavo de la misma Capital y departamento, es evidente que existe un requerimiento conclusivo de sobreseimiento y que tenía que haber sido notificado a todas las partes de acuerdo a procedimiento; no obstante, no se tiene una providencia donde se haya admitido o no el control jurisdiccional; iii) El Fiscal de Materia señaló que se habrían notificado a todas las partes, pero no se tiene evidencia de que hayan sido notificadas la víctima y Elsa Alarcón Medrano -coprocesada en el caso penal, es más, el impetrante de tutela y el Ministerio Público manifestaron que desconocen si se habría notificado a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, siendo que debería de haber concurrido incluso a esta acción tutelar; por lo que, a su criterio la Resolución de Sobreseimiento R.S.C. 2/2022 no estaría ejecutoriada por falta de notificaciones, por lo que no existe vulneración alguna de derecho porque al Juez nombrado líneas arriba, no le compete notificar con la referida Resolución de Sobreseimiento; iv) En relación al Juez de Sentencia Penal y Pérdida de Dominio Primero de la referida Capital y departamento, este no ha lesionado derecho alguno, porque de acuerdo al Código de Procedimiento Penal, este no tiene competencia para manifestarse sobre una acusación fiscal en la que el accionante no figura como acusado; v) El Fiscal de Materia cumplió con haber remitido el informe correspondiente ante el Juez de Instrucción Penal Octavo de la Capital y departamento mencionado, por lo que no existiría vulneración de derecho alguno; vi) No se evidenció ningún tipo de solicitud de reposición ante los rechazos del Juez de Sentencia Penal y de Pérdida de Dominio Primero de la Capital del departamento citado, sobre lo peticionado por el accionante, por lo que existiría subsidiariedad, e incluso debió de haberse planteado acción de amparo constitucional en lugar de una acción de libertad; y, vii) El caso del proceso penal involucra una menor de cuatro años, por lo que de acuerdo a la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013-, debía haberse notificado con la Resolución de Sobreseimiento R.S.C. 2/2022 a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. El abogado del accionante, solicitó complementación y enmienda de la Resolución Constitucional respecto a que no se determinó que autoridad va a conocer los reclamos en relación a su libertad; en consecuencia, el Juez de garantías, refirió que no advirtió elemento alguno que amerite aclaración y complementación alguna, por lo que determinó no ha lugar a la solicitud realizada por el accionante.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Por Resolución de Sobreseimiento R.S.C. 2/2022 de 10 de octubre, presentada el 11 de igual mes y año, ante el Juez de Instrucción Penal Octavo de la Capital del departamento de La Paz -ahora demandado- Ramiro Sullcamani Corina, Fiscal de Materia -codemandado-, emitió sobreseimiento a favor de Felix Cruz Limachi -accionante- dentro del proceso seguido por María Lucy Mamani Mamani (fs. 32 a 36 vta.).
II.2. A través de memorial presentado el 25 de octubre de 2022, el impetrante de tutela, solicitó “…SE DEJE SIN EFECTO LA MEDIDA DE DETENCIÓN DOMICILIARIA y se autorice la salida laboral…” (sic [fs. 43 y vta.]). II.3. Mediante proveído de 25 de octubre de 2022, Sergio Sebastián Pacheco Diamantino, Juez de Instrucción Penal Octavo de la Capital y del departamento de La Paz -codemandado-, refirió que “…la parte impetrante deberá tener presente los plazos procesales de conformidad al artículo 324 del Código de Procedimiento Penal” (sic [fs. 44]). II.4. Cursan formularios de notificaciones por cédula, y representaciones de notificaciones realizadas el 11 de noviembre de 2022, con la Resolución de Sobreseimiento R.S.C. 2/2022 al hoy accionante, Elsa Alarcón Medrano y, María Lucy Mamani Mamani (fs. 37 a 38 y 40 a 42).
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad personal y de locomoción, y a la dignidad; toda vez que, pese a haberse emitido una Resolución de Sobreseimiento a su favor: a) El Juez de Instrucción Penal Octavo de la Capital del departamento de La Paz, no dispuso el levantamiento de las medidas cautelares impuestas en su contra ante la presentación de acusación fiscal en relación a la coprocesada, ni bifurcó el proceso, lo que le impide acudir ante dicha autoridad que ejerce el control jurisdiccional respecto a su persona; a su vez; b) El Juez de Sentencia Penal y Pérdida de Dominio Primero de la misma Capital y departamento, ante quien solicitó la cesación de dichas medidas, se declaró incompetente, sin canalizar su remisión al Juez que las dictó; y, c) El Fiscal de Materia ahora codemandado incumplió con su deber de informar oportunamente al Juez cautelar sobre la Resolución de Sobreseimiento R.S.C. 2/2022, prolongando indebidamente las restricciones a su libertad. Ante ello, las autoridades demandadas señalaron que: 1) El Juez de Instrucción Penal Octavo de la Capital del departamento de La Paz refirió que perdió competencia en la causa porque ya remitió el cuaderno de control jurisdiccional, y que no llegó a tener conocimiento de alguna solicitud; 2) El Juez de Sentencia Penal y Pérdida de Dominio Primero de la misma Capital y departamento manifestó que el accionante ya no es parte de la causa, por lo que no tiene competencia alguna para definir su situación jurídica; y, 3) El Fiscal de Materia indicó que comunicó al Juez de control jurisdiccional tanto la Resolución de Sobreseimiento R.S.C. 2/2022 -el 11 de octubre de 2022- como el cumplimiento de notificaciones y la no impugnación de dicha Resolución -el 6 de enero de 2023-. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Sobre el particular, la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, sostuvo que: “...toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza…” (el resaltado es propio).
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad personal y de locomoción, y a la dignidad; puesto que, pese a haberse emitido a su favor la Resolución de Sobreseimiento R.S.C. 2/2022 de 10 de octubre, presentado el 11 de igual mes y año, el Juez de Instrucción Penal Octavo de la Capital del departamento de La Paz -ahora demandado-, no dispuso el levantamiento de las medidas cautelares impuestas en su contra; a su vez, el Juez de Sentencia Penal y Pérdida de Dominio Primero de la misma Capital y departamento -codemandado-, ante quien solicitó la cesación de dichas medidas, se declaró incompetente, sin canalizar su remisión a la autoridad judicial que las dictó; además, el Fiscal de Materia -codemandado- incumplió con su deber de informar oportunamente al Juez de Instrucción Penal Octavo de la Capital y departamento mencionados sobre la Resolución de Sobreseimiento R.S.C. 2/2022, prolongando indebidamente las restricciones a su libertad. Respecto a la actuación del Juez de Sentencia Penal y Pérdida de Dominio Primero de la Capital del departamento de La Paz Debe considerarse sobre la legitimación pasiva en la acción de libertad, que de acuerdo a la SCP 2182/2012 de 8 de noviembre, se: “…constituye en el requisito esencial mediante el cual, la acción de libertad deberá ser dirigida contra la autoridad o persona particular que cometió el acto ilegal u omisión indebida, que ocasionó la lesión del derecho fundamental relacionado con la libertad física o la vida, cuando se encuentre ligada a dicho derecho fundamental”; en ese entendido, respecto al Juez señalado, el impetrante de tutela refiere que habría lesionado sus derechos invocados porque el prenombrado se declaró incompetente para resolver la cesación de sus medidas cautelares, siendo que le fueron remitidos los antecedentes del proceso al existir una acusación respecto a la coprocesada; es decir la acusación fiscal no fue formulada contra el accionante; por lo que no tenía la facultad para resolver su reclamo, pues conforme el referido entendimiento, al no tener bajo su conocimiento la tramitación del proceso en cuanto a la situación jurídica del peticionante de tutela, no pudo generar vulneración alguna contra los derechos que reclama; por lo que este carece de legitimación pasiva, en ese entendido, debe denegarse la tutela respecto a esta autoridad. Respecto a la actuación del Juez de Instrucción Penal Octavo de la Capital del departamento de La Paz El accionante refiere que el Juez señalado no habría dispuesto el levantamiento de las medidas cautelares impuestas en su contra, pese a tener conocimiento de la Resolución de Sobreseimiento R.S.C. 2/2022 que el Ministerio Público presentó a su favor. De los antecedentes, se evidencia que el impetrante de tutela, mediante memorial de 25 de octubre de 2022, solicitó la modificación de sus medidas cautelares (Conclusión II.2). En respuesta, la nombrada autoridad judicial emitió el proveído de la misma fecha señalando “…la parte impetrante deberá tener presente los plazos procesales de conformidad al artículo 324 del Código de Procedimiento Penal” (sic [Conclusión II.3]), limitándose a emitir un pronunciamiento de mero trámite.
Al respecto, el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional establece que, ante una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, la autoridad judicial tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, entonces en aplicación de dicho entendimiento, al encontrarse el accionante con una medida cautelar de detención domiciliaria entre otras, y habiéndose presentado ante el Juez de control jurisdiccional una solicitud de modificación de medidas cautelares donde solicitó salida laboral, el referido Juez tenía la facultad para resolver la misma conforme a procedimiento; quien además incurrió en actuación indebida al señalar que existía una acusación fiscal por lo que había perdido competencia respecto a la situación jurídica del impetrante de tutela, pues dicho argumento resulta equívoco, ya que al haberse emitido únicamente acusación contra la otra coimputada dentro del referido proceso penal, no podía desconocer o dejar en incertidumbre el control jurisdiccional sobre la situación del impetrante de tutela contra quien se emitió Resolución de Sobreseimiento R.S.C. 2/2022, más cuando es el encargado de controlar los derechos y garantías de las partes, y en todo caso velar con el cumplimiento en cuanto a los plazos procesales respecto a la tramitación del sobreseimiento pero sobre todo en cuanto a la certidumbre de la situación jurídica del sobreseído que no era parte de la acusación pero por el contrario, se limitó a remitir al accionante al trámite previsto por el art. 324 del CPP, incumpliendo con su deber de control jurisdiccional, además, esta omisión provocó toda una disfunción procesal dejando al impetrante de tutela sin control jurisdiccional dentro de su causa, puesto que como alega el impetrante de tutela, se rehusaron a admitirle le presentación de un memorial por no contar con el número de “CUD”. Por tanto, la aseveración del referido Juez de Instrucción Penal Octavo de la Capital del departamento de La Paz, respecto a su supuesta falta de competencia no solo es errónea en términos jurídicos, sino que constituye una falacia funcional que desconoce su obligación de controlar la legalidad y resolver todo incidente vinculado a medidas cautelares impuestas en la etapa preparatoria, en tanto no se haya emitido resolución definitiva respecto al accionante, correspondiendo conceder tutela con relación a dicha autoridad. Por ello, se tiene que los razonamientos glosados en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, son aplicables al caso en examen, por cuanto la autoridad judicial demandada no consideró la garantía jurisdiccional consagrada por el art. 115.II de la CPE, que impone a quien administra justicia, el deber jurídico de tramitar los asuntos sometidos a su conocimiento sin dilaciones indebidas, al establecer que el Estado garantiza los derechos al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones; por lo que, las solicitudes de tal naturaleza deben ser atendidas y resueltas en los plazos establecidos o de forma inmediata Respecto a la actuación del Fiscal de Materia El peticionante de tutela manifiesta que, la autoridad incumplió con su deber de informar oportunamente al Juez de Instrucción Penal Octavo de la Capital del departamento de La Paz, sobre la Resolución de Sobreseimiento R.S.C. 2/2022, prolongando indebidamente las restricciones a su libertad, al respecto, de antecedentes se tiene que la mencionada Resolución de Sobreseimiento se presentó el 11 de octubre de 2022, conforme se denota del timbre electrónico (Conclusión II.1); en ese entendido, no pudo evidenciarse lesión alguna respecto a la autoridad fiscal demandada, máxime cuando la libertad del accionante no dependía de la autoridad fiscal demandada, por lo que corresponde denegar la tutela solicitada. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela impetrada, obró de manera parcialmente incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 007/2023 de 13 de enero, cursante de fs. 81 a 86, pronunciada por el Juez de Sentencia y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo -en suplencia legal de su similar Primero- de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia:
1º CONCEDER en parte la tutela solicitada, únicamente respecto al Juez de Instrucción Penal Octavo de la Capital del departamento de La Paz, disponiendo que, en el día de su notificación con el presente fallo constitucional, celebre la audiencia solicitada por el accionante de modificación de medidas cautelares, lo que incluye supervisar la realización de las diligencias correspondientes para tal efecto; siempre y cuando no se hubiera modificado o definido ya la situación jurídica del antes nombrado.
2º DENEGAR respecto al Juez de Sentencia Penal y Pérdida de Dominio Primero del departamento de La Paz, y al Fiscal de Materia, codemandados. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0691_2025-S2.pdf · páginas 1 a 11.
Huella digital del PDF (SHA-256): f99d2020e760fee90b7930f3df42cf4073553dd00cc1ede9b72e3c0f498f04dd
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →