Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 30 de junio de 2025
Deniega la tutela
El accionante, a través de sus representantes sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso, a la defensa, a la igualdad, a la dignidad, a la petición y, a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones; así como, los principios de verdad material, igualdad, no formalismo y celeridad; ello debido a que, el Fiscal de Materia, incurrió en las siguientes irregularidades: a) A pesar de que el imputado fue arrestado a horas 9:00 del 19 de febrero de 2025, su declaración fue tomada a horas 22:15 del mismo día y entonces recién se emitió el mandamiento de su aprehensión, excediendo el plazo máximo de ocho horas; y, b) A horas 8:30 del 20 del mismo mes y año, presentó imputación formal sin que previamente se hubiera realizado el correspondiente control jurisdiccional. Por otro lado, el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de El Torno del departamento de Santa Cruz, obró indebidamente, puesto que: 1) El 20 de febrero de 2025, homologó las medidas de protección, pese a las irregularidades en su aprehensión; 2) El 21 del mismo mes y año, en audiencia de medidas cautelares, dispuso su detención preventiva sin valorar adecuadamente la calificación jurídica del delito por el cual se lo imputó, el ofrecimiento de un segundo domicilio y la existencia de una fuente laboral a efectos de enervar los riesgos procesales; así como, las entrevistas psicológicas y el informe médico forense a las víctimas menores de edad, a efectos de determinar si representaba un peli…
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 13/25 de 6 de mayo de 2025, cursante de fs. 188 a 189 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Primero de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada conforme los fundamentos jurídicos del presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0684/2025-S2 Sucre, 30 de junio de 2025 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 73363-2025-147-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 13/25 de 6 de mayo de 2025, cursante de fs. 188 a 189 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Paulina García Fernández y Gregorio Murillo Flores en representación sin mandato de Juan Carlos Murillo García contra Diego Vladimir Campero García, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de El Torno del departamento de Santa Cruz; y, José Heraldo Tarqui Flores, Fiscal de Materia.
Por memorial presentado el 5 de mayo de 2025, cursante a fs. 1 y 145 a 149 vta., el accionante, a través de sus representantes sin mandato, manifiesta lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público a denuncia de Nataly Bruno Quintanilla, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, signado con el Código Único de Denuncia (CUD) 701502102800100, se produjeron las siguientes ilegalidades: a) Fue arrestado mediante acción directa a horas 9:00 del 19 de febrero de 2025 y su declaración informativa fue recibida a horas 22:15, es decir, sobrepasando las ocho horas establecidas para el arresto; b) A horas 22:30 de la misma fecha, a pesar de tales irregularidades, luego de presentado el informe policial, se emitieron cinco requerimientos fiscales, cuatro con relación a las supuestas víctimas menores de edad -de trabajo social, de entrevista psicológica, de examen médico forense y de medidas de protección- y una con relación a su persona -de aprehensión-; c) A horas 8:30 de 20 del mismo mes y año, se presentó Resolución Fiscal de Imputación Formal sin control jurisdiccional; d) En la precitada fecha, se homologaron las medidas de protección; y, e) El 21 del referido mes y año, en audiencia de medidas cautelares se resolvió su detención preventiva sin considerar el segundo domicilio ofrecido por sus padres, el trabajo establecido en su cédula de identidad, las entrevistas psicológicas de los menores, las medidas de protección y el informe del médico forense. El 4 de abril de 2025, pidió ante el Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de El Torno del departamento de Santa Cruz, la cesación de su detención preventiva y audiencia de anticipo de Cámara Gesell; sin embargo, el 10 del mismo mes y año, en lugar de fijar las audiencias solicitadas, se emitió una nota señalando que el memorial ingresaría a despacho en esa fecha porque el expediente fue remitido a la Sala Penal de turno del referido asiento judicial como efecto del recurso de apelación incidental interpuesto; y, el 11 de dicho mes y año, se decretó a ambos memoriales: “…a conocimiento de la defensa del imputado…” (sic). Asimismo, se procedió a su arresto como si se tratara de un delito en flagrancia y en “…audiencia de apelación a las medidas cautelares…” (sic) presentó documentación original sobre el domicilio y trabajo requeridos, mismos que no fueron incorporados al expediente ni valorados en la audiencia de consideración de la cesación de su detención preventiva.
El accionante, a través de sus representantes sin mandato, alega la lesión de sus derechos a la libertad; al debido proceso; a la defensa; a la igualdad; a la dignidad; a la petición; y, a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, trasparente y sin dilaciones; así como, el principio de celeridad; citando al efecto, los arts. 22, 23, 24, 115, 116, 117, 119, 120, 157 y 178 de la Constitución Política del Estado (CPE); 8 y 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); y, 7.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, se disponga: 1) La nulidad del proceso hasta la denuncia restableciendo las formalidades legales omitidas; 2) Se ordene su libertad; y, 3) Se determine la existencia de responsabilidad civil y penal de los “recurridos”.
Celebrada la audiencia pública el 6 de mayo de 2025, según consta en el acta cursante de fs. 186 a 188, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante, a través de sus representantes sin mandato, ratificó in extenso los argumentos expuestos en su memorial de acción de libertad y ampliando los mismos en audiencia señaló que: i) No le es atribuible responsabilidad alguna respecto a la remisión del expediente original por motivo del recurso de apelación incidental planteado; en ese contexto, la inacción judicial al no dar curso a su solicitud de audiencia de consideración de la cesación de su detención preventiva vulneró su derecho al debido proceso, específicamente en su vertiente de celeridad procesal; asimismo, la omisión de señalar día y hora para la realización de la Cámara Gesell generó su estado de indefensión y configuró retardación de justicia; ii) El hecho de haber sido arrestado a horas 9:00 del 19 de febrero de 2025 y recién haber prestado su declaración informativa a horas 22:00 del mismo día, constituye un acto de persecución indebida, motivo por el cual, activó la excepción de falta de acción; iii) La tipificación del delito de corrupción de menores carece de sustento jurídico, toda vez que, conforme a las entrevistas realizadas a los menores, su persona se encontraba dormido al momento de los hechos; por lo que, no concurren los elementos objetivos ni subjetivos del tipo penal que le es atribuido; y, iv) Se efectuó una valoración inadecuada de las entrevistas psicológicas realizadas a los menores, las cuales no permitirían concluir válidamente que represente un peligro efectivo para las presuntas víctimas, aspectos que, transgreden los principios de verdad material, igualdad, no formalismo y celeridad.
Diego Vladimir Campero García, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de El Torno del departamento de Santa Cruz, mediante informe cursante a fs. 184 y vta., solicitó se deniegue la tutela impetrada, señalando que: a) Recibió al imputado -ahora accionante- en calidad de aprehendido y en ese marco señaló audiencia para resolver su situación jurídica y proceder a la consideración de medidas cautelares, cuyo resultado fue impugnado por el prenombrado, ante lo cual, remitieron actuados a la Sala Penal de turno del Tribunal Departamental de Justicia del referido departamento, misma que, ya emitió la resolución correspondiente; y, b) La acción de libertad no constituye la vía adecuada para pronunciarse sobre aspectos como la probabilidad de autoría o los riesgos procesales, más aún, cuando lo solicitado es la anulación de obrados desde la denuncia y la consecuente libertad del impetrante de tutela; de ahí que, tales extremos no son susceptibles de revisión en sede constitucional, razón por la cual, no se evidencia que vulneró derechos o garantías constitucionales.
José Heraldo Tarqui Flores, Fiscal de Materia, en audiencia de garantías solicitó se deniegue la tutela, refiriendo que: 1) Si bien la declaración informativa del peticionante de tutela no fue recibida de forma inmediata, fue debido a que, debían trasladarse hasta la localidad de El Torno y se aguardó la llegada de su abogado defensor; no obstante, este extremo no fue planteado en el recurso de apelación incidental donde solo se señalaron los agravios vinculados a la autoría y a los riesgos procesales, quedando superado el mismo; y, 2) No existe vulneración a la seguridad jurídica, más aún, porque el cuestionamiento a la “falta de objetividad” y a la calificación de los tipos penales ya fueron resueltos en audiencia de apelación, en la cual, el Tribunal de alzada determinó que el Juez de Instrucción Penal, al considerar la probable autoría y participación del imputado -ahora accionante-, actuó conforme los elementos que cursan en el cuaderno de investigaciones, quedando por superados también estos extremos.
El Tribunal de Sentencia Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia las Mujeres Primero de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Tribunal de garantías, por Resolución 13/25 de 6 de mayo de 2025, cursante de fs. 188 a 189 vta., denegó la tutela impetrada, con base en los siguientes fundamentos: i) El impetrante de tutela tenía la obligación de denunciar cualquier actividad procesal indebida o ilegal del fiscal o de los funcionarios policiales por la vía incidental ante el Juez encargado del control jurisdiccional, extremo que, en el presente caso no aconteció, más aún, cuando habiéndose planteado recurso de apelación incidental contra la resolución de medidas cautelares, no se plantearon las irregularidades ahora alegadas; ii) Las solicitudes de audiencia de consideración de la cesación de la detención preventiva y Cámara Gesell no fueron atendidas, debido a que, según el Informe emitido por la Oficial de Diligencias del Juzgado, los antecedentes del proceso fueron remitidos al Tribunal de alzada por causa de la impugnación planteada por el peticionante de tutela, por ello, no se evidencia dilación indebida en este punto; iii) Siendo que el expediente se encuentra actualmente en el Juzgado, puede solicitar nuevamente audiencia de consideración de la cesación de su detención preventiva, y en caso de que el Juez de la causa no la señale dentro del plazo previsto por ley, puede interponer la acción tutelar correspondiente; y, iv) La solicitud de audiencia de anticipo de prueba en Cámara Gesell no guarda vinculación con el derecho a la libertad, al tratarse de una proposición de prueba anticipada, por lo que, no corresponde su análisis por la vía de la acción de libertad.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional TCP-AJ-SP-005/2021 de 22 de julio, cursante de fs. 196 a 200, se dispuso, la priorización en el sorteo de casos que involucren la vulneración de derechos fundamentales de Niñas, Niños y Adolescentes; por lo que, en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, sin aguardar el orden cronológico respectivo procedió al sorteo de la presente causa.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente:
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES” (sic) labrada a horas 9:00 del 19 de febrero de 2025 por Edgar Mamani Paucara, investigador de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) asignado al caso, por la cual, se procede al arresto de Juan Carlos Murillo García -ahora accionante- (fs. 8). II.2. Mediante Informe Preliminar de 19 de febrero de 2025, el investigador asignado al caso, puso en conocimiento del Director Provincial de la FELCV del municipio de El Torno del departamento de Santa Cruz, la denuncia y el arresto efectuado contra el impetrante de tutela, quién a su vez, por decreto de la misma fecha dispuso su remisión a conocimiento del Ministerio Público, entidad que recibió el mismo a horas 12:57 de la citada fecha (fs. 13 y vta.). II.3. Consta Acta de Declaración labrada por el investigador asignado al caso a horas 22:00 de 19 de febrero de 2025, por medio del cual, el peticionante de tutela emitió su declaración informativa respecto al hecho de violencia familiar o doméstica por el cual se lo investiga y este declaró: “…hacer uso de [su] derecho al silencio absteniéndo[s]e a declarar” (sic [fs. 62]). II.4. Por Resolución Fiscal de Aprehensión de 19 de febrero de 2025, José Heraldo Tarqui Flores, Fiscal de Materia -ahora demandado- dispuso la aprehensión del accionante (fs. 64 a 65). II.5. A través de informe de 20 de febrero de 2025, el Fiscal de Materia asignado al caso, a horas 8:30 de la misma fecha, presentó ante Diego Vladimir Campero García, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de El Torno del departamento de Santa Cruz -ahora demandado-, el “…INICIO DE INVESTIGACIONES E IMPUTACION FORMAL” (sic) contra el impetrante de tutela, por la presunta comisión de los delitos de violencia familiar o doméstica y, corrupción de niño, niña y adolescente previstos en los arts. 272 bis.3, y 318 con la agravante del 319.1 y 5 del Código Penal (CP); y, solicitó la detención preventiva del prenombrado en el Centro Penitenciario Palmasola del referido departamento y la homologación de las medidas de protección dispuestas en favor de las presuntas víctimas (fs. 76 a 81 vta.); el cual, fue decretado por la autoridad jurisdiccional en la misma fecha, fijándose audiencia de consideración de medidas cautelares para horas 8:30 del 21 del mismo mes y año, y homologándose las medidas de protección emitidas (fs. 82 y vta.). II.6. Cursa Auto Interlocutorio de 21 de febrero de 2025, en el cual, el Juez demandado ordenó la detención preventiva del peticionante de tutela en el Centro Penitenciario Palmasola del departamento de Santa Cruz por el término de ciento veinte días y dispuso audiencia de situación jurídica para el 23 de junio del mismo año (fs. 97 a 101 vta.). II.7. Mediante memorial presentado el 25 de febrero de 2025, el accionante interpuso recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio de 21 del mismo mes y año (fs. 118 a 120). II.8. Por Auto de Vista 132 de “28 de marzo” -siendo lo correcto 1 de abril-de 2025, la Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declaró admisible y procedente en parte el recurso de apelación incidental planteado por el impetrante de tutela y revocó parcialmente la “…RESOLUCIÓN DE FECHA 21 DE FEBRERO DE 2025…” (sic), dando por acreditado el elemento trabajo, manteniendo incólumes los demás riesgos procesales y la probabilidad de autoría (fs. 141 a 144). II.9. A través de memoriales presentados el 4 de abril de 2025, el peticionante de tutela, solicitó al Juez demandado que señale audiencia de anticipo jurisdiccional de Cámara Gesell (fs. 124 y vta.) y audiencia de consideración de la cesación de su detención preventiva (fs. 135 y vta.); asimismo, a través de “NOTA” de 10 del mismo mes y año, la Oficial de Diligencias del Juzgado consigna que los memoriales ingresan a despacho en dicha fecha, toda vez que, el expediente en original fue remitido a la Sala Penal de turno por motivo del recurso apelación incidental interpuesto por el prenombrado (fs. 125 y 136); y, el 11 del referido mes y año, la autoridad jurisdiccional demandada decretó: “En atención a la Nota que antecede y en lo principal, a conocimiento de la defensa del imputado” (sic [fs. 126 y 137]).
El accionante, a través de sus representantes sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso, a la defensa, a la igualdad, a la dignidad, a la petición y, a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones; así como, los principios de verdad material, igualdad, no formalismo y celeridad; ello debido a que, el Fiscal de Materia, incurrió en las siguientes irregularidades: a) A pesar de que el imputado fue arrestado a horas 9:00 del 19 de febrero de 2025, su declaración fue tomada a horas 22:15 del mismo día y entonces recién se emitió el mandamiento de su aprehensión, excediendo el plazo máximo de ocho horas; y, b) A horas 8:30 del 20 del mismo mes y año, presentó imputación formal sin que previamente se hubiera realizado el correspondiente control jurisdiccional. Por otro lado, el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de El Torno del departamento de Santa Cruz, obró indebidamente, puesto que: 1) El 20 de febrero de 2025, homologó las medidas de protección, pese a las irregularidades en su aprehensión; 2) El 21 del mismo mes y año, en audiencia de medidas cautelares, dispuso su detención preventiva sin valorar adecuadamente la calificación jurídica del delito por el cual se lo imputó, el ofrecimiento de un segundo domicilio y la existencia de una fuente laboral a efectos de enervar los riesgos procesales; así como, las entrevistas psicológicas y el informe médico forense a las víctimas menores de edad, a efectos de determinar si representaba un peligro efectivo para estas; 3) No atendió su solicitud de señalamiento de audiencia de cesación de la detención preventiva; y, 4) No atendió su solicitud de señalamiento de audiencia de anticipo de prueba en Cámara Gesell. Ante ello, el Juez demandado, manifestó que: i) Recibió al peticionante de tutela en calidad de aprehendido y fijó audiencia de medidas cautelares cuyo resultado fue oportunamente impugnado por el prenombrado, el cual, fue resuelto por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, ii) Los aspectos relativos a la probabilidad de autoría y a la existencia de riesgos procesales no deben ser objeto de revisión en sede constitucional. Por su parte, el Fiscal de Materia demandado, explicó que: a) La declaración del impetrante de tutela se tomó a horas 22:00, debido a que, debían trasladarse hasta la localidad de El Torno, aguardar la llegada de su abogado defensor, y dicho aspecto no fue cuestionado en el recurso de apelación; y, b) La calificación de los tipos penales fue confirmada por el Tribunal de alzada, habiéndose considerado los datos contenidos en el cuaderno de investigación. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SCP 0464/2015-S3 de 5 de mayo, estableció que: “Con relación al procesamiento indebido, la jurisprudencia constitucional fue uniforme al señalar que la vía idónea para su impugnación es la acción de amparo constitucional; sin embargo, cuando se demuestre que esas vulneraciones afectaron directamente al derecho a la libertad física o libertad de locomoción del accionante, dicha protección se verá materializada a través de la acción de libertad, en aquellos casos en los cuales, el procesamiento indebido constituya la causa directa que originó la restricción o supresión de los antes citados derechos previo cumplimiento de la subsidiariedad excepcional que rige a este tipo de acciones. Al respecto, la doctrina desarrollada por el entonces Tribunal Constitucional, estableció que la protección otorgada por la acción de libertad cuando se refiere al debido proceso, no abarca a todas las formas que puede ser vulnerado, sino, queda reservada para aquellos entornos que conciernen directamente al derecho a la libertad física y de locomoción; caso contrario, deberá ser tutelado mediante la acción de amparo constitucional, dado que mediante ésta no es posible analizar actos o decisiones demandados como ilegales que no guarden vinculación con los derechos citados. Además de este requisito, debe tenerse presente que opera igualmente el principio de subsidiariedad, de modo que previo a su interposición, deberán agotarse los medios idóneos dentro de la jurisdicción ordinaria donde se tramita la causa, y no pretender su tutela en el ámbito constitucional, cuando los reclamos no fueron activados oportunamente, habida cuenta que no puede utilizarse para salvar la negligencia de la parte accionante…”. Asimismo, la SC 0619/2005-R de 7 de junio, refirió que la garantía de la libertad personal o de locomoción puede ejercerse mediante el recurso de hábeas corpus -actual acción de libertad- cuando se denuncia procesamiento ilegal o indebido, debiendo presentarse concurrentemente los siguientes supuestos: “…a) el acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión; b) debe existir absoluto estado de indefensión, es decir, que el recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién tuvo conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de la libertad".
La SC 0258/2003-R de 28 de febrero, estableció que la o el agraviado “…debe acusar el acto indebido o ilegal constituido ya sea en un acto procesal o en una resolución ante la instancia última, pues de no hacerlo la tutela resultaría ineficaz por cuanto no se puede compulsar la problemática si no ha sido recurrida la autoridad o persona que tiene la facultad de revisar, consiguientemente, modificar, confirmar o revocar el acto o resolución puesto en su conocimiento, ya que en la última instancia -si se acusa el acto ilegal u omisión indebida-, se resolverá definitivamente, de manera que quien deberá responder por la lesión al derecho fundamental y repararlo en forma inmediata será la autoridad o tribunal que tenga legalmente la atribución de conocer en última instancia, y por lo mismo, para el caso de no reparar la lesión al momento de resolver el recurso ordinario, es quien tiene la legitimación pasiva para ser demandado, responder y cumplir lo que se ordene en esta jurisdicción…”.
Identificado el objeto procesal que originó la presente acción de defensa, corresponde precisar que, conforme al contenido del Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, la protección del debido proceso a través de la acción de libertad procede únicamente cuando concurren de forma simultánea los siguientes presupuestos: 1) Que los actos u omisiones denunciados como lesivos estén directamente vinculados con el derecho a la libertad personal o constituyan su principal causa de restricción; y, 2) Que exista un estado absoluto de indefensión en la persona que solicita la tutela constitucional. En el presente caso, el accionante cuestiona diversos actos y omisiones que considera lesivos de sus derechos; en consecuencia, para resolver de manera ordenada dichos extremos, se procederá a su análisis atendiendo a la autoridad señalada como responsable de cada uno de ellos. En lo que respecta a las presuntas irregularidades atribuidas al Fiscal de Materia demandado, corresponde señalar de manera general que el art. 54.1 del Código de Procedimiento Penal (CPP) establece que los jueces de instrucción penal son competentes para ejercer el control jurisdiccional de la investigación, en el marco de las facultades y deberes previstos en dicho cuerpo legal. A su vez, el art. 279 del citado Código dispone que tanto el Ministerio Público como la Policía Nacional actúan bajo control jurisdiccional, y que los fiscales no pueden realizar actos jurisdiccionales, ni los jueces actos de investigación que comprometan su imparcialidad. Por tanto, todos los actos u omisiones denunciados en esta acción tutelar con relación al Fiscal de Materia demandado deben ser puestos en conocimiento del juez de instrucción penal competente, a efectos de activar los mecanismos de control intraprocesales correspondientes. Solo en caso de persistencia de la vulneración, y una vez agotados dichos mecanismos, es posible acudir a la jurisdicción constitucional, siempre que los hechos denunciados guarden relación directa con la restricción de la libertad personal y se configure un estado de indefensión.
En consecuencia, lo obrado por dicha autoridad fiscal no puede ser analizado en el fondo dentro de la presente Sentencia Constitucional, al no haberse cumplido con los presupuestos de procedencia exigidos por la normativa constitucional y procesal vigente. Respecto a las presuntas irregularidades por un supuesto procesamiento indebido atribuidas al Juez demandado contenidas en los puntos 1) y 4), corresponde señalar que, para su análisis a través de la acción de libertad, deben concurrir los dos presupuestos señalados en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional. En ese marco, se advierte que ni la homologación de medidas de protección ni la falta de señalamiento de audiencia de anticipo de prueba en Cámara Gesell, están vinculadas con la libertad personal del impetrante de tutela, por lo cual, no operan como causas directas de su presunta restricción. En efecto, como el propio peticionante de tutela refiere, su privación de libertad obedece a la emisión de una resolución judicial que dispuso su detención preventiva. Por tanto, los actos mencionados se constituyen en diligencias procesales con finalidades distintas a la restricción de libertad y, en consecuencia, no pueden considerarse causas directas de la misma. Además, respecto de dichos actos, el accionante cuenta con mecanismos intraprocesales para hacer valer sus observaciones o cuestionamientos. Solo una vez agotadas esas vías y si persiste la presunta vulneración, podría acudirse a la jurisdicción constitucional, pero a través de la acción de amparo constitucional. Por lo tanto, no corresponde ingresar al análisis de fondo respecto a estos extremos. En relación al punto 2) reclamado, el impetrante de tutela cuestiona la supuesta inadecuada calificación del delito de corrupción de menores, la valoración del informe del médico forense y la evaluación de los riesgos procesales vinculados al domicilio, al trabajo y al peligro efectivo para las presuntas víctimas, empero, se evidencia que la autoridad jurisdiccional demandada emitió el Auto Interlocutorio de 21 de febrero de 2025, mediante el cual, dispuso la detención preventiva del peticionante de tutela por el plazo de ciento veinte días (Conclusión II.6). Esta decisión fue objeto de apelación incidental interpuesta el 25 del mismo mes y año (Conclusión II.7) y resuelta mediante Auto de Vista 132 de 1 de abril del citado año, en el que, la Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz declaró admisible y procedente en parte dicho recurso, reconociendo el elemento trabajo, pero manteniendo inalterables los demás riesgos procesales, así como, la probabilidad de autoría (Conclusión II.8).
De lo anterior, se infiere que si bien el Juez demandado emitió el Auto Interlocutorio cuestionado -mediante el que dispuso la detención preventiva del accionante-, esta fue revisada y parcialmente modificada por el Auto de Vista 132, en los términos señalados precedentemente. En ese sentido, teniendo en cuenta que el petitorio de la presente acción tutelar consiste en disponer la nulidad del proceso hasta la etapa de la denuncia, resultaba imprescindible que también se haya presentado esta contra la determinación del Tribunal de alzada, por cuanto, este pronunciamiento consolidó los efectos jurídicos de la decisión inicial. Por ello, de conformidad con la jurisprudencia constitucional, para este tipo de supuestos, el análisis de fondo debe realizarse a partir del acto emanado por la autoridad que resolvió en última instancia, debido a que, esta se constituye en la encargada de reparar o confirmar las posibles vulneraciones suscitadas en primera instancia. Al no haberse cuestionado la Resolución de alzada, este Tribunal se encuentra impedido de realizar un pronunciamiento de fondo sobre el asunto planteado, correspondiendo, en consecuencia, denegar la tutela impetrada sobre este punto. En cuanto al punto 3) reclamado, relacionado con la presunta vulneración al derecho al debido proceso en su vertiente celeridad, atribuida a la autoridad jurisdiccional por no haber señalado audiencia de consideración de la cesación de la detención preventiva del impetrante de tutela, solicitada mediante memorial de 4 de abril de 2025 (Conclusión II.9), se establece que si bien la apelación incidental a las medidas cautelares fue resuelta mediante Auto de Vista 132, dictado por la Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justica de Santa Cruz, los antecedentes no fueron devueltos oportunamente al Juzgado de origen, impidiendo que la autoridad judicial demandada pudiera providenciar dicha solicitud para su respectiva resolución en el marco de lo dispuesto en el art. 239 del CPP; por lo que, conforme consta en antecedentes, el 11 de abril del citado año, se hizo conocer al peticionante de tutela que no era posible emitir pronunciamiento hasta tanto se devuelvan los antecedentes por parte de la referida Sala Penal. En consecuencia, no se evidencia vulneración al debido proceso en su componente celeridad, ya que, la autoridad judicial demandada no podía señalar audiencia sin conocimiento previo del contenido de la Resolución emitida en alzada, lo cual, podría dar lugar a decisiones contradictorias sobre el mismo objeto procesal, generando disfunciones dentro de la jurisdicción ordinaria, este entendimiento se encuentra respaldado por la jurisprudencia constitucional contenida en la SCP 0256/2017-S3 de 3 de abril. Por tanto, corresponde denegar la tutela impetrada sobre este punto.
Finalmente, en relación con la presunta vulneración de los derechos a la defensa; a la igualdad; a la dignidad; a la petición; y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, trasparente y sin dilaciones; así como, los principios de verdad material, igualdad y no formalismo, se advierte que los representantes sin mandato del accionante, omitieron realizar una carga argumentativa mínima respecto de tales extremos, limitándose a su mera enunciación, sin sustentar de manera concreta cómo habrían sido lesionados los mismos. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al denegar la tutela impetrada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 13/25 de 6 de mayo de 2025, cursante de fs. 188 a 189 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Primero de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada conforme los fundamentos jurídicos del presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0684_2025-S2.pdf · páginas 1 a 12.
Huella digital del PDF (SHA-256): 169289a7e3b1ad86db7ca7aaf184050c9e5d62c5531c7d7b5f8c97488dbf0cfa
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