Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 15 de abril de 2026
Deniega la tutela
La impetrante de tutela denuncia la vulneración a sus derechos al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación, congruencia y valoración de la prueba; a la defensa y al principio de legalidad; toda vez que, el entonces Fiscal Departamental demandado, mediante Resolución Fiscal Departamental FDLP/WEAL/R-553/2023, revocó la Resolución B.T.Z.C./F.E.D.P./R/ 0129/2022 de rechazo de la denuncia penal presentada en su contra; no obstante, incurrió en las siguientes vulneraciones: a) Omitió valorar de manera integral la prueba; y, específicamente, su prueba de descargo; y, b) Emitió criterio de oficio respecto al delito de falsedad ideológica, extremo que no fue objeto de análisis por la Fiscal de Materia, no fue incorporado mediante querella y tampoco fue notificado a su persona para el ejercicio de su defensa, conforme a los arts. 290 y ss. del CPP. Esta actuación devino en arbitraria al ordenar diligencias concretas para investigar un delito. Ante ello, la autoridad demandada señala que: 1) La querella por falsedad ideológica fue aceptada oportunamente. […]
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 131/2023 de 7 de junio, cursante de fs. 595 a 596 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0688/2026-S2 Sucre, 15 de abril de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional Expediente: 56853-2023-114-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 131/2023 de 7 de junio, cursante de fs. 595 a 596 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Karyn Romanette Orellana Guzmán contra William Eduard Alave Laura, ex Fiscal Departamental de La Paz.
Por memoriales presentados el 10 y 20 de abril de 2023, cursante de fs. 424 a 437; y, 439 a 442 vta., la accionante manifestó lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de estelionato con agravación en caso de víctimas múltiples, a denuncia de Marcos Guzmán Laime -hoy tercero interesado- y otros; el 5 de diciembre de 2022, la Fiscal de Materia asignada al caso dictó la Resolución B.T.Z.C./F.E.D.P./R/ 0129/2022, con base en los arts. 304.3 y “4” del Código de Procedimiento Penal (CPP) por falta de indicios suficientes y existencia de obstáculo legal derivado del proceso de filiación. No obstante, la parte denunciante -ahora terceros interesados- objetó el rechazo de denuncia. Así, en grado jerárquico, William Eduard Alave Laura, ex Fiscal Departamental de La Paz, emitió la Resolución Fiscal Departamental FDLP/WEAL/R-553/2023 de 6 de marzo, revocando la Resolución B.T.Z.C./F.E.D.P./R/ 0129/2022 objetada y disponiendo la continuación de la investigación; empero: a) Omitió valorar el proceso de nulidad de filiación con Numero de Registro Judicial (NUREJ) “201454245” seguido ante el Juzgado de Familia Segundo de la Capital del departamento de La Paz, que, mediante sentencia ejecutoriada, anuló la filiación de Salustiano Guzmán Arano, causahabiente del denunciante Marcos Guzmán Laime sobre el inmueble objeto del delito de estelionato. Dicha omisión es trascendental, pues en la fase preliminar penal la existencia de un obstáculo prejudicial es un elemento objetivo que debe ponderarse para determinar la suficiencia indiciaria que justifique la imputación formal; así como la prueba que presentó en originales consistente en folio real con Matrícula 2.01.4.01.0119748; contratos privados de alquiler de 1 de enero y 1 de agosto de 2020, y de 1 de febrero y 1 de noviembre de 2021, suscritos por Carmen Guzmán Coria -su madre- con los inquilinos y no por su persona; Acta Preliminar de Entendimiento de 17 de febrero de 2022, que no determina el derecho propietario del denunciante; Acta de Posesión de 26 de marzo de ese año, que denota que los denunciantes habrían tomado violentamente el inmueble; Acta de Conciliación 98/2022 de 26 de mayo, que demuestra el accionar temerario del denunciante; su declaración informativa y su domicilio real cursante en el cuaderno de investigaciones y croquis del mismo, en razón a que se le notificó indebidamente por edicto; b) Solo cita pruebas -mayoritariamente fotocopias simples- y normas genéricas, sin subsumirlas al caso, generando incongruencia entre lo pedido, los hechos y lo resuelto. Tampoco analiza los fundamentos del rechazo de primera instancia, desatendiendo su función revisora; y, c) El ex Fiscal Departamental demandado, extralimitándose y de oficio, se pronunció sobre la falsedad ideológica, pese a que ese extremo no fue objeto de análisis por la Fiscal de Materia ni fue incorporado mediante querella conforme a los arts. 290 y ss. del CPP. Finalmente, en la parte resolutiva de su resolución ordenó actuados específicos para investigar ese delito -requerir informe treintañal a Derechos Reales (DD.RR.), entre otros-, con el fin de verificar la tradición del inmueble y advertir si hubo alteración por su parte, infringiendo el art. 73 del CPP, en concordancia con el art. 65 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP).
Denunció la vulneración a sus derechos al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación, congruencia y valoración de la prueba; a la defensa y al principio de legalidad; citando al efecto los arts. 115.II, 117.I, 119.II y 225 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela; y, en consecuencia, se disponga: 1) Dejar sin efecto la Resolución Fiscal Departamental FDLP/WEAL/R-553/2023; y, 2) Ordenar a la autoridad demandada, emita nueva resolución.
Celebrada la audiencia pública el 7 de junio de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 588 a 594, se produjeron los siguientes actuados:
La accionante, a través de sus abogados y por sí, ratificó los términos expuestos en su memorial de acción amparo constitucional y, ampliándolos manifestó que: i) El trámite “5720”, basado en un certificado de bautismo falso de 1933, con la presunta complicidad del párroco, fue anulado en la gestión 2011 y ratificado como firme el 2017, los denunciantes reutilizaron documentos nulos para obtener una nueva sentencia en Potosí -41/2017-. Con este nuevo fallo fraudulento, consiguieron una declaratoria de herederos y se inscribieron en DD.RR. como copropietarios de tres inmuebles que pertenecían a su madre, vulnerando así su derecho como única hija legítima; ii) La Fiscal de Materia dejó en claro que no se pronunciaría sobre la falsedad ideológica porque nunca se le notificó con ese extremo, de modo que no pudo ejercer defensa. Pese a ello, el entonces Fiscal Departamental demandado emitió criterio de oficio y direccionó la investigación sobre ese delito; iii) Ante la consulta del Vocal de la Sala Constitucional del por qué no había acudido al juez de instrucción penal, respondió que no lo hizo para no entorpecer la presente acción de amparo constitucional, pues consideró que apersonarse y asumir defensa ante la jurisdicción constitucional podría interpretarse como una aceptación de la resolución cuestionada o como un acto que torne improcedente esta acción de defensa por subsidiariedad. Señaló que tampoco fue notificada ante el “Juez Cautelar”; iv) Informó que, como consecuencia de la Resolución cuestionada, la Fiscal de Materia se encuentra realizando investigaciones tanto por estelionato como por falsedad ideológica, pese a que este último no estaba originalmente en la investigación, lo que agrava la vulneración a su derecho a la defensa; y, v) Aclaró que no solicita que se valore la prueba ni sustituya al Ministerio Público, sino que se deje sin efecto la Resolución Fiscal Departamental FDLP/WEAL/R-553/2023 a efectos de que el Fiscal Departamental emita un nuevo fallo considerando toda la prueba presentada y recabada por ambas partes.
William Eduard Alave Laura, entonces Fiscal Departamental de La Paz, mediante informe, cursante de fs. 501 a 502 vta., solicitó se deniegue la tutela impetrada, con base en los siguientes argumentos: a) La accionante no explicó de qué modo la Resolución Fiscal Departamental FDLP/WEAL/R-553/2023 habría lesionado la motivación, congruencia o valoración probatoria, incumpliendo los requisitos de contenido exigidos por la jurisprudencia constitucional, lo que priva a sus alegaciones de relevancia constitucional; b) La Resolución impugnada sí está debidamente motivada, es congruente y valora integralmente la prueba. Contrariamente a lo afirmado, la citada Resolución describe el hecho denunciado en su apartado “I” y analiza congruentemente los elementos colectados en los numerales 2, 3 y 4 de su apartado “II.3”; c) La querella por falsedad ideológica fue aceptada oportunamente, por lo que pronunciarse sobre ella en sede jerárquica no sólo era pertinente sino obligatorio; omitir su análisis habría sido incongruente; d) La impetrante de tutela no explicó por qué la interpretación de legalidad ordinaria sería arbitraria, absurda o incongruente, ni identificó las reglas omitidas, ni estableció el nexo causal entre la supuesta falta de motivación y los derechos lesionados, incumpliendo la carga argumentativa necesaria para habilitar el control constitucional; y, e) No es válido introducir hechos nuevos o ampliar derechos vulnerados en la audiencia de consideración de esta acción tutelar, pues ello genera indefensión a la parte contraria y vulnera el principio de igualdad; por tanto, deben excluirse consideraciones sobre argumentos fácticos adicionales a los del memorial de interposición.
Blanca Tatiana Zambrana Condori, Fiscal de Materia, no compareció a la audiencia de garantías ni presentó escrito alguno, pese a su notificación cursante a fs. 497. Marcos, Rogelia, Lidia, Darío, Salomé y Juana todos Guzmán Laime, a través de sus abogados, en la audiencia de acción de amparo constitucional, solicitaron se deniegue la tutela impetrada, argumentando que: 1) La Fiscal de Materia no puede suponer la invalidez del derecho propietario registrado, pues el análisis del tracto sucesorio corresponde al ámbito civil. Conforme a la teoría de la publicidad registral -Auto Supremo “513/2019”-, el registro en DD.RR. otorga oponibilidad y eficacia frente a terceros. En ese sentido, en materia penal solo se valora cómo está registrado el bien, no la validez del título; 2) La declaración de la inquilina y el acta de posesión, no guardan relación con el delito de estelionato ni con la decisión de revocar el rechazo de denuncia, por lo que su análisis carece de relevancia constitucional; y, 3) La impetrante de tutela pudo acudir al Juez de Instrucción Penal mediante excepciones o incidentes para cuestionar su legitimación activa o el obstáculo legal, y no lo hizo, pretendiendo subsanar esa omisión mediante esta acción de defensa.
La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por Resolución 131/2023 de 7 de junio, cursante de fs. 595 a 596 vta., denegó la tutela solicitada, en base a los siguientes fundamentos: i) La Resolución Fiscal Departamental FDLP/WEAL/R-553/2023 no define el debate jurídico ni sienta una situación de derecho consolidada. A diferencia de una resolución de imputación, acusación o confirmación de rechazo -que cierran un circuito procesal-, esta resolución ordena al Fiscal de Materia que prosiga con la investigación, sin cerrar el procedimiento. Se trata de una resolución a condición, que no materializa por sí misma una afectación irreversible de derechos; ii) La acción de amparo constitucional procede únicamente cuando no existe un proceso abierto u otra vía ordinaria para reclamar la tutela del derecho. En el presente caso, el proceso penal continúa abierto por disposición del Fiscal de Materia, quien debe agotar la investigación y emitir una decisión definitiva -acusar, rechazar u ordenar otra actuación procesal-. Frente a esa futura decisión, las partes podrán interponer los medios de impugnación correspondientes; solo entonces, si persiste la vulneración, podrán acudir a la justicia constitucional. Mientras tanto, carece de certeza y estabilidad el hecho que sustentaría un pronunciamiento de fondo; y, iii) La accionante tiene a su disposición la autoridad jurisdiccional para reclamar irregularidades como la falta de notificación con la querella por falsedad ideológica, a través de los institutos procesales pertinentes. La ausencia de notificación no puede ser reparada directamente por este mecanismo de defensa mientras el proceso ordinario siga abierto y existe un juez natural llamado a garantizar el debido proceso.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 004/2025-II de 30 de diciembre, ante el cese de cinco Magistraturas, se dispuso que los expedientes y causas sorteadas a los mismos, sean devueltas a Comisión de Admisión, para la realización de un nuevo sorteo de manera aleatoria y equitativa entre las Salas Primera, Segunda y Tercera del Tribunal Constitucional Plurinacional, a fin de que los actuales Magistrados asuman el conocimiento y prosigan con la tramitación de dichas causas hasta su conclusión, garantizando así la continuidad del servicio jurisdiccional (fs. 599 a 601); en cumplimiento a dicha determinación, el presente fallo constitucional es emitido dentro del plazo establecido por ley.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Mediante Resolución B.T.Z.C./F.E.D.P./R/ 0129/2022 de 5 de diciembre, Blanca Tatiana Zambrana Condori, Fiscal de Materia rechazó la denuncia promovida por Marcos Guzmán Laime y otros, contra Karyn Romanette Orellana Guzmán -ahora accionante-, por la presunta comisión del delito de estelionato y otros, conforme lo previsto en el art. 304.3 del CPP, ante la inexistencia de indicios y elementos de convicción suficientes para fundar una imputación formal y acusación (fs. 254 a 256 vta.). II.2. Por memoriales de 16 y 21 de diciembre de 2022, Rogelia, Marcos y Lidia todos Guzmán Laime -hoy terceros interesados- objetaron la Resolución B.T.Z.C./F.E.D.P./R/ 0129/2022 de rechazo (fs. 261 a 266 vta., 293 a 296 y 297 a 300). II.3. Consta Resolución Fiscal Departamental FDLP/WEAL/R-553/2023 de 6 de marzo, a través de la cual William Eduard Alave Laura, entonces Fiscal Departamental de La Paz -hoy demandado-, revocó la Resolución B.T.Z.C./F.E.D.P./R/ 0129/2022 de rechazo, objetada por los terceros interesados y, en consecuencia, dispuso continuar la investigación y realizar las actuaciones necesarias para esclarecer el caso (fs. 356 a 358 vta.).
La impetrante de tutela denuncia la vulneración a sus derechos al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación, congruencia y valoración de la prueba; a la defensa y al principio de legalidad; toda vez que, el entonces Fiscal Departamental demandado, mediante Resolución Fiscal Departamental FDLP/WEAL/R-553/2023, revocó la Resolución B.T.Z.C./F.E.D.P./R/ 0129/2022 de rechazo de la denuncia penal presentada en su contra; no obstante, incurrió en las siguientes vulneraciones: a) Omitió valorar de manera integral la prueba; y, específicamente, su prueba de descargo; y, b) Emitió criterio de oficio respecto al delito de falsedad ideológica, extremo que no fue objeto de análisis por la Fiscal de Materia, no fue incorporado mediante querella y tampoco fue notificado a su persona para el ejercicio de su defensa, conforme a los arts. 290 y ss. del CPP. Esta actuación devino en arbitraria al ordenar diligencias concretas para investigar un delito. Ante ello, la autoridad demandada señala que: 1) La querella por falsedad ideológica fue aceptada oportunamente. Por tanto, pronunciarse sobre ella en sede jerárquica no solo era pertinente sino obligatorio; omitir su análisis habría sido incongruente; y, 2) La impetrante de tutela no explicó por qué la interpretación de legalidad ordinaria sería arbitraria, absurda o incongruente, ni identificó las reglas omitidas, ni estableció el nexo causal entre la supuesta falta de motivación y los derechos lesionados. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Al respecto, corresponde diferenciar entre el estándar de prueba; esto es, el umbral de corroboración exigido para tener por acreditado un enunciado fáctico; y, por otro, el deber de motivación; que exige que la decisión sea argumentada racionalmente. Ambas nociones se encuentran estrechamente vinculadas, pues el nivel de exigencia probatoria determina la carga argumentativa que debe reflejarse en la resolución. Ahora bien, debe tenerse presente que, en la fase preliminar del proceso penal, solo existe una hipótesis sobre lo ocurrido. En esa etapa, el Ministerio Público evalúa si las fuentes de investigación son suficientes y, de ser el caso, dispone la profundización de la indagatoria mediante la etapa preparatoria, para luego, en el juicio oral, confirmar o descartar dicha hipótesis a través de la sentencia. En este contexto, el estándar de prueba es progresivo, pues lo que se busca en cada etapa es distinto. Así, al inicio del proceso, basta con la existencia de indicios mínimos e idóneos y de líneas investigativas no agotadas para justificar que la investigación continúe. En cambio, para formular acusación -y con mayor razón para dictar sentencia condenatoria- se exige un grado de certeza mucho más elevado. Este menor umbral de corroboración incide directamente en el deber de motivación. Como lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos Tristán Donoso Vs. Panamá; y, Escher y otros Vs. Brasil, donde la exigencia de fundamentación puede variar según la naturaleza de la decisión, aunque siempre deba satisfacer el estándar de racionalidad exigible al caso, lo que se determina de acuerdo al estándar de prueba de cada etapa procesal. En conclusión, una resolución que revoca el rechazo de una denuncia y dispone la prosecución de la investigación no puede equipararse a una sentencia condenatoria o absolutoria, que exigen un análisis pormenorizado y exhaustivo de cada medio probatorio eliminando toda posible hipótesis alternativa al caso. En ese tipo de resoluciones -rechazo de denuncia- la motivación se satisface con la determinación de existencia de un acervo probatorio mínimo e idóneo y de las diligencias pendientes que, razonablemente, podrían aportar mayor claridad al esclarecimiento de los hechos y en el presente estado procesal -preliminar- no se ha definido la inocencia o culpabilidad ni se han recabado los elementos de convicción necesarios para el esclarecimiento de los hechos, lo procedente es ordenar la continuación de la investigación. En ese contexto, el art. 65 de la LOMP, dispone que los fiscales departamentales resolverán la objeción al rechazo de denuncia: “…valorando integralmente el contenido de las actuaciones y de manera fundamentada…”. De ello se sigue que la expresión “valoración integral” no debe entenderse como un escrutinio pormenorizado de cada prueba en particular, sino como una apreciación global y coherente del conjunto de los elementos que obran en el expediente, a fin de determinar si, considerados en su totalidad, el diseño de la investigación fue deficiente y si, por tanto, resulta justificada su continuación. En este sentido, la SCP 0169/2025-S2 de 1 de abril, estableció que: “…cuando una resolución revoca una decisión de rechazo y ordena la continuación de la investigación, el proceso sigue su curso sin cerrar ninguna posibilidad de esclarecimiento de los hechos. En este contexto, la fundamentación puede ser menos rigurosa o exigir un estándar menor, ya que el propósito es permitir que la investigación continúe; por ello, no es necesario demostrar de manera categórica que existe mérito suficiente para su prosecución, sino únicamente la presencia de indicios razonables que justifiquen el desarrollo de la investigación” (las negrillas nos corresponden), aspecto que denota que la prueba necesaria para una resolución que revoca una resolución de rechazo es diferente al de una sentencia, en la medida en la que corresponden a etapas procesales con estándares de prueba diferentes. Debe aclararse que el estándar probatorio aplicable a las medidas cautelares -especialmente a la detención preventiva- se justifica en su naturaleza preventiva, su condición de medida accesoria y la restricción de libertad que comporta. En consecuencia, no resulta admisible equipararlo con el estándar propio de la imputación o del rechazo de denuncia, ni mucho menos utilizarlo como fundamento automático para tener por acreditada la probabilidad de autoría en dichas etapas, sin un análisis diferenciado y suficiente.
El núcleo del problema jurídico a dilucidar consiste en establecer si la Resolución Fiscal Departamental FDLP/WEAL/R-553/2023 de 6 de marzo, dictada por el entonces Fiscal Departamental hoy demandado, que revocó la Resolución B.T.Z.C./F.E.D.P./R/ 0129/2022 de 5 de diciembre, de rechazo de la denuncia presentada por los terceros interesados contra la accionante (Conclusiones II.1, II.2 y II.3), lesiona el derecho al debido proceso por ausencia de motivación, congruencia y debida valoración probatoria.
553/2023 -punto a) del objeto procesal- La impetrante de tutela sostiene que el entonces Fiscal Departamental demandado omitió valorar su prueba de descargo, necesaria para subsumir los hechos en el tipo penal atribuido. Entre los elementos que, a su juicio, no fueron valorados, menciona su prueba de descargo como la Sentencia 213/2011 de 25 de mayo, de nulidad de filiación -con presunta calidad de cosa juzgada- que a juicio de la accionante acredita un obstáculo legal -art. 304.4 CPP-; el folio real con Matrícula 2.01.4.01.0119748, que la acreditaría como copropietaria de los inmuebles; los contratos privados de alquiler suscritos exclusivamente por su madre -Carmen Guzmán Coria-; el Acta Preliminar de Entendimiento de 17 de febrero de 2022, firmada por los denunciantes como “Arano Laime”; el Acta de Posesión de 26 de marzo de ese año, que evidenciaría la toma violenta del inmueble; el Acta de Conciliación de Impedimento 98/2022 de 26 de mayo; la declaración informativa de la accionante, con expresión de su domicilio real y croquis; así como las declaraciones testificales de los inquilinos de las tiendas. Ahora bien, conforme el estándar de prueba y motivación exigible de la etapa preliminar en la revocatoria de una resolución de rechazo basta con que la autoridad fiscal explique que cuenta con el acervo probatorio mínimo pero que los indicios recolectados tornan necesaria la continuidad de la investigación. Aplicado dicho estándar al caso concreto, se evidencia que ante los argumentos fácticos que sustentaron el rechazo de denuncia, la Resolución Fiscal Departamental FDLP/WEAL/R-553/2023 compulsó diversos elementos probatorios existentes en la investigación y, a partir de ellos, infirió la probable comisión de los delitos denunciados. La autoridad jerárquica valoró, entre otros, la carta notariada en la que la accionante se habría declarado única propietaria, las transferencias bancarias realizadas a su cuenta, así como las declaraciones testificales de los denunciantes y de los inquilinos. De dicha valoración, el Fiscal Departamental demandado concluyó que existían indicios razonables que justificaban la prosecución de la investigación por los delitos de estelionato y falsedad ideológica, sin que ello implique un pronunciamiento definitivo sobre la culpabilidad de la impetrante de tutela sino el agotamiento del proceso investigativo que dé lugar a una decisión con la información suficiente.
Esta conclusión se desprende taxativamente de los propios fundamentos de la Resolución Fiscal Departamental FDLP/WEAL/R-553/2023, en la que el Fiscal Departamental demandado, en el punto 2.: i) Efectúa una relación pormenorizada de la hipótesis fáctica y de los medios de convicción arrimados por la parte denunciante, señalando expresamente que: “…conforme la compulsa y análisis de los antecedentes del cuaderno de investigación se advierte: el Memorial de Denuncia (...) Acta de Declaración Informativa de Marcos Guzmán Laime (...) el Testimonio N° 774/2007 (...) el Testimonio - Resolución N° 449/2008 (...) el Formulario de Derechos reales sobre Servicio de Información Rápida de la Matrícula N° 201401119748, del cual se registra a Guzmán Laime Marcos y Orellana Guzmán Karyn Romanette como propietarios Vigentes (...) el Testimonio N° 356/2019 (...) los Contratos de Privados de Alquiler de fecha 01 de agosto de 2020, 01/01/2020, 01/02/2021, 01/11/2020; de entre los cuales si bien suscribe Carmen Guzmán Coria como Propietaria empero el contrato de fecha 01/02/2021 consigna en aclaración el nombre de Karyn Orellana Guzmán; del mismo modo cursa la Carta Notariada de fecha 23 de mayo de 2022 (...) impresión de Transferencias bancarias del Banco Bisa cuyo destino también figura el nombre de Karyn Romanette Orellana Guzmán…” (sic). ii) Resalta que estos elementos permiten inferir, con probabilidad, que la sindicada: “…sin ser única propietaria habría arrendado bienes inmuebles que tendría como propietarios a los denunciantes, quienes alegan que no autorizaron a la sindicada para poder suscribir contratos y/o realizar los cobros…” (sic); extremo que, a juicio de la autoridad demandada, “…no puede ser soslayado al momento del análisis y la compulsa realizada…” (sic).
iii) Valora expresamente las declaraciones testificales de los cinco hermanos herederos (Belinda Elena Quenta Delgado, Darío, Rogelia, Lidia todos Guzmán Lame y Salomé Guzmán Laime de Páez), quienes afirman que, pese a que el inmueble figura registrado a nombre de Marcos Guzmán Laime y la accionante, en realidad son cinco herederos, por lo que la sindicada no podía disponer del bien unilateralmente. Asimismo, la autoridad demandada toma en cuenta la querella ampliatoria por falsedad ideológica presentada por Rogelia Guzmán Laime, al advertir que la impetrante de tutela, mediante carta notariada: “…señala ser única y legítima propietaria del inmueble (...) pese a tener pleno conocimiento de que el dominio del inmueble también está registrado a nombre de Marcos Guzmán Laime…” (sic).
iv) Precisamente, el eje medular de la decisión jerárquica cuestionada radica en que el ex Fiscal de Materia demandado “…no se efectuó una correcta valoración a los elementos cursantes en obrados…” (sic) y que “…no se ha realizado mayores actos investigativos conducentes a la averiguación de la verdad material…” (sic). De allí que, la autoridad jerárquica demandada concluya que el rechazo de la denuncia fue arbitrario y prematuro, porque la Fiscal de Materia declaró la insuficiencia de elementos, sin haber realizado previamente la valoración integral que la ley exige para llegar a esa conclusión. En sus propios términos:
“…resulta contradictoria la proposición de asumir que la investigación no haya aportado elementos suficientes; cuando del análisis efectuado a los elementos indiciarios cursantes en obrados; se advierte que, al momento de la emisión de la Resolución de Rechazo no se efectuó una correcta valoración a los elementos cursantes en obrados…” (sic).
Entonces, la alegada omisión valorativa no desvirtúa la decisión de revocar el rechazo, ya que, más allá de la prueba de descargo, el resto del acervo probatorio ofrece elementos de convicción suficientes para sustentar la hipótesis delictiva, siendo ese el estándar exigible en la etapa preliminar para ordenar la prosecución de la investigación. En consecuencia, el agravio relativo a la omisión de valoración integral y que además la accionante califica como incongruencia con los elementos facticos para subsumirlos al tipo penal, no resulta evidente, pues la Resolución Jerárquica cuestionada cumple con la motivación exigible conforme al estándar probatorio aplicable a esta fase procesal desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional. Por tal motivo y siendo que la impetrante de tutela no acreditó que la prueba de descargo desvirtuaba la continuación del proceso penal, corresponde denegar la tutela solicitada.
La accionante denuncia que el entonces Fiscal Departamental demandado se pronunció de oficio sobre el delito de falsedad ideológica, extremo que -según afirma- no fue objeto de análisis por la Fiscal de Materia, no fue incorporado mediante querella y tampoco fue notificado a la nombrada para el ejercicio de su defensa, conforme los arts. 290 y ss. del CPP. Añade que esta actuación devino en arbitraria al ordenar diligencias concretas para investigar un delito no acusado formalmente. Este agravio contiene dos componentes diferenciados, que deben examinarse por separado: a) Sobre el supuesto pronunciamiento de oficio respecto al delito de falsedad ideológica y la orden de diligencias concretas
De la revisión de los antecedentes, se evidencia que el delito de falsedad ideológica sí fue puesto a consideración de la autoridad jerárquica a través de la objeción al rechazo. En el memorial de objeción presentado por Rogelia y Marcos, ambos Guzmán Laime el 16 de diciembre de 2022, los objetores cuestionaron expresamente que la Resolución B.T.Z.C./F.E.D.P./R/ 0129/2022 de rechazo, hubiera ignorado la ampliación de querella por falsedad ideológica. Textualmente señalaron: “Dolosamente en la Resolución de Rechazo BTZC FEDP Nº 0129/2022 SOLO SE RESUELVE UNA PARTE DE LA DENUNCIA PENAL INTERPUESTA ignorando LA AMPLIACION DE LA QUERELLA PRESENTADA POR ROGELIA GUZMAN LAIME, misma querella donde se hace constar con pruebas fehacientes que los delitos de Estelionato, estelionato agravado además de Falsedad ideológica se cometieron en 3 inmuebles hereditarios…” (sic). En respuesta a dicha objeción, la Resolución Fiscal Departamental FDLP/WEAL/R-553/2023, en el punto 3 de su “Análisis del Caso Concreto”, señaló que la querellante había ampliado la querella al ilícito de falsedad ideológica y que existían elementos que hacían inferir la probable comisión de ese delito, por lo que correspondía continuar con la investigación. Como consecuencia de dicha determinación, el Fiscal Departamental demandado ordenó la práctica de diligencias específicas orientadas al esclarecimiento de todos los ilícitos denunciados, incluyendo la falsedad ideológica, por ser parte del objeto de la impugnación.
De lo expuesto se concluye que, la citada autoridad no actuó de oficio, sino que se pronunció en estricta congruencia con un extremo que fue expresamente planteado por los objetores en su impugnación. Omitir dicho análisis habría constituido, precisamente, una falta de congruencia omisiva. Asimismo, la orden de diligencias concretas no constituye una actuación arbitraria, pues es consecuencia de la revocatoria del rechazo y de la necesidad de profundizar la investigación sobre todos los hechos denunciados, entre ellos, la falsedad ideológica. El hecho de que la Fiscal de Materia no hubiera analizado previamente ese delito no impide que, en sede jerárquica, el Fiscal Departamental demandado, al resolver la objeción, disponga las diligencias necesarias para su esclarecimiento, máxime cuando fue puesto a su consideración por los propios objetores -ahora terceros interesados-. Por tanto, se descarta el alegato de pronunciamiento oficioso y de arbitrariedad en la orden de diligencias, y corresponde denegar la tutela en este primer componente del agravio.
b) En cuanto a la falta de notificación de la querella por falsedad ideológica
La accionante alega que no fue notificada con la querella ampliatoria por falsedad ideológica, conforme el art. 290 ss. y del CPP, circunstancia que le impidió ejercer su defensa; sin embargo, este agravio no cuestiona directamente la argumentación contenida en la Resolución Fiscal Departamental FDLP/WEAL/R-553/2023, sino una omisión atribuible a la Fiscal de Materia en el marco de la investigación penal. Entonces dicha irregularidad procesal -consistente en la falta de notificación de la querella- corresponde ser reclamada ante la autoridad a cargo del control jurisdiccional, a través de la vía incidental prevista por el ordenamiento jurídico, a fin de hacer valer el derecho a ser notificada y, en consecuencia, a asumir defensa respecto de la querella por falsedad ideológica.
Por consiguiente, al existir un mecanismo idóneo y eficaz para reparar la lesión denunciada -distinto de la acción de amparo constitucional-, opera el principio de subsidiariedad prescrito en el art. 54 del Código Procesal Constitucional (CPCo). Por lo tanto, corresponde denegar la tutela respecto de este segundo componente del agravio, sin ingresar al fondo del asunto. Finalmente, en lo que atañe a la vulneración del principio de legalidad, la accionante no desarrolla la carga argumentativa necesaria para evidenciar de qué manera este habría sido vulnerado.
En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela solicitada, aunque con otros fundamentos, obró de manera correcta
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 131/2023 de 7 de junio, cursante de fs. 595 a 596 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0688_2026-S2.pdf · páginas 1 a 13.
Huella digital del PDF (SHA-256): 4122180f6bfad37c5674b4cdd18df3fefc47441379936a6ccbd8f98f62045a20
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