B.IA.LEGAL

SCP 0687/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 2 de julio de 2025

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
2 de julio de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
Paola Verónica Prudencio Candia
Expediente
61551-2024-124-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso en su elemento de celeridad y el acceso a la justicia; toda vez que, habiendo el 19 de enero de 2024, solicitado la cesación de la detención preventiva en virtud al art. 239.1 del CPP, la Jueza demandada mediante decreto de 23 de igual mes y año, en lugar de señalar de forma directa audiencia para la consideración de su solicitud, dispuso que previamente se adjunten los elementos probatorios que desvirtuaban los riesgos procesales, dilatando de esa forma que se pueda modificar su situación jurídica. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 01/2024 de 27 de enero, cursante de fs. 18 vta. a 19, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Decimosexta de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, 1° CONCEDER la tutela impetrada, bajo la modalidad traslativa e innovativa, sin disponer ninguna actuación; por cuanto, ya se señaló la audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva extrañada. 2° Exhortar a Caly Erika Barrancos Rojas, Jueza de Instrucción Penal Decimosexto de la Villa Primero de Mayo de la Capital del departamento de Santa Cruz, a observar los plazos procesales establecidos en el Código de Procedimiento Penal, evitando dilaciones innecesarias que vulneren derechos de los procesados especialmente cuando se encuentran privados de libertad.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Respecto a la acción de libertad innovativa
  2. III.2. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho.
  3. III.3. Sobre la solicitud de cesación de la detención preventiva y el señalamiento de audiencia y las modificaciones introducidas por las leyes 1173 y 1226
  4. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0687/2025-S3 Sucre, 2 de julio de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 61551-2024-124-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 01/2024 de 27 de enero, cursante de fs. 18 vta. a 19, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Juan Carlos Díaz Villarroel en representación sin mandato de Miguel Ángel Rodas Calixto contra Caly Erika Barrancos Rojas, Jueza de Instrucción Penal Decimosexto de la Villa Primero de Mayo de la Capital del departamento de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 26 de enero de 2024, cursante de fs. 3 a 4 vta., el accionante a través de su representante, expresó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de Damiris Belén Flores Cachi en su contra, por la presunta comisión del delito de violación en grado de tentativa que se encuentra bajo el control jurisdiccional del Juez de Instrucción Penal Decimoprimero de la Villa Primero de Mayo de la Capital del departamento de Santa Cruz, se determinó su detención preventiva. Ante esa situación, debido a que dicho despacho judicial ingresó en vacación judicial, su causa fue remitida ante su similar Decimosexta, motivo por el cual, el 19 de enero de 2024, solicitó la cesación de la detención preventiva. Sin embargo, dicha autoridad judicial demandada, en lugar de señalar audiencia para la consideración de su solicitud mediante decreto de 23 de igual mes y año, señaló que “…PREVIAMENTE A RESOLVER, QUE SE ADJUNTE LA DOCUMENTACION EN EL PLAZO DE 24 HORAS” (sic), inobservando la jurisprudencia constitucional que establece que los elementos probatorios que tienen por objeto desvirtuar los riesgos procesales pueden ser presentados en audiencia, dilatando de esa forma que se pueda modificar su situación jurídica.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso en su elemento de celeridad y el acceso a la justicia, sin citar norma constitucional alguna.

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela, ordenándose que la Jueza demandada programe día y hora de audiencia de consideración de su solicitud de cesación de la detención preventiva.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual el 27 de enero de 2024, según consta en acta cursante de fs. 18 a 19, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogado, ratificó el contenido de su demanda tutelar y ampliándolo señaló que el “día de ayer” su defensor técnico se apersonó al Juzgado de Instrucción Penal Decimosexto de la Villa Primero de Mayo de la Capital del departamento de Santa Cruz y revisó el cuaderno de control jurisdiccional, en el que solo estaba adjunto el decreto de 23 de enero de 2024, que determinaba que con carácter previo se anexen los elementos probatorios. Providencia que, si bien conforme al informe presentado por la autoridad judicial ya hubiere sido corregido, asintiendo la prenombrada que habría incurrido en error. No obstante, al haberse lesionado sus derechos al debido proceso y al principio de celeridad, solicitó se conceda la tutela por acción de libertad en su modalidad innovativa.

I.2.2. Informe de la demandada

Caly Erika Barrancos Rojas, Jueza de Instrucción Penal Decimosexto de la Villa Primero de Mayo de la Capital del departamento de Santa Cruz, mediante informe escrito presentado el 27 de enero de 2024, cursante a fs. 17 y vta. señaló que: a) A través de providencia de 23 del mencionado mes y año, que fue subida al Sistema Integrado de Registro Judicial (SIREJ), en la misma fecha, se tiene que en virtud del art. 168 del Código de Procedimiento Penal (CPP), enmendó el procedimiento y señaló audiencia de consideración de la cesación de la detención preventiva para el 29 del indicado mes y año a horas 9:00, corrigiéndose de esa forma la providencia de 23 de enero de 2024; por lo que, no se lesionó los derechos alegados por el accionante; b) El Juzgado del cual es titular se encuentra en suplencia legal de su similar Decimoprimero por vacaciones judiciales, motivo por el que impetró que se exhorte a la defensa del impetrante de tutela que realice un mejor seguimiento a su proceso; y, c) La demanda de acción de libertad, carece de argumentación jurídica, habiéndose limitado hacer cita de jurisprudencia, sin argumentar por qué considera que se lesionaron sus derechos y de qué manera se hubiesen transgredido los mismos, siendo obligación de la parte accionante efectuar una debida fundamentación a efectos que la autoridad demandada pueda presentar su informe acorde a las presuntas lesiones a los derechos denunciados. Por ello pide se deniegue la tutela.

I.2.3. Resolución

La Jueza de Sentencia Penal Decimosexta de la Capital del departamento de Santa Cruz, mediante Resolución 01/2024 de 27 de enero, cursante de fs. 18 vta. a 19, denegó la tutela impetrada; decisión asumida con base en los siguientes fundamentos: 1) La acción de libertad es un mecanismo extraordinario de defensa que tiene por objeto precautelar el derecho a la libertad por persecuciones ilegales e indebidas, cuya protección está relacionada con el art. 115 de la Constitución Política del Estada (CPE), que establece el resguardo oportuno y efectivo de los derechos fundamentales; 2) La acción de libertad solo puede ser activada cuando los mecanismos previstos en el ordenamiento ordinario no sean los idóneos para reparar de manera inmediata, pronta y oportuna el derecho a la libertad, no siendo factible activar la jurisdicción constitucional cuando estos no hayan sido previamente utilizados; y, 3) De la verificación de los actuados y el informe presentado por la Jueza demandada se puede observar el señalamiento de audiencia de consideración de la solicitud de cesación de la detención preventiva para el lunes 29 de enero de 2024; por ende, no existe lesión alguna a los derechos invocados por el impetrante de tutela.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. El 19 de enero de 2024, Miguel Ángel Rodas Calixto -ahora accionante-presentó ante la Jueza de Instrucción Penal Decimosexto de la Villa Primero de Mayo de la Capital del departamento de Santa Cruz -hoy demandada-, solicitud de cesación de la detención preventiva (fs. 15). II.2. Mediante decreto de 23 de enero de 2024, la Jueza de la causa señaló:

“En atención al memorial que antecede el mismo se tiene presente y en cuanto a lo solicitado previo a resolver lo que en derecho corresponde adjunte la documentación pertinente en el plazo de 24 horas a los fines de notificación” (sic [fs. 16]). II.3. A través de providencia de 23 de enero de 2024, la autoridad judicial demandada refirió que: “…siendo que por un lapsus calamis no se señaló la audiencia de cesación a la detención preventiva para el imputado Miguel Angel Rodas Calixto; de conformidad del art. 168 del C.P.P., se corrige la providencia que antecede con la finalidad de no causar perjuicio a la parte imputada, se señala audiencia de CESACION A LA DETENCION PREVENTIVA conforme al art. 239 Num. 1 del C.P.P., para el imputado MIGUEL ÁNGEL RODAS CALIXTO para el día Lunes 29 de Enero del 2024 a horas 09:00 A.M…” (sic [fs. 16 vta.]).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso en su elemento de celeridad y el acceso a la justicia; toda vez que, habiendo el 19 de enero de 2024, solicitado la cesación de la detención preventiva en virtud al art. 239.1 del CPP, la Jueza demandada mediante decreto de 23 de igual mes y año, en lugar de señalar de forma directa audiencia para la consideración de su solicitud, dispuso que previamente se adjunten los elementos probatorios que desvirtuaban los riesgos procesales, dilatando de esa forma que se pueda modificar su situación jurídica. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Respecto a la acción de libertad innovativa

Con relación a la acción de libertad innovativa la SCP 0182/2020-S2 de 24 de julio señala que: “…la SCP 2491/2012 de 3 de diciembre, indicó que: ‘…entiéndase la figura de la acción de libertad innovativa o habeas corpus innovativo como el mecanismo procesal, por el cual el juez constitucional asume un rol fundamental para la protección del derecho a la libertad personal, y por ello, en la Sentencia que pronuncie debe realizar una declaración sobre la efectiva existencia de lesión al derecho a la libertad física o personal, aunque la misma hubiera desaparecido, advirtiendo a la comunidad y al funcionario o persona particular, que esa conducta es contraria al orden constitucional, en esta Sentencia también se debe emitir una orden al funcionario o particular que lesionó el derecho en sentido que, en el futuro, no vuelva a cometer ese acto, con relación a la misma persona que activó la justicia constitucional o con otras que se encuentren en similares circunstancias’. Por su parte, la SCP 2075/2013 de 18 de noviembre, refirió que: ‘Dicho entendimiento se justifica plenamente si se considera que la justicia constitucional tiene como una de sus funciones el precautelar el respeto y vigencia de los derechos y las garantías reconocidas en la Constitución Política del Estado y en las diferentes normas en materia de derechos humanos que conforman el bloque de constitucionalidad, y, por ende debe imprimir todos los mecanismos necesarios que permitan el ejercicio real y efectivo de los mismos. En ese contexto, el propósito fundamental de la acción de libertad no es únicamente el de reparar o disponer el cese del hecho conculcador, sino también de advertir a la comunidad en su conjunto, sean autoridades, servidores públicos o personas particulares, que las conductas de esa naturaleza contravienen el orden constitucional y, por consiguiente, son susceptibles de sanción, no pudiendo quedar en la impunidad, así, el acto lesivo haya desaparecido’. Jurisprudencia desarrollada de la cual se establece que la acción de libertad en su modalidad innovativa, es instituida como una garantía constitucional para la protección de los derechos fundamentales, que puede ser presentada inclusive cuando el acto cuya vulneración se denuncia haya cesado, habida cuenta que la misma tiene por objeto evitar que los servidores públicos o personas particulares cometan similares actos u omisiones que contravienen el orden constitucional, permisión que se encuentra sustentada en el art. 49.6 del CPCo, que dispone ‘Aun habiendo cesado las causas que originaron la Acción de Libertad, la audiencia deberá realizarse en el día y hora señalados, a efectos de establecer las responsabilidades que correspondan’” (las negrillas nos pertenecen).

III.2. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho.

Sobre el particular la SCP 0171/2025-S3 de 31 de marzo estableció que: “…la SCP 0044/2010-R de 20 de abril, efectuando una breve sistematización de lo que hasta ese entonces fue el habeas corpus −ahora acción de libertad− expuso las tipologías de esta acción, siendo estas, el habeas corpus preventivo y correctivo, agregando la jurisprudencia constitucional al habeas corpus restringido; y ampliando su consideración a los tipos de habeas corpus instructivo y traslativo o de pronto despacho, precisando que, a través de este último se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad; por lo que básicamente, se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de los privados de libertad. En esa misma línea, la SCP 0465/2010-R de 5 de julio, confirmó dichos postulados y la necesidad contar con medios constitucionales efectivos para resguardar sobre todo el derecho a la libertad, en ese sentido señaló que: (…) En este mismo sentido, la referida Sentencia Constitucional citada, reiteró que el hábeas corpus, ahora acción de libertad traslativa o de pronto despacho se constituye: ‘…en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad’” (negrillas agregadas).

III.3. Sobre la solicitud de cesación de la detención preventiva y el señalamiento de audiencia y las modificaciones introducidas por las leyes 1173 y 1226

Con relación a este acápite la SCP 0171/2025-S3 de 31 de marzo, precisó que: “…la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, y posteriormente la Ley de Modificación a ley N° 1173 de 3 mayo de 2019, de abreviación procesal penal y de fortalecimiento de la lucha integral contra la violencia a niñas, niños, adolescentes y mujeres -Ley 1226 de 23 de septiembre de 2019-introdujo las modificaciones al art. 239 referente a la cesación de las medidas cautelares personales, siendo el texto vigente el siguiente: ‘Artículo 239. (CESACIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES). Las medidas cautelares personales cesarán por el cumplimiento de alguna de las siguientes causales: 1. Cuando nuevos elementos demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente que sea sustituida por otra medida; (…) Planteada la solicitud, en el caso de los numerales 1, 2, 5 y 6, la jueza, el juez o tribunal deberá señalar audiencia para su resolución dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas. (…) En consecuencia, el trámite a aplicar para la resolución de la cesación de la detención preventiva, es diferente en función a la causal; por una parte, para los numerales 1, 2, 5 y 6 del art. 239 del CPP modificado por la Ley 1226, corresponde resolverlas a través de una audiencia dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho horas. En cambio, para las causales 3 y 4 del citado artículo; dentro de las veinticuatro horas se correrá traslado a las otras partes para que respondan en el plazo de cuarenta y ocho horas y, con o sin contestación se resolverá sin necesidad de audiencia, dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho horas siguientes. Por consiguiente, la autoridad jurisdiccional que conozca una solicitud de cesación de la detención preventiva, que restrinja el derecho a la libertad de locomoción de un acusado, debe tramitarla con la mayor celeridad posible y dentro del plazo establecido, ya que el incumplimiento de esta obligación impuesta por ley, provocaría una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que la misma sea atendida favorablemente, pues la decisión a asumirse dependerá de las circunstancias y pruebas a presentarse; precisándose que la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida para atender una petición de tal naturaleza y no en la decisión jurídica y fundamentada de rechazo o aceptación a tal solicitud” (las negrillas son nuestras). Ahora bien, siendo que en lo principal el accionante denuncia la dilación en el señalamiento de audiencia por haber solicitado que con carácter previo se presente la prueba pertinente en que respalda su solicitud de cesación de la detención preventiva con base en el art. 239.1 del CPP, la SCP 1121/2016-S3 de 18 de octubre, razonó que: “Dicha normativa únicamente dispone el fijar audiencia en el plazo antes referido sin exigir el cumplimiento de requisito alguno, así como de su lectura e interpretación no se advierte que disponga el traslado a las partes procesales de la solicitud efectuada ni señala imperativamente la notificación con la prueba a los últimos nombrados, lo que no significa que ante su existencia se proceda a poner en conocimiento de los mismos. Consecuentemente, la prueba en la que el imputado respalda su solicitud de cesación de la detención preventiva en base al art. 239.1 del CPP puede ser presentada junto con el memorial correspondiente, así como también directamente en la audiencia señalada en base al principio de oralidad que rige en materia penal, a partir de lo que se concluye que la falta de presentación de la prueba a tiempo de pedir la cesación de la detención preventiva no significa la falta de señalamiento de audiencia para dicho acto procesal; es decir, que al omitir el cumplimiento a la norma precedentemente indicada la autoridad jurisdiccional incurriría en dilación indebida e innecesaria en perjuicio del imputado, lo que no significa la vulneración al principio de contradicción considerando la finalidad en el proceso penal de las medidas cautelares personales” (negrillas añadidas). Entendimiento que si bien desarrollado con base en la normativa que fue modificada por las leyes 1173 y 1226; empero no resulta contradictorio al orden constitucional vigente.

III.4. Análisis del caso concreto

El accionante denuncia que habiendo el 19 de enero de 2024, solicitado la cesación de la detención preventiva, la Jueza demandada mediante decreto de 23 de igual mes y año, en lugar de señalar de forma directa audiencia para la consideración de su solicitud, dispuso que previamente se adjunten los elemento probatorios que desvirtuaban los riesgos procesales. Dilatando de esa forma que se pueda modificar su situación jurídica, actuación con la cual lesionó sus derechos a la libertad, al debido proceso en su elemento de celeridad y el acceso a la justicia. Con carácter previo es necesario aclarar que si bien al momento de desarrollarse la audiencia de garantías de esta acción tutelar, la Jueza demandada mediante decreto de 23 de enero de 2024, corrigiendo procedimiento en virtud del art. 168 del CPP, señaló audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva para el 29 del mencionado mes y año a horas 9:00 (Conclusión II.3). Por lo que, el objeto de la presente acción de libertad estaría cumplido; no obstante, en consideración del razonamiento desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, que permite presentar la acción de libertad en su modalidad innovativa, inclusive cuando el hecho lesivo que se denuncia hubiere cesado con el objeto de determinar la responsabilidad que amerita el caso y evitar que en el futuro se repitan las acciones ilegales denunciadas por los servidores públicos o particulares; motivo por el cual, no existe impedimento para analizar la problemática denunciada. Efectuada esa aclaración, dentro proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de Damiris Belén Flores Cachi contra el impetrante de tutela, por la presunta comisión del delito de violación en grado de tentativa, se dispuso su detención preventiva. Circunstancia por la cual, mediante memorial presentado el 19 de enero de 2024, ante la Jueza de Instrucción Penal Decimosexto de la Villa Primero de Mayo de la Capital del departamento de Santa Cruz -en suplencia legal por vacación judicial-solicitó la cesación de dicha medida extrema (Conclusión II.1), mereciendo el decreto de 23 de igual mes y año que establece: “En atención al memorial que antecede el mismo se tiene presente y en cuanto a lo solicitado previo a resolver lo que en derecho corresponde adjunte la documentación pertinente en el plazo de 24 horas a los fines de notificación” (sic [Conclusión II.2]).

En tal sentido, a fin de resolver la presente problemática traída en revisión, corresponde considerar el razonamiento desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional en el que se establece que la acción de libertad traslativa o de pronto despacho tiene por objeto acelerar los trámites judiciales cuando existen dilaciones indebidas para que se considere la situación jurídica de un privado de libertad, constituyéndose en el mecanismo procesal idóneo para reparar vulneraciones al principio de celeridad vinculado al derecho a la libertad personal, encontrándose dentro de los supuestos de procedencia, la dilación en la tramitación y resolución de una solicitud de cesación de la detención preventiva, como se denuncia en el presente caso. Teniendo presente lo anterior, en el caso en análisis, se evidencia que el peticionante de tutela presentó solicitud de cesación de la detención preventiva el 19 de enero de 2024. No obstante, la Jueza de demandada en lugar de programar de manera inmediata la audiencia para la consideración de ese instituto jurídico, mediante providencia de 23 del mes y año mencionados, señaló que: “…previo a resolver lo que en derecho corresponde adjunte la documentación pertinente en el plazo de 24 horas a los fines de notificación” (sic), desconociendo la normativa y el trámite desarrollado en el Fundamento Jurídico III.3 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, referente a la resolución de la cesación de la medida extrema en virtud al art. 239.1 del CPP; que claramente determina que una vez presentada la solicitud de cesación, la autoridad judicial debe señalar audiencia para su resolución dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho horas; no pudiendo exigir que el imputado presente la prueba que respalda su petición; dado que, la misma puede ser presentada junto con el memorial o en la audiencia programada para ese efecto. En consecuencia, la Jueza demandada al no haber señalado audiencia de consideración de la cesación de la detención preventiva de manera inmediata y directa, lesionó el derecho a la libertad del impetrante de tutela vinculado al debido proceso y el principio de celeridad. Correspondiendo, conceder la tutela impetrada en aplicación a la acción de libertad innovativa que tiene por objeto que esa conducta dilatoria en la que se incurrió no vuelva a repetirse en el futuro, más aun cuando a través de decreto de 23 de enero de 2024, la aludida autoridad corrigendo procedimiento en previsión del art. 168 del CPP enmendó la providencia cuestionada vía acción tutelar y programó audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva para el 29 del señalado mes y año. Es decir, lo hizo inobservando el plazo máximo de cuarenta y ocho horas establecido por el art. 239.1 del citado Código, argumentando que era “…debido a la excesiva recarga de audiencias que existe en el juzgado 16vo de Instrucción Penal al encontrarnos en turno permanente en la Villa Primero de Mayo, y en suplencia del Juzgado de Instrucción 11vo Penal…” (sic), extremo que no es justificable, al no haberse demostrado objetivamente tal extremo y estar de por medio el derecho a la libertad del peticionante de tutela, por lo que también debe ser observado y reprochado a través de esta acción de defensa. En consecuencia, la Jueza de garantías al haber denegado la tutela impetrada, no obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 01/2024 de 27 de enero, cursante de fs. 18 vta. a 19, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Decimosexta de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, 1° CONCEDER la tutela impetrada, bajo la modalidad traslativa e innovativa, sin disponer ninguna actuación; por cuanto, ya se señaló la audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva extrañada. 2° Exhortar a Caly Erika Barrancos Rojas, Jueza de Instrucción Penal Decimosexto de la Villa Primero de Mayo de la Capital del departamento de Santa Cruz, a observar los plazos procesales establecidos en el Código de Procedimiento Penal, evitando dilaciones innecesarias que vulneren derechos de los procesados especialmente cuando se encuentran privados de libertad. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0687_2025-S3.pdf · páginas 1 a 10.

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