Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 20 de agosto de 2024
Deniega la tutela
La empresa Hormigón Industrial del Norte Sociedad Anónima (S.A.) HINO S.A, a través de su representante -hoy accionante- denuncia la vulneración del derecho al debido proceso, señalando que el 20 de mayo 2022 presentó un memorial a la AGIT, por el cual solicitó se ordene el cumplimiento de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1913/2020 de 22 de diciembre a la Gerencia Distrital de El Alto del (SIN), y en concreto se levante las medidas coactivas que persisten sobre sus cuentas bancarias, mediante la ASFI; sin embargo, tal petición fue rechazada por Providencia de 24 del mismo mes y año, emitida por la Directora Ejecutiva General a.i. de la AGIT -accionada-, en la cual señalaba que con carácter previo la Gerencia de Recursos Judiciales informe si la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1913/2020, fue impugnada a través de demanda contenciosa administrativa o una acción de amparo constitucional, a efectos de proveer lo que corresponda en derecho, ante lo dispuesto, la parte accionante, el 30 de mayo del mismo año, interpuso un recurso de reposición contra le referida providencia, misma que fue resuelta el 8 de junio de igual año, por Decreto en el que se estableció que se esté a lo dispuesto por los arts. […]
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 193/2022 de 5 de septiembre, cursante de fs. 161 a 163 vta., pronunciada por Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de la Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0687/2024-S3 Sucre, 20 de agosto de 2024 SALA TERCERA Magistrada Relatora: MSc. Isidora Jiménez Castro Acción de amparo constitucional Expediente: 51496-2022-103-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 193/2022 de 5 de septiembre, cursante de fs. 161 a 163 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Hugo Jaime Torrico Siles, en representación legal de la empresa Hormigón Industrial del Norte Sociedad Anónima (S.A.) HINO S.A. contra Katia Mariana Rivera Gonzales, Directora Ejecutiva General a.i. de la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT).
Por memoriales presentados el 12 de julio y 1 de agosto ambos de 2022, cursantes de fs. 27 a 30 y 37 a 40 vta., la empresa accionante a través de su representante legal, expresó lo siguiente:
Mediante memorial de 20 de mayo de 2022, solicitó a la AGIT, disponga el cumplimiento de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1913/2020 de 22 de diciembre, por la Gerencia Distrital de El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), y ordenar en concreto se levante las medidas coactivas que persisten sobre sus cuentas bancarias, mediante la Autoridad del Sistema Financiero (ASFI), en el plazo máximo de setenta y dos horas desde la notificación con la resolución correspondiente. El 25 de mayo de 2022, fueron notificados con Providencia de 24 del mismo mes y año, emitida por la Directora Ejecutiva General a.i. de la AGIT -accionada-, en la cual señalaba que con carácter previo la Gerencia de Recursos Judiciales informe si la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1913/2020, fue impugnada a través de demanda contenciosa administrativa o una acción de amparo constitucional, a efectos de proveer lo que corresponda en derecho. El 30 de mayo de 222, interpuso un recurso de reposición contra la referida providencia, para que se revoque y de lugar al cumplimiento de la precitada Resolución de Recurso Jerárquico, con el correspondiente levantamiento de medidas coactivas que persisten en sus cuentas bancarias; el 8 de junio del citado año se les notificó con Decreto de 2 de igual mes y año, en el que providenciaron que se estén a lo dispuesto por los arts. 195 y 207 del Código Tributario Boliviano (CTB), declarando “no ha lugar” lo solicitado de su parte. Tal determinación vulneró su derecho al debido proceso que se encuentra establecido en el art. 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA) -Ley 2341 de 23 de abril de 2002-, como el art. 68 del CTB; afirmando que el recurso de reposición presentado por su parte refirió a la SCP 0433/2015-S3 de 4 de mayo, en la que se sigue la línea jurisprudencial respecto al cumplimiento de resoluciones emitidas dentro de procesos judiciales o administrativos y disciplinarios; de igual forma sostuvo que, el informe de la Gerencia de Recursos Judiciales carece de relevancia pues el art. 109 del referido código establece las causales de suspensión u oposición de la ejecución tributaria, mientras que el art. 131 del mismo cuerpo legal establece los recursos admisibles contra los actos de la administración tributaria; en ese sentido se tiene que la interposición de un proceso contencioso administrativo no inhibe la ejecución de la resolución dictada en el Recurso Jerárquico, salvo solicitud expresa de suspensión formulada a la administración tributaria por el contribuyente y/o responsable presentada dentro del plazo de cinco días siguientes a la notificación con la resolución que resuelve dicho recurso; la solicitud deberá contener además el ofrecimiento de garantías suficientes y el compromiso de constituirlas dentro de los noventa días siguientes. Dentro del memorial de subsanación, refiere que la acción tutelar se presentó no con el objetivo de solicitar a la jurisdicción constitucional el cumplimiento o ejecución de las resoluciones, sino para reparar la lesión al debido proceso, dado que la eficacia de las resoluciones se constituye en un derecho que emerge de las garantías constitucionales.
Señaló como lesionado su derecho al debido proceso, sin citar norma constitucional alguna.
Solicitó se conceda la tutela; y, en consecuencia, ordenar en concreto a la Autoridad de Impugnación Tributaria exija al Servicio de Impuestos Nacionales, Gerencia Distrital de El Alto del departamento de La Paz, proceda al cumplimiento de la Resolución de Recurso Jerárquico y levante las medidas coactivas que persisten en sus cuentas bancarias, y sea en el plazo de setenta y dos horas desde la notificación correspondiente.
Celebrada la audiencia pública el 5 de septiembre de 2022, según consta en el acta, cursante de fs. 153 a 160 vta., se produjeron los siguientes actuados:
La parte accionante, a través de su abogado ratificó in extenso los argumentos contenidos en la demanda tutelar; y ampliando el mismo en el desarrollo de la audiencia, manifestó que: a) La SCP 0433/2015-S3 de 4 de mayo, si bien señaló que al Tribunal Constitucional Plurinacional no le corresponde el hacer cumplir las resoluciones de órganos administrativos y judiciales, puesto que ello compete al propio órgano emisor de la resolución administrativa, ejecutar sus resoluciones, y solo si el órgano omite su cumplimiento de manera reiterada y ostensible, y se hubiera agotado los medios legales para que todo órgano cumpla su deber, se abrirá la jurisdicción constitucional, no para ejecutar resoluciones, sino para reparar una lesión al debido proceso u otros derechos fundamentales, dado que la eficacia de las resoluciones se constituyen en un derecho emergente del debido proceso; y, b) Una resolución de recurso jerárquico, conforme al CTB, es un título de ejecución tributaria y precisamente acorde a este criterio es el órgano emisor llamado en este caso, la AGIT, conforme a derecho.
Katia Mariana Rivera Gonzales, Directora Ejecutiva General a.i. de la AGIT, remitió informe escrito, de 2 de septiembre de 2022, cursante de fs. 87 a 91, mediante el cual solicitó se deniegue la tutela, en mérito a los siguientes argumentos: 1) La AGIT emitió la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1913/2020, en atención al recurso jerárquico presentado por la Gerencia Distrital de El Alto del SIN, y se dispuso confirmar la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0769/2020 de 25 de septiembre, que revocó parcialmente la Resolución Administrativa (RA) 231921001500, dejando sin efecto la deuda tributaria determinada por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en los periodos fiscales de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2011 por prescripción, manteniendo firme y subsistente la facultad para imponer sanciones por el incumplimiento de deberes formales, establecida en el acta de contravención vinculadas al procedimiento de la Determinación 00080448; habiéndose notificado dicha resolución a la Administración Tributaria, esta presentó demanda contenciosa administrativa que se encuentra signada con el expediente 70/2021-CA y su estado actual es autos para sentencia; 2) Del contenido de la acción tutelar presentada, se tiene que la empresa accionante ante el rechazo de su solicitud, que se ordene a la administración tributaria el cumplimento de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1913/2020 y el levantamiento de medidas coactivas, pretende que la Sala Constitucional se convierta en una instancia recursiva que verifique lo dispuesto por la AGIT, sin que la misma especifique ni precise los actos u omisiones en que hubieran incurrido las autoridades accionadas; asimismo, no identificó que derechos supuestamente fueron lesionados y la relación de causalidad entre ambos, lo que no ocurre dentro del presente caso, limitándose la parte accionante a manifestar que se vulneró el derecho al debido proceso sin identificar en cuál de sus elementos que la componen hubiera sido lesionado tal derecho; 3) La acción de defensa presentada carece de los requisitos esenciales para su procedencia, mencionando únicamente al Decreto de 24 de mayo de 2022, sin que se realice una relación de causalidad entre las supuestas omisiones en las que se hubiera incurrido y los derechos supuestamente vulnerados, incumpliendo de esa forma lo determinado por el art. 33.6 del Código Procesal Constitucional (CPCo), además que estos aspectos observados por el accionante, carecen de relevancia constitucional, lo que trae como consecuencia la improcedencia de la acción tutelar planteada; 4) El Decreto de 2 de junio del mismo año, que emitió la AGIT, dispuso no ha lugar a las solicitudes expuestas en los memoriales presentados por el accionante el 20 y 30 de mayo del igual año, determinación que se encuentra amparada en las previsiones contenidas en el CTB, en mérito a que la AGIT interviene en el procedimiento de impugnación de los actos definitivos de la administración tributaria, como instancia competente para conocer y resolver recursos jerárquicos y con la emisión de la referida resolución, las atribuciones conferidas por la normativa tributaria han sido cumplidas; y, 5) El art. 131 del CTB, concordante con el art. 2 de la Ley 3092 de 7 de julio de 2005, dispone que la resolución administrativa dictada por el Superintendente Tributario General (ahora AGIT) agota la vía administrativa, conforme a lo previsto por los arts. 1956 y 207 del referido Código, ante la AGIT solo son admisibles los recursos de Alzada y Jerárquico, y dentro de su tramitación no corresponde la interposición de excepciones, recusaciones, ni incidente alguno, los recursos de reposición al ser propios de otros ámbitos del derecho, no pueden ser admitidos por la AGIT. En ese contexto normativo, no corresponde a esta entidad disponer que la Administraciones Tributarias cumplan los fallos que emita, pues para ese efecto el carácter imperativo de la norma tributaria vigente resulta suficiente para que cualquier sujeto pasivo exija el cumplimiento de las resoluciones jerárquicas que sean favorables a sus intereses.
Jorge Tarquino Torrez, Gerente Distrital de El Alto del SIN, por memorial presentado el 5 de septiembre de 2022, cursarte de fs. 144 a 152 vta., refirió lo siguiente: i) El accionante pretende hacer incurrir en error a la jurisdicción constitucional, para que esta realice la valoración de la prueba del Proveído de 24 de mayo del mismo año, emitido por la AGIT, extremo que no le corresponde realizar a los tribunales de garantías; menos cuando las resoluciones emitidas por la AGIT aún no adquirieron firmeza; toda vez que, a la fecha se encuentra, la resolución que el accionante solicitó su cumplimiento, la cual esta con demanda contenciosa administrativa, radicada en la Sala Social Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, con el expediente 070/2021-CA, estando con autos para sentencia; ii) Por otra parte, señaló que la presente acción de amparo fue resuelta por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, acción que planteó el mismo impetrante de tutela, y cuya audiencia se llevó a cabo el 9 de mayo de 2022, donde de manera fundamentada la referida Sala Constitucional, dispuso denegar la tutela impetrada; de la revisión del memorial presentado en aquella oportunidad, el petitorio es prácticamente el mismo que ahora es solicitado en esta nueva acción de tutelar en cuanto al cumplimiento de la Resolución de Recurso Jerárquico y el levantamiento de las medidas coactivas; lo que implica que ante la denegatoria de tutela por incumplimiento del principio de inmediatez, ahora nuevamente pretende hacer valer la citada solicitud; iii) La parte impetrante de tutela asume que la presente acción tutelar se constituye como una vía más de impugnación, pues no expone de manera clara que derecho se le estaría vulnerando, puesto que genéricamente arguye que se lesionó su derecho al debido proceso, mas no refiere en cuál de todas sus vertientes se estaría vulnerando; iv) El petitorio resulta ambiguo, además que debe de estar dirigido contra la autoridad que conoce este caso en última instancia, que en el presente aún no emitió resolución, tratándose de la Sala Social Contenciosa y Contenciosa Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia; en todo caso si esta acción hubiera dirigido contra el Proveído 242121000093, correspondía hacerlo ante la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, ente fiscal que rechazó la solicitud del accionante, resultando ahora contradictorio que la parte accionada sea el SIN representado por la Gerencia Distrital de El Alto; sin embargo, ello no se tomó en cuenta que si bien el “petitum” cambió; toda vez que, solicitó “se levante las medidas coactivas que persisten” (sic) el SIN dejo entonces de ser parte accionada para convertirse en tercero interesado; v) Dentro del presente caso no se está cumpliendo el principio de la subsidiariedad, ya que la Resolución de Recurso Jerárquico que el accionante pide su cumplimiento, se encuentra pendiente de una resolución a ser emitida por la referida Sala del Tribunal Supremo de Justicia; vi) El SIN velando por una buena administración y principalmente para sanear el procedimiento determinativo en pro de los derechos y garantías del contribuyente, ajustó sus actos a las leyes que rigen la materia y a la Constitución Política del Estado, dándose cumplimiento al principio de legalidad; vii) La pretensión de la empresa accionante se centran en que la AGIT disponga el cumplimiento de una resolución jerárquica, que no se encuentra con calidad de cosa juzgada, tergiversando el procedimiento administrativo, pretendiendo la aplicación del art. 74 de la Ley 2492 de 2 de agosto de 2003, vinculando el mismo a los arts. 253 y 254 del Código Procesal Civil (CPC), señalando que existiría una acefalía normativa y por ende correspondería la observancia del aludido Código; al respecto se debe señalar que no existe acefalía normativa, toda vez que el art. 207 de la citada Ley señala que en los recursos de alzada y jerárquicos, no son aplicables tercerías, excepciones, recusaciones ni incidente alguno; en ese sentido no se advierte que se haya vulnerado el debido proceso, dado que todas las solicitudes del accionante fueron atendidas en la vía administrativa, las cuales están debidamente fundamentadas y motivadas; viii) La Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1913/2020 se encuentra sujeta a confirmación o revocatoria, mediante la demanda contenciosa administrativa interpuesta por la Gerencia Distrital de El Alto del SIN, no correspondiendo conceder tutela, menos aun si la parte accionante no pagó la multa por levantamiento de la medida solicitada; asimismo, debió ofrecer garantías suficientes y el compromiso de constituirlas dentro de los plazos y formas establecidas en el art. 1321 de la Ley 2492; aspecto que no se dio en la presente causa, además de no haber presentado prueba alguna que demuestre que la administración tributaria deba procesar su solicitud, puesto que la merituada Resolución de recurso jerárquico, si bien dejó sin efecto la deuda tributaria, mantuvo firme y subsistente las sanciones por incumplimiento de deberes formales establecida en el acta de contravención vinculadas al procedimiento de Determinación 000080448, lo que implica que la Administración Tributaria tiene la facultad de ejecutar por el monto o parte confirmada; y, ix) En cuanto a la interpretación de la legalidad ordinaria, esta no procede mediante una acción de amparo constitucional, siendo esta atribución exclusiva de las autoridades jurisdiccionales y administrativas, salvo que se advierta que la interpretación resulte arbitraria, incongruente o ilógica, extremo que no se da dentro del presente caso; por lo previamente detallado, corresponde que se deniegue la tutela impetrada.
La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante la Resolución 193/2022 de 5 de septiembre, cursante de fs. 161 a 163, denegó la tutela solicitada, al no advertirse la lesión de los derechos alegados; tal determinación se dio con base a los siguientes fundamentos: a) La Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1913/2020 es de diciembre de 2020; sin embargo, el administrado (actual accionante) esperó un año y varios meses para peticionar el cumplimiento de una decisión administrativa que le era favorable, a consideración de la AGIT, su deuda tributaria habría prescrito; empero, desde diciembre de 2020, hasta mayo de 2022, recién realizó su solicitud; se tiene además que el 9 de mayo del mismo año se celebró la audiencia de su primera acción de amparo constitucional, misma que en esa ocasión fue planteada contra el SIN; ello implicó que no se tomaron medidas efectivas para el cumplimiento de la merituada resolución emitida el 2020, lo que debería de ser un hecho que correspondería llamar la atención a la empresa peticionante de tutela, se está hablando de un año y meses de omisión de su parte; lo que trae a colación de que la inmediatez desplazaría su jurisdicción, si se fuera extremadamente “juristas”, aunque ello puede ser debatible, pero la Sala Constitucional no cree que la decisión a tomarse dentro del presente caso deba decantarse por dicha “nimiedad procesal”; b) La parte accionante ha reiterado que está al frente de una omisión de cumplimiento por parte de la Autoridad demandada (AGIT) que emitió la precitada Resolución de Recurso Jerárquico, pero entre la aludida resolución y este amparo constitucional, hay tres actos al interior del procedimiento administrativo, ello a provocación del mismo impetrante de tutela; puesto que, cuando este presentó ante la AGIT su solicitud de cumplimiento de la referida Resolución, esta fue respondida el 2 de junio de 2022, constituyéndose este en un nuevo acto administrativo por el cual se determinó que se estuviera a lo dispuesto por el art. 108 del CTB; en ese sentido, se tiene que la acción de amparo constitucional no recae sobre cualquier acto, o sobre el acto que le apetezca al peticionante de tutela, o el que le proporcione algún tipo de beneficio procesal; la acción tutelar procede específicamente sobre el último acto, entonces la pretensión por omisión fue superada por una pretensión de acto; además que la acción de amparo constitucional no está diseñada para exigir el cumplimiento de resoluciones, siendo que las propias instancias deben de garantizar su propia eficacia; y, c) Aparte de la ausencia de la identificación del acto por la empresa impetrante de tutela, se tiene que existe el problema de la subsidiariedad, lo que implica el agotamiento de toda vía ordinaria por un lado, o la activación de vías erróneas y al agotamiento aparente de las vías de protección ordinarias; en el presente caso, el objetivo del solicitante de tutela trata esencialmente sobre el levantamiento de las medidas coactivas (las cargas, los embargos, las anotaciones); sin embargo, la Resolución de recurso jerárquico que supuestamente tuviera tales efectos, en realidad dice otra cosa; el accionante sostiene algo que no está determinado por la indicada resolución, que tiene que ver con el sujeto de la acción, por eso ahora se planteó contra la AGIT, lo que empeora su situación, pues nadie puede alegar en su favor su propia torpeza, por lo que se encuentra imposibilidad de conceder la tutela.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante memorial de 20 de mayo de 2022, la empresa Hormigón Industrial del Norte Sociedad Anónima (S.A.) HINO S.A -hoy accionante-solicitó a la Directora Ejecutiva de la AGIT -ahora accionada- ordene el cumplimiento de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1913/2020 de 22 de diciembre, a la Gerencia Distrital de El Alto del SIN, aduciendo que fueron notificados con la resolución el 22 de diciembre de 2020, por la que se resolvió el confirmar la Resolución del Recurso de alzada la cual revoca parcialmente la RA 231921001500, dejando sin efecto la deuda Tributaria determinada por el IVA en los periodos fiscales de septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2011, conforme lo dispuesto por el art. 212. b) del CTB. Además refiere que el 29 de marzo de 2022 presentó una carta ante la citada Gerencia del SIN, solicitando el levantamiento de las medidas, en cumplimiento a la precitada Resolución de Recurso Jerárquico; tal solicitud fue respondida el 6 de julio del mismo año, alegando que estos presentaron demanda contenciosa administrativa contra la referida resolución, por lo que esta no será efectiva hasta que la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa de turno del Tribunal Supremo de Justicia emita sentencia declarando probada o improbada la demanda, razón por la cual rechazó su solicitud de levantamiento de medidas (fs. 14 a 15).
II.2. Cursa Providencia de 24 de mayo de 2022, emitida por la AGIT, la cual establece: “Con carácter previo informe la Gerencia de Recursos Judiciales si la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1913/2020 de 22 de diciembre de 2020, fue impugnada con demanda contencioso administrativa y/o acción de amparo constitucional y se proveerá lo que corresponda en derecho; sea con noticia de partes y demás formalidades de Ley (sic. [fs. 20]). II.3. Por memorial de 30 de mayo de 2022 la empresa impetrante de tutela presentó Recurso de reposición contra la providencia de 24 de mayo emitido por la AGIT; sosteniendo que la autoridad ahora accionada debe cumplir lo dispuesto por las SSCCPP 0433/2015-S3 y 1911/2004-R (jurisprudencia que determina que los recurrentes deben acudir al órgano competente para que en ejecución de fallo, haga cumplir los mismos; no siendo el recurso de amparo la vía idónea para ese fin), sosteniendo que carece de relevancia el informe de la Gerencia de Recursos judiciales; por lo que solicitó se deje sin efecto el Decreto de 24 de mayo de 2022 y emita la providencia de orden de cumplimiento de resolución de recurso Jerárquico a la Gerencia Distrital de El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), y en concreto se levante las medidas coactivas que persisten sobre sus cuentas bancarias, mediante la ASFI, en el plazo máximo de setenta y dos horas desde la notificación con la resolución correspondiente (fs. 21 a 22). II.4. Consta Decreto de 2 de junio de 2022, emitido por la AGIT, el cual dispone “En atención al memorial presentado por el sujeto pasivo, el 20 de mayo de 2022 estese a lo dispuesto por el art. 108 del CTB; asimismo, en conformidad al Informe AGIT-GRJ-0120/2022 de 1 de junio de 2022, presentado por la Gerencia de Recursos Judiciales, el Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1913/2020 de 22 de diciembre de 2021, fue impugnado a través de demanda contencioso administrativa, encontrándose el trámite ante el Tribunal Supremo de Justicia, igualmente téngase presente que emitida la Resolución de Recurso Jerárquico queda agotada la vía administrativa conforme establece el art. 2 de la Ley 3092, debiendo en su caso acudir a la instancia llamada por Ley (sic [fs. 24]). II.5. A través de Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1913/2020 de 22 de diciembre, emitida por la AGIT, se determinó confirmar la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0789/2020 de 25 de septiembre, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria de La Paz, dentro del recurso de alzada interpuesto por la empresa accionante, contra la Gerencia Distrital de El Alto del SIN, que revocó parcialmente la RA 23192100500, dejando sin efecto la deuda tributaria determinada por el IVA de los periodos fiscales septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2011; ello en conformidad a lo previsto por el art. 212.I.b) del CTB (fs.
48 a 60). II.6. Cursa Resolución Constitucional 078/2022 de 9 de mayo, por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro de la acción de amparo constitucional presentada por la empresa Hormigón Industrial del Norte Sociedad Anónima (S.A.) HINO S.A contra Jorge Tarquino Torrez, Gerente Distrital a.i. de El Alto del Servicio Nacional de Impuestos Nacionales (SIN), en la que la parte accionante solicitó que se ordenara al SIN, Gerencia Distrital de El Alto dar cumplimiento a la Resolución de Recurso Jerárquico y en mérito se levanten las medidas coactivas que persisten sobre sus cuentas, en el plazo de setenta y dos horas y ante la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI); la referida Sala determinó DENEGAR LA TUTELA SOLICITADA por inobservancia del principio de inmediatez, regulado por el art. 129.2 de la CPE (fs. 92 a 93 vta.). II.7. Mediante SCP 0779/2023-S3 de 20 de julio, en revisión, resuelve:
CONFIRMAR la Resolución 078/2022 de 9 de mayo, pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada aclarando que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada, ello en mérito a que la interposición de esta acción tutelar resulta extemporánea al haber sido interpuesta fuera de los seis meses que establece la Constitución Política del Estado, por lo que en ese mérito únicamente corresponde denegar la tutela solicitada con la aclaración de no haber ingresado al análisis de fondo de la problemática planteada (información disponible dentro de la página web del Tribunal Constitucional Plurinacional).
La empresa Hormigón Industrial del Norte Sociedad Anónima (S.A.) HINO S.A, a través de su representante -hoy accionante- denuncia la vulneración del derecho al debido proceso, señalando que el 20 de mayo 2022 presentó un memorial a la AGIT, por el cual solicitó se ordene el cumplimiento de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1913/2020 de 22 de diciembre a la Gerencia Distrital de El Alto del (SIN), y en concreto se levante las medidas coactivas que persisten sobre sus cuentas bancarias, mediante la ASFI; sin embargo, tal petición fue rechazada por Providencia de 24 del mismo mes y año, emitida por la Directora Ejecutiva General a.i. de la AGIT -accionada-, en la cual señalaba que con carácter previo la Gerencia de Recursos Judiciales informe si la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1913/2020, fue impugnada a través de demanda contenciosa administrativa o una acción de amparo constitucional, a efectos de proveer lo que corresponda en derecho, ante lo dispuesto, la parte accionante, el 30 de mayo del mismo año, interpuso un recurso de reposición contra le referida providencia, misma que fue resuelta el 8 de junio de igual año, por Decreto en el que se estableció que se esté a lo dispuesto por los arts. 195 y 207 del CTB, declarando “no ha lugar” lo solicitado; la empresa peticionante de tutela considera que el rechazo a su solicitud implica el incumplimiento de los deberes de la autoridad competente (AGIT) para ejecutar sus propias resoluciones; por tal motivo solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se ordene en concreto a la AGIT exija a la Gerencia Distrital de El Alto del SIN, proceda al cumplimiento de la Resolución de Recurso Jerárquico y levante las medidas coactivas que persisten en sus cuentas bancarias, y que sea en el plazo de setenta y dos horas desde la notificación correspondiente. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para cuyo efecto se desarrollarán los siguientes temas: 1) Sobre la formulación de una anterior acción de amparo constitucional con identidad de objeto, sujeto y causa. Jurisprudencia reiterada; 2) La inmediatez y el plazo máximo para interponer la acción de amparo constitucional; y, 3) Análisis del caso concreto.
El Tribunal Constitucional Plurinacional dejó establecido en numerosos fallos constitucionales la imposibilidad de ingresar al fondo de la problemática planteada de identificarse identidad de sujetos -total o parcial-, objeto y causa, con una primera acción tutelar que ya cuenta con una decisión constitucional cuyo efecto es vinculante y tiene la calidad de cosa juzgada. En ese sentido, la SCP 1240/2013 de 1 de agosto, expresó que: “La Constitución Política del Estado en su art. 203, establece: ‘Las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio, y contra ellas no cabe recurso ordinario alguno”. Por su parte, el Código Procesal Constitucional en su art. 29, referido a las Reglas generales en los procedimientos ante juezas, jueces y tribunales en acciones de defensa, en su numeral 7, señala: “No serán admitidas Acciones de Defensa en los casos en los que exista cosa juzgada constitucional’. De cuya normativa se tiene que la existencia de cosa juzgada constitucional, es predicable respecto de todas las resoluciones emitidas por el Tribunal Constitucional Plurinacional, cuyas características son ser: definitivas, absolutas e incontrovertibles en el ámbito interno de los Estados (art. 203 de la CPE) y SC 1249/2001-R de 23 de noviembre. La constatación de la existencia de cosa juzgada constitucional, se advierte cuando existe identidad de: (1) Partes procesales, referidas a la legitimación activa y legitimación pasiva, que puede ser parcial o total y, el (2) Problema jurídico en los que se funda la demanda con otra acción de libertad anteriormente interpuesta y resuelta, precisamente porque la primera Sentencia Constitucional emitida hizo tránsito a la calidad de cosa juzgada constitucional, por lo mismo, constituye causal de denegatoria; comprensión que en la tradición jurisprudencial constitucional estaba como causal de improcedencia del antes denominado recurso de habeas corpus por existencia de identidad de sujeto, objeto y causa. Entre las sentencias relevantes sobre el tema, están: La SC 0328/2010-R de 15 de junio, extrayendo los alcances de la identidad, ha determinado que: ‘…debe existir necesariamente la concurrencia de las tres identidades; es decir: a) De sujetos: Que sean las mismas personas las que presentan la acción dirigiéndola contra iguales autoridades o particulares contra las que accionaron antes; b) De causa: El motivo, hechos fácticos que sirven de fundamento para la demanda así como su calificación jurídica (derechos o garantías invocados como lesionados), sean los mismos en ambos casos; y, c) De objeto: Que el propósito sea el mismo tanto en el primer como en el segundo amparo…’; ello implica que la presentación de un segundo o posterior recurso con identidad de sujeto, objeto y causa, impide el ingreso al análisis de la problemática planteada, por cuanto supone que la misma ya fue analizada en una primera oportunidad habiendo sido resuelta mediante una resolución constitucional que tiene entre sus efectos la vinculatoriedad y por ende es irrevisable, adquiriendo la calidad de cosa juzgada constitucional. Similar razonamiento fue seguido en la jurisprudencia de la SC 1161/2005-R de 26 de septiembre, que decidió por la improcedencia por identidad de objeto, sujeto y causa y determinó uso abusivo del entonces recurso de amparo; la SC 1347/2003-R de 16 de septiembre, reiterada por la SC 1266/2010-R de 13 de septiembre, que cita a su vez otras sentencias constitucionales, sosteniendo temeridad, cuando el justiciable a sabiendas que su problema jurídico ya fue resuelto interpone otra acción de amparo constitucional, pretendiendo una duplicidad de fallos. Finalmente, este Tribunal Constitucional Plurinacional en la SCP 0173/2012 de 14 de mayo, sostuvo que: ‘…la presentación de una segunda acción de amparo constitucional con identidad de sujetos, objeto y causa, imposibilita a este Tribunal ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada, puesto que resulta ser una causal de improcedencia que debe ser analizada en su oportunidad; es decir, a momento de conocer la segunda acción, en el entendido de que si la primera acción ya ha sido resuelta por el Tribunal Constitucional, adquiere la calidad de cosa juzgada constitucional, partiendo de que el supuesto de que la problemática planteada por el accionante ya fue examinada, analizada y resuelta en el fondo, mediante sentencia, sea concediendo o denegando la tutela solicitada, tal decisión causa estado y adquiere la calidad de cosa juzgada, por tanto la problemática planteada en la acción, no debe ser sujeta nuevamente a revisión. La jurisprudencia de este Tribunal ha definido claramente que la jurisdicción constitucional no puede ser utilizada indiscriminadamente, más aún cuando ya se ha presentado una acción de defensa y ésta no ha concluido con una resolución que se convierta en cosa juzgada constitucional; razón por la cual, si el accionante presenta una segunda acción con la identidad de sujetos, objeto y causa, resulta ser temeraria, a cuyo efecto se inviabiliza la posibilidad de ingresar al análisis de fondo de lo solicitado, de no actuar así se podría ingresar en una duplicidad de resoluciones y para no cometer tal error el legislador ha previsto las causales de improcedencia, por lo que al asistir una de ellas, este Tribunal debe declarar la improcedencia de la acción, denegando la tutela solicitada’. A estas alturas, corresponde realizar precisiones conceptuales, sobre qué se entiende por problema jurídico en el proceso constitucional de la acción de amparo, a efectos de determinar la denegatoria de la segunda acción de amparo interpuesta, al verificarse que ya existe cosa juzgada constitucional en una acción de esta naturaleza interpuesta anteriormente. En ese orden, el problema jurídico, conforme precisó la SCP 0367/2012 de 22 de junio, está conformado por: ‘1) El acto lesivo, que es el o los actos u omisiones denunciados de ilegales o indebidos del servidor público o de persona individual o colectiva (arts. 128 de la CPE, 73 y 77.3 de la LTCP) que pueden consistir en resoluciones judiciales en general, actos administrativos en general o actos u omisiones de personas naturales o jurídicas particulares, que considera la o el accionante (persona natural o jurídica) son ilegales o indebidos; 2) Los derechos fundamentales o garantías constitucionales restringidos, suprimidos o amenazados de ser restringidos o suprimidos de la persona natural o jurídica que se crea afectada por el acto lesivo (arts. 129.I de la CPE, 73 y 77.4 de la LTCP), siempre que no se encuentren dentro del ámbito de protección de las acciones de libertad, de protección a la privacidad o popular; y 3) La petición, es decir, la tutela que se solicita para restablecer los derechos fundamentales o garantías restringidas, suprimidas, amenazadas o vulnerados (arts. 129.IV de la CPE '…en caso de encontrar cierta y efectiva la demanda, concederá el amparo solicitado' y 77.6 de la LTCP) …’.
Atendiendo todo lo expuesto, es posible concluir que mientras, la razón de orden procesal para la denegatoria de una acción de amparo cuando existe identidad de: (1) Partes procesales, referidas a la legitimación activa y legitimación pasiva; y, (2) Problema jurídico en los que se funda la demanda con otra acción de amparo anteriormente interpuesta y resuelta, es la existencia de cosa juzgada constitucional (art. 203 de la CPE); la razón de orden ético moral, que justifica la imposición de multa a la o el accionante cuando su acción es denegada por la causal señalada, es el ama llulla (no mientas) principio ético moral, que junto a los otros de la sociedad plural previsto en el art. 8.I de la CPE, conforme entendió la SC 0112/2012 de 27 de abril, “… imponen a todos, esto es, al poder público y los particulares en la convivencia social, con mayor razón a todos los jueces de la pluralidad de jurisdicciones, la obligación de observarlos, desarrollarlos y aplicarlos en su labor decisoria cotidiana”. Esto, debido a que el accionante (legitimado activo) a sabiendas de que la justicia constitucional resolvió su problema jurídico, insiste a esta jurisdicción, con otra demanda, pretendiendo sorprender a este órgano jurisdiccional. Es lo que la doctrina procesal constitucional denomina temeridad, siendo temeraria la interposición de una acción de amparo cuando se hace un uso abusivo del mecanismo de defensa de los derechos fundamentales, pese a que la acción es abiertamente improcedente”. Sobre este mismo particular, la SC 0304/2003-R de 12 de marzo, precisó que: “(…) si bien dicha causal no podría ser aplicable en su sentido netamente literal al caso planteado por cuanto no hay identidad de sujeto dado que los recurridos del presente amparo no son los mismos que los del anterior, si lo es en su sentido teleológico, pues los fundamentos del recurso son idénticos a otro amparo anterior que planteó el recurrente y que fuera declarado improcedente con un criterio errado del Tribunal que conoció el mismo, pero en revisión éste Tribunal declaró procedente el recurso y otorgó tutela sobre los mismos hechos y en resguardo de los mismos derechos disponiendo expresamente que se anule la Resolución que ordenó su expulsión, de lo cual, debe entenderse que todo acto u otra resolución relacionada con esa resolución queda también sin efecto”. Por lo señalado precedentemente, es posible declarar la improcedencia de un segundo amparo constitucional cuando exista identidad parcial de sujetos, esto es que el sujeto activo o pasivo sean diferentes, siendo necesario que el motivo u objeto y la finalidad o causa en ambas acciones sean las mismas o recaigan en una problemática similar a la planteada anteriormente, sobre la cual la jurisdicción constitucional se pronunció en el fondo, con la finalidad de evitar la duplicidad de fallos y que sean contradictorios.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0083/2018-S2 de 4 de abril, asumió el siguiente razonamiento: “El principio de inmediatez se encuentra previsto en el art. 55.I del CPCo, entendido como el requisito de solicitar la tutela de manera pronta, oportuna y sin dilaciones innecesarias; es decir, una vez que se opere la vulneración del derecho o garantía y se agoten las vías legales ordinarias pertinentes; plazo que también se encuentra previsto en el art. 129.II de la CPE, que señala: ‘La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial’. De manera más específica, sobre el inicio para el cómputo de los seis meses referido supra, se indicó que el mismo corre a partir de la comisión de la lesión alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial efectiva, para que el afectado pueda acudir a la vía constitucional a fin que sea reparado el agravio a derechos o garantías constitucionales; en ese sentido, la jurisprudencia consolidada por el entonces Tribunal Constitucional, a través de la SC 0791/2010-R de 2 de agosto, se determinó que los medios reparadores a los que acuda el accionante deben ser idóneos, lo que significa que debe estar previsto por ley, y que tenga la posibilidad de cambiar el fondo, lo que implica que se excluye del cómputo de los seis meses aquellos medios y recursos no previstos por ley o aquellos que fueron presentados de manera errónea, por el hecho que el objeto de esta acción de defensa es la de tutelar derechos fundamentales y no el de reparar los errores del agraviado. El Tribunal Constitucional mediante la SC 0521/2010-R de 5 de julio2, determinó modular los alcances de la SC 0261/2010-R de 31 de mayo, estableciendo que, específicamente en los casos en que se hubiese solicitado una complementación y enmienda, sólo se tomará en cuenta, para efectos del cómputo del plazo de los seis meses, aquellos casos en los que se hubiera dado curso a dicha solicitud, ya que la resolución dictada pasaría a formar parte del contenido de la resolución principal, sin embargo, cuando esta solicitud sea rechazada, al no tener efecto alguno ni ser consideradas por la autoridad jurisdiccional o administrativa, el plazo corre desde la notificación con la resolución principal; por lo anteriormente desarrollado, esta línea jurisprudencial contiene una interpretación de carácter restrictivo respecto a las solicitudes de complementación y enmienda, en la que este tipo de solicitudes, para poder ser tomadas en cuenta dentro del plazo de caducidad de los seis meses, debieron haber sido asumidas por las autoridades jurisdiccionales o administrativas, caso contrario, es decir, cuando éstas sean rechazadas, al considerarse las mismas como ‘intrascendentes’. Por su parte la SCP 0113/2013-L de 20 de marzo modula el precedente previamente citado líneas supra, y estableció que el cómputo tomará en cuenta la fecha de notificación con el Auto de explicación o enmienda sea que la conceda o rechace, estipulado de esta forma en el art. 55.II del CPCo, implementando la subregla que dicha solicitud cuando se presente dentro del plazo procesal determinado por el art. 196.2 del Código de Procedimiento Civil abrogado (CPCabrg), teniendo como 3. En los casos en que la solicitud hubiese sido considerada dando lugar a la enmienda, aclaración o complementación, la misma pasa a formar parte del contenido de la resolución principal, conformando un todo; en consecuencia, por los efectos o trascendencia, sólo en estos casos, el plazo de los seis meses corre desde la notificación con la resolución que da lugar a la complementación, enmienda o aclaración.
Las subreglas desarrolladas constituyen una modulación a la SC 0261/2010-R -que a efectos del cómputo del plazo de la inmediatez, tomó en cuenta al Auto que resolvió la solicitud de explicación, complementación y enmienda-, que deberán ser aplicadas con carácter vinculante a partir de la emisión de la presente Sentencia, en aplicación del art. 44.I de la LTC, realizando el cómputo del plazo de seis meses para la interposición de la acción de amparo constitucional, conforme a los entendimientos asumidos en el presente fallo”. 3El FJ. III.4.2. establece: (…) "Consiguientemente, tomando en cuenta los principios pro homine y de progresividad, deberá establecerse a partir del presente, que la suspensión de plazos establecidos en el art. 221 del CPC, es aplicable a toda situación en la que se presente solicitud de aclaración, complementación y enmienda de una resolución de carácter definitiva, debiendo computarse en mérito a ello, el plazo para interponer los recursos ordinarios o extraordinarios, a partir de la notificación con el Auto de explicación o complementación, lo que se encuentra directamente relacionada con lo dispuesto por el propio art. 55 del CPCo; en razón a que el auto a pronunciarse sobre la solicitud de aclaración, complementación o enmienda, llega a formar parte de la resolución final de la que se pidió su complementación. Circunstancia por la cual, y con la finalidad de uniformar criterios, tanto en la jurisdicción ordinaria y constitucional, se establece que el razonamiento constitucional esgrimido en la SC 0521/2010-R de 5 de julio, ya no es aplicable -como precedente vinculante- a casos similares como el presente, así como tampoco a futuras acciones de amparo constitucional presentados en torno a hechos fácticos similares a los expuestos, debiendo por ello reconducirse dicho entendimiento constitucional y reasumirse el desarrollado en la SC 0261/2010-R de 31 de mayo, con la siguiente subregla que la aclara:
Los plazos para la interposición de los recursos ordinarios (como la apelación y casación entre otros) o las acciones de defensa (como la acción de amparo constitucional), se computarán de acuerdo a lo dispuesto por el art. 221 del CPC y del art. 55.II del CPCo respectivamente; es decir, a partir de la notificación con el Auto de explicación o complementación que fuese solicitado; siempre y cuando dicha solicitud, se la haya presentado dentro del plazo procesal establecido por el art. 196.2) del CPC; o sea, dentro de las veinticuatro horas siguientes, ya que si se hubiese presentado la solicitud de aclaración, complementación y enmienda de una resolución de carácter definitivo, de manera manifiestamente extemporánea y la misma haya sido rechazada por dicho motivo, no podrá ser aplicable el presente razonamiento, puesto que se entenderá que esta solicitud, fue realizada con la intensión de dilatar el proceso y obtener de esa manera, un plazo mayor para poder interponer los recursos ordinarios o acciones extraordinarias de defensa; debiendo en cuyo caso, computarse el plazo desde la notificación con la sentencia o resolución de carácter definitivo".
norma vigente el art. 226.III del Código Procesal Civil (CPC), es decir, dentro de las 24 horas siguientes a la emisión de la resolución de carácter definitivo deberá ser tomada en cuenta respecto al plazo de inmediatez, por lo que el mismo correrá a partir de la notificación con la resolución que rechace o acepte la misma; y solamente en el caso en que esta solicitud sea presentada de manera completamente extemporánea y que la misma sea rechazada precisamente por este motivo, entonces no podría tomarse en cuenta para el computo del plazo de inmediatez, por lo que esta línea jurisprudencial es la más favorable para materializar el derecho de acceso a la justicia”.
La empresa Hormigón Industrial del Norte Sociedad Anónima (S.A.) HINO S.A, a través de su representante -hoy accionante- denuncia la vulneración del derecho al debido proceso, señalando que el 20 de mayo 2022 presentó un memorial a la AGIT, por el cual solicitó se ordene el cumplimiento de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1913/2020 de 22 de diciembre a la Gerencia Distrital de El Alto del (SIN), y en concreto se levante las medidas coactivas que persisten sobre sus cuentas bancarias, mediante la ASFI; sin embargo, tal petición fue rechazada por Providencia de 24 del mismo mes y año, emitida por la Directora Ejecutiva General a.i. de la AGIT -accionada-, en la cual señalaba que con carácter previo la Gerencia de Recursos Judiciales informe si la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1913/2020, fue impugnada a través de demanda contenciosa administrativa o una acción de amparo constitucional, a efectos de proveer lo que corresponda en derecho, ante lo dispuesto, la parte accionante, el 30 de mayo del mismo año, interpuso un recurso de reposición contra le referida providencia, misma que fue resuelta el 8 de junio de igual año, por Decreto en el que se estableció que se esté a lo dispuesto por los arts. 195 y 207 del CTB, declarando “no ha lugar” lo solicitado; la empresa peticionante de tutela considera que el rechazo a su solicitud implica el incumplimiento de los deberes de la autoridad competente (AGIT) para ejecutar sus propias resoluciones. De la revisión de antecedentes, se tiene que la parte accionante, por memorial de 20 de mayo de 2022, presentó su solicitud ante la AGIT, en la cual pidió que esta ordene el cumplimiento de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1913/2020 a la Gerencia Distrital de El Alto del SIN (Conclusión II.1); por providencia de 24 de mayo del mismo año, la AGIT determinó que con carácter previo debía realizarse un informe, vía Gerencia de Recursos Judiciales, para ver si la merituada Resolución de Recurso Jerárquico fue o no impugnada con demanda contenciosa administrativa y/o acción de amparo constitucional y de ello se proveería lo que corresponda en derecho (Conclusión II.2).
Ante dicha providencia, la parte accionante presentó Recurso de reposición planteado el 30 de mayo de 2022, en el que solicitó se deje sin efecto el Decreto de 24 del mismo mes y año y emita providencia ordenando el cumplimiento de la resolución de recurso Jerárquico a la Gerencia Distrital de El Alto del SIN, y en concreto levante las medidas coactivas que persisten sobre sus cuentas bancarias, mediante la ASFI, en el plazo máximo de setenta y dos horas desde la notificación con la resolución correspondiente (Conclusión II.3); por Decreto de 2 de junio de igual año, emitido por la AGIT, se determinó que se esté a lo dispuesto por el art. 108 del CTB; además, en conformidad con el Informe AGIT-GRJ-0120/2022 de 1 de junio, presentado por la Gerencia de Recursos Judiciales, se tiene que el Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1913/2020 fue impugnado a través de demanda contenciosa administrativa, misma que se encuentra en trámite ante el Tribunal Supremo de Justicia; además que emitida la Resolución de Recurso Jerárquico queda agotada la vía administrativa, conforme lo establecido por el art. 2 de la Ley 3092, debiendo en su caso acudir a la instancia llamada por ley (Conclusión II.4). Ahora, es necesario el advertir que el peticionante de tutela acudió previamente ante la jurisdicción constitucional, presentando una acción de amparo constitucional en esa oportunidad contra Jorge Tarquino Torrez, Gerente Distrital a.i. del SIN, en la que el accionante solicitó se ordenara al SIN, Gerencia Distrital de El Alto dar cumplimiento a la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1913/2020 y se levanten las medidas coactivas que persisten sobre sus cuentas, en el plazo de setenta y dos horas y por ante ASFI; es decir que la causa y el objeto (petitorio) son idénticos a los planteados en la presente acción tutelar, variando levemente en la parte accionante, ya que en la primera acción tutelar se demandó al Gerente Distrital del SIN, siendo el tercer interesado la AGIT, lo que significa que hubo una inversión de papeles, pusto que en la acción que ahora se analiza, la parte accionada es la AGIT y el tercer interesado resulta ser el Gerente Distrital a.i. del SIN de El Alto. La Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por Resolución Constitucional 078/2022, emitida el 9 de mayo, determinó DENEGAR la tutela solicitada por inobservancia del principio de inmediatez, aplicando la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional (Conclusión II.6); la Resolución, en revisión, fue confirmada mediante la emisión de la SCP 0779/2023-S3 de 20 de julio, emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional, por lo que también se determinó DENEGAR la tutela ello en mérito a que la interposición de esta acción tutelar resulta extemporánea al haber sido interpuesta fuera de los seis meses que establece la Constitución Política del Estado (Conclusión II.7). Por lo previamente detallado, resulta claro que la empresa accionante, ante la resolución del Tribunal de garantías que determinó denegar la tutela el 9 de mayo de 2022, un mes más tarde, estando pendiente la revisión de dicha resolución por parte del Tribunal Constitucional Plurinacional, acudió de manera temeraria nuevamente ante la jurisdicción constitucional, realizando prácticamente el mismo pedido el 12 de julio del mismo año, demandando en esta ocasión a la AGIT el cumplimiento de la merituada Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1913/2020 y en consecuencia se levanten las medidas coactivas que persisten sobre sus cuentas, en el plazo de setenta y dos horas y por ante la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), por lo que claramente se cumplen los requisitos establecidos por la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, que determina la imposibilidad de ingresar a considerar el fondo de la problemática planteada, cuando se identifica identidad de sujetos (total o parcial) objeto y causa con una primera acción tutelar que cuenta con una decisión constitucional (SCP 0779/2023-S3 de 20 de julio) cuyo efecto es vinculante y tiene la calidad de cosa juzgada, correspondiendo denegar la tutela impetrada. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela impetrada, aunque con otros fundamentos, actuó de manera parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 193/2022 de 5 de septiembre, cursante de fs. 161 a 163 vta., pronunciada por Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de la Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Isidora Jiménez Castro
MAGISTRADA
Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori
MAGISTRADO
1 El FJ III.2.3, refiere:“…No obstante, en un plano de equilibrio y coherencia con el principio de subsidiariedad, para dicho cómputo debe tenerse en cuenta que ese acto o medio impugnativo utilizado en la vía reparadora, y previa a la acción de amparo, debe ser idóneo; es decir, previsto por ley, y que tenga la posibilidad de cambiar el fondo de lo que se acusa de ilegal o lesivo de los derechos; estando exentos de dicho cómputo aquellos medios y recursos no previstos por ley o presentados erróneamente, toda vez que la finalidad de esta acción tutelar no es reparar errores del agraviado o accionante, sino derechos fundamentales”. 2El FJ III.4, señala: “A efectos de un correcto cómputo del plazo de seis meses para la interposición de la acción de amparo constitucional, teniendo en cuenta el plazo prudencial para la interposición del amparo y su naturaleza subsidiaria -que encarna el agotamiento en la misma vía de medios idóneos- debe ser modulado en los siguientes términos: 1. El cómputo del plazo de los seis meses para la interposición de la acción de amparo, es desde la notificación con la resolución o auto de vista que agota la vía, dado que ha sido el último actuado idóneo. Sin considerar los recursos, incidentes u otros medios no previstos por ley, o presentados extemporáneamente, aún en los casos de equivocación o error en su presentación, los cuales se consideran inidóneos. 2. Si es que se hubiese solicitado enmienda, aclaración o complementación de la resolución principal o auto de vista, que se constituye en el medio idóneo y que agota la vía, y no hubiesen sido consideradas, por extemporaneidad o el motivo que fuere; al no tener trascendencia ni efecto en la resolución principal, el plazo de los seis meses corre desde la notificación con la resolución principal o auto de vista, sin considerar la solicitud de aclaración, complementación o enmienda.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0687_2024-S3.pdf · páginas 1 a 19.
Huella digital del PDF (SHA-256): d0d347300a17f3caa3c1e7892d9c29ee20f215dd12f702c7699f1fd2f7ee7fc2
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