B.IA.LEGAL

SCP 0687/2024-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 15 de octubre de 2024

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
15 de octubre de 2024
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
MSc. DAEN Brigida Celia Vargas Barañado
Expediente
52994-2023-106-AAC
Departamento
Cochabamba
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la lesión de sus derechos al trabajo, a la estabilidad laboral y al debido proceso por mala aplicación del art. 10 del DS 28699, DS 495 y de la RM 868/10; inobservancia del principio in dubio pro operario, y por citar jurisprudencia modificando su contenido; refiriendo que, habiendo sido desvinculado injustamente de su fuente de trabajo en la Empresa Pública Nacional Estratégica BoA, acudió ante la Jefatura Departamental de Trabajo Cochabamba, solicitando su reincorporación laboral; entidad que, a través de su titular emitió la Resolución de 15 de diciembre de 2021, declinando el conocimiento de la causa, alegando la existencia de hechos controvertidos; a objeto que sea la autoridad jurisdiccional competente, quien resuelva la controversia y haga valer sus derechos; decisión que se mantuvo firme pese a que interpuso los recursos de revocatoria y jerárquico, este último resuelto por la exautoridad demandada, mediante la RM 717/22 de 28 de junio de 2022, confirmando totalmente la citada Resolución; empero, a través de una errónea interpretación y aplicación de la normativa vigente, convirtiendo así la Resolución Ministerial cuestionada, en una determinación contraria a la ley y a la Constitución Política del Estado. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución RAC-SCIII 201/2022 de 28 de diciembre, cursante de fs. 149 a 153, pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración de no haberse ingresado al análisis de fondo de la problemática planteada.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. El principio de subsidiariedad en la acción de amparo constitucional
  2. III.2. La naturaleza provisional de las decisiones pronunciadas en trámites de reincorporación regladas por los DDSS 28699 y 495
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0687/2024-S2 Sucre, 15 de octubre de 2024 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. DAEN Brigida Celia Vargas Barañado Acción de amparo constitucional Expediente: 52994-2023-106-AAC Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución RAC-SCIII 201/2022 de 28 de diciembre, cursante de fs. 149 a 153, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Rafael Antonio Flores Ríos contra Verónica Patricia Navia Tejada, ex Ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 12 de diciembre de 2022, cursante de fs. 15 a 21 vta., el accionante expresó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Fue contratado para prestar sus servicios laborales en la Empresa Pública Nacional Estratégica Boliviana de Aviación (BoA), mediante Contrato de Trabajo de 1 de diciembre de 2008, en el cargo de Responsable de Atención al Cliente, amparado en la Ley General del Trabajo, cumpliendo sus funciones de manera idónea, responsable y eficiente; sin embargo, a raíz de la emergencia sanitaria por el COVID-19 y en aplicación de la Resolución Bi-Ministerial 005/2021 de 1 de marzo, le notificaron con el Memorándum CITE: OB.AH.ME-RE.132.2021 de la misma fecha, comunicándole que se le asignaba un ítem con salario más bajo, aclarando que dicha determinación no era una intención de retirarle de dicha Empresa, procediendo a la liquidación de sus beneficios sociales, únicamente por la diferencia con el salario anterior, sin la pérdida de su antigüedad, vacaciones y bonos; situación que aceptó con el fin de apoyar a la señalada entidad; luego, el 9 de julio de igual año, le notificaron con el Memorándum CITE: OB.GG.ME.057/2021 de igual data, por el que se le declaraba en comisión bajo la dependencia de “otra jefatura” manteniendo su ítem y nivel salarial.

No obstante, el 31 de agosto de 2021, fue notificado con el Memorándum CITE: OB.AH.ME.245.2021 de esa fecha, a través del cual procedieron a su destitución, bajo el argumento de reestructuración de la indicada Empresa, sin haber incurrido en ninguna falta ni causal de despido; cuando lo correcto era que, ante la necesidad de eliminar el ítem asignado, le cambien por otro, respetando su estabilidad laboral; máxime si se encuentra a cargo de la guarda de sus dos hijos menores de edad y requiere de una fuente laboral estable para la manutención de su familia. Por tal motivo, en defensa de sus derechos laborales y constitucionales, acudió ante la Jefatura Departamental de Trabajo Cochabamba, con la finalidad de agotar la fase administrativa; a tal efecto, la titular de dicha repartición estatal pronunció la Resolución de 15 de diciembre de 2021, declinando el conocimiento de la causa ante la jurisdicción ordinaria por la existencia de hechos controvertidos; decisión que impugnó mediante recurso de revocatoria, emitiéndose la Resolución Administrativa (RA) 013-2022 de 28 de enero, confirmando el fallo recurrido; argumentando que existían posiciones contrarias, siendo la judicatura laboral la que debía dilucidar tales extremos; además, que esa Jefatura no contaba con las pruebas necesarias. Contra dicha determinación, interpuso recurso jerárquico, resuelto por la exautoridad demandada a través de la Resolución Ministerial (RM) “217/2022” -siendo lo correcto y en adelante 717/22- de 28 de junio de 2022, confirmando totalmente el fallo impugnado, declarando agotada la vía administrativa, bajo el mismo fundamento respecto a la complejidad del caso; toda vez que, la competencia otorgada al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, no le permitía realizar un proceso contradictorio ni valorar pruebas; señalando además que el Decreto Supremo (DS) 29894 -7 de febrero de 2009- no facultaba a dicho Ministerio dirimir esa causa, no existiendo hechos que acreditar, sino simplemente verificar los descargos presentados por la parte empleadora; ya que, los mismos representantes de BoA reconocieron que procedieron a su despido por motivo de reestructuración. En ese marco, la indicada Cartera de Estado, señaló que no le correspondía valorar la legalidad de las resoluciones por las cuales se procedió a su desvinculación, cuando por el principio in dubio pro operario, en caso de dudas sobre la aplicación de la norma, debía optarse por la más favorable al trabajador y disponer la restitución a su fuente laboral; y, pese a que, una resolución bi-ministerial o de directorio, no están por encima de la Constitución Política del Estado, tampoco de los Decretos Supremos (DDSS) 28699 de 1 de mayo de 2006 y 495 de 1 de mayo de 2010, los cuales establecen que las jefaturas departamentales de trabajo son competentes para conocer y ordenar la reincorporación de los trabajadores que opten por la misma, ante un retiro por causas no contempladas en el art. 16 de la Ley General del Trabajo (LGT), como ocurre en el presente caso. Dichos aspectos constituyen una mala interpretación y aplicación de la normativa vigente, convirtiendo la RM 717/22, en una decisión contraria a la ley y a la Norma Suprema.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos al trabajo, a la estabilidad laboral y al debido proceso por mala aplicación del art. 10 del DS 28699, DS 495 y RM 868/10 de 26 de octubre de 2010; inobservancia al principio in dubio pro operario y citar jurisprudencia modificando su contenido; citando al efecto los arts. 46.I y II, 48.I, II, III y IV, y 49.III de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo: a) Anular la RM 717/22 y se dicte una nueva en la que se dé estricto cumplimiento a la normativa laboral vigente, al principio in dubio pro operario y se aplique cabalmente el art. 10 del DS 28699 y DS 495, “…así como [sus] derechos consagrados por la Constitución Política del Estado (…) al Trabajo y a la Estabilidad Laboral, así como una adecuada aplicación de la jerarquía normativa” (sic); y, b) Ordenar la inmediata reincorporación a su fuente laboral, más el pago de salarios devengados desde el día de su destitución, costas y responsabilidad civil.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública virtual el 28 de diciembre de 2022, según consta en acta cursante de fs. 147 a 148 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogado, ratificó el contenido íntegro de los argumentos expresados en la demanda tutelar, y ampliándolos puntualizó que: “…la Resolución Administrativa 231/2022 que resuelve el recurso de revocatoria ante la conminatoria de reincorporación que ordeno se reincorpore a su fuente laboral, por lo que reitera se conceda la tutela y solicita la nulidad de la Resolución Ministerial N° 717/2022, por no contar con la debida fundamentación y motivación y se dicte una nueva resolución” (sic).

I.2.2. Informe de la demandada

Verónica Patricia Navia Tejada, ex Ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social, a través de su representante, en audiencia de garantías señaló que: 1) “…Se ratifica en el informe presentado, y se debe tomar en cuenta de acuerdo de la nueva línea marcada por la resolución 231/2021, la misma que no puede ser considerada por esta instancia, por otra parte indica que se hubiera realizado la mala aplicaciones derechos y principios de acuerdo a la SCP 933/2015-S3, que refiere sobre la seguridad jurídica y principios que no pueden ser tutelados mediante el amparo constitucional” (sic); 2) El accionante en su acción de defensa, citó la SCP 1985/2012 de 12 de octubre, que hace referencia a la aplicación de los DDSS 28699 y 495; como se advirtió se procedió de acuerdo a la normativa vigente que le otorga competencias al indicado Ministerio, para resolver temas laborales, puntualizando que no siempre está entre ellas ordenar la reincorporación laboral; 3) El prenombrado no señaló qué parte de la RM 868/10 invocada, estaría transgrediendo sus derechos; también indicó la vulneración del debido proceso por inobservancia del principio in dubio pro operario, “…en este caso se debe preguntarse qué es lo más favorable para el trabajador y se tiene la resolución cuestionada se ha realizado bajo los estándares normativos laborales y la CPE…” (sic); 4) Respecto a la mala aplicación de la indicada Resolución Ministerial, la misma es clara, mencionando la reincorporación en los casos que corresponde; en el presente caso, la Resolución de 15 de diciembre de 2021, declinó la competencia por existir hechos controvertidos; y, 5) En cuanto a la estabilidad laboral invocada, solamente se enumeró artículos de la Constitución Política del Estado y las SSCC “...102/2003 y 203/2005-R referente al trabajo de manera general no es clara ni precisa que parte de la resolución le está vulnerando…” (sic); por lo que, solicitó se deniegue la tutela impetrada.

I.2.3. Intervención del tercero interesado

Ronald Salvador Casso Casso, Gerente General de la Empresa Pública Nacional Estratégica BoA, a través de sus representantes, por escrito presentado el 27 de diciembre de 2022, cursante de fs. 134 a 136 vta., indicó que: i) Esta acción de defensa se encuentra viciada de nulidad, por señalar como tercero interesado a “…la Empresa Boliviana de Aviación S.A. (BoA S.A.)…” (sic), entidad inexistente representada por su persona; por lo que, amerita se deniegue la tutela solicitada; ii) Se advirtió incongruencia en este mecanismo de tutela, al no estar claramente identificada contra qué resolución ministerial se interpuso el mismo; además, porque el peticionante de tutela pidió se cumpla con el art. 10 del DS “208699”, el cual no existe en el Estado Plurinacional de Bolivia; en consecuencia, no puede requerir se aplique la citada norma; iii) Luego de la desvinculación laboral del impetrante de tutela, este acudió a la instancia administrativa, pretendiendo su reincorporación; sin embargo, durante la fase compulsiva de las partes, se advirtió la presencia de hechos controvertidos, que por su naturaleza no podían ser valorados en esa vía por el principio de reserva legal, según sostuvo la SCP 1053/2013 de 28 de junio, que citó a la SCP 0036/2013 de 4 de enero, derivando a la instancia correspondiente; y, iv) Ante los argumentos expuestos en la Resolución de 15 de diciembre de 2021, ratificada mediante RA 013-2022, y confirmada por la RM 717/22, emitida por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, en el recurso jerárquico interpuesto por el solicitante de tutela, este debió acudir ante la judicatura laboral y no a la instancia constitucional, al estar comprobado que existen hechos controvertidos; en tal sentido, reiteró la solicitud de denegatoria de la tutela pretendida. Asimismo, en audiencia de garantías mediante su abogado, repitió lo expresado en el informe supra descrito, añadiendo que los procesos administrativos de reincorporación, no pueden ser planteados ante la justicia constitucional, por existir hechos controvertidos, cuya instancia administrativa, en uso de sus deberes, emitió las correspondientes resoluciones en primera y segunda instancia; por otra parte, según la SCP 0984/2015-S3 de 12 de octubre, mediante la acción de amparo constitucional no es posible dilucidar hechos controvertidos ni reconocer derechos, que solo se protegen cuando se encuentran debidamente consolidados; extremo que no ocurrió en el presente caso.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante Resolución RAC-SCIII 201/2022 de 28 de diciembre, cursante de fs. 149 a 153, denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: a) La RM 717/22 pronunciada por la exautoridad demandada, se encuentra debidamente motivada y fundamentada, sustentada en disposiciones legales, como el art. 9 del Código Procesal del Trabajo (CPT), al tener competencia la judicatura laboral para decidir las controversias emergentes de los contratos individuales y colectivos del trabajo y otros; asimismo, contiene una secuencia y estructura, expresando los motivos por los que se determinó confirmar totalmente la Resolución de 15 de diciembre de 2021, que dispuso declinar el conocimiento de la causa, ante la existencia de hechos controvertidos; más aún, cuando según la jurisprudencia constitucional, una resolución no necesariamente implica que sea ampulosa, sino concisa y clara, exigiendo además que exista una correspondencia y concordancia entre la parte motivada y la dispositiva de un fallo, debiendo expresar las convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión; y, b) La SCP 1737/2014 de 5 de septiembre, señaló que la justicia constitucional no es un mecanismo de impugnación respecto a la labor que efectúan los jueces ordinarios y las autoridades administrativas, al estar compelido al cumplimiento de funciones diferentes, conforme previene el art. 197 de la CPE, menos puede convertirse en un supra tribunal con facultades de revisar lo obrado por dichas autoridades, a menos que el accionante demuestre una errónea valoración de la prueba individualizando la misma y el alejamiento de los marcos de razonabilidad y equidad o una equivocada interpretación del derecho, precisando qué normas fueron erradamente interpretadas y cómo vulneran derechos fundamentales de manera puntual y concreta; sin que el peticionante de tutela observara los requisitos imperativos, limitándose a referir que no se aplicaron correctamente los DDSS 28699 y 495, señalando la inexistencia de hechos controvertidos, cuando debió determinarse si el despido fue o no ilegal, arguyendo la transgresión de sus derechos al trabajo y a la estabilidad laboral, y que no se aplicó el principio in dubio pro operario; pretendiendo el accionante con esos argumentos, que se ingrese a efectuar la interpretación de la legalidad ordinaria, sin cumplir con la carga argumentativa y el nexo de causalidad, además, de determinar cuál la relevancia constitucional.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1 El 1 de diciembre de 2008, Rafael Antonio Flores Ríos -accionante-, suscribió el Contrato de Trabajo BoA 167/2008 con la Empresa Pública Nacional Estratégica BoA, representada por Ronald Salvador Casso Casso, Gerente General -tercero interesado-, para que desempeñe las labores concernientes a Especialista IV Atención al Cliente, dentro de la indicada Empresa; así como, aquellas que le sean asignadas a través de memorándum; relación laboral que tenía una vigencia de ochenta y nueve días calendario, computable a partir de la referida fecha al 27 de febrero de 2009 (fs. 3 a 4 vta.). II.2. Mediante Memorándum CITE: OB.AH.ME.1520.2016 de 1 de agosto, el tercero interesado comunicó al peticionante de tutela que a partir del 1 de julio del mismo año, se le asignaba el Ítem 28 correspondiente a Responsable Atención al Cliente dependiente de la Jefatura de Control de Gestión, Organización y Métodos (fs. 6). II.3. Por Memorándum CITE: OB.AH.ME-RE.132.2021 de 1 de marzo, el tercero interesado comunicó al impetrante de tutela que, de acuerdo a la Resolución Bi-Ministerial 005/2021 de igual fecha, se le asignó el Ítem 14, con el cargo de Responsable Atención al Cliente, preservando su antigüedad, vacaciones y bonos; así como, todos los beneficios que por ley le corresponden (fs. 75). II.4. A través del Memorándum CITE: OB.GG.ME.057.2021 de 9 de julio, el tercero interesado informó al solicitante de tutela que a partir del 12 de igual mes y año, fue designado en comisión bajo la dependencia de la Jefatura de Marketing y Comunicaciones perteneciente a la Gerencia Comercial, con su mismo ítem y nivel salarial (fs. 63). II.5. Mediante Memorándum CITE: OB.AH.ME.245.2021 de 31 de agosto, el tercero interesado comunicó al accionante que por Resolución Administrativa de Directorio 001/2021 de 3 de febrero y Resolución Bi-Ministerial 005/2021, se procedió a la modificación de la escala salarial y estructura organizacional; producto de ello, el Ítem de Responsable de Atención al Cliente que se le asignó, fue suprimido de la estructura orgánica de la empresa, situación que obligaba a concluir la relación laboral con el prenombrado (fs. 5 y vta.). II.6. En virtud a la denuncia presentada por el peticionante de tutela respecto al despido injustificado, solicitando la reincorporación a su fuente de trabajo contra la señalada Empresa; la Jefa Departamental de Trabajo Cochabamba, por Resolución de 15 de diciembre de 2021, resolvió declinar el conocimiento de la causa por la existencia de hechos controvertidos, debiendo el nombrado acudir ante la autoridad jurisdiccional competente, a objeto de hacer valer sus derechos (fs. 7 a 8 vta.). II.7. Por memorial presentado el 31 de diciembre de 2021, el impetrante de tutela interpuso recurso de revocatoria contra el supra citado fallo; en virtud a ello, la mencionada autoridad laboral emitió la RA 013-2022 de 28 de enero, resolviendo confirmar la Resolución recurrida (fs. 9 a 10 vta. y 49 a 50).

II.8. Mediante escrito presentado el 15 de febrero de 2022, el peticionante de tutela formuló recurso jerárquico contra la RA 013-2022; a tal efecto, Verónica Patricia Navia Tejada, ex Ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social -ahora demandada-, por RM 717/22 de 28 de junio de 2022, resolvió confirmar totalmente la indicada Resolución Administrativa; consecuentemente, la Resolución de 15 de diciembre de 2021 (fs. 11 a 14, y 42 a 43).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la lesión de sus derechos al trabajo, a la estabilidad laboral y al debido proceso por mala aplicación del art. 10 del DS 28699, DS 495 y de la RM 868/10; inobservancia del principio in dubio pro operario, y por citar jurisprudencia modificando su contenido; refiriendo que, habiendo sido desvinculado injustamente de su fuente de trabajo en la Empresa Pública Nacional Estratégica BoA, acudió ante la Jefatura Departamental de Trabajo Cochabamba, solicitando su reincorporación laboral; entidad que, a través de su titular emitió la Resolución de 15 de diciembre de 2021, declinando el conocimiento de la causa, alegando la existencia de hechos controvertidos; a objeto que sea la autoridad jurisdiccional competente, quien resuelva la controversia y haga valer sus derechos; decisión que se mantuvo firme pese a que interpuso los recursos de revocatoria y jerárquico, este último resuelto por la exautoridad demandada, mediante la RM 717/22 de 28 de junio de 2022, confirmando totalmente la citada Resolución; empero, a través de una errónea interpretación y aplicación de la normativa vigente, convirtiendo así la Resolución Ministerial cuestionada, en una determinación contraria a la ley y a la Constitución Política del Estado. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. El principio de subsidiariedad en la acción de amparo constitucional

Al respecto, la SCP 0091/2013 de 17 de enero, sostuvo que: “…la regulación efectuada por el constituyente respecto a la acción de amparo constitucional, estructura esta acción sobre la base de los principios de sumatoriedad e inmediatez, a partir de los cuales se consagra la vigencia en este nuevo modelo de Estado, de un mecanismo de tutela pronta y oportuna, para el resguardo de derechos fundamentales y garantías constitucionales contra actos u omisiones lesivos provocados por servidores públicos o particulares. (…) Ahora bien, este mecanismo de máxima protección se rige al mismo tiempo por dos principios configuradores que hacen a su naturaleza: la subsidiariedad y la inmediatez; el primero, entendido como el agotamiento previo o la constatación de la inexistencia de otras vías o recursos legales para la protección inmediata de los derechos denunciados como conculcados, por cuanto, no sustituye o remplaza a los recursos o instancias ordinarias prestablecidas en el ordenamiento jurídico. El segundo, instituye al amparo constitucional como un mecanismo inmediato en la protección de los derechos y garantías fundamentales, lo que permite percibir que este mecanismo de tutela, brinda una reparación inmediata frente a los actos y omisiones arbitrarias de los servidores públicos y/o personas particulares; de ahí su naturaleza regida por los principios de sumariedad, celeridad y eficacia. En el marco de lo señalado, la acción de amparo forma parte del control reforzado de constitucionalidad o control tutelar de los derechos y garantías, al constituirse en un mecanismo constitucional inmediato de carácter preventivo y reparador destinado a lograr la vigencia y respeto de los derechos fundamentales y garantías constitucionales. Este ámbito tutelar queda abierto siempre que no exista otro medio de protección inmediata para la protección de los derechos y garantías fundamentales o cuando las vías idóneas pertinentes una vez agotadas no han restablecido el derecho lesionado, lo que significa que de no cumplirse con este requisito, no se puede analizar el fondo del problema planteado y, por tanto, tampoco otorgar la tutela” (las negrillas corresponden al texto original). Por su parte, el art. 51 del Código Procesal Constitucional (CPCo) establece que: “La Acción de Amparo Constitucional tiene el objeto de garantizar los derechos de toda persona natural o jurídica reconocidos por la Constitución Política del Estado y la Ley, contra los actos o las omisiones indebidas de las y los servidores públicos o particulares que los restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir”. El principio de subsidiariedad que rige a esta acción de defensa, está previsto en el art. 129.I de la CPE, que dispone: “La Acción de Amparo Constitucional se interpondrá por la persona que se crea afectada, por otra a su nombre con poder suficiente o por la autoridad correspondiente de acuerdo con la Constitución, ante cualquier juez o tribunal competente, siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados” (énfasis añadido); así el art. 54.I del citado Código, prevé que: “La Acción de Amparo Constitucional, no procederá cuando exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados de serlo”. La jurisprudencia constitucional a través de la SCP 0664/2012 de 2 de agosto, haciendo referencia a la SC 0484/2010-R de 5 de julio, estableció que: «“la acción de amparo constitucional, no puede ser utilizada como mecanismo alternativo o sustitutivo de protección, pues ello desnaturalizaría su esencia, así se ha establecido en la SC 0374/2002-R de 2 de abril, que determina: ‘…la subsidiariedad del amparo constitucional debe ser entendida como el agotamiento de todas las instancias dentro el proceso o vía legal, sea administrativa o judicial, donde se acusa la vulneración, dado que, donde se deben reparar los derechos fundamentales lesionados es en el mismo proceso, o en la instancia donde han sido conculcados, y cuando esto no ocurre queda abierta la protección que brinda el Amparo Constitucional’”» (el resaltado nos pertenece). El extinto Tribunal Constitucional a través de la SC 1086/2005-R de 12 de septiembre, expresó que: “…el carácter subsidiario del amparo constitucional, no sólo se agota en el aspecto formal, es decir en la obligación de que la persona utilice todos los recursos establecidos por el ordenamiento jurídico, sino que es preciso que a través de esos medios la persona reclame todos los actos ilegales que supuestamente le causan agravio; dado que si la persona no efectuó el reclamo pertinente, pese a haber utilizado el medio de defensa previsto por ley, se entiende que consintió con todas aquellos presuntos actos ilegales u omisiones indebidas que no impugnó oportunamente, impidiendo con ello que las autoridades judiciales o administrativas se pronuncien sobre el particular (SC 1337/2003-R, de 15 de septiembre). De lo dicho se concluye que la jurisdicción constitucional sólo podrá analizar aquellos actos u omisiones demandados de ilegales que fueron reclamados oportunamente ante la vía judicial o administrativa pertinente; esto es en el momento hábil de producido el agravio el cual debe ser invocado necesariamente en las subsiguientes instancias sino es reparado en la primera, a través de los medios o recursos que franquea la ley. En consecuencia, aquellas lesiones no acusadas ante la vía ordinaria, oportunamente en cada instancia, no pueden ser analizadas a través del recurso de amparo constitucional; dado que, de acuerdo a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional glosada precedentemente, de manera general, son los jueces y tribunales ordinarios los llamados a reparar los derechos y garantías constitucionales presuntamente lesionados en el mismo proceso (judicial o administrativo), y sólo excepcionalmente, y en defecto de aquéllos, la jurisdicción constitucional podrá hacerlo; en cambio, si el reclamo se efectúa en forma directa a través del recurso de amparo constitucional, no se activa la jurisdicción constitucional, dada la naturaleza subsidiaria del amparo; pues, como quedó precisado, en esos casos, las autoridades judiciales o administrativas no tuvieron oportunidad de conocer los agravios formulados por el recurrente y, en su caso, repararlos.

Esto implica que para cumplir la exigencia de subsidiariedad, los hechos que se relacionan como lesivos a los derechos o garantías en sede judicial o administrativa, no pueden ser distintos de los hechos que se expresan en sede constitucional…” (las negrillas son añadidas). Entendimiento reiterado por la SCP 1050/2017-S3 de 13 de octubre. Por su parte, la SCP 0589/2012 de 20 de julio, ratificó el entendimiento establecido en la SC 1337/2003-R de 15 de septiembre, respecto a las reglas y subreglas aplicables al principio de subsidiariedad, refiriendo que: “‘…se extraen las siguientes reglas y sub reglas de improcedencia por subsidiariedad, cuando: 1) las autoridades judiciales o administrativas no han tenido la posibilidad de pronunciarse sobre un asunto porque la parte no ha utilizado un medio de defensa ni ha planteado recurso alguno, así: a) cuando en su oportunidad y en plazo legal no se planteó un recurso o medio de impugnación, y b) cuando no se utilizó un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico; y 2) las autoridades judiciales o administrativas pudieron haber tenido o tienen la posibilidad de pronunciarse, porque la parte utilizó recursos y medios de defensa, así: a) cuando se planteó el recurso pero de manera incorrecta, que se daría en casos de planteamientos extemporáneos o equivocados y b) cuando se utilizó un medio de defensa útil y procedente para la defensa de un derecho, pero en su trámite el mismo no se agotó, estando al momento de la interposición y tramitación del amparo, pendiente de resolución. Ambos casos, se excluyen de la excepción al principio de subsidiaridad, que se da cuando la restricción o supresión de los derechos y garantías constitucionales denunciados, ocasionen perjuicio irremediable e irreparable, en cuya situación y de manera excepcional, procede la tutela demandada, aún existan otros medios de defensa y recursos pendientes de resolución’” (el resaltado nos corresponde).

III.2. La naturaleza provisional de las decisiones pronunciadas en trámites de reincorporación regladas por los DDSS 28699 y 495

Sobre este tema, la SCP 0949/2022-S2 de 2 de agosto, ya se manifestó al respecto, señalando que: “El Tribunal Constitucional Plurinacional, a partir de la SCP 0583/2012 de 20 de julio, y de manera uniforme ha establecido que la conminatoria de reincorporación laboral es una decisión que tiene carácter provisional en tanto no sea definida en sede judicial; en ese razonamiento la SCP 0502/2021-S4 de 7 de septiembre señalo que: ‘…por mandato de lo previsto en el art. 10.III del DS 28699, modificado por los parágrafos IV y V del DS 0495, la conminatoria, a partir de su notificación se convierte en obligatoria en su cumplimiento, la misma que, no obstante de ser susceptible de impugnaciones posteriores en la vía administrativa o judicial, es de ineludible cumplimiento por parte de FABOCE Ltda. –ahora demandada–; resultando en consecuencia, que la presente acción de defensa, surge únicamente con la finalidad de que se cumpla con el mandato de la citada Conminatoria de Reincorporación, en el ámbito de una protección de carácter provisional y extraordinaria; dado que, como se expresó precedentemente, se salvan los resultados de fondo que pudieran emerge de la activación de los medios de impugnación administrativos o judiciales, por la parte demandada. (…) No obstante, corresponde resaltar que la tutela a ser concedida, posee un carácter extraordinario y provisional; por cuanto, conforme se tiene de antecedentes, las vías impugnativas en sede administrativa y judicial, fueron activadas por la parte empleadora a través de los medios recursivos que cada jurisdicción prevé en su ordenamiento jurídico; instancias ante las cuales deberá exponer y probar los argumentos que fueron expresados a través de esta acción tutelar’. Sobre el particular, la SCP 0346/2021-S1 de 18 de agosto, expresó al respecto: ‘…se debe aclarar que la tutela otorgada tiene carácter provisional; toda vez que, la referida Conminatoria no constituye una resolución definitiva respecto a la situación laboral de los trabajadores; puesto que, las autoridades judiciales en materia laboral son las idóneas para resolver en el fondo y con carácter definitivo la situación laboral tanto para el empleador como para el trabajador, en el entendido de que, conforme informó el demandado, el motivo de la Comunicación Interna de desvinculación y el consecuente despido fue efectuado por razones de fuerza mayor al haberse agotado el yacimiento mineral y en consecuencia se dejaron de generar ingresos, aspectos que deberán dilucidarse en la vía ordinaria con la respectiva prueba y siguiendo el procedimiento pertinente’. Así, teniendo en cuenta que las conminatorias de reincorporación tienen carácter provisional y lo determinado en ellas puede ser controvertido ante las autoridades judiciales en materia laboral, no es posible de manera directa frente a una decisión provisional plantear este mecanismo constitucional, sin desconocer el principio de subsidiariedad, aun si se hubiere agotado la instancia administrativa; pues al ser un fallo provisional, el reclamo sobre las denuncias de supuestas irregularidades procesales, o cuestiones que tengan que ver con el fondo de lo resuelto deben ser planteadas ante las autoridades judiciales en materia laboral, a fin de que estas como garantes primarios de la Constitución Política del Estado puedan examinar el caso en particular, y si corresponde subsanar los actos u omisiones alegados, y en caso de considerar que persisten los mismos, recién acudir ante la jurisdicción constitucional a través de la acción de amparo constitucional.

En ese mismo sentido, la Resolución de Doctrina Constitucional 0001/2021 de 16 de junio, sobre el particular sostuvo: ‘1.iii) La referida conminatoria no constituye una resolución definitiva respecto a la situación laboral de la trabajadora o el trabajador siendo netamente provisional la otorgación de la tutela puesto que las autoridades administrativas o judiciales en materia laboral son las idóneas para resolver el fondo y con carácter definitivos la situación laboral tanto para el empleador como para el trabajador; (…) 1.v) La justicia constitucional se encuentra imposibilitada de ingresar a analizar si la conminatoria efectuó una indebida o ilegal fundamentación a tiempo de determinar la reincorporación, o si los datos, hechos y circunstancias que le dieron lugar -incluyendo la prueba-, ameritaban tal determinación, debido a que ese aspecto le corresponde a la jurisdicción ordinaria…’” (el resaltado nos corresponde).

III.3. Análisis del caso concreto

De la revisión de los antecedentes procesales que cursan en el expediente, se advierte que el accionante cuestionó que, al haber sido injustamente desvinculado de su fuente de trabajo en la Empresa Pública Nacional Estratégica BoA, acudió ante la Jefatura Departamental de Trabajo Cochabamba, solicitando su reincorporación laboral; sin embargo, dicha entidad a través de su titular, por Resolución de 15 de diciembre de 2021, declinó el conocimiento de la causa, ante la autoridad jurisdiccional competente, a objeto de que resuelva la controversia por la existencia de hechos controvertidos; decisión que se mantuvo incólume, pese a que interpuso los recursos de revocatoria y jerárquico, este último resuelto por la exautoridad demandada mediante la RM 717/22 de 28 de junio de 2022, confirmando totalmente la citada Resolución; empero, a través de una errónea interpretación y aplicación de la normativa vigente, en particular, de los DDSS 28699 y 495, así como de la RM 868/10. Conforme señala la jurisprudencia contenida en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, esta acción tutelar -en virtud a su carácter subsidiario- puede activarse siempre que no exista otro medio de protección inmediato para precautelar los derechos y garantías fundamentales o cuando las vías idóneas pertinentes, una vez agotadas, no han restablecido el derecho alegado de lesionado, lo que significa que de no cumplirse con este requisito, no se puede considerar el fondo del problema planteado, y por tanto tampoco otorgar la tutela; en ese sentido, la justicia constitucional solo podrá analizar aquellos actos u omisiones demandados de ilegales que fueron reclamados oportunamente ante la instancia judicial o administrativa pertinente; consecuentemente, las personas naturales o jurídicas que consideren afectados sus derechos, antes de activar el control tutelar de constitucionalidad mediante la acción de amparo constitucional, deberán utilizar los mecanismos intraprocesales o procedimentales de defensa establecidos por ley. Ahora bien, la problemática en estudio se encuentra relacionada al trámite de reincorporación laboral, reglamentado por los DDSS 28699 y 495; cuyas determinaciones tienen carácter provisional; debido a que, tanto las conminatorias como los actos administrativos que se emiten, no tienen calidad de resoluciones definitivas sobre la situación laboral del solicitante; puesto que, las autoridades judiciales en materia de trabajo son las idóneas para resolver en el fondo y con carácter definitivo la posición ocupacional del nombrado, conforme se tiene expresado en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional; extremo que es aplicable al caso que se analiza; puesto que, las resoluciones emitidas en la instancia administrativa por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, tienen la característica de ser provisionales. En consecuencia, si el peticionante de tutela consideraba que dicha Cartera de Estado habría lesionado sus derechos, al no haber ordenado su reincorporación laboral, con carácter previo a la interposición de esta acción de defensa, debió acudir ante las autoridades de la judicatura de trabajo, a objeto de que sean éstas quienes analicen si los argumentos esgrimidos son evidentes; vale decir, si la declinatoria de competencia era correcta, al advertir la existencia de hechos controvertidos; y, en caso de razonar que persistiría la transgresión, recién activar la justicia constitucional, respecto a lo resuelto en la vía laboral; en virtud a ello, se configura una de las causales de concurrencia del principio de subsidiariedad que rige a este mecanismo tutelar, descrita en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, consistente en que: “…1) las autoridades judiciales o administrativas no han tenido la posibilidad de pronunciarse sobre un asunto porque la parte no ha utilizado un medio de defensa ni ha planteado recurso alguno...” (SCP 0589/2012); regla que es aplicable al caso en examen; dado que, el DS 495, incluyó los parágrafos IV y V en el art. 10 del DS 28699, estableciendo que: “IV. La conminatoria es obligatoria en su cumplimiento a partir de su notificación y únicamente podrá ser impugnada en la vía judicial, cuya interposición no implica la suspensión de su ejecución. V. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Parágrafo IV del presente Artículo, la trabajadora o trabajador podrá interponer las acciones constitucionales que correspondan, tomándose en cuenta la inmediatez de la protección del derecho constitucional de estabilidad laboral”. De donde se puede colegir que, es posible acudir a las acciones constitucionales cuando exista una conminatoria de reincorporación laboral y la misma no fue cumplida, pese a la notificación del empleador; sin embargo, en la presente causa, al no existir una orden en ese sentido, no es admisible que este Tribunal asuma de forma directa el conocimiento y resolución de la controversia suscitada, al ser esta una prerrogativa exclusiva del juez en materia laboral; puesto que, si bien el impetrante de tutela agotó la vía administrativa al plantear los recursos de revocatoria y jerárquico contra la decisión asumida por la Jefatura Departamental de Trabajo Cochabamba, en observancia del principio de subsidiariedad, correspondía que el prenombrado, antes de acudir a la justicia constitucional mediante la acción de amparo constitucional, recurra a la jurisdicción ordinaria laboral a través de un proceso de conocimiento -conforme ya se precisó en líneas precedentes-, a objeto de debatir el fondo de la determinación adoptada por la ex Ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social, en la RM 717/22, para establecer en definitiva si concierne o no su reincorporación. Empero, al no haber obrado de esa manera el solicitante de tutela, no es posible ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada, la cual versa esencialmente en torno a una errónea aplicación de la normativa vigente -en particular de los DDSS 28699 y 495, así como la RM 868/10-por parte de la exautoridad demandada, cuestionando la RM 717/22, quien -a criterio del prenombrado-, debió ordenar la restitución a su fuente de trabajo, extremo que previamente debe ser analizado y resuelto por la judicatura laboral, sin que este Tribunal se encuentre facultado para pronunciarse al respecto, correspondiendo en consecuencia denegar la tutela solicitada. En consecuencia, la Sala Constitucional al haber denegado la tutela impetrada, aunque con otros fundamentos, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución RAC-SCIII 201/2022 de 28 de diciembre, cursante de fs. 149 a 153, pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración de no haberse ingresado al análisis de fondo de la problemática planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

MSc. DAEN Brigida Celia Vargas Barañado

MAGISTRADA

MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0687_2024-S2.pdf · páginas 1 a 15.

Huella digital del PDF (SHA-256): 67f350d6dcad5c048f5d006c7b1acf6a9174a7212348affa1eda1ab79e2eae08

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