B.IA.LEGAL

SCP 0691/2024-S4

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 8 de octubre de 2024

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Cuarta Especializada
Fecha
8 de octubre de 2024
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano
Expediente
49664-2022-100-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El impetrante de tutela, denuncia la vulneración de su derecho a la libertad y al debido proceso por arbitraria fundamentación e incongruencia; toda vez, que la autoridad ahora demandada al emitir el Auto de Vista 406/2022, incurrió en: fundamentación arbitraria e incongruente, al momento de realizar el análisis de los riesgos procesales, pues: i) En cuanto al domicilio, falsamente sostuvo que su declaración informativa sustentaba la contradicción advertida por el a quo en cuanto a la numeración de su domicilio, cuando de su revisión la numeración que señala es 1660 y no como erradamente sostiene que sería 1670, por cuanto el error de la Fiscalía al consignar en la imputación el número de su domicilio como 1670, no puede generar duda ante la existencia de otros documentos objetivos que presentó para demostrar la equivocación del Ministerio Público; además incorporó un requisito no previsto en la Ley, al señalar que ante un presunto error en la numeración de su domicilio debió solicitar ante el titular de la persecución penal su corrección, negando su propia competencia; sumado a ello exigió la presentación del Certificado Domiciliario Policial, que resulta impertinente pues ello significaría fundar su apelación en documentos obtenidos de manera posterior al fallo primigenio; ii) En cuanto a la actividad lícita, consideró la Resolución 172/2022, que dejó sin efecto la Resolución Administrativa (RA) 16/2018, por la cual fue designado en el cargo de Secretario Nacional del Presidium del XIII Congreso Nacional de Universidades, documento que fue presentado el mismo día de la au…

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 33/2022 de 28 de julio, cursante de fs. 151 a 153 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Cuarta del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre la motivación, fundamentación y congruencia de las resoluciones
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0691/2024-S4 Sucre, 8 de octubre de 2024 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Acción de libertad Expediente: 49664-2022-100-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 33/2022 de 28 de julio, cursante de fs. 151 a 153 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Max Fernando Mendoza Parra contra Claudia Marcela Castro Dorado, Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 27 de julio de 2022, cursante de fs. 1, 129 a 135, el accionante manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de usurpación de funciones y conducta antieconómica, el 22 de mayo de 2022, se llevó a cabo la audiencia de consideración de medidas cautelares, donde de manera arbitraria se dispuso su detención preventiva por el lapso de seis meses, argumentándose que no se había acreditado su actividad lícita, pese a que presentó la Resolución 02/2020, que demostraba su condición de dirigente de la Confederación Universitaria Boliviana, argumentándose que a la fecha no existe documento que evidencie que sigue ocupando dicho cargo; en cuanto al domicilio, de manera arbitraria se advirtió una contradicción con la imputación formal, que de forma errada señaló como número de su domicilio 1670, cuando de acuerdo a todos sus documentos es el 1660; no obstante, sobre la base de dicho error se elucubró maliciosamente que no contaba con domicilio. Con relación al peligro de fuga, se señaló que en su calidad de secretario, dirigente, se le asigna viáticos para dirigirse a Santa Cruz, Habana Cuba, Potosí, Cochabamba, Oruro, Cobija Estados Unidos, México, por lo que, cuenta con pasaporte, teniendo por ello las facilidades, pese a que antes de dicho argumento, su defensa señaló que el derecho de traslado de toda persona ya sea por trabajo o por placer no puede ser considerado per se, como una causa de fuga y más aún si esos viajes son considerados como elemento fáctico de probabilidad de autoría, pues los viajes que realizó gozarían de presunción de inocencia, por cuanto además la justicia constitucional determinó que los hechos que constituyen la probabilidad de autoría no pueden ser trasladados como fundamento de ningún riesgo procesal porque ello implicaría que en todos los casos sin distinción alguna exista peligro de fuga; respecto al núm. 2 del art. 235 del CPP, al igual que en los anteriores extraviados criterios, se señaló al Juez a quo, que para la existencia o configuración del peligro de obstaculización no es suficiente la existencia de actos pendientes de investigación, sino que el mismo debe ser sostenido en hechos que evidencien la influencia en partícipes y/o testigos, y que esos deben demostrar, el modo de obstaculización, no solo la posibilidad sino la forma concreta; no obstante, la aludida autoridad determinó mantener su ilegal y arbitraria interpretación.

Lo que motivó formule apelación en contra de dicha determinación, que mereció la emisión del Auto de Vista 406/2022 de 13 de junio, pronunciada por la autoridad ahora demandada, quién confirmó en todas sus partes el fallo apelado, pese a que denunció de manera puntual que el Juez a quo, consideró la no acreditación de su domicilio, al no encontrar coincidencia entre sus documentos que indica un número de casa, y la imputación que refiere otra, habiendo para ello presentado como prueba su declaración informativa, donde consta el número de su domicilio, cédula de identidad, así como la de su madre, documentos de propiedad del domicilio que habita, todos coincidentes entre sí, indicando que el error de la Fiscalía al transcribir dicho requerimiento no podía generar duda ante la existencia de otros documentos objetivos que demuestran la equivocación del Ministerio Público; no obstante, la demandada de manera ilegal señaló que en su declaración informativa había indicado como número de su casa el 1670, lo que es totalmente mendaz, porque en él consta el número de casa correcto que es el 1660; no quedando ahí el razonamiento efectuado, pues absurdamente enfatizó que en caso de error debió haber presentado ante la Fiscalía memorial o escrito pidiendo su corrección, y como no lo hizo no podía ingresar a “valorar ese error”; aspecto que constituye una aberración porque además de incorporar un requisito no previsto en la Ley, tal condicionamiento resulta inadmisible, pues cualquier error, arbitrariedad o abuso contenido en la imputación formal, debe ser denunciado y reclamado ante el Juez de control jurisdiccional y en el peor de los casos ante el Tribunal de alzada, como sucedió al presente, sumado a ello, para rematar la incongruencia, la Vocal ahora demandada, sostuvo que la imputación formal goza de presunción de verdad y que ella no puede ir contra esa presunción, negando así su propia competencia y deber, que repercute en su derecho a la libertad, habiendo además señalado que no presentó Certificado Domiciliario Policial, exigencia que resulta impertinente porque la audiencia de medidas cautelares, se realizó al día siguiente de su aprehensión directa sin previa citación realizada por la Fiscalía, por cuanto además no puede exigir su presentación, pues ello significaría fundar su apelación en documentos obtenidos de manera posterior al fallo primigenio.

En relación a la actividad lícita, denunció que al momento de su aprehensión así como en la audiencia continuaba en la función de Secretario Nacional del Presidium del XIII Congreso Nacional de Universidades y que el hecho que haya sido imputado por aspectos vinculados a esa función, no podía tornarla en ilegal, como arbitrariamente asumió el a quo; al respecto, la demandada valoró la Resolución 172/2022 de 18 de mayo de 2022, que dejó sin efecto la Resolución Administrativa 16/2018, por la cual fue designado en el cargo de referencia, documento que fue presentado el mismo día de la audiencia de apelación, y la cual no fue de conocimiento del Juez primigenio; no obstante, sobre esa base confirmó el fallo apelado, sin pronunciarse sobre la denuncia que quién tiene que probar el peligro es quien lo endilga y no a quién se lo endilga, tampoco respecto a la prohibición que los hechos de probabilidad de autoría sirvan para fundar cualquier riesgo procesal, consumando con ello una incongruencia externa.

En relación al peligro de fuga contenido en el númeral 2 del art. 234 del CPP, la resolución cuestionada ingresó en un verdadero “galimatías”, confirmándose de su sola lectura su ininteligibilidad, pues refiere: “Que, con relación al Art. 234 numeral 2) del Código de Procedimiento Penal, fundado también como parte de agravio, se tiene a evidenciar que el Juez A quo refiere que con relación a la ausencia del arraigo social, concurriría el invocado riesgo procesal, así también efectivamente hace mención a diferentes viajes efectuados por el ahora sindicado y recurrente a Cuba, a México, Estados Unidos y departamentos del interior, al respecto el Tribunal Constitucional Plurinacional a tenido a bien a modular que la concurrencia del Art. 234 numeral 2 de la Ley 1173 de Abreviación Procesal Penal, se avoca únicamente a la demostración de la existencia de riesgos de fuga, contenidos en el Art. 234 numeral 1 del Código de Procedimiento Penal en sus distintas vertientes, familia, actividad lícita y domicilio, en tal entendido este Tribunal A quo considera en torno a la invocación de los diferentes viajes efectuados por la parte recurrente, no adecuarse a totalidad a jurisprudencia constitucional en la cual se debe ponderar únicamente esta modulación que mantiene subsistente el Art. 234 numeral 1 y 2 del Código de Procedimiento Penal, en torno a la inexistencia de las vertientes domicilio, actividad lícita y familia, empero y más allá de este extremo, se tiene que el Juez A quo si hace referencia a la inexistencia de arraigo social por cuyo mérito se considera debidamente concurrente y fundado el Art. 234 numeral 2 de la Ley 1173 de Abreviación Procesal Penal, emergente efectivamente de la no demostración de actividad lícita y de domicilio” (sic); fundamento que resulta inentendible por tanto arbitrario, lo cual resulta suficiente para otorgar la tutela constitucional; extremo en el que además incurrió en incongruencia omisiva externa, debido a la falta de respuesta a los “fundamentos de la apelación con los que combatí la ilegal detención preventiva; que el carácter cosmopolita y de libertad de locomoción no pueden ser la base de perjuicios, que al no existir ausencia de domicilio, trabajo y familia no puede existir lo previsto el numeral 2. del Art. 234 del CPP. Y que los viajes son parte de la probabilidad de autoría lo cual no puede ser trasladado por sí solo a ninguna hipótesis de riesgos procesales” (sic).

En cuanto al peligro de obstaculización, invocó y adjuntó variada jurisprudencia constitucional que no deja duda que dicho peligro solo se configura cuando existen hechos identificados concretamente, que demuestran un comportamiento para generar influencia en partícipes o testigos, que además debe ser complementada con la identificación y del modo o manera en que pueden ser influenciadas; sin embargo, la autoridad demandada mintió al indicar que el Juez a quo, individualizó los hechos por los cuales se considera que existe peligro de obstaculización; no obstante, en ninguna parte cursa que se haya realizado aquella precisión, sumado a ello la demandada señala que, Juan José Roberto Borges y Rodrigo Rodríguez Arce, fueron designados en diferentes cargos por su persona, aspecto que también resulta falso, ya que tampoco fue probada en audiencia de aplicación de medidas cautelares, razón por la cual dicha autoridad demandada, tampoco pudo identificar cuáles serían esos cargos, cuando y como habría procedido a la designación, no existiendo por ello base fáctica para atribuir el aludido peligro de obstaculización, por lo que su configuración inobserva la abundante jurisprudencia constitucional, que establece que ese peligro no puede ser fundado en meras presunciones abstractas.

Asimismo, la demandada sostuvo que existirían actos de investigación pendientes, como la inspección técnica ocular, pericias de llamadas y fundamentalmente las declaraciones testificales, “Le dijimos a la jueza” (sic) que en todo proceso penal existen actos de investigación pendientes, y que tal pendencia no conlleva por si sola el peligro de obstaculización, “aseveración” que no fue absuelta, por el contrario la Vocal demandada continúo considerando que la sola necesidad de investigación produce el peligro, lo que resulta vulnerador a su derecho a la libertad, porque sobre esa inicua base fue mantenida su detención preventiva, además tampoco la coexistencia de los co procesados, se traduce en peligro de obstaculización.

Finalmente, arguyó que la autoridad ahora demandada, tiene un concepto errado de lo que es el principio de proporcionalidad, pues en su análisis confundió proporcionalidad con valoración integral, siendo precisamente esa equivocación que le genera lesión, puesto que señala que analizó los peligros y la probabilidad de autoría, pero no dice nada sobre si la medida de la detención preventiva es mejor a otra medida sustitutiva que puede ser igual de eficiente e idónea, lo que evidencia que no se realizó la ponderación de medidas sobre la necesidad de ellas.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El accionante alegó como lesionado su derecho a la libertad y al debido proceso por arbitraria fundamentación e incongruencia, sin citar norma constitucional alguna.

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se deje sin efecto el Auto de Vista 406/2022, y se disponga la emisión de nuevo fallo, en la cual se respeten los fundamentos contenidos en la presente acción de libertad.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia virtual el “13 de mayo de 2022” –siendo lo correcto 28 de julio– según consta en el acta cursante de fs. 145 a 150 vta., presente el accionante asistido de su abogado y ausente la autoridad demandada, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

La peticionaria de tutela a través de su abogado, ratificó in extenso los fundamentos esgrimidos en el memorial de acción de libertad.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Claudia Marcela Castro Dorado, Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante informe presentado el 29 de junio de 2022, cursante a fs. 139 y vta. de obrados, manifestó que: a) El Auto de Vista 406/2022, fue emitido dentro de los plazos establecidos por norma y en cumplimiento a los parámetros y límite de competencia establecidos en los arts. 396 y 398 del CPP, atendiéndose todos los agravios en observancia del art. 115. II de la CPE y el art. 124 de la norma adjetiva penal, contiene una motivación, consideración y fundamentación correcta, es congruente con las conclusiones a las que se arriba; b) En el marco de lo determinado en la SCP 0039/2012 de 6 de marzo, no es atribución de la jurisdiccional constitucional ingresar a la interpretación de legalidad ordinaria, conforme pretende el impetrante de tutela; y, c) No incurrió en conculcación de derechos fundamentales ni garantías constitucionales, en cuya consecuencia se advierte ausencia de legitimidad pasiva, conforme lo establecido en el art. 125 de la CPE y art. 46 y 47 del Código Procesal Constitucional (CPCo); argumentos en torno a los cuales solicito deniegue la tutela impetrada.

I.2.3. Resolución

La Jueza de Sentencia Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, constituida en Juez de garantías, mediante Resolución 33/2022 de 28 de julio, cursante de fs. 151 a 153 vta., denegó la tutela impetrada, con base en los siguientes fundamentos: 1) De la revisión del fallo en cuestión, evidenció que la valoración probatoria no se encuentra fuera de los marcos de equidad y razonabilidad, existiendo la concurrencia de riesgos procesales; toda vez, que en cuanto a la acreditación de elemento domicilio, la autoridad demandada evidentemente refirió la existencia de una imputación formal la cual hace mención al domicilio del imputado, que cotejada con otra documentación evidenció variación en cuanto al número, en cuyo marco consideró que el procesado debió solicitar la corrección mediante un requerimiento o memorial; sin embargo, también hizo referencia a los aspectos de habitabilidad y habituabilidad, características necesarias para acreditar domicilio, por lo que, consideró la insuficiencia de dicho elemento, recogiendo también los criterios y fundamentos de la resolución primigenia, aspectos que sin embargo, no fueron objeto dentro de la apelación por el accionante y no fueron lo suficiente respaldadas para que el tribunal de alzada pueda consignar también que existe documentación u otro medio probatorio que no haya sido considerado por el Juez sobre los aspectos referidos a la habituabilidad y habitabilidad, tomados en cuenta para acreditar la inexistencia del elemento domicilio; 2) En lo que se refiere a la actividad lícita, tanto el Juez y la Vocal demandada realizaron la valoración de su condición de dirigente y también tomaron en cuenta los datos señalados en como su actividad en su cédula de identidad y en las documentaciones, certificaciones que habrían obtenido, llegando a la conclusión de que la actividad lícita no estaría suficiente acreditada, aspectos que no se apartan del marco de razonabilidad y equidad, por lo que, de acuerdo a lo establece la línea jurisprudencial constitucional no es posible ingresar a realizar una revalorización de esa documentación; 3) En lo que respecta al riesgo procesal contenido en el núm. 2 del art. 235 del CPP, si bien el accionante refiere, que la existencia de co procesados o existencia de actos investigativos pendientes, no pueden configurar ipso facto dicho riesgo procesal; no obstante, esos aspectos deben ser analizados dentro del caso en concreto, siendo en esa dimensión que la autoridad demandada fundamentó que individualizadas las personas que deben declarar como testigos, y a la vez sujetas a investigación, se configuraría el peligro de influencia negativa por parte imputado, constituyendo así una obstaculización a la averiguación de la verdad, que evidencia respuesta a los agraviados, sin apartarse de los marcos de la razonabilidad y la equidad; ya que en torno a la invocación de diferentes viajes efectuados por el imputado, no se ha tomado en cuenta los viajes a diferentes países y al interior del país, sino solamente lo referidos a la actividad lícita y al domicilio, en ese sentido no estaría considerándose estos viajes como parte de probabilidad de autoría; y, 4) Respecto al análisis realizado por la autoridad accionada en cuanto al principio de proporcionalidad, que de acuerdo a lo que manifiesta la parte accionante, no sé habría ingresado al test correspondiente, respecto a los hechos por los cuales se encuentra siendo procesado y los riesgos procesales que se habrían señalado cómo existentes al no haber sido acreditados suficientemente y en relación a la medida preventiva o la medida cautelar que consistente en detención preventiva; esos aspectos ya refieren a un análisis del fondo de la denuncia o los hechos por los cuales se habría iniciado el proceso en contra del ahora accionante, que no fue fundamentado como un agravio en alzada, por lo que no puede ser considerado.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:

II.1. Mediante Auto Interlocutorio 153 “A”/2022 de 22 de mayo, el Juez de Instrucción Penal Segundo del departamento de La Paz, dispuso la detención de Max Fernando Mendoza Parra (fs. 36 a 41 vta.). II.2. A través de Auto de Vista 406/2022 de 13 de junio, la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declaró improcedente el recurso de apelación formulada por el prenombrado, en consecuencia, confirmó el fallo apelado (fs. 120 a 123).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El impetrante de tutela, denuncia la vulneración de su derecho a la libertad y al debido proceso por arbitraria fundamentación e incongruencia; toda vez, que la autoridad ahora demandada al emitir el Auto de Vista 406/2022, incurrió en: fundamentación arbitraria e incongruente, al momento de realizar el análisis de los riesgos procesales, pues: i) En cuanto al domicilio, falsamente sostuvo que su declaración informativa sustentaba la contradicción advertida por el a quo en cuanto a la numeración de su domicilio, cuando de su revisión la numeración que señala es 1660 y no como erradamente sostiene que sería 1670, por cuanto el error de la Fiscalía al consignar en la imputación el número de su domicilio como 1670, no puede generar duda ante la existencia de otros documentos objetivos que presentó para demostrar la equivocación del Ministerio Público; además incorporó un requisito no previsto en la Ley, al señalar que ante un presunto error en la numeración de su domicilio debió solicitar ante el titular de la persecución penal su corrección, negando su propia competencia; sumado a ello exigió la presentación del Certificado Domiciliario Policial, que resulta impertinente pues ello significaría fundar su apelación en documentos obtenidos de manera posterior al fallo primigenio; ii) En cuanto a la actividad lícita, consideró la Resolución 172/2022, que dejó sin efecto la Resolución Administrativa (RA) 16/2018, por la cual fue designado en el cargo de Secretario Nacional del Presidium del XIII Congreso Nacional de Universidades, documento que fue presentado el mismo día de la audiencia de apelación, y la cual no fue de conocimiento del Juez primigenio; además no se pronunció sobre la denuncia que quién tiene que probar el peligro es quien lo endilga y no a quién se lo endilga, tampoco respecto a la prohibición que los hechos de probabilidad de autoría sirvan para fundar cualquier riesgo procesal, consumando con ello una incongruencia externa; iii) Sostuvo el riesgo del núm. 2 del art. 234 del CPP, con un argumento inentendible por tanto arbitrario; iv) Inobservó la jurisprudencia constitucional, pues basó el peligro de obstaculización, en meras presunciones abstractas; y, v) No se realizó análisis de la proporcionalidad, habiendo la autoridad demandada confundido dicho aspecto con la valoración integral, no existiendo fundamento que sostenga la necesidad de la imposición de la detención preventiva sobre otra medida. En consecuencia, corresponde analizar en revisión, si lo alegado es evidente, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1. Sobre la motivación, fundamentación y congruencia de las resoluciones

Respecto a la exigencia de fundamentación y motivación de las resoluciones; la SCP 0405/2012 de 22 de junio, señaló que: “…el derecho al debido proceso, entre su ámbito de presupuestos exige que toda resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la misma. (…) consecuentemente cuando un juez omite la motivación de una resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión de hecho no de derecho que vulnera de manera flagrante el citado derecho que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido; o lo que es lo mismo cuál es la ratio decidendi que llevó al juez a tomar la decisión”. Ampliando sobre el contenido esencial del debido proceso, en su elemento de debida fundamentación y motivación la SCP 0893/2014 de 14 de mayo, estableció que: “La motivación es una exigencia constitucional de las resoluciones -judiciales y administrativas o cualesquiera otras-, expresadas en un fallo en general, sentencia, auto, etcétera, porque sin ella se vulnera la garantía del debido proceso (art. 115.I de la CPE). El contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada, fue desarrollado en la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, y complementado por la SCP 0100/2013 de 17 de enero, teniendo en cuenta las finalidades que persigue este derecho fundamental. Así, las señaladas Sentencias Constitucionales Plurinacionales, concluyeron que las finalidades implícitas que determinan el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada (judicial, administrativa o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etcétera) que resuelva un conflicto o una pretensión son: ‘1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) la Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de razonabilidad y el principio de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; 4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad…’ (SCP 2221/2012 de 8 de noviembre); y, ‘…5) La exigencia de la observancia del principio dispositivo, que implica la exigencia que tiene el juzgador de otorgar respuestas a las pretensiones planteadas por las partes para defender sus derechos…’ (SCP 0100/2013 de 17 de enero). Sobre el segundo contenido; es decir, lograr el convencimiento de las partes de que la resolución no es arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de razonabilidad y el principio de congruencia, en la SCP 2221/2012, el Tribunal Constitucional Plurinacional ha desarrollado las formas en las que puede manifestarse la arbitrariedad, señalando: ‘…la arbitrariedad puede estar expresada en: b.1) una 'decisión sin motivación', o extiendo esta es b.2) una 'motivación arbitraria'; o en su caso, b.3) una 'motivación insuficiente', desarrollando más adelante, el contenido de cada una de ellas. ‘b.1) Por ejemplo, cuando una resolución en sentido general (judicial, administrativa, etc.), no da razones (justificaciones) que sustenten su decisión, traducido en las razones de hecho y de derecho, estamos ante la verificación de una 'decisión sin motivación', debido a que 'decidir no es motivar'. La 'justificación conlleva formular juicios evaluativos (formales o materiales) sobre el derecho y los hechos sub iudice [asunto pendiente de decisión]'. b.2) Del mismo modo, verbigracia, cuando una resolución en sentido general (judicial, administrativa, etc.) sustenta su decisión con fundamentos y consideraciones meramente retóricas, basadas en conjeturas que carecen de todo sustento probatorio o jurídico alguno, y alejadas de la sumisión a la Constitución y la ley, se está ante una 'motivación arbitraria'. Al respecto el art. 30.II de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) 'Obliga a las autoridades a fundamentar sus resoluciones con la prueba relativa sólo a los hechos y circunstancias, tal como ocurrieron, es escrito cumplimiento de las garantías procesales'. En efecto, un supuesto de 'motivación arbitraria' es cuando una decisión coincide o deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba o, en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso (SC 0965/2006-R), que influye, en ambos casos, en la confiabilidad de las hipótesis fácticas (hechos probados) capaces de incidir en el sentido, en los fundamentos de la decisión. Es decir, existe dependencia en cómo cada elemento probatorio fue valorado o no fue valorado, para que se fortalezca o debilite las distintas hipótesis (premisas) sobre los hechos y, por ende, la fundamentación jurídica que sostenga la decisión. En este sentido, la SC 0802/2007-R de 2 de octubre, dentro de un proceso administrativo sancionador señaló: 'Consiguientemente, aplicando los principios informadores del derecho sancionador, las resoluciones pronunciadas por el sumariante y demás autoridades competentes deberán estar fundamentadas en debida forma, expresando lo motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba. Fundamentación que no podrá ser reemplazada por la simple relación de los documentos y presentación de pruebas o los criterios expuestos por las partes, y en los casos en los que existan co procesados, resulta primordial la individualización de los hechos, las pruebas, la calificación legal de la conducta y la sanción correspondiente a cada uno de ellos en concordancia con su grado de participación o actuación en el hecho acusado'. b.3) De otro lado, cuando una resolución no justifica las razones por las cuales omite o se abstiene de pronunciar sobre ciertos temas o problemas jurídicos planteados por las partes, se está ante una 'motivación insuficiente'. Más adelante, la misma SCP 2221/2012, concluyó que las tres formas en las que puede manifestarse la arbitrariedad ‘…son un tema que corresponderá analizar en cada caso concreto, debido a qué sólo en aquéllos supuestos en los que se advierta claramente que la resolución es un mero acto de voluntad, de imperium, de poder, o lo que es lo mismo de arbitrariedad, expresado en decisión sin motivación o inexistente, decisión arbitraria o decisión insuficiente, puede la justicia constitucional disponer la nulidad y ordenar se pronuncie otra resolución en forma motivada”’ (las negrillas y el subrrayado son nuestras). Con relación al principio de congruencia como elemento estructurante del debido proceso, la SCP 1083/2014 de 10 de junio, dejó establecido el siguiente entendimiento: “El debido proceso se integra por diferentes elementos que viabilizan las garantías mínimas del justiciable; así, la congruencia de las resoluciones judiciales, constituye el debido proceso. Al respecto, Guillermo Cabanellas, entiende al principio de congruencia como: ‘Oportunidad, conveniencia entre preguntas y respuestas; entre demandas y concesiones o resoluciones. II Conformidad entre el fallo judicial y las pretensiones plateadas por las partes. Las sentencias deben ser congruentes con las súplicas de las demandas, de su contestación o de su reconvención, sin que hechos posteriores a la discusión escrita puedan modificar los términos en que fue trabada la litis. La discrepancia entre sentencia y demanda permite los recursos establecidos por los códigos de procedimiento…’. En el marco de la premisa anterior y, desde una óptica doctrinal, la congruencia de las resoluciones judiciales amerita una comprensión desde dos acepciones; primero, relativo a la congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales, en definitiva, es una prohibición para el juzgador considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando su consideración a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; y, segundo, la congruencia interna, referido a que, si la resolución es comprendida como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretende evitar que, en una misma resolución no existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisiónʼ. (…) Por otro lado, la SC 1494/2011-R de 11 de octubre, precisó que de la esencia del debido proceso: ‘…deriva a su vez la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, (…). En base a esas consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentesʼ”.

III.2. Análisis del caso concreto

La parte accionante identifica como vulnerados sus derechos invocados en esta acción tutelar, manifestando que, la autoridad ahora demandada al emitir el Auto de Vista 406/2022, incurrió en fundamentación arbitraria e incongruente, al momento de realizar el análisis de los riesgos procesales, pues: a) En cuanto al domicilio, falsamente sostuvo que su declaración informativa sustentaba la contradicción advertida por el a quo en cuanto a la numeración de su domicilio, cuando de su revisión la numeración que señala es 1660 y no como erradamente sostiene que sería 1670, por cuanto el error de la Fiscalía al consignar en la imputación el número de su domicilio como 1670, no puede generar duda ante la existencia de otros documentos objetivos que presentó para demostrar la equivocación del Ministerio Público; además incorporó un requisito no previsto en la Ley, al señalar que ante un presunto error en la numeración de su domicilio debió solicitar ante el titular de la persecución penal su corrección, negando su propia competencia; sumado a ello exigió la presentación del Certificado Domiciliario Policial, que resulta impertinente pues ello significaría fundar su apelación en documentos obtenidos de manera posterior al fallo primigenio; b) En cuanto a la actividad lícita, consideró la Resolución 172/2022, que dejó sin efecto la Resolución Administrativa 16/2018, por la cual fue designado en el cargo de Secretario Nacional del Presidium del XIII Congreso Nacional de Universidades, documento que fue presentado el mismo día de la audiencia de apelación, y la cual no fue de conocimiento del Juez primigenio; además no se pronunció sobre la denuncia que quién tiene que probar el peligro es quien lo endilga y no a quién se lo endilga, tampoco respecto a la prohibición que los hechos de probabilidad de autoría sirvan para fundar cualquier riesgo procesal, consumando con ello una incongruencia externa; c) Sostuvo el riesgo del numeral 2 del art. 234 del CPP, con un argumento inentendible por tanto arbitrario; d) Inobservó la jurisprudencia constitucional, pues basó el peligro de obstaculización, en meras presunciones abstractas; y, e) No realizó un análisis de la proporcionalidad, habiendo confundido dicho aspecto con la valoración integral, por lo que no existe fundamento que sostenga la necesidad de la imposición de la detención preventiva sobre otra medida.

De los antecedentes cursantes en obrados, consta la existencia del Auto Interlocutorio 153 “A”/2022 de 22 de mayo, pronunciado por el Juez de Instrucción Penal Segundo del departamento de La Paz, a través del cual dispuso la detención de Max Fernando Mendoza Parra ahora impetrante de tutela (Conclusión II.1); determinación que al ser apelada mereció la emisión del Auto de Vista 406/2022 de 13 de junio, mediante el cual la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz compuesta por la autoridad hoy demandada, declaró improcedente el recurso de apelación formulado por el prenombrado, en consecuencia, confirmó el fallo apelado (Conclusión II.2).

Ahora bien, teniendo presente el contexto en el que se plantean las problemáticas traídas a materia, corresponde ingresar a conocer el contenido del fallo en cuestión; en cuyo marco, se tiene que la autoridad demandada: 1) En el Considerando II, contuvo la expresión de agravios deducida por la parte hoy impetrante de tutela, donde se denunció una errada fundamentación incongruente respecto a los riesgos procesales de fuga y obstaculización, contenidos en los arts. 234.1 y 2 y 235.2 de la Ley 1173, refiriendo en cuanto al primero que, de acuerdo a la Resolución 02/2022, fue designado directivo y representante a nivel nacional, en cuyo efecto invocó la verdad material contenida en el art. 180 de la CPE, para que se pueda ponderar la legalidad de la actividad que desarrolla; asimismo, manifestó que existiría incongruencia y falta de fundamentación al considerar el Juez a quo que la detención preventiva impediría el desarrollo de su cargo de directivo, no pudiendo argumentar autoría dentro de un riesgo, al ser contrario a la SCP 195/2016 y SC 1147/2006, invocando la aplicabilidad de la SCP 776/2013, con relación a la analogía en la cual debía ceñirse la vinculatoriedad a tiempo de ponderar la jurisprudencia constitucional; con relación a la vertiente domicilio, señaló que el fundamento del Juez a quo fue basado en la contradicción en la numeración de su domicilio, ubicado en el departamento de Cochabamba zona Mariano Melgarejo, denunciando vulneración al haberse considerado la numeración 1670, consignada erradamente en el requerimiento de imputación por parte del representante del Ministerio Público, siendo lo correcto de acuerdo a los documentos adjuntos consistentes en su declaración informativa y cedula de identidad, el número 1660, adjuntando para ese efecto la cedula de identidad de Lidia Parra Heredia, su progenitora quien es propietaria de dicho inmueble, también facturación de consumo de servicios básicos, bajo ese fundamento denuncia una errada compulsa de su domicilio en cuanto a la habitabilidad, de igual forma con referencia al riesgo contenido en el art. 234.2 del CPP, al fundarla en cuanto a la ausencia de un arraigo social, en mérito de no demostrar actividad lícita y domicilio, pero de manera colateral invoca el flujo migratorio de los viajes realizados a Cuba, México y otros, fundamentándola con la probabilidad de autoría al referir que los dineros empleados hubieran sido obtenidos de manera ilícita; finalmente, denuncia como agravio la ausencia de fundamentación objetiva en cuanto al art. 235.2 de la Ley 1173, al utilizar el a quo el término “podría ser influenciado” sin identificar modo, tiempo y lugar , hecho o circunstancia en la cual podría influir en las personas detalladas, inobservando la SCP 195/2014, en relación a la fundamentación de existencia de actos investigativos, y la SCP 854/2019, en cuanto a la objetividad en la que debe ceñirse la concurrencia de dicho riesgo de obstaculización invocando la SCP 276/2018, fundamentos bajo los cuales manifiesta que el Juez de origen habría incurrido en errada fundamentación, además de vulnerar el principio de temporalidad, a tiempo de imponer una medida extrema; 2) En el Considerando VI, la autoridad demandada considerando los agravios deducidos por el imputado y las respuestas formuladas por el denunciante Víctor Hugo Chávez Serrano, el Ministerio Publico, el Representante de la Universidad Mayo de San Andrés y el Representante de la CUB, así como de la compulsa del legajo de apelación, arribó a las siguientes conclusiones: i) En cuanto al domicilio, señaló que compulsado el fundamento expresado por el Juez a quo efectivamente extrañó la ausencia de habitabilidad y habitualidad, manifestando que no se hubiera demostrado con documentación idónea la existencia de un domicilio, advirtiendo contradicción en cuanto a la Resolución de Imputación Formal, donde refleja su domicilio en Calle Melgarejo 1670 de la Zona de Tucuraya, y así también un contradictorio entre la factura consignada a nombre de Max Fernando Mendoza Parra, donde consigna el domicilio en la calle Mariano Melgarejo General Galindo 1660, coincidente con la facturación de “AXS”; en ese entendido, de acuerdo a la motivación expresada por el recurrente se tenía consignado su domicilio en la calle M. Melgarejo 1660 Zona Tucuraya de Cochabamba, de igual manera se motivó su declaración informativa donde consignó como domicilio la calle M. Melgarejo 1670 Zona Tucuraya, y en el requerimiento de imputación formal, se tenía como domicilio la calle Melgarejo 1670 Zona Tucuraya, Cochabamba; en cuyo marco, concluyó que el fundamento expresado por el inferior devenía de la contradicción en la numeración del inmueble que se hubiera invocado como domicilio habitual y habitable del ahora recurrente, que si bien podría interpretarse por parte de la defensa técnica en torno a un error de transcripción suscitado por el representante del Ministerio Público; sin embargo en esa audiencia, no se acreditó con documentación objetiva la existencia de error generado por el representante del Ministerio Público; es decir no se presentó memorial alguno de solicitud de requerimiento a efecto de enmendar la presunta falencia existente en el requerimiento de imputación formal, por lo que debía ceñirse a la presunción de credibilidad y buena fe de los actos de funcionarios públicos que contempla la Ley 1178, en tanto y en cuanto se compruebe lo contrario, no pudiendo por ello ingresar a realizar fundamento en torno a una presunción de error de transcripción, bajo cuya compulsa tuvo por adecuadamente fundada la motivación de la concurrencia del riesgo procesal contenido en el art. 234.1 de la Ley 1173. “En ese entendido fuera también modulado jurisprudencialmente al existir un contradictorio en torno a la necesidad que dentro de los actuados ulteriores se pueda ponderar entre otros el verificativo policial domiciliario, no existiendo este documental a efecto de poder generar credibilidad, reiteramos se tiene por adecuadamente fundada la concurrencia de la vertiente domicilio, contenida en el Art. 234 numeral 1) de la Ley 1173 de Abreviación Procesal Penal” (sic); y, 3) Con relación a la actividad lícita, el imputado manifestó que a la fecha en que se desarrolló la audiencia de consideración de medida cautelar, cumplía una actividad dirigencial dentro de la composición de CUB en representación a nivel nacional de las universidades estatales; en ese entendido, la Vocal demandada hizo hincapié en la manifestación realizada por el Juez a quo, que por el principio de verdad material a esa fecha ya no cumplía con la función de Secretario ni dirigente, por lo que no fue considerada la Resolución 02/2020; al respecto, señala que, en esa audiencia se hizo referencia que la Resolución 172/2022, en su parte pertinente de manera textual manifiesta: "la Universidad Mayor de San Andres, representada por el Honorable Consejo Universitario, desconoce la Resolución Administrativa No. 16/2018, carente de legalidad, viciada de nulidad, en consecuencia, cuestiona el accionar del Sr. Max Mendoza Parra en el comité ejecutivo de la Universidad Boliviana, no reconoce representatividad alguna ejercida por esta persona” (sic), habiendo fundamentado el Representante del CUB, con relación a la certificación emitida por la Universidad Mayor de San Simón, suscrita por Felipe Lavayen Panozo, en cumplimiento a un requerimiento extendido por el Ministerio Público, que expresa: “Revisado el sistema de información San Simón SIS, se puede evidenciar que el Sr. Max Fernando Mendoza Parra, con C.I. 3721084 Cochabamba, es estudiante Regular de la Carrera de Ciencias Jurídicas de la Facultad de Ciencias Juridicas y Politicas que regenta esta Casa Superior de Estudios, correspondiente a la gestión 2022” (sic), adjuntando seguimiento académico, extendido el mismo el 7 de mayo de 2022, y su kardex en cuya parte posterior señala “que verificados expedientes en custodio, evidencia que la Universidad Mayor San Simón, no expidió diploma académico ni título profesional a nombre de Max Fernando Mendoza Parra” (sic); en cuyo contexto, además manifestó que era importante aclarar que también en dicho verificativo se expresaron dos motivaciones respecto a la actividad lícita, una que evocaba a su calidad de dirigente y por otra a la de estudiante en la Universidad San Simón, mérito en torno al cual aclaró que el fallo apelado se centró a la actividad emergente de la dirigencia sin haber considerado ni pronunciado como parte de la actividad lícita la de estudiante, por tanto como Tribunal de Alzada, de manera ultra petita no podría pronunciarse con relación a la certificación y el dato que consigna la Cedula de Identidad, al no haber sido motivado por la parte recurrente ante el Juez de primera instancia, no pudiendo fracturarse la competencia que emana del art. 396.3 y art. 398 del CPP, que se ciñe a los aspectos que se hubieran tratado en audiencia de medida cautelar, por lo que la autoridad ahora demandada concluyó que se habría realizado una adecuada fundamentación en torno a la inexistencia de actividad lícita que emerge de la verdad material efecto de un pronunciamiento que hubiera desconocido el ejercicio dirigencial del ahora recurrente, el 18 de mayo de 2022, encontrandose debidamente fundado el art. 234.1 del CPP en cuanto a la actividad lícita y domicilio; 4) En lo que respecta al art. 234.2 del citado cuerpo legal, evidencio que el Juez a quo con relación a la ausencia del arraigo social, hizo mención a diferentes viajes efectuados por el imputado a Cuba, a México, Estados Unidos y departamentos del interior; no obstante, que la jurisdicción constitucional moduló la concurrencia del art. 234.2 del CPP modificado por la Ley 1173, avocándola únicamente a la demostración de la existencia de riesgos de fuga, contenidos en el inc. 1 del mismo articulado, en sus distintas vertientes, familia, actividad lícita y domicilio, por lo que si bien fue motivado en los diferentes viajes efectuados por la parte recurrente, no es menos cierto que también se hizo referencia a la inexistencia de arraigo social, en consecuencia tuvo por concurrente y fundado el art. 234. 2 del mismo cuerpo legal, ante la falta de demostración de actividad lícita y de domicilio; 5) En cuanto al agravio sostenido en la subjetividad de la fundamentación del art. 235.2 del CPP modificado por la Ley 1173, así como los actos investigativos pendientes sumergidos en lo que significaría la probabilidad de autoría; al respecto, señaló que la SCP 276/2018, estableció: “Que la concurrencia de un riesgo que se salve de ceñirse en torno a la objetividad, y la motivación que genere la parte acusadora o el Representante del Ministerio Público, esa motivación no puede ser superada por la Autoridad Jurisdiccional, especificando modo, tiempo y lugar en la cual se va a ejercer la influencia negativa” (sic); en ese contexto, señaló que el Juez de la causa hizo referencia a los actos investigativos pendientes de realizar, como la Inspección Técnica Ocular, pericias de llamadas y fundamentalmente las declaraciones testificales que debían prestar Juan Justo Roberto Borges y Rodrigo Rodríguez Arce, “quienes además hubieran sido designados en diferentes cargos por la parte recurrente” (sic), habiéndose sostenido por ello que en libertad el procesado “podría” generar influencia negativa en éstas a efecto de interrumpir el objetivo del desarrollo de actos investigativos; efecto por el cual si bien uso el término “podría”; sin embargo, procedió a individualizar a las personas en las cuales se generara influencia negativa, “el motivo es decir una existencia de una designación de cargo dependiente de quien entonces fungía como directivo, el ahora recurrente” (sic); por lo que la autoridad demandada, consideró que al haberse individualizado y descrito la circunstancia que genera la influencia negativa, se realizó una adecuada motivación considerando la etapa preparatoria investigativa inicial, que debe cumplir el plazo conferido y además modulado por la SCP 10/2002 y su Auto Complementario; por lo que, subsistiría dicho riesgo de obstaculización; y, 6) Con relación a la proporcionalidad, sostuvo que el Juez a quo ingresó a realizar una compulsa integral de los actuados aportados en audiencia de medida cautelar, a efecto de disponer la medida extrema de la detención preventiva, que emergió no sólo de la ponderación de la investigación que generó repercusión social, si no en mérito a la concurrencia de la probabilidad de autoría y los riesgos de fuga y obstaculización, existiendo proporción en torno a la decisión asumida con el fin de garantizar principalmente la presencia del sindicado dentro de los actos investigativos, desarrollados por el Ministerio Público, siendo esa la finalidad de la proporcionalidad, que anteriormente se consideraba además instrumentalidad garantizando la conclusión de los actos investigativos a realizar y la emisión de un requerimiento conclusivo dentro del plazo que la norma confiere, en cuyo marco no advirtió fundamento y cuestión de agravio.

Contrastados los fundamentos expuestos con la primera problemática a través de la cual se denuncia que la autoridad demandada incurrió en fundamentación arbitraria e incongruente, al momento de realizar el análisis de los riesgos procesales, pues en cuanto al domicilio, falsamente sostuvo que su declaración informativa sustentaba la contradicción advertida por el a quo en cuanto a la numeración de su domicilio, cuando de su revisión se puede evidenciar que señala como numeración el 1660 y no como erradamente sostiene que sería 1670, por cuanto el error de la Fiscalía al consignar en la imputación el número de su domicilio como 1670, no puede generar duda ante la existencia de otros documentos objetivos que presentó para demostrar la equivocación del Ministerio Público; sumado a ello, incorporó un requisito no previsto en la Ley, al señalar que ante un presunto error en la numeración de su domicilio debió solicitar ante el titular de la persecución penal su corrección, negando su propia competencia; además exigió la presentación del Certificado Domiciliario Policial, que resulta impertinente pues ello significaría fundar su apelación en documentos obtenidos de manera posterior al fallo primigenio; al respecto, conforme se tiene del contenido desglosado, la autoridad demandada en torno a sus facultades de revisión se remitió a los fundamentos realizados en primera instancia, habiendo consignado la labor de contraste efectuada, en cuyo marco resaltó la contradicción que había advertido el Juez a quo, en cuanto a la numeración del domicilio del imputado hoy accionante, situación en torno a la cual sostuvo que si bien se alegaría un error de transcripción en la imputación formal, dicho requerimiento gozaba de presunción de credibilidad y buena fe al ser un acto generado por un funcionario público, pues tampoco el presunto defecto fue demostrado objetivamente, ya que no existía documento que acredite la solicitud efectuada ante el Ministerio Público para su corrección, aspecto que le impedía ingresar al análisis en cuanto al presunto error de transcripción, por lo que tuvo por no acreditado dicho elemento, aclarando que ante esa contradicción tornaba necesario contar con un verificativo policial domiciliario para generar su credibilidad.

Dicho ello, no resulta evidente lo alegado por el impetrante de tutela, pues en ningún momento la autoridad demandada ingresó a verificar los datos de su declaración informativa, ni realizó compulsa alguna de ningún elemento probatorio; toda vez, que su análisis fue centrado en la legitimidad de los datos contenidos en la imputación formal, sostenida en el marco de la Ley 1178, en cuanto la veracidad de los actos de funcionarios públicos, y si bien preponderó el hecho que no existía ningún elemento que acreditaba que el dato presuntamente errado en la imputación formal, fue objeto de cuestionamiento alguno, ello no necesariamente constituye vulneración o limitación a derecho alguno, pues conforme la normativa procesal penal, existen mecanismos de impugnación específicos que en caso de ser necesario pueden ser activados para dejar sin efecto o corregir el requerimiento de imputación formal, ante cuya inactivación de manera razonable preponderó la vigencia de la imputación; finalmente, corresponde aclarar que no es evidente que se hubiera exigido la presentación del certificado domiciliario, el cual sólo fue traído a colación como una simple referencia; correspondiendo por ello, denegar la tutela impetrada.

En cuanto al segundo problema jurídico, en cuyo marco también se denuncia fundamentación arbitraria e incongruente, pues al momento de realizar el análisis de la actividad lícita, este fue basado y sustentado en la consideración de la Resolución 172/2022 de 18 de mayo de 2022, que dejó sin efecto la Resolución Administrativa 16/2018, por la cual fue designado en el cargo de Secretario Nacional del Presidium del XIII Congreso Nacional de Universidades, documento que fue presentado el mismo día de la audiencia de apelación, por tanto no fue de conocimiento del Juez primigenio; al respecto, se tiene que la autoridad demandada concordó con el análisis efectuado por el Juez de primera instancia, quién habría considerado insuficiente la Resolución 02/2020, pues la misma no demostraba que a esa fecha –se entiende de realización de la audiencia de medida cautelar– ocupaba el cargo de Secretario o dirigente, en cuyo marco agregó que en esa audiencia de apelación se habrían motivado dos actividades lícitas por la calidad de dirigente y estudiante, tema sobre el precisó que no podría ingresar a dilucidar aspectos en torno a la condición de estudiante, pues ello no habría sido motivo de consideración en instancia primigenia; asimismo, trajo a colación la documentación arrimada por el representante de la CUB, preponderando como verdad material la Resolución 172/2022, que acreditaba el desconocimiento al ejercicio dirigencial que alegaba el imputado hoy accionante.

Labor en la cual, se advierte que la autoridad demandada examinó lo obrado por el a quo, manifestando su acuerdo con la decisión de declarar por no acreditada la actividad lícita, ello en función a la data de las fechas, pues pese a que el imputado hoy accionante presentó la Resolución 02/2020, la misma no acreditaba por si misma que a la fecha de la audiencia de medidas cautelares –22 de mayo de 2022–, aún ocuparía el cargo de Secretario o dirigente, a cuya determinación si bien sumó el hecho de haber conocido la emisión de la Resolución 172/2022 de 18 de mayo, que evidenciaba el desconocimiento efectuado por la Universidad de San Simón a su condición de dirigente, ello no implica que la decisión haya sido fundada en esta última resolución, como pretende hacer creer el impetrante de tutela, concerniendo en tal razón denegar la tutela impetrada en cuanto a este aspecto, al encontrarse la decisión asumida debidamente fundamentada conforme el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

En cuanto a la tercera problemática, a través de la cual se reclama que la autoridad demandada incurrió en fundamentación arbitraria e incongruente, pues el riesgo contenido en el númeral 2 del art. 234 del CPP modificado por la Ley 1173, fue resuelto con argumentos inentendibles por tanto arbitrarios; al respecto, remitidos a los fundamentos esbozados en el fallo confutado, no se tiene como no evidente lo alegado, pues la Vocal demandada analizó los fundamentos expuestos por la autoridad primigenia, sosteniendo que si bien dicha autoridad hizo mención a diferentes viajes que hubiera realizado el procesado hoy accionante al exterior como al interior del país, lo cual no se hallaba acorde con la jurisprudencia constitucional que estableció que se debe ponderar únicamente la subsistencia del numeral 1 del artículo de referencia, inexistencia de familia, domicilio y actividad lícita; no obstante, más allá de ello, el a quo habría referido la inexistencia de arraigo social, que emergió efectivamente de la no demostración de la actividad lícita y domicilio, quedando claro el motivo por el cual se lo tuvo por concurrente; tornando por ello pertinente la denegatoria de la tutela solicitada.

Respecto a la cuarta problemática, que deviene de una presunta inobservancia a la jurisprudencia constitucional, pues la autoridad demandada basó el peligro de obstaculización del art. 235.2 del CPP modificado por la Ley 1173, en meras presunciones abstractas; tampoco se tiene como evidente dicho extremo, pues conforme los fundamentos del Auto de Vista, se tiene que, la autoridad demandada, mantuvo la vigencia del mismo basada en el razonamiento del a quo, quien precisó la falta de realización de actos investigativos como la Inspección Técnica Ocular, pericias de llamadas y declaraciones testificales que debían prestar Juan Justo Roberto Borges y Rodrigo Rodríguez Arce, pues en libertad el procesado podría generar influencia negativa en los prenombrados, cumpliendo de ese modo, su deber de explicar de forma concreta la razón de su decisión, en el marco del precedente jurisprudencial glosado en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional; correspondiendo también denegar la tutela solicitada sobre este punto.

Finalmente, en torno a la última problemática, a través de la cual se denuncia que la Vocal demandada no habría realizado el análisis de proporcionalidad, pues confundió dicho aspecto con la valoración integral, por cuanto no existe fundamento que sostenga la necesidad de la imposición de la detención preventiva sobre otra medida; al respecto, de acuerdo a lo glosado precedentemente, es posible advertir que la Vocal demandada fue clara al establecer que la imposición de la detención preventiva emergió no sólo de la connotación social del caso, sino de la concurrencia de riesgos procesales, existiendo proporción en la decisión la cual fue asumida con el fin de garantizar la presencia del imputado y la conclusión de los actos investigativos, cumpliendo así con la obligación de efectuar el juicio de proporcionalidad reclamado, al establecer los motivos de hecho y derecho en los que basaba su decisión, fundamentos que desvirtúan la denuncia realizada por el impetrante de tutela, correspondiendo en tal efecto, denegar la tutela impetrada.

En consecuencia, la Jueza de garantías, al denegar la tutela impetrada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 33/2022 de 28 de julio, cursante de fs. 151 a 153 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Cuarta del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

René Yván Espada Navía

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0691_2024-S4.pdf · páginas 1 a 19.

Huella digital del PDF (SHA-256): fff0926619c3aaac0d606f000f0d6af611d1d347dceffe9f7de2541f61b50630

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