B.IA.LEGAL

SCP 0688/2026-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 27 de abril de 2026

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
27 de abril de 2026
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
61211-2024-123-AAC
Departamento
Tarija
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

La accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso, en sus vertientes de motivación y fundamentación, a la defensa, así como a la impugnación; toda vez que la Jueza de Sentencia Penal Tercera de la Capital del departamento de Tarija -ahora demandada-, ante la interposición de la objeción a la querella, emitió el Auto Interlocutorio 298/2023, mediante el cual rechazó in limine dicha objeción; y que, habiendo interpuesto recurso de apelación contra ese rechazo, por Auto de 13 de julio de 2023 denegó el recurso de apelación en virtud del art. 315.II del CPP, sin considerar que dicha previsión legal está destinada a las excepciones e incidentes; y que la objeción a la querella cuenta con un procedimiento propio, previsto en el art. 291 del CPP. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 31/2024 de 17 de mayo, cursante de fs. 109 a 113, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, conforme los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Denegatoria de la acción de amparo constitucional por actos consentidos expresamente
  2. III.2. Análisis del caso concreto

¿Tenés un caso parecido?

B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.

Probá 6 consultas gratis con registro y foto en tiempo real, y tu matrícula del RPA

¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →

Texto completo

Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0688/2026-S3 Sucre, 27 de abril de 2026 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de amparo constitucional Expediente: 61211-2024-123-AAC Departamento: Tarija En revisión la Resolución 31/2024 de 17 de mayo, cursante de fs. 109 a 113, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional, interpuesta por Mayra Serrano Machicado contra Magali Zaida Calderón Maldonado, Jueza de Sentencia Penal Tercera de la Capital del departamento de Tarija.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 5 de enero de 2024, cursante de fs. 16 a 20, la accionante expresó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 28 de junio de 2023, fue notificada con el Auto Interlocutorio 279/2023 de 26 del mismo mes y año, mediante el cual, Magali Zaida Calderón Maldonado, Jueza de Sentencia Penal Tercera de la Capital del departamento de Tarija -autoridad hoy demandada-, admitió la querella interpuesta en su contra por Julio Morales Tarqui y Teresa Mamani, por la presunta comisión de los delitos de abuso de confianza y despojo, -delitos de acción privada-. Fue así que, el 3 de julio del precitado año, formuló objeción a la querella en cuanto a su admisibilidad, por el incumplimiento de los requisitos previstos en el art. 290 del Código de Procedimiento Penal (CPP), respecto a la ocurrencia del delito y a los elementos de convicción que hagan presumir la existencia del ilícito; asimismo, observó que los querellantes acreditaran su condición de víctimas, para cuyo efecto debían demostrar el agravio, daño o perjuicio sufrido, en ese sentido, refutó también la incongruencia de la querella, debido a que presentó relatos incompletos y no claros, que generen en su conjunto convicción de la existencia de los elementos configurativos del delito; más aún cuando los propios querellantes adjuntaron documentación referida a que ella no negó la entrega del bien inmueble; por el contrario, efectuó el reclamo de los gastos realizados, amparada en los arts. 96, 97 y 98 del Código Civil (CC), normativa que inclusive le otorga el derecho de retención del bien inmueble, lo cual constituye un óbice para la admisión de la querella. Asimismo, los propios querellantes indicaron la existencia de un proceso de reivindicación, pendiente de emisión de Auto de Vista, cuyo objeto era la reivindicación de la parte del bien inmueble que acusaron de pretender apropiarse y despojar; sin embargo, no tomaron en cuenta el carácter fragmentario y subsidiaridad del derecho penal. Adujo también que los querellantes no indicaron ni presentaron prueba de los agravios, daños o perjuicios como elementos que acreditaran su condición de víctimas; es decir, que la querella fue objetada de manera correcta, con el propósito de contar con una demanda que permitiera ejercer el derecho a la defensa sin restricciones, sin embargo, de manera subjetiva, sesgada, vulneradora de derechos y de la normativa legal, se emitió el Auto Interlocutorio 298/2023 de 5 de julio, mediante el cual se rechazó in limine la objeción a la querella, aplicando incorrectamente el art. 315.II del CPP, ya que no se trataba de una excepción o incidente de nulidad u otros, sino de una objeción a la querella regulada por el art. 291 del mismo cuerpo normativo, con su propio procedimiento para su resolución y recurso, previsto en el art. 403 y siguientes de la Ley adjetiva penal, no obstante la lesión de la normativa citada supra, la autoridad hoy demandada negó el recurso de apelación interpuesto contra el Auto Interlocutorio 298/2023, aplicando nuevamente de manera errónea el art. 315 de la Ley adjetiva penal, mediante Resolución de 13 de julio de 2023, transgrediendo de esa manera el debido proceso y el derecho a la defensa. Añadió también que la Jueza hoy demandada, al rechazar in limine la objeción a la querella en virtud del art. 315.II del CPP, vulneró su derecho al debido proceso en su vertiente de fundamentación y motivación, ya que dicha previsión legal está destinada a las excepciones e incidentes, en el marco del procedimiento previsto en el art. 314 del mismo cuerpo normativo, cuando la objeción a la querella cuenta con un procedimiento propio, previsto en el art. 291 del CPP; por tanto, se conculcó el citado precepto legal. La vulneración precitada le ocasionó un perjuicio, debido a que limitó el ejercicio de su derecho a objetar la querella, al rechazarla in limine, sin el correspondiente trámite y decisión de fondo que, a su vez, le permitiera contar con hechos claros y precisos para ejercer plenamente su derecho a la defensa.

La incorrecta e incongruente motivación y fundamentación del Auto Interlocutorio 298/2023, ocasionada por la aplicación del art. 315.II del CPP, lesionó su derecho a la impugnación de las resoluciones, previsto en el art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), al haberse emitido la Resolución de 13 de julio de 2023, mediante la cual la autoridad hoy demandada negó la remisión del recurso de apelación incidental formulado contra el Auto Interlocutorio precitado.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos al debido proceso en su vertiente de motivación y fundamentación, a la defensa, así como a la impugnación; citando al efecto los arts. 115 y 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se disponga: a) Dejar sin efecto el Auto Interlocutorio 298/2023; así como, la Resolución pronunciada de 13 del mismo mes y año; y, b) Que la autoridad hoy demandada, resuelva la objeción a la querella conforme a procedimiento.

I.2. Trámite Procesal ante el Tribunal Constitucional Plurinacional

I.2.1. Improcedencia de la acción de amparo constitucional

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, mediante Auto Definitivo 03/2024 de 9 de enero, cursante de fs. 22 a 23 vta., declaró la improcedencia de la presente acción de amparo constitucional por subsidiariedad; posteriormente, dicho fallo fue notificado a la solicitante de tutela el 10 del mismo mes y año (fs. 24); por lo que, mediante memorial presentado el 15 de igual mes y año (fs. 25 a 26 vta.), impugnó dicha determinación.

I.2.2. Admisión

Por Auto Constitucional (AC) 0057/2024-RCA de 23 de febrero, cursante de fs. 31 a 36, la Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional, en ejercicio de la facultad conferida por el art. 30.III del Código Procesal Constitucional (CPCo), resolvió revocar la Resolución 03/2024 de 9 de enero, disponiendo que la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija admita la presente acción de defensa y someta la causa al trámite previsto por ley, debiendo pronunciar resolución en audiencia pública, concediendo o denegando la tutela impetrada, según corresponda en derecho.

I.2.3 Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual el 17 de mayo de 2024, según consta en acta cursante de fs. 104 a 108 vta., presentes la solicitante de tutela, los terceros interesados, así como el representante del Ministerio Público; y, ausente la autoridad demandada; se produjeron los siguientes actuados:

I.2.4. Ratificación y ampliación de la acción

La impetrante de tutela, a través de su abogado en audiencia, ratificó los fundamentos contenidos en su memorial de acción de amparo constitucional y ampliando los mismos, señaló que: 1) La objeción a la querella fue congruente y debidamente argumentada en la inexistencia, en la querella o acusación particular, de los requisitos de la misma, no solamente los contenidos en los artículos observados para tal situación, sino también de los elementos del ilícito penal, los elementos de convicción que hagan presumir la existencia del delito; así mismo, que los querellantes hubieran acreditado su condición de víctimas, para cuyo efecto debían demostrar el agravio, daño y perjuicio; 2) Lo precedentemente manifestado no fue debidamente analizado al momento de admitir la misma, lo que ocasionó la vulneración y conculcación de sus derechos, toda vez que, de manera subjetiva y obviando el análisis correspondiente, la autoridad demandada, en el Considerando II del Auto Interlocutorio 298/2023, expresó que dichos incidentes suelen ser presentados con la intención de dilatar el proceso, otorgando una calificación subjetiva al ejercicio del derecho a la defensa, establecido en los arts. 290 y 291 del CPP; 3) No puede confundirse la objeción a la querella como un incidente; la normativa es clara, las interpretaciones de la Jueza demandada y de los terceros interesados es subjetiva; si bien se le otorga el trámite de incidente, no se trata de un incidente, inclusive, la aplicación de los arts. 314 y 315 del CPP está referida a una etapa procesal dentro de la investigación de delitos de acción penal pública, mientras que la objeción a la querella, dentro de un procedimiento por delitos de acción penal privada, establece su propio trámite; para corroborar la anterior, se tiene la previsión del art. 403.5 de la Ley adjetiva penal, reservada para la apelación incidental de las resoluciones que resuelvan las objeciones a la querella; en tanto que el numeral 2 del mismo artículo prevé las apelaciones incidentales contra resoluciones que resuelvan una excepción o incidente, por tanto, el legislador previó que la objeción a la querella tenga su propio trámite, por consiguiente, no se puede confundir la pretensión de la aplicación forzada, discrecional y arbitraria de los arts. 314 y 315 del CPP para rechazar in limine la objeción a la querella; 4) Formulada la apelación, esta le fue negada mediante Resolución de 13 de julio de 2023; por tanto, se le negó la remisión del recurso ante el superior jerárquico, a efectos de su debida y correcta tramitación del mismo; 5) Por lo anterior, se tienen por vulnerados los arts. 290, 291 y 403.5, todos del CPP, en relación con el derecho al debido proceso, respecto a la incorrecta fundamentación y motivación de las resoluciones; 6) La autoridad demandada, en la providencia precitada, citó la SCP 0944/2017-S1 de 28 de agosto; empero, dicha Sentencia se refirió a una excepción de incompetencia, por lo que no resulta aplicable al caso concreto y, por ende, no es vinculante; 7) En materia penal, la autoridad jurisdiccional no tiene la posibilidad de efectuar una revisión previa a la admisión del recurso, a diferencia de otras materias, como la civil; 8) Ante la interposición de algún recurso, la autoridad hoy demandada tenía la obligación de remitir ante la autoridad correspondiente, a fin de que dicha instancia se pronuncie respecto a su procedencia, fundamentación y demás aspectos emergentes de su análisis; 9) La autoridad demandada refirió que contra la Resolución de 13 de julio de 2023, debió interponerse recurso de reposición; al respecto, se tiene el AC 0057/2024-RCA de 23 de febrero -Auto que resolvió la impugnación a la declaración de improcedencia del presente amparo constitucional-, que en su punto II.2, “Análisis del caso concreto”, inc. i), indicó que, conforme al art. 403 del CPP, la accionante tenía como medio de impugnación contra la resolución que resolvió su objeción a la querella el recurso de apelación incidental, al haber hecho uso de ese medio idóneo, agotó la vía ordinaria correspondiente, cumpliendo de esa manera con el principio de subsidiariedad que rige la presente acción tutelar, quedando abierta la vía constitucional, asi mismo, en el inc. ii), se tuvo por cumplido el principio de inmediatez, por cuanto la Resolución fue emitida el 13 de julio de 2023 y la presente acción fue presentada el 5 de enero de 2024; 10) En audiencia -se comprende de juicio- se puso en conocimiento de la autoridad hoy demandada la existencia de una acción de amparo constitucional interpuesta en su contra por la emisión del Auto Interlocutorio 298/2023, así como por la Resolución de 13 de julio de 2023; sin embargo, la Jueza determinó continuar con la ejecución del proceso y emitió una sentencia condenatoria en su contra, motivo por el cual formuló recurso de apelación restringida, que esa data se encontraba en trámite; y, 11) Al solicitar la otorgación de la tutela impetrada conlleva la nulidad de los actos procesales emitidos por la autoridad demandada, ya que sería imposible conceder la tutela solicitada manifestando que se dé curso al recurso de apelación incidental en contra del Auto Interlocutorio 298/2023, existiendo un trámite de recurso de apelación restringida, todo en resguardo del debido proceso; consecuentemente, impetró la concesión de tutela solicitada, revocando la Resolución de 13 de julio de 2023, el Auto Interlocutorio 298/2023, así como, se declare la nulidad de todos los actos posteriores a esas resoluciones y de esa manera se disponga la remisión del recurso de apelación incidental en contra de dichas resoluciones.

I.2.5. Informe de la parte demandada

Magali Zaida Calderón Maldonado, Jueza de Sentencia Penal Tercera de la Capital del departamento de Tarija, mediante informe escrito de 16 de mayo de 2024, cursante a fs. 58 y vta., señaló que: i) La accionante manifestó que se le habría vulnerado el derecho al debido proceso, en su vertiente incorrecta fundamentación y motivación, al fundamentar con el “parágrafo II del art. 315” del CPP, mismo que está destinada a excepciones e incidentes, cuando la objeción a la querella cuenta con su propio procedimiento; ii) De la lectura del Auto Interlocutorio 298/2023, se evidencia una debida fundamentación, ya que dio a conocer el iter lógico, demostrando, con los mismos argumentos referidos por la acusada, que se trataba de un incidente dilatorio cuya única finalidad era retardar la tramitación del proceso y generar una apelación para ganar tiempo, toda vez que los fundamentos de la objeción a la querella resultaban incongruentes e incoherentes; iii) Respecto a que la tramitación se efectuó conforme a los arts. 314 y 315 del CPP, cuando debió sustanciarse con base en el art. 291 del mismo cuerpo normativo, no tiene asidero legal, toda vez que la objeción de querella constituye un incidente y, conforme a la definición, se trata de un litigio accesorio al procedimiento judicial principal que el Juez o Tribunal debe resolver mediante sentencia interlocutoria o Auto; por su parte, el Tribunal Constitucional Plurinacional, mediante la SCP 0507/2012 de 9 de julio, señaló que los incidentes son cuestiones procesales no determinadas ni precisadas de manera taxativa en la norma legal, señalando que, según la doctrina procesal, el incidente es un medio defensivo, distinto o diferente al litigio principal, pero relacionado directamente con él; se sustancia y decide por separado; puede ser planteado durante la tramitación del proceso penal, es decir, durante la etapa preparatoria, juicio, recursos o de manera sobreviniente en la fase de ejecución de la sentencia; iv) Arturo Yáñez, en la pág. 284 de su obra Excepciones e Incidentes, ubicó a la objeción de querella como un incidente transversal; y, v) La acusada -hoy solicitante de tutela- apeló dicha resolución; motivo por el cual, en virtud de las modificaciones introducidas por la Ley 586 de 30 de octubre de 2014-Ley de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal-, se emitió la providencia de 13 de julio de 2023, mediante la cual se negó la remisión de antecedentes a la Sala Penal; sin embargo, dicha resolución debió ser impugnada a través del recurso de reposición y así agotada la instancia para acudir a la acción de amparo constitucional, ello en mérito al principio de subsidiariedad; empero, al no haber activado dicho recurso, consintió la referida Resolución; es más, se tiene como prueba de dicho consentimiento que el 15 de agosto de 2023, se emitió el Auto de Apertura de Juicio y se convocó a audiencia para el 31 de enero de 2024 a horas 15:30, oportunidad en la que se instaló el juicio y se presentó la acusada Maira Serrano Machicado acompañada por su abogado Héctor Reyes Serrudo, ejerciendo ampliamente su defensa y se realizó la inspección judicial del bien inmueble objeto del juicio y del domicilio de la acusada y posteriormente, concluida la producción probatoria, se emitió Sentencia condenatoria imponiéndole tres (3) años de privación de libertad; incluso, interpuso recurso de apelación restringida, por consiguiente, de conformidad con las previsiones del art. 53 del CPCo, la acción de amparo constitucional no procede contra actos consentidos libre y expresamente; en consecuencia, solicitó se deniegue la tutela impetrada.

I.2.6. Intervención del Ministerio Público

Luis Gutiérrez, en representación del Ministerio Público, en audiencia manifestó que, el Ministerio Público en su rol constitucional de perseguir la acción penal va a estar a la espera de lo que en derecho se disponga, para asumir o tomar las acciones que correspondan.

I.2.7. Informe del tercero interesado

Julio Morales Tarqui y Teresa Mamani, a través de su abogado en audiencia, indicaron que: a) La objeción a la querella estableció que, supuestamente, no se habría cumplido con los requisitos previstos por el art. 290.5 del CPP, referidos a la relación circunstanciada de los hechos; sin embargo, la autoridad jurisdiccional manifestó que dicha relación fáctica era precisa; b) La accionante cuestionó las determinaciones emitidas por la Jueza hoy demandada, sosteniendo que la objeción a la querella tiene un procedimiento especial y que no constituye un incidente; empero, conforme señaló la Jueza ahora demandada en el Auto Interlocutorio 298/2023, la objeción de querella constituye un incidente transversal, criterio sustentado en la doctrina del autor Arturo Yáñez, en la presente audiencia se respaldó dicho entendimiento citando al autor Antonio Condori Mamani, quien en su obra Excepciones e Incidentes, capítulo 2 y parte “Incidentes”, página 81, estableció que los incidentes transversales son la objeción de querella y la recursión; c) La Jueza hoy demandada, en el Auto Interlocutorio “198/2023”, estableció que, al tratarse de un incidente transversal, se aplica el art. 315.II del CPP, disposición que prevé que cuando las excepciones y/o incidentes sean manifiestamente improcedentes por carecer de fundamento y prueba, la jueza, el juez o tribunal deberá rechazarlos in limine, sin recurso ulterior, dentro del plazo de veinticuatro horas, sin necesidad de audiencia y sin mayor trámite, no obstante, la parte acusada -ahora solicitante de tutela-, en un error de razonamiento e interpretación del procedimiento y normativa que regula este tipo de procesos penales, establece que la Jueza no debía aplicar el art. 315.II del CPP, que el art. 290 del mismo cuerpo normativo tiene su propio procedimiento; sin embargo, se estableció por apoyo de la doctrina como fuente del derecho, que la objeción de querella constituye un incidente transversal; razón por la cual la autoridad jurisdiccional corroboró el cumplimiento del art. 290.5 del CPP y, una vez valorado la misma, procedió a su rechazo in limine; d) La Jueza hoy demandada, en su informe, refirió que la ahora accionante, en su demanda de acción de amparo constitucional, alegó la vulneración de su derecho al debido proceso; empero, no contemplo que después de plantear inclusive el recurso de apelación, operó el principio de convalidación, como se puede apreciar, posterior a la interposición de la presente acción tutelar, la hoy impetrante de tutela, junto a su abogado, compareció al juicio oral, formuló recurso de reposición, expuso su fundamentación, presentó alegatos y conclusiones, además de realizar sus actuaciones procesales, como la interposición de recurso de apelación restringida contra la Sentencia condenatoria pronunciada en su contra; implicando ello, que operó el principio de convalidación; y, e) Del análisis del expediente se advierte que existe un petitorio tanto en la objeción a la querella como en su recurso de apelación, en el que se establece la falta de verosimilitud del derecho y la falta de acreditación de la condición de víctima y véase “o en su defecto disponga la subsanación de los defectos”, Ello demuestra que la propia parte estaría orientando su pretensión hacia un defecto relativo; además, la objeción de querella, al constituir un incidente transversal, versa sobre aspectos formales y no de fondo, al respecto, en aplicación de lo previsto por el art. 170.2 del CPP, respecto a los defectos relativos, cuando quienes tienen derecho a reclamar hubieren aceptado expresa o tácitamente los efectos del acto, lo que significa que bajo el principio de convalidación y conforme a la norma precitada, la accionante aceptó tácitamente su supuesta o hipotética objeción y sus defectos que han advertido supuestamente hecho que no puede ser objeto de la presente acción de amparo constitucional y pretender que se subsane tal situación como ella lo pretende, consecuentemente, solicitaron la denegatoria de la tutela impetrada, sea con imposición de costas y costos procesales.

I.2.8. Resolución

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, por Resolución 31/2024 de 17 de mayo, cursante de fs. 109 a 113 denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: 1) De los antecedentes cursantes en el expediente se tiene que, el 3 de julio 2023, Mayra Serrano Machicado, formuló objeción a la querella y que el 5 del mismo mes y año, la autoridad ahora demandada emitió el Auto Interlocutorio 298/2023, que en la parte resolutiva dispuso el rechazo in limine del incidente de objeción de querella, por ser manifiestamente improcedente e infundado, señalando además que de conformidad con el art. 315 de CPP, dicha resolución no admite recurso ulterior, así mismo, se advierte que el 11 del mes y año citados precedentemente, la ahora impetrante de tutela interpuso recurso de apelación incidental, mereciendo como respuesta la Resolución de 13 de julio de 2023 emitida por la Juez hoy recurrida, en la que refirió, que debido al uso indiscriminado de incidentes y excepciones que tienen la única finalidad de provocar dilación en los procesos, es que el legislador incorporó normas legales que frenen esa práctica, como por ejemplo, la figura de rechazo in limine, cuando sean manifiestamente improcedentes, por carecer de fundamento y prueba, debiendo ser rechazada sin recurso ulterior; consiguientemente, en el marco del principio de legalidad, la Jueza manifestó que se encontraba imposibilitada de remitir antecedes a la Sala Penal, habida cuenta que la norma es imperativa y obrar en contrario, significaría no acatar las modificaciones previstas en la Ley 586 y en consecuencia también a lo resuelto por el Auto Interlocutorio 276/2023 y la SCP 0944/2017-S1 de 28 de agosto; 2) En el caso de autos, la impetrante de tutela refirió que se vulneró su derecho al debido proceso, "a la legitima defensa"; empero, la misma interpuso recurso de apelación incidental contra del rechazo a la objeción de la querella, ejerciendo de esa manera su derecho a recurrir dentro del plazo establecido en la normativa procesal penal; 3) La autoridad jurisdiccional de manera correcta fundamentó y motivó su Resolución, al señalar que contra dicha Resolución no se admite recurso ulterior y que en aplicación a lo establecido la Ley 586 y la Sentencia Constitucional Plurinacional a la que hizo referencia, no corresponde remitir a la Sala Penal; por tanto, aplicó correctamente lo establecido en la Ley adjetiva penal respecto a los incidentes y excepciones, tomando en cuenta que la objeción a la querella es un incidente transversal; y, 4) El espíritu de la Ley de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal tiene por finalidad descongestionar el sistema penal y reducir la retardación de justicia, garantizando una justicia pronta, oportuna y eficaz en el marco de la Norma Suprema, en tal sentido, la autoridad ahora demandada aplicó correctamente el procedimiento al agilizar la tramitación del presente proceso; es decir, se evidenció que el accionar de la Jueza se enmarcó en lo previsto por la citada Ley, consiguientemente, no resultó evidente la vulneración de derechos fundamentales alegada por la accionante; por el contrario, se verificó una correcta aplicación de la normativa procesal penal relativa a incidentes y excepciones, en consecuencia, denegó la tutela impetrada.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional.

Así mismo conforme el Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-004/2025-II de 30 de diciembre, se dispuso la devolución y nuevo sorteo de expedientes pendientes de resolución emergente de la cesación de cinco magistraturas, en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Del memorial presentado por Mayra Serrano Machicado, el 3 de julio de 2023, ante el Juzgado de Sentencia Penal Tercero del departamento de Tarija, se advierte que, al amparo del art. 291 del CPP, objetó la querella interpuesta en su contra (fs. 2 a 3). II.2. Cursa el Auto Interlocutorio 298/2023 de 5 de julio, mediante el cual Magali Zaida Calderón Maldonado, Jueza de Sentencia Penal Tercera de la Capital del departamento de Tarija, rechazó in limine el incidente de objeción de querella interpuesto por Mayra Serrano Machicado ahora accionante, por ser manifiestamente improcedente e infundado, además, resaltó que dicha Resolución, de conformidad con el art. 315 del CPP, no admite recurso ulterior (fs. 5 a 7). II.3. Consta memorial de interposición de recurso de apelación incidental, presentado por Mayra Serrano Machicado hoy accionante, el 11 de julio de 2023, contra el Auto Interlocutorio 298/2023 de 5 de julio (fs. 8 a 10). II.4. De la Resolución de 13 de julio de 2023, se advierte que la autoridad ahora demandada, en respuesta al memorial de apelación incidental, expresó que, en virtud del uso indiscriminado de incidentes y excepciones, el legislador vio por conveniente incorporar a la normativa una disposición que frene dicha práctica; por ello, introdujo la figura del rechazo in limine, cuando estos sean manifiestamente improcedentes, por carecer de fundamento y prueba, asimismo, indicó que el rechazo no admite recurso ulterior; motivo por el cual, en observancia del principio de legalidad, se vio imposibilitada de remitir antecedentes ante la Sala Penal (fs. 12). II.5. Consta la Sentencia 04/2024 de 5 de febrero, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Tercera del departamento de Tarija, mediante la cual se advierte que Mayra Serrano Machicado -ahora accionante- fue declarada autora del delito de despojo con la agravante de que las víctimas adultas mayores, condenándola a cumplir una pena privativa de libertad de tres (3) años en el Centro Penitenciario de Morros Blancos de Tarija (fs. 82 a 90). II.6. Del memorial presentado el 1 de marzo de 2024, ante el Juzgado de Sentencia Penal Tercero del departamento de Tarija, se advierte que la hoy peticionante de tutela formuló recurso de apelación restringida contra la Sentencia 04/2024 de 5 de febrero (fs. 91 a 96 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso, en sus vertientes de motivación y fundamentación, a la defensa, así como a la impugnación; toda vez que la Jueza de Sentencia Penal Tercera de la Capital del departamento de Tarija -ahora demandada-, ante la interposición de la objeción a la querella, emitió el Auto Interlocutorio 298/2023, mediante el cual rechazó in limine dicha objeción; y que, habiendo interpuesto recurso de apelación contra ese rechazo, por Auto de 13 de julio de 2023 denegó el recurso de apelación en virtud del art. 315.II del CPP, sin considerar que dicha previsión legal está destinada a las excepciones e incidentes; y que la objeción a la querella cuenta con un procedimiento propio, previsto en el art. 291 del CPP. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Denegatoria de la acción de amparo constitucional por actos consentidos expresamente

Sobre los actos consentidos, la SCP 640/2023-S3 de 22 de junio, reiteró el entendimiento asumido por la SCP 2070/2012 de 8 de noviembre, señaló que: “…para dilucidar dicho problema, debemos conceptualizar el significado de ‘acto consentido’, en primer lugar, diremos que según el Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales de Manuel Osorio, el vocablo ‘acto’ es: ‘Manifestación de voluntad o de fuerza. Hecho o acción de lo acorde con la voluntad humana. Hecho o acción, como simple resultado de un movimiento. Instante en que se concreta la acción. Ejecución, realización frente a proyecto, proposición o tan solo intensión. Hecho a diferencia de la palabra, y más aún del pensamiento. Celebración, solemnidad. Reunión. Periodo o momento de un proceso, en sentido general. El empleo de la palabra como documento es galicismo, infiltrado en algunos Códigos Civiles de Hispanoamérica y propenso a crear equívocos con otros significados del vocablo (L. Alcalá-Zamora)’. El mismo diccionario, establece que ‘consentimiento’, es: ‘acción y efecto de consentir’, y la palabra ‘consentir’ según el mismo diccionario, es: ‘Permitir algo, condescender en que se haga. Aceptar una oferta o proposición. No presentar recurso contra una resolución judicial dentro del término dado para ello. Obligarse. Otorgar’.

En tal sentido, para que exista un acto consentido, debe existir una voluntad manifiesta sobre una acción, siendo muy importante la determinación de la voluntad expresa o manifiesta sobre hechos y actos.

De esta forma, se deben establecer las siguientes subreglas para poder considerar la existencia de un acto consentido, en tal sentido deberá considerarse como acto consentido: a) Cuando dentro de un proceso administrativo, judicial o de otra naturaleza se hayan vulnerado derechos y garantías constitucionales y que dichos aspectos o actos vulneratorios, sean de conocimiento del accionante, y éste no hubiese interpuesto dentro del término legal, ninguna acción para tratar de restituir los derechos o garantías vulnerados; y, b) Que se hubiese conformado con dicho acto o lo hubiese admitido por manifestaciones concretas de su voluntad; c) De conformidad con el art. 129.II de la CPE, concordante con el art. 55 del CPCo, haya dejado transcurrir el plazo de seis meses sin haber reclamado la restitución de sus derechos”.

La SCP 0198/2012 de 24 de mayo, estableció que: “…la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, ha enunciado ciertas causales de improcedencia, entre las que se encuentra el consentimiento libre y expreso del acto ilegal u omisión indebida supuestamente lesivo de derechos y garantías fundamentales. En este orden, implica que el legislador ha considerado que al ser el consentimiento una expresión de la libre voluntad, no existe causa para dar curso a la tutela cuando se advierte este supuesto en los hechos denunciados, de modo que resulta lógico jurídicamente razonar negándose la tutela, en sentido de que el acto aún se considere lesivo, si ha sido admitido y consentido por el interesado en un primer momento, aun cuando después lo denuncie y pretenda la protección, pues este Tribunal no puede estar a disposición de la indeterminación de ninguna persona, dado que ello sería provocar una incertidumbre en los actos jurídicos, que conforme al ordenamiento jurídico sustantivo como procesal tienen sus efectos inmediatos, los mismos que no pueden estar sujetos a los caprichos y ambivalencias de ninguna de las partes intervinientes, por lógica consecuencia no pueden estas actitudes ser motivo de concesión de tutela alguna.

En la SC 0345/2004-R de 16 de marzo, se concluyó que: ‘…Bajo dicho entendimiento el consentimiento libre y expreso supone la acción voluntaria de la persona de someterse al acto considerado lesivo, sin objetarlo, tomando una actitud pasiva frente al mismo, o en su caso, realizando acciones que no tienden a restablecer el acto considerado lesivo’; y luego, la referida Sentencia finalizó declarando que: ‘…para que se abra la tutela que brinda este recurso, la actuación de las partes dentro de los procesos judiciales o administrativos, una vez producido el acto considerado ilegal o lesivo, debe ser activa y permanente en procura de su reparación, para que recién, en su caso, ante la falta de protección y una vez agotados todos los medios a su alcance acudir directamente a la tutela que brinda este recurso y no realizar, por el contrario, acciones que reflejen el consentimiento del acto reclamado al continuar con la tramitación del proceso sometiéndose a sus incidencias…’. Es decir que, la tutela que brinda la acción de amparo constitucional, debe ser denegada contra los actos libre y expresamente consentidos por el accionante, los que pueden ser expresos, cuando se aceptó fehaciente o tácito el acto ilegal o la omisión indebida, dejando transcurrir el plazo que se tiene para impugnar, procediendo a ejecutar o cumplir el acto, o en su caso, sin cuestionar en la primera oportunidad que se tuvo dentro de la tramitación del proceso, ya sea judicial o administrativo”.

De lo referido se concluye que los actos consentidos en la acción de amparo constitucional, constituyen una causal de improcedencia reglada que de concurrir, impiden a la jurisdicción constitucional ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada, debiendo emitirse en la etapa de admisibilidad un auto motivado declarando su improcedencia y en caso de que la acción tutelar sea admitida, corresponde denegar la tutela solicitada ante la imposibilidad de ingresar al análisis de fondo de la problemática expuesta si después de adquirido conocimiento sobre el acto o resolución que consideraba lesivo a sus derechos fundamentales, la parte accionante no efectuó reclamo alguno, promoviendo contrariamente la tramitación del proceso que se le sigue o permitiendo que los actos supuestamente vulneratorios continúen siendo ejecutados con manifestaciones de voluntad tácita o implícita, originando que el supuesto acto continúe vulnerando sus derechos.

Por otra parte, conviene señalar la SCP 0347/2020-S3 de 23 de julio, efectuando una sistematización de la jurisprudencia emitida sobre este tópico que conlleva una causal de improcedencia reglada por el Código Procesal Constitucional, señaló: “El art. 53 núm. 2 del CPCo, ha dispuesto que la acción de amparo constitucional no procederá contra actos consentidos libre y expresamente, o cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; en cuanto al consentimiento del acto, la jurisprudencia emitida por este Tribunal ha sido uniforme al establecer que el núcleo de esta causal de improcedencia radica en esencia en la manifestación de voluntad sobre la aceptación de lo denunciado como vulnerado, expresión o acto que refleje de manera expresa e inequívoca que se está de acuerdo con los actos considerados como lesivos a los derechos que eventualmente están siendo reclamados mediante la tutela del amparo; causal que responde al derecho que tiene toda persona a obrar como mejor le parezca con el sólo limite de no desconocer los derechos de las demás personas, conforme ya lo estableció la SCP 0198/2012 de 24 de mayo, al indicar que: ‘ …se entiende que toda persona tiene la absoluta libertad de ejercer sus derechos de la forma que más convenga a sus intereses, con la sola condición de no lesionar el interés colectivo o los derechos de las demás personas; por lo mismo, frente a una eventual lesión o restricción de su derecho fundamental o garantía constitucional la persona tiene la libertad de definir la acción a seguir frente a dicha situación, ya sea reclamando frente al hecho ilegal, planteando las acciones pertinentes o, en su caso, de consentir el hecho o llegar a un acuerdo con la persona o autoridad que afecta su derecho, por considerar que esa afección no es grave y no justifica la iniciación de las acciones legales correspondientes‴ (las negrillas son añadidas).

Entendimiento reiterado en la SCP 0554/2025-S4 de 23 de mayo.

III.2. Análisis del caso concreto

La accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso, en sus vertientes de motivación y fundamentación, a la defensa, así como a la impugnación; toda vez que la Jueza de Sentencia Penal Tercera de la Capital del departamento de Tarija -hoy demandada-, ante la interposición de la objeción a la querella, emitió el Auto Interlocutorio 298/2023 de 5 de julio, mediante el cual rechazó in limine dicha objeción en mérito al art. 315.II del CPP, accionar que transgredió los derechos precitados, ya que dicha previsión legal está destinada a las excepciones e incidentes; cuando la objeción a la querella cuenta con un procedimiento propio, previsto en el art. 291 del CPP; consiguientemente, conculcó el citado precepto legal. En el caso concreto, de la revisión integral de los antecedentes que cursan en obrados, se tiene que la accionante, al ser notificada con el Auto Interlocutorio 298/2023 de 5 de julio, emitido por la Jueza de Sentencia Penal Tercera de la Capital del departamento de Tarija, formuló objeción a la querella interpuesta en su contra, la cual fue rechazada in limine bajo el entendimiento de ser manifiestamente improcedente e infundada, disponiéndose, además, que dicha determinación no admitía recurso ulterior, posteriormente, la hoy accionante interpuso recurso de apelación incidental contra dicha decisión, el cual fue respondido mediante Resolución de 13 de julio de 2023, por la que la autoridad jurisdiccional negó la remisión de antecedentes ante el superior en grado. Ahora bien, del análisis integral de la tramitación procesal, se evidencia que la actuación de la accionante se circunscribió a cuestionamientos vinculados con la interpretación normativa y a la aplicación de los arts. 290, 291 y 315 del CPP, particularmente respecto a la naturaleza jurídica de la objeción a la querella y la viabilidad del recurso de apelación. En ese mismo sentido, corresponde considerar de manera particular la conducta procesal asumida durante el desarrollo del juicio oral, donde se evidencia que la accionante participó activamente ejerciendo su derecho a la defensa material y técnica, formulando alegatos, incidentes, recursos de reposición, cuestionamientos probatorios y solicitud de complementación, además de intervenir en la producción y contradicción de la prueba, no obstante, dichas actuaciones estuvieron orientadas a la discusión de fondo del proceso penal -principalmente sobre la valoración de la posesión, la existencia de mejoras y la subsunción del hecho al tipo penal de despojo-, sin que exista constancia de una protesta formal, clara y persistente respecto del supuesto defecto procesal vinculado con el rechazo de la objeción a la querella. Asimismo, aun teniendo conocimiento de las decisiones adoptadas por la autoridad jurisdiccional, la accionante no promovió oportunamente la denuncia de un vicio procesal insubsanable durante la tramitación del proceso, limitándose a continuar con el desarrollo del juicio oral; tampoco consta que hubiera efectuado reserva de denunciar el defecto al momento de interponer posteriormente recurso de apelación restringida contra la Sentencia condenatoria, lo que evidencia su sometimiento al curso del proceso sin cuestionamiento procesal específico respecto del acto que ahora considera lesivo. En este contexto, la conducta procesal descrita revela que la parte accionante no mantuvo una oposición activa, permanente y específica respecto del supuesto defecto procesal ahora alegado, sino que, por el contrario, se conformó con dicho acto, consintiendo tácitamente la prosecución del proceso en los términos en que fue sustanciado, al no haber reclamado de manera oportuna, persistente y con reserva expresa la vulneración que ahora invoca.

Por tanto, en aplicación del entendimiento jurisprudencial desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, relativo a los actos consentidos libre y expresamente, cuando la parte accionante se hubiese conformado con el acto denunciado como lesivo o lo hubiese admitido mediante manifestaciones concretas de su voluntad, corresponde concluir que la presente acción de amparo constitucional se encuentra alcanzada por dicha causal de improcedencia, al haberse evidenciado la existencia de una conducta procesal de aceptación tácita de los actos ahora cuestionados, sin reclamo oportuno ni reserva expresa de impugnación; razón por la cual no corresponde a este Tribunal ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada. En consecuencia, la Sala Constitucional al denegar la tutela impetrada, aunque con distinta terminología, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 31/2024 de 17 de mayo, cursante de fs. 109 a 113, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, conforme los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo.Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo.Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

Más sobre Acción de amparo — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0688_2026-S3.pdf · páginas 1 a 15.

Huella digital del PDF (SHA-256): fc8f261389c42ae03960e68d84ca9d3b29443ade46cc13a38f95ea6325622fcf

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →