Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 24 de junio de 2025
Concede en parte la tutela
El accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso, a la libertad y al trabajo; toda vez que, encontrándose con detención domiciliaria dentro del proceso penal seguido en su contra, por la presunta comisión del delito de uso indebido de influencias, el personal subalterno del Juzgado de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz -donde radicó su causa-, al ingresar a las vacaciones colectivas, no remitió los antecedentes del proceso penal al Juzgado de Instrucción de turno, conforme se había dispuesto en la Circular de 5 de diciembre de 2022, emitida por el Consejo de la Magistratura, creando indefensión en su persona para solicitar la modificación de la medida cautelar impuesta; consecuentemente, a través de esta acción de defensa, solicita se disponga la remisión del “…cuaderno jurisdiccional a los juzgado de turno en las 48 horas siguientes y sea con costas y que pasen a la sanción de un Juez Disciplinario” (sic). En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; a cuyo efecto se desarrollará los siguientes temas: 1) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho; 2) La legitimación pasiva del personal judicial subalterno en las acciones de libertad; 3) La acción de libertad innovativa; y, 4) Control jurisdiccional en vacación judicial y 5) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 27/2022 de 22 de diciembre, cursante de fs. 17 a 18, pronunciada por el Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Quinto del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, en cuanto a Marcia Teresa Nina Rodríguez, Secretaria del Juzgado de Sentencia Anticorrupción y Violencia contra la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, de acuerdo a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, sin disponer ninguna remisión, tomando en cuenta el tiempo transcurrido.
2° DENEGAR la tutela respecto a Ana Noemi Cruz Quispe, Auxiliar del Juzgado de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz. 3° Se llama la atención a Marcia Teresa Nina Rodríguez, Secretaria del Juzgado de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero del departamento de La Paz; exhortando que cuando se encuentre en goce de las vacaciones colectivas, remita los antecedentes necesarios de los privados de libertad ante el Juez de turno, para que éste pueda atender las solicitudes de los mencionados.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0691/2025-S1 Sucre, 24 de junio de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 53069-2023-107-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 27/2022 de 22 de diciembre, cursante de fs. 17 a 18, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Iván Vladimir Quiroz Vargas contra Marcia Teresa Nina Rodríguez, Secretaria; y, Ana Noemi Cruz Quispe, Auxiliar, ambas del Juzgado de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz.
Por memorial presentado el 21 de diciembre de 2022, cursante de fs. 2 a 3 vta., el accionante expresó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:
Señala que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de uso indebido de influencias, se encuentra cumpliendo detención domiciliaria por cuarenta y tres meses. Refiere que por vacación judicial, el cuaderno jurisdiccional con Número de Registro Judicial (NUREJ) 20252298, se encuentra en el Juzgado de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, a cargo de la “Dra. Bacarreza”, sin haber sido remitido al Juzgado de turno, mediante sistema ni registro en las listas; asimismo, señala que la detención domiciliaria se torna como detención preventiva; por consiguiente, interpuso la presente acción de defensa, prevista para toda persona que se encuentra privada de libertad o su vida se encuentre en peligro, conforme establece el art. 125 de la Constitución Política del Estado (CPE). Como antecedente indica que el 5 de diciembre de 2022, el Consejo de la Magistratura envió una circular de vacación judicial, donde definió los Juzgados de turno, pero a la fecha de interposición de la acción de libertad, se evidencia que el referido expediente no se encontraba en ninguno de los juzgados de turno, ya que su defensa técnica pretendía la modificación de la medida impuesta, extremo que le ocasiona mucho perjuicio.
El impetrante de tutela alega la vulneración de sus derechos a la libertad, al trabajo y al debido proceso en su elemento de fundamentación, citando al efecto los arts. 46 y 125 de la CPE.
Solicita se le conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga reponer el cuaderno jurisdiccional al Juzgado de turno dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, sea con costas y “…que pasen a la sanción…” (sic) de un Juez Disciplinario.
Celebrada la audiencia pública virtual el 22 de diciembre de 2022, según el acta cursante de fs. 15 a 16, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado en audiencia, ratificó el contenido íntegro del memorial de acción de libertad y ampliándolo, manifestó que: a) El proceso penal no ha sido remitido al Juzgado de turno, en consecuencia, la Secretaria y la Auxiliar del Juzgado de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, están incumpliendo lo establecido en la Ley del Órgano Judicial -Ley 025 de 24 de junio de 2010-; b) Señaló que la detención domiciliaria tendría efectos similares a la preventiva, pues si fuera descubierto saliendo podría revocarse la indicada medida; razón por la que, considera importante que el cuaderno de investigación esté en un juzgado durante la vacación judicial; y, c) Se encuentra en estado de indefensión ante la inexistencia de un juez contralor de garantías, quien estaría haciendo uso de la vacación judicial; extremo que vulnera su derecho a la defensa.
Marcia Teresa Nina Rodríguez, Secretaria del Juzgado de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, mediante informe cursante a fs. 14, y en audiencia virtual, señaló lo siguiente: 1) Se ha remitido una fotocopia legalizada del libro de altas y bajas del referido Juzgado, el que se ratifica in extenso; 2) En su calidad de Secretaria, conforme al art. 94 de la Ley 025, tiene custodia total de los cuadernos; y, 3) La presente causa está en grado de apelación incidental remitida en originales ante la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, y hasta el momento dicho cuaderno procesal no ha sido devuelto, tal cual se puede evidenciar de la fotocopia legalizada donde consigna el sello de recepción de la indicada Sala Penal, el 12 de julio de 2022. Ana Noemi Cruz Quispe, Auxiliar del Juzgado de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, mediante informe cursante a fs. 8, señaló lo siguiente: i) Se encontraba con baja médica por maternidad desde el 5 de septiembre de 2022 hasta el 8 de diciembre del referido año; y, ii) Cuando regresó a sus funciones ha sido replegada directamente a la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.
El Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Quinto del departamento de La Paz, mediante Resolución 27/2022 de 22 de diciembre, cursante de fs. 17 a 18, denegó la tutela solicitada, bajo el siguiente fundamento: a) De la prueba presentada por la Secretaria ahora demandada, se tiene que el proceso penal contra Iván Vladimir Quiroz Vargas -ahora accionante-, ha sido remitido en originales ante la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en grado de apelación el 12 de julio de 2022, y “hasta la fecha” -se entiende de la emisión de la Resolución constitucional- no han sido devueltos al Juzgado de origen; por consiguiente, no es cierto lo manifestado por el impetrante de tutela en sentido que el mismo estaría en el despacho de la “Dra. Bacarreza”, y que la Secretaria y la Auxiliar ahora demandadas, no habrían remitido los antecedentes al Juzgado de turno en estas vacaciones; por lo que, en el caso concreto no se evidencia vulneración alguna a los derechos consagrados en el art. 125 de la CPE, correspondiendo denegar la tutela impetrada.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por Informe de 22 de diciembre de 2022, Ana Noemi Cruz Quispe, Auxiliar del Juzgado de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz -ahora demandada-, hizo conocer al Juez de garantías que se encontraba con baja médica por maternidad desde el 5 de septiembre hasta el 8 de diciembre del señalado año, y que a su retorno directamente se replegó a la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz (fs. 8). II.2. Constan fotocopias de Certificado de Incapacidad Temporal de la Auxiliar ahora demandada, de 5 de septiembre al 19 de octubre, de 22 de octubre al 5 de noviembre y de 6 a 8 de diciembre, todos de 2022 (fs. 9, 10 y 11). II.3. Cursa fotocopia de la lista de funcionarios replegados por la vacación judicial anual colectiva a la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, encontrándose en la lista el nombre de Ana Noemi Cruz Quispe, Auxiliar ahora demandada (fs. 12). II.4. Consta fotocopia legalizada del libro de altas y bajas, donde consta la remisión del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Iván Vladimir Quiroz Vargas -ahora accionante-, por la presunta comisión del delito de uso indebido de influencias, a la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz (fs. 13 y vta.). II.5. Mediante Informe de 22 de diciembre de 2022, elaborado por Marcia Teresa Nina Rodríguez, Secretaria del Juzgado de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz -Secretaria ahora demandada-, la prenombrada informó sobre la remisión de una fotocopia legalizada del libro de altas y bajas (fs. 14).
El accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso, a la libertad y al trabajo; toda vez que, encontrándose con detención domiciliaria dentro del proceso penal seguido en su contra, por la presunta comisión del delito de uso indebido de influencias, el personal subalterno del Juzgado de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz -donde radicó su causa-, al ingresar a las vacaciones colectivas, no remitió los antecedentes del proceso penal al Juzgado de Instrucción de turno, conforme se había dispuesto en la Circular de 5 de diciembre de 2022, emitida por el Consejo de la Magistratura, creando indefensión en su persona para solicitar la modificación de la medida cautelar impuesta; consecuentemente, a través de esta acción de defensa, solicita se disponga la remisión del “…cuaderno jurisdiccional a los juzgado de turno en las 48 horas siguientes y sea con costas y que pasen a la sanción de un Juez Disciplinario” (sic). En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; a cuyo efecto se desarrollará los siguientes temas: 1) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho; 2) La legitimación pasiva del personal judicial subalterno en las acciones de libertad; 3) La acción de libertad innovativa; y, 4) Control jurisdiccional en vacación judicial y 5) Análisis del caso concreto.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0142/2018-S2 de 30 de abril, reiterada por la SCP 0332/2021-S1 de 12 de agosto, entre otras, asumió el siguiente entendimiento: La Constitución Política del Estado en su art. 23, establece que toda persona tiene derecho a la libertad física como un derecho fundamental de carácter primario para su desarrollo; por ello, el Estado tiene el deber primordial de respetarlo y protegerlo por constituir un derecho inviolable; razón por la que, la acción de libertad fue configurada de manera exclusiva, extraordinaria y sumarísima con el propósito que este derecho, goce de protección especial cuando se pretenda lesionarlo o esté siendo amenazado de lesión. A ese efecto, la jurisprudencia constitucional contenida en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, efectuó una clasificación del entonces recurso de hábeas corpus ante violaciones a la libertad individual y/o de locomoción, señalando que puede ser reparador, si ataca una lesión ya consumada; preventivo, si procura impedir una lesión a producirse o correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida.
Posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación, identificando además al hábeas corpus restringido, el que procede ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; dentro del que se encuentra el hábeas corpus instructivo, que se 1El FJ III.1.1, señala: “Para la procedencia del hábeas corpus reparador es decisivo que se haya configurado una situación de privación de libertad física ilegal inobservando las formalidades esenciales, por ejemplo una detención ejecutada sin orden escrita, o resuelta por autoridad incompetente (…)”.
El FJ III.1.2, menciona: “El hábeas corpus procede como un medio preventivo, cuando la detención aún no se ha producido pero puede presuponerse que la misma es inminente, en tanto que la amenaza pueda demostrarse positivamente (…)”.
El FJ III.1.3, determina: “El hábeas corpus denominado correctivo, protege al detenido de aquellas condiciones que agravan en forma ilegítima la detención, violando su condición humana. A través de este recurso, se garantiza el trato humano al detenido, establecido en las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos. La base legal de este tipo de hábeas corpus, la encontramos en el art. 89 de la LTC, que amplía los alcances protectivos de esta garantía, al referirse a otras `violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas…´. Conforme a esto, una de las formas en que se manifiestan estas violaciones vinculadas a la libertad, está la referida al agravamiento ilegal de la situación del detenido o condenad (…)”. 2El FJ. III.5, refiere que: “El primer (instructivo); hace referencia a la supuestos, en que el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida, fundamentalmente en los casos de desaparición forzada de personas, y tiene como objeto identificar el paradero de la víctima, disponer su libertad e individualizar a los autores del hecho, garantizándose el derecho a la vida y también el derecho a la integridad física.
Este hábeas corpus, ahora está previsto en el art. 125 de la CPE, cuando hace referencia a los casos en los que la persona considere que su vida está en peligro. Esta ampliación es coherente con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en la Opinión Consultiva OC-8/87 de 30 de enero de 1987, al absolver la consulta formulada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a la interpretación de los arts. 25.1 y 7.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación a la última frase del art. 27.2 de dicha Convención, que enumera los derechos que no pueden suspenderse durante los estados de excepción; estableció que, la función del hábeas corpus es esencial como: `…medio para controlar el respeto a la vida e integridad de la persona, para impedir su desaparición o la indeterminación de su lugar de detención, así como para protegerla contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes´
(…)
Por último, se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”.
admite cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado con el derecho a la vida; y, traslativo o de pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos ante dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad y la concreción del valor libertad, de los principios de celeridad y respeto a los derechos; debiendo ser tramitados, resueltos -SC 0224/2004-R de 16 de febrero- y efectivizados -SC 0862/2005-R de 27 de julio- con la mayor celeridad -SCP 0528/2013 de 3 de mayo-.
Con ese razonamiento, toda autoridad judicial que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos, dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa otorgar o dar curso a la petición en forma positiva o negativa, ya que el resultado a originarse dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, por cuanto la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud efectuada con la adecuada celeridad.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0223/2018-S2 de 22 de mayo, asumió el siguiente entendimiento: Respecto a la legitimación pasiva en acciones de libertad, la jurisprudencia contenida en la SC 691/01-R de 9 de julio de 2001 definió la legitimación pasiva, señalando que ésta debe ser entendida como la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquella contra quien se dirige la acción. Posteriormente, a la luz de la Constitución Política del Estado vigente, a través de la SC 0010/2010-R de 6 de abril se estableció que es posible activar la acción de libertad contra un servidor público o contra un particular, entendimiento ratificado por la SC 0900/2010-R de 10 de agosto.
Luego, en la SCP 0018/2012 de 16 de marzo se reforzó el razonamiento antes señalado y se precisó que para la procedencia de la acción de libertad, es imprescindible que ésta se dirija contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebido o ilegal; en concreto, se dijo que es la coincidencia que se da entre la autoridad o persona particular que presuntamente causó la vulneración a los derechos enunciados y aquélla contra quien se dirige la acción. Con relación a la legitimación pasiva de funcionarios subalternos del Órgano Judicial, la SC 1572/2003-R de 4 de noviembre, ratificada posteriormente por las SSCC 0332/2010-R de 17 de junio y 0345/2012 de 22 de junio; y, por la SCP 2171/2012 de 8 de noviembre, entre otras, estableció que éstas o éstos servidores públicos no tienen facultades jurisdiccionales y sus funciones se limitan a cumplir las órdenes o instrucciones de las autoridades judiciales; por lo que, carecen de legitimación pasiva en acciones de libertad, salvo que incurrieran en excesos que impliquen contradicción o alteración de las determinaciones de autoridades jurisdiccionales, o sus actos u omisiones relacionados a sus deberes, contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales de las personas, conforme lo determina la SCP 0427/2015-S2 de 29 de abril, en el Fundamento Jurídico III.2, que establece:
5El FJ III.2, establece: “…los alcances y la naturaleza de la legitimación pasiva, que se encuentra en la autoridad o persona particular que incurrió en el acto ilegal o la omisión indebida y de cuya acción u omisión se advierta la vulneración del derecho a la vida, a la libertad física y de locomoción.
En ese sentido, para la procedencia de la acción de libertad es imprescindible que esté dirigida contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida, o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebidos o ilegales; en concreto es la coincidencia que se da entre la autoridad o persona particular que presuntamente causó la vulneración a los derechos enunciados y aquélla contra quien se dirige la acción, ahora bien, la inconcurrencia de este presupuesto neutraliza la acción tutelar e impide a este Tribunal ingresar al análisis de fondo de los hechos denunciados”. 6El FJ III.2, indica: “…son los jueces los funcionarios que ejercen esa jurisdicción, entre tanto que los secretarios, actuarios y oficiales de diligencias, no tienen facultades jurisdiccionales sino que están obligados a cumplir las órdenes o instrucciones del Juez, emergentes de sus decisiones, por lo que no tienen legitimación pasiva para ser demandados por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos, salvo que incurrieran en excesos contrariando o alterando esas determinaciones de la autoridad judicial”. 7El FJ III.2, dice: “Con relación a la legitimación pasiva de los servidores de apoyo judicial, la jurisprudencia constitucional, contenida en la SC 0332/2010-R de 17 de junio, sostuvo que: `Con relación a la responsabilidad del personal subalterno de los Juzgados y Salas de las Cortes Superiores de Distrito y Corte Suprema de Justicia, la jurisprudencia constitucional estableció que la administración de justicia está encomendada a los órganos jurisdiccionales del Estado, de acuerdo con el art. 16.I, IV CPE y art. 3 de la Ley de Organización judicial (LOJ); en consecuencia son los jueces los funcionarios que ejercen esa jurisdicción entre tanto que los secretarios , actuarios y oficiales de diligencias, no tienen facultades jurisdiccionales sino que están obligados a cumplir las órdenes o instrucciones del Juez, emergentes de sus decisiones, por lo que no tienen legitimación pasiva para ser demandados por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos, salvo que incurrieran en excesos contrariando o alterando esas determinaciones de la autoridad judicial´. Posteriormente, la SC 1279/2011-R de 26 de septiembre, estableció la excepción a la regla anterior, declarando lo siguiente: `El personal subalterno puede ser demandado en los casos en los que contrarían lo dispuesto por dicha autoridad o cometieran excesos en sus funciones que pudieran vulnerar derechos fundamentales o garantías constitucionales; sin embargo si la autoridad judicial conocedora del acto vulneratorio de derechos y garantías no reconduce el procedimiento y lo convalida, se deslinda la responsabilidad del funcionario subalterno´; ahora bien, este Tribunal considera que el entendimiento asumido en ambas Sentencias Constitucionales citadas, no guarda coherencia con el razonamiento plenamente fundamentado contenido en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, puesto que conforme a la explicación realizada, la presente acción constitucional puede ser dirigida incluso contra particulares, entonces, con mayor razón podrá ser dirigida contra funcionarios de apoyo judicial o incluso de orden administrativos, pues Ahora bien, a los fines de establecer la legitimación pasiva en la acción de libertad respecto a los servidores de apoyo judicial, se debe tener presente que, si la vulneración de los derechos tutelados por la presente acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales procedentemente referidos o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva por lo que es plenamente viable dirigir la demanda contra ése funcionario, hasta establecer su responsabilidad si corresponde; habida cuenta que, el acto ilegal no es necesariamente el resultado del ejercicio de la función puramente jurisdiccional, sino que, las omisiones de carácter administrativo como: la falta o inoportuna elaboración del cuadernillo de apelación, el incumplimiento de plazos para la remisión de antecedentes al superior en grado, la falta o la inoportuna elaboración de actas, la falta o inoportuna notificación a las partes, tratándose en especial de audiencias de consideración de medidas cautelares, en fin, la inobservancia de las labores y obligaciones encomendadas al personal de apoyo, tiene la capacidad de repercutir negativamente en el ejercicio de los derechos fundamentales y garantías constitucionales del justiciable; sin embargo, el presente razonamiento no implica que el Juez como autoridad revestida de jurisdicción deje al desamparo la dirección del juzgado, por cuanto le asiste la facultad de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y de realizar el seguimiento correspondiente, puesto que de no cumplirse las mismas también asume la responsabilidad por ser la autoridad que finalmente tiene la responsabilidad del juzgado… (las negrillas son añadidas).
El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0141/2018-S2 de 30 de abril, asumió el siguiente razonamiento: Es una acción tutelar, cuyo propósito es proteger, restablecer y/o restituir el derecho a la libertad física o de locomoción, así como el derecho a la vida, cuando se hallan en peligro como consecuencia de la supresión o restricción a la libertad personal; disponiendo el cese de la persecución indebida, el restablecimiento de las formalidades legales y/o la remisión del caso al juez competente, la restitución del derecho a la libertad física, o la protección de la vida misma.
En este marco, la línea jurisprudencial sobre la posibilidad de presentar la acción de libertad, aun hubiere cesado la restricción del derecho a la libertad física, conocida en la doctrina como recurso de hábeas corpus innovativo, tiene el siguiente desarrollo jurisprudencial: El Tribunal Constitucional, en la SC 92/02-R de 24 de enero de 2002, sostuvo que era posible el planteamiento del hábeas corpus -ahora acción de libertad- cuando el accionante ya había sido liberado, pues dicha liberación “…no desvirtúa la ilegalidad del acto ni libera de responsabilidad a los recurridos…”, de forma que en tales casos, se evitaba la reiteración de la conducta; es decir, que el interés en la resolución de la temática, trascendía del caso particular para convertirse en uno de interés general. Posteriormente, sin modificarse oficialmente aquella línea, la SC 1489/2003-R de 20 de octubre estableció que promovido el recurso de habeas corpus -ahora acción de libertad-, no procedía cuando el hecho conculcador ya había cesado, puesto que dicho acto adquiría características que lo hacían punible en la instancia ordinaria penal; por lo que, se debería acudir a esa jurisdicción para conseguir la respectiva sanción. A través de la SC 0327/2004-R de 10 de marzo, se cambió dicho entendimiento jurisprudencial, sosteniendo que las lesiones del derecho a la libertad, encuentran protección dentro del ámbito del hábeas corpus, en los casos en los que se constate la existencia de una ilegal privación de libertad, a pesar de haber cesado la detención antes de la interposición del recurso; supuesto en el cual, la concesión de la tutela debe establecer la responsabilidad de los servidores públicos que efectuaron la indebida privación de libertad; razonamiento que fue adoptado como línea jurisprudencial hasta la gestión 2010.
8El Tercer Considerando, señala: “…Si bien el Juez de la causa dispuso la libertad del procesado ello no desvirtúa la ilegalidad del acto ni libera de responsabilidad a los recurridos, tal como lo establece el art. 91-6) de la Ley N° 1836 (…)”. 9El FJ III.2, indica “En el caso que se examina, conforme lo expresa el propio recurrente, el hábeas corpus fue planteado después de que sus representados fueron puestos en libertad, de manera que si hubo ilegalidad en su detención por no haberse observado lo establecido por los arts. 6.II y 9.I CPE, ella no puede resolverse dentro de un recurso de hábeas corpus que fue presentado luego de haber sido puestos en libertad los recurrentes. Por consiguiente esa presunta ilegalidad adquiere otras características que la hacen punible, por lo que corresponde ser considerada en el ámbito penal o en el que los recurrentes estimen adecuado.
En consecuencia, correspondía al recurrente interponer el recurso en el momento en que sus representados se encontraban -según él- indebidamente detenidos a fin de que la autoridad competente dentro del trámite de hábeas corpus, haga comparecer a los detenidos y analice los antecedentes del caso para pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo, situación que no puede darse, ya que fueron puestos en libertad antes de la presentación misma del recurso”. 10El FJ III.1, refiere: “Consiguientemente, del contenido de los preceptos aludidos y los debates parlamentarios glosados, se extrae de manera clara y precisa que la voluntad del legislador es que las lesiones al derecho a la libertad encuentren protección dentro del ámbito del hábeas corpus, declarando su procedencia en los casos en que se constate la existencia de una ilegal privación de libertad, no obstante haber cesado la detención antes de la interposición del recurso; en consecuencia, es preciso cambiar el entendimiento jurisprudencial sentado en la SC 1489/2003-R (…)”.
Con la SC 0451/2010-R de 28 de junio, se recondujo el entendimiento jurisprudencial al anterior contenido en la SC 1489/2003-R, estableciendo que cuando se alega o denuncia una privación de libertad personal ilegal o indebida, debe interponerse la acción de libertad mientras persista la lesión, no cuando hubiere cesado; lo cual fue confirmado por el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0201/2012 de 24 de mayo, entre otras. La SC 0895/2010-R de 10 de agosto, complementó el entendimiento previamente asumido y señaló que cuando sea imposible plantear la acción de libertad por situaciones debidamente justificadas durante la privación de libertad, es posible su interposición inmediatamente después de haber cesado la misma. La jurisprudencia glosada fue reconducida a través de la SCP 2491/2012 de 3 de diciembre; en la que, sobre la base de la SC 0327/2004-R, dispone que procede la acción de libertad -bajo la modalidad de 11El FJ III.2.2, manifiesta: “Cuando se alega privación de libertad personal, la norma constitucional (art. 125 de la CPE), señala que toda persona que esté indebida o ilegalmente privada de su libertad personal, podrá interponer la acción de libertad y solicitar al juez o tribunal competente `se restituya su derecho a la libertad´”.
Lo cual significa que en estos casos, la acción de libertad debe ser interpuesta cuando la lesión al derecho a la libertad existe; de no ser así, se desnaturalizaría la esencia de la presente acción de defensa, dado que el petitorio de que `se restituya su derecho a la libertad´, ya no tendría sentido si está en libertad.
En consecuencia, desde el orden constitucional, se debe tener en cuenta los siguientes aspectos procesales: Primero.- Cuando el acto ilegal o indebido denunciado sea la detención o privación de libertad física del agraviado o accionante, la acción de libertad debe ser interpuesta mientras exista la lesión, no cuando haya cesado.
Segundo.- En los casos, en que presentada la acción de libertad conforme a esta exigencia, luego de la notificación a la autoridad, funcionario o persona denunciada o accionada, con la admisión de la misma, ésta libera al accionante o agraviado, ello no impide la prosecución del trámite y la otorgación de la tutela si es que corresponde, a los efectos de la reparación de los daños causados por la privación de libertad y en su caso los efectos que corresponda.
Tercero.- En los casos en que durante la detención no se presentó la acción de libertad, sino después de haber cesado la misma; verificada que sea tal situación, en audiencia pública y sin ingresar al análisis de fondo, corresponde la denegación de tutela, salvando los derechos del agraviado o accionante en la vía jurisdiccional ordinaria.
Al respecto, el art. 110.I de la CPE, señala que: `Las personas que vulneren derechos constitucionales quedan sujetas a la jurisdicción y competencia de autoridades bolivianas´, lo cual guarda coherencia con el art. 292 del Código Penal (CP), que bajo el nomen juris de `privación de libertad´, establece: `El que de cualquier manera privare a otro de su libertad personal, incurrirá en reclusión de seis meses a dos años y multa de treinta a cien días. La sanción será agravada en un tercio, cuando el hecho fuere cometido: 1) Por un funcionario público, con abuso de su autoridad. 2) Sobre un ascendiente, descendiente o cónyuge. 3) Si la privación de libertad excediere de cuarenta y ocho horas´ (…)
El art. 4.II de la Ley 003 de 13 de febrero de 2010 denominada Ley de Necesidad de Transición, señala que: `Los Tribunales, Jueces y autoridades administrativas del Estado Plurinacional podrán considerar la jurisprudencia constitucional emitida con anterioridad a la aprobación del nuevo orden constitucional, en tanto no se contraponga a la Constitución Política del Estado´, en ese sentido, y al ser -entre otras- la función del Tribunal Constitucional, intérprete y guardián de la Constitución vigente; la interpretación efectuada a través de su jurisprudencia no puede contravenir a la Constitución misma, ni asimilar un entendimiento jurisprudencial pasado que se aparte de ella, sino sólo aquél que guarde coherencia o armonía con la Constitución vigente, uniformando así la jurisprudencia constitucional; labor que le corresponde a los miembros que componen este Tribunal. En ese sentido, y a la luz de la nueva Constitución, se concluye que `cuando se alega o denuncia privación de libertad personal ilegal o indebida, debe interponerse la acción de libertad, mientras persista la lesión, no cuando ha cesado´, tal cual se explicó precedentemente, lo cual a su vez significa una reconducción de la línea jurisprudencial al asumido en la SC 1489/2003-R, que es conforme al orden constitucional vigente”. 12El FJ III.2, establece: “Así como no hay derechos absolutos, no hay reglas que no permitan una excepción cuando en mérito a ello se materializará un derecho fundamental, sin alterar la esencia y naturaleza de la acción tutelar, en este caso de la acción de libertad; y es que debe tenerse en cuenta que hay situaciones particulares en las que estando el ciudadano privado de libertad no es posible activar ningún medio de defensa ordinario, mucho menos extraordinario o de rango constitucional, pese a la lesión sufrida; por ello es oportuno complementar al entendimiento asumido en la citada SC 0451/2010-R, con referencia a que cuando se aduzca o se denuncie detención indebida, la acción de libertad debe ser interpuesta estando en privación o restricción de la libertad física, no luego de haber cesado: `Salvo que por las situaciones debidamente justificadas y la particularidad del caso, durante la privación de libertad no le fue posible interponer la acción de libertad, sino inmediatamente después de haber cesado la misma, lo cual no hace desparecer el acto ilegal y amerita un pronunciamiento de fondo a objeto de establecer las responsabilidades que correspondan, sean civiles, penales, u otras, dependiendo de la gravedad y del sujeto pasivo o causante de la lesión de derechos´”.
innovativa-, aun hubiere cesado el acto ilegal en cualquiera de las modalidades protectivas de la acción de libertad; es decir, la amenaza al derecho a la vida, la privación de libertad, la persecución indebida, o en su caso, el indebido procesamiento vinculado con el derecho a la libertad física o personal. En efecto, la SCP 2491/2012 consagra la acción de libertad denominada innovativa; entendimiento que fue seguido de manera uniforme por este Órgano encargado del control de constitucionalidad, a través de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0640/2013 de 28 de mayo y 2075/2013 de 18 de noviembre, entre otras. Efectivamente, debe señalarse que la acción de libertad innovativa, radica fundamentalmente, en que todo acto que implique desconocimiento o comprometa la eficacia de los derechos tutelados por esta garantía constitucional, debe ser repudiado por la justicia constitucional; de esta manera, evitar que en el futuro se repitan y reproduzcan los actos contrarios a la eficacia y vigencia de los derechos a la vida, la libertad física y de locomoción. En ese sentido, no se protege únicamente los derechos de la persona que interpuso la acción de libertad; al contrario, su vocación principal es que en lo sucesivo no se repitan hechos cuestionados de ilegales; en razón a que, como entendió la jurisprudencia constitucional, la acción de libertad se activa, no simplemente para proteger derechos desde una óptica netamente subjetiva, sino también, desde su dimensión objetiva, evitando que se reiteren aquellas conductas que lesionan los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección y que fundamentan todo el orden constitucional. En ese marco, corresponde la aplicación de la SCP 2491/2012, en cuyo Fundamento Jurídico III.1, establece:
…de acuerdo a la nueva coyuntura constitucional imperante desde febrero de 2009, nuestro país atraviesa un proceso de constitucionalización en sus instituciones jurídicas y políticas. No se encuentra al margen la justicia constitucional, que acoge parámetros interpretativos y de amparo más garantistas y favorables a la protección de los derechos y de los derechos humanos.
En ese sentido, la interpretación que debe hacerse respecto del art. 125 constitucional, no debe recorrer un camino restrictivo, en el sentido de que únicamente la acción de libertad pueda ser interpuesta cuando la persona se encuentre privada de libertad, pues partiendo de un criterio amplio y garantista como se tiene anotado, este mecanismo puede operar cuando efectivamente ha cesado la vulneración al derecho protegido. Este criterio se justifica, al análisis de lo dispuesto por el art. 256 de la CPE, que de forma expresa reconoce criterios de interpretación más favorables que los contenidos en nuestra propia Ley Fundamental y que se encuentran contenidos en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos.
Conforme al espíritu de esta línea jurisprudencial, la acción de libertad innovativa debe ser entendida como el mecanismo procesal, por el cual el juez constitucional, asume un rol fundamental para el resguardo de los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección -libertad personal, vida, integridad física, debido proceso y libertad de locomoción-; pues, si bien pueden haber cesado las vulneraciones a dichos derechos, empero, la ilegalidad fue consumada; por ello, a efectos de determinar la responsabilidad del caso y contribuir con la política criminal de prevención, corresponderá pronunciarse en el fondo de la problemática, para determinar la responsabilidad de las autoridades, la comunidad o personas particulares que transgredieron el o los derechos invocados como lesionados, al ser estas conductas contrarias al orden constitucional; evitando de esta forma, futuras conculcaciones de derechos fundamentales y garantías constitucionales. Más aún cuando nuestro ordenamiento jurídico expresamente establece la existencia de esta figura, en el art. 49.6 del Código Procesal Constitucional (CPCo), que determina: “Aun habiendo cesado las causas que originaron la Acción de Libertad, la audiencia deberá realizarse en el día y hora señalados, a efectos de establecer las responsabilidades que correspondan”.
Ahora bien, de manera específica, respecto al control jurisdiccional que debe ser ejercido durante la vacación judicial, la jurisprudencia constitucional, contenida entre otras en la SC 0764/2002-R de 1 de julio, señaló que durante la vacación judicial queda un juez cautelar -ahora de instrucción- de turno que está a cargo de velar por el respeto de los derechos y garantías de las partes y el cumplimiento de plazos procesales. Sobre la base de dicho entendimiento, la SCP 164/2014-S3 de 21 de noviembre, señala que en los supuestos en los que el juez a cargo del control jurisdiccional se encuentre en vacaciones judiciales, es el juez de turno -a quien se remitió la causa con detenido- es el que tiene que ejercer dicho control jurisdiccional. Entendimiento que fue reiterado, entre otras, por la SCP 0090/2015-S3 de 3 de febrero.
El accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso, a la libertad y al trabajo; toda vez que, encontrándose con detención domiciliaria dentro del proceso penal seguido en su contra, por la presunta comisión del delito de uso indebido de influencias, el personal subalterno del Juzgado de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz -donde radicó su causa-, al ingresar a las vacaciones colectivas, no remitió los antecedentes del proceso penal al Juzgado de Instrucción de turno, conforme se había dispuesto en la Circular de 5 de diciembre de 2022, emitida por el Consejo de la Magistratura, creando indefensión en su persona para solicitar la modificación de la medida cautelar impuesta; consecuentemente, a través de esta acción de defensa, solicita se disponga la remisión del “…cuaderno jurisdiccional a los juzgado de turno en las 48 horas siguientes y sea con costas y que pasen a la sanción de un Juez Disciplinario” (sic). Bajo ese marco, de la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se advierte la falta de remisión del caso ante el Juzgado de Instrucción de turno correspondiente; toda vez que, por informe de 22 de diciembre de 2022 y oral, dirigido al Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Quinto del departamento de la Paz -Juez de garantías-, Marcia Teresa Nina Rodríguez, Secretaria del Juzgado de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital de ese departamento ahora demandada, hizo conocer que el expediente se encuentra en la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia, pendiente de resolución (Conclusiones II.4 y II.5.); es decir, que dicha funcionaria no remitió el expediente al Juzgado de turno.
Por otro lado, la Circular de 5 de diciembre de 2022, emitida por el Consejo de la Magistratura, dispuso fijar la vacación anual colectiva y los juzgados de turno; en ese sentido, la Secretaria ahora demandada teniendo conocimiento que el ahora accionante se encontraba con detención domiciliaria, debió asegurarse que su caso pase al Juzgado de turno; sin embargo, no actuó de esa manera, lo que evidencia que la precitada no dio estricto cumplimiento a la citada Circular, siendo que era su obligación remitir en el plazo previsto los antecedentes al Juzgado de turno, extremo que lesionó los derechos del impetrante de tutela al acceso a la justicia, al debido proceso en su componente de celeridad y a la libertad, pues se le privó de contar con una autoridad jurisdiccional que resuelva sus solicitudes, por un tiempo considerable; toda vez que al ingresar en vacación judicial, el juzgado debe remitir los casos con detenidos ante el juzgado o tribunal de turno; ello, con la finalidad de materializar el control jurisdiccional de la causa, conforme el Fundamento Jurídico III.4 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; por lo que, corresponde conceder la tutela acorde a lo establecido en los Fundamentos Jurídicos III.1 y III.3 de este fallo constitucional; es decir, en la modalidad traslativa o de pronto despacho e innovativa, únicamente para determinar la responsabilidad de la Secretaria ahora demandada y de esa forma evitar futuras conculcaciones de derechos fundamentales y garantías constitucionales. Por último, el peticionante de tutela también dirigió esta acción tutelar contra Ana Noemi Cruz Quispe, Auxiliar del Juzgado de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz; empero, conforme el informe presentado por la mencionada, ésta se encontraba con baja médica de 5 de septiembre a 8 de diciembre de 2022 (Conclusión II.1); es así que, revisados los antecedentes adjuntos se tienen varias fotocopias de bajas médicas, constando entre ellas, la de 5 de septiembre a 19 de octubre, de 22 de octubre a 5 de noviembre y de 6 de diciembre a 8 de diciembre, todos del señalado año (Conclusión II.2), consecuentemente, el 8 de diciembre del mencionado año, se replegó a la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz (Conclusión II.3); es decir, que anterior a esta fecha, la precitada Auxiliar no se encontraba ejerciendo funciones y posterior a la misma fue replegada a la indicada Sala Penal Segunda, lo que denota que carece de legitimación pasiva para ser demandada en esta acción de libertad. Consecuentemente, el Juez de garantías al denegar la tutela solicitada, obró de manera incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 27/2022 de 22 de diciembre, cursante de fs. 17 a 18, pronunciada por el Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Quinto del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, en cuanto a Marcia Teresa Nina Rodríguez, Secretaria del Juzgado de Sentencia Anticorrupción y Violencia contra la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, de acuerdo a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, sin disponer ninguna remisión, tomando en cuenta el tiempo transcurrido.
2° DENEGAR la tutela respecto a Ana Noemi Cruz Quispe, Auxiliar del Juzgado de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz. 3° Se llama la atención a Marcia Teresa Nina Rodríguez, Secretaria del Juzgado de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero del departamento de La Paz; exhortando que cuando se encuentre en goce de las vacaciones colectivas, remita los antecedentes necesarios de los privados de libertad ante el Juez de turno, para que éste pueda atender las solicitudes de los mencionados. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
3 El Cuarto Considerando, refiere: “…Por consiguiente, la demandada carece de legitimación pasiva, calidad que se adquiere por la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquélla contra quien se dirige la acción…”. 4El FJ III.5, menciona: “En el caso que se analiza, se tienen dos normas referidas al ámbito de protección de la acción de libertad -antes recurso de hábeas corpus: La Constitución abrogada y la interpretación constitucional, que establecía que el recurso no procedía respecto a particulares, y la Constitución vigente que amplía la protección respecto con relación a particulares. Ahora bien, indudablemente que la norma que es más favorable al sistema de derechos fundamentales, es la contenida en la Constitución vigente, pues así se reconoce la eficacia horizontal de los derechos fundamentales…”.
a partir del momento en que las leyes les imponen deberes, y particularmente la Ley del Órgano Judicial en el caso de los funcionarios de apoyo judicial, son sujetos de responsabilidad por el incumplimiento de esos deberes, tal es así, que pueden ser objeto incluso de responsabilidad administrativa, civil o penal; consecuentemente, con mayor razón serán responsables, y por tanto, tendrán legitimación pasiva para ser demandados por esta vía, cuando sus actos u omisiones relacionados a sus deberes contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales de las personas, siendo así, no se puede concebir el razonamiento expuestos en dichas Sentencias que liberan de responsabilidad al funcionario de apoyo judicial, para cargar la misma únicamente sobre el juzgador cuando éste no reconduce el procedimiento y lo convalida, puesto que, si el incumplimiento de los deberes y funciones del personal de apoyo, no es reconducido por el juez, corresponderá establecer responsabilidad en relación a ambos funcionarios; es decir, el juez y el personal de apoyo judicial, cuyos actos u omisiones merezcan reproche en la vía constitucional. En base a los fundamentos supra expuestos, el entendimiento generado en el presente acápite implica cambio de línea jurisprudencial en relación a los razonamientos asumidos en las SSCC 0332/2010-R de 17 de junio y 1279/2011-R de 26 de septiembre, en las que se estableció que los servidores de apoyo judicial no tiene legitimación pasiva para ser demandados en las acciones de defensa”.
13 En el FJ. III.2, señala: “Por lo expuesto, se evidencia que al momento de haber sucedido las supuestas irregularidades denunciadas a través de la presente acción, el proceso penal denominado caso 47/2014, se encontraba bajo control jurisdicción a cargo del Juez Decimosegundo de Instrucción en lo Penal, y si bien el mismo en ese instante gozaba de la vacación judicial, existía un Juez de turno, quien podía ejercer el control jurisdiccional del proceso, mientras regrese de su vacación el Juez cautelar titular, por ellos el abogado de los accionantes, previamente a acudir a la jurisdicción constitucional, debió recurrir al Juez asignado. Así la SC 0764/2002-R de 1 de julio, estableció que: “… el plazo de los seis meses para la realización de la etapa preparatoria no se interrumpe durante la vacación judicial, dado que, por una parte, la misma está a cargo de un representante del Ministerio Público, a quien no alcanza la vacación antedicha, y, por otra aun en vacación judicial queda de turno un juez Cautelar que estará encargado de velar por el desarrollo de esa etapa y el cumplimiento de plazos procesales”, por ello en el presente caso, se advierte que este Tribunal Constitucional Plurinacional, se encuentra imposibilitado de ingresar al análisis de fondo; toda vez que, conforme la Sentencia Constitucional referida, si bien el Juez de la causa se encuentra haciendo uso de la vacación judicial, ello no significa que el proceso penal en ese momento se habría encontrado sin control jurisdiccional, pues emergente a ello el Juez asignado, momentáneamente se encuentra habilitado para asumir dicha función, no sólo para las partes intervinientes en el proceso, sino también para los terceros –testigos ahora accionantes- que consideren la concurrencia de algún acto ilegal, en este caso por parte de funcionarios policiales y la representante del Ministerio Público.”
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0691_2025-S1.pdf · páginas 1 a 15.
Huella digital del PDF (SHA-256): a80a3db57a693eb30d07847e1cc7cce92bd086a217677663b58d0cba533da7f0
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