B.IA.LEGAL

SCP 0688/2024-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 28 de octubre de 2024

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
28 de octubre de 2024
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
Expediente
53052-2023-107-AAC
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

La accionante denuncia la vulneración de sus derechos al trabajo y a la estabilidad laboral, relacionados con el de la vida; toda vez que, habiendo suscrito tres contratos con la CNS Regional La Paz -entidad ahora demandada-, fue desvinculada de su fuente laboral, sin considerar incluso que se encontraba con baja médica por un accidente laboral, hecho que denunció ante la Jefatura del Trabajo de ese departamento, entidad que pronuncio en su favor la Conminatoria de Reincorporación Laboral J.D.T.-L.P./CMAR/ 318/2022, que no fue cumplida por la entidad empleadora. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para el efecto, se analizarán los siguientes temas: i) Sobre la Doctrina de Unificación Jurisprudencial respecto al incumplimiento de las Conminatorias de reincorporación laboral denunciado a través de la acción de amparo constitucional; ii) Presentación directa de la acción de amparo constitucional ante el incumplimiento de las conminatorias de reincorporación laboral; y, iii) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 251/2022 de 28 de octubre, cursante de fs. 83 a 84, pronunciada por la Sala Constitucional Primera de departamento de La Paz; y en consecuencia: CONCEDER la tutela solicitada, disponiendo que la entidad demandada proceda al cumplimiento inmediato de la Conminatoria de Reincorporación Laboral J.D.T.-L.P./CMAR/318/2022 de 10 de agosto, pronunciada por la Jefatura Departamental del Trabajo de La Paz, en todos sus términos y condiciones, conforme a los Fundamentos Jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre la Doctrina de Unificación Jurisprudencial respecto al incumplimiento de las Conminatorias de reincorporación laboral denunciado a través de la acción de amparo constitucional
  2. III.2. Presentación directa de la acción de amparo constitucional ante el incumplimiento de las conminatorias de reincorporación laboral
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0688/2024-S1 Sucre, 28 de octubre de 2024 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de amparo constitucional Expediente: 53052-2023-107-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 251/2022 de 28 de octubre, cursante de fs. 83 a 84, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Silvia Andrei Roque Chacolla contra Aparicio Flores Lucas, Administrador Regional La Paz a.i. de la Caja Nacional de Salud (CNS).

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Mediante memorial presentado el 7 octubre de 2022, cursantes de fs. 83 a 90 vta., el accionante expresó los siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Desde el 4 de enero de 2021, ingresó a trabajar a la CNS Regional La Paz, en el Hospital Obrero 30 Santiago II, ocupando el cargo de Farmacéutica, siendo su último contrato con vigencia desde el 14 de enero hasta 30 de junio de 2022 y con lugar de trabajo en el Hospital Obrero 1 de la misma institución. Suscribió tres contratos sucesivos en tareas propias y permanentes del giro de la empresa, configurándose una tácita reconducción, extremo que se puede corroborar de los contratos que adjuntó en la presente acción de defensa; asimismo, señala que los contratos suscritos no fueron visados por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, por lo que no adquirieron eficacia jurídica conforme prevé los arts. 22 de la Ley General de Trabajo (LGT); y, 2 del Decreto Ley (DL) -Ley 16871 de 6 de febrero de 1979-, respecto a la prohibición de suscripción de contratos a plazo en tareas propias y permanentes; sin embargo, en su caso desarrollaba tareas propias y permanentes del giro de la entidad.

En el periodo comprendido entre el 1 de enero al 24 de enero de 2022, continuó prestando servicios en el Hospital Obrero 1, dependiente de la Administración Regional La Paz de la CNS, conforme se demuestra de la documentación que adjuntó en la presente acción tutelar y que es de pleno conocimiento del ahora demandado, ya que la misma documental se presentó ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, aclarando que por los periodos descritos no le reconocieron sueldos y salarios “desde esa fecha”, situación que también denunció ante el mencionado Ministerio. En vigencia de su contratación, sufrió accidente de trabajo el 30 de marzo de 2022, con fractura trimaleolar tobillo derecho, habiendo sido incluso intervenida quirúrgicamente, “siendo externada en fecha 08 de abril de 2022”, otorgándosele baja médica desde el 30 de marzo hasta el 28 de julio de 2022; por lo que estando con baja médica, fruto del indicado accidente de trabajo, se procedió a concluir su relación laboral; y a la conclusión de su baja médica, no le permitieron el ingreso a su lugar de trabajo. Razones por las que el 1 de julio de 2022, acudió a la Jefatura Departamental del Trabajo de La Paz, denunciando su despido ilegal y solicitando se le extienda la única citación, conforme las previsiones del Decreto Supremo (DS) 28699 de 1 de mayo de 2006, modificado por el DS 0495 de 1 de mayo de 2010 y Resolución Ministerial (RM) 868/10 de 26 de octubre de 2010, en ese sentido, luego del trámite correspondiente se emitió la Conminatoria de Reincorporación Laboral J.D.T.-L.P./CMAR/318/2022 de 10 de agosto, por la que se conminó su inmediata reincorporación al mismo puesto que ocupaba al momento de su desvinculación, es decir como Farmacéutica en el “HAIG” Obrero 1, bajo dependencia de la Administración Regional La Paz de la CNS, más el pago de los salarios devengados y demás derechos sociales y laborales hasta su efectiva reincorporación; decisión notificada a la entidad demandada el 31 de agosto de 2022. No obstante, hasta la fecha de presentación de la acción tutelar rehúsa reincorporarle, situación corroborada a través del Informe J.D.T.L.P.-CMAR-VR- 321/2022 de 11 de octubre, pronunciado por la Inspectora del Trabajo de La Paz. Finalmente indicó que, con sus ingresos como trabajadora cubría sus gastos de rehabilitación por la fractura que tuvo emergente del accidente de trabajo, además de coadyuvar con gastos de alimentación, vivienda y servicios básicos de su familia, compuesta por sus padres adultos mayores y su hermana de edad escolar, egresos que a la fecha se ve imposibilitada de cubrir, siendo que día tras día tiene que hacer seguimiento a su proceso administrativo de reincorporación sin resultados.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

Considera lesionado sus derechos al trabajo y a la estabilidad laboral, relacionados con el de la vida; citando al efecto los arts. 15, 18, 46, 48.I, II y III, 49.III y 70 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, se disponga el cumplimiento de la Conminatoria de Reincorporación Laboral J.D.T.-L.P./CMAR/318/2022 de 10 de agosto, ordenando restituirle a su fuente de trabajo y proceder al pago de los salarios devengados; y, demás derechos laborales y sociales hasta su reincorporación efectiva, sea conforme a la SCP 0337/2020-S4 de 29 de julio y Resolución de Doctrina Constitucional 0001/25021 de 16 de junio.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

La audiencia pública de consideración de la presente acción de amparo constitucional, se realizó el 17 de noviembre de 2022, según consta en acta cursante de fs. 115 a 119, produciéndose los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La demandante de tutela a través de su abogado en audiencia, ratificó el contenido íntegro de su demanda tutelar, añadiendo por lealtad procesal que debido a la presentación de esta acción de amparo constitucional, la entidad demandada la convocó y suscribió el 19 de octubre de 2022 un contrato de trabajo, que en su cláusula tercera indica que tendrá vigencia desde el 17 de octubre hasta el 30 de diciembre de 2022, “…por sus características de eventualidad y a fin de prevenir la tacita reconducción del presente contrato a plazo fijo, se debe claramente establecer la prohibición del contratado continúe prestando servicios una vez concluido la fecha de vigencia en la presente causa” (sic); de lo que concluye que no se dio cumplimiento a la Conminatoria de Reincorporación pronunciada en su favor, toda vez que es un contrato simulado de dos meses y trece días, que no le asegura estabilidad laboral.

I.2.2. Informe del demandado

Aparicio Flores Lucas, Administrador Regional La Paz a.i. de la CNS, a través de sus representantes legales presentó informe escrito el 28 de octubre de 2022, cursante de fs. 76 a 79, señalando lo siguiente: a) En cumplimiento a la Conminatoria de Reincorporación Laboral J.D.T.-L.P./CMAR/318/2022, por Memorándum ADMR-M- 1699-2022 de 15 de septiembre, el Administrador Regional La Paz de la CNS instruyó a la Jefatura de Recursos Humanos (RR.HH.) “…asumir las acciones necesarias para el cumplimiento de precitadas recomendaciones…” (sic) generándose en consecuencia el correspondiente Contrato de Prestación de Servicios C-3908/2022 de 19 de octubre; b) La entidad no solamente rige sus actuaciones administrativas y de orden laboral enmarcadas en lo dispuesto por la Ley General del Trabajo sino también se rige bajo lineamientos de la Ley de Administración y Control Gubernamentales -Ley 1178 de 20 de julio de 1990- y sus subsistemas, así lo establece el Estatuto Orgánico de la CNS, es entonces que bajo el Subsistema de Presupuesto está sujeta a la Ley de Administración Presupuestaria -Ley 2042 de 21 de diciembre de 1999-, en consecuencia, cuando se genera un acto administrativo que trae consigo obligaciones de contenido económico, es necesario contar con una reserva y disponibilidad presupuestaria, autorizada esencial e imprescindiblemente por la Gerencia General de la institución, a efectos de poder honrar pagos bajo concepto de salarios y otros, emergentes de las respectivas partidas presupuestarias; por lo que la CNS realiza distintas contrataciones de personal mediante contratos semestrales y o trimestrales y cumple las distintas conminatorias de reincorporación obligándose a tramitar los correspondientes refuerzos presupuestarios para dar continuidad a la relación laboral obligada por la conminatoria de reincorporación, ante la “Oficina Nacional” de la CNS que maneja este presupuesto a nivel nacional y da los lineamientos precisos para estas partidas presupuestarias inherentes a la contratación de personal; no obstante este aspecto no ha sido óbice para cumplir la conminatoria de la ahora accionante por lo que se dio cumplimiento pleno a la instrucción emitida por la Jefatura Departamental del Trabajo de La Paz; c) Bajo el principio de responsabilidad por la función pública en armonía con los principios de legalidad, legitimidad, compromiso e interés social, en cumplimiento de la Conminatoria y previa certificación presupuestaria se generó el Contrato indicado, por lo que el hecho-fundamento de la acción tutelar ha cesado, bajo esta línea se tiene la SCP 0106/2015-S1 de 13 de febrero, que establece “Cuando el hecho del que se reclama tutela es subsanado por la misma entidad demandada o por otra autoridad estamos frente a un hecho superado”; d) La entidad no vulneró bajo ninguna circunstancia lógica los derechos a la vida y a la estabilidad laboral aludida por el ahora impetrante de tutela, cuando producto de la voluntariedad el Área de Dotación dependiente de la Unidad de RR.HH. Regional La Paz suscribió el Contrato de Prestación de Servicios, de ahí que el ente gestor de salud cumplió la Conminatoria de referencia, activando automáticamente la respectiva afiliación al seguro y restituyendo el derecho al trabajo; y, e) Finalmente añade que planteó recurso de revocatoria habiendo sido notificado el 14 de octubre de 2022 con la Resolución Administrativa (RA) 708-22 de 7 de octubre, que confirma la Resolución de Reincorporación, por lo que el 18 de igual mes y año, plantearon recurso jerárquico, sin respuesta hasta la fecha, enfatizando entre sus argumentos que la Conminatoria de Reincorporación no hizo ninguna alusión a la solicitud de declinatoria de competencia que fue reclamada tampoco respecto a la documentación presentada como respaldo, en ese entendido no se habría agotado las instancias legales previas a acudir a la acción de amparo constitucional. Por todo lo expuesto solicitó se niegue la tutela pretendida. Asimismo, al finalizar su intervención en audiencia aclaró que en cuanto al pago de sueldos devengados y demás derechos laborales, se debe acudir a la instancia jurisdiccional ordinaria toda vez que dicha autoridad tiene competencia para calcular los mismos, así lo establece la SCP 0862/2016-S1 de 20 de septiembre.

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Primera de departamento de La Paz, a través de la Resolución 251/2022 de 28 de octubre, cursante de fs. 83 a 84, concedió la tutela solicitada, disponiendo que la entidad demandada cumpla integralmente la Conminatoria de Reincorporación Laboral J.D.T.-L.P./CMAR/318/2022, sea en el plazo de 72 horas computables desde la habitualidad del horario del ejercicio público, sea con las formalidades de ley y demás recaudos de rigor. Determinación asumida conforme a los siguientes fundamentos: 1) La accionante cumplió con el deber de identificar en este caso la omisión indebida de parte de la autoridad demandada a dar cumplimiento a un acto administrativo que ha generado una vinculación material de hacer respecto a la ahora accionante, cual es la generación de una reincorporación no a plazo fijo sino a plazo indefinido de su relación laboral con la CNS; al respecto del Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la Resolución de Doctrina Constitucional “0001/2021” establece que la única misión de la jurisdicción constitucional respecto a la existencia de una conminatoria de reincorporación es garantizar su cumplimiento íntegro, que no es voluntad de la administración sino los términos por los que se habría incumplido el acto administrativo, en este caso la conminatoria de reincorporación; y, 2) Analizados los elementos de la Conminatoria de Reincorporación, que no radican en la generación de un contrato a plazo fijo sino el establecimiento de un contrato a plazo indefinido por lo que se evidencia que la autoridad demandada incumplió con el deber y en consecuencia, es menester que la jurisdicción constitucional enmiende dicha situación y ordene el cumplimiento íntegro de la Conminatoria de Reincorporación, objeto de la pretensión postulada por la accionante.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Constan los Contratos de Prestación de Servicios: C-0199/21 de 27 de febrero de 2021, con vigencia desde el 4 de enero hasta el 3 de marzo de ese año; C-3194/21 de 12 de abril de 2021, con vigencia desde el 5 de abril hasta el 30 de junio de igual año; y, C-1929/2022 de 24 de enero, con vigencia desde el 14 de enero hasta el 30 de junio de 2022; todos suscritos por la Administración Regional La Paz de la CNS y Silvia Andrei Roque Chacolla -ahora accionante- con objeto de la prestación de servicios como Farmacéutica (fs. 8 a 14). II.2. Mediante carta presentada el 1 de julio de 2022, la demandante de tutela se dirigió al Jefe Departamental del Trabajo de La Paz, denunciando su despido injustificado y solicitando su reincorporación (fs. 6 a 7). II.3. Cursa Conminatoria de Reincorporación Laboral J.D.T.-L.P./CMAR/318/2022 de 10 de agosto, emitida por la Jefatura Departamental del Trabajo de La Paz, por la que se conminó a la inmediata reincorporación de la impetrante de tutela, al mismo puesto que ocupaba al momento de su desvinculación; es decir, como Farmacéutica en el Hospital Obrero 1, bajo dependencia de la Administración Regional La Paz de la CNS, más el pago de los salarios devengados y demás derechos sociales y laborales hasta su efectiva reincorporación; determinación notificada a la entidad demandada el 31 de agosto de 2022, conforme desprende el cargo de recepción (fs. 40 a 42 vta.). II.4. Cursa Informe J.D.T.L.P.-CMAR-VR- 321/2022 de 11 de octubre, pronunciado por la Inspectora del Trabajo de La Paz, sobre reincorporación laboral de la trabajadora ahora impetrante de tutela, en la que se concluyó que no se dio cumplimiento a la Conminatoria de Reincorporación Laboral J.D.T.-L.P./CMAR/318/2022, en lo que respecta a la restitución de fuente laboral, sueldos devengados y demás derechos sociales (fs. 45 y vta.). II.5. Se tiene Contrato de Prestación de Servicio C-3908/2022 Trabajador Eventual Reincorporación por Orden del Ministerio de Trabajo Programa 72-02 (Necesidad de Servicio) de “19-10-22”, suscrito por Aparicio Flores Lucas, Administrador Regional La Paz a.i. de la CNS -ahora demandado- y la accionante, por necesidad extraordinaria de servicios de manera temporal, como Farmacéutica Nivel 10A con cargo a la Partida 12100 (Personal Eventual) del Programa 72-02 (Necesidad de Servicio) dependiente del “HAIG” Obrero 1 de la Regional La Paz “y en cumplimiento a la Conminatoria N° J.D.T.-L.P./CMAR/No. 318/2022”, con vigencia desde el 17 de octubre al 30 de diciembre de 2022 indefectiblemente (fs. 71 a 72).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante denuncia la vulneración de sus derechos al trabajo y a la estabilidad laboral, relacionados con el de la vida; toda vez que, habiendo suscrito tres contratos con la CNS Regional La Paz -entidad ahora demandada-, fue desvinculada de su fuente laboral, sin considerar incluso que se encontraba con baja médica por un accidente laboral, hecho que denunció ante la Jefatura del Trabajo de ese departamento, entidad que pronuncio en su favor la Conminatoria de Reincorporación Laboral J.D.T.-L.P./CMAR/ 318/2022, que no fue cumplida por la entidad empleadora. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para el efecto, se analizarán los siguientes temas: i) Sobre la Doctrina de Unificación Jurisprudencial respecto al incumplimiento de las Conminatorias de reincorporación laboral denunciado a través de la acción de amparo constitucional; ii) Presentación directa de la acción de amparo constitucional ante el incumplimiento de las conminatorias de reincorporación laboral; y, iii) Análisis del caso concreto.

III.1. Sobre la Doctrina de Unificación Jurisprudencial respecto al incumplimiento de las Conminatorias de reincorporación laboral denunciado a través de la acción de amparo constitucional

El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0206/2021-S2 de 25 de junio, reiterada por la SCP 0269/2021-S1 de 21 de julio, entre otras, asumió el siguiente entendimiento: En todos los casos en los que se denunciaron despidos ilegales, como el incumplimiento de las Resoluciones de Conminatoria de reincorporación laboral emitidas por las Jefaturas Departamentales de Trabajo, este despacho siempre tuvo como uno de sus principales objetivos el tratar de materializar los derechos fundamentales a la estabilidad laboral y el derecho al trabajo, en beneficio de las trabajadoras y los trabajadores, disponiendo el cumplimento integral de las conminatorias de reincorporación laboral, que se vieron reflejados en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0016/2018-S2 de 28 de febrero, 0814/2018-S2 de 11 de diciembre, 0985/2019-S2 de 21 de octubre (cumplimiento integral de conminatoria), como también en los Votos Disidentes a las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0318/2018-S2 de 9 de julio, 0214/2018-S2 de 22 de mayo, 0133/2018-S2 de 16 de abril, 0260/2019-S2 de 21 de mayo y 0789/2018-S2 de 26 de noviembre, entre otras. Lo que implica que siempre hubo una actitud consecuente sobre la necesidad de tutelar los derechos de estabilidad laboral y al trabajo, mediante la aplicación del estándar más alto de protección tal y como lo estableció la SCP 0814/2018-S2, que sistematizó y contextualizó la línea jurisprudencial sobre este tema en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0138/2012, 0177/2012 y 1608/2012, 0016/2018-S2, 0028/2018-S2, 0058/2018-S2 y 0060/2018-S2. Posteriormente, con el objeto de unificar la línea jurisprudencial de los precedentes constitucionales emitidos por las Salas de este Tribunal, respecto al incumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral y sobre todo para lograr la materialización del derecho al trabajo de toda persona, reconocido por instrumentos internacionales como por nuestra Constitución Política del Estado, este Tribunal Constitucional Plurinacional, en Sala Plena, a través de la Resolución de Doctrina Constitucional 0001/2021 de 16 de junio, unificó la línea jurisprudencial sobre esta temática:

1) En cuanto al cumplimiento integral de la conminatoria de reincorporación, esto es además de la reincorporación, el pago de sueldos y salarios devengados y otros derechos sociales, precautelando el derecho al trabajo del cual derivan otros derechos conexos, conforme a los entendimientos y la sistematización realizada en la SCP 0795/2019-S3 de 14 de noviembre, es decir:

1.i) Cuando una trabajadora o trabajador sea despedido injustificadamente o por causas no contempladas en el art. 16 de la LGT, podrá optar por el pago de los beneficios sociales o por su reincorporación;

1.ii) Es posible interponer directamente la acción de amparo constitucional

-abstrayendo el principio de subsidiariedad- cuando la trabajadora o el trabajador demande el incumplimiento de la conminatoria de reincorporación emitida por las Jefaturas Departamentales o Regionales de Trabajo por parte de su empleador;

1.iii) La referida conminatoria no constituye una resolución definitiva respecto a la situación laboral de la trabajadora o el trabajador siendo netamente provisional la otorgación de la tutela puesto que las autoridades administrativas o judiciales en materia laboral son las idóneas para resolver en el fondo y con carácter definitivo la situación laboral tanto para el empleador como para el trabajador;

1.iv) El prenombrado tiene el deber de dar cumplimiento inmediato a la conminatoria precitada, aunque hubiera planteado recurso de revocatoria o jerárquico que este pendiente de resolverse o hubiera interpuesto cualquier otro recurso en la vía judicial o administrativa;

1.v) La justicia constitucional se encuentra imposibilitada de ingresar a analizar si la conminatoria efectuó una indebida o ilegal fundamentación a tiempo de determinar la reincorporación, o si los datos, hechos y circunstancias que le dieron lugar -incluyendo la prueba-, ameritaban tal determinación, debido a que ese aspecto le corresponde a la jurisdicción ordinaria; y,

1.vi) La conminatoria de reincorporación antedicha debe ser acatada en su integridad, sin omitir ninguna de las determinaciones dispuestas (las negrillas y el subrayado fueron añadidos).

A partir de los precedentes establecidos ut supra y, con la facultad prevista en la norma procesal constitucional, este Tribunal en la parte resolutiva de dicho fallo de doctrina constitucional, dispuso:

UNIFICAR la línea jurisprudencial relativa al incumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral denunciada a través de la acción de amparo constitucional, en los siguientes términos:

1° En cuanto al alcance de la conminatoria de reincorporación laboral de trabajadoras y trabajadores en general, que contemple además de la reincorporación, el pago de sueldos y salarios devengados y otros derechos sociales, se dispone la vigencia de los entendimientos y la sistematización asumidos en la SCP 0795/2019-S3 de 14 de noviembre, correspondiendo a la jurisdicción constitucional velar por el cumplimiento integral de la conminatoria sin omitir ninguna de sus determinaciones… (negrillas agregadas). La Resolución de Doctrina Constitucional ratificó las líneas jurisprudenciales garantistas emitidas por este despacho por medio de sus Sentencias y Votos Disidentes, precitados anteriormente, lo que implica que la unificación de jurisprudencia vincula al mismo Tribunal Constitucional Plurinacional a materializar los derechos fundamentales de los trabajadores, aplicando los entendimientos más favorables y con el estándar más alto de protección, reconociendo que estos derechos tienen un carácter progresivo en su protección e implementación dentro de nuestro ordenamiento jurídico, principios que no tienen un techo en su aplicación y que siempre se buscará la manera más efectiva de tutelar los derechos fundamentales.

III.2. Presentación directa de la acción de amparo constitucional ante el incumplimiento de las conminatorias de reincorporación laboral

El Voto Disidente de la SCP 0123/2018-S2 de 16 de abril, reiterado posteriormente por la SCP 0160/2020-S1 de 27 de julio y otras, asumió el siguiente razonamiento: El 1 de mayo de 2006 se dictó el DS 28699, que en sus arts. 10 y 11, establece la posibilidad que cualquier persona que se encuentre sometida al régimen laboral y crea que fue injustamente despedida o alejada de su fuente laboral -salvo las causas de despido previstas por el art. 16 de la LGT-, pueda acudir ante el ahora Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, reclamando su derecho a la estabilidad laboral o el pago de beneficios sociales; en contraposición al derogado art. 55 del DS 21060 de 29 de agosto de 1985, que permitía libremente rescindir los contratos de trabajo. Posteriormente, el 1 de mayo de 2010, se emitió el DS 0495, que en su Artículo Único modificó el parágrafo III del art. 10 del DS 28699, señalando:

En caso de que el trabajador opte por su reincorporación podrá recurrir a este efecto ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, donde una vez constatado el despido injustificado, se conminará al empleador a la reincorporación inmediata al mismo puesto que ocupaba la trabajadora o trabajador al momento del despido, más el pago de los salarios devengados y demás derechos sociales que correspondan a la fecha de la reincorporación, a través de las Jefaturas Departamentales y Regionales de Trabajo (las negrillas son nuestras). Además, incluyó los parágrafos IV y V, con los siguientes textos: “IV. La conminatoria es obligatoria en su cumplimiento a partir de su notificación y (únicamente) podrá ser impugnada en la vía judicial, cuya interposición no implica la suspensión de su ejecución”; se aclara que la palabra únicamente fue declarada inconstitucional por la SCP 0591/2012 de 20 de julio. Por su parte, el parágrafo V indica: “V. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Parágrafo IV del presente Artículo, la trabajadora o trabajador podrá interponer las acciones constitucionales que correspondan, tomándose en cuenta la inmediatez de la protección del derecho constitucional de estabilidad laboral” (las negrillas de ambos textos normativos son incorporadas); se entiende que esto ocurre en la fase de la conminatoria. Por su parte, la Resolución Ministerial (RM) 868/10 de 26 de octubre de 2010, que reglamenta el procedimiento para la aplicación del DS 0495, en su art. 3 refiere:

ARTÍCULO 3.- (Acciones Constitucionales). Ante el incumplimiento de la Reincorporación instruida, la trabajadora o trabajador podrá interponer las acciones constitucionales que correspondan, tomándose en cuenta la inmediatez de la protección del derecho constitucional de estabilidad laboral (las negrillas son incorporadas). Vale decir, que ante la inobservancia del plazo para que un empleador ejecute una resolución de reincorporación de un trabajador a su fuente laboral, éste último puede acudir directamente a la jurisdicción constitucional, en procura de la reparación de los derechos que considere afectados. El Tribunal Constitucional Plurinacional, en numerosas oportunidades se pronunció sobre el cumplimiento de la conminatoria de reincorporación dispuesta por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, señalando que en estos casos procede directamente la acción de amparo constitucional. Así, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0138/2012 de 4 de mayo y 0177/2012 de 14 de mayo, establecen que debe hacerse abstracción del principio de subsidiariedad en aquellos casos en los que una trabajadora o trabajador demande la reincorporación a su fuente laboral ante un despido sin causa legal justificada, con el único requisito previo de recurrir a las Jefaturas Departamentales o Regionales de Trabajo denunciando este hecho, a objeto que estas entidades, una vez establecido el retiro injustificado, conminen al empleador la reincorporación inmediata, en los términos previstos por el DS 0495 de 1 de mayo de 2010; y ante su incumplimiento, se hace viable la tutela constitucional a través de la acción de amparo constitucional; efectivamente, la señalada SCP 0177/2012, tuvo el siguiente razonamiento en el Fundamento Jurídico III.3:

1) En caso de que una trabajadora o un trabajador, ante un eventual retiro intempestivo sin causa legal justificada opte por su reincorporación, deberá denunciar este hecho ante las Jefaturas Departamentales de Trabajo; entidades que deberán asumir el trámite previsto por el DS 0495, emitiendo si corresponde la conminatoria de reincorporación en los términos previstos en esta norma, y en caso de que el empleador incumpla la conminatoria, el trabajador o trabajadora podrá interponer la acción de amparo constitucional, misma que resulta más idónea en estos casos por las razones antes expuestas.

2) Aclarando que la conminatoria dispuesta por el Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social, en los alcances del DS 0495, no constituye una resolución que defina la situación laboral de la trabajadora o el trabajador, por cuanto el empleador puede impugnar ésta determinación en la justicia ordinaria, conforme previene el referido Decreto Supremo; vale decir, interponiendo una acción laboral dentro los alcances establecidos por el art. 65 del Código Procesal del Trabajo (CPT), precepto que otorga la posibilidad al empleador de constituirse en parte demandante en una acción social, instancia en la que en definitiva se establecerá si el despido fue o no justificado, esto debido a que la justicia constitucional solo viabiliza la tutela inmediata ante la decisión unilateral del empleador que opta por un despido intempestivo sin causa legal justificada.

3) En aquellos casos en que la trabajadora o trabajador, fuera sometido a un proceso interno dentro el cual se determine su despido por una de las causales establecidas en el art. 16 de la LGT y art. 9 del DR, en su caso por vulneración a su Reglamento Interno, el procedimiento previsto por el DS 0495, no será aplicable; debiendo la trabajadora o trabajador, que estime que su destitución fue ilegal o injustificada, incoar la correspondiente demanda de reincorporación ante la judicatura laboral (las negrillas nos corresponden). Por lo referido, las conminatorias de reincorporación emitidas por las Jefaturas Departamentales o Regionales de Trabajo, deben ser cumplidas de manera obligatoria, sin perjuicio que puedan ser impugnadas por el empleador o parte patronal en la vía administrativa o judicial; no obstante, mientras se suscite dicho aspecto, la conminatoria pronunciada debe ser ejecutada con la finalidad de resguardar los derechos constitucionales de los trabajadores, otorgándoles seguridad jurídica y estabilidad laboral, siendo posible en caso de inobservancia, la formulación de una acción de amparo constitucional, para la restitución de los derechos lesionados. Por otra parte, en los casos que este Tribunal concedió la tutela ante incumplimiento de conminatorias de reincorporación, también se pronunciaba sobre los sueldos devengados y otros beneficios sociales establecidos por ley, por entender que forman parte de la reparación que debe brindar la justicia constitucional ante la lesión a los derechos fundamentales. En ese sentido, por ejemplo, la SCP 0177/2012, aprobó la resolución del Tribunal de garantías que concedió la tutela y dispuso la cancelación de los sueldos devengados y demás beneficios sociales. De manera expresa, la SCP 1608/2012 de 24 de septiembre, entre otras, luego de conceder la acción de amparo constitucional, dispuso la cancelación de sueldos devengados. No obstante, lo anotado precedentemente, la SCP 0083/2014-S3 de 27 de octubre, refirió que la jurisdicción constitucional no puede dimensionar el alcance de los sueldos devengados y otros beneficios, bajo el argumento que son las autoridades administrativas o judiciales las que deben realizar dicha labor; entendimiento que fue reiterado por la SCP 1130/2017-S3 de 31 de octubre, entre otras. Al respecto, posteriores Sentencias Constitucionales Plurinacionales, entre ellas, la SCP 0016/2018-S2 y la SCP 0028/2018-S2, ambas de 28 de febrero, confirmaron las Resoluciones emitidas por los Tribunales de garantías que concedieron la tutela y dispusieron la cancelación de los sueldos devengados y demás beneficios sociales. En ese sentido, el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0058/2018-S2 y 0060/2018-S2, ambas de 15 de marzo, hizo extensiva la tutela al pago de sueldos devengados y beneficios sociales, que la ley establece desde el día de su desvinculación ilegal. Efectuada la contextualización jurisprudencial anterior, debe recordarse que una de las características de los derechos humanos contenida en el art. 13.I de la Constitución Política del Estado (CPE), es su progresividad, que implica, por una parte; que los derechos humanos reconocidos en la Norma Suprema y en los Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos, no son un catálogo cerrado, sino que, de manera permanente se amplían en cuanto al reconocimiento de nuevos derechos, como también se desprende de la cláusula abierta prevista en el art. 13.II de la referida CPE. Por otra parte, el principio de progresividad, supone que las conquistas alcanzadas respecto a un derecho ya sea a nivel normativo o jurisprudencial, no pueden luego ser desconocidas, lo que significa que, en materia de Derechos Humanos, no corresponde la regresividad, es decir, el retroceder en la protección de los derechos humanos. El principio de progresividad fue desarrollado por la jurisprudencia constitucional en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2491/2012, 0210/2013, 1617/2013, entre muchas otras. Así en la SCP 2491/2012 de 3 de diciembre, el Tribunal Constitucional Plurinacional, señaló que el principio de progresividad establece la responsabilidad para el Estado boliviano, de no desconocer los logros y el desarrollo alcanzado en materia de Derechos Humanos, en cuanto a la ampliación en número, al desarrollo de su contenido y al fortalecimiento de los mecanismos jurisdiccionales para su protección, en el afán de buscar el progreso constante del Derecho Internacional de Derechos Humanos, que se inserta en nuestro sistema jurídico a través del bloque de constitucionalidad -art. 410.II de la CPE-. Conforme a lo anotado, las medidas adoptadas por los órganos estatales que tienden a menoscabar derechos ya reconocidos o desmejorar una situación jurídica favorable vinculada a un derecho, constituye una afectación al principio de progresividad. En el marco del principio de progresividad, el Tribunal Constitucional Plurinacional pronunció las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2233/2013 de 16 de diciembre y 0087/2014-S3 de 27 de octubre, que razonaron sobre la teoría del estándar jurisprudencial más alto, como metodología para definir la sentencia aplicable en un determinado caso, ante una pluralidad de entendimientos; metodología, que a partir de los arts. 13 y 256 de la CPE, estableció que el precedente constitucional en vigor o vigente, resulta aquél que acoja el estándar más alto de protección del derecho fundamental o garantía constitucional invocada, esto es, aquella decisión que hubiera resuelto un problema jurídico de manera más progresiva a través de una interpretación que tiende a efectivizar y materializar de mejor manera los derechos fundamentales y garantías constitucionales previstas en la Norma Suprema y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos que forman parte del bloque de constitucionalidad; estándar que se escoge después del examen o análisis integral de la línea jurisprudencial, ya no solamente a partir del criterio temporal de las sentencias constitucionales -si fue anterior o posterior-que hubiere cambiado, modulado o reconducido un determinado entendimiento jurisprudencial, sino sobre todo, aquél que sea exponente del estándar más alto de protección del derecho. Conforme a lo anotado y en el marco de la contextualización de la línea jurisprudencial vinculada a la tutela directa de la acción de amparo constitucional por incumplimiento de la conminatoria de reincorporación, cabe señalar que el estándar jurisprudencial más alto se encuentra en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0138/2012, 0177/2012, 1608/2012, 0016/2018-S2, 0028/2018-S2, 0058/2018-S2 y 0060/2018-S2, al contener razonamientos que aseguran la máxima eficacia del derecho al trabajo, estabilidad laboral y el derecho a la reparación; por cuanto, por una parte, se concede la tutela ante el incumplimiento de la conminatoria, sin necesidad de efectuar otras consideraciones como la fundamentación o la legalidad de la misma, exigencias que no toman en cuenta los principios que informan la materia laboral, que se encuentran reconocidos en el art. 48 de la CPE, que establece que las normas laborales se interpretarán sobre la base de los principios de, entre otros, protección de las trabajadoras y de los trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad; de primacía de la relación laboral; de continuidad y estabilidad laboral; y, de inversión de la prueba a favor de la trabajadora y del trabajador. Cabe aclarar, que lo señalado no implica una negación del derecho a la defensa de la parte empleadora, quien, como lo indicó la jurisprudencia constitucional, podrá acudir a la jurisdicción laboral denunciando la supuesta ilegal conminatoria, con independencia de la concesión de la tutela. Por otra parte, las citadas Sentencias Constitucionales Plurinacionales, se pronuncian sobre los sueldos devengados y otros beneficios, conforme a los principios de interpretación referidos en el anterior párrafo y considerando que toda concesión de la tutela supone la reparación de la lesión del derecho o la garantía constitucional invocada como vulnerada, en el marco de lo señalado por el art. 113.I de la CPE, que establece que:

“La vulneración de los derechos concede a las víctimas el derecho a la indemnización, reparación y resarcimiento de daños y perjuicios en forma oportuna”; norma constitucional que es coherente con las normas internacionales sobre Derechos Humanos, y en concreto, con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) -que forma parte del bloque de constitucionalidad- que desarrolló la reparación como concepto genérico que contiene varios elementos. Así, para la Corte IDH, la reparación supone la restitución integral del derecho que fue vulnerado, es decir, el restablecimiento del derecho a la situación anterior a su violación; pero también implica la adopción de otras medidas como la indemnización, que es la reparación por daños materiales físicos o mentales, los gastos incurridos, las pérdidas de ingreso; la rehabilitación, en los casos que corresponda, comprendiendo la atención médica y psicosocial requerida; la satisfacción pública, que consiste en el reconocimiento de la responsabilidad; y, las garantías de no repetición, que tienen por objeto adoptar medidas estructurales para evitar la repetición de las vulneraciones a derechos. Entonces, a partir de todo lo desarrollado, se tienen las siguientes subreglas respecto al incumplimiento de la conminatoria de reincorporación pronunciada por la autoridad del trabajo:

i) Procede la acción tutelar de manera directa, lo que significa que el trabajador no requiere agotar previamente la jurisdicción laboral ni la vía administrativa;

ii) La competencia de la jurisdicción constitucional se limita a verificar el incumplimiento de la conminatoria de reincorporación, sin que corresponda analizar la fundamentación o la legalidad de dicha determinación; pues, esa labor es propia de la jurisdicción laboral, que podrá ser activada por el empleador si considera que la conminatoria resulta ilegal, con independencia de la concesión de la tutela por la justicia constitucional; pues esta concesión resulta provisional, hasta que la jurisdicción laboral defina la situación de la o el trabajador; y, iii) La concesión de la tutela supone la adopción de medidas de reparación como la indemnización, en concreto, tratándose de incumplimiento de conminatoria de reincorporación, la cancelación de los sueldos devengados desde la desvinculación ilegal constatada por la autoridad de trabajo y demás beneficios sociales que le correspondan al trabajador.

III.3. Análisis del caso concreto

La accionante denuncia la vulneración de sus derechos al trabajo y a la estabilidad laboral, relacionados a su derecho a la vida; toda vez que, habiendo suscrito tres contratos con la CNS Regional La Paz para desempeñar el cargo de Farmacéutica, fue desvinculada de su fuente laboral, sin considerar incluso que se encontraba con baja médica por un accidente laboral, hecho que denunció ante la Jefatura del Trabajo de ese departamento, entidad que pronunció en su favor la Conminatoria de Reincorporación Laboral J.D.T.-L.P./CMAR/ 318/2022, ordenando se le restituya en su lugar de trabajo; sin embargo, hasta la fecha de interposición de la presente acción de amparo constitucional, no fue cumplida por la entidad empleadora. Previo a ingresar al análisis, corresponde precisar que la Ley 1468 de 30 de septiembre de 2022 -Procedimiento Especial para la Restitución de Derechos Laborales-, vigente a la fecha de emisión de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, no es aplicable al caso concreto puesto que la referida norma ingresó en vigencia a partir del 3 de noviembre de 2022; y, la accionante acudió a la vía administrativa el 1 de julio de ese año -conforme desprende la carta descrita en la Conclusión II.2- y la Conminatoria fue pronunciada el 10 de agosto de igual año; es decir, fue emitida con anterioridad a la vigencia de la citada Ley 1468, debiendo aplicarse en consecuencia el procedimiento anterior, bajo el marco de lo previsto por la Resolución de Doctrina Constitucional 0001/2021. Ahora bien, de acuerdo a los datos adjuntos al expediente, se evidencia que la accionante y la Administración Regional La Paz de la CNS, entidad ahora demandada, suscribieron los Contratos de Prestación de Servicios descritos a continuación, con objeto de la prestación de servicios como Farmacéutica: C-0199/21 de 27 de febrero de 2021, con vigencia desde el 4 de enero hasta el 3 de marzo de ese año; C-3194/21 de 12 de abril de 2021, con vigencia desde el 5 de abril hasta el 30 de junio de igual año; y, C-1929/2022 de 24 de enero, este último con vigencia desde el 14 de enero hasta el 30 de junio de 2022, fecha que la impetrante de tutela refiere haber sido despedida (Conclusión II.1). Ante esa situación, la accionante acudió a la Jefatura Departamental de Trabajo de La Paz denunciando su retiro injustificado, instancia que luego del trámite administrativo correspondiente, pronunció la Conminatoria de Reincorporación Laboral J.D.T.-L.P./CMAR/ 318/2022, por la que conminó a la inmediata reincorporación de la impetrante de tutela, al mismo puesto que ocupaba al momento de su desvinculación; es decir, como Farmacéutica en el Hospital Obrero 1, bajo dependencia de la Administración Regional La Paz de la CNS, más el pago de los salarios devengados y demás derechos sociales y laborales hasta su efectiva reincorporación (Conclusión II.3). Determinación que fue notificada a la parte demandada el 31 de agosto de 2022; empero, tal disposición hasta la fecha de interposición de la presente acción tutelar -14 de octubre de igual año- no fue cumplida, extremo demostrado a través del Informe J.D.T.L.P.-CMAR-VR- 321/2022, sobre verificación de reincorporación laboral de la trabajadora, pronunciado por la Inspectora de Trabajo de La Paz (Conclusión II.4). Resolución que además de acuerdo al informe prestado por el demandado, habría sido impugnada en la vía administrativa a través del RECURSO DE REVOCATORIA, resuelto mediante la RA 708-22 de 7 de octubre -que no cursa en antecedentes-, pronunciada por el Jefe Departamental del Trabajo de La Paz, que resolvió RECHAZAR el recurso y CONFIRMAR la Conminatoria impugnada; decisión contra la cual, a su vez interpuso RECURSO JERÁRQUICO, cuyo resultado tampoco consta en el expediente constitucional, entendiéndose que a la fecha de la audiencia de garantías se encontraba pendiente de resolución; empero, conforme a vasta jurisprudencia, la activación de los recursos administrativos no implica la suspensión de la ejecución de la conminatoria de reincorporación laboral.

Por su parte la entidad demandada arguyó que, en cumplimiento a la Conminatoria de Reincorporación Laboral J.D.T.-L.P./CMAR/ 318/2022, suscribió con la accionante el Contrato de Prestación de Servicio C-3908/2022 Trabajador Eventual Reincorporación por Orden del Ministerio de Trabajo Programa 72-02 (Necesidad de Servicio) de “19-10-22”, que tiene por objeto la prestación de servicios de manera temporal, como Farmacéutica Nivel 10A con cargo a la Partida 12100 (Personal Eventual) del Programa 72-02 (Necesidad de Servicio) dependiente del “HAIG” Obrero 1 de la Regional La Paz, con vigencia desde el 17 de octubre al 30 de diciembre de 2022 indefectiblemente (Conclusión II.5). Al respecto, la accionante en la audiencia de garantías reconoce que firmó dicho Contrato, aclarando que considera que la finalidad de la Conminatoria dispuesta en su favor no fue cumplida, toda vez que se trata de un contrato simulado, con vigencia de dos meses y trece días, que no le asegura estabilidad laboral. En ese contexto, corresponde precisar que conforme a la jurisprudencia citada en los Fundamentos Jurídicos III.1 y III.2 de este fallo constitucional, ante la denuncia de vulneración del derecho al trabajo y a la estabilidad e inamovilidad laboral, por despido injustificado -sin haberse incurrido en las causales establecidas en el art. 16 de la LGT-, que derivó en la emisión de una conminatoria de reincorporación laboral por el Trabajo, Empleo y Previsión Social, siendo la finalidad de la jurisdicción constitucional el resguardo de los derechos fundamentales cuando estos son amenazados, a efectos de otorgar una tutela provisional inmediata: “Es posible interponer directamente la acción de amparo constitucional -abstrayendo el principio de subsidiariedad- cuando la trabajadora o el trabajador demande el incumplimiento de la conminatoria de reincorporación…”; siendo en estos casos labor de la jurisdicción constitucional verificar la emisión de la conminatoria, su notificación al empleador y su incumplimiento, debiendo en esa circunstancia disponer el cumplimento integral de la conminatoria de reincorporación laboral, sin omitir ninguna de sus determinaciones. En ese marco, en el caso concreto se evidencia que la entidad demandada y la accionante suscribieron el Contrato de Prestación de Servicio C-3908/2022, que establece una vigencia desde el 17 de octubre al 30 de diciembre de 2022, por lo que -a decir suyo- el objeto de la acción tutelar habría cesado, habiéndose superado el alegado incumplimiento de la Conminatoria de Reincorporación Laboral J.D.T.-L.P./CMAR/ 318/2022, pronunciada por la Autoridad del Trabajo; no obstante, esta reincorporación fue efectuada bajo términos y condiciones que no garantizan continuidad de la trabajadora más allá del plazo indicado en el Contrato y además, se debió a la interposición de la acción de amparo constitucional, asimismo, no se efectivizó el pago de sueldos devengados y demás derechos laborales y sociales hasta su efectiva reincorporación, conforme fue ordenado en la Conminatoria descrita supra; en consecuencia, se evidencia la vulneración de los derechos invocados en la presente acción tutelar, toda vez que no dio cumplimiento estricto a lo determinado en la Resolución de Reincorporación; en ese sentido, de acuerdo al desarrollo jurisprudencial precedente, que dispone el cumplimiento en forma íntegra la conminatoria de reincorporación laboral, donde el empleador ejecute todos los aspectos que hubieran sido dispuestos por la Jefatura de Trabajo, por cuanto no está permitido acatarla en forma parcial, tal como establece la norma contenida en el Artículo Único del DS 0495; por lo que, con base en los fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, corresponde conceder la tutela solicitada.

Concluyendo el análisis efectuado, cabe remarcar que esta concesión resulta provisional, hasta que la jurisdicción laboral defina la situación del trabajador, de manera que no implica el desconocimiento del derecho a la defensa de la parte empleadora; por cuanto, dicha entidad puede acudir a la jurisdicción laboral para cuestionar lo dispuesto en la Conminatoria de referencia, con independencia de la concesión de la tutela por la justicia constitucional, tomando en cuenta que la competencia de la justicia constitucional se limita a verificar el cumplimiento de la conminatoria de reincorporación, sin que corresponda analizar la fundamentación o la legalidad de dicha determinación; labor que es propia de la jurisdicción ordinaria. Por todo lo expuesto, la Sala Constitucional al conceder la tutela impetrada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 251/2022 de 28 de octubre, cursante de fs. 83 a 84, pronunciada por la Sala Constitucional Primera de departamento de La Paz; y en consecuencia: CONCEDER la tutela solicitada, disponiendo que la entidad demandada proceda al cumplimiento inmediato de la Conminatoria de Reincorporación Laboral J.D.T.-L.P./CMAR/318/2022 de 10 de agosto, pronunciada por la Jefatura Departamental del Trabajo de La Paz, en todos sus términos y condiciones, conforme a los Fundamentos Jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller

MAGISTRADA

Notas al pie

1 El FJ III.4, señala: “… cuando el DS 0495 y la RM 868/10, disponen una única instancia para resolver administrativamente la reincorporación del trabajador, afectan el derecho al debido proceso en su elemento de acceso a una segunda instancia, de las partes que acceden a este mecanismo de resolución de conflictos, que pueden ser el trabajador como el empleador, debiendo por ello expulsarlas del ordenamiento jurídico, para que en aplicación del debido proceso consagrado por el art. 115.II de la CPE, las partes tengan acceso a una segunda instancia administrativa en reclamo de la conminatoria a la reincorporación, sin perjuicio de la vía judicial” (las negrillas son nuestras).

Más sobre Acción de amparo — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0688_2024-S1.pdf · páginas 1 a 18.

Huella digital del PDF (SHA-256): ad88562caf81288362a1c76db8e47019cb7e26ddc0124b1673031abf096267ad

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