B.IA.LEGAL

SCP 0686/2023-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 20 de julio de 2023

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
20 de julio de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Brigida Celia Vargas Barañado
Expediente
44111-2021-89-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante por medio de sus representantes, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso en sus elementos de motivación, fundamentación y congruencia, y a la presunción de inocencia; toda vez que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión de los delitos de uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes, se encontraba detenido preventivamente por más de ocho meses; empero, realizada la audiencia de verificación de cumplimiento de medidas cautelares, se emitió el Auto Interlocutorio 873/2021 de 26 de octubre; por el cual, se rechazó su solicitud manteniendo su detención preventiva; por ello, interpuso recurso de apelación incidental, resuelto mediante Auto de Vista 628/2021 de 6 de noviembre, pronunciado por la Vocal demandada, quien declaró la improcedencia del mismo, dejando firme y subsistente el citado Auto Interlocutorio; situación que, es lesiva a sus derechos y garantías; toda vez que, el citado Auto de Vista solo realizó una descripción de antecedentes y observaciones respecto al incumplimiento de formalidades, sin tomar en cuenta que se encuentra ilegal e indebidamente privado de su libertad y sin fijación de término de su detención preventiva. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 40/2021 de 12 de noviembre, cursante de fs. 131 a 133, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Décimo de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. El debido proceso y la exigencia de la debida fundamentación y motivación en las decisiones
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0686/2023-S2 Sucre, 20 de julio de 2023 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Brigida Celia Vargas Barañado Acción de libertad Expediente: 44111-2021-89-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 40/2021 de 12 de noviembre, cursante de fs. 131 a 133, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Alberto Javier y Pablo Ignacio Morales Vargas en representación sin mandato de Luis Fernando Guizada López contra Silvia Maritza Portugal Espinoza, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 11 de noviembre de 2021, cursante de fs. 84 a 94 vta., el accionante a través de sus representantes, señaló que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión de los delitos de uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes tipificados en los arts. 146 y 154 del Código Penal (CP); la Jueza de Instrucción Anticorrupción y de Materia contra la Violencia hacia las Mujeres Cuarta de la Capital del departamento de La Paz, por medio del Auto Interlocutorio 148/2021 de 3 de marzo, dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro del citado departamento, por el tiempo de seis meses; decisión que fue apelada ante el Tribunal de alzada, la cual mereció respuesta por parte de la Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia del señalado departamento, quien a través del Auto de Vista 182/2021 de 10 de marzo, revocó en parte el aludido Auto Interlocutorio, disponiendo que la referida medida extrema sea solo por tres meses. Consiguientemente, planteó incidente de actividad procesal defectuosa, resuelto por la aluda Jueza mediante el Auto Interlocutorio 188/2021 de 15 del indicado mes, declarando infundado ese incidente; no tomando en cuenta que se encontraba con detención preventiva “…POR UN TIEMPO MAYOR DE OCHO MESES” (sic). Posteriormente, el 9 de agosto de 2021, se desarrolló una nueva audiencia de medidas cautelares, dictándose el Auto Interlocutorio 610/2021 de la misma fecha, el cual sin la debida fundamentación y motivación determinó “…AMPLIAR LA DETENCI[Ó]N PREVENTIVA POR EL LAPSO DE 28 D[Í]AS M[Á]S…” (sic); empero, dicho fallo no se pronunció sobre la solicitud planteada respecto a la aplicación del art. 239.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP) -cesación de la detención preventiva-; toda vez que, el citado Auto Interlocutorio solo dictaminó la ampliación por un periodo de veintiocho días; motivo por el que, interpuso recurso de apelación incidental resuelto por la Sala Penal Cuarta del referido Tribunal Departamental de Justicia, que pronunció el Auto de Vista 479/2021 de 13 de septiembre, revocando en parte el Auto Interlocutorio impugnado, ordenando a la Jueza de la causa pronunciarse sobre la solicitud de la cesación de la medida impuesta; el cual, en cumplimiento de lo determinado por el Tribunal de alzada, dictó el Auto Interlocutorio 761/2021 de 14 septiembre, rechazando la solicitud impetrada, manteniendo firme y subsistente el Auto Interlocutorio 610/2021. Al tener presente nuevos elementos de convicción los cuales sostuvieron que no pudo ser partícipe o autor de los hechos atribuidos, el 5 de octubre del mismo año, solicitó a la aludida Jueza, control jurisdiccional con relación a tres puntos: a) Desdoblamiento del Disco Compacto (CD) sobre imágenes de las cámaras de vigilancia; b) Inspecciones técnicas oculares; y, c) Declaraciones testificales pendientes; siendo resuelta por Auto Interlocutorio 873/2021 de 26 de octubre, determinación que contiene “…una caótica argumentación incompleta, obscura, imprecisa, contradictoria y absurda…” (sic); por tal razón, interpuso recurso de apelación incidental, que mereció el Auto de Vista 628/2021 de 6 de noviembre, pronunciado por la Vocal ahora demandada, quien determinó mantener subsistente el indicado Auto Interlocutorio, aspecto que considera vulneratorio de derechos y garantías; toda vez que, el citado Auto de Vista solamente realizó una relación de actos procesales por incumplimiento de requisitos formales, y no así un análisis de fondo, limitándose a efectuar una descripción de antecedentes y observaciones respecto al incumplimiento de formalidades, sin tomar en cuenta su situación, encontrándose “…ILEGAL E INDEBIDAMENTE PRIVADO DE LIBERTAD SIN FIJACIÓN DE TÉRMINO DE DETENCIÓN PREVENTIVA” (sic).

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso en sus elementos de motivación, fundamentación y congruencia, y a la presunción de inocencia, citando al efecto los arts. 22, 23, 115, 119.II y 120 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 7 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo su libertad; y en consecuencia, se deje sin efecto el Auto de Vista dictado por la Vocal demandada, debiendo emitir nueva resolución en la que se realice un cómputo efectivo de los días y plazo de la detención preventiva conforme al debido proceso.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual el 12 de noviembre de 2021, según consta en acta cursante de fs. 128 a 130, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de sus representantes, ratificó el contenido de la acción de libertad y, ampliándolo señaló que: 1) Al ratificar el Auto Interlocutorio 873/2021, se incurrió en transgresiones al orden público constitucional, en especial al debido proceso vinculado a su libertad personal; toda vez que, se realizó una interpretación de la legalidad ordinaria sin observar principios como el de favorabilidad, pro homine, temporalidad, excepcionalidad y proporcionalidad con respecto a la detención preventiva; 2) Bajo la luz de las reformas de la Ley de Abreviación Procesal Penal y Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, no puede existir una detención preventiva que no tenga plazo; por lo que, al ser poco eficiente el control jurisdiccional, la Jueza de la causa incumplió su deber de controlar eficazmente el término de dicha medida extrema; y, 3) Acudió a la vía constitucional; debido a que, se encuentra detenido preventivamente de manera indebida y arbitraria, además de haberse operado en su caso el principio de reforma en perjuicio, aspecto por el cual, no tiene ningún medio ordinario para efectuar su reclamo.

I.2.2. Informe de la demandada

Silvia Maritza Portugal Espinoza, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante informe escrito presentado el 12 de noviembre de 2021, cursante de fs. 126 a 127 vta., manifestó que: i) El peticionante de tutela no señaló de forma expresa, de qué manera estuviera su vida en peligro, o se encontraría ilegalmente perseguido o indebidamente procesado, así como, tampoco fue clara su pretensión; ii) En el presente mecanismo de defensa, el solicitante de tutela no identificó de manera precisa cómo fueron vulnerados sus derechos y garantías; debido a que, solo realizó una enunciación de manera genérica de antecedentes en la cual no diferencia la conducta lesiva de la autoridad demandada; y, iii) Se debe tener en cuenta que el prenombrado en audiencia de apelación, únicamente solicitó una audiencia de verificación de medidas cautelares amparándose en el art. 24 de la CPE; empero, no hizo ninguna mención a las disposiciones contenidas por el Código Adjetivo Penal; toda vez que, si pretendía la cesación de la detención preventiva por cumplimiento de plazo, este pudo impetrar la misma invocando lo establecido por el art. 239.2 del CPP.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal Décimo de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 40/2021 de 12 de noviembre, cursante de fs. 131 a 133, concedió la tutela solicitada, disponiendo dejar sin efecto el Auto de Vista 628/2021, debiendo la autoridad demandada una vez notificada con el presente fallo, pronunciar uno nuevo en atención a los argumentos expresados en la acción de defensa; con base en los siguientes fundamentos: a) La omisión ratificada y no contemplada por la Vocal demandada, vulneró el derecho a la defensa, ya que restringió ilegalmente la libertad del accionante; y, b) Si la aludida autoridad consideraba que debía mantenerse la detención preventiva, pudo ampliarla, pero de manera fundamentada, estableciendo con precisión lo que manda el Código de Procedimiento Penal, con respecto al plazo y la fecha en la que se verificará la audiencia de control de situación jurídica vinculada a la medida cautelar.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante decreto constitucional de 8 de marzo de 2023, cursante a fs. 138, se dispuso la suspensión de plazo para la emisión de la correspondiente resolución a objeto de recabar documentación complementaria; habiéndose obtenido la misma, se reanudó el cómputo del plazo a partir de la notificación con el decreto constitucional de 14 de julio de igual año (fs. 183 a 185); por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es pronunciada dentro del término legal.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante Auto Interlocutorio 873/2021 de 26 de octubre, el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Quinto -en suplencia legal de su similar Cuarta- de la Capital del departamento de La Paz, rechazó la solicitud de consideración jurídica y verificación de cumplimiento de medidas cautelares impetrada por Luis Fernando Guizada López -accionante- (fs. 158 a 159). II.2. Por Auto de Vista 628/2021 de 6 de noviembre, la Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -ahora demandada-, declaró la improcedencia del recurso de apelación interpuesto por el impetrante de tutela contra el supra citado Auto Interlocutorio, confirmando al efecto dicho fallo (fs. 161 a 166).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante por medio de sus representantes, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso en sus elementos de motivación, fundamentación y congruencia, y a la presunción de inocencia; toda vez que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión de los delitos de uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes, se encontraba detenido preventivamente por más de ocho meses; empero, realizada la audiencia de verificación de cumplimiento de medidas cautelares, se emitió el Auto Interlocutorio 873/2021 de 26 de octubre; por el cual, se rechazó su solicitud manteniendo su detención preventiva; por ello, interpuso recurso de apelación incidental, resuelto mediante Auto de Vista 628/2021 de 6 de noviembre, pronunciado por la Vocal demandada, quien declaró la improcedencia del mismo, dejando firme y subsistente el citado Auto Interlocutorio; situación que, es lesiva a sus derechos y garantías; toda vez que, el citado Auto de Vista solo realizó una descripción de antecedentes y observaciones respecto al incumplimiento de formalidades, sin tomar en cuenta que se encuentra ilegal e indebidamente privado de su libertad y sin fijación de término de su detención preventiva. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. El debido proceso y la exigencia de la debida fundamentación y motivación en las decisiones

Respecto al tema, la SCP 0011/2018-S2 de 28 de febrero, señaló que: “El derecho de fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales son componentes del debido proceso, constituyendo un deber constitucional en la medida que no es posible controvertir una decisión judicial si en ésta no se dan a conocer los motivos de su determinación. Tanto la fundamentación como la motivación, permiten establecer un control judicial, académico o social, para la corrección de las decisiones judiciales. Dentro de las garantías propias del debido proceso y de la tutela judicial efectiva, se encuentran también las de ejercer el derecho de defensa y las de recurrir las sentencias judiciales. Ahora bien, para poder impugnar un fallo judicial, es necesario conocer cuáles fueron las razones que condujeron al juez a dictar la sentencia que se controvierte, razones que deben referirse a los hechos, las pruebas y a los fundamentos jurídicos en los que se apoya la decisión. Si esas razones no son públicas, la persona no podrá esgrimir contra la resolución más que argumentos generales, que repetirían lo que él ya habría señalado en el transcurso del proceso. Precisamente entre los fines del deber de fundamentar y motivar las sentencias, se encuentra el de facilitarle al recurrente la posibilidad de impugnar una resolución judicial” (el resaltado es nuestro). Con relación a la exigencia de motivación en los tribunales de apelación al momento de resolver medidas cautelares, la SCP 0077/2012 de 16 de abril, determino que: “La jurisprudencia constitucional ha establecido en forma uniforme la observancia en el cumplimiento de las condiciones y formalidades que debe cumplir la resolución que disponga la detención preventiva de un imputado, exigencia que debe ser observada tanto por el juez cautelar como por el tribunal que resuelve la apelación de medidas cautelares. Así, la SC 1141/2003-R de 12 de agosto, reiterada por las SSCC 0434/2011-R y 0856/2011-R, entre otras, señaló que: ‘...la aplicación de una medida cautelar de carácter personal en el ámbito procesal penal debe cumplir con las condiciones de validez legal, lo que significa que, la autoridad judicial competente, para adoptar la decisión de aplicar la detención preventiva, de una parte, está obligado a verificar y determinar la concurrencia de los requisitos previstos por el art. 233 CPP, para lo que deberá contrastar la solicitud fundamentada del Ministerio Público con los elementos de prueba presentados sobre la concurrencia de los requisitos, en el marco de las normas previstas por los arts. 234 y 235 CPP; de otra parte, deberá fundamentar en derecho la decisión de aplicar la medida cautelar de carácter personal, pues tomando en cuenta que uno de los principios fundamentales inherentes al Estado Democrático de Derecho es la motivación de las decisiones de las autoridades públicas, el juez está obligada a expresar los motivos de hecho y de derecho en que se basa su convicción determinativa de la concurrencia de los requisitos, así como el valor otorgado a los medios de prueba, esa fundamentación no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes; de modo que está obligado a expresar los presupuestos jurídicos que motivan la medida, con cita de las normas legales aplicables y la descripción clara y objetiva de los elementos de convicción concurrentes’. En esta perspectiva, la SC 0782/2005-R de 13 de julio, refiriéndose al cumplimiento de estos requisitos por parte de los tribunales que conocen la apelación de medidas cautelares, estableció lo siguiente: ‘Ahora bien, la exigencia de pronunciar una resolución motivada en la que se establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la detención preventiva, entendiendo por motivo fundado a aquél conjunto articulado de hechos que permiten inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de la misma y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de la averiguación de la verdad no sólo alcanza al juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa que el tribunal de apelación cuando determine disponer la detención preventiva, esté exento de pronunciar una resolución lo suficientemente motivada, en la que se exprese la concurrencia de los dos requisitos que la ley impone para la procedencia de esa medida cautelar. Consecuentemente, el Tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su Resolución, precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto debe también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias establecidas por los arts. 234 y 235 del CPP, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del CPP, puesto que sólo cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones, se puede disponer la detención preventiva’. Entendimiento, asumido por las SSCC 0089/2010-R y 0434/2011-R, entre otras. En efecto, el deber de motivación de los fallos supone un elemento fundamental del debido proceso, conforme ha expresado la SC 0012/2006-R de 4 de enero, al señalar que: ‘La motivación de los fallos judiciales está vinculada al derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional eficaz, (…), y se manifiesta como el derecho que tienen las partes de conocer las razones en que se funda la decisión del órgano jurisdiccional, de tal manera que sea posible a través de su análisis, constatar si la misma está fundada en derecho o por el contrario es fruto de una decisión arbitraria; sin embargo, ello no supone que las decisiones jurisdiccionales tengan que ser exhaustivas y ampulosas o regidas por una particular estructura; pues se tendrá por satisfecho este requisito aun cuando de manera breve, pero concisa y razonable, permita conocer de forma indubitable las razones que llevaron al Juez a tomar la decisión; de tal modo que las partes sepan las razones en que se fundamentó la resolución; y así, dada esa comprensión, puedan también ser revisados esos fundamentos a través de los medios impugnativos establecidos en el ordenamiento; resulta claro que la fundamentación es exigible tanto para la imposición de la detención preventiva como para rechazarla, modificarla, sustituirla o revocarla’” (las negrillas y subrayado corresponden al texto original).

III.2. Análisis del caso concreto

El accionante por medio de sus representantes, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso en sus elementos de motivación, fundamentación y congruencia, y a la presunción de inocencia; toda vez que, realizada la audiencia de verificación de cumplimiento de medidas cautelares, se emitió el Auto Interlocutorio 873/2021 de 26 de octubre, el cual determinó mantener su detención preventiva; apelado el mismo mereció el Auto de Vista 628/2021 de 6 de noviembre, pronunciado por la Vocal demandada, quien declaró la improcedencia de la citada impugnación manteniendo firme y subsistente el referido Auto Interlocutorio, aspecto lesivo a sus derechos y garantías, en el entendido de que el citado Auto de Vista solo realizó una descripción de antecedentes y observaciones respecto al incumplimiento de formalidades, sin tomar en cuenta que se encuentra ilegal e indebidamente privado de su libertad. De la compulsa del legajo procesal se tiene, Auto Interlocutorio 873/2021, emitido por el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Quinto -en suplencia legal de su similar Cuarta- de la Capital del departamento de La Paz; mediante el cual, rechazó la solicitud de consideración jurídica y verificación de cumplimiento de medidas cautelares impetrada por el accionante (Conclusión II.1); y, el Auto de Vista 628/2021, dictada por la Vocal demandada, quien declaró la improcedencia del recurso de apelación planteado por el aludido, manteniendo firme y subsistente el citado fallo (Conclusión II.2). Ahora bien, en mérito al entendimiento desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, referido a la debida motivación y fundamentación de las resoluciones, como un componentes del derecho al debido proceso, se tiene presente que en virtud a este, se exige que toda autoridad demandada realice una exposición y el análisis integral de los puntos demandados; es decir, de los agravios o hechos cuestionados y planteados por el accionante, así como, una manifestación precisa de las argumentaciones pertinentes y razonables en relación a cada uno de ellos, que conduzcan a respaldar las correspondientes decisiones, a efectos de resolver el caso sometido a su conocimiento, haciendo conocer del mismo modo, los motivos y razones que llevaron a dicha autoridad a asumir una específica determinación, aspecto que también concierne a los tribunales de apelación, los cuales constituidos en tribunales de segunda instancia se encuentran obligados a fundamentar sus fallos; en el entendido que dichos tribunales realizan una revisión de lo obrado por el juez o tribunal a quo. Conforme a los argumentos formulados por el solicitante de tutela en el recurso de apelación incidental, este señaló como agravios la falta de fundamentación, motivación y congruencia con respecto al Auto de Vista 628/2021, en relación a los siguientes aspectos:

1) La realización de diferentes solicitudes de revisión de su situación jurídica, así como, la de cesación de la detención preventiva, las cuales fueron efectuadas señalando como único sustento para mantener tal circunstancia, que la presente causa sería compleja; 2) La errónea y arbitraria interpretación por parte del Juez a quo de los arts. 7, 221, 222 y 235 del CPP, merced a los cuales se estaría vulnerando los preceptos establecidos en los arts. 13, 23, 115 y 178 de la CPE; situación en la que se ejerció una aplicación equívoca de los referidos preceptos legales del aludido Código, que obligarían a definir temporalmente su detención preventiva; señalando en ese sentido que, estuviera privado de libertad por más de ocho meses;

3) La ampliación de la detención preventiva; dado que, se prolongó más del plazo determinado y se solicitó la cesación de la misma, siendo esta petición rechazada por la autoridad judicial prenombrada, sin ningún fundamento; y a su vez, fue extendida por veinte días más, sin establecer al efecto fecha de la verificación de su situación procesal;

4) La solicitud en diferentes oportunidades acerca de la inspección técnica ocular no pudo realizarse por cuestiones que no fueron atribuibles al solicitante de tutela;

5) La existencia de otros medios menos lesivos, en la aplicación de medidas cautelares, los cuales deben emplearse teniendo presente el aspecto referido a la menor intensidad; situación que, no fue considerada por la autoridad jurisdiccional con relación al principio de progresividad; y,

6) La denegatoria respecto a la posibilidad de habilitar la documentación de respaldo de su petición en plataforma, circunstancia que infiere que la misma sea acogida positivamente teniendo en cuenta los agravios presentados, a efectos de que se disponga la admisibilidad del recurso interpuesto y la procedencia de las cuestiones planteadas.

Ahora bien, en resolución de los puntos anteriormente descritos, la Vocal demandada al momento de considerar y pronunciarse sobre la apelación planteada emitió el Auto de Vista 628/2021, el cual posee los siguientes argumentos en relación a los agravios expuestos:

i) Respecto al primer agravio, refirió que si bien se hizo referencia a los distintos tiempos en los cuales el accionante se encontraba detenido, “…en lo sustancial se entiende que aquello no afectaría en el fondo de la pretensión planteada por la parte recurrente, toda vez que como elemento principal se tiene el transcurso del tiempo de esta detención preventiva…” (sic), haciéndose necesario remitirse a la resolución apelada, misma que ingresó a considerar un tiempo específico de siete meses y veintitrés días, señalando a su vez que, dicha causa penal no se traduce en compleja; puesto que, no se trata de una organización criminal;

ii) Por otra parte con referencia al segundo agravio, sostuvo que: “…la autoridad jurisdiccional realiza un análisis de todo aquello que hubiera sido argumentado…” (sic), estableciendo que se habría solicitado día y hora de verificativo de medidas cautelares, esto al amparo del art. 24 de la CPE, más no se adjuntó elementos probatorios que consideren dicho extremo; aspecto por el cual, el Juez a quo refirió el “…incumplimiento de la carga probatoria en audiencia de cesación a la detención preventiva…” (sic), esto tomando en cuenta que en torno a lo solicitado por el accionante, le correspondía establecer una acreditación con elementos de convicción útiles y pertinentes a efectos de que estos sean valorados posteriormente y se pueda emitir en su caso una determinación favorable; situación que, fue fundamentada, en el entendido de que si la pretensión planteada no posee la carga probatoria requerida; limita a que la autoridad jurisdiccional emita criterio de valoración en relación a elementos que no se hubieren presentado, aspecto que repercute en otorgar certeza con referencia a las alegaciones planteadas por la parte recurrente, la cual se encuentra en la obligación de proporcionar insumos necesarios para que el juzgador cumpla con su obligación; iii) Asimismo, con relación al tercer punto alusivo a la ampliación de la medida extrema por veinte días más, la autoridad demandada señaló que en la parte resolutiva del Auto Interlocutorio 873/2021, el Juez a quo rechazó la solicitud de consideración de la situación jurídica y verificación de cumplimiento de las medidas cautelares; empero, en ninguna parte esta amplía el plazo de dicha medida extrema o determina algo similar; por lo que, se puede evidenciar una argumentación que no coincide con el contenido, no existiendo al efecto en relación al mismo algún agravio que deba ser reparado;

iv) En referencia a este punto, señaló que, si “…se pretendía que la autoridad jurisdiccional analice los antecedentes, entonces no debería haberse cuestionado en esta audiencia que no se hubiera permitido acreditar determinados elementos de convicción…” (sic), siendo este un criterio contradictorio;

v) En consideración a este agravio, indicó que la aplicación de los principios que revisten a las medidas cautelares, refieren a la necesidad, la proporcionalidad y la razonabilidad en la aplicación de las mismas, y es en ese sentido que dicha solicitud debe realizarse ante la autoridad jurisdiccional, impetrando que la detención preventiva sea sustituida por una detención domiciliaria; y, vi) Finalmente, con relación al último agravio, hizo referencia al decreto de 6 de octubre de 2021, el cual estableció que todas las autoridades jurisdiccionales deben regirse en mérito a un protocolo, “…las partes que tengan elementos de convicción a ser valorados en audiencia, los mismos deberán ser presentados en formato digital antes del desarrollo de la misma con la debida anticipación…” (sic). En ese contexto, resulta necesario tener establecido que la fundamentación de los fallos, no implica una labor de exposición ampulosa y abundante de hechos, citas legales ni argumentos reiterativos, sino que esta se configura en el establecimiento de una resolución que sea concisa, clara e integre todos los puntos agraviados; aspecto desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la cual refirió que esta actividad “…no supone que las decisiones jurisdiccionales tengan que ser exhaustivas y ampulosas o regidas por una particular estructura; pues se tendrá por satisfecho este requisito aun cuando de manera breve, pero concisa y razonable, permita conocer de forma indubitable las razones que llevaron al Juez a tomar la decisión; de tal modo que las partes sepan las razones en que se fundamentó la resolución…” (SCP 0077/2012); de manera que, en todo fallo o resolución necesariamente deberán estar insertas las razones que respaldan la medida adoptada, aspecto que también concierne a los tribunales de alzada al momento de resolver medidas cautelares; debido a que, precisamente serán ellos, quienes se encontrarán obligados a motivar y fundamentar sus resoluciones, precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medidas sustitutivas o aplicar la detención preventiva; situación que, en el caso de autos ocurrió; puesto que, bajo ese razonamiento, se advierte que el Auto de Vista 628/2021 dictado por la autoridad demandada, respondió a los puntos solicitados por el accionante, conteniendo al efecto una clara exposición de las razones y motivos específicos que sustentan la determinación asumida, hecho que denota el cumplimiento de las exigencias jurisprudenciales requeridas, asimismo, en cuanto al componente congruencia, se puede advertir que los agravios recurridos por el prenombrado fueron resueltos con la debida pertinencia por dicha autoridad; de igual manera, se tiene que el fallo confutado, posee coherencia y orden en la forma, denotando la debida logicidad entre la parte considerativa que conduce hacia la decisión, permitiendo establecer una adecuada comprensión de lo determinado, teniendo presente a su vez que, la sola discrepancia con la disposición asumida, no constituye suficiente fundamento para concluir la lesión de derechos y garantías; ya que, la motivación y fundamentación de los fallos se orienta a que estos sean claros y concisos, aspectos que contempló el Auto de Vista impugnado en virtud a los argumentos explanados en el recurso de apelación presentado por el peticionante de tutela; correspondiendo en el presente caso denegar la tutela solicitada en mérito a los argumentos desarrollado en esta Sentencia Constitucional Plurinacional.

En relación a la vulneración los derechos a la libertad y a la presunción de inocencia alegado por el accionante; se tiene presente que, al encontrarse el Auto de Vista denunciado debidamente fundamentado y motivado, no puede entenderse que los aludidos derechos hubieran sido conculcados, correspondiendo también en este aspecto denegar la tutela peticionada. En consecuencia, el Juez de garantías al haber concedido la tutela impetrada, no obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 40/2021 de 12 de noviembre, cursante de fs. 131 a 133, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Décimo de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

MSc. Brigida Celia Vargas Barañado

MAGISTRADA

MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0686_2023-S2.pdf · páginas 1 a 12.

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