B.IA.LEGAL

SCP 0690/2023-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 27 de junio de 2023

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
27 de junio de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
Expediente
46385-2022-93-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus de sus derechos al debido proceso, a la libertad, y al acceso a la justicia; toda vez que, pese a que denunció el 11 de enero de 2022 retardación de justicia ante el Juez demandado y coordinó con la oficial de diligencias se realice la notificación con la acusación formal a la parte querellante el 4 y 16 de febrero del mismo año, la nombrada no cumplió con dicha actuación procesal, por lo que a la “fecha” no se puede cumplir con los actos preparatorios de juicio ni pueda ejercer su derecho a la defensa a efectos de demostrar su inocencia y obtener su libertad. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; a cuyo efecto se desarrollará los siguientes temas: i) Sobre el principio de celeridad; ii) Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; iii) La legitimación pasiva del personal judicial subalterno en las acciones de libertad; y, v) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia; en revisión, resuelve: REVOCAR EN PARTE la Resolución 012/2022 de 22 de febrero, cursante de fs. 35 a 37 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos del Juez de garantías.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre el principio de celeridad
  2. III.2. Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho
  3. III.3. La legitimación pasiva del personal judicial subalterno en las acciones de libertad
  4. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0690/2023-S1 Sucre, 27 de junio de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 46385-2022-93-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 012/2022 de 22 de febrero, cursante de fs. 35 a 37 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Michael Adolfo Riveros Revollo en representación sin mandato de Germán Sanca Llama contra Ramiro Nemesio Coaquira Coaquira, Juez y Dyna Marilu Ojeda Conde, Oficial de diligencias, ambos del Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado de Partido de Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Caranavi del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 21 de febrero de 2022, cursante de fs. 20 a 22 vta., el representante del accionante aseveró lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Álvaro Coaquira Mamani en su contra por la presunta comisión del delito de violación seguido de asesinato, en el mes de abril de 2021 se determinó su detención preventiva en el Centro Penitenciario Qalahuma del departamento de La Paz. Posteriormente, el 19 de julio del citado año, el Ministerio Público presentó acusación formal en su contra radicando la causa penal en el Juzgado a cargo de la autoridad jurisdiccional ahora demandada desde el 1 de diciembre del mismo año, lográndose la notificación al Fiscal de Materia asignado con la resolución de radicatoria, a efecto de que presente sus pruebas en el plazo de veinticuatro horas.

Sin embargo, para el 7 de enero de 2022, aun no presentó sus pruebas de descargo; por lo que, mediante memorial de 11 de enero del citado año, denunció retardación de justicia ante la falta de notificación de la referida acusación fiscal a los querellantes solicitando se conmine a la oficial de diligencias hoy codemandada a efecto del cumplimiento de lo previsto por el art. 340.II del Código de Procedimiento Penal (CPP), petición a la que se dio curso por proveído de 12 del mismo mes y año. A tal fin, su defensa técnica coordinó con la referida oficial de diligencias para ejecutar la notificación a los querellantes con la acusación formal para el 4 de febrero de 2022, empero el viaje a la localidad de Santa Rosa, provincia sud Yungas del departamento de La Paz junto a la citada funcionaria de apoyo se suspendió, fijándose una nueva fecha para el 16 del mismo mes y año que también no se llevó a cabo porque según justificó no contaba con la autorización de salida por parte del Juez codemandado, por lo que a la fecha no se puede cumplir con los actos preparatorios de juicio y no puede ejercer su derecho a la defensa a efectos de demostrar su inocencia.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

Alega la vulneración de sus derechos al debido proceso, a la libertad, y al acceso a la justicia; citando al efecto, los arts. 22, 23.1 y III, 24, 115, 116, 117 y 119 de la Constitución Política del Estado (CPE); 8.1 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (CADH) y 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la acción de libertad y en consecuencia se ordene: a) A la oficial de diligencias proceda a la notificación en el plazo de veinticuatro horas con la acusación formal, auto de radicatoria a los querellantes para posteriormente transcurrido el plazo de los diez días que tienen los prenombrados, se notifique de forma inmediata a los acusados a efecto de que ofrezcan sus pruebas de descargo; b) El Juez emita el Auto de apertura de juicio una vez cumplida las notificaciones; y, c) Se determine responsabilidad.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Efectuada la audiencia pública el 22 de febrero de 2022, según acta cursante de fs. 32 a 34 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogado en audiencia virtual, reiteró los argumentos expuestos en la acción de libertad, además señaló que: 1) La oficial de diligencias no solamente generó actos de vulneración sino también de incumplimiento de deberes y retardación de justicia que está siendo denunciado al Ministerio Público de la Paz; 2) No puede acceder a un juicio, y se está conculcando su derecho a ser juzgados sin dilaciones indebidas; y, 3) El Juez debe asegurar el trabajo de su personal subalterno y la oficial de diligencia debe cumplir las disposiciones que señala la Ley 025.

I.2.2. Informe de la parte demandada

Ramiro Nemesio Coaquira Coaquira, Juez Presidente del Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado de Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Caranavi del departamento de La Paz; mediante informe escrito cursante de fs. 26 a 27 vta., señaló lo siguiente: i) Dentro del caso seguido por el Ministerio Público a instancia de Álvaro Coaquira Mamani contra German Sanca Llama y Hetly Valero Flores, por la supuesta comisión del delito de violación seguido de asesinato, tipificado y sancionado por el art. 308 y 252 del CP, la misma se encuentra en la etapa de actos preparatorios de juicio; ii) De la revisión de obrados del cuaderno de juicio se tiene que por Resolución 270/2021 de 4 de noviembre, se radicó la causa en este Tribunal, ordenándose la notificación con la radicatoria al señor representante del Ministerio Público, la acusación particular y el acusado de conformidad con el art. 340 del CPP; asimismo, conforme el informe de 7 de enero de 2022, decreto de 8 de enero de 2022, se conminó al representante del Ministerio Público de Asunta a cumplir lo dispuesto; iii) Se tiene memorial de 11 de enero de 2022 y decreto de 12 de enero del mismo año, que conminó a la Secretaria y Oficial de diligencias a cumplir con las diligencias en el día; siendo estas funciones de la secretaria del Tribunal, conforme establece el art. 56 del CPP, y 94 de la Ley 025; asimismo, son atribuciones de la oficial de diligencias citar, notificar y emplazar a las partes procesales conforme lo previsto por el art. 105 de la Ley 025; y, iv) El suscrito cumplió con la debida diligencia atendiendo órdenes y conminatorias descritas, motivos justificados no atribuibles a su persona, y habiendo operado la sustracción de objeto de la acción tutelar, solicita deniegue la acción de libertad. Dyna Marilu Ojeda Conde, Oficial de diligencias del Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado de Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Caranavi del departamento de La Paz, en audiencia virtual señaló que: a) Incumplió con las actuaciones procesales extrañadas ya que ejerce las funciones de secretaria, de oficial de diligencias y de auxiliar, aspecto que es de conocimiento del Juez codemandado, debiendo considerarse que cuentan con más de 385 detenidos preventivos, por lo que no ha podido constituirse a la localidad de la Asunta por la distancia; b) Es evidente que se coordinó con el asistente del abogado de la parte accionante para realizar la legal notificación, lamentablemente no se pudo realizar ya que ella era la única funcionaria que instala las audiencias presenciales y virtuales que tenían señaladas en el Tribunal, es así que se volvió a coordinar con la madre del acusado y con el asistente que había tenido una entrevista con el Juez y estaba conminada a notificar y es evidente que tenía que salir el viernes 17 de febrero, y tendría que asistir de la localidad de Caranavi a la Asunta que son seis horas y luego recorrer dos horas más y regresar, por lo que su persona tendría que solicitar licencia para dicha gestión, permiso que no pudo realizar ya que se encontraba instalando audiencias; y, c) Tiene tres jueces superiores, los cuales tenían que tener conocimiento que su persona va a salir a la localidad de la Asunta, “lo que se ha hecho imposible porque estamos con recargadas labores” por lo que pide se deniegue la tutela.

I.2.4. Resolución

El Juez de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 012/2022 de 22 de febrero, cursante de fs. 35 a 37 vta., concedió en parte la tutela solicitada, y en consecuencia dispuso que la autoridad jurisdiccional demandada, conforme las facultades establecidas en el poder ordenador y moderador del Código de Procedimiento Penal, siendo el Juez Presidente asignado al caso, tome las medidas correspondientes para el inmediato cumplimiento de las diligencias de notificación dispuestas en el auto de radicatoria dentro el proceso; bajo los siguientes argumentos: 1) De los documentos adjuntos al memorial de acción de libertad se puede establecer que existe una persona privada de libertad que se encuentra en el centro penitenciairo de Qalahuma, quien tiene una acusación en su contra radicada en el Tribunal de Sentencia Penal de Caranavi desde el 4 de noviembre de 2021, sin que hasta la presente fecha se haya dado cumplimiento a lo dispuesto por el art. 340 del CPP; y, 2) No se presentó documentación que establezca quien es el secretario suplente del Tribunal de Sentencia Penal de Caranavi o solicitud de designación de un nuevo secretario suplente así como tampoco se tiene documentación que analizar sobre la posibilidad de notificar vía orden instruida conforme el art. 137 del CPP, a efectos de poder cumplir con el debido proceso de estas notificaciones, estando todavía el proceso en actos preparatorios de juicio oral, razón por la que el accionante exige se cumpla las notificaciones para ingresar a juicio oral que según señala es la única forma de obtener su libertad demostrando en juicio su inocencia.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes, se establece lo siguiente: II.1. Por Resolución 16/2021 de 21 de abril, la Jueza Pública Mixta Civil y Comercial de Familia de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal de Achocalla en suplencia legal de la Asunta dispuso la detención preventiva de los imputados Hetly Valero Flores y German Sanca Llama en el Centro de Rehabilitación de Qalahuma del departamento de La Paz (fs. 6 a 9 vta.). II.2. El Ministerio Público presentó acusación formal contra German Sanca Llama y otro, por la presunta comisión del delito de violación seguido de asesinato (fs. 10 a 13). II.3. Por Resolución 270/2021 de 4 de noviembre, el Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado de Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Caranavi, radicó la acusación fiscal (fs. 16 vta.). II.4. Por Informe de 7 de enero de 2022, emitido por la Secretaria Abogada del Tribunal de Sentencia Penal de Caranavi; dio a conocer que a la fecha el representante del Ministerio Público no ha remitido las pruebas (fs. 17); ante lo cual se emitió el decreto de 8 de enero del mismo año, que conminó al representante del Ministerio Público de Asunta a cumplir lo dispuesto en el auto de radicatoria en el plazo de veinticuatro horas de su notificación, bajo alternativa de remitirse antecedentes a la Fiscalía Departamental de La Paz para su respectiva aplicación de medidas correctivas o disciplinarias (fs. 17 vta.). II.5. Mediante memorial de 12 de enero de 2022, dirigido al Tribunal de Sentencia Penal Primero de Partido y Seguridad Social de Sentencia Penal de Caranavi; German Sanca Llama, denunció retardación de justicia y pidió se conmine a su personal dar cumplimiento con el art. 240.II de la Ley 586 y notifique en el plazo de setenta y dos horas a la parte víctima y/o querellante con el pliego de acusación formal y otros a efectos de que presente o no su acusación formal (fs. 18 y vta.). II.6. Por proveído de 12 de enero de 2022, Ramiro Nemesio Coaquira Coaquira, Juez Presidente del Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado de Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Caranavi del departamento de La Paz, conminó a la secretaria y oficial de diligencias a cumplir con la providencia de 8 de enero de 2021, en el día, bajo alternativa de remitirse antecedentes al Juzgado Disciplinario (fs. 19).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus de sus derechos al debido proceso, a la libertad, y al acceso a la justicia; toda vez que, pese a que denunció el 11 de enero de 2022 retardación de justicia ante el Juez demandado y coordinó con la oficial de diligencias se realice la notificación con la acusación formal a la parte querellante el 4 y 16 de febrero del mismo año, la nombrada no cumplió con dicha actuación procesal, por lo que a la “fecha” no se puede cumplir con los actos preparatorios de juicio ni pueda ejercer su derecho a la defensa a efectos de demostrar su inocencia y obtener su libertad. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; a cuyo efecto se desarrollará los siguientes temas: i) Sobre el principio de celeridad; ii) Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; iii) La legitimación pasiva del personal judicial subalterno en las acciones de libertad; y, v) Análisis del caso concreto.

III.1. Sobre el principio de celeridad

El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0441/2018-S2 de 27 de agosto, asumió el siguiente razonamiento: El art. 115 de la CPE, estipula:

I. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos;

II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. Asimismo, el art. 178.I de la referida Norma Suprema, señala:

La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos. Por su parte, el Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la referida SCP 0557/2016-S1, desarrolló la celeridad como un principio, con el cual deben manejarse los administradores de justicia, más aún, tratándose de aquellos casos vinculados con la libertad de las personas; toda vez que, toda petición relacionada con este derecho, debe ser atendida sin dilaciones indebidas y en cumplimiento estricto de los plazos legales.

III.2. Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho

El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0142/2018-S2 de 30 de abril, asumió el siguiente entendimiento: La Constitución Política del Estado en su art. 23, establece que toda persona tiene derecho a la libertad física como un derecho fundamental de carácter primario para su desarrollo; por ello, el Estado tiene el deber primordial de respetarlo y protegerlo por constituir un derecho inviolable; razón por la que, la acción de libertad fue configurada de manera exclusiva, extraordinaria y sumarísima con el propósito que este derecho, goce de protección especial cuando se pretenda lesionarlo o esté siendo amenazado de lesión. A ese efecto, la jurisprudencia constitucional contenida en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, efectuó una clasificación del entonces recurso de hábeas corpus ante violaciones a la libertad individual y/o de locomoción, señalando que puede ser reparador, si ataca una lesión ya consumada; preventivo, si procura impedir una lesión a producirse o correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida.

Posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación, identificando además al hábeas corpus restringido, el que procede ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; dentro del que se encuentra el hábeas corpus instructivo, que se admite cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado con el derecho a la vida; y, traslativo o de pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos ante dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad y la concreción del valor libertad, de los principios de celeridad y respeto a los derechos; debiendo ser tramitados, resueltos -SC 0224/2004-R de 16 de febrero- y efectivizados -SC 0862/2005-R de 27 de julio- con la mayor celeridad -SCP 0528/2013 de 3 de mayo-.

Con ese razonamiento, toda autoridad judicial que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos, dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa otorgar o dar curso a la petición en forma positiva o negativa, ya que el resultado a originarse dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, por cuanto la lesión del derecho a la libertad 2El FJ III.1.1, señala: “Para la procedencia del hábeas corpus reparador es decisivo que se haya configurado una situación de privación de libertad física ilegal inobservando las formalidades esenciales, por ejemplo una detención ejecutada sin orden escrita, o resuelta por autoridad incompetente (…)”.

El FJ III.1.2, menciona: “El hábeas corpus procede como un medio preventivo, cuando la detención aún no se ha producido pero puede presuponerse que la misma es inminente, en tanto que la amenaza pueda demostrarse positivamente (…)”.

El FJ III.1.3, determina: “El hábeas corpus denominado correctivo, protege al detenido de aquellas condiciones que agravan en forma ilegítima la detención, violando su condición humana. A través de este recurso, se garantiza el trato humano al detenido, establecido en las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos. La base legal de este tipo de hábeas corpus, la encontramos en el art. 89 de la LTC, que amplía los alcances protectivos de esta garantía, al referirse a otras `violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas…´. Conforme a esto, una de las formas en que se manifiestan estas violaciones vinculadas a la libertad, está la referida al agravamiento ilegal de la situación del detenido o condenad (…)”. 3El FJ. III.5, refiere que: “El primer (instructivo); hace referencia a la supuestos, en que el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida, fundamentalmente en los casos de desaparición forzada de personas, y tiene como objeto identificar el paradero de la víctima, disponer su libertad e individualizar a los autores del hecho, garantizándose el derecho a la vida y también el derecho a la integridad física.

Este hábeas corpus, ahora está previsto en el art. 125 de la CPE, cuando hace referencia a los casos en los que la persona considere que su vida está en peligro. Esta ampliación es coherente con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en la Opinión Consultiva OC-8/87 de 30 de enero de 1987, al absolver la consulta formulada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a la interpretación de los arts. 25.1 y 7.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación a la última frase del art. 27.2 de dicha Convención, que enumera los derechos que no pueden suspenderse durante los estados de excepción; estableció que, la función del hábeas corpus es esencial como: `…medio para controlar el respeto a la vida e integridad de la persona, para impedir su desaparición o la indeterminación de su lugar de detención, así como para protegerla contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes´ (…)

Por último, se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”.

física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud efectuada con la adecuada celeridad.

III.3. La legitimación pasiva del personal judicial subalterno en las acciones de libertad

El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0223/2018-S2 de 22 de mayo, asumió el siguiente entendimiento: Respecto a la legitimación pasiva en acciones de libertad, la jurisprudencia contenida en la SC 691/01-R de 9 de julio de 2001 definió la legitimación pasiva, señalando que ésta debe ser entendida como la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquella contra quien se dirige la acción. Posteriormente, a la luz de la Constitución Política del Estado vigente, a través de la SC 0010/2010-R de 6 de abril se estableció que es posible activar la acción de libertad contra un servidor público o contra un particular, entendimiento ratificado por la SC 0900/2010-R de 10 de agosto. Luego, en la SCP 0018/2012 de 16 de marzo se reforzó el razonamiento antes señalado y se precisó que para la procedencia de la acción de libertad, es imprescindible que ésta se dirija contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebido o ilegal; en concreto, se dijo que es la coincidencia que se da entre la autoridad o persona particular que presuntamente causó la vulneración a los derechos enunciados y aquélla contra quien se dirige la acción.

4El Cuarto Considerando, refiere: “…Por consiguiente, la demandada carece de legitimación pasiva, calidad que se adquiere por la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquélla contra quien se dirige la acción…”. 5El FJ III.5, menciona: “En el caso que se analiza, se tienen dos normas referidas al ámbito de protección de la acción de libertad -antes recurso de hábeas corpus: La Constitución abrogada y la interpretación constitucional, que establecía que el recurso no procedía respecto a particulares, y la Constitución vigente que amplía la protección respecto con relación a particulares. Ahora bien, indudablemente que la norma que es más favorable al sistema de derechos fundamentales, es la contenida en la Constitución vigente, pues así se reconoce la eficacia horizontal de los derechos fundamentales…”. 6El FJ III.2, establece: “…los alcances y la naturaleza de la legitimación pasiva, que se encuentra en la autoridad o persona particular que incurrió en el acto ilegal o la omisión indebida y de cuya acción u omisión se advierta la vulneración del derecho a la vida, a la libertad física y de locomoción.

En ese sentido, para la procedencia de la acción de libertad es imprescindible que esté dirigida contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida, o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebidos o ilegales; en concreto es la coincidencia que se da entre la autoridad o persona particular que presuntamente causó la vulneración a los derechos enunciados y aquélla contra quien se dirige la acción, ahora bien, la inconcurrencia de este presupuesto neutraliza la acción tutelar e impide a este Tribunal ingresar al análisis de fondo de los hechos denunciados”.

Con relación a la legitimación pasiva de funcionarios subalternos del Órgano Judicial, la SC 1572/2003-R de 4 de noviembre, ratificada posteriormente por las SSCC 0332/2010-R de 17 de junio y 0345/2012 de 22 de junio; y, por la SCP 2171/2012 de 8 de noviembre, entre otras, estableció que éstas o éstos servidores públicos no tienen facultades jurisdiccionales y sus funciones se limitan a cumplir las órdenes o instrucciones de las autoridades judiciales; por lo que, carecen de legitimación pasiva en acciones de libertad, salvo que incurrieran en excesos que impliquen contradicción o alteración de las determinaciones de autoridades jurisdiccionales, o sus actos u omisiones relacionados a sus deberes, contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales de las personas, conforme lo determina la SCP 0427/2015-S2 de 29 de abril, en el Fundamento Jurídico III.2, que establece:

Ahora bien, a los fines de establecer la legitimación pasiva en la acción de libertad respecto a los servidores de apoyo judicial, se debe tener presente que, si la vulneración de los derechos tutelados por la presente acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales procedentemente referidos o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva por lo que es plenamente 7El FJ III.2, indica: “…son los jueces los funcionarios que ejercen esa jurisdicción, entre tanto que los secretarios, actuarios y oficiales de diligencias, no tienen facultades jurisdiccionales sino que están obligados a cumplir las órdenes o instrucciones del Juez, emergentes de sus decisiones, por lo que no tienen legitimación pasiva para ser demandados por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos, salvo que incurrieran en excesos contrariando o alterando esas determinaciones de la autoridad judicial”. 8El FJ III.2, dice: “Con relación a la legitimación pasiva de los servidores de apoyo judicial, la jurisprudencia constitucional, contenida en la SC 0332/2010-R de 17 de junio, sostuvo que: `Con relación a la responsabilidad del personal subalterno de los Juzgados y Salas de las Cortes Superiores de Distrito y Corte Suprema de Justicia, la jurisprudencia constitucional estableció que la administración de justicia está encomendada a los órganos jurisdiccionales del Estado, de acuerdo con el art. 16.I, IV CPE y art. 3 de la Ley de Organización judicial (LOJ); en consecuencia son los jueces los funcionarios que ejercen esa jurisdicción entre tanto que los secretarios , actuarios y oficiales de diligencias, no tienen facultades jurisdiccionales sino que están obligados a cumplir las órdenes o instrucciones del Juez, emergentes de sus decisiones, por lo que no tienen legitimación pasiva para ser demandados por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos, salvo que incurrieran en excesos contrariando o alterando esas determinaciones de la autoridad judicial´. Posteriormente, la SC 1279/2011-R de 26 de septiembre, estableció la excepción a la regla anterior, declarando lo siguiente: `El personal subalterno puede ser demandado en los casos en los que contrarían lo dispuesto por dicha autoridad o cometieran excesos en sus funciones que pudieran vulnerar derechos fundamentales o garantías constitucionales; sin embargo si la autoridad judicial conocedora del acto vulneratorio de derechos y garantías no reconduce el procedimiento y lo convalida, se deslinda la responsabilidad del funcionario subalterno´; ahora bien, este Tribunal considera que el entendimiento asumido en ambas Sentencias Constitucionales citadas, no guarda coherencia con el razonamiento plenamente fundamentado contenido en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, puesto que conforme a la explicación realizada, la presente acción constitucional puede ser dirigida incluso contra particulares, entonces, con mayor razón podrá ser dirigida contra funcionarios de apoyo judicial o incluso de orden administrativos, pues a partir del momento en que las leyes les imponen deberes, y particularmente la Ley del Órgano Judicial en el caso de los funcionarios de apoyo judicial, son sujetos de responsabilidad por el incumplimiento de esos deberes, tal es así, que pueden ser objeto incluso de responsabilidad administrativa, civil o penal; consecuentemente, con mayor razón serán responsables, y por tanto, tendrán legitimación pasiva para ser demandados por esta vía, cuando sus actos u omisiones relacionados a sus deberes contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales de las personas, siendo así, no se puede concebir el razonamiento expuestos en dichas Sentencias que liberan de responsabilidad al funcionario de apoyo judicial, para cargar la misma únicamente sobre el juzgador cuando éste no reconduce el procedimiento y lo convalida, puesto que, si el incumplimiento de los deberes y funciones del personal de apoyo, no es reconducido por el juez, corresponderá establecer responsabilidad en relación a ambos funcionarios; es decir, el juez y el personal de apoyo judicial, cuyos actos u omisiones merezcan reproche en la vía constitucional.

En base a los fundamentos supra expuestos, el entendimiento generado en el presente acápite implica cambio de línea jurisprudencial en relación a los razonamientos asumidos en las SSCC 0332/2010-R de 17 de junio y 1279/2011-R de 26 de septiembre, en las que se estableció que los servidores de apoyo judicial no tiene legitimación pasiva para ser demandados en las acciones de defensa”.

viable dirigir la demanda contra ése funcionario, hasta establecer su responsabilidad si corresponde; habida cuenta que, el acto ilegal no es necesariamente el resultado del ejercicio de la función puramente jurisdiccional, sino que, las omisiones de carácter administrativo como: la falta o inoportuna elaboración del cuadernillo de apelación, el incumplimiento de plazos para la remisión de antecedentes al superior en grado, la falta o la inoportuna elaboración de actas, la falta o inoportuna notificación a las partes, tratándose en especial de audiencias de consideración de medidas cautelares, en fin, la inobservancia de las labores y obligaciones encomendadas al personal de apoyo, tiene la capacidad de repercutir negativamente en el ejercicio de los derechos fundamentales y garantías constitucionales del justiciable; sin embargo, el presente razonamiento no implica que el Juez como autoridad revestida de jurisdicción deje al desamparo la dirección del juzgado, por cuanto le asiste la facultad de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y de realizar el seguimiento correspondiente, puesto que de no cumplirse las mismas también asume la responsabilidad por ser la autoridad que finalmente tiene la responsabilidad del juzgado… (las negrillas son añadidas).

III.4. Análisis del caso concreto

En el caso en análisis, el accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso, a la libertad, y al acceso a la justicia; toda vez que, pese a que denunció el 11 de enero de 2022 retardación de justicia ante el Juez demandado y coordinó con la oficial de diligencias se realice la notificación con la acusación formal a la parte querellante el 4 y 16 de febrero del mismo año, la nombrada no realizó la notificación, por lo que a la “fecha” no se puede cumplir con los actos preparatorios de juicio y por lo tanto, no puede ejercer su derecho a la defensa a efecto de acreditar su inocencia y obtener su libertad. Ahora bien, conforme consta en antecedentes, mediante Resolución 16/2021 de 21 de abril, la Jueza Pública Mixta Civil y Comercial de Familia de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal de Achocalla en suplencia legal de la Asunta, dispuso la detención preventiva de German Sanca Llama –ahora accionante- en el Centro de Rehabilitación de Qalahuma del departamento de La Paz (Conclusión II.1.); posteriormente, el Ministerio Público presentó acusación en su contra (Conclusión II.2.) emitiéndose la radicatoria de la acusación formal a través de la Resolución 270/2021 de 4 de noviembre, por parte del Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado de Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Caranavi.

Por otro lado, mediante memorial de 12 de enero de 2022, el accionante denunció retardación de justicia y pidió se conmine el cumplimiento de lo previsto por el art. 340.II del CPP y notifique en el plazo de setenta y dos horas a la parte víctima y/o querellante con el pliego de acusación formal y otros a efectos de que presente o no su acusación particular (Conclusión II.5.); ante lo cual por providencia de la citada fecha, Ramiro Nemesio Coaquira Coaquira, Juez Presidente del Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado de Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Caranavi del departamento de La Paz, conminó a la secretaria y oficial de diligencias a cumplir con la providencia de 8 de enero de “2021”, en el día, bajo alternativa de remitirse antecedentes al Juzgado Disciplinario (Conclusión II.6.). Dichos antecedentes, permiten concluir que el accionante, acudió ante el Juez ahora demandado haciendo conocer la demora respecto a la notificación con la acusación fiscal a la parte querellante; ante lo cual, el Juez conminó a la secretaria y oficial de diligencias cumpla con la providencia de 8 de enero de “2021”; en ese entendido, la defensa técnica del accionante coordinó con la oficial de diligencias ahora codemandada, para efectuar la notificación correspondiente sin que dicha diligencia se hubiera podido realizar por encontrarse ejecutando funciones de auxiliar, secretaria y oficial de diligencias además de la distancia, la falta de conocimiento de los demás miembros del Tribunal de Sentencia Penal y la falta de gestión del permiso correspondiente para ausentarse a otra localidad. Al respecto, es necesario tomar en cuenta que los administradores de justicia y personal de apoyo deben desarrollar sus actividades contemplando el principio de celeridad, para que las personas que intervienen en el proceso penal tengan acceso a la justicia de manera oportuna, dentro los plazos establecidos.

De ahí que, el Juez ahora demandado, debió realizar el seguimiento correspondiente y verificar el cumplimiento de la conminatoria que hizo a la oficial de diligencias, pues resulta evidente que la mencionada no realizó la notificación extrañada por el accionante, incluso considerándose que se coordinó con la defensa técnica del impetrante de tutela para notificar el 4 y 16 de febrero de 2022; inobservando el principio de celeridad, e incumpliendo la conminatoria judicial señalada; motivo por el cual, corresponde conceder la tutela sobre este punto de agravio. Por lo indicado, se tiene que la oficial de diligencias incurrió en dilación respecto a la notificación con la acusación a la parte querellante; en tanto que, el Juez demandado incurrió en falta de supervisión al personal de apoyo, pues permitió que la citada funcionaria deje transcurrir un tiempo excesivo –más de un mes desde la conminatoria de 12 de enero de 2022-, sin realizar la notificación ordenada, menos analizó que la propia Constitución previene que la jurisdicción ordinaria se fundamenta, entre otros, en los principios de eficacia y eficiencia. El primero de ellos que supone el cumplimiento de las disposiciones legales y que los procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo, de oficio, los obstáculos puramente formales; este principio está íntimamente vinculado con la prevalencia del derecho sustancial respecto al formal y el principio de verdad material. El segundo que persigue acortar el tiempo de duración de los procesos y obtener una mayor certeza en las resoluciones, de manera que las personas puedan obtener un oportuno reconocimiento de sus derechos.

Bajo ese entendido, el Juez como garante de los derechos fundamentales y garantías constitucionales de las partes del proceso, debió optimizar esfuerzos para que se realicen las diligencias necesarias en los plazos previstos, para lo cual incluso pudo solicitar se realice la notificación mediante orden instruida a un Juzgado de mayor proximidad; no obstante en el presente caso, se advierte que tanto el Juez demandado como la oficial de diligencias codemandada lesionaron los derechos del impetrante de tutela por su falta de acción para efectivizar una notificación, ya que hasta que se llevó adelante la audiencia de esta acción de libertad, el accionante aún continuaba en espera que se concrete la notificación con la acusación formal a la víctima y/o querellante. Bajo ese entendido, considerando el estándar jurisprudencial más alto de protección de la garantía del debido proceso vía acción de libertad y aplicando la acción de libertad de pronto despacho descrito en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, corresponde conceder la tutela solicitada por el impetrante de tutela. Consecuentemente, el Juez de garantías al haber concedido en parte la tutela solicitada, obró de manera parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia; en revisión, resuelve: REVOCAR EN PARTE la Resolución 012/2022 de 22 de febrero, cursante de fs. 35 a 37 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos del Juez de garantías. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller

MAGISTRADA

Notas al pie

1 En el FJ III.4, precisa:”…a través de la SCP 0248/2012 de 29 de mayo, respecto al derecho a la libertad y el principio de celeridad, señalo que: ʽToda autoridad que conozca una solicitud en la que se encuentra involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, evitando de ésta manera dilaciones innecesarias que en definitiva lesionan el derecho fundamental de la libertad´. La jurisprudencia constitucional al referirse al principio de celeridad y con relación a los administradores de justicia, estableció que este principio: “…impone a quien administra justicia el deber jurídico de despachar los asuntos sometidos a su conocimiento sin dilaciones indebidas; exigencia que se hace más apremiante en aquellos casos vinculados a la libertad personal, toda vez que tales peticiones deben ser atendidas de forma inmediata si no existe una norma que establezca un plazo, y si existiera, el plazo deberá ser cumplido estrictamente”. Así, las SSCC 0758/2000-R-, 1070/2001-R y 0105/2003-R entre otras”.

9 SCP 0306/2020-S1 de 12 de agosto, en el FJ.III.1. señala que: “…el estándar jurisprudencial más alto se encuentra contenido en la SCP 0217/2014, por cuanto no limita la protección de la garantía del debido proceso vía acción de libertad a la existencia de indefensión absoluta y vinculación directa con el derecho a la libertad, sino -como se tiene señalado-, determina que es posible la protección de la garantía del debido proceso, dentro de los procesos penales, aun no exista una vinculación directa con el derecho a la libertad, siempre que se hubieren agotado los medios intraprocesales de impugnación, salvo los supuestos de indefensión absoluta, en los cuales no se exige el agotamiento previo de las vías de impugnación existentes”.

Más sobre Acción de libertad — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0690_2023-S1_id65582.pdf · páginas 1 a 13.

Huella digital del PDF (SHA-256): da6dda433b4d7aae12b4f8fc527f9781405bea0c4fc4902659af8286d357d7e0

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

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