Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 15 de abril de 2026
Deniega la tutela
El accionante denunció la vulneración de la garantía del debido proceso en sus elementos motivación, fundamentación y congruencia, incorrecta valoración probatoria y a la seguridad jurídica; toda vez que, la Vocal demandada dictó el Auto de Vista 13/2023, por el cual, confirmó totalmente el Auto Interlocutorio de 4 de enero de 2023, sin realizar una correcta valoración de la prueba que acompañó como el informe pericial psicológico, así como, los certificados de REJAP, CENVI, permanencia y conducta e informe de visitas emitido por el Centro Penitenciario Mocoví del departamento de Beni, a su memorial de solicitud de cesación de la detención preventiva, elementos que desvirtuaban el peligro efectivo para la víctima -art. 234.7 del CPP-. Ante ello, las autoridades judiciales demandadas no presentaron informe ni asistieron a la audiencia de garantías. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 48/2023 de 7 de julio, cursante de fs. 207 a 215, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Beni; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, conforme a los fundamentos jurídicos del presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0689/2026-S2 Sucre, 15 de abril de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional Expediente: 56923-2023-114-AAC Departamento: Beni En revisión la Resolución 48/2023 de 7 de julio, cursante de fs. 207 a 215, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Roque Carlos Ira Vásquez contra Norka Díaz Morales, Vocal de la Sala Penal del Tribunal departamental de Justicia de Beni; y, Juan Ernesto Muñoz Ortega, Omar Pereira Encinas y Ángel Duran Alí, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del citado departamento.
Por memoriales presentados el 9 y 14 de junio de 2023, cursante de fs. 1; 160 a 171; y, 176, el accionante manifestó lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido en su contra, por el Ministerio Público a denuncia de Vianny Vare Guzmán -hoy tercera interesada-, por la supuesta comisión del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente, la autoridad jurisdiccional en audiencia de consideración de medidas cautelares, mediante Auto Interlocutorio de 11 de mayo de 2022, dispuso su detención preventiva por el lapso de noventa días, determinando la concurrencia del riesgo procesal de fuga previsto en el art. 234.7 del Código de Procedimiento Penal (CPP), al considerarlo un peligro efectivo para la víctima, dada su relación de padrastro con la misma que es menor de edad. Presentada la acusación formal el 29 de junio de 2022 por parte del Ministerio Público, la autoridad jurisdiccional declinó competencia, remitiendo obrados mediante sorteo al Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Beni, cuerpo colegiado que desarrolló la etapa de juicio oral, público y contradictorio. De igual modo, solicitó la cesación de la detención preventiva ante el citado Tribunal, adjuntando para ello, prueba consistente en informe pericial demostrando que, no es una persona violenta, certificado de permanencia y conducta emitido por el Centro Penitenciario Mocoví del indicado departamento, donde se encuentra privado de libertad; así como informe del Encargado de Registro de Visitas del referido penal, respecto a que tanto la víctima como la tercera interesada no fueron a visitarlo; asimismo, el Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP) y Certificado de No Violencia (CENVI), elementos que demostraban claramente que el riesgo procesal de fuga que fundaba su detención preventiva, ya había sido desvirtuado, en consecuencia, era procedente que sea beneficiado con medidas menos gravosas a la detención preventiva; sin embargo, el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del referido departamento -ahora codemandados-, mediante Auto Interlocutorio de 4 de enero de 2023, desestimó su pretensión y rechazó la solicitud de cesación de la detención preventiva; arguyendo que, se debía aplicar el enfoque interseccional y la protección en razón de género y beneficio a los menores de edad. Contra dicha Resolución, interpuso recurso de apelación incidental, mismo que mereció el Auto de Vista 13/2023 de 19 de enero, emitido por Norka Díaz Morales, Vocal de la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Beni -hoy demandada-, el cual confirmó el citado Auto Interlocutorio, determinando que, las pruebas aportadas son impertinentes para desvirtuar el peligro efectivo para la víctima que continuaba latente; más aun considerando, el parentesco de afinidad entre la víctima menor de edad con su persona, sin haber tomado en cuenta el principio de libertad probatoria, generando que continúe con detención preventiva, pese a haber sufrido dilación procesal en la tramitación de la causa, y al habérsele impuesto una pena de veinticinco años de prisión, le generó agravios y perjuicios respecto a su libertad.
Denunció la lesión de la garantía del debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación y congruencia, incorrecta valoración de la prueba y la seguridad jurídica, citando al efecto los arts. 13, 22, 23, 115.II y 120 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH).
Solicitó se conceda la tutela; y, en consecuencia, se disponga la cesación de la detención preventiva imponiéndosele medidas cautelares de carácter personal conforme lo establece el art. 231 bis I numerales 1, 2, 4, 5 y 9 del CPP.
Celebrada la audiencia pública virtual el 7 de julio de 2023, según constan en el acta cursante de fs. 201 a 206, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado, ratificó y reiteró los términos expuestos en su demanda de acción amparo constitucional, y ampliando en audiencia señaló que: a) Las certificaciones presentadas de REJAP y CENVI no fueron valoradas en su integridad, tampoco el certificado de permanencia y el examen pericial psicológico, elementos que desvirtuaban el peligro efectivo para la víctima conforme el art. 234.7 del CPP, y establecían que no es una persona peligrosa tanto para la víctima, su familia, ni la sociedad, sin embargo, la Vocal demandada incumplió otorgarles un valor probatorio a cada uno de los elementos presentados; y, b) El Ministerio Público rechazó en dos ocasiones los memoriales presentados de solicitud para realizarse un “informe” pericial.
Norka Díaz Morales, Vocal de la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Beni; y, Juan Ernesto Muñoz Ortega, Omar Pereira Encinas y Ángel Duran Ali, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Beni no presentaron informe escrito ni asistieron a la audiencia de garantías, pese a su citación cursante a fs. 198 y vta.
Vianny Vare Guzmán, progenitora de la víctima menor de edad, en audiencia de garantías, a través de su abogada expresó que: 1) El accionante en base a una pericia psicológica, solicitó la cesación de la detención preventiva, informe que contenía puntos de pericia poco claros, además que, fue realizado de manera unilateral sin la debida notificación a la víctima; por lo que, la presentación de dicha prueba fue impertinente, puesto que pretendía desvirtuar la esencia de una medida cautelar, cuyo único fin es garantizar la presencia del acusado en juicio; y, 2) El Ministerio Público como la administración de justicia, respetaron y consideraron la situación de vulnerabilidad de la menor, quien fue víctima de agresión sexual por parte del impetrante de tutela.
Óscar Eloy Hurtado Coro, Fiscal de Materia, en audiencia de garantías, sostuvo que: i) El accionante reclamó incorrecta valoración de prueba a momento de resolver la cesación de la detención preventiva -pericia psicológica y certificado de permanencia en el Centro Penitenciario Mocoví del departamento de Beni-, debido a que, las autoridades demandadas a su turno en su sano juicio no consideraron suficiente dichos elementos de prueba para desvirtuar el riesgo procesal de fuga inmerso en el art. 234.7 del CPP; ii) El Ministerio Público como institución que defiende los intereses de la sociedad, está en obligación de garantizar la integridad física, psicológica y sexual de las niñas, niños y adolescentes víctimas; además, las autoridades judiciales están forzadas a actuar con la debida diligencia y con perspectiva de género; y, iii) El impetrante de tutela ya fue condenado a veinticinco años de pena privativa de libertad, dicha determinación fue objeto de recurso de apelación restringida, la cual se encuentra en trámite.
Johanna Sofía Vega Leigue, abogada de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, si bien se denota que estuvo presente en la audiencia de garantías, pero la misma no realizó ninguna intervención.
La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, por Resolución 48/2023 de 7 de julio, cursante de fs. 207 a 215, denegó la tutela solicitada; decisión asumida con base en los siguientes fundamentos: a) El debido proceso es un factor importante en la tramitación de las causas judiciales, tiene tres ámbitos de acción, como derecho, garantía y principio, los cuales se encuentran consagrados en la Constitución Política del Estado e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos; b) De la revisión efectuada a las resoluciones cuestionadas, se advirtió que las mismas contaban con la debida fundamentación y motivación sobre la valoración del informe pericial psicológico, denotando que los arts. 204 y 209 del CPP, delimitan el procedimiento respecto alcance y designación de peritos por el Ministerio Público, Juez o Tribunal, cumpliendo parámetros jurisprudenciales asumidos por la SCP 0558/2016-S2 de 27 de mayo, las autoridades judiciales están obligados a emitir resoluciones con la debida motivación y fundamentación de forma y fondo; c) Los arts. 171 y 172 del citado Código, establecen que la autoridad judicial admitirá como medio de prueba todos los elementos lícitos de convicción que puedan conducir a la verdad histórica de los hechos, por lo que, los certificados de REJAP y CENVI en el fondo no desvirtúan el riesgo procesal de fuga inmerso en el art. 234.7 del adjetivo penal; y, d) El Auto de Vista impugnado cuenta con una estructura que muestra los argumentos y fundamentos que sustentan las determinaciones asumidas; en lo que, se refiere a las pruebas aludidas como mal valoradas, resultan impertinentes a los fines del proceso, por ello, no se pudo afirmar que su valoración fue inadecuada.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 004/2025-II de 30 de diciembre, ante el cese de cinco Magistraturas, se dispuso la devolución a la Comisión de Admisión de los expedientes y causas sorteadas para la realización de un nuevo sorteo de manera aleatoria y equitativa entre las Salas Primera, Segunda y Tercera del Tribunal Constitucional Plurinacional, a fin de que los actuales Magistrados asuman el conocimiento y prosigan con la tramitación de dichas causas hasta su conclusión, garantizando así la continuidad del servicio jurisdiccional (fs. 219 a 221); en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión, sin aguardar el orden cronológico respectivo, procedió al sorteo de la presente causa.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Mediante Auto Interlocutorio de 4 de enero de 2023, el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Beni, rechazó la solicitud de cesación de la detención preventiva impetrada por Roque Carlos Ira Vásquez -ahora accionante-, quien en audiencia interpuso recurso de apelación incidental contra dicha determinación (fs. 142 a 144). II.2. Por Auto de Vista 13/2023 de 19 de enero, Norka Díaz Morales, Vocal de la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Beni -hoy demandada-, en alzada confirmo en su totalidad el citado Auto Interlocutorio identificado en el acápite primero (fs. 155 a 159 vta.).
El accionante denunció la vulneración de la garantía del debido proceso en sus elementos motivación, fundamentación y congruencia, incorrecta valoración probatoria y a la seguridad jurídica; toda vez que, la Vocal demandada dictó el Auto de Vista 13/2023, por el cual, confirmó totalmente el Auto Interlocutorio de 4 de enero de 2023, sin realizar una correcta valoración de la prueba que acompañó como el informe pericial psicológico, así como, los certificados de REJAP, CENVI, permanencia y conducta e informe de visitas emitido por el Centro Penitenciario Mocoví del departamento de Beni, a su memorial de solicitud de cesación de la detención preventiva, elementos que desvirtuaban el peligro efectivo para la víctima -art. 234.7 del CPP-. Ante ello, las autoridades judiciales demandadas no presentaron informe ni asistieron a la audiencia de garantías. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Al respecto, la SCP 0195/2026-S2 de 2 de marzo, citó a su vez la SCP 0111/2015-S3 de 20 de febrero, señaló que: “...es una obligación para toda autoridad judicial y/o administrativa, a tiempo de resolver todos los asuntos sometidos a su conocimiento, exponer las razones suficientes de la decisión adoptada acorde a los antecedentes del caso en relación a las pretensiones expuestas por el ajusticiado o administrado, en razón a que, el omitir las explicaciones por las cuales se arribó a una determinada resolución, implica suprimir una parte estructural de la misma. Ahora bien, ese deber de fundamentación y motivación está relacionado con el cumplimiento de otros presupuestos que la hacen válida, siendo uno de ellos, emitir el fallo conforme al principio de congruencia, el cual importa, no sólo que no puede emitirse un pronunciamiento sobre aspectos que no fueron solicitados, sino también que debe existir una estricta correspondencia, entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conllevando a que exista coherencia en todo el contenido del fallo, es decir, entre la parte considerada y lo resuelto; así, como unidad de criterio entre cada aspecto considerada, criterios que obligan a la autoridad con facultades de decisión, dictar fallos motivados, congruentes y pertinentes” (las negrillas son añadidas).
Con carácter previo a ingresar al análisis del objeto procesal, es preciso señalar que, la acción de amparo constitucional se rige por el principio de subsidiariedad, en ese entendido, al existir pronunciamiento de alzada que define la situación jurídica, el ámbito de análisis de este Tribunal debe constreñirse exclusivamente a los fundamentos del fallo de segunda instancia, no ameritando pronunciamiento alguno respecto a los Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Beni; toda vez que, sus actuaciones fueron revisadas por la autoridad superior jerárquica, en observancia al principio de subsidiariedad. Delimitada la problemática que originó la interposición de esta acción de defensa, y conocidos los argumentos expuestos por las partes, se tiene que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el ahora accionante, por la presunta comisión del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente, el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Beni, emitió el Auto Interlocutorio de 4 de enero de 2023, por el cual, rechazó la solicitud de cesación de la detención preventiva realizada por el impetrante de tutela; ante ello, el prenombrado interpuso recurso de apelación incidental (Conclusión II.1). Es así que, por Auto de Vista 13/2023 de 19 de enero, la Vocal demandada, confirmó el Auto Interlocutorio de 4 de enero de 2023 (Conclusión II.2). En ese contexto, el accionante denuncia que la Vocal demandada, al emitir el Auto de Vista 13/2023, lesionó sus derechos, debido a que, incurrió en una incorrecta valoración de la prueba que acompañó a su solicitud de cesación de la detención preventiva, concretamente, el informe pericial psicológico y los certificados de REJAP, CENVI, permanencia y conducta e informe de visitas emitido por el Centro Penitenciario Mocoví de Beni, elementos que, según señala, son suficientes para desvirtuar el peligro efectivo para la víctima -art. 234.7 del CPP-. En ese entendido, es preciso hacer notar que, conforme a lo explicado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, la fundamentación y motivación están relacionados con el cumplimiento de otros presupuestos que la hacen válida, siendo uno de ellos, el principio de congruencia, debiendo existir una estricta correspondencia, entre la pretensión, lo considerado y resuelto, conllevando de esa manera la existencia de coherencia en todo el contenido del fallo. Bajo dicha premisa, de la revisión del Auto de Vista ahora cuestionado, se advierte que la Vocal demandada emitió los siguientes pronunciamientos: En relación al informe pericial psicológico, la autoridad judicial demandada observó que los arts. 204 y 209 del CPP, establecen que “…los peritos pueden ser designados, ya sea por el fiscal o por el juez o tribunal del proceso…” (sic); además, refirió que “…este documento tiene carácter de estudio pericial, y en ese contexto pues bien se debe cumplir necesariamente el procedimiento específico para tal estudio, por lo que no se encuentra agravio alguno que reparar, en cuanto al informe psicológico…” (sic), por ello, indicó que resulta necesaria la existencia de plazos procesales para proponer puntos de pericia y objetarlos, así como, interponer excusas y recusaciones o la necesidad de observar la idoneidad del perito, ello con la finalidad de garantizar y precautelar derechos y garantías de los sujetos procesales -denunciante, víctima, imputado y/o acusado- por lo que el documento presentado no podía hacerse valer como una pericia en los términos de la normativa Adjetiva Penal como se pretendía por la parte accionante. Por otro lado, respecto a los certificados del REJAP, “SIPPASE”, permanencia y conducta e informe de visitas emitido por el Centro Penitenciario Mocoví de Beni, refirió que: “…el tribunal a quo es evidente que ha observado la impertinencia y la falta de utilidad en las demás pruebas, para poder desvirtuar ese riesgo procesal del peligro para la víctima (…) en el fondo no van a poder desvirtuar el riesgo procesal del peligro para la víctima…” (sic); por cuanto, “…le ha otorgado un debido valor, conforme su sana crítica y aplicando el art. 171 in fine del CPP, que delimita la libertad probatoria (…) además (…) para el análisis correcto que debe existir para este tipo de delitos, se debe en todo caso considerar la situación de vulnerabilidad o de desventaja en la que se encuentra la víctima (…) respecto al imputado, pues bien, se toma en cuenta particularmente el parentesco de afinidad, (…) que existe entre directamente la parte víctima, como es la niña…” (sic). De lo anterior, se evidencia que la Vocal demandada explicó el valor asignado a cada una de las pruebas que menciona el impetrante de tutela; en efecto, a través del Auto de Vista 13/2023, precisó que, tanto el informe pericial psicológico, así como, los Certificados de REJAP, CENVI, permanencia y conducta e informe de visitas emitido por el Centro Penitenciario Mocoví de Beni, no son suficientes para desvirtuar el fondo sobre el peligro efectivo para la víctima en atención a su situación de vulnerabilidad y desventaja respecto al accionante, pues el supuesto agresor es su padrastro, aspectos que resultan suficientes para configurar el riesgo de fuga inmerso en el art. 234.7 del CPP; de este modo, la autoridad demandada desarrolló una argumentación razonable en torno a la valoración de las pruebas aportadas y la condición del impetrante de tutela en su calidad de acusado en el curso de la investigación penal. Por lo manifestado, este Tribunal concluye que la Vocal demandada, al emitir el Auto de Vista 13/2023, emitió una decisión que responde a los agravios vertidos en alzada -art. 398 del CPP-, asimismo, dicha decisión contiene fundamentación, motivación y congruencia suficiente y no desvirtuada por la parte accionante, respecto a la valoración de la prueba, que sustenta la decisión de confirmar totalmente el Auto Interlocutorio de 4 de enero de 2023, manteniendo subsistente el riesgo procesal de fuga inmerso en el art. 234.7 del CPP -peligro efectivo para la víctima- con relación a la solicitud de cesación de la detención preventiva presentada por el impetrante de tutela; por lo que, corresponde denegar la tutela impetrada. Finalmente, con referencia al principio de seguridad jurídica, no se expusieron argumentos suficientes que permitan analizar la supuesta transgresión vinculada a un derecho en específico; por tanto, tal reclamo no amerita mayor estudio. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 48/2023 de 7 de julio, cursante de fs. 207 a 215, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Beni; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, conforme a los fundamentos jurídicos del presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0689_2026-S2.pdf · páginas 1 a 8.
Huella digital del PDF (SHA-256): 59fb7c1baa0e2ce17b1b27443c649756fb43404bfe6635d63580356e559b7d3c
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