Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 4 de julio de 2023
Concede en parte la tutela
La parte accionante considera lesionados sus derechos al debido proceso en sus elementos de motivación, congruencia, tutela judicial efectiva e interpretación de la norma, por cuanto los Vocales accionados, a tiempo de declarar probado el incidente de extinción de la acción por inactividad procesal: i) No expresaron los motivos por los cuales consideran que el cómputo debe iniciarse desde la audiencia de conciliación y no así desde la notificación con la radicatoria o decreto por el cual el Juez de la causa recibió los actuados del proceso; ii) No explicaron motivadamente por qué consideran a la conciliación como último actuado sin tener en cuenta sus memoriales de solicitud de fotocopias legalizadas y emisión de oficio para certificación, actuados que conforme a la SCP 0483/2013, generan interrupción del término de la inactividad procesal; y, iii) No se refirieron con relación a los puntos tres y siete de su escrito de contestación al recurso de apelación, concerniente a la última notificación practicada al demandante cursante a “fs. 1840”, actuado a partir del cual debía iniciarse el cómputo, y a la confusión incurrida por la parte incidentista al interponer dos veces su solicitud de extinción de la acción por inactividad, realizando un doble cómputo; tampoco se refirieron sobre la Sentencia Constitucional Plurinacional antes citada. En consecuencia, corresponde en revisión determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional y 44.2 del Código Procesal Constitucional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 25 de 22 de marzo de 2023, cursante de fs. 397 vta. a 400 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, respecto al derecho al debido proceso en sus elementos de motivación y congruencia relacionada a la tutela judicial efectiva, disponiendo dejar sin efecto el Auto de Vista 288 de 15 de septiembre de 2021, y ordenando en consecuencia la emisión de una nueva resolución conforme al alcance establecido en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional; y,
2° DENEGAR la tutela en relación al debido proceso en su vertiente de interpretación de la norma.
B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.
¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →
Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0685/2023-S3 Sucre, 4 de julio de 2023 SALA TERCERA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de amparo constitucional Expediente: 47698-2022-96-AAC Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 25 de 22 de marzo de 2023, cursante de fs. 397 vta. a 400 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Alfonso Espoz Bezerra, en representación legal de Guido Alberto, Martha Argentina y Víctor Hugo, todos de apellido Espoz Rivero contra Mirian Rosell Terrazas y Oscar Jesús Menacho Angeleri, Vocales de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.
Por memoriales presentados el 17 de marzo y 7 de abril, ambos de 2022, cursantes de fs. 311 a 319, y de 322 a 325, la parte accionante manifestó lo siguiente:
Dentro del proceso ordinario sobre nulidad de adjudicación por error de identidad, fraude procesal, anulabilidad de novación contractual, restitución de pago de lo indebido, reparación de resoluciones ilegales dictadas en juicio ejecutivo, conculcación del debido proceso y pago de daños y perjuicios planteado por Dolores Rivero Vda. de Espoz contra el Banco Ganadero Sociedad Anónima (S.A.), respecto al juicio ejecutivo formulado por dicha entidad bancaria contra Héctor Mario Espoz Rivero, en fase de ejecución, los terceros interesados a partir de una acción de amparo constitucional y ante la emisión de la SCP 0947/2017-S3 de 18 de septiembre, lograron que el proceso sea anulado hasta la traba de la relación procesal a fin de su inclusión en el proceso.
A raíz de ello, la autoridad judicial remitió el expediente a conciliación el 17 de marzo de 2020, la cual fue fallida generando la remisión del proceso nuevamente al Juez de origen el 14 de agosto de ese año. Posteriormente, el 18 de agosto de 2020, solicitó copia legalizada del proceso en doble ejemplar, así como la entrega de una certificación referente a los datos del proceso, dando lugar al decreto de franqueo de la misma el 24 de ese mes y año, para luego ingresar en vacación judicial. El 12 de febrero de 2021, solicitó se oficie a la Notaria de Fe Pública 38 a fin de que certifique la existencia del contrato privado en Notaría de 30 de septiembre de 1999, y se ordene la entrega de copia legalizada del citado documento, dándose lugar mediante el decreto de 16 de marzo de 2021, en el que se provee “ofíciese”. Esa misma fecha, el Banco Ganadero S.A. formuló extinción por inactividad que fue reiterado el “15” de ese mes y año, solicitud que fue rechazada mediante Auto 143/21 de 1 de abril de 2021, debido a la inobservancia de los plazos para considerar la inactividad procesal; empero, dicha determinación fue revocada mediante Auto de Vista 288 de 15 de septiembre de 2021, emitido a raíz del recurso de apelación interpuesto por parte de la entidad bancaria, lo que dio lugar a que en definitiva, el incidente interpuesto por el Banco Ganadero S.A. sea declarado probado, materializando con ello la vulneración de su derecho al debido proceso. Sostiene que el señalado fallo de alzada no establece los motivos de por qué considera que el cómputo para determinar la inactividad debe iniciarse desde la audiencia de conciliación, y no así desde la notificación con la radicatoria o decreto por el cual el Juez de la causa recibe los actuados del proceso; más aún, cuando dicho decreto se hace conocer mediante formulario de notificación de 26 de agosto de 2020; sin embargo, el Auto de Vista 288 sin explicar las razones considera para el inicio del cómputo el 11 (conciliación fallida) y 14 (decreto de radicatoria), ambos de agosto de 2020; desconociendo incluso que para el 18 de ese mes y año, la parte demandante solicitó fotocopias de todo el proceso. En ese sentido, el Auto de Vista no establece motivadamente las razones para considerar a la conciliación como la última actuación procesal. En ese mismo sentido reclama que los Vocales accionados no explicaron ni justificaron por qué la solicitud de fotocopias y oficios no generarían una actividad procesal, limitándose a señalar que una simple solicitud no la genera, en el entendido de que no activan el trámite del proceso, omitiendo considerar el entendimiento jurisprudencial plasmado en la SCP 0483/2013 de 12 de abril, que establece que la solicitud de peticiones y notificaciones generan una interrupción del término de la inactividad procesal. Asimismo, señaló que las mencionadas autoridades tampoco se pronunciaron sobre por qué su solicitud de certificación a la Notaria de Fe Pública 38, presentada mediante memorial el 12 de febrero de 2021 no sería una solicitud que tiende a avanzar el proceso, más aún, cuando dicha certificación busca obtener la inexistencia del documento base de ejecución del Banco Ganadero S.A.
En cuanto a la vertiente de congruencia, refirió que el Auto de Vista 288 no resolvió lo fundamentado en el “punto 3” de su memorial de 23 de abril de 2021, referido al formulario de notificación “de fs. 1840” mediante el cual se le hizo conocer que se devuelven los actuados de conciliación “…y en virtud a ello dando impulso procesal solicitamos certificación mediante memorial de fecha 12 de febrero de 2021…” (sic); es decir, omitió pronunciarse sobre la última notificación a Alfonso Espoz Bezerra, la cual establece el cómputo para la extinción por inactividad procesal; tampoco existe pronunciamiento sobre la jurisprudencia antes referida, que -reitera- establece que la solicitud de fotocopias destruye el término de la inactividad procesal. Asimismo, señaló que las autoridades accionadas tampoco se refirieron sobre el “punto 7” de su memorial -se entiende de contestación al recurso de apelación- en el que se hizo notar, que el Banco Ganadero S.A. incurrió en confusiones, errores y desconocimiento de la norma al realizar dentro del proceso dos solicitudes de inactividad; la primera, el 12 de febrero de 2021, antes de la vacación judicial; y otra, después de la vacación judicial, lo que dejaría en evidencia que los cálculos en los plazos del primer incidente no son exactos y existen actuaciones anteriores, que sumada a esta última, evidencian actividad procesal, dejando claramente demostrado que no existió abandono de juicio; en cuanto al segundo incidente, el mismo es extemporáneo por la actividad procesal desarrollada anteladamente por el propio Banco Ganadero S.A., evidenciándose el error de cálculo en los plazos incurrido en el primer incidente que dio lugar a la Resolución recurrida; sin embargo, el Auto de Vista 288 incurre en error realizando dos cálculos para fundar un razonamiento totalmente incongruente, estableciendo de manera confusa que la parte no habría activado el proceso, cuando el cómputo del plazo hasta el segundo memorial de extinción, “no entraría” dejando una total confusión en dicha resolución. En ese sentido, al no contar con ninguna respuesta ni siquiera tácita sobre los aspectos referidos, provocando un desajuste entre el fallo y las pretensiones de las partes, le provocaron indefensión; no habiendo considerado sus pedidos oportunamente planteados, vulnerando así su derecho a tener una tutela judicialmente efectiva.
La parte accionante considera lesionado su derecho al debido proceso en sus elementos de motivación, congruencia y tutela judicial efectiva, citando al efecto los arts. “56”, 109.I y 115 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 1.1, 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH). Asimismo, en audiencia hizo referencia a la interpretación “del art. 247” -se entiende de la norma procesal civil-.
Solicita se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se disponga la anulación del Auto de Vista 288, ordenándose la emisión de una nueva resolución que tome en cuenta los agravios planteados por las partes y que contenga la debida fundamentación y motivación, estando acorde a la Constitución Política del Estado y a la jurisprudencia constitucional.
Por Resolución 28 de 8 de abril de 2022, cursante de fs. 326 a 327 vta., la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declaró por no presentada la acción de amparo constitucional, por no acompañar a su demanda poder especial, suficiente y bastante en original o fotocopia legalizada; determinación que fue impugnada por la parte impetrante de tutela a través del memorial presentado el 11 de mayo de 2022, cursante de fs. 329 a 335 vta.
Mediante AC 0133/2022-RCA de 28 de junio, cursante de fs. 349 a 359, la Comisión de Admisión de este Tribunal, con la facultad conferida por el art. 30.III del Código Procesal Constitucional (CPCo), resolvió revocar la Resolución 28, disponiendo en consecuencia se admita la presente acción de defensa, debiendo pronunciarse resolución en audiencia pública, concediendo o denegando la tutela solicitada, según corresponda en derecho.
Celebrada la audiencia pública virtual el 22 de marzo de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 395 a 397; presente el accionante y representante legal, asistido por sus abogados; y los terceros interesados, tanto el Banco Ganadero S.A. a través de su representante legal como Mauricio Requena Zeballos y Cecilia Gutiérrez Bowles, todos acompañados por sus abogados; y, ausentes las autoridades accionadas y los demás terceros interesados; se produjeron los siguientes actuados:
La parte accionante ratificó y reiteró los argumentos expuestos en su memorial de acción de amparo constitucional, ampliando en audiencia, manifestó lo siguiente: a) El plazo de los seis meses en todo caso debió computarse desde el 24 de agosto -no refiere año- que es cuando el Juez -de la causa- dio curso a su solicitud de fotocopias y certificación; b) La motivación solicitada en esta acción de amparo constitucional no va dirigida solamente a que se fundamente de mejor manera, sino que tiene que existir un cambio racional y de interpretación del art. 247 -se infiere del Código Procesal Civil (CPC)-; y, c) En el presente caso en ningún momento existió inactividad procesal, aspecto que fue reconocido por la propia parte demandada “…reconociendo ello el 12 de octubre plantea un amparo pidiendo la inactividad y la extinción por tanto del proceso y después de la vacación vuelve y pide lo mismo haciendo un nuevo cómputo es decir, reconoce decir que se apresuró a pedir la extinción, entonces la vuelve a pedir cuando el plazo ya estaba interrumpido y lo dice claramente en su memorial que dice, en el presente caso el 11 de agosto se efectuó la audiencia de conciliación cumpliéndose la misma en el último acto que gestionó el interesado para que el presente proceso continúe ya está hoy 12 de febrero de 2021, siendo éste el primer Memorial y después presenta otro y dice lo mismo y se le contesta en el auto de primero de abril de 2021, entonces el juez actuando en derecho le dice a los terceros interesados de que no tienen razón y es por eso que dan lugar a la apelación y contra la resolución es el amparo que estamos debatiendo ahora, en el Memorial de 15 de marzo solicita extinción por inactividad, y dice luego de otras actuaciones procesales tanto en la jurisdicción constitucional como en la jurisdicción civil la demandante solicitó audiencia de conciliación la cual se efectuó el 11 de agosto desde esa fecha hasta hoy 15 de marzo ya hace otro computo porque antes dijo que era hasta el 12 de febrero de 2021…” (sic).
Freddy Pérez Chavarría y José Ernesto Aponte Ribera, actuales Vocales de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante informe escrito cursante a fs. 382, manifestaron que el Auto de Vista 288 cumplió con la debida fundamentación y motivación, además de ser congruente entre sus argumentos, existiendo coherencia entre lo razonado y lo resuelto. Mirian Rosell Terrazas y Oscar Jesús Menacho Angeleri, ex Vocales de la mencionada Sala, no acudieron a la audiencia de consideración de la acción tutelar ni remitieron informe alguno pese a sus notificaciones cursantes a fs. 367 y 368.
El Banco Ganadero S.A., parte demandada en el proceso ordinario de referencia, a través de su abogado, en audiencia manifestó: 1) Respecto a que se habría interpuesto la extinción por inactividad en dos ocasiones; lo referido no se ajusta a la verdad, porque el primer memorial de 12 de febrero -de 2021- no fue absuelto; y en consecuencia, cuando terminó la vacación judicial, se reiteró el mismo pedido pero obviamente en diferente fecha; 2) La parte impetrante de tutela interpuso su acción de amparo constitucional, sin analizar el Auto de Vista cuestionado, pues dicho fallo, en su “punto dos”, primero precisa la norma legal aplicable, detallando luego fecha por fecha cada uno de los actos que fueron realizados por el demandante en dicho proceso ordinario, que es la familia Espoz; en el punto “III” establece cómo se va a computar el plazo, cómo lo efectuó el Juez a quo y cómo lo realizan ellos, exponiendo fechas y actos; 3) En cuanto al memorial de petición de fotocopias y la solicitud de certificación, el Auto de Vista 288 claramente refirió que ambas solicitudes no generan actividad procesal; en el entendido que no activan el trámite del proceso, expresando de este modo los motivos por los cuales dichos memoriales no pueden ser considerados como suspensivos de la extinción, siendo la interpretación que realiza el accionante bastante subjetiva, que no se ajusta a la jurisprudencia actual; 4) La SCP “438/2013” no es aplicable al caso, porque en la oportunidad la autoridad pública presentó algunos apersonamientos que son los que verdaderamente activan el proceso; además, que la misma se refiere al “antiguo Código”, lo que significa que a la fecha de emitirse el citado Auto de Vista esa jurisprudencia no era aplicable, toda vez que en ejercicio de la Disposición Adicional Tercera del CPC, que le permitía al Tribunal Supremo de Justicia emitir circulares sobre la implementación e información de los procedimientos, se emitió la Carta Acordada 01/2015 -de 4 de diciembre-, en la cual textualmente señala: “‘se advierte que las solicitudes de fotocopia simple, legalizada o certificaciones etc.’ Que sean solicitadas por las partes no son actuados que deben considerarse parte del impulso procesal…” (sic), Carta Acordada que incluso fue citada en la SCP 0788/2019-S3 de 21 de octubre, estando claro por qué dichas solicitudes no se constituyen en impulso procesal, entendimiento jurisprudencial anterior, que dejó de estar vigente una vez implementado el nuevo Código Procesal Civil; 5) El Auto de Vista 288 cumple exactamente con las garantías constitucionales y de manera alguna afecta o desmerece los derechos de la parte hoy accionante, no existiendo méritos para la acción de amparo constitucional; 6) Lo que en el fondo se pretende, es que se realice una nueva valoración respecto a los escritos que refiere el accionante, a fin de que los mismos sean considerados suficientes para cortar el plazo y que no se produzca la inacción; pero ello implica realizar una valoración probatoria que ni siquiera fue planteada, no habiendo cumplido el test que se exige a ese efecto pues ello significaría suplir la labor de los jueces ordinarios; por otro lado, se busca otorgar una distinta interpretación de la legalidad ordinaria; toda vez que, no se está de acuerdo con lo resuelto en el Auto de Vista, a pesar de que las razones que plantea la parte accionante son bastante subjetivas, aspecto que en todo caso debieron solicitarlo cumpliendo las exigencias correspondientes, sustentando debidamente cuáles son las garantías lesionadas y cuál es la trascendencia constitucional; y, 7) La acción tutelar formulada no tiene ninguna trascendencia; primero, porque no está fundada, aspecto expresado y documentado con el aludido Auto de Vista, siendo muy diferente a lo planteado por la parte accionante, misma que debió acreditar el cambio que se iba a presentar si los actuados son considerados de otra manera; empero, más allá de ello, cualquiera que fuera la comprensión de dichos actuados, lo cierto es que la parte accionante dejó voluntariamente transcurrir seis meses sin ninguna actuación, lo que naturalmente hace que se extinga la acción. En mérito a lo cual, solicitó se deniegue la tutela. Respecto a Mauricio Requena Zeballos y Cecilia Gutiérrez Bowles, terceros interesados dentro del proceso ordinario al que se hace referencia, si bien a través del acta de audiencia se hace constar su presencia; sin embargo, en el desarrollo de la misma no se advierte participación alguna. Erika Salvatierra Castedo, Ricardo Álvaro Guzmán Bowles, Miguel y Oscar, ambos Gutiérrez Bowles y José Ramiro Monasterio Justiniano, no asistieron a la audiencia de consideración de esta acción tutelar ni presentaron escrito alguno, pese a sus notificaciones, cursantes de fs. 372 a 375 y 378.
La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz por Resolución 25 de 22 de marzo de 2023, cursante de fs. 397 vta. a 400 vta., denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: i) Los Vocales accionados realizaron una amplia explicación del por qué no tomaron en cuenta las solicitudes de fotocopias legalizadas y de oficio, a efecto de considerar la interrupción del término de la inactividad procesal para la extinción del proceso, no evidenciándose la vulneración del derecho fundamental al debido proceso, encontrándose el fallo cuestionado debidamente fundamentado y motivado; y, ii) El Tribunal de garantías, en el marco a la doctrina de las autorrestricciones, no actúa de manera invasiva respecto a otras jurisdicciones realizando la interpretación de la legalidad ordinaria. En vía de enmienda, complementación y aclaración, por memorial cursante de fs. 401 a 402, la parte accionante solicitó lo siguiente: a) Se aclare por qué el cambio en la lectura directa del informe de la parte accionada realizada por el Secretario -se entiende de la Sala Consitucional- con relación a lo relatado en el fundamento para la resolución de denegatoria; b) Se complemente porqué se consideró que no era necesario referirse en el Auto de Vista cuestionado, a la SCP 0483/2013 señalada de su parte, y por qué la Sala Constitucional tampoco se vinculó a dicho entendimiento a momento de denegar la tutela; y, c) Se complemente porqué en la Resolución emitida no se ingresó a establecer de manera detallada, razonada y fundada sobre la efectividad o no de dichos actos a efectos de la actividad o inactividad del proceso. En virtud a dicha solicitud, la Sala Constitucional, mediante Auto 17 de 23 de marzo de 2023, cursante a fs. 403 y vta., manifestó que: 1) En cuanto a la solicitud de aclaración, ha lugar a la misma, considerando que en efecto se advirtió un lapsus calami a momento de la exposición de antecedentes, cuando lo que se pretendió referir es, que a criterio de las autoridades accionadas se había acreditado la inexistencia de vulneración de los derechos y garantías del accionante, quedando a criterio de la Sala Constitucional analizar si el fallo cuestionado cumple o no con los lineamientos dispuestos; y, 2) Con relación a la solicitud de complementación, se advierte que no existe ningún aspecto a complementar o enmendar, a partir de lo cual declaran no ha lugar a la misma, refiriendo que los argumentos expuestos en la Resolución emitida se encuentran plasmados de manera clara y concreta; máxime, si se advierte que la pretensión del solicitante implica que este Tribunal altere lo sustancial de la Resolución 25, aspecto no permitido por ley.
No habiendo encontrado consenso en Sala, de conformidad al art. 30.I.6 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP), se procedió a convocar al Presidente de este Tribunal, a fin de dirimir con su voto el caso en análisis.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Por memorial presentado el 12 de febrero de 2021, el Banco Ganadero S.A. -ahora terceo interesado-, a través de su representante legal, dentro de la demanda ordinaria por nulidad y otros interpuesta por Dolores Rivero Vda. de Espoz, solicitó ante el Juez Público Civil y Comercial Noveno de la Capital del departamento de Santa Cruz, extinción por inactividad (fs. 42 y vta.), realizando nueva solicitud el 15 de marzo de ese año (fs. 44 y vta.), contestado por Alfonso Espoz Bezerra -ahora accionante- el 24 de idéntico mes y año (fs. 57 a 58); incidente que fue resuelto mediante el Auto Interlocutorio 143/21 de 1 de abril de 2021, mediante el cual la indicada autoridad judicial rechazó el mencionado incidente (fs. 59 y vta.). II.2. Cursa recurso de apelación interpuesto por la indicada entidad bancaria el 16 de abril de 2021, solicitando se revoque totalmente el Auto Interlocutorio 143/21 (fs. 78 a 79 vta.), mismo que fue respondido por el hoy accionante, como parte demandante, mediante memorial presentado el 23 de ese mes y año (fs. 88 a 89 vta.), y ratificado por escrito presentado 16 de junio de ese año ante el Tribunal de alzada (fs. 262 a 263 vta.). II.3. Mediante Auto de Vista 288 de 15 de septiembre de 2021, Mirian Rosell Terrazas y Oscar Jesús Menacho Angeleri, Vocales de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz -ahora accionados- revocaron el Auto Interlocutorio 143/21 y deliberando en el fondo, declararon probado el incidente de extinción del proceso (fs. 284 a 287), fallo de alzada notificado a la parte demandante el 17 de septiembre de ese año (fs. 289).
La parte accionante considera lesionados sus derechos al debido proceso en sus elementos de motivación, congruencia, tutela judicial efectiva e interpretación de la norma, por cuanto los Vocales accionados, a tiempo de declarar probado el incidente de extinción de la acción por inactividad procesal: i) No expresaron los motivos por los cuales consideran que el cómputo debe iniciarse desde la audiencia de conciliación y no así desde la notificación con la radicatoria o decreto por el cual el Juez de la causa recibió los actuados del proceso; ii) No explicaron motivadamente por qué consideran a la conciliación como último actuado sin tener en cuenta sus memoriales de solicitud de fotocopias legalizadas y emisión de oficio para certificación, actuados que conforme a la SCP 0483/2013, generan interrupción del término de la inactividad procesal; y, iii) No se refirieron con relación a los puntos tres y siete de su escrito de contestación al recurso de apelación, concerniente a la última notificación practicada al demandante cursante a “fs. 1840”, actuado a partir del cual debía iniciarse el cómputo, y a la confusión incurrida por la parte incidentista al interponer dos veces su solicitud de extinción de la acción por inactividad, realizando un doble cómputo; tampoco se refirieron sobre la Sentencia Constitucional Plurinacional antes citada. En consecuencia, corresponde en revisión determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SCP 0559/2020-S3 de 16 de septiembre, asumiendo los entendimientos establecidos por la jurisprudencia constitucional y citando la SCP 0753/2019-S1 de 26 de agosto, precisó que: [«La SCP 1250/2015-S3 de 9 de diciembre, sobre este particular señaló: “El derecho al debido proceso se encuentra reconocido en el art. 115.II de la CPE, el cual dispone: ‘El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones’, a su vez, el art. 117.I de la misma Norma Suprema, señala: ‘Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso…’. (…) la garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución dictaminando una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra manera de dilucidar los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió y al contrario, cuando aquella motivación no existe y se emite únicamente la conclusión a la que ha arribado el juzgador, son razonables las dudas del justiciable en sentido de que los hechos no fueron juzgados conforme a los principios y valores supremos, vale decir, no se le convence que ha actuado con apego a la justicia y finalmente, la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. Así la SC 1365/2005-R de 31 de octubre entre otras’.
(…) …Sobre este particular la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Tristán Donoso Vs. Panamá sostuvo que: ‘…la motivación es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión’. El deber de motivar las resoluciones es una garantía vinculada con la correcta administración de justicia, que protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el Derecho suministra, y otorga credibilidad de las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática"; en tal sentido, se tiene que la motivación debe ser entendida como la justificación razonada de los fallos mediante la cual el juzgador arriba a una conclusión y asume una decisión; imperativo por el que toda resolución debe contener el desarrollo de los razonamientos de hecho por los cuales se emite el pronunciamiento vinculados con cada uno de los asuntos sometidos a la decisión del juzgador, esto es, las razones fácticas y circunstancias de hecho y probatorias que sustenten la determinación asumida, constituyendo por ende la motivación de todo fallo un deber fundamental inexcusable al momento de resolver los asuntos que conozcan. Por otra parte, la fundamentación constituye la estructura jurídico-legal que sustenta los entendimientos fácticos expresados por el administrador de justicia, quien recurre sistemáticamente a las normas relevantes del ordenamiento jurídico a objeto de resolver las causas sujetas a su conocimiento, ello implica que las razones fácticas o criterios que son parte de la motivación se subsumen a la norma aplicable al caso, configurando ello los razonamientos legales de la decisión, así en el caso concreto de un proceso penal, la fundamentación se constituye en una garantía de observancia y respeto de los derechos fundamentales y garantías constitucionales de los ciudadanos de ser juzgados por las normas vigentes que rigen los procesos a los cuales están sometidos”». Por su parte, la SCP 0619/2018-S1 de 11 de octubre, en lo concerniente al principio de congruencia, señaló que: «Al respecto la SCP 1302/2015-S2 de 13 de noviembre, estableció que: “Como se dijo anteriormente, la congruencia de las resoluciones judiciales y administrativas, constituye otro elemento integrador del debido proceso, al respecto la SC 0358/2010-R de 22 de junio, señaló lo siguiente: ‘la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, en materia penal la congruencia se refiere estrictamente a que el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial o administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes’. En el mismo sentido, el Tribunal Constitucional Plurinacional, en la SCP 1083/2014 de 10 de junio, sostuvo que el principio de congruencia: ‘…amerita una comprensión desde dos acepciones; primero, relativo a la congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales, en definitiva, es una prohibición para el juzgador considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando su consideración a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; y, segundo, la congruencia interna, referido a que, si la resolución es comprendida como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar que, en una misma resolución no existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión’”»] (las negrillas nos corresponden).
Al respecto, la SCP 0108/2021-S3 de 26 de abril, precisó que: “La SCP 1478/2012 de 24 de septiembre, en su Fundamento Jurídico III.1.1. estableció tres elementos constitutivos del derecho al acceso a la justicia: ‘1) El acceso propiamente dicho a la jurisdicción, es decir, la posibilidad de llegar a la pluralidad de jurisdicciones reconocidas por la Constitución, sin que existan obstáculos, elementos de exclusión, limitación, que dificulten el ejercicio de este derecho tanto por el Estado como por los particulares; 2) Lograr un pronunciamiento judicial proveniente de las autoridades judiciales formales o las autoridades naturales de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, que solucione el conflicto o tutele el derecho, siempre que se hubieran cumplido los requisitos establecidos en la norma; y, 3) Lograr que la Resolución emitida sea cumplida y ejecutada, debido a que si se entiende que se acude a un proceso para que se reestablezca o proteja un derecho, un interés o un bien, en la medida que el fallo no se ejecute, el derecho a la jurisdicción o de acceso a la justicia no estará satisfecho’.
A lo señalado, la SCP 1953/2012 de 12 de octubre, ampliando el contenido del derecho de acceso a la justicia, refirió que: ‘En el ámbito procesal, el derecho de acceso a la justicia, debe ser interpretado ampliamente por parte de los administradores de justicia, con la finalidad de subsanar los defectos procesales y evitar de esta manera su rechazo, por lo que se puede señalar que el derecho a la tutela judicial efectiva, se encuentra regida por el principio pro actione; el cual deriva del principio pro homine, que postula una interpretación amplia de los derechos fundamentales, en busca de su máxima efectividad, por lo que se entiende que los jueces y tribunales en el ejercicio de sus funciones, deberán interpretar y aplicar las normas procesales de manera más favorable, buscando en lo posible la procedencia del derecho de acción, de las instancias de impugnación e incidentales, que de igual manera forman parte del derecho a la tutela judicial efectiva. En este sentido, el principio pro actione, como criterio de interpretación de los derechos humanos, postula la interpretación más favorable al ejercicio del derecho a la acción, tratando de asegurar en lo posible, una justicia material por encima de una formal’” (las negrillas y el subrayado fueron agregados).
La problemática traída en revisión, centra su examen en la falta de motivación y congruencia del Auto de Vista 288 de 15 de septiembre de 2021, mediante el cual, las autoridades accionadas declararon probado el incidente de extinción de la acción por inactividad procesal, reclamando concretamente que los Vocales accionados: a) No expresaron los motivos por los cuales consideraron que el cómputo debe iniciarse desde la audiencia de conciliación y no así desde la notificación con la radicatoria o decreto por el cual el Juez de la causa recibió los actuados del proceso; b) No explicaron motivadamente porqué consideran a la conciliación como último actuado sin tener en cuenta sus memoriales de solicitud de fotocopias legalizadas y emisión de oficio para certificación, actuados que conforme a la SCP 0483/2013 de 12 de abril, generan interrupción del término de la inactividad procesal; y, c) No se refirieron con relación a los puntos tres y siete de su escrito de contestación al recurso de apelación, referente a la última notificación practicada al demandante cursante a “fs. 1840” actuado a partir del cual debía iniciarse el cómputo, y a la confusión incurrida por la parte incidentista al interponer dos veces su solicitud de extinción de la acción por inactividad, realizando un doble cómputo; tampoco, se refirieron sobre la Sentencia Constitucional Plurinacional antes citada. Con carácter previo, cabe aclarar que Héctor Mario Espoz Rivero, no se encuentra incluido en el Poder de representación adjunto a la presente acción tutelar; por lo que, el prenombrado no puede estar incluido dentro de la identificación como parte accionante; asimismo, teniendo en cuenta que Alfonso Espoz Bezerra interpone esta acción tutelar por sí; al efecto, tampoco se advierte que la declaratoria de herederos que presenta, lo incluya en esa calidad; en ese sentido, su legitimación activa se la considerará únicamente en relación a los derechos de sus mandatarios. Puntualizada como se encuentra la problemática a abordar cabe señalar que conforme se tiene de actuados, el fallo cuestionado, emerge dentro del proceso ordinario de nulidad y otros, interpuesto por la parte ahora accionante contra el Banco Ganadero S.A., donde este último en el marco del art. 247.I.3 del CPC, interpuso el 12 de febrero de 2021 incidente de extinción de la acción por inactividad procesal, reiterado el 15 de marzo de ese año, que en primera instancia fue rechazado; pero que a raíz del recurso de apelación, fue declarado probado, con la consecuente lesión -a decir de la parte accionante- a los derechos fundamentales del demandante, pronunciamiento sobre el cual radicará el análisis de la denuncia sentada sobre la falta de motivación y congruencia (Conclusiones II.1 a II.3). A ese efecto, y considerando que lo que se reclama en la oportunidad tiene que ver con los citados elementos del debido proceso, corresponderá en principio conocer los argumentos fácticos y legales a partir de los cuales, los Vocales accionados decidieron dar curso a la extinción por inactividad planteada por el Banco Ganadero S.A. Así, a través del Auto de Vista 288, las autoridades accionadas, manifestaron lo siguiente: 1) El “presente” es un proceso ordinario antiguo, ingresado el 19 de julio de 2002, y si bien se emitió Sentencia, no es menos cierto que el Auto de Vista de 7 de marzo de 2018, anuló obrados hasta el Auto de relación procesal, disponiendo que el Juez de la causa integre al proceso a los incidentistas que acreditaron interés legítimo; siendo el “presente” un proceso antiguo, sin que el Juez a quo haya procedido a la mutación del trámite a la nueva legislación procesal conforme lo establece la Disposición Transitoria Quinta numeral 1 inc. a) del CPC; por lo que, en este estado del proceso, ante la solicitud de extinción procesal, corresponde aplicar lo dispuesto por la Disposición Transitoria Décima del mencionado Código; 2) Precisada la norma legal aplicable y detallados los datos relevantes, si el cómputo de los plazos de inactividad procesal (seis meses) establecido en el Auto recurrido es correcto; al respecto, si tomamos en cuenta que la última actuación procesal de la parte demandante es el acta de conciliación fallida de 11 de agosto de 2020, el indicado plazo de seis meses vence el 12 de febrero de 2021; por lo que, la solicitud de extinción del proceso presentada por el Banco Ganadero S.A., de esa misma fecha, está dentro del indicado plazo; inclusive, si el plazo se computa desde la providencia de 14 de agosto de 2020, como pretende el Juez a quo, el indicado plazo de seis meses también está vencido; toda vez que, por memorial de 15 de marzo de 2021, el Banco Ganadero S.A. reitera la extinción por inactividad procesal, en el entendido que la parte demandante, durante ese lapso, desde el 14 de agosto de 2020 al 15 de marzo de 2021, descontando la vacación judicial de 17 de febrero del 2021 al 13 de marzo de 2021, no presentó ningún memorial activando el proceso;
3) Es cierto y evidente que el memorial presentado por Alfonso Espoz Bezerra -ahora accionante- el 18 de agosto de 2020, solicitando fotocopias legalizadas de todo el expediente, así como el memorial presentado el 12 de febrero de 2021, solicitando oficio del Instrumento Público 1586 de 30 de septiembre de 1999, no generan actividad procesal; en el entendido de que no activan el trámite del proceso, con mayor razón si el mencionado documento está adjunto al expediente; en todo caso, lo eficaz e idóneo para activar el proceso hubiera sido que la parte demandante, compelida por su propio interés, solicitara se dé cumplimiento inmediato al Auto de Vista de 7 de marzo de 2018, integrando a la litis a los incidentistas que acreditaron interés legítimo en el proceso y su posterior citación, lo que no ocurrió en el caso de autos; y,
4) De la lectura del proceso, desde la devolución del expediente al juzgado el 28 de marzo de 2018, se verifica que la parte demandante rehuyó de activar el proceso conforme a procedimiento y dentro de los lineamientos del Auto de Vista de 7 de marzo de 2018, constatándose que todas sus actuaciones procesales posteriores fueron tendientes a dilatar el trámite del mismo con sus peticiones de suspensión del proceso o solicitudes de oficios y fotocopias legalizadas, de lo que se infiere que lo fundamentado por el Juez a quo, relativo a que las solicitudes son actos preparatorios de la misma actividad procesal, son simples apreciaciones conjeturales y subjetivas lo que deviene en una motivación arbitraria sin ningún respaldo legal por parte del Juez inferior. Descrito como se encuentra el Auto de Vista 288, y siendo que en el caso se cuestionó la falta de respuesta a los puntos 3 y 7 del memorial de contestación al recurso de apelación presentado por el accionante el 23 de abril de 2021, con carácter previo a verificar la motivación del fallo emitido, corresponde absolver la denuncia de incongruencia omisiva en la que supuestamente habrían incurrido las autoridades accionadas. Sobre la falta de respuesta a los puntos 3 y 7 Al respecto, la parte accionante reclama que las autoridades accionadas, lesionando el debido proceso en su vertiente de congruencia, no habrían considerado los argumentos expuestos de su parte, referentes a la consideración de la última notificación practicada al demandante cursante a “fs. 1840”, a partir de la cual -a su criterio- debía iniciarse el cómputo del plazo de los seis meses, así como a la confusión en la que habría incurrido la parte incidentista al interponer dos veces su solicitud de extinción por inactividad, realizando un doble cómputo; tampoco se habrían pronunciado sobre la SCP 0483/2013 de 12 de abril, que a su criterio estableció que la solicitudes de fotocopias y otros generan interrupción del término de la inactividad procesal, todos estos aspectos inmersos dentro de los puntos 3 y 7 de su memorial de contestación al recurso de apelación interpuesto, incurriendo de este modo también en lesión al derecho de tutela judicial efectiva, pues al no considerar sus reclamos se le provocó indefensión. Considerando lo expuesto, es pertinente remitirse concretamente a los puntos 3 y 7 del memorial de contestación al recurso de apelación presentado por la parte ahora accionante, respecto a los cuales como se expresó anteriormente, presuntamente las autoridades accionadas habrían incurrido en una incongruencia omisiva con la afectación a otros derechos fundamentales. Así, del memorial presentado por la parte ahora accionante el 23 de abril de 2021, se advierte que, en respuesta al planteamiento recursivo de la parte demandada, hoy accionante, refirió: “3.- Al respecto el Tribunal Supremo de Justicia mediante Auto Supremo N°062/2011 del 11 de Febrero, ha determinado los lineamientos que deben considerarse al momento de alegarse inactividad procesal, esta corre a partir de la última actuación o petición de la parte a conseguir la prosecución del proceso, es decir; en el caso de autos hemos ido a la conciliación posteriormente a ella se ha notificado la devolución del proceso, al cual hemos solicitado Copia Legalizada y Oficio para que se nos otorgue Certificación en la Notaría de Fe Pública N°38 para obtener la inexistencia del documento base de ejecución del Banco Ganadero S.A., considerando que se remataron tres inmuebles de propiedad de la garante con documentación falsa, como pretendemos demostrar con la solicitud de Certificación dentro del proceso para judicializar la prueba, el Banco Ganadero S.A. es conocedora del documento fraudulento y su importancia en el proceso. Así también; existiendo actuados y resoluciones judiciales que demuestran la existencia de actuaciones procesales por lo que en el proceso en ningún momento ha habido INACTIVIDAD PROCESAL porque no ha sido abandonado” (sic). Glosado como se tiene el punto 3 del memorial de contestación al recurso de apelación y en función al planteamiento constitucional realizado por la parte accionante, cabe aclarar que conforme a los datos del proceso, la notificación a la que hace referencia el accionante, de “fs. 1840”, como último actuado a partir del cual, a su criterio, correspondía iniciar el cómputo de los seis meses, se refiere a la diligencia practicada el 26 de agosto de 2020, a partir de la cual se dio curso a su solicitud de fotocopias legalizadas (fs. 39); en ese marco, y considerando que el argumento de la parte accionante, expuesto en su memorial de contestación al recurso de apelación, hace referencia a la consideración a fin del inicio del cómputo de los últimos actuados dentro del proceso, siendo éstos, como lo expresa en el punto 3 de su memorial, las solicitudes de fotocopias legalizadas y la emisión de oficio a fin de obtener una certificación por parte de la Notaría de Fe Pública 38; debe indicarse que lo aseverado por la parte accionante sobre su falta de respuesta no resulta evidente, pues, de la descripción realizada al fallo de alzada, se aprecia muy claramente que respecto a estas actuaciones, los Vocales accionados señalaron que dichas solicitudes no generan actividad procesal en el entendido que no activan el trámite del proceso; por lo que, en ese marco, no cabría la posibilidad de establecer al respecto la existencia de incongruencia omisiva como lo asegura la parte accionante. No obstante, al respecto, es pertinente referirse a la denuncia de la falta de respuesta sobre la consideración de la SCP 0483/2013, que igualmente fue planteada en el memorial de contestación al recurso de apelación, y que, a decir de la parte accionante, la misma estableció que las solicitudes de fotocopias y otras interrumpirían el término de la inactividad procesal, aspecto que efectivamente se halla en estrecha vinculación con el punto anterior. Así, del memorial de contestación al recurso de apelación, se advierte que seguidamente después de efectuar el reclamo del punto 3, la parte ahora impetrante de tutela refirió: “4.- Así también; se tiene la Sentencia Constitucional N°0483/2013, del 12 de Abril, donde el Tribunal Constitucional Plurinacional de manera Uniforme y Univoca, sienta los lineamientos en cuanto a la alegación de inactividad procesal debe ser tomada en cuenta en base a ‘la falta de acción por inactividad…’” (sic). De lo expuesto, si bien no existe un amplio desarrollo en cuanto al lineamiento establecido a partir de ese fallo constitucional; no obstante, considerando que a criterio del accionante, el mismo se halla relacionado al tema de fondo de considerar o no a las solicitudes de fotocopias legalizadas y otros, como actuados que evidencian actividad procesal; cabe señalar que su consideración era pertinente a fin de brindar una respuesta cabal al planteamiento puesto a su consideración -que se reitera- en esencia se refiere a la consideración o no de las solicitudes de fotocopias y emisión de oficio como actuados que interrumpen el término de la inactividad; por lo que, considerando la relevancia de su consideración y siendo que sobre la misma en efecto el Auto de Vista examinado no hizo referencia alguna al respecto, pese a que como se advierte fue mencionada por la parte accionante como el fallo que establecería los lineamientos de la inactividad procesal; al no haber emitido criterio alguno al respecto, evidentemente corresponde conceder la tutela solicitada en lo que concierne a la denuncia de incongruencia omisiva, al evidenciarse la falta de respuesta respecto a la pertinencia o no de dicho entendimiento jurisprudencial para el caso concreto, relacionado a la consideración o no de la solicitud de fotocopias y otros como actuaciones que demuestran la actividad procesal. En cuanto al argumento de respuesta al planteamiento recursivo, inserto en el numeral 7 del memorial presentado por la parte accionante el 23 de abril de 2021, se aprecia que en el mismo se señaló: “7.- Para finalizar; hacer notar las ‘confusiones’, ‘errores’ y ‘desconocimiento’ normativo en que incurre el Banco Ganadero S.A. al realizar dentro del proceso ingresando dos Incidente similares de Extinción de proceso por inactividad procesal por el mismo hecho, el primero 12 de Febrero del año en curso, antes de VACACION JUDICIAL y, el segundo Incidente después de Vacación Judicial, situación que deja en evidencia que los cálculos en los plazos del primer Incidente no son exactos y para colmo existen actuaciones anteriores que sumada a esta última evidencian ‘actividad procesal’, dejando claramente demostrable que no existe abandono de juicio, ya el segundo incidente es extemporáneo por la actividad procesal desarrollada anteladamente por el mismo Banco Ganadero S.A. y, evidencian el error de cálculo en los plazos incurrido en el primer incidente que da lugar a la resolución recurrida” (sic). Al respecto, del Auto de Vista antes descrito, se advierte que en efecto los Vocales accionados, no refirieron nada respecto a las dos presentaciones de la solicitud de extinción realizada por la parte demandada del proceso ordinario, desde el punto de vista del cuestionamiento realizado por la parte accionante en su memorial de contestación al recurso de apelación, que se refería a los dos tipos de cómputo realizados al respecto y que según su apreciación evidenciarían el mal cómputo realizado por los demandantes en el primer escrito de interposición de la extinción por inactividad. Así, del Auto de Vista se advierte que la única referencia realizada sobre las dos presentaciones de la mencionada solicitud, fue la siguiente: “…si tomamos en cuenta que la última actuación procesal de la parte demandante es el acta de conciliación fallida de fecha 11 de agosto del 2020, el indicado plazo de seis meses vence en fecha 12 de febrero del 2021, por lo que, la solicitud de extinción del proceso presentada por el Banco Ganadero mediante memorial de fecha 12 de febrero del 2021 (…), está dentro del indicado plazo, inclusive, si el plazo se computa desde la providencia de fecha 14 de agosto del 2020, como pretende el Juez A-quo, el indicado plazo de seis meses también está vencido, toda vez que por memorial de fecha 15 de marzo del 2021 (…), el Banco Ganadero reitera la extinción por inactividad procesal, en el entendido de que la parte demandante, durante ese lapso de tiempo, desde el 14 de agosto del 2020 al 15 de marzo del 2021 (…), la parte demandante no presento ningún memorial activando el proceso” (sic). De lo expuesto, ciertamente se aprecia que los Vocales accionados únicamente consideraron las dos presentaciones suscitadas de la extinción por inactividad a fin de realizar dos distintos cómputos que, como se verá más adelante, crea aún más confusión en cuanto a la consideración cabal del cómputo de los seis meses, no habiéndose referido al cuestionamiento de la parte accionante en sentido de que esta doble presentación en cuanto a la solicitud, solo evidenciaba el erróneo cómputo establecido por el Banco Ganadero S.A., aspecto que debió quedar absuelto; más aún, considerando que en el Auto recurrido emitido por el Juez a quo, quedó establecido que únicamente correspondía resolver la solicitud de extinción desde el primer escrito presentado el 12 de febrero de 2021. Así, en el Auto 143/21 de 1 de abril emitido por el Juez a quo se señaló: “A los efectos de la presente resolución solo se toma en cuenta el primer memorial presentado el 12 de febrero de 2021 (antes de la vacación judicial) dado que el mismo mereció la providencia de fecha 16 de marzo de 2021 (después de la vacación judicial), es decir, es ésta la actuación que define el estado de la inactividad y no la subsiguiente presentada (…) después de la vacación. Y esto tiene sentido puesto que, con la providencia de fecha (…) 16 de marzo de 2021 (…) el juzgador ha aprehendido de la petición” (sic). En ese sentido, considerando que el tema de las dos presentaciones de la solicitud de extinción por inactividad fue considerado en el Auto recurrido a fin de establecer el correcto cómputo de los seis meses, los Vocales accionados debieron referirse al respecto estableciendo primero si lo definido por la autoridad inferior era o no correcto, más aún, cuando el tema de las dos presentaciones fue uno de los aspectos cuestionados por la parte accionante en su memorial de contestación al recurso de apelación, y no efectuar dos distintos cómputos considerando al efecto las fechas de distintos actuados (11 y 14, ambos de agosto de 2021) relacionados cada uno con una fecha distinta de presentación de la solicitud de extinción (12 de febrero y 15 de marzo, ambos de 2021). En ese sentido, y considerando que lo analizado en este apartado se refiere a la falta de respuesta a las postulaciones realizadas en el memorial de contestación al recurso de casación, debe tenerse en cuenta que la congruencia como elemento del debido proceso, tal cual se remarca en el entendimiento jurisprudencial vertido en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, en sentido estricto, es entendida como la correspondencia que debe existir entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, exigencia que no solo se limita al planteamiento principal, sino a su vez, a los argumentos expuestos en respuesta a dicha formulación principal, a fin de que la resolución de la autoridad judicial también considere las formulaciones realizadas por la parte adversa a propósito del planteamiento efectuado; en ese marco, considerando que, como se advirtió, los aspectos referidos por la parte accionante no fueron objeto de pronunciamiento por las autoridades accionadas, se considera que en efecto el fallo de alzada incurrió en falta de congruencia afectando incluso al elemento de motivación de las resoluciones, como se verá más adelante, y llegando a su vez a afectar al derecho de tutela judicial efectiva en sentido de no permitir que sus argumentos fueran considerados en alzada, por lo que al respecto corresponde conceder la tutela. Sobre la falta de motivación La denuncia realizada respecto a la vulneración de dicho elemento del debido proceso, fue identificada a partir del primer y segundo punto del objeto procesal, en los cuales la parte accionante reclamó que los Vocales accionados no expresaron los motivos por los cuales consideraron que el cómputo debe iniciarse desde la audiencia de conciliación y no así desde la notificación con la radicatoria o decreto por el cual el Juez de la causa recibió los actuados del proceso; y que tampoco explicaron motivadamente, por qué consideraron a la conciliación como último actuado sin tener en cuenta sus memoriales de solicitud de fotocopias legalizadas y emisión de oficio para certificación, actuados que conforme a la SCP 0483/2013, generarían interrupción del término de la inactividad procesal; aspectos que de cierta forma, fueron abordados en el punto anterior, habiéndose establecido la falta de respuesta al mencionado fallo constitucional como un aspecto fundamental relacionado al elemento de motivación de las resoluciones, pues, no obstante de haber establecido las autoridades de alzada que las solicitudes a las que hacía referencia la parte accionante no generaban actividad procesal, omitieron referirse al entendimiento realizado y aplicado a tiempo de la emisión de la citada Sentencia Constitucional Plurinacional, lo que lógicamente -se reitera- afecta el elemento de motivación de las resoluciones. En ese marco, y considerando que ambos puntos a partir de los cuales se denuncia la falta de motivación del Auto de Vista 288, se hallan relacionados al cómputo del término de la inactividad realizado por los Vocales accionados, cabe señalar que, al respecto, la única referencia efectuada por dichas autoridades, fue la consignada en el punto II.2.3 de dicho fallo, estableciendo las autoridades accionadas lo siguiente: “…precisada la norma aplicable y detallados los datos relevantes, corresponde constatar si el computo de los plazos de inactividad procesal (seis meses), establecido en el auto recurrido es el correcto, al respecto, si tomamos en cuenta que la última actuación procesal de la parte demandante es el acta de conciliación fallida de fecha 11 de agosto de 2020, el indicado plazo de seis meses vence en fecha 12 de febrero del 2021, por lo que, la solicitud de extinción del proceso presentada por el Banco Ganadero mediante memorial de fecha 12 de febrero del 2021 (…), está dentro del indicado plazo, inclusive, si el plazo se computa desde la providencia de fecha 14 de agosto del 2020, como pretende el Juez A-quo, el indicado plazo de seis meses también está vencido, toda vez que por memorial de fecha 15 de marzo del 2021 (…) el Banco Ganadero reitera la extinción por inactividad procesal, en el entendido de que la parte demandante, durante ese lapso de tiempo, desde el 14 de agosto del 2020 al 15 de marzo del 2021 (…) no presento ningún memorial activando el proceso” (sic). De lo glosado, se advierte que evidentemente lo vertido por las autoridades accionadas a fin de establecer que en el caso existió una inactividad procesal durante seis meses, resulta bastante confusa; pues, como se señaló anteriormente, a efectos de realizar dicho cómputo consideraron distintas fechas de inicio, relacionando cada una de ellas con distintas fechas de presentación de la solicitud de extinción por inactividad procesal, no existiendo una adecuada motivación a efectos de evidenciar que en el presente caso en efecto existió una inactividad procesal por el lapso de seis meses, a lo que debe sumarse la falta de respuesta a los aspectos mencionados en el punto anterior y que se encuentra directamente vinculada al tema de la falta de motivación del fallo de alzada, apreciándose que a partir de lo manifestado por las autoridades accionadas, su determinación no resulta nada clara, pues, no establecieron desde cuándo es correcto iniciar el cómputo, porqué la audiencia de conciliación fallida debería ser considerada como el actuado a partir del cual debe iniciarse el cómputo, por qué las solicitudes de fotocopias y de emisión de oficio a la luz de lo considerado en la SCP 0483/2013, no son pertinentes para establecer la actividad procesal, cuál solicitud de extinción por inactividad debe ser considerada a efectos de realizar el cómputo, aspectos que deben ser definidos por las autoridades de alzada a efectos de dotar a su fallo de la debida motivación, estableciendo de manera clara y justificada el cumplimiento o no en el caso, de los seis meses de inactividad procesal a fin de determinar la extinción de la demanda, en función a lo cual y dado que en efecto, se advirtió la falta de motivación del Auto de Vista 288, corresponde conceder la tutela. En relación a lo manifestado por la parte accionante en la audiencia de esta acción tutelar, en sentido de que en el caso corresponde realizar una interpretación del art. 247 del CPC, cabe señalar que si bien esa labor puede ser efectuada de forma excepcional por esta instancia de control tutelar de constitucionalidad; toda vez que, la misma concierne única y exclusivamente a la jurisdicción ordinaria; no obstante, a ese efecto, la parte accionante debe proporcionar la suficiente carga argumentativa a fin de abrir dicha competencia, lo cual en el caso no aconteció, pues la parte accionante simplemente se limitó a señalar que debería realizarse tal labor, lo cual de modo alguno logra cumplir las exigencias establecidas como presupuestos para que este Tribunal proceda a efectuar esa interpretación. Finalmente, corresponde aclarar que la SCP 0788/2019-S3 de 21 de octubre a la que hace referencia el Banco Ganadero S.A., de forma alguna estableció que las fotocopias simples, legalizadas o certificaciones son actuados que no deben considerarse parte del impulso procesal, referencia que concierne a una parte del resumen de la Resolución del Tribunal de garantías de esa Sentencia Constitucional Plurinacional, que de forma alguna puede ser considerada como ratio decidendi como pretendió hacer ver el tercero interesado, extrañando a propósito de dicha intervención, que en el Auto de Vista se haya hecho referencia como norma aplicable al caso a la Disposición Transitoria Décima del CPC, cuando la solicitud de extinción efectuada por el Banco Ganadero S.A. se la realizó en función al art. 247 de dicho Código, misma que en atención a lo establecido en la Carta Acordada 01/2015 de 4 de diciembre, señalada por dicha entidad bancaria, es diferente de la extinción por inactividad establecida en la mencionada Disposición Transitoria, la cual se estableció de forma excepcional y -se reitera- es diferente de la establecida en los arts. 247 del CPC y 339 del anterior Código de Procedimiento Civil abrogado (CPCabrg [fs. 202]), aspecto que igualmente debe ser considerado por las autoridades de alzada a tiempo de definir la norma aplicable considerando principalmente que la solicitud de extinción se basó en el citado precepto procesal civil. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela impetrada, no obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional y 44.2 del Código Procesal Constitucional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 25 de 22 de marzo de 2023, cursante de fs. 397 vta. a 400 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, respecto al derecho al debido proceso en sus elementos de motivación y congruencia relacionada a la tutela judicial efectiva, disponiendo dejar sin efecto el Auto de Vista 288 de 15 de septiembre de 2021, y ordenando en consecuencia la emisión de una nueva resolución conforme al alcance establecido en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional; y,
2° DENEGAR la tutela en relación al debido proceso en su vertiente de interpretación de la norma. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. Al no existir consenso en Sala dentro del presente caso, dirime el Ph.D. Paul Enrique Franco Zamora, Presidente; siendo de Voto Disidente el Dr. Petronilo Flores Condori.
Fdo. Ph.D. Paul Enrique Franco Zamora
PRESIDENTE
Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0685_2023-S3.pdf · páginas 1 a 22.
Huella digital del PDF (SHA-256): cf93b8c49240cb03027cdbd52f65ded10a0fac59e23bbbb5a81fda4167b1af58
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →