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SCP 0685/2023-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 19 de julio de 2023

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
19 de julio de 2023
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano
Expediente
47906-2022-96-AAC
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al trabajo digno; “…sin discriminación, que asegura una vida digna para sí y para su familia, garantizando el Estado la estabilidad laboral…” (sic); “a la continuidad”; y, estabilidad laboral; toda vez que, la autoridad demandada lo desvinculó sin considerar que gozaba de inamovilidad laboral al ser una persona con discapacidad visual al 100%. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 47/22 de 20 de mayo de 2022, cursante de fs. 50 a 53, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración que no se ingresó al fondo de la problemática planteada.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. El principio de inmediatez en la acción de amparo constitucional
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0685/2023-S2 Sucre, 19 de julio de 2023 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano Acción de amparo constitucional Expediente: 47906-2022-96-AAC Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 47/22 de 20 de mayo de 2022, cursante de fs. 50 a 53, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Lucio Themo Rodríguez contra Luis Fernando Camacho Vaca, Gobernador Departamental de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 9 y 16 de mayo de 2022, cursantes de fs. 32 a 39; y, 42, el accionante expresó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Había sido ratificado en su cargo por el anterior Gobernador, Rubén Costas Aguilera, mediante Resolución Departamental 1029 de 1 de marzo de 2021 y continuó en funciones. Solicitó cuatro días a cuenta de sus vacaciones para asistir a un Congreso Nacional. Sin embargo, el Director de Recursos Humanos (RR.HH.), no firmó la solicitud, por lo que tuvo que volver a sus funciones. Posteriormente, fue despedido el 14 de septiembre de 2021, mediante Memorándum MEMO DE BAJA D.RR.HH. 269/21 de 13 de igual mes y año. Ante lo cual presentó una denuncia ante la Jefatura Departamental del Ministerio de Trabajo de Santa Cruz; toda vez que, tiene una discapacidad visual al 100%. Así que, apersonado el Gobernador ahora demandado persistió en la negativa del derecho que le reconoce la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad; la Constitución Política del Estado; la Ley General del Trabajo; Ley General para Personas con Discapacidad -Ley 223 de 2 de marzo de 2012-; y, Ley de Inserción Laboral y de Ayuda Económica para Personas con Discapacidad -Ley 977 de 26 de septiembre de 2017-, que se anteponen a un Reglamento Interno del cual jamás tuvo conocimiento en razón a que nunca le fue entregada una copia como corresponde. Finalmente, afirmó que fue despedido por discriminación y no se reconoció su derecho a la inamovilidad laboral en virtud del art. 70.4 de la Norma Suprema.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Señaló como lesionados sus derechos al trabajo digno; “…sin discriminación, que asegura una vida digna para sí y para su familia, garantizando el Estado la estabilidad laboral…” (sic); “a la continuidad”; y, estabilidad laboral; citando al efecto los arts. 14.I y II, 46.I, y II, 70.4 y 71.I y II, 109.I de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 2 inc. a) de la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad.

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela; y en consecuencia, ordenar: a) Revocar y dejar sin efecto el Memorándum MEMO DE BAJA D.RR.HH. 269/21 de 13 de septiembre de 2021; b) Ordenar “…se restituya mi derecho al trabajo y a la estabilidad laboral, tutelando mi inamovilidad laboral por ser una persona con discapacidad y que en forma discriminatoria me fueron arrebatados” (sic); y, c) Se disponga el pago de salarios devengados, su reincorporación al mismo cargo y con la misma remuneración.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública el 19 de mayo de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 47 a 49 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogado, ratificó in extenso los argumentos contenidos en la demanda tutelar; y, conocido el informe de la autoridad demandada señaló que: 1) Tendría una discapacidad visual al 100%; 2) Trabajó en la Gobernación durante más de once años sin ningún problema o proceso legal; 3) A pesar de haber solicitado el permiso correspondiente, no le concedieron el mismo; 4) Fue despedido de su trabajo después de asistir al Congreso de la Federación Nacional de Ciegos de Bolivia; 5) Ante lo cual acudió a la Jefatura Departamental de Trabajo de Santa Cruz contra del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz; y, 6) Por lo que está solicitando la restitución a su trabajo, la cancelación de todos los sueldos devengados hasta el momento de su reincorporación, y la restauración de su derecho a utilizar el servicio de salud.

I.2.2. Informe del demandado

Luis Fernando Camacho Vaca, Gobernador Departamental de Santa Cruz, a través de su apoderado legal presentó memorial de 19 de mayo de 2022, cursante de fs. 70 a 75 vta., y ratificado en audiencia, solicitó se deniegue la tutela, en mérito a los siguientes argumentos: i) el peticionante de tutela fue notificado de su despido el 13 de septiembre de 2021 del cargo como Director de las Personas con Discapacidad (DIPEDIS), dependiente de la Secretaría Departamental de Salud y Desarrollo Humano del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz; ii) El 16 de igual mes y año, solicitó la reconsideración de su desvinculación; iii) Los funcionarios públicos se clasifican en Superior, Ejecutivo y Operativo, en función de su jerarquía dentro de la estructura organizacional de la entidad, esta clasificación de los funcionarios públicos sería importante para determinar sus derechos y responsabilidades; iv) La inamovilidad laboral es un derecho de los funcionarios públicos a mantener sus puestos de trabajo a menos que sean despedidos por una causa justa; v) Los servidores públicos libremente designados en cargos ejecutivos, al no ser funcionarios de carrera administrativa, pueden ser removidos o cesados de su cargo sin necesidad de proceso previo, cuando dicha decisión está sustentada en la facultad que tiene la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) de una institución pública; vi) La jurisprudencia tanto del Tribunal Constitucional como del Plurinacional ha reconocido que el derecho a la inamovilidad laboral no es absoluto, en el ámbito administrativo, no es transversal a todos los servidores públicos; toda vez que, los de libre nombramiento no están protegidos por el derecho a la inamovilidad laboral en la misma medida que los servidores públicos de carrera, citando al efecto la SCP 0579/2015-S3 de 19 de junio y reiterada por la SCP 0049/2019-S1 de 3 de abril; vii) No tiene derecho a la inamovilidad laboral, por ser su cargo de libre designación independientemente de su discapacidad; puesto que, la inamovilidad laboral no es un derecho absoluto, y puede verse limitado en casos de funcionarios de libre nombramiento; viii) Los funcionarios de libre nombramiento no tienen el mismo grado de protección que los de carrera; ix) La Ley 223 no impone que el Estado Boliviano en ninguna de sus reparticiones así como los Gobiernos Autónomos Departamentales, deban mantener a una persona con discapacidad persé cómo trabajador, sino garantizar que las personas con discapacidad tengan las mismas oportunidades de empleo que cualquier otra y puedan estudiar, formarse y capacitarse técnicamente, y puedan ocupar cualquier puesto de trabajo que requiera habilidades técnicas; x) Adicionalmente en la audiencia señaló que el ahora peticionante de tutela no se presentó a su trabajo durante tres días consecutivos, sin autorización de su superior; xi) El prenombrado solicitó vacaciones, pero no por el conducto regular; xii) Los funcionarios de libre nombramiento no tienen derecho a la inamovilidad laboral, porque son nombrados por la autoridad electa y pueden ser removidos; y, xiii) Las personas con discapacidad tienen las mismas oportunidades de empleo que cualquier otra, pero deben tener las capacidades técnicas necesarias para el trabajo.

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante la Resolución 47/22 de 20 de mayo de 2022, cursante de fs. 50 a 53, denegó la tutela solicitada. Decisión asumida con base en los siguientes fundamentos: a) El derecho al trabajo es un derecho fundamental que se encuentra reconocido en la Constitución Política del Estado y en ese mismo sentido la estabilidad laboral deriva del citado derecho; b) Para que una persona sea titular de derechos del grupo de protección constitucional reforzado o vulnerable de discapacidad, imperativamente debe cumplir con el Decreto Supremo (DS) 1893 de 12 de febrero de 2014; puesto que, establece los requisitos para que una persona sea titular de derechos del grupo de protección constitucional reforzado o vulnerable de discapacidad; c) Uno de los efectos de gozar de los derechos de una persona con discapacidad, es la abstracción del principio de subsidiariedad, entendiendo que la intervención del Estado debe ser subsidiaria; vale decir, debería intervenir solo cuando no pueden resolver un problema por sí mismos; d) En el caso de las personas con discapacidad, el Estado debe intervenir para garantizar sus derechos, aun cuando no han agotado las vías administrativas u ordinarias; e) El ahora peticionante de tutela presentó dos recursos administrativos: primero, recurso de reconsideración ante la MAE -28 de septiembre de 2021- y una denuncia ante la Jefatura Departamental de Trabajo de Santa Cruz -17 de diciembre de 2021-; f) La Sala Constitucional Segunda no exigiría al impetrante de tutela agote la vía administrativa cuando es una persona con discapacidad; empero, el prenombrado no presentó el certificado único de discapacidad -requisito legal y jurisprudencial- y que el carnet del Instituto Boliviano de la Ceguera no cumple con lo ordenado en los arts. 3 y 4 del DS 28521 de 16 de diciembre de 2005; y, g) Por lo que, el Tribunal de garantías deniega la tutela solicitada porque no presentó el certificado único de discapacidad, y no concluyó los recursos administrativos que presentó y no cumplió con la reglamentación expresa que establece el art. 79 del “reglamento interno vigente” de la Gobernación.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por Memorándum MEMO DE BAJA D.RR.HH. 296/21 de 13 de septiembre de 2021, dirigido a Lucio Themo Rodriguez -ahora accionante-, se prescindió de sus servicios por ser una autoridad de libre nombramiento, documento suscrito por Luis Fernando Camacho Vaca, Gobernador Departamental de Santa Cruz -autoridad demandada- (fs. 14). II.2. Cursa nota de 16 de septiembre de 2021, dirigida a la autoridad demandada por la cual el impetrante de tutela solicitó reconsideración de despido laboral y reincorporación en razón a que tendría autorización verbal del superior y además sería una persona con discapacidad visual (fs. 17). II.3. Conforme al Sistema Integrado de Registro Judicial (SIREJ), esta acción tutelar fue interpuesta el 9 de mayo de 2022, a horas 13:28 (fs. 39).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al trabajo digno; “…sin discriminación, que asegura una vida digna para sí y para su familia, garantizando el Estado la estabilidad laboral…” (sic); “a la continuidad”; y, estabilidad laboral; toda vez que, la autoridad demandada lo desvinculó sin considerar que gozaba de inamovilidad laboral al ser una persona con discapacidad visual al 100%. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1. El principio de inmediatez en la acción de amparo constitucional

El art. 129.II de la CPE, dispone que: “La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computables a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial” (énfasis añadido); por otro lado, el art. 55.I del CPCo, establece que: “La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computables a partir de la comisión de la vulneración alegada o de conocido el hecho” (las negrillas son nuestras). Acorde a dichos antecedentes, de manera uniforme la jurisprudencia constitucional dispone que la presente acción de defensa se encuentra regida por el principio de inmediatez; entendido este, como el plazo máximo y perentorio que tienen las partes para activar esta vía de control tutelar extraordinaria, en procura de la restitución y protección de sus derechos y garantías supuestamente vulnerados o amenazados de hacerlo.

La SC 0521/2010-R de 5 de julio, sobre el plazo máximo para interponer la acción de amparo constitucional, dispuso: “…habiendo la Constitución Política del Estado vigente acogido expresamente el mismo, adoptando con ello el requisito imprescindible que el accionante debe cumplir, de presentar su recurso dentro de los seis meses a partir de la supuesta vulneración cometida o de la notificación con la resolución judicial o administrativa que se considera lesiva de derechos fundamentales y garantías constitucionales; principio que conforme expresa la SC 1157/2003-R de 15 de agosto: '…está sustentado básicamente en el principio de preclusión de los derechos para accionar, pues por principio general del derecho ningún actor procesal puede pretender que el órgano jurisdiccional esté a su disposición en forma indefinida, sino que sólo podrá estarlo dentro de un tiempo razonable, pues también es importante señalar que si en ese tiempo el agraviado no presenta ningún reclamo implica que no tiene interés alguno en que sus derechos y garantías le sean restituidos’”. De igual forma, la SCP 0809/2012 de 20 de agosto, determina: “Ahora bien, el término o de notificada la última decisión administrativa o judicial, debe ser entendido como una actuación dentro del proceso, mediante el cual, se trató de restituir el acto u omisión que supuestamente vulneró los derechos fundamentales. Un aspecto similar se prevé en la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, que en su art. 59, referente al plazo para la interposición de las acciones de defensa, establece: ‘Las acciones de Amparo Constitucional, de Protección de Privacidad y de Cumplimiento, podrán interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial’”. La SCP 1233/2022-S4 de 21 de septiembre, establece: “Con base en la normativa constitucional anotada, se concluye que para interponer la acción de amparo constitucional se tiene previsto un término de caducidad de seis meses a partir de la comisión de la vulneración alegada, de conocido el hecho o de notificado con la última decisión administrativa o judicial que agota la vía, considerando al último actuado como el mecanismo de impugnación idóneo previsto por la ley para corregir o enmendar la posible lesión al derecho fundamental o garantía constitucional de la persona, y que, de no hacerlo, se constituye en el acto lesivo de los derechos y garantías denunciados; sin que sea necesario efectuar la precisión de cuál de las partes interpuso la solicitud, siendo el plazo aplicable para todos”. La SCP 1463/2013 de 22 de agosto, establece que: “Los arts. 128 y 129 de la CPE, establecen que la acción de amparo constitucional constituye un medio de tutela de carácter extraordinario y se rige esencialmente por los principios de subsidiariedad e inmediatez, que hacen a su naturaleza jurídica. El principio de inmediatez se caracteriza por tener una doble dimensión; positiva y negativa, la primera consistente en que el amparo constitucional es la vía idónea para la protección inmediata de derechos fundamentales y garantías constitucionales restringidos o suprimidos indebida o ilegalmente; la segunda, la activación de esta garantía jurisdiccional depende que su interposición se realice en un plazo razonable, que la Norma Fundamental fijó en seis meses computables a partir de la comisión del acto ilegal u omisión indebida del servidor público o del particular, o de notificado con la última decisión judicial o administrativa” (las negrillas nos pertenecen). La SC 0770/2003-R de 6 de junio, señala: “Que, asimismo cabe establecer que el principio de inmediatez no importa la utilización discontinua o esporádica de los medios y recursos previos a la interposición del amparo, pues los reclamos deben ser interpuestos ante la instancia ordinaria o administrativa competente oportunamente, debiendo el agraviado por la lesión, hacer el seguimiento respectivo de su reclamo hasta agotar todas las instancias en el tiempo razonable, y para el caso de no obtener respuesta ni la cesación de la vulneración podrá acudir en el plazo de seis meses ante la jurisdicción constitucional a fin de que se compulse la amenaza, restricción o supresión al derecho fundamental. Este razonamiento, resulta lógico, puesto que responde no sólo al principio de inmediatez sino también a los principios de preclusión y celeridad, los mismos que no sólo dependen de los actos de la autoridad sino también del peticionante, quien debe estar compelido por su propio interés a realizar el seguimiento que corresponda a su solicitud, de modo que cuando no ha sido diligente en propia causa no se puede pretender que esta jurisdicción esté supeditada en forma indefinida para otorgarle protección” (énfasis añadido).

III.2. Análisis del caso concreto

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al trabajo digno; “…sin discriminación, que asegura una vida digna para sí y para su familia, garantizando el Estado la estabilidad laboral…” (sic); “a la continuidad”; y, estabilidad laboral; toda vez que, la autoridad demandada lo desvinculó sin considerar que gozaba de inamovilidad laboral al ser una persona con discapacidad visual al 100%. En consecuencia, solicitó se le conceda la tutela correspondiente y se deje sin efecto el memorándum de desvinculación ordenando su reincorporación y pago de salarios devengados. Por lo que, antes de ingresar al análisis de fondo, corresponde determinar si se ha cumplido con el principio de inmediatez, a tal efecto, la jurisprudencia constitucional glosada en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional estableció que la SCP 0809/2012 de 20 de agosto, que el término “de notificada la última decisión administrativa o judicial” debía entenderse como la actuación dentro del proceso o procedimiento mediante el cual se trató de restituir el acto u omisión supuestamente vulnerador, aun cuando no sea obligatorio agotar la vía por el principio de subsidiariedad. Así que, la dimensión negativa del principio de inmediatez depende de que la activación se realice a partir de la comisión del acto ilegal o del último actuado idóneo sea la presentación ante la falta de respuesta o notificación en la resolución, para que se determine el cómputo del plazo para que la acción tutelar caduque. El hecho lesivo denunciado, y sobre el cual el accionante solicita su tutela se refiere al Memorándum MEMO DE BAJA D.RR.HH. 269/21 de 13 de septiembre de 2021 (Conclusión II.1) requiriendo su reincorporación, la cual fue impugnada mediante una nota de reconsideración (Conclusión II.2), y si bien no se recibió respuesta o constancia de que hubiera concluido -considerando que pertenece a un grupo de protección reforzada- la misma fue presentada el 16 de igual mes y año. La SC 0770/2003-R, señaló que el principio de inmediatez estableció que el accionante debería interponer el amparo constitucional en el menor tiempo posible después de haber sido vulnerado su derecho fundamental -considerando el plazo máximo de seis meses-; puesto que, el mismo responde a los principios de preclusión y celeridad, los cuales también obligan al impetrante de tutela a realizar el seguimiento de su reclamo hasta agotar todas las instancias en este tiempo razonable. Por lo cual, se exige al solicitante de tutela ser diligente en la defensa de sus derechos fundamentales, puesto que el Tribunal Constitucional Plurinacional no está supeditado a la negligencia de quien pretenda que se restituyan sus derechos supuestamente vulnerados. En el presente caso, el peticionante de tutela fue notificado con el Memorándum MEMO DE BAJA D.RR.HH. 269/21 y el 16 de septiembre de 2021, impugnó el mismo ante la autoridad que lo emitió, bajo la denominación de reconsideración. Sin embargo, el prenombrado a pesar que no precisaría una respuesta de la Gobernación, decidió no hacer ninguna otra gestión con relación al citado Memorándum, hasta la presentación de esta acción tutelar el 9 de mayo de 2022 (Conclusión II.3).

Si bien, el solicitante de tutela acudió a la Jefatura Departamental de Trabajo de Santa Cruz esta instancia se declaró incompetente, reconociendo que no es el mecanismo idóneo para la restitución de sus derechos; por lo que, el tiempo transcurrido en esta instancia, no puede ser considerado para el plazo de la inmediatez de la acción de amparo constitucional, así lo entendió la SCP 1233/2022-S4, glosada en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional que estableció que para ser el último actuado, debe ser el mecanismo de impugnación idóneo previsto por la ley para corregir o enmendar la posible lesión al derecho fundamental o garantía constitucional de la persona, y que de no hacerlo, se constituye en el acto lesivo de los derechos y garantías constitucionales. En conclusión, el último actuado que puede ser considerado para el cómputo del plazo, sería la nota del 16 de septiembre de 2021 (Conclusión II.2), así que hasta la fecha de presentación de esta acción el 9 de mayo de 2022 (Conclusión II.3) transcurrieron más de seis meses. Puesto que, el principio de inmediatez establece que el accionante debe interponer la acción tutelar dentro del plazo establecido después de haber sufrido una vulneración a sus derechos fundamentales, y que basado en la celeridad y preclusión del mismo, el accionante no ha sido diligente en propia causa; por lo que, no se puede pretender que la jurisdicción constitucional esté supeditada en forma indefinida para otorgarle protección. En consecuencia, la Sala Constitucional al denegar la tutela impetrada, actuó de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 47/22 de 20 de mayo de 2022, cursante de fs. 50 a 53, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración que no se ingresó al fondo de la problemática planteada.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano

MAGISTRADO

Fdo. MSc. Brigida Celia Vargas Barañado

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0685_2023-S2.pdf · páginas 1 a 10.

Huella digital del PDF (SHA-256): 26894f8cf12918677dc746d542d3413e92626cc4a6d29129976b0362c3dab32c

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