B.IA.LEGAL

SCP 0689/2023-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 27 de junio de 2023

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
27 de junio de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Georgina Amusquivar Moller
Expediente
46353-2022-93-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

La accionante señala la vulneración del derecho al debido proceso y a los principios de imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad y probidad; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra y de otra, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, planteó recurso de apelación incidental en contra del Auto Interlocutorio 493/2021 de 30 de noviembre, misma que fue sorteada a la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; sin embargo, a causa de la observaciones realizadas por el Secretario de dicha Sala, fue devuelto al Juzgado de origen, remitiéndose nuevamente el 28 de enero de 2022 al Tribunal de alzada, en consecuencia se señaló audiencia virtual de apelación incidental para el 31 de enero del citado año a horas 08:50, y al haber sido notificada para dicho actuado, conjuntamente con su defensa técnica se conectaron a la plataforma Cisco Webex con anticipación de veinte minutos; empero, sin justificación alguna les retiraron de la sala virtual y bloquearon de la referida plataforma, para posteriormente el Vocal de la Sala señalada -ahora demandado- al emitir el Auto de Vista 62/2022 de 31 de enero, donde por la supuesta inasistencia injustificada y la falta de fundamentación de agravios confirmó el Auto Interlocutorio 493/2021 de 30 de noviembre, consecuentemente, ante tal hecho mediante escritos de 1, 8 y 23 todos de febrero de 2022, impetró se señale nuevo día y hora de audiencia, copia del CD de audiencia de 31 de enero del referido año e informe sobre el número de gestora asignada, y normativa que le perm…

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 001/2022 de 11 de marzo, cursante de fs. 51 a 56, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de La Paz, en suplencia legal del Juez de Ejecución Penal Primero de la Capital del mismo departamento, constituido en Juez de garantías; y, en consecuencia:

1° CONCEDER la tutela solicitada, disponiéndose dejar sin efecto el Auto de Vista 62/2022 de 31 de enero y su correspondiente acta de audiencia de la citada fecha, debiendo el Vocal demandado o el que se encuentre en ejercicio de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, señalar nueva fecha y hora de audiencia para el tratamiento de la apelación incidental en contra del Auto Interlocutorio 493/2021 de 30 de noviembre, siempre y cuando la situación jurídica de la accionante no haya cambiado en su favor por el transcurso del tiempo. 2° Llamar severamente la atención a Henry David Sánchez Camacho, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por el procedimiento aplicado dentro la audiencia de apelación descrita, advirtiéndole que en caso de evidenciarse su reincidencia en este tipo de casos se remitirá antecedentes al Consejo de la Magistratura.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre el trámite y resolución de recursos de apelación incidental de medidas cautelares en el marco de la Ley 1173, y la inasistencia o demora del imputado o su abogado a la audiencia programada
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0689/2023-S1 Sucre, 27 de junio de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de libertad Expediente: 46353-2022-93-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 001/2022 de 11 de marzo, cursante de fs. 51 a 56, pronunciada dentro de la acción de libertad presentada por Bertha Celia Fonseca Grimaldis contra Henry David Sánchez Camacho, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 11 de marzo de 2022, cursante de fs. 34 a 36, la accionante expuso los siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro el proceso penal seguido en su contra y de otra, por el Ministerio Público a instancias de Remedios Mamani Vicencio por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, el 30 de noviembre de 2021 se emitió el Auto Interlocutorio 493/2021 de medidas cautelares, por lo que interpuso recurso de apelación, la misma que luego de algunas observaciones –devolución para su subsanación por el Tribunal de alzada– fue remitida finalmente el 28 de enero de 2022 ante la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en la que por Secretaría de señaló audiencia virtual de apelación incidental para el 31 del mismo mes y año a horas 08:50, actuado con el que fue notificada por la Oficial de Diligencias de la citada Sala Penal; razón por lo que, conjuntamente con su defensa técnica se conectaron a la plataforma Cisco Webex con anticipación de veinte minutos; empero, sin justificación alguna les retiraron de la sala virtual y bloquearon de dicha plataforma; posteriormente el Vocal de la Sala Penal referida -ahora demandado- emitió el Auto de Vista 62/2022 de 31 de enero, donde por la supuesta inasistencia injustificada y la falta de fundamentación de agravios se confirmó la Resolución apelada. Por lo que solicitó se señale nuevo día y hora de audiencia para la reconsideración de la apelación incidental mediante memorial de 1 de “enero” de 2022 -lo correcto febrero-, hecho que mereció la providencia de 3 de febrero de 2022, suscrito por el Secretario de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, rechazando la petición con el fundamento que no se encontraba presente en audiencia programada, posteriormente el 8 de igual mes y año impetró copia del CD de la audiencia -31 de enero de 2022-, por lo que nuevamente el personal de apoyo atribuyéndose labores del Vocal, rechazó con el argumento “la impetrante debe tener presente el art. 1113-IV del CPP, consecuentemente la parte debe acudir a la instancia llamada por ley” (sic). El 23 de febrero de 2022 solicitó que por Secretaría de la Sala Penal Tercera del Tribunal departamental de Justicia de La Paz, se le extienda copia CD o DVD de la grabación de la audiencia de 31 de enero de igual año, además informe del número de la Gestora asignada a la referida Sala Penal, así también de “Verónica Gómez Laura” (sic), y sobre la normativa vigente que la faculta suplir funciones de la Oficina Gestora de procesos, escrito que nuevamente mereció respuesta del Secretario de dicho despacho, manifestando que debo acudir a la autoridad competente, negándome a extenderme la copia del CD de la audiencia suspendida.

I.1.2. Derecho y principios supuestamente vulnerados

La impetrante de tutela alegó como lesionados su derecho al debido proceso y los principios de imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad y probidad, citando al efecto los arts. 115.I, 178 y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada, y se ordene la realización de audiencia pública de fundamentación de apelación incidental de medida cautelar en contra del Auto Interlocutorio 493/2021 de 30 de noviembre y se establezca las responsabilidades si corresponde.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 11 de marzo de 2022, según consta en el acta cursante de fs.48 a 50 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La accionante, por intermedio de su abogado, ratificó en el contenido de su memorial de acción de libertad, y ampliándola manifestó que: a) El Vocal ahora demandado se da la tarea de encubrir y no quiere ingresar al análisis de fondo de la apelación planteada, existe un Secretario que hace de Vocal, y todos los memoriales presentados y el señalamiento de audiencia solo lo firma el, aspecto que es irregular; b) Existe una Oficial de Diligencias que cumple las funciones de la Oficina Gestora de Procesos, no se cumple lo dispuesto por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 03 de mayo de 2019-; y, c) No se ha convocado a la audiencia a las 8:50 ni a las 08:52, pero contrariamente en el informe evacuado se señala que se habría esperado incluso dos minutos, siendo una afirmación falsa, en el video –presentado como prueba- simplemente se escucha las voces, ni las imágenes, no existe la hora de la audiencia, no existe el compás de espera de los dos minutos.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Henry David Sánchez Camacho, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por informe escrito presentado el 11 de marzo de 2022, cursante de fs. 45 a 47 vta., manifestó que: 1) Del contenido de la acción de libertad, la impetrante de tutela hace una transcripción de los antecedentes sin fundamentar la vulneración al debido proceso, realiza una descripción de los principios de imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad consagrada en el art. 178 de la CPE; 2) El 31 de enero de 2022 en la audiencia de apelación de medidas cautelares, no se encontraban ninguna de las partes en la plataforma Cisco Webex, consecuentemente sin las partes, no se puede llevar ninguna audiencia emitiéndose en consecuencia el Auto de Vista 62/2022, la negligencia no puede ser atribuible a su persona; 3) Falta a la verdad, al justificar que se comunicaron con el Secretario “Hernán Kiffer”; sin embargo, el referido desde el 26 de octubre de 2021 dejó de ser funcionario, estando en su lugar José Andrés Escobar Lecoña, con quien el día de la audiencia ni la ahora accionante ni su defensa técnica se comunicaron menos justificaron su inasistencia; 4) De los datos del proceso se establece que la impetrante de tutela no está con detención preventiva, no siendo loable la presente acción de defensa; toda vez que, la supuesta vulneración al debido proceso y al derecho a la defensa no está ligado con el derecho a la libertad; y, 5) La defensa técnica de la prenombrada no ha entendido los fundamentos del Auto de Vista 62/2022, tenía la obligación de solicitar explicación, complementación y enmienda al amparo del art. 125 del CPP, de lo contrario se entiende que está plenamente de acuerdo con dicho Auto de Vista, después de un mes pretende vía acción de libertad subsanar su negligencia. No existe el nexo causal, por lo que solicitó se deniegue la tutela.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de La Paz, en suplencia legal del Juez de Ejecución Penal Primero de la Capital del mismo departamento, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 001/2022 de 11 de marzo, cursante de fs. 51 a 56, denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: i) De la reproducción del audio remitido por la autoridad demandada se ha podido visualizar la fecha de esta grabación, haciendo notar que en la audiencia de 31 de enero de 2022, dicha autoridad solicitó al Secretario de su despacho que aclare quién es la parte apelante, y dispuso de acuerdo al informe evacuado; y, ii) La accionante solicita la nulidad del Auto de Vista 62/2022; toda vez que, no se habría logrado fundamentar los agravios en la audiencia; empero, no se ha presentado mayores elementos de jurisdicción que establezcan que los agravios señalados por la prenombrada deban ser atendidas vía acción de libertad para que la autoridad jurisdiccional deba revisar, más cuando aún se ha presentado el acta de audiencia y la resolución y la parte demandada ha remitido el audio correspondiente que ha escuchado en audiencia, en ese sentido no se puede establecer el nexo, el agravio señalado en la acción de libertad. Ante la solicitud de aclaración, complementación y enmienda planteada por la defensa técnica sobre: a) Si el Secretario que hace de Vocal, si es legal, correcto y cuál es la normativa vigente para que responda a las peticiones de audiencias; y, b) En relación al Oficial de Diligencias que suplanta la laboral de la Oficina Gestora de procesos, cuando el Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justica de La Paz (ahora demandado) tiene la obligación de coordinar sus actividades laborales conforme al art. 113.IV del CPP. A lo que el Juez de garantías manifestó que, la Resolución 001/2022 en sus cuatro considerandos, como la jurisprudencia constitucional fue bastante clara y precisa, razón por la cual declaró sin lugar a lo impetrado.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se evidencia lo siguiente: II.1. Por Auto Interlocutorio 493/2021 de 30 de noviembre, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en contra de Bertha Celia Fonseca Grimaldis -ahora accionante- y Mónica Ayelen Urquizo Fonseca por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto de El Alto del departamento de La Paz, dispuso medidas cautelares de carácter personal a las imputadas, siendo estas: La detención domiciliaria, el arraigo y la presentación cada vente días ante el Ministerio Público (fs. fs. 5 a 6); Resolución que fue apelada, y remitida por Nota de 7 de enero de 2022 ante la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz (fs. 8). Y que por providencia de 11 de igual mes y año, fue observado un aspecto de forma, al no adjuntarse la diligencia de notificación al Ministerio Público con la Resolución motivo de la apelación, disponiendo la devolución al Juzgado de origen con la finalidad de que se subsane la omisión, efectuándose la devolución mediante Nota Cite. 030/2022 de 12 del citado mes y año (fs. 9 y 10); ante lo cual el Juez de la causa mediante providencia de 28 de enero de 2022, dispuso la subsanación, haciendo constar que la observación efectuada se encuentra cursante en fs. 137 (fs. 10 y vta. y 11), remitiéndose nuevamente el legajo de apelación a la referida Sala Penal Tercera. II.2. Mediante providencia de 28 de enero de 2022, la Secretaria de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en suplencia legal de su similar Tercera, señala audiencia virtual de apelación incidental en contra del Auto Interlocutorio 493/2021, para el 31 del indicado mes y año a horas 08:50, recomendado a las partes su ingreso a la plataforma Cisco Webex con quince minutos de anticipación, asimismo conforme a la Circular 13/2020- SPTDJLP, los sujetos procesales podrán comunicarse con el Ingeniero “Bracamonte” al número de celular 72078701 (fs. 13). Notificada la misma a los sujetos procesales por la Oficial de Diligencias de la referida Sala Penal Tercera en la misma fecha mediante los números de WhatsApp (fs. 14). II.3. Por Acta de audiencia pública de fundamentación de apelación incidental de medida cautelar de 31 de enero de 2022, el Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -ahora demandado- en lo principal refiere que, la audiencia fue señalada para horas 08:50; empero, se convocó a horas 08:52; instalado el acto se solicitó por Secretaría, se informe sobre las notificaciones y la presencia de las partes en la sala virtual; a lo cual se informó “Ausente el Señor Representante del Ministerio Público. Ausente acusadora particular y ausente su abogado. Ausente el imputado, ausente su abogado APELANTE” (sic [fs. 15]). Posteriormente dicha autoridad judicial emitió Auto de Vista 62/2022, por el que determinó admitir el recurso de apelación incidental interpuesta por la parte imputada, y CONFIRMÓ el Auto Interlocutorio 493/2021, al no haberse fundamentado agravio alguno (fs.16 a 17 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante señala la vulneración del derecho al debido proceso y a los principios de imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad y probidad; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra y de otra, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, planteó recurso de apelación incidental en contra del Auto Interlocutorio 493/2021 de 30 de noviembre, misma que fue sorteada a la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; sin embargo, a causa de la observaciones realizadas por el Secretario de dicha Sala, fue devuelto al Juzgado de origen, remitiéndose nuevamente el 28 de enero de 2022 al Tribunal de alzada, en consecuencia se señaló audiencia virtual de apelación incidental para el 31 de enero del citado año a horas 08:50, y al haber sido notificada para dicho actuado, conjuntamente con su defensa técnica se conectaron a la plataforma Cisco Webex con anticipación de veinte minutos; empero, sin justificación alguna les retiraron de la sala virtual y bloquearon de la referida plataforma, para posteriormente el Vocal de la Sala señalada -ahora demandado- al emitir el Auto de Vista 62/2022 de 31 de enero, donde por la supuesta inasistencia injustificada y la falta de fundamentación de agravios confirmó el Auto Interlocutorio 493/2021 de 30 de noviembre, consecuentemente, ante tal hecho mediante escritos de 1, 8 y 23 todos de febrero de 2022, impetró se señale nuevo día y hora de audiencia, copia del CD de audiencia de 31 de enero del referido año e informe sobre el número de gestora asignada, y normativa que le permite a la Oficial de Diligencias de dicho despacho suplir funciones de la gestora, mismos que fueron negados mediante providencias suscritos simplemente por el personal de apoyo. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los extremos denunciados son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para tal efecto, se analizarán los siguientes temas: 1) Sobre el trámite y resolución de recursos de apelación incidental de medidas cautelares en el marco de la Ley 1173, y la inasistencia o demora del imputado o su abogado a la audiencia programada; y, 2) Análisis del caso concreto.

III.1. Sobre el trámite y resolución de recursos de apelación incidental de medidas cautelares en el marco de la Ley 1173, y la inasistencia o demora del imputado o su abogado a la audiencia programada

A partir de la puesta en vigencia de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres –Ley 1173 de 03 de mayo de 2019–, el Código de Procedimiento Penal y las disposiciones conexas al mismo han sufrido cambios trascendentales que tienen como finalidad efectivizar la tramitación de las causas penales; en ese contexto, incumbe remitirnos sobre el trámite de la apelación incidental de medidas cautelares y las inasistencias o demoras tanto del imputado como de su abogado a las audiencias programadas en apelación:

En cuanto a la apelación de las medidas cautelares, el art. 11 de la indicada Ley 1173, modificó el art. 251 del CPP bajo el siguiente texto:

Artículo 251. (APELACIÓN). La resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, será apelable, en el efecto no suspensivo, en el término de setenta y dos (72) horas. Interpuesto el recurso, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante el Tribunal Departamental de Justicia, en el término de veinticuatro (24) horas, bajo responsabilidad. El Vocal de turno de la Sala Penal a la cual se sortee la causa, resolverá, bajo responsabilidad y sin más trámite, en audiencia, dentro de los tres (3) días siguientes de recibidas las actuaciones, sin recurso ulterior.

Asimismo, la Disposición Adicional Segunda de la antedicha Ley 1173, modificó el art. 58 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) -Ley 025 de 24 de junio de 2010-, con el siguiente contenido:

Artículo 58. (ATRIBUCIONES DE LAS SALAS EN MATERIA PENAL).

I. Las atribuciones de las salas en materia penal, son:

1. Substanciar y resolver conforme a Ley, los recursos de apelación de autos y sentencias de juzgados en materia penal y contra la violencia hacia las mujeres;

2. Resolver las excusas presentadas por sus vocales y secretarias o secretarios de sala;

3. Resolver las recusaciones formuladas contra sus vocales; y, 4. Otras establecidas por Ley.

II. Las apelaciones de las medidas cautelares de carácter personal y las

consultas de las excusas y recusaciones, serán resueltas por el Vocal de Turno de la Sala a la cual sea sorteada la causa (el resaltado es nuestro). De las normas descritas, inicialmente se tiene que, es atribución de las Salas Penales resolver las apelaciones de las medidas cautelares mediante el Vocal de turno; en tal sentido, la apelación emergente de una medida propia del régimen cautelar (aplicación o modificación) se la deberá efectuar en el plazo de setenta y dos (72) horas ante el tribunal o juez que emitió la resolución, a efectos de remitir los antecedentes ante la instancia de apelación en el término de veinticuatro (24) horas bajo responsabilidad; para luego, ya en instancia superior, el Vocal de turno resuelva el caso en audiencia dentro los tres (3) días siguientes de recibidos los actuados sin la posibilidad de plantear otro medio de impugnación.

Lo descrito, permite concluir en que, el trámite y la resolución de la apelación incidental emergente del régimen de medidas cautelares se constituye en un procedimiento sumario y rápido que no admite dilación alguna, salvo las excepciones previstas por la misma ley respecto a la imposibilidad de desarrollar la audiencia como se verá seguidamente. Respecto de las inasistencias o demoras del imputado y su abogado defensor a la audiencia de apelación En cuanto al marco normativo relacionado a las audiencias en el proceso penal, la indicada Ley 1173, mediante su art. 7 modificó el art. 113 del CPP, con el siguiente texto:

Artículo 113. (AUDIENCIAS). (…)

II. Las audiencias se realizarán con la presencia ininterrumpida de las partes, salvo las excepciones establecidas en este Código.

Si el imputado, de manera injustificada, no comparece a una audiencia en la cual sea imprescindible su presencia, o se retira de ella, la jueza o el juez librará mandamiento de aprehensión, únicamente a efectos de su comparecencia.

Si el defensor, de manera injustificada, no comparece a la audiencia o se retira de ella, se considerará abandono malicioso y se designará un defensor estatal o de oficio. La jueza, el juez o tribunal sancionará al defensor conforme prevé el Artículo 105 del presente Código. Sin perjuicio, se remitirán antecedentes al Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, para fines de registro. Si el querellante, de manera injustificada, no comparece a la audiencia solicitada por él o se retira de ella sin autorización, se tendrá por abandonado su planteamiento. La incomparecencia del fiscal será inmediatamente puesta en conocimiento del Fiscal Departamental para la asignación de otro, bajo responsabilidad del inasistente. En ningún caso la inasistencia del fiscal podrá ser suplida o convalidada con la presentación del cuaderno de investigación. La jueza, el juez o tribunal en ningún caso podrá suspender las audiencias por las circunstancias señaladas en el presente Parágrafo, bajo su responsabilidad, debiendo hacer uso de su poder ordenador y disciplinario y disponer todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia de las partes. Excepcionalmente, ante la imposibilidad de llevar a cabo la audiencia por causas de fuerza mayor o caso fortuito debidamente justificados o ante la necesidad del abogado estatal o de oficio de preparar la defensa, la jueza, el juez o tribunal señalará audiencia dentro del plazo de cuarenta y ocho (48) horas, debiendo habilitarse incluso horas inhábiles. La o el abogado ni la o el fiscal podrán alegar como causal de inasistencia por fuerza mayor o caso fortuito, la notificación para asistir a un otro acto procesal recibida con posterioridad. En ningún caso podrá disponerse la suspensión de las audiencias sin su previa instalación. La jueza, el juez o tribunal podrá disponer que la audiencia se lleve a cabo mediante videoconferencia precautelando que no se afecte el derecho a la defensa, debiendo las partes adoptar las previsiones correspondientes, para garantizar la realización del acto procesal. III. Verificada la presencia de las partes, la jueza, el juez o tribunal deberá establecer el objeto y finalidad de la audiencia, debiendo dictar las directrices pertinentes, moderar la discusión y moderar el tiempo del debate. En ningún caso se permitirá el debate de cuestiones ajenas a la finalidad y naturaleza de la audiencia. Las decisiones serán emitidas inmediatamente de concluida la participación de las partes. (…) (el resaltado es añadido). A efectos de una comprensión acertada de la disposición descrita, incumbe efectuar las siguientes precisiones: Primero. Por regla general las audiencias deben desarrollarse con la presencia ininterrumpida de las partes, pero además toda audiencia debe ser instalada para luego recién disponer su suspensión si fuera el caso; no obstante, en la práctica forense propia de la tramitación procesal penal, debido a la inconcurrencia de las partes, en muchas oportunidades las referidas audiencias no pueden desarrollarse. En tal antecedente, la Ley 1173, ha previsto las formas de proceder ante inconcurrencias de los sujetos procesales, siendo las siguientes:

i) Si el imputado no comparece a la audiencia en la cual sea imprescindible su presencia, o se retira de ella, sin justificación alguna; la autoridad jurisdiccional, librará mandamiento de aprehensión a efectos de su comparecencia. ii) Si el defensor injustificadamente no asiste a la audiencia o se retira de ella, este actuar será considerado como un abandono malicioso y se designará un defensor estatal o de oficio; asimismo, el juez o tribunal procederá a sancionarlo conforme dispone el art. 105 del CPP (sanción por abandono malicioso)1, posibilitando también la remisión de antecedentes al Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, unicamente para fines de registro.

iii) Si el querellante sin justa causa no comparece al actuado solicitado por el o se retira de ella sin autorización, el juez o tribunal, dará por abandonado su planteamiento.

iv) Ante la inasistencia del fiscal, el juez o tribunal, inmediatamente pondrá en conocimiento del Fiscal Departamental a efectos de la designación de otro fiscal bajo pena de imponer responsabilidades en contra del inasistente; sobre este punto, incumbe precisar que la presentación del cuaderno de investigación no convalida la inasistencia del indicado representante del Ministerio Público.

En cuanto a la imposibilidad de desarrollar las audiencias, la indicada norma en estudio, ha previsto que excepcionalmente por causas de fuerza mayor o caso fortuito debidamente justificados o ante la necesidad del abogado estatal o de ofició para preparar la defensa, el juez o tribunal señalará audiencia dentro el plazo de cuarenta y ocho (48) horas con la habilitación incluso horas inhábiles. En este punto, resulta pertinente señalar que el abogado ni el fiscal podrán alegar como causal de inasistencia por fuerza mayor o caso fortuito, la notificación para asistir a un otro acto procesal recibida con posterioridad; es decir, no resulta eficaz el hecho de justificar su inasistencia sustentando en la notificación a otra audiencia despues o con posterioridad al señalamiento efectuado por el tribunal o juez. Lo descrito precedentemente, se constituye en reglas generales a aplicarse en el señalamiento y desarrollo de las audiencias dentro el proceso penal; directrices que necesariamente merecen ser precisadas para el desarrollo de audiencias en instancias de apelación incidental emergente de la aplicación del régimen de medidas cautelares.

Ahora bien, en cuanto a la inasistencia del imputado a las audiencias señaladas o se retire de ella sin justificación; tal como se tiene precisado lineas arriba, el juez o tribunal, al advertir que su presencia es imprescindible, librará mandamiento de aprehensión a efectos de su comparecencia; no obstante de ello, el Tribunal Supremo de Justicia el 10 de junio de 2019 emitió el “Reglamento de Conductas y Medidas Disciplinarias Inherentes al Poder Ordenador y Disciplinario en Audiencia en Materia Penal”, en cuyo art. 25 respecto a la tramitación de la audiencia de vista y resolución del recurso de apelación incidental de medida cautelar, estableció que:

I. La incomparecencia del imputado no justificada, tendrá los efectos previstos por el Código de Procedimiento Penal.

II. La inasistencia del imputado a los Tribunales de alzada, como efecto de los recursos de apelaciones restringidas, incidentales y/o de medidas cautelares, encontrándose presente el abogado defensor, no será causal

de suspensión debiendo el abogado defensor exponer el alegato correspondiente (el resaltado es añadido).

Consecuentemente, resulta evidente que la inasistencia del imputado a una audiencia de apelación sea restringida, incidental o propios del régimen de medidas cautelares, no suspenderá el actuado procesal cuando el abogado defensor se encuentre en audiencia; es decir, a efectos de asegurar la celeridad de los actuados procesales y el ejercicio de la defensa técnica, el tribunal que conoce las apelaciones, deberá desarrollar las audiencias con la sola presencia del abogado defensor a efectos de que este fundamente los agravios y las pretensiones de su defendido; contexto, que conlleva a enfatizar que, bajo ningún motivo los tribunales de apelación deberán prescindir u omitir la participación amplia del abogado defensor antes de emitir la resolución que corresponda, garantizando de esa forma el derecho a la defensa técnica del procesado penalmente. Respecto a la inasistencia injustificada del abogado defensor a la audiencia de apelación incidental, la indicada norma ha previsto que dicho causídico debe ser reemplazado con la designación de un abogado defensor estatal o uno de oficio (lo que supone una posible sanción al abogado inasistente); medida que, conlleva a que el juez o tribunal suspenda la audiencia y señale otra dentro las cuarenta y ocho (48) horas a efectos de que el abogado estatal o el de oficio, preparé su defensa; de ello, se colige que, el legislador ordinario ha previsto la suspensión excepcional de las audiencias; excepcionalidad, que también aplica a las audiencias donde se resuelvan solicitudes propias del régimen de medidas cautelares en primera instancia y apelación; de igual forma, el legislador ha previsto que el procesado penalmente debe contar en todo momento con un abogado defensor en el desarrollo de las audiencias que implica también los actuados donde se resuelvan medidas cautelares en ambas instancias; razonamiento que se ajusta a garantizar el derecho a la defensa del procesado; sobre el particular, el indicado “Reglamento de Conductas y Medidas Disciplinarias Inherentes al Poder Ordenador y Disciplinario en Audiencia en Materia Penal”, mediante su art. 24 epigrafiado como (INCONCURRENCIA DEL ABOGADO DE LA DEFENSA), regula lo siguiente:

I. La inconcurrencia del abogado defensor del imputado, será sancionado conforme a lo previsto por el Código de Procedimiento Penal. II. Cuando el abogado defensor no pueda estar presente a la audiencia convocada por la autoridad judicial, deberá hacer conocer su impedimento justificado antes de las cuarenta y ocho horas de la fecha y hora del señalamiento de audiencia, en cuyo caso la oficina gestora asignará inmediatamente abogado defensor. III. Ante la eventualidad de que el abogado defensor no pueda concurrir a la audiencia programada, por un caso fortuito o fuerza mayor sobreviniente, deberá hacer conocer a la oficina gestora dicho impedimento, a los fines de evitar las sanciones establecidas por el Código de Procedimiento Penal, debiendo excepcionalmente, señalarse nueva audiencia dentro del término de cuarenta y ocho horas.

En ese marco, es posible concluir que, ante la inconcurrencia del abogado defensor a la audiencia o cuando se retire de ella de forma injustificada, será pasible a sanciones por parte del juez o tribunal; empero, en el caso de la inasistencia, el causídico a efectos de evitar alguna sanción tiene la opción de justificar su ausencia con la debida anticipación tal como refiere la normativa descrita. No obstante, las previsiones regulatorias destinadas a sancionar al abogado inasistente, se tiene que estas a su vez basicamente resguardan el derecho a la defensa del procesado penalmente tal como se vio ut supra; bajo ese entender, debe quedar en claro que, ante la inasistencia del abogado defensor a las audiencias en instancias de apelación, las autoridades jurisdiccionales luego de verificar dicho extremo, deben designar a un abogado defensor estatal o uno de oficio previó a proseguir con el desarrollo de la audiencia, lo cual conlleva la posibilidad de que el juez o tribunal excepcionalmente suspenda la audiencia y señale otra dentro las cuarenta y ocho (48) horas a efectos de que el abogado estatal o el de oficio, preparé su defensa. Consecuentemente, ante la ausencia del imputado o de su abogado en las audiencias de apelación de medidas cautelares, es posible concluir en los siguientes aspectos:

a) La inasistencia del imputado a una audiencia de apelación incidental propia del régimen de medidas cautelares, no suspenderá el actuado procesal cuando el abogado defensor se encuentre en audiencia; es decir, el Tribunal debe llevar adelante el actuado garantizando la participación amplia del abogado defensor antes de emitir la resolución que corresponda. b) Ante la inasistencia del abogado defensor a la audiencia de apelación incidental, el Tribunal debe designar a un abogado defensor estatal o uno de oficio, lo que supone una suspensión excepcional de la audiencia y el señalamiento de otra dentro las cuarenta y ocho (48) horas a efectos de que el abogado estatal o el de oficio, preparé su defensa; en ese orden, no está permitido que las autoridades jurisdiccionales en instancias de apelación, desarrollen las audiencias sin la presencia de los abogados defensores.

Finalmente, incumbe señalar que, el derecho a la defensa del imputado o acusado, en su amplia dimensión en materia penal, no está constreñido únicamente a la defensa técnica a ser ejercida por un letrado, sino también implica la defensa material como una garantía fundamental que se encuentra vigente en todo el proceso penal, cuya ejericicio amplio no puede ser coartado bajo ningún concepto; puesto que, la actuación en ese sentido implicaría una flagrante vulneración del art. 115.II de la CPE y lo previsto por el art. 8.2 inc. d) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), referido a que toda persona inculpada tiene derecho de “…defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor”.

III.2. Análisis del caso concreto

La accionante señala la vulneración del derecho al debido proceso y a los principios de imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad y probidad; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra y de otra, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, planteó recurso de apelación incidental en contra del Auto Interlocutorio 493/2021 de 30 de noviembre, misma que fue sorteada a la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; sin embargo, a causa de la observaciones realizadas por el Secretario de dicha Sala, fue devuelto al Juzgado de origen, remitiéndose nuevamente el 28 de enero de 2022 al Tribunal de alzada, en consecuencia se señaló audiencia virtual de apelación incidental para el 31 de enero del citado año a horas 08:50, y al haber sido notificada para dicho actuado, conjuntamente con su defensa técnica se conectaron a la plataforma Cisco Webex con anticipación de veinte minutos; empero, sin justificación alguna les retiraron de la sala virtual y bloquearon de la referida plataforma, para posteriormente el Vocal de la Sala señalada -ahora demandado- al emitir el Auto de Vista 62/2022 de 31 de enero, donde por la supuesta inasistencia injustificada y la falta de fundamentación de agravios confirmó el Auto Interlocutorio 493/2021 de 30 de noviembre, consecuentemente, ante tal hecho mediante escritos de 1, 8 y 23 todos de febrero de 2022, impetró se señale nuevo día y hora de audiencia, copia del CD de audiencia de 31 de enero del referido año e informe sobre el número de gestora asignada, y normativa que le permite a la Oficial de Diligencias de dicho despacho suplir funciones de la gestora, mismos que fueron negados mediante providencias suscritos simplemente por el personal de apoyo. Precisada la problemática, a efectos de su compulsa, corresponde remitirnos a las Conclusiones del presente fallo constitucional; y en ese marco, se tiene que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancias de Remedios Mamani Vicencio en contra Bertha Celia Fonseca Grimaldis -ahora accionante- y otra, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto de El Alto del departamento de La Paz mediante Auto Interlocutorio 493/2021 le impuso medidas sustitutivas a la ahora impetrante de tutela -detención domiciliaria las veinticuatro horas, arraigo y presentación cada veinte días ante el Ministerio Público-, siendo la misma apelada y remitida -luego de subsanar algunas observaciones- a la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz el 28 de igual mes y año; señalándose audiencia virtual mediante la plataforma Cisco Webex para el 31 de enero de 2022 a horas 08:50, actuado judicial que le fue notificado; sin embargo, por acta de audiencia pública de la precitada fecha se informó que los sujetos procesales (el representante del Ministerio Público, la acusadora particular y la parte apelante) no se encontraban conectados en la sala virtual, por lo que el Vocal ahora demandado emitió el Auto de Vista 62/2022 de 31 de enero, confirmando la resolución de Juez de primera instancia al no haberse fundamentado agravio alguno. Bajo esos antecedentes, corresponde analizar la problemática planteada por la impetrante de tutela, en sujeción a lo establecido en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, sobre el trámite y resolución de recurso de apelación incidental, estableció la necesidad de desarrollar las audiencias de apelación de medidas cautelares contando siempre con la presencia del imputado y su abogado defensor, agregando que ante la inasistencia del abogado defensor a la audiencia de apelación incidental, el Tribunal debe designar a un abogado defensor estatal o uno de oficio, lo que supone una suspensión excepcional de la audiencia y el señalamiento de otra dentro las cuarenta y ocho (48) horas a efectos de que el abogado estatal o el de oficio, preparé su defensa; en ese orden, no está permitido que las autoridades jurisdiccionales en instancias de apelación, desarrollen las audiencias sin la presencia de los abogados defensores. Bajo lo glosado y en subsunción de la premisa normativa de referencia y a los elementos fácticos descritos en el presente fallo constitucional, corresponde remitirnos al acta de audiencia pública de fundamentación de apelación incidental de medida cautelar en la que constan los siguientes hechos:

En la ciudad de La Paz, si bien estaba señalada apara horas 08:50 a.m., empero se convocó a horas 08:52 a.m. del día Lunes 31 de enero del año dos mil veintidós, el personal de la Sala Penal Tercera, conformada por el Dr. Henry Sanchez Camacho – Vocal Presidente de la Sala Penal Tercera (…) instalaron audiencia pública de APELACION INCIDENTAL DE MEDIDA CAUTELAR dentro del proceso penal seguido por el MINISTERIO PUBLICO a instancia de la REMEDIOS MAMANI VICENCIO contra BERTHA CELIA FONSECA GRIMALDIS Y MONICA EYELEN URQUIZO FONSECA por el delito de VIOLENCIA FAMILIAR O DOMESTICA. Instalado el acto por el señor Vocal Presidente, por Secretaria de Cámara se informo acerca de la legal notificación a las partes y la presencia de las mismas en Sala Virtual.

Ausente el Señor Representante del Ministerio Público Ausente acusadora particular y ausente su abogado Ausente el imputado, ausente su abogado (APELANTE) Se informa por Secretaria de Cámara que el abogado defensor no justifico su inasistencia, tampoco se justificó el motivo de la inasistencia del imputado. SEÑOR VOCAL – DR. HENRY SANCHEZ CAMACHO. – VISTOS. - De acuerdo al informe de Secretaria de Cámara se establece que las partes han sido debidamente notificadas para este acto procesal; Sin embargo, no se encuentran las partes apelantes ni su abogado defensor, consecuentemente, en este caso se tiene que aplicar la Ley 1173 en su Disposición Décima Tercera que da lugar al Reglamento 12/2019 (Reglamento de Conductas y Medidas Disciplinarias Inherentes al Poder Ordenador y Disciplinarias en audiencia en Materia Penal), ante la inasistencia de la parte apelante se debe aplicar el art. 50 de la citada normativa legal. No habiendo más que tratar damos por concluido el presente acto procesal (sic). En consecuencia, bajo esos antecedentes el Vocal ahora demandado emitió el Auto de Vista 62/2022, confirmando la Resolución de primera instancia, utilizando como argumento central el hecho de que la parte “…Imputados apelantes y su abogado defensor no asistieron a la audiencia de apelación, es decir, en audiencia no se ha expuesto agravio alguno por la parte apelante…” (sic); empero, la accionante refiere que en la fecha señalada juntamente con su defensa técnica se encontraban conectados inclusive con veinte minutos de antelación; sin embargo, hubieren sido expulsados de la plataforma virtual sin la posibilidad de reingresar, al respecto si bien no se tiene mayor elemento probatorio, se debe tener presente que la vulneración trasunta en el procedimiento aplicado por la autoridad demandada, por cuanto no observó y menos aplicó el procedimiento pertinente, siendo lo correcto que ante la ausencia de los sujetos procesales en este caso la parte apelante, debió limitarse a realizar un nuevo señalamiento de audiencia, asegurando con ello la presencia de la ahora impetrante de tutela a la audiencia de apelación incidental; empero, de forma contraria al Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional no consideró que dicha audiencia no se podía desarrollar en ausencia del imputado y su abogado defensor y mucho menos, confirmar la resolución del Juez de primera instancia, con el único argumento de que ni el imputado ni el abogado se hicieron presentes a la audiencia y que no se expuso agravio alguno, por lo resulta evidente la vulneración del derecho al defensa vinculado a la libertad de la ahora accionante en consecuencia corresponde conceder la tutela solicitada. Asimismo resulta pertinente aclarar que con referencia a lo alegado por la autoridad demandada en sentido que no es loable la acción de libertad, “toda vez que su supuesta vulneración al debido proceso en su vertiente al derecho a la defensa no está ligada con su derecho a la libertad, porque no está con detención preventiva”(sic), corresponde referir que la misma no resulta evidente, puesto que de la revisión al contenido de la Resolución apelada se tiene que la misma impuso medidas cautelares personales a la ahora impetrante de tutela y otra, consistente en la “1. LA DETENCION DOMICILIARIA (…) las 24 horas bajo vigilancia del representante del Ministerio Público (…) 2. Arraigo de estas ciudadanas. 3. Presentación cada 20 días ante el Ministerio Público mediante el sistema que corresponde, a cuyo efecto únicamente se le autoriza la salida del domicilio de las investigadas” (sic), las cuales como podrá advertirse resultan una restricción objetiva a la libertad de la peticionante de tutela. Debiendo tenerse presente además que la prenombrada padece un grado de discapacidad física motora grave (fs. 1), por lo que, al encontrarse dentro un grupo vulnerable, correspondía como aconteció en el presente ingresar al análisis de fondo prescindiendo de cualquier barrera subsidiaria. Finalmente, la accionante refiere que presentó escritos el 1, 8 y 23 todos de febrero de 2022, solicitando que se señale nuevo día y hora de audiencia, copia del CD de audiencia de 31 de enero del indicado año e informe sobre el número de gestora asignada, y la normativa que le permite a la funcionaria de apoyo jurisdiccional suplir funciones de la gestora, mismo que fueron negados mediante providencias suscritos simplemente por el Secretario de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz José Andrés Escobar Lecoña; sin embargo, al no haber sido demandado dentro de esta acción de defensa no corresponde mayor pronunciamiento a efectos de no vulnerar el derecho a la defensa, asimismo como efecto de la concesión de tutela no corresponde mayor pronunciamiento. En consecuencia, el Juez de garantías, al haber denegado la tutela impetrada, actuó de forma incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 001/2022 de 11 de marzo, cursante de fs. 51 a 56, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de La Paz, en suplencia legal del Juez de Ejecución Penal Primero de la Capital del mismo departamento, constituido en Juez de garantías; y, en consecuencia:

1° CONCEDER la tutela solicitada, disponiéndose dejar sin efecto el Auto de Vista 62/2022 de 31 de enero y su correspondiente acta de audiencia de la citada fecha, debiendo el Vocal demandado o el que se encuentre en ejercicio de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, señalar nueva fecha y hora de audiencia para el tratamiento de la apelación incidental en contra del Auto Interlocutorio 493/2021 de 30 de noviembre, siempre y cuando la situación jurídica de la accionante no haya cambiado en su favor por el transcurso del tiempo. 2° Llamar severamente la atención a Henry David Sánchez Camacho, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por el procedimiento aplicado dentro la audiencia de apelación descrita, advirtiéndole que en caso de evidenciarse su reincidencia en este tipo de casos se remitirá antecedentes al Consejo de la Magistratura. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller

MAGISTRADA

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Notas al pie

1 Art. 105 CPP “(Sanción Por abandono malicioso). Si el abandono tiene como propósito dilatar el desarrollo del proceso, el juez o tribunal sancionará con multa al defensor, equivalente a un mes de remuneración de un juez técnico y remitirá antecedentes al Colegio Profesional correspondiente a efectos disciplinarios”.

Más sobre Acción de libertad — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0689_2023-S1.pdf · páginas 1 a 16.

Huella digital del PDF (SHA-256): 4d3477bbb60e66d0a59bcd826e5e21946ea4c1464e4c490268941bcd45e32056

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

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