B.IA.LEGAL

SCP 0690/2025-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 30 de junio de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
30 de junio de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Boris Wilson Arias López
Expediente
53203-2023-107-AL
Departamento
Cochabamba
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

Los accionantes, a través de su representante sin mandato, denuncian la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso, a la “seguridad jurídica” y a la defensa; toda vez que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de estafa, se les impuso la medida cautelar de carácter personal consistente en una fianza económica, cuyo último monto fijado fue de Bs25 000.- para cada uno. No obstante, junto a la víctima y el Ministerio Público suscribieron el Acta de Conciliación (Sujeta a cumplimiento) – Diferido 135/2022 de 29 de junio, mediante el cual se reconoció el saldo pendiente, se estableció un plan de pagos y se fijó una fecha límite para su cumplimiento. Dicho acuerdo conciliatorio fue respaldado por la autoridad demandada mediante decreto que suspendió los plazos procesales hasta el 4 de abril de 2023. Pese a ello, y a solicitud de la parte denunciante en el proceso penal, la autoridad judicial demandada dictó el decreto de 9 de enero de 2023, señalando audiencia de consideración de revocatoria de medidas cautelares personales para el 17 de enero del mismo año. […]

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 1/2023 de 18 de enero, cursante de fs. 43 a 49, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Octava de la Capital del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme los fundamentos jurídicos del presente fallo constitucional, con la aclaración que no se ingresó al análisis de la problemática planteada.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad y los alcances de protección respecto al procesamiento ilegal o indebido. Jurisprudencia reiterada
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0690/2025-S2 Sucre, 30 de junio de 2025 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 53203-2023-107-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 1/2023 de 18 de enero, cursante de fs. 43 a 49, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Ninfa García Revollo en representación sin mandato de Mauricio Mendoza Jiménez, Carmen Michelle Vargas Inchauste, Alberto Mendoza de Ugarte y Silvia Jiménez de Mendoza contra Norma Viviana Arnez Arnez, Jueza de Sentencia Penal Cuarta de la Capital del departamento de Cochabamba.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 17 de enero de 2023, cursante a fs. 2 y 29 a 30 vta., los accionantes, a través de su representante sin mandato, manifiestan lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal que les sigue el Ministerio Público, a denuncia de Sonia Ivonne Peralta de Rivera, por la presunta comisión del delito de estafa; el 25 de noviembre de 2021, Andrés Arias Pereira, Juez de Instrucción Penal Cuarto de la Capital del departamento de Cochabamba, revocó, sustituyó y agravó, por segunda vez, la medida cautelar personal de fianza económica impuesta a cada uno, fijándola en la suma de Bs15 000.- (quince mil bolivianos). Posteriormente, el 23 de marzo de 2022, Norma Viviana Arnez Arnez, Jueza de Sentencia Penal Cuarta de la Capital del mismo departamento -ahora demandada- declaró fundada la solicitud de revocatoria de la referida medida cautelar, incrementándola en Bs10 000.- (diez mil bolivianos), alcanzando un total de Bs25 000.- (veinticinco mil bolivianos), suma que debía ser efectivizada en el plazo de diez días. El 11 de julio de 2022, en audiencia, suscribieron con la denunciante el Acta de Conciliación (Sujeta a cumplimiento) - Diferido 135/2022 de 29 de junio, reconociendo un saldo pendiente de Bs257 000.- (doscientos cincuenta y siete mil bolivianos), sujeto a un cronograma de pagos y a una cláusula resolutoria en caso de incumplimiento total o parcial. Dicha cláusula establecía que el incumplimiento daría lugar a la reanudación del proceso penal, conforme al art. 327.4 del Código de Procedimiento Penal (CPP). En consecuencia, la autoridad demandada dispuso la suspensión de los plazos procesales y dio curso a la salida alternativa de conciliación sujeta a condición, señalando audiencia para considerar la extinción de la acción penal por conciliación y pago total, para el 4 de abril de 2023. Empero, por decreto de 9 de enero del mismo año, y ante una nueva solicitud de la denunciante para la revocatoria de medidas cautelares personales dentro del mismo proceso, la autoridad judicial demandada fijó audiencia para el 17 del citado mes y año, sin considerar que el proceso se encontraba suspendido por la conciliación sujeta a condición. Por tal motivo, interpusieron recurso de reposición contra dicho decreto, al considerar que vulneró sus derechos y desconocía la suspensión de plazos ya dispuesta, recurso que a la fecha no fue respondido.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

Los accionantes, a través de su representante sin mandato, denuncian la lesión de sus derechos al debido proceso, “seguridad jurídica” y a la defensa, citando al efecto los arts. 115, 116 y 117 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitan se conceda la tutela impetrada, disponiendo que: a) Se deje sin efecto el señalamiento de audiencia, mientras no se revoque la salida alternativa de conciliación sujeta a condición; y, b) Se aplique como medida cautelar la suspensión de audiencia de revocatoria de medida cautelar personal señalada mediante providencia de 9 de enero de 2023.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual el 18 de enero de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 41 a 42, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

Los impetrantes de tutela, a través de su abogada, ratificaron in extenso el contenido de su memorial de acción de libertad y, ampliando en audiencia de garantías, sostuvieron que pese a la existencia de una salida alternativa de conciliación y a la suspensión de los plazos de prescripción civil y penal, la autoridad demandada, al señalar audiencia, incurrió en una amenaza de procesamiento indebido que vulneró el derecho a la libertad, toda vez que, como consecuencia de dicho acto procesal, podría disponerse la imposición de una medida de detención domiciliaria.

I.2.2. Informe de la parte demandada

Norma Viviana Arnez Arnez, Jueza de Sentencia Penal Cuarta de la Capital del departamento de Cochabamba, por informe escrito, cursante a fs. 39 y vta., manifestó que: 1) La audiencia de medidas cautelares personales fijada no guarda relación con las salidas alternativas concedidas y el señalamiento de audiencia para la consideración de la revocatoria de medidas cautelares no tiene vinculación directa con el derecho a la libertad; y, 2) El 12 de enero de 2023, los impetrantes de tutela interpusieron recurso de reposición, el cual fue decretado en la misma fecha.

I.2.3. Participación de los terceros intervinientes

Sonia Ivonne Peralta de Rivera, denunciante dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra los ahora accionantes por la presunta comisión del delito de estafa, por intermedio de su abogado, en audiencia de garantías, sostuvo que, no existe ningún acuerdo de conciliación homologado y que la suspensión de los actos procesales tuvo únicamente la finalidad de permitir que los acusados en el proceso penal cumplan con lo pactado en dicho acuerdo; de no hacerlo, se procederá a la instalación de la audiencia de juicio oral.

I.2.4. Intervención del Ministerio Público

Henry Michael Franco Camacho, Fiscal de Materia, en audiencia de garantías refirió que: i) Los argumentos expuestos por los accionantes resultan insuficientes para activar la jurisdicción constitucional, puesto que, en la audiencia de revocatoria de medidas cautelares, únicamente se evaluará la imposición de una fianza, la cual no guarda relación con su libertad personal; y, ii) El Acta de Conciliación (Sujeta a cumplimiento) - Diferido 135/2022 de 29 de junio, no excluye la posibilidad de considerar la adopción de medidas cautelares, sean de carácter real o personal, puesto que tienen una finalidad distinta a las salidas alternativas.

I.2.5. Resolución

La Jueza de Sentencia Penal Octava de la Capital del departamento de Cochabamba, constituida en Jueza de garantías, por Resolución 1/2023 de 18 de enero, cursante de fs. 43 a 49, concedió la tutela solicitada, disponiendo que se deje sin efecto el decreto de 9 de enero de 2023 que señaló audiencia de revocatoria de medidas cautelares personales, con base a los siguientes fundamentos: a) Los accionantes denunciaron la amenaza de su derecho a la libertad como consecuencia de la emisión del decreto de 9 de enero de 2023, a mediante el cual se programó audiencia para el 17 del citado mes y año, a fin de considerar la solicitud de revocatoria de medidas cautelares de carácter personal, atendiendo una solicitud de la denunciante en el proceso penal, pese a que estaba vigente el Acta de Conciliación (Sujeta a cumplimiento) – Diferido 135/2022 de 29 de junio. Dicho decreto fue objeto de recurso de reposición, el cual fue rechazado in límine antes de la audiencia de la presente acción; b) Se estableció la suspensión de plazos procesales desde el 11 de julio de 2022 hasta el 20 de marzo de 2023, programándose la audiencia de verificación de cumplimiento de la obligación para el 4 de abril de 2023, de conformidad con el art. 327 del CPP; c) De la cláusula tercera del mencionado acuerdo conciliatorio -suscrito por los peticionantes de tutela, la denunciante y el Ministerio Público- se advierte la conformidad de las partes y que la finalidad de las medidas cautelares personales continúa vigente, existiendo plazo para su cumplimiento hasta el 20 de marzo de 2023; d) La programación de audiencia para la revocatoria de medidas cautelares personales constituye una amenaza a los derechos a la libertad y de libre locomoción, en el contexto del proceso penal, habiéndose otorgado el Acta de Conciliación (Sujeta a cumplimiento) - Diferido 135/2022 de 29 de junio conforme al art. 327 del CPP; y, e) Las medidas cautelares personales no pueden considerarse independientes del proceso penal ni de las salidas alternativas concedidas, puesto que forman parte del mismo procedimiento, el cual permite su planteamiento en la oportunidad correspondiente, contribuyendo a la finalización del conflicto penal y en coherencia con el protocolo de conciliación.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Acta de Conciliación (Sujeta a cumplimiento) - Diferido 135/2022 de 29 de junio, referente al caso aperturado por el Ministerio Público a instancia de la denunciante Sonia Ivonne Peralta Uriona contra Mauricio Mendoza Jiménez, Carmen Michelle Vargas Inchauste, Silvia Jiménez Inturias y Alberto Mendoza de Ugarte -ahora accionantes- por la presunta comisión del delito de estafa (fs. 21 a 22 vta.). II.2. Se tiene acta de audiencia de juicio oral y Auto de 11 de julio de 2022, emitido por Norma Viviana Arnez Arnez, Jueza de Sentencia Penal Cuarta de la Capital del departamento de Cochabamba -autoridad demandada-, por el cual se establece “…la suspensión de plazos procesales…” (sic) y señalamiento de audiencia de verificación de cumplimiento para el 4 de abril de 2023 (fs. 24 y vta.). II.3. Por memorial presentado el 6 de enero de 2023, ante la Jueza demandada, Sonia Ivonne Peralta “de Rivera” -hoy tercera interviniente-, en su calidad de denunciante, solicitó la revocatoria de medidas cautelares personales (fs. 26 y vta.). II.4. Mediante decreto de 9 de enero de 2023, emitido por el Juzgado de Sentencia Penal Cuarto de la Capital del departamento de Cochabamba, se señaló audiencia de consideración de revocatoria de medidas cautelares personales para el 17 del citado mes y año (fs. 27). II.5. A través de memorial presentado el 12 de enero de 2023 ante la Jueza demandada, los accionantes interpusieron recurso de reposición contra el decreto de 9 de enero de 2023 (fs. 28 y vta.), mismo que, conforme señala la Jueza de garantías en su Resolución, fue rechazado in límine.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

Los accionantes, a través de su representante sin mandato, denuncian la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso, a la “seguridad jurídica” y a la defensa; toda vez que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de estafa, se les impuso la medida cautelar de carácter personal consistente en una fianza económica, cuyo último monto fijado fue de Bs25 000.- para cada uno. No obstante, junto a la víctima y el Ministerio Público suscribieron el Acta de Conciliación (Sujeta a cumplimiento) – Diferido 135/2022 de 29 de junio, mediante el cual se reconoció el saldo pendiente, se estableció un plan de pagos y se fijó una fecha límite para su cumplimiento. Dicho acuerdo conciliatorio fue respaldado por la autoridad demandada mediante decreto que suspendió los plazos procesales hasta el 4 de abril de 2023. Pese a ello, y a solicitud de la parte denunciante en el proceso penal, la autoridad judicial demandada dictó el decreto de 9 de enero de 2023, señalando audiencia de consideración de revocatoria de medidas cautelares personales para el 17 de enero del mismo año. Ese señalamiento de audiencia constituye un procesamiento indebido que vulneró su derecho a la libertad, al poner en riesgo la misma mediante la posible imposición de detención domiciliaria, considerando que existía un acuerdo conciliatorio vigente que suspendía los plazos procesales. Ante ello, la autoridad demandada sostiene que, el Acta de Conciliación (Sujeta a cumplimiento) - Diferido 135/2022, o la salida alternativa, no resultan excluyentes para la adopción de medidas cautelares, sean estas reales o personales; toda vez que, dichas medidas persiguen un fin distinto al de la salida alternativa. Asimismo, la consideración de la medida cautelar no guarda relación directa con el derecho a la libertad. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La acción de libertad y los alcances de protección respecto al procesamiento ilegal o indebido. Jurisprudencia reiterada

Al respecto, la SC 0619/2005-R de 7 de junio, estableció que: “…las lesiones al debido proceso están llamadas a ser reparadas por los mismos órganos jurisdiccionales que conocen la causa, lo que implica que quien ha sido objeto de esa lesión, debe pedir la reparación a los jueces y tribunales ordinarios, asumiendo activamente su rol dentro del proceso, a través de los medios y recursos que prevé la ley, y sólo agotados éstos, se podrá acudir ante la jurisdicción constitucional a través del recurso de amparo constitucional, que, como se ha señalado, es el recurso idóneo para precautelar las lesiones a la garantía del debido proceso; a no ser que se constate que a consecuencia de las violaciones al debido proceso invocadas, se colocó al recurrente en absoluto estado de indefensión, lo que no le permitió impugnar los supuestos actos ilegales y que recién tuvo conocimiento del proceso al momento de la persecución o la privación de la libertad. (…) Consiguientemente, a partir de la doctrina constitucional sentada en la SC 1865/2004-R, de 1 de diciembre, para que la garantía de la libertad personal o de locomoción pueda ejercerse mediante el recurso de hábeas corpus cuando se denuncia procesamiento ilegal o indebido deben presentarse, en forma concurrente, los siguientes presupuestos: a) el acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión; b) debe existir absoluto estado de indefensión, es decir, que el recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién tuvo conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de la libertad” (las negrillas son nuestras).

III.2. Análisis del caso concreto

Conforme lo señalado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, la tutela del debido proceso a través de la acción de libertad está condicionada a la concurrencia de los siguientes presupuestos: 1) El acto lesivo esté directamente vinculado con la libertad del accionante, en cuanto opere como causa directa de su restricción o supresión; y, 2) Exista un absoluto estado de indefensión. En caso de no concurrir dichos supuestos, el impetrante de tutela debe recurrir a la acción de amparo constitucional, previo agotamiento de los mecanismos intraprocesales previstos en la ley.

En ese marco, respecto al primer presupuesto, se advierte que, de conformidad con el Acta de Conciliación (Sujeta a cumplimiento) - Diferido 135/2022 de 29 de junio, Norma Viviana Arnez Arnez, Jueza de Sentencia Penal Cuarta de la Capital del departamento de Cochabamba -autoridad demandada- emitió un decreto de suspensión de plazos procesales, señalando audiencia de verificación de cumplimiento para el 4 de abril de 2023; sin embargo, a petición de Sonia Ivonne Peralta de Rivera, -tercera interesada- en su calidad de denunciante, se fijó una audiencia de revocatoria de medida cautelar personal para el 17 de enero del mismo año. Dicho señalamiento, fue objeto de recurso de reposición, siendo considerado por los peticionantes de tutela como lesivo a su derecho a la libertad, bajo la alegación de un procesamiento indebido, recurso que fue rechazado in límine, conforme lo señalado por la Jueza de garantías en su Resolución. No obstante, la vinculación de este acto con la libertad no resulta evidente, por las siguientes razones: i) El señalamiento de audiencia no define la situación jurídica de los accionantes, pues no implica la restricción de su libertad ni la necesaria imposición de una medida cautelar personal restrictiva de su libertad; se trata de un acto procesal de trámite de la revocatoria, modificación o mantenimiento -según decida la autoridad judicial- de la fianza económica vigente, en el que los impetrantes de tutela pueden justificar y argumentar por qué consideran que no correspondía dicho señalamiento dentro del procedimiento penal y/o desvirtuar la solicitud de revocatoria de dicha fianza económica; y, ii) La afectación al derecho a la libertad se produce únicamente si el resultado de la audiencia incide directamente en la situación jurídica de los peticionantes de tutela; por lo que, solo un resultado negativo en la audiencia de revocatoria de medidas cautelares personales puede estar vinculado a la libertad de los accionantes. Por lo tanto, el señalamiento de la audiencia de revocatoria de medidas cautelares personales para el 17 de enero de 2023, como acto procesal con definición especulativa a futuro, no constituye una afectación directa a la libertad de los accionantes. En caso de considerar que la revocatoria es contraria a derecho, los peticionantes de tutela deberán exponer y fundamentar sus agravios ante la autoridad judicial durante la audiencia, de manera que el mero señalamiento no constituye causa directa de vulneración del derecho a la libertad. En relación con el segundo presupuesto, los accionantes no acreditaron encontrarse en absoluto estado de indefensión; toda vez que, conocen del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra ellos y cuentan con mecanismos intraprocesales de defensa.

Entre ellos, se encuentran el incidente de actividad procesal defectuosa, mediante el cual pueden exponer los agravios específicos que estime pertinentes frente a las determinaciones de la autoridad judicial demandada. Según la decisión adoptada, podrán ejercer el derecho de impugnación ante el Tribunal de alzada correspondiente, pudiendo así resguardar sus derechos; en caso de persistir la vulneración, podrán recurrir a la acción de amparo constitucional, previo agotamiento de la vía ordinaria. Al no concurrir ambos presupuestos, corresponde denegar la tutela solicitada, sin ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada. En consecuencia, la Jueza de garantías, al conceder la tutela impetrada, obró de manera incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 1/2023 de 18 de enero, cursante de fs. 43 a 49, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Octava de la Capital del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme los fundamentos jurídicos del presente fallo constitucional, con la aclaración que no se ingresó al análisis de la problemática planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0690_2025-S2.pdf · páginas 1 a 8.

Huella digital del PDF (SHA-256): 758b471e44f3b05a28d77f7034ace4c7f12139679e50dde3305551340591ecc8

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