B.IA.LEGAL

SCP 0687/2024-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 28 de octubre de 2024

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
28 de octubre de 2024
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
MSc. Georgina Amusquivar Moller
Expediente
52982-2023-106-AAC
Departamento
Cochabamba
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

La parte accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia y valoración de la prueba; y, a la propiedad privada; toda vez que, dentro el proceso civil de usucapión presentado por Liz Juana, Rossio Estela y Wendel Natan todos de apellidos Henry Alvarado, interpusieron demanda de usucapión contra Heidy Katterine Camacho Maldonado, Tebaida Blanca Castro Alvarado, Rene Monrroy Zeballos, Giovanna Gamboa de Monrroy, presuntos herederos de Julio Alvarado Flores, presuntos herederos de Agustina Calustro de Alvarado; presuntos herederos de Dolores Maldonado Tordoya y presuntos interesados, luego de que la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba por medio del Auto de Vista 029/2021 de 2 de julio dispusiera dejar sin efecto la Sentencia de 20 de noviembre de 2017, y por lo mismo declarara improbada la demanda de usucapión y probada la excepción de falsedad en la demanda planteada por su persona; y, ante la interposición del recurso de casación, los Magistrados demandados emitieron el Auto Supremo 350/2022 de 23 de mayo por el cual dispusieron la casación total del Auto de Vista 029/2021 de 2 de julio y el Auto Complementario de 25 de octubre del referido año, y determinaron mantener incólume la Sentencia de primera instancia de 20 de noviembre de 2017, haciendo la aclaración de que la usucapión reconocida en favor de Liz Juana Henry Alvarado es de la totalidad de la superficie de 87,82 m, incurriendo en las siguientes ilegalidades: 1) En relación al derecho al debido proceso …

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 203/2022 de 29 de diciembre, cursante de fs. 618 a 625 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del departamento de Cochabamba; en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, en relación al derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y valoración de la prueba, respecto a la primera problemática; y, al derecho a la propiedad privada en relación a la segunda problemática en base a los fundamentos jurídicos plasmados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, y por consiguiente:

1.1° Se deja sin efecto el Auto Supremo 350/2022 de 23 de mayo, debiendo la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia en el plazo de setenta y dos horas de notificados con la presente Resolución Constitucional emitir un nuevo Auto Supremo respetando los derechos que fueron conculcados anteriormente. 2° DENEGAR la tutela solicitada, respecto al derecho al debido proceso en su elemento congruencia en relación a la primera problemática en base a los argumentos esgrimidos en esta Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. El derecho a la fundamentación y motivación de las resoluciones como elementos del debido proceso
  2. III.2.El principio de congruencia como componente sustancial del debido proceso
  3. III.3.La revisión de la valoración de la prueba en sede constitucional
  4. III.4.El derecho a la propiedad privada y sus restricciones
  5. III.5.Análisis del caso concreto
  6. IV.2. Recurso en el fondo de Liz Juana, Rossio Estela y Wendel Natan, todos Henry Alvarado

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0687/2024-S1 Sucre, 28 de octubre de 2024 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de amparo constitucional Expediente: 52982-2023-106-AAC Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 203/2022 de 29 de diciembre, cursante de fs. 618 a 625 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Reinaldo Mercado Uribe contra Marco Ernesto Jaimes Molina y Juan Carlos Berrios Albizu, Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1.Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 1 y 9 de diciembre de 2022, cursante de fs. 1 y 398 a 427; y, 435 a 349 vta., el accionante expresó los siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 14 de octubre de 1952, Julio Alvarado Flores y Agustina Calustro de Alvarado inscribieron en Derechos Reales (DD.RR.) bajo la Partida 918 un bien inmueble a su favor de 175,64 m; así, el 10 de septiembre de 1986 Julio Alvarado Flores adquirió en su favor préstamos de parte de Dolores Maldonado Tordoya en las sumas de $us7 900.- (siete mil novecientos dólares estadounidenses); $us3 400.-(tres mil cuatrocientos dólares estadounidenses); y, $us4 500.- (cuatro mil quinientos dólares estadounidenses), y ante la falta de pago, la acreedora inició demanda ejecutiva; por lo cual, por Escritura Pública 696/93 de 18 de noviembre de 1993 Dolores Maldonado Tordoya adquirió en su favor por venta judicial el 50% de acciones y derechos que correspondían a Julio Alvarado Flores; la cual, estuvo registrado en las oficinas de DD.RR., bajo la Partida 4723 del Libro Primero de Propiedades de Quillacollo del departamento de Cochabamba, declarándose heredera y legítima propietaria ante el fallecimiento de la acreedora Heidy Katterine Camacho Maldonado, derecho que fue inscrito en la oficina de DD.RR., bajo la Matrícula Computarizada 3.09.1.01.0000388. El 30 de junio de 2008, Heidy Katterine Camacho Maldonado mediante Testimonio 665 relativo a un Documento de Préstamo de Dinero con Garantía Hipotecaria, adquirió en su favor un préstamo de dinero de parte de Antonio Héctor Villarroel Foronda por la suma de $us15 000.- (quince mil dólares estadounidenses), y ante el incumplimiento de pago, se inició en contra de la deudora proceso coactivo civil, culminando con el remate de las acciones y derechos; en la cual su persona, participó como postor y posteriormente por venta judicial de 23 de abril de 2009, adquirió el bien inmueble ubicado en la Plaza 15 de agosto de Quillacollo; la cual, fue debidamente registrado en la oficina de DD.RR. bajo la Matrícula Computarizada 3.09.1.01.0000388 de 26 de mayo del mismo año. Sin embargo, de forma posterior, el 14 de junio de 2012 fue notificado por cédula judicial con un memorial datado del 9 de mayo del mismo año, suscrito por Wendel Natan y Liz Juana, ambos de apellidos Henry Alvarado, en la que solicitaron al Juez de Partido en lo Civil Primero de Quillacollo del departamento de Cochabamba con suma “A MAYOR ABUNDAMIENTO PIDE SE CITE AL QUE INDICA donde se refiere que las señaladas acciones y derechos del bien inmueble de la plaza 15 de agosto fueron adquiridas mediante fraude y comisión de delitos…” (sic), emitiéndose el Decreto de 11 de mayo del mismo año, se dispuso su citación para que asuma defensa en el estado en que se encontraba el proceso de usucapión, de la que nunca tuvo conocimiento ni de la demanda ni otros actuados procesales; ya que, en el contenido de la demanda de usucapión de 2008 no consta su nombre al ser propietario desde el 2009, no siendo ampliada la referida demanda conforme a Ley, emitiéndose por parte de la Jueza Pública Civil y Comercial Primera de Quillacollo del departamento de Cochabamba la Sentencia de 20 de noviembre de 2017, en la que se declaró probada la demanda de usucapión en relación a Liz Juana Henry Alvarado, e improbadas las excepciones perentorias interpuesta por su persona y otras. Dicha Sentencia fue recurrida en apelación; por lo cual, la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, por medio del Auto de Vista 029/2021 de 2 de julio, revocó la Sentencia de primera instancia declarando improbada la demanda de usucapión y por consiguiente probada la excepción perentoria de falsedad en la demanda, determinación que fue recurrida en casación por Wendel Natan, Liz Juana y Rossio Estela todos de apellidos Henry Alvarado, recurso que fue resuelto por los Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia -ahora demandados- por medio del Auto Supremo 350/2022 de 23 de mayo por el cual casaron en su totalidad el antedicho Auto de Vista y su Auto Complementario, disponiendo se mantenga incólume la Sentencia de primera instancia “…aclarando que la usucapión reconocida a favor de LIZ JUANA HENRY ALVARADO es sobre, el total de la fracción demandada 87,82 m” (sic.). Dicho Auto Supremo 350/2022 fue emitido de forma ilegal y arbitraria, pues a momento de declarar fundado el recurso de casación y disponer se mantenga firme e incólume la Sentencia de 20 de noviembre de 2017, vulneró sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia y valoración de la prueba; y, a la propiedad privada; ya que: a) En relación al derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia y valoración de la prueba; el Auto Supremo 350/2022: 1) De forma errónea argumentó que los demandantes del proceso de usucapión nunca fueron citados en las demandas ejecutivas, pese a no haber sido parte de dichos procesos, incurriendo en una arbitrariedad carente de lógica y parcialización, puesto que “…NO SE PODÍA CITAR CON DEMANDAS YA SEA LA DEMANDA EJECUTIVA A MENORES DE EDAD QUE NO ERAN TITULARES DEL BIEN INMUEBLE CON QUE SE GARANTIZÓ DENTRO PROCESO EJECUTIVO EL TITULAR DEL BIEN O EN SU DEFECTO CON CONCURSO DE ACREEDORES…”, siendo la conclusión arribada en una aberración jurídica; 2) No señalaron en que norma jurídica se basaron para determinar que los menores de edad son capaces de obrar y pueden actuar de forma directa como demandantes o demandados, contradiciendo de manera flagrante normas civiles y familiares vigentes en los períodos de “1985 a 1995”; 3) La Resolución no guarda el hilo conductor desde la parte considerativa de hechos, identificación de agravios, valoración probatoria, interpretación de las normas, careciendo de fundamento y de motivación, sustentando su decisión en mera retórica, basándose en conjeturas que carecen de sustento probatorio o jurídico, en la que se omitió la valoración de la prueba aportada en el proceso, evidenciándose una lesión al derecho al debido proceso en los elementos de fundamentación, motivación, congruencia y valoración de la prueba; ya que, no se cita las normas legales con las que se apoya su razonamiento, que llevó a concluir que “…los demandantes de usucapión debían ser demandados cuando eran menores de edad y por tanto incapaces de obrar…” (sic); y, b) Respecto al derecho a la propiedad privada; ya que, al haber determinado la Casación total del Auto de Vista 029/2021 de 2 de julio y su Auto Complementario de 25 de octubre de 2021; y, por consiguiente mantener incólume la Sentencia de primera instancia de 20 de noviembre de 2017, desconocieron su derecho propietario que fue adquirido por medio de adjudicación judicial el 10 de febrero de 2009 a través de un remate judicial en el proceso ejecutivo; la cual, fue eliminado por los demandados.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

La parte impetrante de tutela denunció la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia y valoración de la prueba; y, a la propiedad privada, sin mencionar norma constitucional alguna.

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada, disponiéndose: i) Dejar sin efecto jurídico el Auto Supremo 350/2022 de 23 de mayo; y, ii) Que se emita una nueva resolución, en la que se declare infundado el recurso de casación.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública el 29 de diciembre de 2022, según consta en acta cursante de fs. 613 a 617, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

La parte peticionante de tutela, a través de su abogado ratificó los términos de su acción de amparo constitucional.

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

Marco Ernesto Jaimes Molina y Juan Carlos Berrios Albizu, Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, por informe escrito presentado el 29 de diciembre de 2022, cursante de fs. 556 a 559 vta., señalaron que: a) El Auto Supremo 350/2022 de 23 de mayo, argumentó que los menores de edad desde los 14 años tienen la posibilidad de ejercer sus derechos por sí mismos, como lo es el derecho a la posesión de bienes, habiendo partido del principio de responsabilidad destinada a los menores de edad, y conforme al art. 988 del Código Civil (CC), la cual les da responsabilidad a partir de los 10 años; b) Se basó en el Código del Menor de 30 de mayo de 1975 al ser la Ley especial vigente y aplicable en el inicio de la posesión (1985), en la que se explica que a partir de los 14 años un menor de edad ya podía contratar y comprometer por sí solo servicio personal en actividades labores; c) Se tomó en cuenta la Ley Especial, en el entendido de que la norma también permite de forma simultánea el ejercicio de derechos; siendo que, el Código del Menor no solo regulaba derechos, deberes y obligaciones, sino también que permitía el ejercicio de derechos desde los 14 años de edad; d) El Auto Supremo cuestionado se encuentra fundamentado y respaldado con jurisprudencia, en la que se estableció que “…para el inicio y consolidación de la posesión no se requiere cumplir con ningún requisito de orden legal o administrativo, mucho menos tener autorización del titular del inmueble…” (sic.), sino solo se tiene que demostrar la posesión y tener el corpus y animus debiendo ser pública, continua y pacífica por el tiempo de diez años; e) Ninguno de los elementos de la posesión se puso en debate en el proceso de usucapión, y que si bien existió procesos ejecutivos, concurso de acreedores, división y partición y un voluntario de posesión, aquello no significa que existió violencia o fuerza de hecho, tratándose de cuestiones de derecho autorizados por la Ley; debiendo tener presente, que un efecto de la usucapión es el de extinguir el derecho de propiedad; por lo mismo, la acción para interrumpir la posesión o la prescripción adquisitiva debe ser presentada contra el poseedor, siendo el propietario el único que puede generar dicha acción legal y recobrar el dominio del inmueble; f) También se debe tomar en cuenta lo establecido en los arts. 1 y 3 del CC, pudiendo una persona ser objeto de procesos judiciales por sí, y por medio de sus representantes -progenitores o tutores-, con la finalidad de extinguir o consolidar derechos, en el caso, al indicar que debía ser la madre quien tenía que interponer la usucapión, el solicitante de tutela reconoce y confiesa de manera expresa que existió una posesión por los demandantes sobre el inmueble; g) No existe argumento alguno en relación a la presunta incongruencia interna o externa; h) Las pruebas fueron valoradas por el Juez a quo y por el Tribunal de casación de forma integral bajo los principios de unidad y comunidad de la prueba; aspectos que, no fueron realizados por el Juez ad quem al existir abundante prueba que acreditan el tiempo de posesión, con la que se fundamentó y motivó la Resolución demandada; i) Respecto a la propiedad privada; la cual, señala que al haberse efectuado una venta judicial la misma no podía ser afectada; sin embargo, se debe tomar en cuenta que la posesión y la usucapión decenal es un hecho ejercido de forma real y material sobre un inmueble; por lo que, la permanencia e inicio no necesita autorización por parte del titular; y, luego de acreditarse la posesión por el tiempo determinado, la misma se antepone al derecho a la propiedad privada en base al art. 110 del CC; y, j) El accionante tiene la carga argumentativa de dar una explicación clara y coherente, en la que haga demostrable la falta de argumentos legales y evidencia la vulneración de principios, y ante la inexistencia de aquello no existe materia justiciable para ser estudiada por el Tribunal de casación.

I.2.3. Intervención de los terceros interesados

Liz Juana, Wendel Natan y Rossio Estela todos de apellidos Henry Alvarado, por memorial de 29 de diciembre de 2022, cursante de fs. 488 a 490 vta., indicaron que: 1) El Auto Supremo 350/2022 de 23 de mayo, es justo y legal en su parte resolutiva; por la que, su decisión no restringe, suprime ni amenaza derechos del impetrante de tutela, ya que en la acción de amparo constitucional, no se indica cuáles son los derechos lesionados, incumpliendo lo establecido en el art. 77.3) y 4) de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; 2) La Resolución cuestionada establece que es posible que menores de edad puedan hacen valer la posesión ejercida sobre bienes inmuebles, y consolidar su derecho propietario por medio de la usucapión decenal o extraordinaria; 3) Desde 1985 hasta 1995 no fue citada ni notificada con actuados procesales, pese a que se ejerció una posesión libre, pública, pacífica e ininterrumpida; y, 4) No se logró desvirtuar la aplicación del Auto Supremo cuestionado, en relación a la posibilidad de que los “…MENORES DE EDAD PUEDEN POSEER BIENES PARA LA CORRECTA DE LA USUCAPION EXTRAORDINARIA” (sic.). Heidy Katterine Camacho Maldonado, a través de memorial de 29 de diciembre de 2022, cursante de fs. 550 a 552 vta., refirió que: i) Los demandantes de usucapión, conocían del proceso coactivo civil iniciado por Antonio Héctor Villarroel Foronda contra su persona, asumiendo defensa por medio de incidentes dilatorios, acciones constitucionales y procesos penales; ii) El año que refieren que ejercieron la posesión, los demandantes eran menores de edad, siendo incapaces de obrar conforme el art. 5 del CC, siendo la malicia exteriorizada el 2004, concluyendo que de 1985 a 1995 no tenían la intención de apropiarse del inmueble, actuando con malicia, iniciándole procesos penales, y civiles; y, iii) El Auto Supremo le genera perjuicios y agravios, debiendo devolver el remanente del remate judicial al acreedor al efectuarle la acción de repetición, por haberles dado derechos a menores de edad de usurpar la propiedad privada. Tebaida Blanca Castro Alvarado, no presentó escrito alguno, ni asistió a la audiencia programada, pese a su legal notificación cursante a fs. 443.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Tercera del departamento de Cochabamba, por Resolución 203/2022 de 29 de diciembre, cursante de fs. 618 a 625 vta., denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: a) El Auto Supremo 350/2022 de 23 de mayo, cuenta con una estructura; en la cual en relación a la posibilidad de que menores de edad pueden poseer bienes, hace referencia al Auto Supremo 842/2021 de 21 de septiembre, concluyéndose que dicha Resolución se encuentra debidamente fundamentada y motivada, no siendo necesario que la misma sea ampulosa, sino que sea concisa y clara, en la que exista una correspondencia y concordancia entre la parte motivada y la dispositiva; y, b) La jurisdicción constitucional no es un mecanismo para impugnar la labor de los jueces ordinarios y autoridades administrativas, no pudiendo inmiscuirse en dicha labor, a menos que se identifique de forma individualizada la errónea valoración probatoria y el alejamiento de los marcos de razonabilidad y equidad, así como la errónea interpretación normativa debe ser concreta y puntual, aspectos que necesariamente deben ser demostrados con la carga argumentativa y probatoria.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes, se establece lo siguiente: II.1. Por memoriales de 5 de enero de 2004, 18 de septiembre de 2007, 30 de abril y 16 de mayo de 2008, Liz Juana, Rossio Estela y Wendel Natan todos de apellidos Henry Alvarado, interpusieron demanda de usucapión contra Heidy Katterine Camacho Maldonado, Tebaida Blanca Castro Alvarado, Rene Monrroy Zeballos, Giovanna Gamboa de Monrroy, presuntos herederos de Julio Alvarado Flores, presuntos herederos de Agustina Calustro de Alvarado; presuntos herederos de Dolores Maldonado Tordoya y presuntos interesados (fs. 7 a 9; 36 a 38; 41 a 44 vta.; y, 49 y vta.). II.2. Cursa Testimonio 212/2009 de 23 de abril, emitida por la Notaria de Fe Pública 6 de Segunda Clase de Quillacollo del departamento de Cochabamba, relativo a una de “…TRANSFERENCIA JUDICIAL DEL 50% DE ACCIONES Y DERECHOS DE UN BIEN INMUEBLE MEDIANTE SUBASTA PUBLICA, SIGNADO CON EL No. 20, CON UNA EXTENSIÓN SUPERFICIAL TOTAL DE 175,64 M2., UBICADO EN LA ACERA OESTE DE LA PLAZA 15 DE AGOSTO DE ESTA CIUDAD DE QUELLACOLLO, DEL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA, QUE OTORGA EL SEÑOR JUEZ PRIMERO DE PARTIDO EN LO CIVIL Y COMERCIAL, DE LA CIUDAD DE QUILLACOLLO, DOCTOR JUVENAL HUARI UDAETA, EN REBELDIA DE LA PROPIETARIA: HEIDY KATTERINE CAMACHO MALDONADO, EN FAVOR DEL SEÑOR REINALDO MERCADO URIBE POR LA SUMA DE $us. 83.000.- (OCHENTA Y TRES MIL 00/100 DOLARES NORTEAMERICANOS)” (sic.), mismo que fue debidamente registrado ante las oficinas de DD.RR., bajo la Matrícula Computarizada 3.09.1.01.0000388 (fs. 101 a 109 vta.).

II.3. Por memorial de 8 de junio de 2012, Reinaldo Mercado Uribe -ahora peticionante de tutela- presentó excepciones previas de obscuridad y contradicción o imprecisión en la demanda, y demanda interpuesta antes de ocurrido el vencimiento del término o el cumplimiento de la condición, en el proceso de usucapión, solicitando a la Jueza de Partido Civil y Comercial Primera de Quillacollo del departamento de Cochabamba, solicitando que se declare probada dichas excepciones (fs. 120 a 121). II.4. Consta Sentencia de 20 de noviembre de 2017, pronunciada por la Jueza Pública Civil y Comercial Primera de Quillacollo del departamento de Cochabamba; por el cual, resolviendo el proceso de usucapión, determinó declarar:

…PROBADA la demanda de fs. 21 y ampliada a fs. 540 a 543 en parte solo con respecto a LIZ JUANA HENRY ALVARADO e IMPROBADAS las excepciones perentorias de fs. 644 a 650 interpuestas por KEIDY KATTERINE CAMACHO MALDONADO de FALSEDAD, ILEGALIDAD, FALTA DE ACCIONES Y DERECHOS, FALTA DE PERSONERIA DE LOS DEMANDANTES, DEMANDA INTERPUESTA ANTES DE OCURRIDO EL TERMINO DE PRESCRIPCIÓN EXTRAORDINARIA, OBSCURIDAD, CONTRADICCIÓN O IMPRECISIÓN EN LA DEMANDA, IMPROBADAS excepciones perentorias interpuestas por HUGO COSSIO DE LA ROCHA defensor de oficio de PRESUNTOS HEREDEROS DE DOLORES MALDONADO TORDOYA, PRESUNTOS HEREDEROS DE JULIO ALVARADO Y AGUSTINA CALUSTRO DE ALVARADO Y PRESUNTOS INTERESADOS de FALSEDAD, IMPROCEDENCIA, FALTA DE ACCIÓN Y DERECHO, e IMPROBADAS las excepciones perentorias interpuestas a fs. 1054 a 1063 por REINALDO MERCADO URIBE de FALSEDAD, ILEGALIDAD, FALTA DE ACCIÓN Y DERECHO, FALTA DE PERSONARIA DE LOS DEMANDANTES, IMPROCEDENCIA DE LA USUCAPION, OBSCURIDAD, CONTRADICCION E IMPRECISON EN LA DEMANDA, COSA JUZGADA, DEMANDA INTERPUESTA ANTES DE OCURRIDO EL TERMINO DE LA PRESCRIPCION EXTRAORDINARIA, EXCEPCION DE CITACIÓN PREVIA AL GARANTE DE EVICCION, IMPROCEDENCIA DE LA USUCACION EN ACCIONES Y DERECHOS Y DE BIENES DEL ESTADO, PRESCRIPCION DE DERECHOS, IMPROBADA LA DEMANDA RECONVENCIONAL DE REIVINDICACIÓN, ACCION NEGATRIA DAÑOS Y PERJUICIOS, INTERPUESTA POR HEIDY KATTERINE CAMACHO MALDONADO, con costas y costos para el co demandado REINALDO MERCADO URIBE, en consecuencia se dispone

En su mérito, “POR DERECHO DE PRESCRIPCION ADQUISITIVA” se declara a LIZ JUANA HENRY ALVARADO legítima propietaria del inmueble urbano de la extensión superficial de 87,82 mts2, mas las mejoras introducidas en el mismo, sus usos, costumbres y servidumbres, correspondientes al 50% del inmueble signado con el No. 20 ubicadlo en la acera Este de la plaza 15 de agosto de esta ciudad de Quillacollo (…).

La presente resolución, ejecutoriada como sea constituirá titulo suficiente que acredite el derecho propietario de LIZ JUANA HENRY ALVARADO sobre el inmueble descrito precedentemente; y será inscrita en el Libro Primero de Propiedad de la oficina de Derechos Reales de esta provincia de Quillacollo en la matrícula computarizada No. 3.09.1.01.0000388… (sic [fs. 226 a 257]). II.5. Por Auto de Vista 029/2021 de 2 de julio, pronunciada por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, se dispuso:

(…).

1) CONFIRMA el Auto de 18 de Abril de 2016 cursante de fs. 2722 a 2723 del expediente original. Con costas y costos al apelante, en virtud del art. 223.IV núm. 2 de la Ley 439.

2) REVOCA la Sentencia de 20 de Noviembre de 2017 cursante de fs. 2966 a 2997 y el Auto de Explicación, Enmienda y Complementación de 09 de Agosto de 2018 cursante de fs. 3054 del expediente original, en virtud a los argumentos expuestos en la presente resolución. Consiguientemente, se declara: a) IMPROBADA la demanda de fs. 21 y ampliada a fs. 540 a 543 planteada por Wendel Natan, Liz Juana y Rossio Estela Henry Alvarado. b) PROBADA la excepción perentoria de falsedad en la demanda planteada por Heidy Katterine Camacho Maldonado (fs. 644), Hugo Cossio de la Rocha Defensor de Oficio de Presuntos herederos de Dolores Maldonado Tordoya, presuntos herederos de Julio Alvarado y Agustina Calustro de Alvarado y presuntos interesados (fs. 838), Reinaldo Mercado Uribe (fs. 1054)

c) IMPROBADA la demanda reconvencional de Reivindicación y Acción Negatoria planteada por Heidy Katterine Camacho Maldonado (fs. 644).

d) No se condena en costas y cotos por tratarse de un proceso doble, conforme prevé el art. 223.III de la Ley 439… (sic [fs. 265 a 281 vta.]). Asimismo, por Resolución de 25 de octubre de 2021, la misma Sala Civil Segunda, determinó declarar no ha lugar la solicitud de aclaración, enmienda y complementación solicitada por los ahora terceros interesados (fs. 282 a 283). II.6. Por memorial de 30 de noviembre de 2021, el solicitante de tutela, dio respuesta al recurso de casación que Wendel Natan, Liz Juana y Rossio Estela todos de apellidos Henry Alvarado interpuesto contra el Auto de Vista 029/2021 de 2 de julio, y su Auto Complementario de 25 de octubre del mismo año, solicitando se declare improcedente e infundado el recurso de casación; ya que, el antedicho Auto de Vista no violentó ninguna Ley, sea con la condenación de costas, daños y perjuicios, y por lo mismo se determine el lanzamiento de los demandantes en ejecución de sentencia (fs. 284 a 288). II.7. Cursa Auto Supremo 350/2022 de 23 de mayo, emitido por Marco Ernesto Jaimes Molina y Juan Carlos Berrios Albizu, Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia -ahora demandados-; por el cual, dispusieron la casación total del Auto de Vista 029/2021 de 2 de julio y el Auto Complementario de 25 de octubre de 2021, y determinaron mantener incólume la Sentencia de primera instancia de 20 de noviembre de 2017, haciendo la aclaración de que la usucapión reconocida en favor de Liz Juana Henry Alvarado es de la totalidad de la superficie de 87,82 m, bajo los siguiente argumentos: (…).

CONSIDERANDO IV: FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN (…).

IV.2. Recurso en el fondo de Liz Juana, Rossio Estela y Wendel Natan, todos Henry Alvarado

En el punto 1 del resumen se tiene descrito la denuncia de violación de los arts. 3 y 4 e interpretación errónea del art. 5 del Código Civil cuestionando los fundamentos del Tribunal de segunda instancia por haber negado la capacidad a los codemandantes de ejercer posesión con ánimo de dueños sobre el inmueble objeto de usucapión por ser menores de edad.

Evidentemente, uno de los fundamentos del Ad quem para desestimar la posesión y, por ende, la pretensión de la usucapión, fue la condición de menores de edad que tenían los codemandantes en 1985, año en el cual habrían dado inicio a la posesión, ya que el Tribunal de apelación señaló que al ser menores de edad, eran incapaces de obrar y no podían poseer el inmueble por sí mismos con ánimo de dueños, no siendo suficiente la mera tenencia o dominio físico sobre el objeto (corpus), sino también es necesaria la voluntad o intención de comportarse como dueños respecto a ese objeto.

Por las copias de la cédulas de identidad que cursan de fs. 1044 a 1046 se establece que los codemandantes en 1985, tenían las siguientes edades: Liz Juana contaba con 17 años de edad, Wendel Natan tenía 13 años y Rossio Estela contaba con 8 años de edad, por consiguiente, todos resultan siendo menores de edad, debiendo tomarse en cuenta que en aquel tiempo la mayoría de edad se adquiría a los 21 años cumplidos; hasta aquí, aparentemente el criterio del Tribunal de apelación resultaría correcto; sin embargo, como se tiene descrito en la doctrina aplicable, el tema de la minoría de edad a efectos de hacer valer la posesión con fines de fundar una pretensión de usucapión decenal, ya fue motivo de amplio análisis y consideración en el Auto Supremo N° 842/2021 de 21 de septiembre emitido por esta misma Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia.

En dicha resolución, recurriendo al apoyo de doctrina y legislación comparada, se llegó a establecer que es posible que los menores a partir de cierta edad puedan hacer valer la posesión ejercida de manera directa por sus personas sobre bienes inmuebles y, por consiguiente, consolidar a su favor el derecho de propiedad a través de la figura jurídica de la usucapión decenal o extraordinaria siempre y cuando se cumplan con los demás requisitos exigidos para la procedencia de dicha figura jurídica y los poseedores tengan medianamente la capacidad de discernimiento.

Con ese contexto, el criterio asumido por el Ad-quem basado en el art. 5.I num. 1) del Código Civil respecto al tema específico de la minoría de edad de los codemandantes de usucapión, no resulta del todo correcto, siendo rígida y restrictiva de derechos; si bien dicha norma legal establece que los menores de edad son incapaces de obrar; empero, esa incapacidad no es absoluta o general para todos los casos o eventualidades que puedan presentarse en el devenir de la vida, siendo el citado precepto legal el que establece salvedades señalando los casos en su propio texto, además de establecer excepciones a dicha regla que pueden encontrarse previstos en el mismo Código Civil que rige el tema de los menores de edad donde se establecen edades diferenciadas para el ejercicio de sus derechos y asumir responsabilidad de sus actos.

En el caso sub lite, el debate recae sobre la posesión de inmueble, cuyo aspecto constituye una situación del hecho que difiere con relación al ejercicio de los actos jurídicos como la celebración de determinados contratos que requieren cumplir con cierta formalidad y requisitos para su validez; consiguientemente, la posesión de hecho no puede ser asimilada y menos confundida con la plenitud de los actos jurídicos y ser medido bajo la misma regla jurídica que exige la mayoría de edad, siendo incluso el propio Código Civil el que otorga validez legal a determinados actos realizados por personas incapaces entre estos se puede citar los casos previstos en los arts. 554, 558, 812.II, etc.

Frente al panorama descrito, el criterio del Tribunal de apelación de negar por completo a los codemandantes la posibilidad de poseer un inmueble por el solo hecho de ser menores de edad, sin tomar en cuenta las edades diferenciadas que establece el propio ordenamiento jurídico en leyes especiales de acuerdo a la época en que se generaron los hechos y actos jurídicos, no condice con los nuevos postulados, valores y principios que rigen en el Estado Constitucional de Derecho cual nuestro país es parte viviente; bajo ese nuevo enfoque constitucional, los derechos personalísimos no pueden ser considerados de manera estática acorde a las leyes de la época en que fueron normados; al contrario, deben ser asumidos en su dimensión amplia, con visión progresiva, tal como lo establecen los arts. 13 y 256 de la Constitución Política del Estado, toda vez que los derechos siempre van en constante progreso, ganando cada vez más espacio de cobertura en los ordenamientos jurídicos.

Sin embargo, se debe dejar claramente establecido que la minoría de edad de los codemandantes, no constituye el único fundamento del Ad quem para desestimar la pretensión de usucapión; consiguientemente, no es el único tema a ser analizado en el presente caso, ni mucho menos puede constituir el elemento fundante que pueda viabilizar ipso facto la consolidación de la usucapión pretendía, correspondiendo en todo caso analizar los otros componentes que requieren ser cumplidos en este tipo de pretensiones, entre estos, la esencia de la posesión misma y si esta reúne las condiciones de ser tal que encuadre dentro de los alcances y el espíritu del art. 87 y siguientes con relación al art. 138 del Código Civil con la concurrencia de los requisitos de ser contínua, pública y pacífica por el tiempo exigido por ley; también requiere ser analizado la identificación precisa del objeto litigioso (inmueble), aspectos que serán motivos de consideración más adelante.

Para finalizar este punto de análisis, debemos indicar que el Código del Menor de 30 de mayo de 1975 vigente en aquel tiempo, en sus arts. 66 a 93 establecía que los menores de edad (adolescentes) a partir de los 14 años podían contratar y/o comprometer por sí solos sus servicios personales en actividades laborales y de acuerdo al art. 56 y siguientes, eran imputables en materia penal desde los 16 años haciéndoles responsables por sus actos aunque de manera atenuada, surgiendo de esta manera la posibilidad de ejercer sus derechos civiles, ya que la ley no solo está para reprimir conductas, sino también para permitir el ejercicio de derechos, en este caso, incluso desde la edad laboral.

El referido Código del Menor, resulta la ley especial de aplicación preferente al caso de autos conforme lo disponía en el art. 6 por encontrarse vigente en aquel tiempo del inicio y transcurso de la posesión alegada rigiendo la facultad de discernimiento de los actos cuando estos eran menores de edad, mas propiamente, adolescentes, a excepción de uno de ellos; a los 14 años resultaba la edad apropiada según el legislador para que los menores adolescentes empiecen a tener la capacidad de discernimiento y comprender de manera general el valor social que representa el acto que se proponen realizar y conducirse conforme a las causes del derecho asumiendo responsabilidades de orden civil y laboral ejerciendo personalmente sus derechos por si solos aunque no al mismo nivel de un adulto, esto debido a la especial situación en la que se encuentran dentro del sistema social y del Estado; bajo el contexto legal señalado, se considera aplicable la doctrina descrita en el apartado III.1 del presente fallo, en relación a la facultad que tienen los menores de edad para poder usucapir.

Lugo de haber absuelto el tema de la minoría de edad con los efectos posesorios que implica, corresponde considerar los otros puntos de reclamo; empero, por razones de orden y coherencia primer debe analizarse el tema central de la posesión reclamada por los recurrentes y una vez establecida la misma, se someterá a control los fundamentos del fallo de segunda instancia para establecer si hubo o no la interrupción posesoria en la prescripción adquisitiva que señala el Ad quem.

El reclamo sobre la posesión se encuentra descrito en el punto 3 del resumen de la impugnación, donde los recurrentes acusaron error en la valoración de la prueba y violación del art. 138 y 110 del Código Civil indicando que Tribuna de apelación no tomó en cuenta el acta de inspección judicial de fs. 2201 a 2202, padrón municipal a fs. 10 y declaraciones testificales de cargo de fs. 2802 a 2808; elementos de prueba que serían idóneos y demostrarían la posesión pacífica, pública y continuada por más de 10 años.

Para entrar en contexto en tiempo y espacio y comprender de mejor manera los hechos acontecidos, se hace necesario establecer la procedencia del derecho propietario del inmueble objeto de usucapión y sobre que fracción específicamente se dirigió la demanda, toda vez que al momento de su interposición el inmueble en su totalidad se encontraba en lo proindiviso; para esclarecer este tema y otros aspectos, se hace necesario remitirnos a los antecedentes más relevantes que tienen relación directa con la problemática a ser resuelta.

(…).

Al respecto, se puede evidenciar que los testigos de cargo son coincidentes al señalar que conocieron a los demandantes ejercer actividad comercial de venta de alimentos (comida típica del lugar) desde niños en el bien inmueble objeto de usucapión donde también tendrían fijado su domicilio, resaltando que sería un lugar bastante conocido por la población debido a la tradición del negocio; empero, pese a esa afirmación de los testigos de la actividad emprendida desde niños, los actores pretenden hacer valer la posesión desde 1985; es decir, cuando Liz Juana, Wendel Natan y Rossio Estela, todos Henry Alvarado, tenían 17, 13 y 8 años, respectivamente; esto según las cédulas de identidad que cursan de fs. 1044 a 1046.

El hecho señalado tiene relación con lo afirmado por los demandantes, respecto a la entrega de la fracción del inmueble que se habría operado de parte de sus abuelos para que lo habiten como dueños; en el caso presente, se encuentra demostrado que dicho inmueble no solo fue utilizado para vivienda, sino que también implementaron una actividad comercial de venta de alimentos, aunque de inicio fuere de manera improvisada o informal como es característico en este tipo de negocios, dándole de esta manera al inmueble una función social brindando un servicio a la población en general.

Las referidas declaraciones se encuentran respaldadas por las pruebas literales a fs. 10 consistente en padrón municipal N° 1-00000644 a favor de la codemandante Liz Juana Henry Alvarado, a través del cual se autoriza de manera formal el funcionamiento del negocio con el nombre de “Choricería Liz”, documental que se encuentra corroborada por la certificación a fs. 17 donde se establece que esa autorización fue otorgada en la gestión 1989 y se vino renovando periódicamente; además de existir las certificaciones de fs. 14 y 16 que ratifican lo indicado; como también cursa a fs. 15 registro único de contribuyentes bajo el régimen simplificado en el rubro de la actividad económica de restaurantes y hoteles otorgado en forma posterior, a nombre del actor Wendel Natan Henry Alvarado.

Respecto a la prueba de inspección judicial cuya acta cursa de fs. 2201 a 2202 (se deja establecido que existe reiteración en la foliación, el acta de inspección se encuentra en las últimas fojas del cuerpo N° 11); esta prueba no fue tomada en cuenta por el Tribunal de apelación; en dicho actuado procesal la autoridad judicial verificó personalmente que en el inmueble objeto de usucapión se encuentra funcionando la actividad comercial de gastronomía con los enseres y actividades típicas que implica el negocio al cual se dedican los codemandantes, además de verificar en otros ambientes la existencia de una oficina; en cuanto a las mejoras introducidas en el inmueble, solo se hace constar la intervención de los abogados patrocinantes, cuyas aseveraciones no son las idóneas para establecer la antigüedad de las mejoras, correspondiendo para tal efecto remitirse a la prueba pericial de fecha 12 de marzo de 2008 que cursa a fs. 461, donde el perito de oficio indica que las construcciones y mejores son antiguas que atan de muchos años (más de 10 años), dando a conocer que se habría realizado el cambio total de la cubierta del techo, muros, revoque de paredes con revestimiento de cerámica interna y externamente, como también cambio en el piso por cerámica, etc. Las referidas pruebas, se bien hizo referencia el Tribunal de segunda instancia, a excepción de la inspección judicial, empero, no fueron valoradas en su real dimensión, cuando dichas pruebas acreditan por una parte que la actividad comercial de venta de alimentos fue implementada o dio inicio incluso antes del 1985 a nombre de una de las codemandantes como propietaria del negocio, y por otra parte, la introducción de mejoras en el inmueble que no son de mera conservación; por el contrario tienen la finalidad de introducir cambios sustanciales que solo el que ostenta la calidad de propietario puede realizarlos en esa magnitud y son además de data antigua; hechos que denotan el ejercicio de actos posesorios de manera continua y permanente por parte de los demandantes con la intención de ser dueños del inmueble objeto de litigio dentro de los alcances que establece el art. 138 con relación al art. 87 del Código Civil, concurriendo de esta manera los elementos del corpus y el ánimus en la posesión alegada.

Establecida como se encuentra la posesión de los recurrentes, a continuación se ingresa al análisis de los actos interruptivos de la posesión que señaló el Ad quem, cuyos fundamentos fueron motivo de reclamo en el recurso de casación y que se encuentran descritos en el punto 2 del resumen bajo la denuncia de violación del art. 1503 del Código Civil, ya que el Tribunal de apelación habría establecido de manera arbitraria su propio cómputo del comienzo de la posesión cambiando los puntos de hecho a probar fijados en el auto de relación procesal de fs. 1252 y los actuados procesales a los cuales hizo referencia dicho Tribunal calificando como actos interruptivos, ninguno cumplirían con la citada disposición legal. Inicialmente, corresponde referirse al argumento de que el Tribunal de apelación habría establecido su propio cómputo del comienzo de la posesión, cambiando los puesto de hecho a probar, y en ese sentido diremos que de acuerdo al espíritu de la norma legal contenida en el art. 138 del Código Civil, la posesión como presupuesto legal para consolidar la usucapión decenal, al margen de los elementos del corpus y el ánimus, debe cumplir con los requisitos de ser pública, pacífica, continuada e ininterrumpida durante 10 años, aspectos que deber ser analizados con base en las pruebas al momento de emitir resolución de fondo en cualquier instancia y etapa del proceso de acuerdo a los reclamos de las partes litigantes y como resultado de esa labor la autoridad judicial puede llegar a establecer el cómputo de la posesión distinto a los alegados por la parte demandante, como también interrupciones a la misma, sin que esto de ningún modo implique generar cambio de los puntos de hecho a probar; otra cosa distinta significa que ese razonamiento sea el adecuado. En el caso presente, del contenido del Auto de relación procesal de fs. 1252 vta., se advierte que en el numeral 3 fue fijado como un punto de hecho a probar para la parte demandante de usucapión, “Demostrar que desde 1985 a la fecha con ánimo de dueños están en posesión quieta, pública, pacífica e ininterrumpida por más de 10 años del 50% del inmueble signado con el No. 20, es decir de 87.82 mts2, ubicados en la acera este de la plaza 15 de agosto de esta ciudad” (textual).

En sujeción a dicho punto de probanza, el Tribunal de apelación procedió a analizar el caso sobre la base de las pruebas que cursan en antecedentes del proceso, llegando a establecer que la posesión no reúne las condiciones de ser continuada, identificando como hechos interruptivos los actuados procesales ocurridos en dos fechas o momentos distintos; el primero, consistente en el registro del derecho propietario en Derechos Reales de fecha 02 de diciembre de 1993 a favor de la adjudicataria Dolores Maldonado Tordoya contenido en el Testimonio N° 696/93 de venta judicial de 18 de noviembre emergente de un juicio de concurso de acreedores y, el segundo, la posesión judicial el 22 de julio de 1996 sobre el inmueble motivo de conflicto a la nombrada persona conforme daría cuenta la literal de fs. 585 a 586 vta.; además de hacer referencia al Testimonio N° 14/96 de 13 de febrero de 1996 de testamento abierto otorgado por Julio Alvarado Flores a favor de sus dos nietos Miqueas Julio y Richard Julius Alvarado Rodríguez, cursante a fs. 42 y vta. y 2020 y vta., cuyos fundamentos corresponden ser analizados a la luz del art. 1503 del Código Civil y establecer si los fundamentos del Ad quem son correctos o no.

Al respecto, si bien el art. 1538 del Código Civil establece que el registro del título otorga la publicidad del derecho frente a terceros; empero, dicha norma legal es genérica y tiene por finalidad permitir a terceras personas interesadas en realizar algún negocio jurídico sobre determinados bienes, pueden acceder a información para conocer la situación jurídica de los mismos. La sola inscripción del registro del título en dicha instancia no tiene la característica de constituir una citación y/o notificación que tenga la finalidad de interrumpir el término de la prescripción conforme se tiene señalado en la doctrina aplicable, ya que dicho acto administrativo no se encuadra dentro de los alcances que establece el art. 1503 del sustantivo civil para interrumpir el ejercicio del derecho, en este caso de la posesión, para que los demandantes puedan asumir defensa de su posesión si así vieren por conveniente; la citada norma legal reduce el ámbito de acción a una demanda judicial, un decreto o acto de embargo debidamente notificados a quien se pretende impedir el ejercicio del derecho. Al margen de lo señalado, el acto de posesión judicial fue realizado el 18 de julio de 1996; es decir, cuando ya operó la usucapión, toda vez que los demandantes alegaron tener la posesión del 50% del inmueble desde el año 1985, lo que implica que a 1995 ya transcurrieron los 10 años de posesión exigidos por el art. 138 del Código Civil; consiguientemente, la referida posesión judicial, como se indicó en la doctrina aplicable, no puede ser considerado como acto que interrumpió la posesión ejercida y por ende la usucapión consolidada de los actores. Por último, el Tribunal de apelación también hace referencia al testamento abierto otorgado por Julio Alvarado Flores a favor de sus dos nietos Miqueas Julio y Richard Julius Alvarado Gutiérrez, contenido en el Testimonio N° 14/96 de 13 de febrero de 1996, cuya documental cursa a fs. 42 vta. y 3220 vta.; al respecto, simplemente corresponde indicar que ese acto de última voluntad fue realizado de la alícuota parte que le correspondía a Julio Alvarado en el otro 50% del inmueble emergente del derecho de sucesión hereditaria a su fallecida esposa Agustina Calustro y nada tiene que ver con la pretensión de usucapión que fue dirigida con relación al restante 50% rematado en el proceso de concurso de acreedores; de tal modo que el acto testamentario de ninguna manera puede ser considerado con interrupción de la posesión.

El Tribunal de segunda instancia señaló de manera reiterada que, debido al registro de propiedad en Derechos Reales, la posesión judicial y sobre todo el acto del testamento abierto analizados anteriormente, no sería cierto y evidente que Julio Alvarado y su esposa Agustina Calustro, hayan otorgado a los demandantes el 50% del inmueble objeto de litis para que lo habiten como dueños.

Al respecto, corresponde reiterar y dejar establecido que los demandantes argumentaron que la entrega del inmueble a favor de sus personas se realizó en 1985; para ese año según los antecedentes que se tienen arrimados a la presente causa, aún no se habían iniciado procesos judiciales con relación al inmueble motivo de conflicto; el primer proceso fue el instaurado como demanda ejecutiva el 08 de febrero de 1986, cuyo Auto intimatorio es de 11 del mismo mes y año según dan cuenta las literales de fs. 1682 a 1683, proceso que posteriormente se convirtió en concurso de acreedores, siendo este el primero proceso que fue tramitado y, posteriormente, se generaron una serie de procesos judiciales. Consiguientemente, en el año 1985 no existió ningún impedimento para que los esposos Alvarado-Calustro puedan disponer de la fracción del inmueble a favor de los demandantes, cuyo inicio de posesión conforme se tiene señalado anteriormente, se encuentra acreditado con la prueba testifical de cargo y respaldada con prueba documental. Por todas las consideraciones realizadas, se llega a la conclusión de que el Tribunal de apelación al haber negado a los demandantes la posibilidad de ejercer hechos posesorios sobre el inmueble por la sola condición de ser menores de edad y haber considerado al mismo tiempo que existe interrupción en la posesión, no ha realizado un correcto razonamiento de manera lógica y coherente en la resolución del problema litigioso; pues el solo hecho de establecer que hubo interrupción en la posesión, implica admitir la existencia de posesión válidamente ejercida por los demandantes, ya que la interrupción no puede operar en una posesión que no existe. Al margen de lo señalado, no valoró de manera correcta las pruebas que acreditan la posesión ejercida, lo que le condujo a tomar una decisión equívoca de revocar la Sentencia; ante esa situación corresponde enmendar dicho error con la casación total del Auto de Vista impugnado, manteniendo incólume la Sentencia conforme lo solicitaron los recurrentes. Debe darse establecido que la Juez A quo declaró probada la demanda de usucapión decenal y, en consecuencia, reconoció como legítima propietaria por prescripción adquisitiva únicamente a favor de Liz Juana Henry Alvarado sobre los 87,82 m2 que constituye la totalidad de la fracción del inmueble objeto de demanda; esto tomando en cuenta la concurrencia de coposesión común sobre esta fracción indivisa del inmueble y en esas condiciones la posesión ejercida por cada uno de los coposeedores comprende la totalidad del inmueble demandado de usucapión conforme a la doctrina aplicable que se tiene descrita en el punto III.5 de la presente resolución. Al no haber sido impugnada la Sentencia por el resto de los dos codemandantes Wendel Natan y Rossio Estela ambos Henry Alvarado, quienes en lugar de objetarla, solicitaron se mantenga incólume la misma, lo que implica que estos últimos en aplicación del principio dispositivo que rige la materia, consintieron y aceptaron en que la indicada persona sea la única titular por usucapión sobre la integridad de la fracción demandada y ante la solicitud formulada por la parte adversa, dicho fallo fue objeto de explicación, enmienda y complementación mediante Auto de fecha 09 de agosto de 2018, con el cual se vieron afectados los tres codemandantes, lo que motivó la impugnación de dicho Auto complementario, el mismo que por su naturaleza constituye parte indivisible de la resolución principal.

Finalmente, con relación a la contestación a los recursos de casación, (…). Con relación al argumento expuesto por Reynaldo Mercado Uribe quien hace referencia a la existencia de procesos judiciales mediante los cuales los anteriores propietarios del inmueble habrían ejercido su derecho de propiedad de manera peramente; se debe reiterar que con el proceso de concurso de acreedores, primer proceso de división y partición que culminó con perención de instancia, cuya situación de acuerdo al art. 1504 num. 2) del Código Civil, resulta ineficaz para interrumpir el término de la prescripción y, posteriormente, con el trámite voluntario de posesión judicial realizado el 18 de julio de 1996, no fueron citados los demandantes de usucapión no teniendo el efecto del art. 1503.I del citado Código sustantivo civil y, por consiguiente, no fueron parte de dichos procesos, cuyos resultados no pueden generar efectos jurídicos en contra de los actores, ya que conforme se tiene señalado en la doctrina aplicable, para interrumpir el término de la prescripción, no basta generar procesos judiciales, requiriéndose en todo caso citar de manera expresa con dichos procesos a quien se pretende interrumpir el ejercicio del derecho.

Los otros procesos judiciales fueron iniciados a partir de del año 2004, tal es el caso del segundo proceso de división y partición cuando ya se encontraba consolidada la posesión y, por ende, la usucapión decenal; proceso en el cual tampoco se advierte la intervención de los demandantes como partes litigantes o terceros interesados; en el proceso coactivo civil iniciado el 2008, no se les permitió su intervención y pese a los reiterados recursos que interpusieron, se les negó su participación y no puede generar efecto jurídico sobre la usucapión ya operada con anterioridad. Corresponde dejar establecido que los actos jurídicos y procesos judiciales generados con posterioridad a la consolidación de la usucapión por la posesión ejercida de los 10 años, no pueden surtir efectos para enervar el derecho posesorio de los demandantes, toda vez que la posesión y, consiguientemente, la usucapión representa el ejercicio de un verdadero derecho material sobre el inmueble en cuestión dándole la función social respectiva y una vez demostrada tal situación, encuentra pleno respaldo legal en la norma constitucional del art. 56.I de la CPE, así como en los arts. 106, 110, 138 entre otros del Código Civil y se antepone al derecho propietario que solo se expresa en documentos, sin importar cuál sea el origen o la forma que dio nacimiento a ese derecho, aspecto que se debe tener presente. En cuanto a la minoría de edad de los demandantes que impediría el ejercicio del hecho posesorio sobre el inmueble, ya se tiene ampliamente fundamentado; en lo demás, los codemandados deberán estarse a los fundamentos de la presente resolución. Por tosas las consideraciones realizadas, corresponde emitir resolución para el recurso de casación interpuesto por Deyarina Luzmila Alvarado, en la forma prevista por el art. 220.II y para el recurso de casación de los demandantes de usucapión, en la forma prevista por el art. 220.IV, ambos del Código Procesal Civil (sic [289 a 304]).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La parte accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia y valoración de la prueba; y, a la propiedad privada; toda vez que, dentro el proceso civil de usucapión presentado por Liz Juana, Rossio Estela y Wendel Natan todos de apellidos Henry Alvarado, interpusieron demanda de usucapión contra Heidy Katterine Camacho Maldonado, Tebaida Blanca Castro Alvarado, Rene Monrroy Zeballos, Giovanna Gamboa de Monrroy, presuntos herederos de Julio Alvarado Flores, presuntos herederos de Agustina Calustro de Alvarado; presuntos herederos de Dolores Maldonado Tordoya y presuntos interesados, luego de que la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba por medio del Auto de Vista 029/2021 de 2 de julio dispusiera dejar sin efecto la Sentencia de 20 de noviembre de 2017, y por lo mismo declarara improbada la demanda de usucapión y probada la excepción de falsedad en la demanda planteada por su persona; y, ante la interposición del recurso de casación, los Magistrados demandados emitieron el Auto Supremo 350/2022 de 23 de mayo por el cual dispusieron la casación total del Auto de Vista 029/2021 de 2 de julio y el Auto Complementario de 25 de octubre del referido año, y determinaron mantener incólume la Sentencia de primera instancia de 20 de noviembre de 2017, haciendo la aclaración de que la usucapión reconocida en favor de Liz Juana Henry Alvarado es de la totalidad de la superficie de 87,82 m, incurriendo en las siguientes ilegalidades: 1) En relación al derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia y valoración de la prueba; el Auto Supremo 350/2022 de 23 de mayo: i) De forma errónea argumentó que los demandantes del proceso de usucapión nunca fueron citados en las demandas ejecutivas, pese a no haber sido parte de dichos procesos, incurriendo en una arbitrariedad carente de lógica y parcialización; puesto que, “…NO SE PODÍA CITAR CON DEMANDAS YA SEA LA DEMANDA EJECUTIVA A MENORES DE EDAD QUE NO ERAN TITULARES DEL BIEN INMUEBLE CON QUE SE GARANTIZÓ DENTRO PROCESO EJECUTIVO EL TITULAR DEL BIEN O EN SU DEFECTO CON CONCURSO DE ACREEDORES…” (sic), siendo la conclusión arribada en una aberración jurídica; ii) No señalaron en que norma jurídica se basaron para determinar que los menores de edad son capaces de obrar y pueden actuar de forma directa como demandantes o demandados, contradiciendo de manera flagrante normas civiles y familiares vigentes en los períodos de “1985 a 1995”; iii) La Resolución no guarda el hilo conductor desde la parte considerativa de hechos, identificación de agravios, valoración probatoria, interpretación de las normas, careciendo de fundamento y de motivación, sustentando su decisión en mera retórica, basándose en conjeturas que carecen de sustento probatorio o jurídico, en la que se omitió la valoración de la prueba aportada en el proceso, evidenciándose una lesión al derecho al debido proceso en los elementos de fundamentación, motivación, congruencia y valoración de la prueba; ya que, no se cita las normas legales con las que se apoya su razonamiento, que llevó a concluir que “…los demandantes de usucapión debían ser demandados cuando eran menores de edad y por tanto incapaces de obrar…” (sic); y, 2) Respecto al derecho a la propiedad privada; puesto que, al haber determinado la Casación total del Auto de Vista 029/2021 de 2 de julio y su Auto Complementario de 25 de octubre del referido año; y, por consiguiente mantener incólume la Sentencia de primera instancia de 20 de noviembre de 2017, desconocieron su derecho propietario que fue adquirido por medio de adjudicación judicial el 10 de febrero de 2009 a través de un remate judicial en el proceso ejecutivo; la cual, fue eliminado por los demandados. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela; por ello, se desarrollarán los siguientes temas: a) El derecho a la fundamentación y motivación de las resoluciones como elementos del debido proceso; b) El principio de congruencia como componente del debido proceso; c) La revisión de la valoración de la prueba en sede constitucional; d) El derecho a la propiedad privada y sus restricciones; y, e) Análisis del caso concreto.

III.1. El derecho a la fundamentación y motivación de las resoluciones como elementos del debido proceso

El siguiente Fundamento Jurídico fue citado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0168/2020-S1 de 27 de julio; 0812/2020-S1 de 2 de diciembre; 0063/2021-S1 de 17 de mayo; 0487/2021-S1 de 29 de septiembre; 0819/2021-S1 de 16 de diciembre; 0001/2022-S1 de 3 de marzo; 0366/2022-S1 de 3 de junio; 1403/2022-S1 de 29 de noviembre; 0008/2023-S1 de 17 de enero; 0760/2023-S1 de 10 de julio; y, 1250/2023-S1 de 12 de diciembre, entre otros, que formularon el siguiente razonamiento:

En el entendido que la Norma Suprema reconoce al debido proceso en su triple dimensión (principio, derecho y garantía) como un derecho fundamental de los justiciables, el mismo está compuesto por un conjunto de elementos destinados a resguardar justamente los derechos de las partes dentro un proceso judicial o administrativo; así, en cuanto a los elementos fundamentación y motivación, que se encuentran vinculados directamente con las resoluciones pronunciadas por todos los operadores dentro la justicia plural prevista por la Norma Suprema, la SCP 1414/2013 de 16 de agosto, en su Fundamento Jurídico III.4, efectuó una precisión y distinción a ser comprendidos como elementos interdependientes del debido proceso, reflexionando que, la fundamentación es la obligación de la autoridad competente a citar los preceptos legales sustantivos y adjetivos, en los cuales se apoya la determinación adoptada, mientras que, la motivación, se refiere a la expresión de los razonamientos lógico-jurídicos sobre el porqué el caso se ajusta a la premisa normativa.

En ese marco, la referida jurisprudencia constitucional, para sustentar su razonamiento, citó a la SC 1291/2011-R de 26 de septiembre, el cual expresó que:

…el fallo debe dictarse necesariamente con arreglo a derecho, esto es con la debida fundamentación que consiste en la sustentación de la resolución en una disposición soberana emanada de la voluntad general. Este requisito exige que e[l juez, a través del fallo haga públicas las razones que justifican o autorizan su decisión, así como las que la motivan, refiriéndonos al proceso intelectual fraguado por el juez en torno a las razones por las cuales, a su juicio, resultan aplicables las normas determinadas por él, como conocedor del derecho para la solución del caso a través de la cual el juzgador convence sobre la solidez de su resolución y a la sociedad en general le permite evaluar la labor de los administradores de justicia (el resaltado nos corresponde). Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos humanos, en el Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) vs. Venezuela, refirió que:

77. La Corte ha señalado que la motivación ‘es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión’. El deber de motivar las resoluciones es una garantía vinculada con la correcta administración de justicia, que protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el Derecho suministra, y otorga credibilidad de las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática.

78. El Tribunal ha resaltado que las decisiones que adopten los órganos internos que puedan afectar derechos humanos deben estar debidamente fundamentadas, pues de lo contrario serían decisiones arbitrarias. En este sentido, la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Asimismo, la motivación demuestra a las partes que éstas han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores. Por todo ello, el deber de motivación es una de las ‘debidas garantías’ incluidas en el artículo 8.1 para salvaguardar el derecho a un debido proceso (las negrillas son adicionadas).

Bajo esa comprensión, corresponde complementar el presente acápite con los argumentos desarrollados por la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, que, al referirse a la fundamentación y motivación, precisó que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada, está dado por sus finalidades implícitas, que son las siguientes:

(1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; (3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, (4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad… En ese contexto, las citadas reflexiones constitucionales, y reiteradas por la jurisprudencia, resultan aplicables a todos los operadores de justicia que emiten sus fallos mediante los cuales resuelven el fondo de los casos sometidos a su conocimiento; en ese antecedente, corresponde precisar que, conforme a la doctrina argumentativa, la argumentación como instrumento esencial de la autoridad que imparte justicia, tiene una transcendental finalidad, que es la justificación de la decisión, misma que está compuesta por dos elementos, que si bien tienen sus propias características que los distinguen y separan; empero, son interdependientes al mismo tiempo dentro de toda decisión; así, dichos elementos de justificación son: la premisa normativa y la premisa fáctica, que obligatoriamente deben ser desarrollados en toda resolución; es decir, los fallos deben contener una justificación de la premisa normativa o fundamentación, y una justificación de la premisa fáctica o motivación. Bajo esa comprensión, es posible concluir en que, la fundamentación se refiere a labor argumentativa desarrollada por la autoridad competente en el conocimiento y resolución de un caso concreto, en el cual está impelido de citar todas las disposiciones legales sobre las cuales justifica su decisión; pero además, y, en casos específicos, en los cuales resulte necesario una interpretación normativa, tiene la obligación efectuar dicha labor, aplicando las pautas y métodos de la hermenéutica constitucional, en cuya labor, los principios y valores constitucionales aplicados, se constituyan en una justificación razonable de la premisa normativa; por su parte, la motivación, está relacionada a la justificación de la decisión a través de la argumentación lógico-jurídica, en la cual se desarrollan los motivos y razones que precisan y determinan los hechos fácticos y los medios probatorios que fueron aportados por las partes, mismos que deben mantener una coherencia e interdependencia con la premisa normativa descrita por la misma autoridad a momento de efectuar la fundamentación; asimismo, en cuanto a la justificación, conviene precisar que esta se define como un procedimiento argumentativo a través del cual se brindan las razones de la conclusión arribada por el juzgador.

En ese entender, el debido proceso en el ejercicio de la labor sancionatoria del Estado, se encuentra reconocido por la Norma Suprema, como un derecho fundamental, una garantía constitucional, y un derecho humano, a través de los arts. 115.II y 117.I de la CPE, art. 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), y art. 14 del Pacto Internacional de Derechos Humanos Civiles y Políticos (PIDCP); lo cual conlleva a que, respecto la fundamentación y motivación, como elementos del referido debido proceso, las autoridades competentes deben ajustar su labor argumentativa a los principios y valores constitucionales y al bloque de constitucionalidad, cuyo resultado entre otros sea la obtención de decisiones justas y razonables, logrando al mismo tiempo el convencimiento en los justiciables; pero además, dejar de lado la arbitrariedad en las resoluciones.

III.2.El principio de congruencia como componente sustancial del debido proceso

El presente Fundamento Jurídico fue citado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0447/2020-S1 de 4 de septiembre; 0345/2020-S1 de 18 de agosto; 0087/2021-S1 de 26 de mayo; 0475/2021-S1 de 21 de septiembre; 0049/2020-S1 de 13 de julio; 0550/2020-S1 de 23 de septiembre; 0800/2020-S1 de 1 de diciembre; 0087/2021-S1 de 26 de mayo; 0260/2021-S1 de 21 de julio; 0487/2021-S1 de 29 de septiembre; 0819/2021-S1 de 16 de diciembre; 0043/2022-S1 de 8 de abril; 0753/2022-S1 de 8 de agosto; 1083/2022-S1 de 5 de octubre; 1489/2022-S1 de 8 de diciembre; 0007/2023-S1 de 17 de enero; 0348/2023-S1 de 2 de mayo; 0889/2023-S1 de 10 de agosto; 1141/2023-S1 de 5 de octubre; y, 1312/2023-S1 de 20 de diciembre, entre otros que formularon el siguiente razonamiento: El debido proceso se encuentra consagrado en nuestro orden constitucional en su art. 115.II, al establecer como deber del Estado, garantizar el debido proceso; asimismo, según la voluntad del constituyente, ninguna persona puede ser condenada sin ser oída y juzgada previamente en un debido proceso tal como se encuentra dispuesto en el art. 117.I de la Norma Suprema. Bajo esa comprensión constitucional, es pertinente señalar que la jurisprudencia constitucional concluyó que el debido proceso se ha constituido en una garantía general para asegurar la materialización del valor justicia, así como el proceso se constituye en un medio para asegurar, en la mayor medida posible la solución justa de una controversia; los elementos que marcan el contenido de esta garantía son: el derecho a un proceso público, derecho al juez natural, derecho a la igualdad procesal de las partes, derecho a no declarar contra sí mismo, garantía de presunción de inocencia, derecho a la comunicación previa de la acusación, derecho a la defensa material y técnica, concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa, derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas, derecho a la congruencia entre acusación y condena, la garantía del non bis in ídem, derecho a la valoración razonable de la prueba, derecho a la motivación y congruencia de las decisiones; los elementos mencionados, no agotan el contenido del debido proceso; puesto que, en atención el principio de progresividad, pueden ser incorporados nuevos elementos que la jurisprudencia y doctrina vaya desarrollando.

En ese marco, respecto al principio de congruencia como parte esencial del debido proceso, esta instancia constitucional comprendió que la congruencia consiste en la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; empero, esta idea general no es limitativa respecto de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa; en tal caso, debe quedar claro que, la congruencia implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, manteniendo en todo su contenido una correspondencia a partir de un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y argumentos contenidos en la resolución. Consecuentemente; es posible concluir que, la congruencia como componente esencial de las resoluciones judiciales debe ser comprendida desde dos acepciones:

i. La congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales; lo cual, conlleva una prohibición para el juzgador, y es lo relacionado a considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando en consecuencia su consideración y tratamiento a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; dicho de otro modo, el juzgador no puede incurrir en incongruencia ultra petita al conceder o atender algo no pedido; tampoco puede incurrir en incongruencia extra petita al conceder algo distinto o fuera de lo solicitado; y, menos incidir en incongruencia citra petita al omitir o no pronunciarse sobre alguno de los planteamientos de las partes.

ii. La congruencia interna, que hace a la resolución como una unidad coherente, en proceso, consecuente con la protección del individuo y la realización de la justicia, ha traído consigo la incorporación de nuevos derechos procesales. (…) Es así como se ha establecido, en forma progresiva, el aparato de las garantías judiciales que recoge el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al que pueden y deben agregarse, bajo el mismo concepto, otras garantías aportadas por diversos instrumentos del Derecho Internacional" (las negrillas son nuestras).

Así configurado, es preciso recordar que el derecho y garantía genérica del debido proceso no se restringe en su aplicación al ámbito jurisdiccional solamente, sino que es extensiva a cualquier procedimiento en el que deba determinarse una responsabilidad (SSCC 0042/2004 y 1234/2000-R entre otras)”. 4 La SC 0486/2010-R de 5 de julio, en su F.J. III.4.1, señaló que: “De esa esencia, deriva a su vez la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esas consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes.

De otra parte, respecto de la congruencia como principio constitucional en el proceso civil, se indica que: “…la congruencia ha venido clasificada en diversos tipos o categorías que nos interesa anotar a los fines que se seguirán, y así es moneda corriente hablar en doctrina de incongruencia “ultra petita” en la que se incurre si el Tribunal concede “extra petita” para los supuestos en que el juzgador concede algo distinto o fuera de lo solicitado por las partes; “citra petita”, conocido como por “omisión” en la que se incurre cuando el Tribunal no se pronuncia sobre alguno de los pedimentos que le han sido planteados, etc.” (Principios Constitucionales en el Proceso Civil, Consejo General del Poder Judicial, El deber Judicial de Congruencia como Manifestación del Principio Dispositivo y su Alcance Constitucional, Madrid 1993, Mateu Cromo, S.A., Pág. 438).

Es decir que, en segunda instancia, pueden darse casos de incongruencia “ultra petita” en los que el juez o tribunal decide cuestiones que han quedado consentidas y que no fueron objeto de expresión de agravios (extra petita); y cuando omite decidir cuestiones que son materia de expresión de agravios por el apelante (citra petita).

El principio de congruencia, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las partes; la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia; la resolución de primera y/o segunda instancia, debe responder a la petición de las partes y de la expresión de agravios, constituyendo la pretensión jurídica de primera y/o segunda instancia”.

la que se debe cuidar el hilo conductor que le dota de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; evitando de esta forma que, en una misma resolución existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión.

III.3.La revisión de la valoración de la prueba en sede constitucional

El presente Fundamento Jurídico fue citado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0347/2020-S1 de 18 de agosto; 0612/2020-S1 de 13 de octubre; 0080/2021-S1 de 21 de mayo; 0353/2021-S1 de 19 de agosto; 0782/2021-S1 de 8 de diciembre; 0001/2022-S1 de 3 de marzo; 0765/2022-S1 de 9 de agosto; 1489/2022-S1 de 8 de diciembre; 0016/2023-S1 de 9 de febrero; 0877/2023-S1 de 1 de agosto; y, 1267/2023-S1 de 12 de diciembre, entre otros que formularon el siguiente razonamiento: Sobre esta línea jurisprudencial esta Magistratura, efectuó un cambio de razonamiento, a partir de la SCP 0307/2020-S1 de 12 de agosto, sustentado en el apego a la fuerza vinculante del precedente jurisprudencial con estándar más alto (Fundamento Jurídico III.2), entendido este, como aquella interpretación a través de la cual este Tribunal Constitucional Plurinacional resolvió un problema jurídico de forma más progresiva, que permita efectivizar y materializar de mejor manera los derechos 5 La SCP 0055/2014 de 3 de enero en su F.J. III.2.2, estableció que: “La congruencia de las resoluciones judiciales integra los componentes del debido proceso. En ese contexto, a partir de una concepción doctrinal, su análisis se orienta desde dos acepciones: externa, entendida como principio rector de toda resolución judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y respuesta) y lo resuelto por las autoridades judiciales, sin que el juzgador tome en cuenta aspectos ajenos a la controversia; interna, porque entendida la resolución como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos y los efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar que, en una misma resolución no existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión.

En ese sentido, la uniforme jurisprudencia constitucional, a través de la SC 1494/2011-R de 11 de octubre, señaló: “…la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, (…). En base a esas consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes.

(…).

De lo expuesto se confirma, que el órgano encargado de dictar la resolución, debe circunscribir su fallo a lo peticionado y no resolver más allá de lo pedido, que sería un pronunciamiento ultra petita, o, conceder algo distinto a lo solicitado por las partes, conocido en doctrina procesal como un pronunciamiento extra petita”. En el mismo sentido, la SC 0863/2003-R de 25 de junio, precisó que: “…el juez o tribunal ad quem, no puede ir más allá de lo pedido, salvo en los casos en que los vicios de nulidad constituyan lesiones a derechos y garantías constitucionales como cuando la nulidad esté expresamente prevista por ley”, entendimiento reiterado en las SSCC 1009/2003-R, 1312/2003-R y 0358/2010-R. Posteriormente, respecto a la pertinencia de las resoluciones pronunciadas por autoridades judiciales de segunda instancia, la SC 0358/2010-R de 22 de junio, puntualizó: “…implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes”. En esa misma línea, la SC 2017/2010-R de 9 de noviembre, señaló: “…la pertinencia entre el recurso de apelación, resolución apelada y lo resuelto en el auto de vista, es una condición esencial para asegurar a los justiciables que en la decisión de su recurso los superiores en grado tienen delimitado su campo de acción para emitir su resolución, limite que se expresa precisamente en la fundamentación de agravios prevista por el art. 227 del Código de Procedimiento Civil (CPC), como por el contenido de lo resuelto en la sentencia apelada, marco del cual el tribunal de alzada no puede apartarse”. Estos razonamientos fueron reiterados posteriormente en la SCP 0037/2012 de 26 de marzo y, desarrollados ampliamente en la SCP 1111/2012 de 6 de septiembre”.

fundamentales y garantías constitucionales previstas en la Constitución Política del Estado y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos que forman parte del bloque de constitucionalidad, cuya identificación se la realiza a través de un examen o análisis integral de la línea jurisprudencial, y una vez detectada es obligación del juzgador vincularse al estándar más alto; bajo esa comprensión y razonamientos que además están contenidos en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2233/2013 de 16 de diciembre y 0087/2014-S3 de 27 de octubre, bajo ese entendido la SCP 0307/2020-S1 iniciando ese análisis integral de la línea jurisprudencial respecto a la valoración de la prueba en sede constitucional, comenzó citando a las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0092/2018-S1, 0343/2018-S1, 0526/2018-S1, 0615/2018-S1, 0640/2018-S1 y 1021/2019-S1, en las cuales esta Magistratura fue asumiendo una línea de carácter restrictivo, por cuanto si bien se establecía, que de manera excepcional la jurisdicción constitucional podía revisar la labor probatoria desarrollada en las distintas jurisdicciones ordinarias; empero, condicionaba su apertura a exigencias que los justiciables debían cumplir, teniendo así a la SC 0965/2006-R de 2 de octubre que señala:

….qué pruebas (señalando concretamente) fueron valoradas apartándose de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; o, cuáles no fueron recibidas, o habiéndolo sido, no fueron producidas o compulsadas…”

6“…los únicos supuestos para que la jurisdicción constitucional ingrese a revisar la valoración realizada por dichas autoridades: 1) Cuando en dicha valoración exista apartamiento de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir y 2) Cuando se haya omitido arbitrariamente valorar la prueba y su lógica consecuencia sea la lesión de derechos fundamentales y garantías constitucionales, es decir en el primer supuesto cuando en la labor valorativa se apartan del procedimiento establecido valorando arbitraria e irrazonablemente y en el segundo, que actuando arbitrariamente no se haya procedido a la valoración de la prueba, por cuya omisión se vulneren derechos y garantías fundamentales.

(…)

En ese orden de razonamiento para que este Tribunal pueda cumplir con esta tarea, es necesario que la parte procesal, que se considera agraviada con los resultados de la valoración efectuada dentro de un proceso judicial o administrativo, invocando la lesión a sus derechos fundamentales, exprese de manera adecuada y precisa en los fundamentos jurídicos que sustenten su posición (recurso de amparo) lo siguiente:

Por una parte, qué pruebas (señalando concretamente) fueron valoradas apartándose de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; o, cuáles no fueron recibidas, o habiéndolo sido, no fueron producidas o compulsadas; para ello, será preciso, que la prueba no admitida o no practicada, se haya solicitado en la forma y momento legalmente establecidos, solicitud, que en todo caso, no faculta para exigir la admisión de todas las pruebas que puedan proponer las partes en el proceso, sino que atribuye únicamente el derecho a la recepción y práctica de aquellas que sean pertinentes, correspondiendo a los órganos judiciales ordinarios, el examen sobre la legalidad y pertinencia de las pruebas solicitadas, debiendo motivar razonablemente la denegación de las pruebas propuestas. Por supuesto, una vez admitidas y practicadas las pruebas propuestas declaradas pertinentes, a los órganos judiciales, les compete también su valoración conforme a las reglas de la lógica y de la sana crítica, según lo alegado y probado.

Asimismo, es imprescindible también, que el recurrente señale en qué medida, en lo conducente, dicha valoración cuestionada de irrazonable de inequitativa o que no llegó a practicarse, no obstante haber sido oportunamente solicitada, tiene incidencia en la Resolución final; por cuanto, no toda irregularidad u omisión procesal en materia de prueba (referida a su admisión, a su práctica, a su valoración, etc.) causa por sí misma indefensión material constitucionalmente relevante, correspondiendo a la parte recurrente, demostrar la incidencia en la Resolución final a dictarse, es decir, que la Resolución final del proceso hubiera podido ser distinta de haberse practicado la prueba omitida, o si se hubiese practicado correctamente la admitida, o si se hubiera valorado razonablemente la compulsada; puesto que resulta insuficiente, para la viabilidad del recurso de amparo, la mera relación de hechos; porque sólo en la medida en que el recurrente exprese adecuada y suficientemente sus fundamentos jurídicos, la jurisdicción constitucional podrá realizar la labor de contrastación, que amerita este tema de revisión excepcional de la labor de la valoración de la prueba realizada por la jurisdicción ordinaria; máxime si se tiene en cuenta que el art. 97 de la LTC, ha previsto como un requisito de contenido, el exponer con precisión y claridad los hechos que le sirvan de fundamento y precisar los derechos o garantías que se consideren restringidos, suprimidos o amenazados, señalando en qué consiste la restricción o supresión” (negrillas agregadas).

….en qué medida, en lo conducente, dicha valoración cuestionada de irrazonable de inequitativa o que no llegó a practicarse, no obstante haber sido oportunamente solicitada, tiene incidencia en la Resolución final… (las negrillas nos pertenecen). Exigencias que al no ser cumplidas de manera expresa, generaba que esta vía constitucional se vea impedida de realizar esa revisión excepcional de la labor valorativa efectuada por los jueces o tribunales ordinarios, derivando en la denegación de la tutela y por ende se vea restringido el real acceso a la justicia constitucional; así, la citada SCP 0307/2020-S1 reflexionó que tales condicionamientos no guardaban armonía con los principios y valores consagrados en la Constitución Política del Estado y que en atención precisamente al mandato constitucional conferido en el art. 196 de la Norma Fundamental, por el cual este Tribunal Constitucional Plurinacional tiene la misión de velar por la supremacía de la Constitución Política del Estado, ejercer el control de constitucionalidad en resguardo y protección de los derechos y garantías fundamentales -los cuales gozan de igual jerarquía-, así como de los principios y valores; teniendo entre otros, al principio de progresividad, que identificó una segunda línea jurisprudencial que contiene una interpretación más amplia y favorable de los derechos que garantiza el ejercicio legítimo de los mismos, que en este caso tiene que ver con el debido proceso en su elemento de valoración de la prueba.

En tal sentido, citó a la SCP 0297/2018-S2 de 25 de junio, fallo constitucional en el cual, a través de una contextualización de la línea jurisprudencial referida a la valoración de prueba, señaló que el Tribunal desde sus inicios, fue estableciendo presupuestos para efectuar la revisión de la valoración de la prueba, bajo el criterio que dicha actividad es propia de la jurisdicción ordinaria; dichos presupuestos, fueron sistematizados por la SC 0965/2006-R que exigía al accionante 1) Identificar las pruebas que se omitieron valorar o los cánones de razonabilidad y/o equidad que fueron inobservados en la valoración; y, 2) Indicar la incidencia de la omisión o el 7“En ese antecedente, y considerando la misión constitucional conferida al Tribunal Constitucional Plurinacional otorgada por el constituyente mediante el art. 196.I de la CPE, esta instancia de control constitucional y garante de los derechos fundamentales, tiene la misión de ejercer una labor hermenéutica en los diferentes tipos de control constitucional, como el tutelar en su función revisora de casos remitidos por los jueces y tribunales de garantías; en esa ruta, se tiene que, conforme se describió precedentemente, la jurisprudencia constitucional, estableció que excepcionalmente, se podría efectuar una función revisora de la actividad probatoria de las diferentes jurisdicciones; empero, condicionado a que las o los accionantes señalen concretamente y de forma precisa qué pruebas fueron valoradas apartándose de los marcos legales de razonabilidad y equidad, o cuáles no fueron recibidas, o habiéndolo sido, no fueron producidas o compulsadas; y, señale en qué medida, en lo conducente, dicha valoración cuestionada de irrazonable de inequitativa o que no llegó a practicarse, no obstante haber sido oportunamente solicitada, tiene incidencia en la Resolución final.” 8 “Ahora bien, a través de la SCP 0297/2018-S2 de 25 de junio, luego de efectuar contextualización de línea jurisprudencial referida a la valoración de prueba, al respecto se concluyó que:

´Al respecto, la citada SC 0965/2006-R, estableció determinados presupuestos para efectuar la revisión de la valoración de la prueba, exigiendo que la o el accionante debía: i) Identificar las pruebas que se omitieron valorar o los cánones de razonabilidad y/o equidad que fueron inobservados en la valoración; y, ii) Indicar la incidencia de la omisión o el apartamiento de los cánones de razonabilidad y/o equidad en la decisión final; argumentando de forma precisa los motivos por los cuales la valoración de la prueba afectaría los principios de razonabilidad y/o equidad.

En similar sentido, la señalada SCP 1215/2012, refirió que en cualquier caso, se debe demostrar la lógica consecuencia que el incumplimiento de los presupuestos para la valoración de la prueba ocasionó lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales al afectado; lo que se traduce en relevancia constitucional.´”

apartamiento de los cánones de razonabilidad y/o equidad en la decisión final; argumentando de forma precisa los motivos por los cuales la valoración de la prueba afectaría los principios de razonabilidad y/o equidad; refirió que posteriormente, la SCP 1215/2012 de 6 de septiembre, estableció los supuestos de procedencia de revisión de valoración de la prueba, señalando que la justicia constitucional debe verificar si en dicha labor las autoridades; i) No se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; ii) No omitieron de manera arbitraria la consideración de las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y, iii) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado como argumento; estableciendo además, la relevancia constitucional al exigir que el accionante debe demostrar la lógica consecuencia de que el incumplimiento de los presupuestos para la valoración de la prueba, le ocasionó lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales.

Así, establecidos tanto los supuestos de procedencia de revisión de valoración, como los presupuestos para efectuar la revisión de la misma, la citada SCP 0297/2018-S2 continuando con ese análisis dinámico, señaló que esa línea jurisprudencial fue modulada por la SCP 0410/2013 de 27 de marzo, que eliminó el requisito de la carga argumentativa, que se exigía para el análisis de fondo de la problemática en cuanto a la valoración de la prueba, señalando que:

Posteriormente, la SCP 0410/2013 de 27 de marzo moduló la línea jurisprudencial de referencia y eliminó el requisito de la carga 9 La SCP 0410/2013, en el FJ III.2 señala: “En ese orden, si bien es cierto que la jurisdicción constitucional debe respetar el ámbito de atribuciones propias de la jurisdicción ordinaria, es también correcto que cuando se ha quebrado el sistema constitucional, sus dogmas y principios o los derechos fundamentales de la persona humana, es deber del Tribunal Constitucional Plurinacional revisar la interpretación de la legalidad ordinaria efectuada por el juzgador ordinario, para resguardar la vigencia material de la Norma Fundamental y la materialización de los derechos constitucionales. Similar doctrina existe para la intervención de las resoluciones judiciales, cuando se denuncia indebida o errónea valoración o apreciación de la prueba; una explicación de esta teoría se encuentra en la SCP 1916/2012 de 12 de octubre.

Ahora bien, es necesario esclarecer que estas auto restricciones de la jurisdicción constitucional, deviene del principio de separación y distribución de funciones, que impiden la injerencia de la jurisdicción constitucional en la función asignada a la jurisdicción ordinaria; empero, deben comprenderse conforme a la nueva arquitectura de ésta, por ello deben ser asimiladas también bajo los principios de impulso de oficio, inquisitivo y no formalismo, por lo que su naturaleza es la de instrumentos útiles para el análisis de la función cumplida por la jurisdicción ordinaria, son herramientas de fundamentación de las acciones y recursos al alcance de las partes interesadas en activar la jurisdicción constitucional y de argumentación de las resoluciones para el Tribunal Constitucional Plurinacional; pero también, son el parámetro válido y legítimo de verificabilidad de la idoneidad, legitimidad y calidad de las resoluciones judiciales o administrativas cuasi jurisdiccionales; más, no son requisitos ineludibles que el accionante debe cumplir bajo sanción de rechazo o denegación de la acción tutelar, ya que ésta una vez activada, genera en la jurisdicción constitucional el compromiso ineludible de perseguir al evento acusado de inconstitucional, basado en la información concedida por el accionante, siendo pertinente analizar los hechos conocidos con todas las herramientas y métodos de análisis al alcance de la Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional que conozca el asunto, sin que ningún instrumento o método quede al margen por la sola razón de no haber sido mencionado, sutileza que sería una argucia de aquellas que corrompen los sistemas judiciales obsoletos y decadentes.

Del modo explicado en el párrafo anterior, se entiende que las reglas y subreglas contenidas en la doctrina de las auto restricciones de la jurisdicción constitucional, respecto al canon de interpretación de la legalidad ordinaria, así como la valoración integral de la prueba, son instrumentos al servicio de la persona que crea sus derechos vulnerados, que bien utilizados redundará en una mejor comprensión del tema por parte de la jurisdicción constitucional y con ello mayores posibilidades de concesión de la tutela requerida, por ello su buen uso deviene en una ventaja procesal; mientras que para el Tribunal Constitucional Plurinacional, son herramientas de verificación de la legalidad y constitucionalidad de las resoluciones judiciales; pero en ningún caso se pueden aplicar para rechazar o denegar la activación de la jurisdicción constitucional por el sólo hecho de no haber sido nombradas en el memorial de amparo”.

argumentativa que la jurisprudencia exigía para el análisis de fondo de la problemática en esta temática, señalando que las reglas impuestas a la parte accionante referidas a:

…explicar de modo sistemático y metódico la irrazonabilidad, inequidad, omisión arbitraria, o valoración equivocada de la prueba (…) constituyen instrumentos argumentativos, no causales de denegatoria de la acción de amparo constitucional…

Por otro lado, en cuanto a los alcances de la revisión de la valoración de la prueba por parte de la justicia constitucional, la referida SCP 1215/2012, en el Fundamento Jurídico III.3.2, señaló que dicha competencia:

…se reduce únicamente a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa, o bien, si existió una actitud omisiva en esta tarea, ya sea parcial o total; o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, al que posee en realidad, distorsionando la realidad y faltando al principio de rango constitucional, como es la verdad material, pero en ningún caso podrá pretender sustituir a la jurisdicción ordinaria, examinando directamente la misma o volviendo a valorarla, usurpando una función que no le está conferida ni legal ni constitucionalmente. Bajo tales razonamientos y luego de un análisis e interpretación de los entendimientos contenidos en dichos fallos que fueron generando línea jurisprudencial en cuanto a la valoración de la prueba en sede constitucional, las tantas veces reiterada sentencia constitucional concluyó que la revisión de la labor valorativa efectuada por la jurisdicción ordinaria se efectuará bajo los siguientes criterios:

1) La valoración de la prueba es una actividad propia de las juezas y jueces de las diferentes jurisdicciones del Órgano Judicial o de las autoridades administrativas. 2) La justicia constitucional puede revisar la valoración de la prueba cuando:

2.1) Las autoridades se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; 2.2)Omitieron de manera arbitraria la consideración de las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y,

2.3) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado en la argumentación. 3) La competencia de la justicia constitucional en el análisis de la revisión de la valoración de la prueba, se reduce a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa o a constatar una actitud omisiva en esa tarea o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, desconociendo el principio de verdad material; y,

4) Las irregularidades en la valoración de la prueba solo darán lugar a la concesión de la tutela cuando tengan relevancia constitucional; es decir, cuando incidan en el fondo de lo demandado y sean la causa para la lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales. Criterios que fueron acogidos por esta relatoría en la ya mencionada SCP 0307/2020-S1, al considerar que la SCP 0297/2018-S2 se constituye en el estándar más alto, al haber también asumido un entendimiento más favorable como el contenido en la SCP 0410/2013 de 27 de marzo, que al eliminar la carga argumentativa como exigencia para que esta jurisdicción efectué la revisión excepcional de la labor valorativa realizada por los jueces y tribunales ordinarios, posibilitó a este Tribunal garantizar un efectivo acceso a la justicia constitucional en resguardo de los derechos fundamentales y garantías constitucionales; razones por las cuales, esta Magistratura determinó ajustar sus razonamientos al carácter progresivo y al principio de favorabilidad de los derechos fundamentales consagrados en los arts. 13.I y 256.I de la CPE.

Finalmente, en el marco de todo lo descrito, la SCP 0307/2020-S1 que se describe, concluyó que, esta instancia constitucional se encuentra habilitada para efectuar la revisión de la actividad probatoria de otras jurisdicciones sin necesidad de exigir el cumplimiento de presupuestos como:

a) Identificar las pruebas que se omitieron valorar o los cánones de razonabilidad y/o equidad que fueron inobservados en la valoración; y, b) Indicar la incidencia de la omisión o el apartamiento de los cánones de razonabilidad y/o equidad en la decisión final, argumentando de forma precisa los motivos por los cuales la valoración de la prueba afectaría los principios de razonabilidad y/o equidad;

En esa labor el juez constitucional debe considerar los siguientes criterios: Primero.- La valoración de la prueba es una actividad propia de las juezas, jueces y de las autoridades administrativas; Segundo.- La justicia constitucional puede revisar la valoración cuando: a) las autoridades se apartan de los marcos legales de razonabilidad y equidad; b) De manera arbitraria omiten considerar las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y, c) Basan su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado en la argumentación; Tercero.- La competencia de la justicia constitucional en el análisis de la revisión de la valoración de la prueba, se reduce a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa o a constatar una actitud omisiva en esa tarea o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, desconociendo el principio de verdad material; y, Cuarto.- Las irregularidades en la valoración de la prueba solo darán lugar a la concesión de la tutela cuando incidan en el fondo de lo demandado y sea la causa de la lesión de derechos y/o garantías constitucionales.

III.4.El derecho a la propiedad privada y sus restricciones

El derecho a la propiedad privada, se encuentra previsto en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos; así, el art. 17 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), dispone que: 1. Toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectivamente.

2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. Asimismo, el mismo cuerpo internacional, en su art. 29.2 establece que:

En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Por su parte, el art. 21 de la CADH, reconoce el derecho a la propiedad privada, refiriendo que:

1. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal uso y goce al interés social.

2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las normas establecidas por la ley (las negrillas fueron añadidas). Por otra parte, la Corte IDH definió el derecho al uso y goce de bienes a los que hace referencia el art. 21, como:

… todo derecho que pueda formar parte del patrimonio de una persona.

De igual manera, afirmó que el concepto de bienes comprende:

a) Todos los muebles y los inmuebles; b) los elementos corporales e incorporales; y, c) cualquier otro objeto material susceptible de valor El derecho a la propiedad protegido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos no es absoluto, el referido art. 21.1 establece que la ley puede subordinar tal uso y goce al interés social, refiriéndose a las posibles limitaciones, intromisiones o interferencias, al uso y goce de la propiedad impuesta por el Estado generalmente para evitar el ejercicio abusivo del mismo, limitaciones que no suponen la privación o supresión del derecho como tal, ya que entonces se configuraría el instituto de la expropiación, que se encuentra regulado por el art. 21.2 de la CADH, donde se contemplan los casos de expropiación de bienes y los requisitos para que el actuar del Estado se considere justificado. De esa manera, la Corte IDH ha establecido que el Estado puede restringir los derechos a la propiedad contemplados en el art. 21 de la CADH si tal restricción respecto a los intereses de la sociedad. Para la Corte IDH, los conceptos de orden público y bien común, derivados del interés general, en cuanto se invoquen como fundamento de limitaciones a los derechos humanos, deben ser objeto de una interpretación estrictamente ceñida a las justas exigencias de una sociedad democrática de acuerdo al art. 32 de la CADH, que tenga en cuenta el equilibrio entre los distintos intereses en juego y la necesidad de preservar el objeto y fin de la CADH. Para que resulten compatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos las restricciones deben justificarse según objetivos colectivos que, por su importancia, preponderen claramente sobre la necesidad del pleno goce del derecho restringido. Para que se puede considerar de interés de la sociedad, se requiere que las restricciones: 1) Hayan sido previamente establecidas por ley; 2) Sean necesarias e inexistencia de otro tipo de medidas menos restrictivas; 3) Sean proporcionales; y, 4) Tengan el fin de lograr un objetivo legítimo en una sociedad democrática. En el caso de restricciones a la propiedad colectiva o comunal de los pueblos indígenas y tribales, la Corte IDH además incluyó que la restricción no puede implicar una denegación de las tradiciones y costumbres de un modo que ponga en peligro la propia subsistencia del grupo y de sus integrantes. La carga de probar que estas limitaciones cumplen dichos requisitos recae sobre el Estado que las impone. Finalmente, el requisito de legalidad se ha interpretado de forma estricta en gran parte de la jurisprudencia de la Corte IDH -al analizar las restricciones legítimas a los derechos establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos-, y constituye un elemento esencial para evitar la arbitrariedad en las decisiones de los Estados. Se ha interpretado que el requisito exige la existencia de una ley en sentido formal y material, que las causas de dicha restricción estén expresas, taxativa y previamente fijadas por la ley, que sean necesarias para asegurar el fin legítimo perseguido y que no deban, de modo alguno, más allá de lo estrictamente necesario el derecho afectado. Por otra parte, el derecho a la propiedad se encuentra reconocido como un derecho fundamental en el art. 56 de la CPE, que prevé lo siguiente:

I. Toda persona tiene derecho a la propiedad privada individual o colectiva, siempre que ésta cumpla una función social.

II. Se garantiza la propiedad privada siempre que el uso que se haga de ella no sea perjudicial al interés colectivo. El Tribunal Constitucional a través de su jurisprudencia ha establecido que el núcleo duro de este derecho se identifica a tres elementos esenciales: i) El derecho de uso; ii) El derecho de goce; y, iii) El derecho de disfrute; los cuales tienen un sustento axiológico que refuerza dicho contenido esencial, basado en los valores libertad, igualdad, solidaridad y justicia, y que este núcleo esencial que genera obligaciones negativas tanto para el Estado como para los particulares siendo esas la a) Prohibición de privación arbitraria de propiedad; y, b) Prohibición de limitación arbitraria de propiedad. Ahora bien, la Norma Suprema en su art. 109.II, determina que:

Los derechos y sus garantías sólo podrán ser regulados por la ley. En ese mismo sentido, la SCP 0203/2015-S1 de 26 de febrero, estableció que:

Todo derecho fundamental puede ser limitado; es así que, en el derecho de propiedad su restricción tiene que ser necesariamente mediante una ley, aprobada por el órgano legislativo y en casos específicos… Ahora bien la SCP 0121/2012, también hizo referencia al principio al principio de razonabilidad que constituye el estándar axiomático para la directa aplicación para la directa justiciabilidad del derecho a la propiedad en ese orden, puntualizó que las:

... decisiones jurisdiccionales que incurran en privación o limitación arbitraria de la propiedad, implican una directa afectación al principio de razonabilidad y como consecuencia directa afectan también el contenido esencial del derecho de propiedad en sus tres elementos esenciales: uso, goce y disfrute… En el ordenamiento jurídico interno, el art. 105 del Código Civil (CC), identifica al derecho de propiedad como un poder jurídico que permite usar, gozar y disponer de una cosa, derecho que debe ser ejercido en forma compatible con el interés colectivo, dentro de los límites y con las obligaciones que establece el ordenamiento jurídico. Por lo expuesto se infiere que el derecho a la propiedad es reconocido por nuestra Constitución como un derecho fundamental; el cual, no es absoluto sino puede ser afectado o restringido; empero, para que esta afectación se concretice debe responder a una ley aprobada por el legislador para casos específicos, caso contrario se constituye en una afectación arbitraria que vulnera el derecho a la propiedad.

Finalmente, en lo que respecta a la función social, dicha limitante para el ejercicio del derecho a la propiedad privada se encuentra dirigida a evitar el ejercicio abusivo del referido derecho y que el legislador lo regule de manera tal que haga conveniente para el particular la utilización de los bienes para fines socialmente útiles, no siendo igual al fin social a seguirse por parte del Estado en la administración de los recursos públicos; toda vez que, el administrado no es un agente público.

III.5.Análisis del caso concreto

La parte accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia y valoración de la prueba; y, a la propiedad privada; toda vez que, dentro el proceso civil de usucapión presentado por Liz Juana, Rossio Estela y Wendel Natan todos de apellidos Henry Alvarado, interpusieron demanda de usucapión contra Heidy Katterine Camacho Maldonado, Tebaida Blanca Castro Alvarado, Rene Monrroy Zeballos, Giovanna Gamboa de Monrroy, presuntos herederos de Julio Alvarado Flores, presuntos herederos de Agustina Calustro de Alvarado; presuntos herederos de Dolores Maldonado Tordoya y presuntos interesados, luego de que la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba por medio del Auto de Vista 029/2021 de 2 de julio dispusiera dejar sin efecto la Sentencia de 20 de noviembre de 2017, y por lo mismo declarara improbada la demanda de usucapión y probada la excepción de falsedad en la demanda planteada por su persona; y, ante la interposición del recurso de casación, los Magistrados demandados emitieron el Auto Supremo 350/2022 de 23 de mayo por el cual dispusieron la casación total del Auto de Vista 029/2021 de 2 de julio y el Auto Complementario de 25 de octubre del señalado año, y determinaron mantener incólume la Sentencia de primera instancia de 20 de noviembre de 2017, haciendo la aclaración de que la usucapión reconocida en favor de Liz Juana Henry Alvarado es de la totalidad de la superficie de 87,82 m, incurriendo en las siguientes ilegalidades: 1) En relación al derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia y valoración de la prueba; el Auto Supremo 350/2022 de 23 de mayo: i) De forma errónea argumentó que los demandantes del proceso de usucapión nunca fueron citados en las demandas ejecutivas, pese a no haber sido parte de dichos procesos, incurriendo en una arbitrariedad carente de lógica y parcialización; puesto que, “…NO SE PODÍA CITAR CON DEMANDAS YA SEA LA DEMANDA EJECUTIVA A MENORES DE EDAD QUE NO ERAN TITULARES DEL BIEN INMUEBLE CON QUE SE GARANTIZÓ DENTRO PROCESO EJECUTIVO EL TITULAR DEL BIEN O EN SU DEFECTO CON CONCURSO DE ACREEDORES…” (sic), siendo la conclusión arribada en una aberración jurídica; ii) No señalaron en que norma jurídica se basaron para determinar que los menores de edad son capaces de obrar y pueden actuar de forma directa como demandantes o demandados, contradiciendo de manera flagrante normas civiles y familiares vigentes en los períodos de “1985 a 1995”; iii) La Resolución no guarda el hilo conductor desde la parte considerativa de hechos, identificación de agravios, valoración probatoria, interpretación de las normas, careciendo de fundamento y de motivación, sustentando su decisión en mera retórica, basándose en conjeturas que carecen de sustento probatorio o jurídico, en la que se omitió la valoración de la prueba aportada en el proceso, evidenciándose una lesión al derecho al debido proceso en los elementos de fundamentación, motivación, congruencia y valoración de la prueba; ya que, no se cita las normas legales con las que se apoya su razonamiento, que llevó a concluir que “…los demandantes de usucapión debían ser demandados cuando eran menores de edad y por tanto incapaces de obrar…” (sic); y, 2) Respecto al derecho a la propiedad privada; puesto que, al haber determinado la Casación total del Auto de Vista 029/2021 de 2 de julio y su Auto Complementario de 25 de octubre del referido año; y, por consiguiente mantener incólume la Sentencia de primera instancia de 20 de noviembre de 2017, desconocieron su derecho propietario que fue adquirido por medio de adjudicación judicial el 10 de febrero de 2009 a través de un remate judicial en el proceso ejecutivo; la cual, fue eliminado por los demandados. De los antecedentes que se encuentran descritos en las Conclusiones de esta Sentencia Constitucional Plurinacional; se tiene que por memoriales de 5 de enero de 2004, 18 de septiembre de 2007, 30 de abril y 16 de mayo de 2008, Liz Juana, Rossio Estela y Wendel Natan todos de apellidos Henry Alvarado, interpusieron demanda de usucapión contra Heidy Katterine Camacho Maldonado, Tebaida Blanca Castro Alvarado, Rene Monrroy Zeballos, Giovanna Gamboa de Monrroy, presuntos herederos de Julio Alvarado Flores, presuntos herederos de Agustina Calustro de Alvarado; presuntos herederos de Dolores Maldonado Tordoya y presuntos interesados, para que de forma posterior el 23 de abril de 2009 mediante Testimonio 212/2009 se efectúe una Transferencia Judicial de acciones y derechos en un porcentaje del 50% por medio de subasta pública, otorgado por la Jueza de Partido Civil y Comercial Primera de Quillacollo del departamento de Cochabamba en favor de Reinaldo Mercado Uribe -ahora impetrante de tutela- en la suma de $us83 000.- (ochenta y tres mil dólares estadounidenses); misma que, se inscribió en la oficina de DD.RR., bajo la Matrícula Computarizada 3.09.1.01.0000388, es en ese ínterin que el peticionante de tutela el 8 de junio de 2012 presentó en el proceso de usucapión excepciones previas de obscuridad y contradicción o imprecisión en la demanda, y demanda presentada antes de ocurrido el vencimiento del término o el cumplimiento de la condición, peticionando se declare probada dichas excepciones; por lo que, la Jueza Pública Civil y Comercial Primera de Quillacollo del departamento de Cochabamba a través de la Sentencia de 20 de noviembre de 2017 declaró probada la demanda de usucapión en relación a Liz Juana Henry Alvarado, e improbadas todas las excepciones presentadas por el solicitante de tutela, y la demanda reconvencional, declarando a Liz Juana Henry Alvarado única propietaria del inmueble sujeto a usucapión, determinación que al ser recurrida en apelación, fue revocada por medio del Auto de Vista 029/2021 de 2 de julio pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia del citado departamento, declarándose probada las excepciones interpuestas por el accionante, además por medio del Auto Complementario de 25 de octubre de 2021 se declaró no ha lugar la solicitud de aclaración, enmienda y complementación de los ahora terceros interesados; es así que, tras haberse presentado recurso de casación, el impetrante de tutela dio respuesta al mismo el 30 de noviembre de 2021, solicitando se declare improcedente e infundado el recurso de casación; ya que, el antedicho Auto de Vista no violentó ninguna Ley, sea con la condenación de costas, daños y perjuicios, y por lo mismo se determine el lanzamiento de los demandantes en ejecución de sentencia, emitiéndose en consecuencia el Auto Supremo 350/2022 de 23 de mayo por parte de los Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia -ahora demandados-; por el cual, dispusieron la casación total del Auto de Vista 029/2021 de 2 de julio y el Auto Complementario de 25 de octubre del citado año, y determinaron mantener incólume la Sentencia de primera instancia de 20 de noviembre de 2017, haciendo la aclaración de que la usucapión reconocida en favor de Liz Juana Henry Alvarado es de la totalidad de la superficie de 87,82 m (Conclusiones II.1, II.2, II.3, II.4, II.5, II.6 y II.7).

En ese contexto, identificada las problemáticas, el peticionante de tutela denuncia a los Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, por la emisión del Auto Supremo 350/2022 de 23 de mayo, que declaró la casación total del Auto de Vista 029/2021 de 2 de julio y el Auto Complementario de 25 de octubre del mencionado año, y determinaron mantener incólume la Sentencia de primera instancia de 20 de noviembre de 2017, haciendo la aclaración de que la usucapión reconocida en favor de Liz Juana Henry Alvarado es de la totalidad de la superficie de 87,82 m; determinación, que considera lesivo a sus derechos fundamentales; por lo que, las problemáticas serán analizadas de forma separada para una mayor comprensión, de la siguiente manera:

1. Respecto a la primera problemática

El solicitante de tutela denuncia la lesión de su derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia y valoración de la prueba; toda vez que, dentro el proceso civil de usucapión presentado por Liz Juana, Rossio Estela y Wendel Natan todos de apellidos Henry Alvarado, interpusieron demanda de usucapión contra Heidy Katterine Camacho Maldonado, Tebaida Blanca Castro Alvarado, Rene Monrroy Zeballos, Giovanna Gamboa de Monrroy, presuntos herederos de Julio Alvarado Flores, presuntos herederos de Agustina Calustro de Alvarado; presuntos herederos de Dolores Maldonado Tordoya y presuntos interesados, luego de que la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba por medio del Auto de Vista 029/2021 de 2 de julio dispusiera dejar sin efecto la Sentencia de 20 de noviembre de 2017, y por lo mismo declarara improbada la demanda de usucapión y probada la excepción de falsedad en la demanda planteada por su persona; y, ante la interposición del recurso de casación, los Magistrados demandados emitieron el Auto Supremo 350/2022 de 23 de mayo por el cual dispusieron la casación total del Auto de Vista 029/2021 de 2 de julio y el Auto Complementario de 25 de octubre del citado año, y determinaron mantener incólume la Sentencia de primera instancia de 20 de noviembre de 2017, haciendo la aclaración de que la usucapión reconocida en favor de Liz Juana Henry Alvarado es del totalidad de la superficie de 87,82 m, incurrieron en las siguientes ilegalidades: i) De forma errónea argumentaron que los demandantes del proceso de usucapión nunca fueron citados en las demandas ejecutivas, pese a no haber sido parte de dichos procesos, incurriendo en una arbitrariedad carente de lógica y parcialización; puesto que, “…NO SE PODÍA CITAR CON DEMANDAS YA SEA LA DEMANDA EJECUTIVA A MENORES DE EDAD QUE NO ERAN TITULARES DEL BIEN INMUEBLE CON QUE SE GARANTIZÓ DENTRO PROCESO EJECUTIVO EL TITULAR DEL BIEN O EN SU DEFECTO CON CONCURSO DE ACREEDORES…”, siendo la conclusión arribada en una aberración jurídica; ii) No señalaron en que norma jurídica se basaron para determinar que los menores de edad son capaces de obrar y pueden ser actuar de forma directa como demandantes o demandados, contradiciendo de manera flagrante normas civiles y familiares vigentes en los períodos de 1985 a 1995; y, iii) La Resolución no guarda el hilo conductor desde la parte considerativa de hechos, identificación de agravios, valoración probatoria, interpretación de las normas, careciendo de fundamento y de motivación, sustentando su decisión en mera retórica, basándose en conjeturas que carecen de sustento probatorio o jurídico, en la que se omitió la valoración de la prueba aportada en el proceso, evidenciándose una lesión al derecho al debido proceso en los elementos de fundamentación, motivación, congruencia y valoración de la prueba; ya que, no se cita las normas legales con las que se apoya su razonamiento, que llevó a concluir que “…los demandantes de usucapión debían ser demandados cuando eran menores de edad y por tanto incapaces de obrar…” (sic).

En este punto, en la intención de realizar un análisis ordenado del Auto Supremo 350/2022 de 23 de mayo, en primer término, se analizará lo relacionado con la congruencia de la Resolución demandada; por lo que, a ese efecto, corresponde establecer las petición planteada por el accionante a momento de dar respuesta al recurso de casación presentado por los terceros interesados, que se encuentra plasmado en la Conclusión II.6 de este fallo constitucional; así se tiene que, en esencia solicitó que:

…se declare improcedente e infundado el recurso de casación, ya que el antedicho Auto de Vista no violentó ninguna Ley, sea con la condenación de costas, daños y perjuicios, y por lo mismo se determine el lanzamiento de los demandantes en ejecución de sentencia. Así puntualizado la petición; al memorial de respuesta del recurso de casación, corresponde establecer si el Auto Supremo 350/2022, dio o no respuesta a dicha petición deducido por el impetrante de tutela; para dicho cometido, de la compulsa integral a la resolución mencionada, se tiene que las autoridades demandadas en la referida Resolución, conforme a la Conclusión II.7 de esta Resolución Constitucional, argumentaron que:

(…).

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

(…).

IV.2. Recurso en el fondo de Liz Juana, Rossio Estela y Wendel Natan, todos Henry Alvarado

En el punto 1 del resumen se tiene descrito la denuncia de violación de los arts. 3 y 4 e interpretación errónea del art. 5 del Código Civil cuestionando los fundamentos del Tribunal de segunda instancia por haber negado la capacidad a los codemandantes de ejercer posesión con ánimo de dueños sobre el inmueble objeto de usucapión por ser menores de edad. Evidentemente, uno de los fundamentos del Ad quem para desestimar la posesión y, por ende, la pretensión de la usucapión, fue la condición de menores de edad que tenían los codemandantes en 1985, año en el cual habrían dado inicio a la posesión, ya que el Tribunal de apelación señaló que al ser menores de edad, eran incapaces de obrar y no podían poseer el inmueble por sí mismos con ánimo de dueños, no siendo suficiente la mera tenencia o dominio físico sobre el objeto (corpus), sino también es necesaria la voluntad o intención de comportarse como dueños respecto a ese objeto. Por las copias de la cédulas de identidad que cursan de fs. 1044 a 1046 se establece que los codemandantes en 1985, tenían las siguientes edades: Liz Juana contaba con 17 años de edad, Wendel Natan tenía 13 años y Rossio Estela contaba con 8 años de edad, por consiguiente, todos resultan siendo menores de edad, debiendo tomarse en cuenta que en aquel tiempo la mayoría de edad se adquiría a los 21 años cumplidos; hasta aquí, aparentemente el criterio del Tribunal de apelación resultaría correcto; sin embargo, como se tiene descrito en la doctrina aplicable, el tema de la minoría de edad a efectos de hacer valer la posesión con fines de fundar una pretensión de usucapión decenal, ya fue motivo de amplio análisis y consideración en el Auto Supremo N° 842/2021 de 21 de septiembre emitido por esta misma Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia. En dicha resolución, recurriendo al apoyo de doctrina y legislación comparada, se llegó a establecer que es posible que los menores a partir de cierta edad puedan hacer valer la posesión ejercida de manera directa por sus personas sobre bienes inmuebles y, por consiguiente, consolidar a su favor el derecho de propiedad a través de la figura jurídica de la usucapión decenal o extraordinaria siempre y cuando se cumplan con los demás requisitos exigidos para la procedencia de dicha figura jurídica y los poseedores tengan medianamente la capacidad de discernimiento.

Con ese contexto, el criterio asumido por el Ad-quem basado en el art. 5.I num. 1) del Código Civil respecto al tema específico de la minoría de edad de los codemandantes de usucapión, no resulta del todo correcto, siendo rígida y restrictiva de derechos; si bien dicha norma legal establece que los menores de edad son incapaces de obrar; empero, esa incapacidad no es absoluta o general para todos los casos o eventualidades que puedan presentarse en el devenir de la vida, siendo el citado precepto legal el que establece salvedades señalando los casos en su propio texto, además de establecer excepciones a dicha regla que pueden encontrarse previstos en el mismo Código Civil que rige el tema de los menores de edad donde se establecen edades diferenciadas para el ejercicio de sus derechos y asumir responsabilidad de sus actos. En el caso sub lite, el debate recae sobre la posesión de inmueble, cuyo aspecto constituye una situación del hecho que difiere con relación al ejercicio de los actos jurídicos como la celebración de determinados contratos que requieren cumplir con cierta formalidad y requisitos para su validez; consiguientemente, la posesión de hecho no puede ser asimilada y menos confundida con la plenitud de los actos jurídicos y ser medido bajo la misma regla jurídica que exige la mayoría de edad, siendo incluso el propio Código Civil el que otorga validez legal a determinados actos realizados por personas incapaces entre estos se puede citar los casos previstos en los arts. 554, 558, 812.II, etc.

Frente al panorama descrito, el criterio del Tribunal de apelación de negar por completo a los codemandantes la posibilidad de poseer un inmueble por el solo hecho de ser menores de edad, sin tomar en cuenta las edades diferenciadas que establece el propio ordenamiento jurídico en leyes especiales de acuerdo a la época en que se generaron los hechos y actos jurídicos, no condice con los nuevos postulados, valores y principios que rigen en el Estado Constitucional de Derecho cual nuestro país es parte viviente; bajo ese nuevo enfoque constitucional, los derechos personalísimos no pueden ser considerados de manera estática acorde a las leyes de la época en que fueron normados; al contrario, deben ser asumidos en su dimensión amplia, con visión progresiva, tal como lo establecen los arts. 13 y 256 de la Constitución Política del Estado, toda vez que los derechos siempre van en constante progreso, ganando cada vez más espacio de cobertura en los ordenamientos jurídicos. Sin embargo, se debe dejar claramente establecido que la minoría de edad de los codemandantes, no constituye el único fundamento del Ad quem para desestimar la pretensión de usucapión; consiguientemente, no es el único tema a ser analizado en el presente caso, ni mucho menos puede constituir el elemento fundante que pueda viabilizar ipso facto la consolidación de la usucapión pretendía, correspondiendo en todo caso analizar los otros componentes que requieren ser cumplidos en este tipo de pretensiones, entre estos, la esencia de la posesión misma y si esta reúne las condiciones de ser tal que encuadre dentro de los alcances y el espíritu del art. 87 y siguientes con relación al art. 138 del Código Civil con la concurrencia de los requisitos de ser contínua, pública y pacífica por el tiempo exigido por ley; también requiere ser analizado la identificación precisa del objeto litigioso (inmueble), aspectos que serán motivos de consideración más adelante. Para finalizar este punto de análisis, debemos indicar que el Código del Menor de 30 de mayo de 1975 vigente en aquel tiempo, en sus arts. 66 a 93 establecía que los menores de edad (adolescentes) a partir de los 14 años podían contratar y/o comprometer por sí solos sus servicios personales en actividades laborales y de acuerdo al art. 56 y siguientes, eran imputables en materia penal desde los 16 años haciéndoles responsables por sus actos aunque de manera atenuada, surgiendo de esta manera la posibilidad de ejercer sus derechos civiles, ya que la ley no solo está para reprimir conductas, sino también para permitir el ejercicio de derechos, en este caso, incluso desde la edad laboral.

El referido Código del Menor, resulta la ley especial de aplicación preferente al caso de autos conforme lo disponía en el art. 6 por encontrarse vigente en aquel tiempo del inicio y transcurso de la posesión alegada rigiendo la facultad de discernimiento de los actos cuando estos eran menores de edad, más propiamente, adolescentes, a excepción de uno de ellos; a los 14 años resultaba la edad apropiada según el legislador para que los menores adolescentes empiecen a tener la capacidad de discernimiento y comprender de manera general el valor social que representa el acto que se proponen realizar y conducirse conforme a las causes del derecho asumiendo responsabilidades de orden civil y laboral ejerciendo personalmente sus derechos por si solos aunque no al mismo nivel de un adulto, esto debido a la especial situación en la que se encuentran dentro del sistema social y del Estado; bajo el contexto legal señalado, se considera aplicable la doctrina descrita en el apartado III.1 del presente fallo, en relación a la facultad que tienen los menores de edad para poder usucapir.

Lugo de haber absuelto el tema de la minoría de edad con los efectos posesorios que implica, corresponde considerar los otros puntos de reclamo; empero, por razones de orden y coherencia primer debe analizarse el tema central de la posesión reclamada por los recurrentes y una vez establecida la misma, se someterá a control los fundamentos del fallo de segunda instancia para establecer si hubo o no la interrupción posesoria en la prescripción adquisitiva que señala el Ad quem. El reclamo sobre la posesión se encuentra descrito en el punto 3 del resumen de la impugnación, donde los recurrentes acusaron error en la valoración de la prueba y violación del art. 138 y 110 del Código Civil indicando que Tribuna de apelación no tomó en cuenta el acta de inspección judicial de fs. 2201 a 2202, padrón municipal a fs. 10 y declaraciones testificales de cargo de fs. 2802 a 2808; elementos de prueba que serían idóneos y demostrarían la posesión pacífica, pública y continuada por más de 10 años.

Para entrar en contexto en tiempo y espacio y comprender de mejor manera los hechos acontecidos, se hace necesario establecer la procedencia del derecho propietario del inmueble objeto de usucapión y sobre que fracción específicamente se dirigió la demanda, toda vez que al momento de su interposición el inmueble en su totalidad se encontraba en lo proindiviso; para esclarecer este tema y otros aspectos, se hace necesario remitirnos a los antecedentes más relevantes que tienen relación directa con la problemática a ser resuelta. (…). Al respecto, se puede evidenciar que los testigos de cargo son coincidentes al señalar que conocieron a los demandantes ejercer actividad comercial de venta de alimentos (comida típica del lugar) desde niños en el bien inmueble objeto de usucapión donde también tendrían fijado su domicilio, resaltando que sería un lugar bastante conocido por la población debido a la tradición del negocio; empero, pese a esa afirmación de los testigos de la actividad emprendida desde niños, los actores pretenden hacer valer la posesión desde 1985; es decir, cuando Liz Juana, Wendel Natan y Rossio Estela, todos Henry Alvarado, tenían 17, 13 y 8 años, respectivamente; esto según las cédulas de identidad que cursan de fs. 1044 a 1046.

El hecho señalado tiene relación con lo afirmado por los demandantes, respecto a la entrega de la fracción del inmueble que se habría operado de parte de sus abuelos para que lo habiten como dueños; en el caso presente, se encuentra demostrado que dicho inmueble no solo fue utilizado para vivienda, sino que también implementaron una actividad comercial de venta de alimentos, aunque de inicio fuere de manera improvisada o informal como es característico en este tipo de negocios, dándole de esta manera al inmueble una función social brindando un servicio a la población en general. Las referidas declaraciones se encuentran respaldadas por las pruebas literales a fs. 10 consistente en padrón municipal N° 1-00000644 a favor de la codemandante Liz Juana Henry Alvarado, a través del cual se autoriza de manera formal el funcionamiento del negocio con el nombre de “Choricería Liz”, documental que se encuentra corroborada por la certificación a fs. 17 donde se establece que esa autorización fue otorgada en la gestión 1989 y se vino renovando periódicamente; además de existir las certificaciones de fs. 14 y 16 que ratifican lo indicado; como también cursa a fs. 15 registro único de contribuyentes bajo el régimen simplificado en el rubro de la actividad económica de restaurantes y hoteles otorgado en forma posterior, a nombre del actor Wendel Natan Henry Alvarado.

Respecto a la prueba de inspección judicial cuya acta cursa de fs. 2201 a 2202 (se deja establecido que existe reiteración en la foliación, el acta de inspección se encuentra en las últimas fojas del cuerpo N° 11); esta prueba no fue tomada en cuenta por el Tribunal de apelación; en dicho actuado procesal la autoridad judicial verificó personalmente que en el inmueble objeto de usucapión se encuentra funcionando la actividad comercial de gastronomía con los enseres y actividades típicas que implica el negocio al cual se dedican los codemandantes, además de verificar en otros ambientes la existencia de una oficina; en cuanto a las mejoras introducidas en el inmueble, solo se hace constar la intervención de los abogados patrocinantes, cuyas aseveraciones no son las idóneas para establecer la antigüedad de las mejoras, correspondiendo para tal efecto remitirse a la prueba pericial de fecha 12 de marzo de 2008 que cursa a fs. 461, donde el perito de oficio indica que las construcciones y mejores son antiguas que atan de muchos años (más de 10 años), dando a conocer que se habría realizado el cambio total de la cubierta del techo, muros, revoque de paredes con revestimiento de cerámica interna y externamente, como también cambio en el piso por cerámica, etc.

Las referidas pruebas, se bien hizo referencia el Tribunal de segunda instancia, a excepción de la inspección judicial, empero, no fueron valoradas en su real dimensión, cuando dichas pruebas acreditan por una parte que la actividad comercial de venta de alimentos fue implementada o dio inicio incluso antes del 1985 a nombre de una de las codemandantes como propietaria del negocio, y por otra parte, la introducción de mejoras en el inmueble que no son de mera conservación; por el contrario tienen la finalidad de introducir cambios sustanciales que solo el que ostenta la calidad de propietario puede realizarlos en esa magnitud y son además de data antigua; hechos que denotan el ejercicio de actos posesorios de manera continua y permanente por parte de los demandantes con la intención de ser dueños del inmueble objeto de litigio dentro de los alcances que establece el art. 138 con relación al art. 87 del Código Civil, concurriendo de esta manera los elementos del corpus y el ánimus en la posesión alegada. Establecida como se encuentra la posesión de los recurrentes, a continuación se ingresa al análisis de los actos interruptivos de la posesión que señaló el Ad quem, cuyos fundamentos fueron motivo de reclamo en el recurso de casación y que se encuentran descritos en el punto 2 del resumen bajo la denuncia de violación del art. 1503 del Código Civil, ya que el Tribunal de apelación habría establecido de manera arbitraria su propio cómputo del comienzo de la posesión cambiando los puntos de hecho a probar fijados en el auto de relación procesal de fs. 1252 y los actuados procesales a los cuales hizo referencia dicho Tribunal calificando como actos interruptivos, ninguno cumplirían con la citada disposición legal. Inicialmente, corresponde referirse al argumento de que el Tribunal de apelación habría establecido su propio cómputo del comienzo de la posesión, cambiando los puesto de hecho a probar, y en ese sentido diremos que de acuerdo al espíritu de la norma legal contenida en el art. 138 del Código Civil, la posesión como presupuesto legal para consolidar la usucapión decenal, al margen de los elementos del corpus y el ánimus, debe cumplir con los requisitos de ser pública, pacífica, continuada e ininterrumpida durante 10 años, aspectos que deber ser analizados con base en las pruebas al momento de emitir resolución de fondo en cualquier instancia y etapa del proceso de acuerdo a los reclamos de las partes litigantes y como resultado de esa labor la autoridad judicial puede llegar a establecer el cómputo de la posesión distinto a los alegados por la parte demandante, como también interrupciones a la misma, sin que esto de ningún modo implique generar cambio de los puntos de hecho a probar; otra cosa distinta significa que ese razonamiento sea el adecuado.

En el caso presente, del contenido del Auto de relación procesal de fs. 1252 vta., se advierte que en el numeral 3 fue fijado como un punto de hecho a probar para la parte demandante de usucapión, “Demostrar que desde 1985 a la fecha con ánimo de dueños están en posesión quieta, pública, pacífica e ininterrumpida por más de 10 años del 50% del inmueble signado con el No. 20, es decir de 87.82 mts2, ubicados en la acera este de la plaza 15 de agosto de esta ciudad” (textual). En sujeción a dicho punto de probanza, el Tribunal de apelación procedió a analizar el caso sobre la base de las pruebas que cursan en antecedentes del proceso, llegando a establecer que la posesión no reúne las condiciones de ser continuada, identificando como hechos interruptivos los actuados procesales ocurridos en dos fechas o momentos distintos; el primero, consistente en el registro del derecho propietario en Derechos Reales de fecha 02 de diciembre de 1993 a favor de la adjudicataria Dolores Maldonado Tordoya contenido en el Testimonio N° 696/93 de venta judicial de 18 de noviembre emergente de un juicio de concurso de acreedores y, el segundo, la posesión judicial el 22 de julio de 1996 sobre el inmueble motivo de conflicto a la nombrada persona conforme daría cuenta la literal de fs. 585 a 586 vta.; además de hacer referencia al Testimonio N° 14/96 de 13 de febrero de 1996 de testamento abierto otorgado por Julio Alvarado Flores a favor de sus dos nietos Miqueas Julio y Richard Julius Alvarado Rodríguez, cursante a fs. 42 y vta. y 2020 y vta., cuyos fundamentos corresponden ser analizados a la luz del art. 1503 del Código Civil y establecer si los fundamentos del Ad quem son correctos o no. Al respecto, si bien el art. 1538 del Código Civil establece que el registro del título otorga la publicidad del derecho frente a terceros; empero, dicha norma legal es genérica y tiene por finalidad permitir a terceras personas interesadas en realizar algún negocio jurídico sobre determinados bienes, pueden acceder a información para conocer la situación jurídica de los mismos. La sola inscripción del registro del título en dicha instancia no tiene la característica de constituir una citación y/o notificación que tenga la finalidad de interrumpir el término de la prescripción conforme se tiene señalado en la doctrina aplicable, ya que dicho acto administrativo no se encuadra dentro de los alcances que establece el art. 1503 del sustantivo civil para interrumpir el ejercicio del derecho, en este caso de la posesión, para que los demandantes puedan asumir defensa de su posesión si así vieren por conveniente; la citada norma legal reduce el ámbito de acción a una demanda judicial, un decreto o acto de embargo debidamente notificados a quien se pretende impedir el ejercicio del derecho. Al margen de lo señalado, el acto de posesión judicial fue realizado el 18 de julio de 1996; es decir, cuando ya operó la usucapión, toda vez que los demandantes alegaron tener la posesión del 50% del inmueble desde el año 1985, lo que implica que a 1995 ya transcurrieron los 10 años de posesión exigidos por el art. 138 del Código Civil; consiguientemente, la referida posesión judicial, como se indicó en la doctrina aplicable, no puede ser considerado como acto que interrumpió la posesión ejercida y por ende la usucapión consolidada de los actores. Por último, el Tribunal de apelación también hace referencia al testamento abierto otorgado por Julio Alvarado Flores a favor de sus dos nietos Miqueas Julio y Richard Julius Alvarado Gutiérrez, contenido en el Testimonio N° 14/96 de 13 de febrero de 1996, cuya documental cursa a fs. 42 vta. y 3220 vta.; al respecto, simplemente corresponde indicar que ese acto de última voluntad fue realizado de la alícuota parte que le correspondía a Julio Alvarado en el otro 50% del inmueble emergente del derecho de sucesión hereditaria a su fallecida esposa Agustina Calustro y nada tiene que ver con la pretensión de usucapión que fue dirigida con relación al restante 50% rematado en el proceso de concurso de acreedores; de tal modo que el acto testamentario de ninguna manera puede ser considerado con interrupción de la posesión.

El Tribunal de segunda instancia señaló de manera reiterada que, debido al registro de propiedad en Derechos Reales, la posesión judicial y sobre todo el acto del testamento abierto analizados anteriormente, no sería cierto y evidente que Julio Alvarado y su esposa Agustina Calustro, hayan otorgado a los demandantes el 50% del inmueble objeto de litis para que lo habiten como dueños. Al respecto, corresponde reiterar y dejar establecido que los demandantes argumentaron que la entrega del inmueble a favor de sus personas se realizó en 1985; para ese año según los antecedentes que se tienen arrimados a la presente causa, aún no se habían iniciado procesos judiciales con relación al inmueble motivo de conflicto; el primer proceso fue el instaurado como demanda ejecutiva el 08 de febrero de 1986, cuyo Auto intimatorio es de 11 del mismo mes y año según dan cuenta las literales de fs. 1682 a 1683, proceso que posteriormente se convirtió en concurso de acreedores, siendo este el primero proceso que fue tramitado y, posteriormente, se generaron una serie de procesos judiciales. Consiguientemente, en el año 1985 no existió ningún impedimento para que los esposos Alvarado-Calustro puedan disponer de la fracción del inmueble a favor de los demandantes, cuyo inicio de posesión conforme se tiene señalado anteriormente, se encuentra acreditado con la prueba testifical de cargo y respaldada con prueba documental. Por todas las consideraciones realizadas, se llega a la conclusión de que el Tribunal de apelación al haber negado a los demandantes la posibilidad de ejercer hechos posesorios sobre el inmueble por la sola condición de ser menores de edad y haber considerado al mismo tiempo que existe interrupción en la posesión, no ha realizado un correcto razonamiento de manera lógica y coherente en la resolución del problema litigioso; pues el solo hecho de establecer que hubo interrupción en la posesión, implica admitir la existencia de posesión válidamente ejercida por los demandantes, ya que la interrupción no puede operar en una posesión que no existe. Al margen de lo señalado, no valoró de manera correcta las pruebas que acreditan la posesión ejercida, lo que le condujo a tomar una decisión equívoca de revocar la Sentencia; ante esa situación corresponde enmendar dicho error con la casación total del Auto de Vista impugnado, manteniendo incólume la Sentencia conforme lo solicitaron los recurrentes. Debe darse establecido que la Juez A quo declaró probada la demanda de usucapión decenal y, en consecuencia, reconoció como legítima propietaria por prescripción adquisitiva únicamente a favor de Liz Juana Henry Alvarado sobre los 87,82 m2 que constituye la totalidad de la fracción del inmueble objeto de demanda; esto tomando en cuenta la concurrencia de coposesión común sobre esta fracción indivisa del inmueble y en esas condiciones la posesión ejercida por cada uno de los coposeedores comprende la totalidad del inmueble demandado de usucapión conforme a la doctrina aplicable que se tiene descrita en el punto III.5 de la presente resolución. Al no haber sido impugnada la Sentencia por el resto de los dos codemandantes Wendel Natan y Rossio Estela ambos Henry Alvarado, quienes en lugar de objetarla, solicitaron se mantenga incólume la misma, lo que implica que estos últimos en aplicación del principio dispositivo que rige la materia, consintieron y aceptaron en que la indicada persona sea la única titular por usucapión sobre la integridad de la fracción demandada y ante la solicitud formulada por la parte adversa, dicho fallo fue objeto de explicación, enmienda y complementación mediante Auto de fecha 09 de agosto de 2018, con el cual se vieron afectados los tres codemandantes, lo que motivó la impugnación de dicho Auto complementario, el mismo que por su naturaleza constituye parte indivisible de la resolución principal.

Finalmente, con relación a la contestación a los recursos de casación, (…). Con relación al argumento expuesto por Reynaldo Mercado Uribe quien hace referencia a la existencia de procesos judiciales mediante los cuales los anteriores propietarios del inmueble habrían ejercido su derecho de propiedad de manera peramente; se debe reiterar que con el proceso de concurso de acreedores, primer proceso de división y partición que culminó con perención de instancia, cuya situación de acuerdo al art. 1504 num. 2) del Código Civil, resulta ineficaz para interrumpir el término de la prescripción y, posteriormente, con el trámite voluntario de posesión judicial realizado el 18 de julio de 1996, no fueron citados los demandantes de usucapión no teniendo el efecto del art. 1503.I del citado Código sustantivo civil y, por consiguiente, no fueron parte de dichos procesos, cuyos resultados no pueden generar efectos jurídicos en contra de los actores, ya que conforme se tiene señalado en la doctrina aplicable, para interrumpir el término de la prescripción, no basta generar procesos judiciales, requiriéndose en todo caso citar de manera expresa con dichos procesos a quien se pretende interrumpir el ejercicio del derecho. Los otros procesos judiciales fueron iniciados a partir de del año 2004, tal es el caso del segundo proceso de división y partición cuando ya se encontraba consolidada la posesión y, por ende, la usucapión decenal; proceso en el cual tampoco se advierte la intervención de los demandantes como partes litigantes o terceros interesados; en el proceso coactivo civil iniciado el 2008, no se les permitió su intervención y pese a los reiterados recursos que interpusieron, se les negó su participación y no puede generar efecto jurídico sobre la usucapión ya operada con anterioridad. Corresponde dejar establecido que los actos jurídicos y procesos judiciales generados con posterioridad a la consolidación de la usucapión por la posesión ejercida de los 10 años, no pueden surtir efectos para enervar el derecho posesorio de los demandantes, toda vez que la posesión y, consiguientemente, la usucapión representa el ejercicio de un verdadero derecho material sobre el inmueble en cuestión dándole la función social respectiva y una vez demostrada tal situación, encuentra pleno respaldo legal en la norma constitucional del art. 56.I de la CPE, así como en los arts. 106, 110, 138 entre otros del Código Civil y se antepone al derecho propietario que solo se expresa en documentos, sin importar cuál sea el origen o la forma que dio nacimiento a ese derecho, aspecto que se debe tener presente. En cuanto a la minoría de edad de los demandantes que impediría el ejercicio del hecho posesorio sobre el inmueble, ya se tiene ampliamente fundamentado; en lo demás, los codemandados deberán estarse a los fundamentos de la presente resolución. Por tosas las consideraciones realizadas, corresponde emitir resolución para el recurso de casación interpuesto por Deyarina Luzmila Alvarado, en la forma prevista por el art. 220.II y para el recurso de casación de los demandantes de usucapión, en la forma prevista por el art. 220.IV, ambos del Código Procesal Civil (sic). a) En relación a la solicitud de declarar improcedente e infundado el recurso de casación, y por lo mismo la ejecución de la Sentencia de primera instancia, condenando en costas, daños y perjuicios, los demandados refirieron que: 1) El proceso de concurso de acreedores, el primer proceso de división y partición que terminó con la perención de instancia, los mismos son ineficaces para interrumpir el término de la prescripción; 2) Además que no fueron citados los usucapiantes con dichos procesos no operando el efecto del art. 1503.I del CC, y al no ser parte de los procesos, los mismos no pueden generar sus efectos jurídicos, ya que para interrumpir la prescripción, no basta con activar procesos judiciales, sino es necesario citar con los mismos contra quien se pretende interrumpir su derecho; 3) Los otros procesos que fueron iniciados desde 2004, fueron iniciados cuando ya se encontraba consolidada la posesión, y por consiguiente la usucapión decenal, y el 2008 no se les permitió su participación pese a los recursos presentados; y, 4) Los actos jurídicos y procesos judiciales iniciados posterior a la posesión ejercida de 10 años no puede surtir efecto que enerve el derecho posesorio de los demandantes, estableciéndose que existe respuesta al respecto.

En ese entrever, de la lectura de ambos documentos procesales, es posible remitirnos inicialmente a lo establecido en el Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional referido a la congruencia de las resoluciones como parte esencial del debido proceso, que consiste en la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; que no es limitativa respecto de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa; que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, manteniendo en todo su contenido una correspondencia a partir de un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y argumentos contenidos en la resolución, la cual refiere que dicho principio tiene dos acepciones, los cuales son:

i. La congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales; lo cual, conlleva una prohibición para el juzgador, y es lo relacionado a considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando en consecuencia su consideración y tratamiento a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; dicho de otro modo, el juzgador no puede incurrir en incongruencia ultra petita al conceder o atender algo no pedido; tampoco puede incurrir en incongruencia extra petita al conceder algo distinto o fuera de lo solicitado; y, menos incidir en incongruencia citra petita al omitir o no pronunciarse sobre alguno de los planteamientos de las partes.

ii. La congruencia interna, que hace a la resolución como una unidad coherente, en la que se debe cuidar el hilo conductor que le dota de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; evitando de esta forma que, en una misma resolución existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión. Bajo ese marco, conforme a lo descrito respecto al memorial de respuesta al recurso de casación y el Auto Supremo 350/2022 de 23 de mayo, y si bien, no es el peticionante de tutela quien interpuso el recurso impugnaticio contra la antedicha Resolución; sin embargo, a momento los demandados de pronunciar el Auto Supremo, abordaron los argumentos esgrimidos por el solicitante de tutela en el memorial de contestación al antedicho recurso, de donde se puede establecer que la determinación cuestionada cuenta con una debida congruencia, ya que las autoridades demandadas, dieron respuesta a las peticiones deducidas por el accionante; por lo que, corresponde denegar la tutela solicitada.

Ahora bien, luego de haber realizado el análisis al derecho al debido proceso en su elemento congruencia, y abordando la problemática respectiva, es menester efectuar el análisis de los elementos de fundamentación, motivación y valoración de la prueba; para lo cual, previamente debemos remitirnos a la obligación que tienen todas las autoridades sean estas judiciales o administrativas de emitir resoluciones debidamente fundamentadas y motivadas, como elementos que componen al debido proceso; la cual, fue desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Resolución Constitucional, que en relación a estos dos elementos indicó que:

…la fundamentación se refiere a labor argumentativa desarrollada por la autoridad competente en el conocimiento y resolución de un caso concreto, en el cual está impelido de citar todas las disposiciones legales sobre las cuales justifica su decisión; pero además, y, en casos específicos, en los cuales resulte necesario una interpretación normativa, tiene la obligación efectuar dicha labor, aplicando las pautas y métodos de la hermenéutica constitucional, en cuya labor, los principios y valores constitucionales aplicados, se constituyan en una justificación razonable de la premisa normativa; por su parte, la motivación, está relacionada a la justificación de la decisión a través de la argumentación lógico-jurídica, en la cual se desarrollan los motivos y razones que precisan y determinan los hechos facticos y los medios probatorios que fueron aportados por las partes, mismos que deben mantener una coherencia e interdependencia con la premisa normativa descrita por la misma autoridad a momento de efectuar la fundamentación; asimismo, en cuanto a la justificación, conviene precisar que esta se define como un procedimiento argumentativo a través del cual se brindan las razones de la conclusión arribada por el juzgador.

En ese sentido, las autoridades demandadas, emitieron el Auto Supremo 350/2022 de 23 de mayo, conforme a la Conclusión II.7 de este fallo constitucional, disponiendo la casación total del Auto de Vista 029/2021 de 2 de julio y el Auto Complementario de 25 de octubre del señalado año, y determinaron mantener incólume la Sentencia de primera instancia de 20 de noviembre de 2017, haciendo la aclaración de que la usucapión reconocida en favor de Liz Juana Henry Alvarado es de la totalidad de la superficie de 87,82 m; por lo que, es necesario realizar el análisis acerca del cumplimiento de los requisitos de fundamentación, motivación y valoración de la prueba con las que debe contar la resolución ahora impugnada; así tenemos:

i. Sobre la fundamentación

El Auto Supremo 350/2022 de 23 de mayo, a momento de resolver el recurso de casación, , disponiendo la casación total del Auto de Vista 029/2021 de 2 de julio y el Auto Complementario de 25 de octubre del referido año, y determinaron mantener incólume la Sentencia de primera instancia de 20 de noviembre de 2017, haciendo la aclaración de que la usucapión reconocida en favor de Liz Juana Henry Alvarado es del totalidad de la superficie de 87,82 m, se apoyaron en los preceptos legales contenidos en los arts. 13, 56.I y 256 de la CPE; 6, 66 y 93 del Código del Menor de 30 de mayo de 1975; 5.I.1), 87, 106, 110, 138, 1503, 1504.2) y 1538 del CC; y, 220.II y IV y 272.II del Código Procesal Civil (CPC).

En ese contexto, si bien se puede evidenciar que las autoridades demandadas, a momento de emitir el Auto Supremo ahora impugnado, fundamentaron su decisión en las normas jurídicas tanto en la Constitución Política del Estado, el Código del Menor de 1975, el Código Civil y Código Procesal Civil; empero, se puede advertir que los Magistrados demandados, simplemente señalaron argumentos jurídicos y subjetividades con las que pretendieron justificar: a) El derecho que los demandantes de usucapión tenían cuando eran menores de edad para actuar como poseedores de un bien inmueble; y, b) Que los procesos judiciales tales como el coactivo civil que culminó en un remate, no interrumpía la prescripción de la posesión del inmueble; sin analizar y dar fiel cumplimiento a lo dispuesto en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Resolución Constitucional, que en casos específicos y al ser necesario se debe realizar una interpretación normativa; pues, en el caso que nos ocupa, al tratarse de actos de posesión de menores de edad, y de procesos judiciales que terminaron en remates del bien inmueble, las autoridades demandadas, debieron haber efectuado una interpretación normativa del art. 6 del Código del Menor, en relación a que si los menores de edad pueden acceder a la posesión de un bien inmueble cuando sus padres aún se encuentran con vida y ocupando el mismo bien inmueble; y, analizar cuáles son las causales y/o los presupuestos establecidos en la Ley y en la misma jurisprudencia tanto ordinaria como constitucional para interrumpir el plazo de la prescripción adquisitiva, aspectos en base a los métodos específicos, con el fin de otorgar una tutela judicial efectiva no solo al impetrante de tutela, sino a las partes que integran el proceso -demandante, demandados, terceros interesados, presuntos herederos, etc.-; ya que, de forma específica no se realizó una adecuada interpretación del art. 6 del Código del Menor, las normas insertas en el Código Civil y el Código Procesal Civil, con la que se deba determinar si los menores de edad que viven con sus padres en un mismo inmueble, pueden acceder al derecho de posesión; y, si los procesos judiciales -ejecutivo, coactivo civil, remate, etc.- tienen el efecto de interrumpir el plazo de prescripción adquisitiva; aspectos que, no se encuentran descritos en la fundamentación de la resolución ahora denunciada, al tratarse de derecho patrimonial privado la cual merece una labor argumentativa y jurídica de los demandados; por lo que, se puede advertir, que el Auto Supremo 350/2022 de 23 de mayo no cuenta con la debida fundamentación exigida por la jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, correspondiendo conceder la tutela al respecto.

ii. Respecto a la motivación

En ese contexto, las autoridades demandadas, a momento de disponer la casación total del Auto de Vista 029/2021 de 2 de julio y el Auto Complementario de 25 de octubre del citado año, y determinaron mantener incólume la Sentencia de primera instancia de 20 de noviembre de 2017, haciendo la aclaración de que la usucapión reconocida en favor de Liz Juana Henry Alvarado es de la totalidad de la superficie de 87,82 m por medio del Auto Supremo 350/2022 de 23 de mayo, refirieron que: a) Existe la posibilidad que los menores de edad puedan hacer valer sus derechos en una cierta edad efectuando la posesión directa sobre bienes inmuebles, y consolidar en su favor el derecho de propiedad, cuando cumplan con todos los requisitos de procedencia y que los poseedores tengan la capacidad de discernimiento; b) El negar la posesión por el hecho de ser menores de edad, no condice con los postulados, valores y principios del Estado Constitucional de Derecho, ya que los derechos personalísimos no deben ser considerados estáticos sino progresivos conforme lo establece la Norma Fundamental; c) El Código del Menor de 30 de mayo de 1975 -vigente al momento del proceso- establece que los menores de edad a partir de los 14 años podían contratar o comprometer por sí solos sus servicios personales laborales, siendo el art. 6 la que establece que los menores de edad al contar con un discernimiento tenían la capacidad de realizar y conducirse conforme a ley y asumir responsabilidades de orden civil y laboral; por lo que, también tienen derecho para usucapir; d) Los testigos de cargo coinciden en indicar que los demandantes realizaban actividad comercial de venta de alimentos; así también la posesión se evidencia con que el inmueble no solo fue utilizado como vivienda, sino como una actividad comercial de venta de alimentos; e) Existe el Padrón Municipal 1-00000644 a nombre de Liz Juana Henry Alvarado, que autoriza la venta de alimentos desde 1989, evidenciándose además el Registro Único de Contribuyentes en el Régimen Simplificado a nombre de Wendel Natan Henry Alvarado; f) Sobre la inspección judicial, la misma no fue tomada en cuenta por el Tribunal de apelación, en la cual se verificó que en el inmueble se encuentra en funcionamiento el antedicho negocio, verificando además la existencia de una oficina, además se puede establecer conforme al Informe Pericial que las mejoras datan de más de 10 años, pruebas que no fueron valoradas en una real dimensión por el Tribunal de Segunda Instancia en la que se acreditó la actividad comercial, la introducción de mejoras en el inmueble, haciendo denotar los actos posesorios de manera continua y permanente de los demandante con la intención de ser dueños del mismo; g) El Auto de Relación Procesal, en el punto 3 establece como un hecho a probar a los demandantes, que dese 1985 poseían el bien inmueble con ánimo de dueños de forma quieta, pública, pacífica e ininterrumpida por más de diez años; aspectos que, se indicaron que en dos oportunidades dicha posesión fue interrumpido, como lo es los procesos judiciales; sin embargo, el registro del título es genérica y con la simple finalidad de permitir a otras personas a realizar algún negocio jurídico sobre determinados bienes; h) La inscripción del título no es una citación o notificación con la finalidad de interrumpir la prescripción; ya que, dicho acto administrativo no está acorde a lo establecido en el art. 1503 del CC; asimismo, en el proceso de concurso de acreedores, los demandantes de usucapión no fueron citados ni integrados en el proceso; puesto que, no formaron parte del proceso; i) El acto de posesión fue realizado el 18 de julio de 1996, cuando se operó la usucapión, pues se alegó la posesión desde el año 1985; por lo que, a 1995 se cumplió con los 10 años exigidos por el Código Civil; j) El proceso de concurso de acreedores, el primer proceso de división y partición que terminó con la perención de instancia, los mismos son ineficaces para interrumpir el término de la prescripción; k) Además que no fueron citados los usucapiantes con dichos procesos no operando el efecto del art. 1503.I del CC, y al no ser parte de los procesos, los mismos no pueden generar sus efectos jurídicos; ya que, para interrumpir la prescripción, no basta con activar procesos judiciales, sino es necesario citar con los mismos contra quien se pretende interrumpir su derecho; l) Los otros procesos que fueron iniciados desde 2004, fueron iniciados cuando ya se encontraba consolidada la posesión, y por consiguiente la usucapión decenal, y el 2008 no se les permitió su participación pese a los recursos presentados; y, m) Los actos jurídicos y procesos judiciales iniciados posterior a la posesión ejercida de 10 años no puede surtir efecto que enerve el derecho posesorio de los demandantes.

Ahora bien, conforme se desarrolló en el acápite anterior, respecto a la fundamentación, que la resolución cuestionada no cuenta con dicho elemento del debido proceso, es menester examinar si dicha determinación cuenta o no con la debida motivación; es decir, la subsunción de los hechos con las normas jurídicas que sirvieron como base para tomar la decisión impugnada, si se valoraron de forma objetiva las pruebas aportadas en el caso concreto, realizando esa argumentación lógico-jurídica, explicando los motivos y las razones de dicha determinación, las que deben guardar coherencia e interdependencia con la norma jurídica a momento de fundamentar la decisión, elementos que fueron desarrollados de forma abundante en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Resolución Constitucional, las que deben ser cumplidas por toda autoridad sea esta judicial o administrativa, y el no hacerlo la misma se tornaría en arbitraria y por ende sin efecto legal alguno.

En ese sentido, de los antecedentes compulsados, se puede advertir que el recurso de casación y la respuesta a dicho recurso que fue presentada por el peticionante de tutela contra el Auto de Vista 029/2021 de 2 de julio y su Auto Complementario de 25 de octubre del señalado año, se puede observar que los argumentos esgrimidos por los Magistrados demandados a momento de emitir el Auto Supremo 350/2022 de 23 de mayo -ahora impugnado- no son nada claros, precisos y legales; ya que, no explicaron por qué consideraron que un menor de edad puede realizar actos de posesión cuando sus padres están vivos y habitan el mismo bien inmueble, pues como se pudo observar no se hizo una interpretación a las normas insertas en el Código del Menor de 1975 vigente en aquel entonces, la que si bien establecía que un menor de edad desde los 14 años podía efectuar actos de posesión; sin embargo, no dieron una argumentación jurídica, que si los padres seguían vivos y habitaban el bien inmueble, se aplicaba o no los actos de posesión o si se aplicaba la figura de “tolerado” en relación a los hijos mientras los padres estén vivos; aspectos que no se encuentran insertos en el contenido del Auto Supremo ahora cuestionado; ya que, en lugar de dotar de un trabajo lógico-jurídico intelectivo propio con base en las normas que sirvieron para fundamentar su decisión, sino que utilizaron meras subjetividades que no guardan relación con las normas aplicadas a momento de declarar fundado el recurso de casación, aspectos estos que hacen denotar que la Resolución cuestionada no subsumió sus motivaciones a las normas utilizadas, menos a la interpretación normativa a la que estaban obligados efectuar.

Asimismo, no señalaron en que norma jurídica que utilizaron para fundamentar su decisión de declarar fundado el recurso de casación, en la cual de forma clara y precisa se señale que los procesos judiciales de concurso de acreedores, división y partición; coactivo civil, remate y otros, no servían o no estaban destinados a interrumpir el plazo de la prescripción, o que la inscripción el título de propiedad en las oficinas de DD.RR., no se consideraba una citación o notificación para dar a conocer a terceros sobre la interrupción de la prescripción; aspectos estos que, no se encuentran debidamente explicados con la subsunción a las normas jurídicas utilizadas en el Auto Supremo cuestionado; y por último, de manera irresponsable señalaron que los demandantes de usucapión no fueron citados en los procesos judiciales, ni ante la admisión de los mismos fueron insertados como demandados, presuntamente vulnerando sus derechos como poseedores del bien inmueble en litigio, argumentos que no hacen una relación como se dijo precedentemente que a momento de presuntamente operar la posesión del inmueble, los demandantes vivían en el mismo con sus padres, en la que no explicaron si en dicho escenario operaría la figura de la “toleración” y en caso de operar la posesión, tampoco explicaron de forma legal y argumentativa en qué momento se hubiere intervertió la calidad de tolerado a poseedor, con la cual recién se podía dar inicio a la prescripción adquisitiva, además que de forma irresponsable mencionaron que su determinación se encontraba abalada por la misma jurisprudencia ordinaria, sin señalar de manera clara cual dicha jurisprudencia y se aplicaba a un caso similar en relación a que la posesión de un bien inmueble puede ser ejercido por menores de edad cuando viven en el mismo inmueble con sus padres aún con vida; aspectos estos que, a más de dar argumentos subjetivos y nada objetivos se aleja de toda orden normativo que fue utilizado de forma temeraria a momento de emitir el Auto Supremo demandado, la cual no cuenta con los argumentos lógico-jurídicos exigidos por la Ley y la jurisprudencia constitucional, que los demandados estaban en la obligación de realizarlo, pues conforme el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, es obligación de la autoridad ya sea judicial o administrativa al momento de emitir sus resoluciones, de explicar, justificar y argumentar respecto a la subsunción de los hechos con el derecho; elementos que de forma vaga y somera pueden apreciarse en el contenido de la resolución ahora impugnada -fundamentación-; empero, no sucede lo mismo a momento de motivar su decisión, pues todos los argumentos normativos no fueron explicados con una argumentación lógico-jurídica en el contenido de la resolución; haciendo evidente que el Auto Supremo 350/2022 de 23 de mayo, no se encuentra debidamente motivado, correspondiendo conceder la tutela solicitada.

iii. En cuanto a la valoración de la prueba

En ese contexto, en relación a la revisión de la prueba en sede constitucional, el Fundamento Jurídico III.3 de esta Resolución Constitucional, señala que para que este Tribunal Constitucional Plurinacional pueda efectuar dicha labor, se debe tomar en cuenta:

Primero.- La valoración de la prueba es una actividad propia de las juezas, jueces y de las autoridades administrativas; Segundo.- La justicia constitucional puede revisar la valoración cuando: 1) las autoridades se apartan de los marcos legales de razonabilidad y equidad; 2) De manera arbitraria omiten considerar las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y, 3) Basan su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado en la argumentación; Tercero.- La competencia de la justicia constitucional en el análisis de la revisión de la valoración de la prueba, se reduce a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa o a constatar una actitud omisiva en esa tarea o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, desconociendo el principio de verdad material; y, Cuarto.-Las irregularidades en la valoración de la prueba solo darán lugar a la concesión de la tutela cuando incidan en el fondo de lo demandado y sea la causa de la lesión de derechos y/o garantías constitucionales.

Ahora bien, el solicitante de tutela de tutela, indica que las autoridades demandadas efectuaron una valoración incorrecta a los medios probatorios aportados; por la que, demostró que los menores de edad no pueden usucapir o actuar como poseedores; por lo que, presentaron su demanda antes del cumplimiento del plazo de la causa. En ese contexto, hay que tener en cuenta que en base a lo establecido en el Fundamento Jurídico III.3 de esta Resolución Constitucional, una causal para poder ingresar a analizar la valoración de la prueba en sede constitucional es cuando las autoridades sean judiciales o administrativas, de forma arbitraria omiten considerar las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y, cuando basan su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado en la argumentación.

Ahora bien, como se indicó en el acápite citado precedentemente, uno de los análisis que deben realizar toda autoridad sea ésta judicial o administrativa a momento de efectuar la motivación, es la valoración de las pruebas aportadas por las partes; empero, como se señaló precedentemente, la Resolución ahora impugnada carece de la respectiva motivación, advirtiéndose que no cuenta con dicho elemento del debido proceso; por lo mismo, también se puede concluir que las autoridades demandadas a momento de emitir su resolución no realizaron un examen y análisis de todas las pruebas aportadas por el accionante; ya que, simplemente se limitaron a señalar meras presunciones subjetivas, sin desmenuzar cada una de las pruebas inmersas en el proceso de usucapión, incurriendo en una omisión valorativa, correspondiendo conceder la tutela solicitada. 2. En relación a la segunda problemática

La parte impetrante de tutela denuncia la lesión de su derecho a la propiedad privada; toda vez que, dentro el proceso civil de usucapión presentado por Liz Juana, Rossio Estela y Wendel Natan todos de apellidos Henry Alvarado, interpusieron demanda de usucapión contra Heidy Katterine Camacho Maldonado, Tebaida Blanca Castro Alvarado, Rene Monrroy Zeballos, Giovanna Gamboa de Monrroy, presuntos herederos de Julio Alvarado Flores, presuntos herederos de Agustina Calustro de Alvarado; presuntos herederos de Dolores Maldonado Tordoya y presuntos interesados, luego de que la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba por medio del Auto de Vista 029/2021 de 2 de julio dispusiera dejar sin efecto la Sentencia de 20 de noviembre de 2017, y por lo mismo declarara improbada la demanda de usucapión y probada la excepción de falsedad en la demanda planteada por su persona; y, ante la interposición del recurso de casación, los Magistrados demandados emitieron el Auto Supremo 350/2022 de 23 de mayo por el cual dispusieron la casación total del Auto de Vista 029/2021 de 2 de julio y el Auto Complementario de 25 de octubre del citado año, y determinaron mantener incólume la Sentencia de primera instancia de 20 de noviembre de 2017, haciendo la aclaración de que la usucapión reconocida en favor de Liz Juana Henry Alvarado es de la totalidad de la superficie de 87,82 m; ya que, al haber determinado la Casación total del mencionado Auto de Vista y su Auto Complementario; y, por consiguiente mantener incólume la Sentencia de primera instancia de 20 de noviembre de 2017, desconocieron su derecho propietario que fue adquirido por medio de adjudicación judicial el 10 de febrero de 2009 a través de un remate judicial en el proceso ejecutivo; la cual, fue eliminado por los demandados. En ese contexto, en relación al derecho a la propiedad privada y sus restricciones, el Fundamento Jurídico III.4 de este fallo constitucional, señaló que:

En el ordenamiento jurídico interno, el art. 105 del Código Civil (CC), identifica al derecho de propiedad como un poder jurídico que permite usar, gozar y disponer de una cosa, derecho que debe ser ejercido en forma compatible con el interés colectivo, dentro de los límites y con las obligaciones que establece el ordenamiento jurídico.

Por lo expuesto se infiere que el derecho a la propiedad es reconocido por nuestra Constitución como un derecho fundamental, el cual no es absoluto sino puede ser afectado o restringido; empero, para que esta afectación se concretice debe responder a una ley aprobada por el legislador para casos específicos, caso contrario se constituye en una afectación arbitraria que vulnera el derecho a la propiedad. Finalmente, en lo que respecta a la función social, dicha limitante para el ejercicio del derecho a la propiedad privada se encuentra dirigida a evitar el ejercicio abusivo del referido derecho y que el legislador lo regule de manera tal que haga conveniente para el particular la utilización de los bienes para fines socialmente útiles, no siendo igual al fin social a seguirse por parte del Estado en la administración de los recursos públicos, toda vez que el administrado no es un agente público (las negrillas fueron añadidas).

Ahora bien, el peticionante de tutela denuncia la vulneración al derecho a la propiedad privada; puesto que, los Magistrados demandados a momento de declarar fundado el recurso de casación desconocieron su derecho propietario al no valorar su inscripción en DD.RR., su Testimonio de venta judicial, las que fueron aportadas en el proceso; es así que, dicha denuncia tiene asidero legal; ya que, conforme se demostró en los acápites relacionado a los elementos de motivación y valoración probatoria, se pudo observar que los Magistrados demandados no explicaron, por qué consideraron que un menor de edad puede realizar actos de posesión cuando sus padres están vivos y habitan el mismo bien inmueble, tampoco señalaron que los procesos judiciales de concurso de acreedores, división y partición; coactivo civil, remate y otros, no servían o no estaban destinados a interrumpir el plazo de la prescripción, o que la inscripción el Título de Propiedad en las oficinas de DD.RR., no se consideraba una citación o notificación para dar a conocer a terceros sobre la interrupción de la prescripción;

por lo cual, carece de dichos elementos, se puede observar que con dichas aseveraciones vulneran el derecho a la propiedad privada del solicitante de tutela; puesto que, no tomaron en cuenta el registro propietario que este cuenta en las oficinas de DD.RR., bajo la Matrícula Computarizada 3.09.1.01.0000388 (Conclusión II.2), violentando todos los elementos que conllevan el derecho a la propiedad privada la cual consiste en usar, gozar, disfrutar y disponer de la cosa; puesto que, actuaron de forma contraria a la norma jurídica y a la jurisprudencia constitucional, correspondiendo conceder la tutela al respecto. En consecuencia, la Sala Constitucional al denegar la tutela impetrada, obró de forma parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 203/2022 de 29 de diciembre, cursante de fs. 618 a 625 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del departamento de Cochabamba; en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, en relación al derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y valoración de la prueba, respecto a la primera problemática; y, al derecho a la propiedad privada en relación a la segunda problemática en base a los fundamentos jurídicos plasmados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, y por consiguiente:

1.1° Se deja sin efecto el Auto Supremo 350/2022 de 23 de mayo, debiendo la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia en el plazo de setenta y dos horas de notificados con la presente Resolución Constitucional emitir un nuevo Auto Supremo respetando los derechos que fueron conculcados anteriormente. 2° DENEGAR la tutela solicitada, respecto al derecho al debido proceso en su elemento congruencia en relación a la primera problemática en base a los argumentos esgrimidos en esta Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. Se hace constar que la Magistrada MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo, es de Voto Aclaratorio.

MSc. Georgina Amusquivar Moller MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo MAGISTRADA MAGISTRADA

Notas al pie

1 SCP 0316/2010-R de 15 de junio, Fundamento Jurídico III.3.2 “La Constitución Política del Estado en consideración a la naturaleza y los elementos constitutivos del debido proceso como instituto jurídico y mecanismo de protección de los derechos fundamentales, lo consagra como un principio, un derecho y una garantía, es decir, la naturaleza del debido proceso es reconocida por la Constitución en su triple dimensión: como derecho fundamental de los justiciables, de quien accede reclamando justicia, la víctima y de quien se defiende el imputado. A la vez es un principio procesal, que involucra la igualdad de las partes art. 119.I CPE y una garantía de la administración de justicia, previniendo que los actos del proceso se ceñirán estrictamente a reglas formales de incuestionable cumplimiento. De esa triple dimensión, se desprende el debido proceso como derecho fundamental autónomo y como derecho fundamental indirecto o garantía, que a decir de Carlos Bernal Pulido en: El Derecho de los Derechos: "El derecho fundamental al debido proceso protege las facultades del individuo para participar en los procedimientos del Estado constitucional democrático y el ejercicio dentro del marco de dicho procedimiento de las facultades de hacer argumentaciones, afirmaciones, aportar pruebas, y las capacidades de rebatir los argumentos de los demás y de autocriticarse (…) es un mecanismo para la protección de otros derechos fundamentales en el estado democrático. El respeto a los debidos procesos garantiza en la democracia el respeto a la libertad, la igualdad, los derechos políticos o de participación y los derechos sociales" (sic). (…).

2 Corte Interamericana de Derechos Humanos Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) vs. Venezuela, Sentencia de 5 de agosto de 2008 (Excepción preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas).

3 La jurisprudencia constitucional expresada en la SC 0902/2010-R de 10 de agosto, refiere respecto a los elementos que componen a la garantía general del debido proceso en los siguientes términos: “En consonancia con los tratados internacionales citados, a través de la jurisprudencia constitucional se ha establecido que los elementos que componen al debido proceso son el derecho a un proceso público; derecho al juez natural; derecho a la igualdad procesal de las partes; derecho a no declarar contra si mismo; garantía de presunción de inocencia; derecho a la comunicación previa de la acusación; derecho a la defensa material y técnica; concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa; derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas; derecho a la congruencia entre acusación y condena; la garantía del non bis in idem; derecho a la valoración razonable de la prueba; derecho a la motivación y congruencia de las decisiones (SSCC 0082/2001-R, 0157/2001-R, 0798/2001-R, 0925/2001-R, 1028/2001-R, 1009/2003-R, 1797/2003-R, 0101/2004-R, 0663/2004-R, 022/2006-R, entre otras); sin embargo, esta lista en el marco del principio de progresividad no es limitativa, sino más bien enunciativa, pues a ella se agregan otros elementos que hacen al debido proceso como garantía general y que derivan del desarrollo doctrinal y jurisprudencial de este como medio para asegurar la realización del valor justicia, en ese sentido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Opinión Consultiva OC-16/99 de 1 de octubre de 1999, ha manifestado: "En opinión de esta Corte, para que exista "debido proceso legal" es preciso que un justiciable pueda hacer valer sus derechos y defender sus intereses en forma efectiva y en condiciones de igualdad procesal con otros justiciables. Al efecto, es útil recordar que el proceso es un medio para asegurar, en la mayor medida posible, la solución justa de una controversia. A ese fin atiende el conjunto de actos de diversas características generalmente reunidos bajo el concepto de debido proceso legal. El desarrollo histórico del

10 “…la suscrita Magistrada, en atención a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2.1 de este fallo, considera que, en un Estado constitucional de derecho, como lo asumido por el nuestro, que por voluntad del constituyente, se incorporaron en la Constitución Política del Estado, un conjunto de derechos y garantías constitucionales en favor de las personas, que constituyen al Estado Plurinacional de Bolivia, en un Estado garantista; lo cual, implica que, el Tribunal Constitucional Plurinacional, conforme al art. 196 de la CPE en su misión de precautelar por la vigencia de los derechos y garantías constitucionales, debe ajustar sus razonamientos al carácter progresivo y al principio de favorabilidad de los derechos fundamentales (arts. 13.I y 256.I de la CPE); en ese entender, es imperioso aplicar entendimientos y razonamientos más favorables y menos restrictivos para el acceso a la justicia constitucional en cuanto a su invocación de tutela; razón por la cual, respecto a las denuncias de vulneraciones relacionadas a la valoración de la prueba, esta Magistratura luego de advertir dos entendimientos diferentes al respecto, en apego a la jurisprudencia constitucional desarrollada en el citado Fundamento Jurídico III.2.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, opta por seguir y aplicar las razones jurisprudenciales desarrolladas en la SCP 0297/2018-S2, que se constituyen en el estándar más alto conforme lo desplegado en el Fundamento Jurídico III.2.1 de este fallo.”

11 Corte IDH, Caso Ivcher Brostein vs. Perú. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 6 de febrero de 2001, párr. 122.

12 Corte IDH, Caso del Pueblo Saramaka vs. Suriman. Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, Sentencia de 28 de noviembre de 2007, párr. 127.

13 Corte IDH, Caso Salvador Chiriboga vs. Ecuador. Excepción preliminar y fondo. Sentencia de 6 de mayo de 2008, párr. 75.

14 Corte IDH, Caso Comunidad Indígena Yekye Axa vs. Paraguay. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 17 de junio de 2005, párr. 145; Corte IDH, Caso Ivcher Broestein vs. Perú. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 17 de junio de 2005, párr. 145.

15 Corte IDH, Caso del Pueblo Saramaka vs. Suriman. Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2007, párr. 127; Corte IDH, Caso Comunidad Indígena Yakye Axa vs. Paraguay. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 17 de junio de 2005, párr. 144 y 145.

16 Corte IDH, Caso del Pueblo Saramaka vs. Surinman. Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, sentencia de 28 de noviembre de 2007, párr. 128.

17 Corte IDH, Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica. Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 2 de julio de 2004, párr. 210.

18 SCP 0121/2012 de 2 de mayo.

Más sobre Acción de amparo — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0687_2024-S1.pdf · páginas 1 a 53.

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