B.IA.LEGAL

SCP 0690/2024-S4

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 8 de octubre de 2024

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Cuarta Especializada
Fecha
8 de octubre de 2024
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano
Expediente
49649-2022-100-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El impetrante de tutela, denunció la lesión de sus derechos al debido proceso y a la libertad; toda vez que, la ampliación de su detención preventiva feneció el 27 de febrero de 2022 y hasta la interposición de la presente acción de libertad 18 de julio del mismo año, las autoridades hoy demandadas no se manifestaron respecto a su situación jurídica, por lo que comprende que desde el 28 de febrero de la gestión precitada, se encuentra ilegalmente privado de su libertad, habida cuenta que no existe pronunciamiento de las autoridades competentes que hayan dispuesto la continuidad de la medida extrema en ese lapso de tiempo.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 32/2022 de 19 de julio, cursante de fs. 36 a 37 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Cuarta del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, con la aclaración de no haberse ingresado al fondo de la problemática planteada.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Subsidiariedad excepcional ante activación paralela de jurisdicciones. Jurisprudencia reiterada.
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0690/2024-S4 Sucre, 8 de octubre de 2024 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Acción de libertad Expediente: 49649-2022-100-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 32/2022 de 19 de julio, cursante de fs. 36 a 37 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Pedro Miguel Rea Simón contra Marco Antonio Vargas Yupanqui, Presidente y Jueces Técnicos todos del Tribunal de Sentencia Anticorrupción Primero del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 18 de julio de 2022, cursante de fs. 1; y, 18 a 24; el accionante refirió lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de conducta antieconómica y otros, el 30 de mayo de 2021, en audiencia de consideración de medidas cautelares, el Juez de Instrucción Penal Cuarto del departamento de La Paz, emitió el Auto Interlocutorio 200/2021, en el que determinó la aplicación de detención preventiva por el lapso de seis (6) meses; es decir, desde el 30 de mayo de 2021 hasta el 30 de noviembre del mismo año; motivo por el cual, señaló audiencia de consideración de situación jurídica para la última fecha mencionada. El 27 de noviembre del citado año, el Juez Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Tercero –se comprende de La Paz–, resolvió la petición presentada por el Ministerio Público, consistente en la ampliación de la detención preventiva por el lapso de noventa (90) días; consecuentemente, mediante Auto Interlocutorio 542/2021 de la misma data –27 de noviembre-, dispuso que su persona cumpla con la medida precitada, por el tiempo referido y solicitado por el Ministerio Público; Por ello, que la ampliación de la medida extrema, debió ser desde el 27 de noviembre de 2021 hasta el “25” –siendo lo correcto 27– de febrero de 2022. Además de lo manifestado precedentemente, es evidente que a la fecha –18 de julio de 2022– se encuentra privado de su libertad de manera super abundante respecto al tiempo requerido por el Ministerio Público y dispuesto por la última autoridad jurisdiccional mencionada, mediante Resolución 542/2021 de 27 de noviembre, siendo más de cuatro meses que se encuentra cumpliendo detención preventiva que no fue resuelta. Reiteró que el “25” –lo correcto es 27– de febrero de 2022, feneció el plazo referido al cumplimiento de su detención preventiva y, el Ministerio Público no formuló petición de ampliación de dicha medida; razón por la cual, se encuentra injustamente privado de su libertad. Finalmente, aclaró que la solicitud de ampliación de detención preventiva por el lapso de seis (6) meses más, requerida por el Ministerio Público, fue presentada el 8 de marzo de 2022; es decir, once (11) días después de vencido el plazo de su detención preventiva.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

El impetrante de tutela, denunció la lesión al debido proceso, en su vertiente de seguridad jurídica y el principio de legalidad, vinculado con su derecho a la libertad; citando al efecto el arts. 23, 115, 116, 117, 119 y 120 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada y, en consecuencia: “DEJAR SIN EFECTO LA RESOLUCIÓN NO. 92/2022 DE 18 DE JULIO DE 2022 AUTO INTERLOCUTORIO DE CONSIDERACIÓN DE CESACIÓN A LA DETENCIÓN PREVENTIVA EMITIDA POR EL TRIBUNAL DE SENTENCIA ANTICORRUPCIÓN NO.1 DE LA CIUDAD DE LA PAZ Y SE ORDENE DISPONER LA DETENCIÓN DOMICILIARIA DE MI PERSONA DE MANERA INMEDIATA TODA VEZ QUE EL PLAZO DE MI DETENCION PREVENTIVA FINALIZÓ EL 25 DE FEBRERO DE 2022” (sic).

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 19 de julio de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 32 a 35, presente el accionante asistido de su abogado y ausentes las autoridades demandadas; se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El impetrante de tutela, a través de su abogado, en audiencia, ratificó íntegramente su demanda de acción de tutelar y ampliándola, manifestó lo siguiente: a) Los argumentos esgrimidos para interponer la presente acción de libertad, no son los mismos que fueron planteados para el recurso de apelación incidental contra la Resolución emitida por las autoridades –hoy demandadas –; b) El 27 de noviembre de 2021, antes que fenezca el plazo establecido para la detención preventiva, a solicitud del Ministerio Público fue considerada su situación jurídica y nuevamente se estableció la necesidad de detenerlo preventivamente; sin embargo, en dicha ocasión solamente por noventa (90) días, que concluían el 27 de febrero de 2022, hasta cuya fecha se encontraba legalmente detenido en el Centro Penitenciario de San Pedro de la cuida de La Paz; empero, a partir del 28 del mismo mes y año, no existe ninguna resolución ni orden judicial, tampoco existió audiencia cautelar por la que se haya determinado que él debe continuar guardando detención preventiva en penal antes mencionado; c) A partir del 28 de febrero de 2022 se desconoce quién ordenó que él continue privado de su libertad, así como el propósito de su privación de libertad; d) Recién el 8 de marzo de 2022, una semana después de haber fenecido el plazo de vigencia de ampliación de detención preventiva, el Fiscal de Materia, solicitó la ampliación del plazo de detención preventiva; en tal sentido, conforme prevé el art. 239 del Código de Procedimiento Penal (CPP), ese fue el nuevo elemento expuesto ante el Tribunal –ahora demandado– para que considere la cesación de la detención preventiva; e) Marco Antonio Vargas Yupanqui, autoridad judicial hoy demandada, probablemente no se haya enterado de lo manifestado precedentemente, por cuanto, en una actitud arbitraria y restrictiva del derecho a la defensa, le otorgó y conminó a que la exposición la efectúe en cinco (5) minutos; fue así, que en ese tiempo alegó que el Fiscal de Materia no fundamentó la ampliación de la detención preventiva como ordena la norma, por el contrario la representación Fiscal manifestó que su trabajo estaría concluido, ya que obtuvo todas las pruebas, las auditorías forenses, documentos suficientes y necesarios para acusar e iniciar juicio oral; consecuentemente, ya no existirían actos investigativos pendientes de realización, por lo que el riesgo de obstaculización de la investigación desapareció; es más, manifestó que los dos tipos penales que le fueron atribuidos ya están suficientemente probados, lo que implica que no existiría la posibilidad de que influya en testigos, oculte o suprima documentación; f) Los Jueces hoy demandados, no tenían argumentos para denegar la petición formulada; empero, se limitaron a indicar, que no hizo mención a las Resoluciones judiciales, que no se contó sobre riesgos procesales; al respecto, aclaró que no podía desperdiciar el tiempo repitiendo el contenido de resoluciones que los jueces tenían la obligación de leer porque estaban en sus manos; además, la autoridad –hoy demandada–, Marco Antonio Vargas Yupanqui, previo a otorgarle los cinco minutos, habría manifestado que él ya conocía su solicitud, así como la documentación adjuntada al requerimiento; en tal sentido, en los cinco minutos, se centró en señalar que desde el “25” de febrero se encuentra detenido preventivamente en el Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz, sin que exista una orden judicial para ello, lo cual transgrede sus derechos fundamentales y garantías constitucionales. Inclusive los responsables de los centros penitenciarios deberán llevar un registro de personas privadas de libertad y no recibirán a ninguna persona sin copiar en su registro el mandamiento correspondiente, lo que significa que hasta las autoridades administrativas del Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz, incurrieron en una flagrante omisión de cumplimiento de deberes, ya que hasta la fecha nadie tiene certeza de quién ordenó la detención preventiva desde el 27 de febrero de 2022, por lo que desde esa fecha estaría frente a una ilegal privación de libertad. Ese fue el nuevo elemento que no quisieron resolver las autoridades ahora demandadas; g) Desde febrero hasta julio, son cinco meses que está ocupando una celda en el Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz, sin que exista una orden judicial que así lo justifique; ese es el motivo de la presente acción de defensa y no la mala valoración que efectuaron los demandados, respecto de la prueba presentada para desvirtuar riesgos procesales; h) La presente acción tutelar, procura el respeto del art. 7.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), la jurisprudencia la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que refiere que no se puede permitir la vigencia indefinida de una medida cautelar como la detención preventiva; i) En audiencia no reiteró lo expuesto en las Resoluciones, sino por el contrario se enfocó en presentar las pruebas referidas a la familia, domicilio y trabajo, documentación que debían valorar para dejar sentado que tiene un arraigo social y que no tiene necesidad de fugarse ni obstaculizar el proceso; y, j) Por lo manifestado precedentemente, requirió se le otorgue la tutela impetrada y se disponga su libertad inmediata, ya que el plazo de su detención preventiva concluyó hace más de cinco meses, por lo que solicitó ser puesto en libertad de manera inmediata.

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

Marco Antonio Vargas Yupanqui, Presidente; Germán Ramos Mamani, y Liz Rocío Avilés Condori, Jueces Técnicos, todos del Tribunal de Sentencia Anticorrupción Primero del departamento de La Paz, a través de su informe escrito de 19 de julio de 2022, cursante de fs. 30 a 31, manifestaron que: 1) El 18 de julio de 2022, llevaron a cabo la audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva, concluyendo con la emisión del Auto Interlocutorio 92/2022 de la citada fecha, a través del cual se rechazó la petición formulada, motivo por el cual, la parte denunciada, al amparo del art. 125 del CPP, solicitó complementación y enmienda, que fue resuelto conforme a procedimiento; e inmediatamente conforme los arts. 403 y 404 del adjetivo penal , interpuso apelación incidental, denunciando agravios como el derecho a la defensa y los fundamentó de forma oral; consiguientemente, el Tribunal instruyó la remisión de obrados ante el superior en grado, a efectos de resolución del recurso planteado; ello significa, que el propio accionante, habilitó y convalidó la subsidiariedad a momento de apelar de forma oral en contra de la Auto Interlocutorio 92/2022, con los mismos argumentos esgrimidos en la presente acción de defensa; 2) El impetrante de tutela, sostuvo que la precitada Resolución dispuso la continuidad de su detención preventiva, sin considerar que el plazo de la misma venció el 25 de febrero de 2022; al respecto, informaron que la solicitud de cesación de detención preventiva fue resuelta mediante el referido Auto Interlocutorio 92/2022; el mismo que fue fundamentado respecto a los arts. 239.1 y 2 del CPP; en cuanto al art. 239.1, fue rechazado con el argumento legal que no hubo mención de los riesgos de fuga y obstaculización, previstos en los arts. 234 y 235 del CPP; es decir, que el impetrante de tutela, no indicó, menos fundamentó los riesgos de fuga y obstaculización iniciales, como tampoco mencionó qué elementos nuevos presenta o en qué elementos sustenta o que haya podido desvirtuar sobre los riesgos procesales de fuga y obstaculización del art. 233.2 del CPP, que dieron lugar a la fundamentación de la detención preventiva, dispuesta mediante la Resolución 200/2021; 3) Respecto al art. 239.2 del CPP, se fundamentó en la modificaciones del art. 233 del mismo cuerpo legal, a partir de la promulgación de la Ley 1226 de 18 de septiembre de 2019 y la Sentencia Constitucional Plurinacional 0769/2020-S3 de 30 de octubre, que ya ha valorado y hecho una argumentación respecto del numeral 2 del art. 239, es en ese sentido que las modificaciones establecidas en el Código de procedimiento penal con relación al art. 233, en su segundo parágrafo y señala: “En etapa de juicio y recursos para que proceda la detención preventiva se deberá acreditar los riesgos procesales previstos en el numeral 2 del presente artículo”; es decir, el art. 233 del CPP y por lógica jurídica, de la misma forma se aplica esta argumentación a efecto de la solicitud de la cesación de la detención preventiva, hecho que no sucedió, pues no se desvirtuaron los riesgos procesales que dieron lugar a la detención preventiva; 4) El accionante solicitó que se deje sin efecto la Resolución y ordene disponer la detención domiciliaria del accionante de manera inmediata; al respecto, manifestaron que dicha pretensión no se adecua a procedimiento, toda vez que no pueden dejar sin efecto una Resolución que fue objeto de apelación; pues vulnerarían el debido proceso en su elemento derecho de impugnación y el principio de subsidiariedad, por existir mecanismos ya activados por el accionante, peor aún no se ha demostrado indefensión absoluta o manifiesta conforme la Sentencia Constitucional 0055/2012 de 9 de abril; y, 5) Al advertirse que no hubo vulneración de derecho alguno, impetraron se deniegue la tutela por subsidiariedad y al existir un recurso interpuesto pendiente de ser resuelto por el Tribunal de alzada.

I.2.4. Resolución

La Jueza de Sentencia Penal Cuarta del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantía, mediante Resolución 32/2022 de 19 de julio, cursante de fs. 36 a 37 vta., denegó la tutela solicitada, con base a los siguientes fundamentos: Habiéndose remitido por parte del “Tribunal de Sentencia Anticorrupción y Contra la Mujer” Primero del departamento, los cuadernos del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Pedro Miguel Rea Simón y otros, de la revisión de los actuados procesales vinculados con la presente acción de libertad, esencialmente la Auto Interlocutorio 92/2022, emitida por la autoridad demandada, se arribó a las siguientes conclusiones: i) Que la autoridad demandada emitió la mencionada Resolución, rechazando la cesación de la detención preventiva, requerida por Pedro Miguel Rea Simón, de cuya lectura se puede establecer, que en su Considerando I, refirió que Pedro Rea Simón solicitó la cesación de su detención preventiva al amparo del art. 239.1 y 2 del CPP, manifestando la existencia de nuevos elementos que dan lugar a la cesación o imposición de medidas cautelares menos gravosas; ii) El accionante, refirió que en el Auto Interlocutorio 92/2022, se plasmó una mala valoración de la prueba a los fines de desvirtuar los riesgos procesales, siendo que la presente acción tutelar denuncia exclusivamente el cumplimiento del plazo de detención preventiva, ya ampliada por noventa (90) días, siendo que al presente se cumplió ese plazo el 27 de febrero de 2022; iii) Del análisis de la mencionada Resolución, se tiene que más bien que en audiencia de cesación, fueron considerados los aspectos relacionados al vencimiento del plazo de la detención preventiva; en este sentido, las autoridades hoy demandadas, en el Segundo Considerando, respecto a la causal establecida en el art. 239.2 del CPP expresó lo siguiente; cuando haya vencido el plazo dispuesto respecto al cumplimiento de la detención preventiva siempre y cuando el Fiscal no haya solicitado la ampliación del plazo, se debe tomar en cuenta que la Ley 1173 modificó el procedimiento penal y la Ley 1226 en ese sentido, debe tomarse en cuenta también el art. 233 para etapa de juicio y recursos, para que cese una detención preventiva, debe desvirtuarse riesgos procesales esto debe cumplirse en etapa de juicio y recursos; iv) El Auto Interlocutorio 92/2022 consideró también el cumplimiento del plazo, siendo objeto de impugnación por el ahora accionante, habiéndose dispuesto por el Tribunal su tramitación, por lo que, se está invocando los recursos intraprocesales y medios idóneos y oportunos que la Ley franquea a todo sujeto procesal y que deben ser agotados de forma previa a la interposición de una acción constitucional; v) Siendo que la indicada Resolución fue objeto de apelación el día de ayer se comprende –18 de julio de 2022– ante su emisión oral, no agotó esos medios intraprocesales y, en plena tramitación de dicha apelación, fue interpuesta una acción constitucional, acudiendo de forma paralela y simultánea a la jurisdicción constitucional y a la jurisdicción ordinaria; ese aspecto también fue modulado por la jurisdicción constitucional; consiguientemente, no es coherente activar dos vías de forma paralela y simultánea, toda vez que, los mecanismos establecidos para la protección del derecho a la libertad en la jurisdicción ordinaria deben ser agotados previamente y no existe la coherencia procesal para interponer de forma paralela una acción constitucional, habida cuenta que, ello generaría pronunciamientos que pueden desembocar en una disfunción procesal y constitucional; y, vi) En virtud a lo precedentemente manifestado y en razón al requerimiento de que quede sin efecto Auto Interlocutorio 92/2022 ahora confutado, la misma fue apelada incidentalmente por el hoy impetrante de tutela; ello permite colegir que no se cumplió con el principio de subsidiariedad, en tal sentido, existe la limitación legal para que la Jueza de garantías, ingrese al análisis de fondo de la problemática planteada; no obstante ello, también se tiene que la mismo Resolución razonó y se pronunció respecto al cumplimiento del plazo de la detención preventiva y de acuerdo a lo que prevé la norma, lo relacionó también con la necesidad y obligación de desvirtuar riesgos procesales en etapa de juicio y recursos, bajo este contexto y con base a la documentación que fue remitida tanto por la autoridad jurisdiccional, así como por la parte accionante, no corresponde dar curso a lo solicitado.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se tiene lo siguiente:

II.1. Se tiene el Auto Interlocutorio 92/2022 de 18 de julio, emitido por el Tribunal de Sentencia Anticorrupción Primero del departamento de La Paz, a través del cual se rechazó la cesación de la detención preventiva incoada por Pedro Miguel Rea Simón –hoy accionante–, motivo por el cual, de manera verbal en audiencia interpuso recurso de apelación incidental (fs. 9 a 13 vta.). II.2. El informe escrito brindado por Marco Antonio Vargas Yupanqui, Germán Ramos Mamani y Liz Rocío Avilez Condori, Jueces Técnicos del Tribunal de Sentencia Anticorrupción Primero del departamento de La Paz, corroboró lo expresado en el Auto Interlocutorio 92/2022, respecto al rechazo de la solicitud de cesación de la detención preventiva, solicitada por el impetrante de tutela; lo que conllevó que, de manera oral, formule recurso de apelación (fs. 30 a 31).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El impetrante de tutela, denunció la lesión de sus derechos al debido proceso y a la libertad; toda vez que, la ampliación de su detención preventiva feneció el 27 de febrero de 2022 y hasta la interposición de la presente acción de libertad 18 de julio del mismo año, las autoridades hoy demandadas no se manifestaron respecto a su situación jurídica, por lo que comprende que desde el 28 de febrero de la gestión precitada, se encuentra ilegalmente privado de su libertad, habida cuenta que no existe pronunciamiento de las autoridades competentes que hayan dispuesto la continuidad de la medida extrema en ese lapso de tiempo.

III.1. Subsidiariedad excepcional ante activación paralela de jurisdicciones. Jurisprudencia reiterada.

La SCP 0844/2022-S4 de 22 de julio, citando a su vez la SCP 0400/2012 de 22 de junio, en cuanto a la aplicación de la subsidiariedad excepcional en la acción de libertad ante la activación paralela de jurisdicciones -ordinaria y constitucional-, señaló que: “Tomando en cuenta que la acción de libertad, protege los derechos primarios protegidos como son la vida y la libertad física, no se encuentra regida por el principio de subsidiariedad; no siendo imprescindible para su activación, el previo agotamiento de las vías legales ordinarias. Sin embargo, de manera excepcional opera el principio de subsidiariedad ante la existencia de medios de impugnación específicos e idóneos para restituir de manera inmediata los derechos objeto de su protección, o bien cuando se activa de manera paralela un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico tanto en la vía constitucional como en la ordinaria. Es decir que, si bien se configura la acción de libertad, como el medio eficaz para restituir los derechos afectados, en caso de existir mecanismos procesales específicos de defensa para restituir el derecho a la libertad vulnerado y a la persecución o procesamiento indebido, deben ser activados previamente por el o los interesados. Por lo que, la acción de libertad operará solamente en caso de no haberse restituido los derechos vulnerados a pesar de haberse agotado estas vías específicas, aspecto que se encuentra enmarcado en los mandatos insertos en los arts. 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Así lo ha definido la jurisprudencia constitucional en la SC 0008/2010-R de 6 de abril, moduladora de la SC 0160/2005-R de 23 de febrero estableciendo: ‘I… la acción de libertad, es el medio idóneo y eficaz para conocer y restituir cualquier tipo de lesión o vulneración que pueda atentar al derecho a la vida, la libertad o constituir una persecución o procesamiento indebido que atente o ponga en peligro el derecho a la libertad, cuando de acuerdo a las circunstancias concretas a pesar de existir mecanismos de protección especifico y establecidos por la ley procesal vigente, estos resulten ser evidentemente inoportunos o inconducentes, de manera tal que esta acción de defensa, por la urgencia de la situación, se configura como el medio más eficaz para restituir los derechos afectados; empero, en caso de existir mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho la libertad y a la persecución o procesamiento indebido deben ser utilizados previamente por el o los afectados; en estos casos por tanto, la acción de libertad operará solamente en caso de no haberse restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías específicas´. Dentro de la normativa procesal penal ordinaria, se encuentra el recurso de apelación incidental como un medio de impugnación a las resoluciones judiciales que resuelven medidas cautelares, considerándose este un mecanismo idóneo y eficaz que busca corregir o enmendar errores o arbitrariedades cometidas por las autoridades judiciales. De igual forma, la SC 1492/2011-R de 10 de octubre, determinó: ‘…que el accionante activó la justicia constitucional, cuando aún se encontraba pendiente de resolución de apelación incidental interpuesta por el accionante, pues conforme ha establecido este Tribunal, reiterando en la SC 0072/2011 de 7 de febrero, entre otras, no es posible activar simultáneamente dos jurisdicciones, para que ambas al mismo tiempo se pronuncien sobre hechos denunciados como ilegales; por lo que, conllevaría a una disfunción procesal contraria al orden jurídico; con la posibilidad de que existan dos resoluciones paralelas tanto de la justicia ordinaria como de la justicia constitucional, situación que ratifica la denegatoria de la tutela‴ (las negrillas fueron añadidas en el texto de referencia).

III.2. Análisis del caso concreto

El impetrante de tutela, denunció la lesión de sus derechos al debido proceso y a la libertad; toda vez que, la ampliación de su detención preventiva feneció el 27 de febrero de 2022 y hasta la interposición de la presente acción de libertad 18 de julio del mismo año, las autoridades hoy demandadas no se manifestaron respecto a su situación jurídica, por lo que comprende que desde el 28 de febrero de la gestión precitada, se encuentra ilegalmente privado de su libertad, habida cuenta que no existe pronunciamiento de las autoridades competentes que hayan dispuesto la continuidad de la medida extrema en ese lapso de tiempo. Del análisis de los antecedentes que ilustran el expediente remitido en revisión a este Tribunal, se tiene que, el Tribunal de Sentencia Anticorrupción Primero del departamento de La Paz, el 18 de julio de 2022 emitió el Auto Interlocutorio 92/2022, por el que rechazó la cesación de la detención preventiva solicitada por el hoy impetrante de tutela, motivo por el cual, de manera verbal opuso recurso de apelación incidental (Conclusión II.1). Así mismo, los Jueces Técnicos del mencionado Tribunal de Sentencia Anticorrupción Primero del departamento de La Paz, Marco Antonio Vargas Yupanqui, Germán Ramos Mamani y Liz Rocío Avilez Condori, mediante informe remitido al Tribunal de garantías, corroboraron que contra el Auto Interlocutorio 92/2022, el ahora accionante en dicha audiencia y de manera verbal, formuló recurso de apelación (Conclusión II.2). Ahora bien, de conformidad a lo glosado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se tiene que, el principio de subsidiariedad excepcional en la acción de libertad, procede, cuando se activa de manera paralela un mecanismo de defensa contemplado en el ordenamiento jurídico y a la vez se interpone esta acción tutelar; en ese orden de ideas, no es permisible activar simultáneamente dos jurisdicciones –ordinaria y constitucional–, para que al mismo tiempo ambas se manifiesten con relación a hechos denunciados como ilegales, toda vez que, ello podría generar una disfunción procesal contraria al orden jurídico, con la probabilidad de que existan dos resoluciones paralelas tanto en la justicia ordinaria como en la justicia constitucional, circunstancia que obliga a esta jurisdicción, denegar la tutela impetrada. En ese contexto, y teniendo en cuenta que el impetrante de tutela, interpuso la presente acción de defensa el 18 de julio de 2022, a cuya fecha, se encontraba pendiente de resolución el recurso de apelación incidental que planteó contra el Auto Interlocutorio 92/2022 en la misma data, que resolvió la solicitud de cesación de la detención preventiva, en cuya formulación expuso, entre otros aspectos, el agravio deducido ahora ante esta jurisdicción, concerniente a la vigencia de su detención preventiva posterior al vencimiento del plazo establecido para el cumplimiento de dicha medida extrema; impugnación que fue corroborada como se advierte de las Conclusiones II.1 y II.2 de este fallo constitucional; consiguientemente, se comprende que corresponde denegar la tutela solicitada al advertirse una activación simultanea de jurisdicciones, circunstancia que de acuerdo al Fundamento Jurídico glosado supra, conllevaría a una disfunción procesal contraria al orden jurídico, con responsabilidad de que existan dos resoluciones paralelas tanto de la justicia ordinaria como de la constitucional, perjudicial incluso para la propia parte accionante. En consecuencia, la Jueza de garantías al denegar la tutela impetrada, actuó de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 32/2022 de 19 de julio, cursante de fs. 36 a 37 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Cuarta del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, con la aclaración de no haberse ingresado al fondo de la problemática planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

René Yván Espada Navía

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0690_2024-S4.pdf · páginas 1 a 10.

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