Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 7 de octubre de 2024
Concede en parte la tutela
El accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus componentes fundamentación, motivación, congruencia, defensa, especificidad, certeza y taxatividad y, a la tutela judicial efectiva; y del principio de legalidad; aduciendo que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de concusión en grado de complicidad, la Vocal demandada mediante Auto de Vista 205 de 24 de mayo de 2022, modificó el tipo penal cambiando el grado de participación de cómplice a autor sin competencia para ello, además, adicionó medidas cautelares llegando incluso a imponerle más de una fianza, dispuso su detención domiciliaria, omitiendo la valoración integral de los riesgos procesales determinados por los arts. 234 y 235 del CPP agravando su estado sin que fueran producto de los agravios expuestos en los recursos de apelación de los sujetos procesales. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 125 de 8 de noviembre de 2022, cursante de fs. 73 vta. a 76 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela únicamente en relación al derecho al debido proceso en sus componentes fundamentación y motivación; dejando sin efecto el Auto de Vista 205 de 24 de mayo de 2022 disponiendo que la autoridad demandada de manera inmediata a la notificación con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, pronuncie un nuevo fallo con base en los fundamentos jurídicos desarrollados; 2º DENEGAR respecto a la presunta lesión de los derechos al debido proceso en sus componentes congruencia, defensa, especificidad, certeza y taxatividad y, a la tutela judicial efectiva; y, del principio de legalidad; y, 3º Llamar la atención a Carla Alejandra Arancibia Morato y Hernán Seiwald Suárez, Vocales de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, conforme lo expuesto en el Fundamento Jurídico III.4 de este fallo Constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0684/2024-S2 Sucre, 7 de octubre de 2024 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. DAEN Brigida Celia Vargas Barañado Acción de amparo constitucional Expediente: 52954-2023-106-AAC Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 125 de 8 de noviembre de 2022, cursante de fs. 73 vta. a 76 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Trifon Calani Ayala contra Arminda Mendez Terrazas, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.
Por memoriales presentados el 21 y 31 de octubre de 2022, cursantes de fs. 31 a 42; y, 47 y vta., el accionante expresó que:
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de José Luis Mendoza Calizaya -tercero interesado- en su contra, por la presunta comisión del delito de concusión en grado de complicidad, mediante Auto Interlocutorio 71/2022 de 23 de febrero, el Juez de Instrucción, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, le impuso medidas cautelares personales de arraigo nacional, fianza económica de Bs10 000.- (diez mil bolivianos), la prohibición de contacto con los coimputados y presentación mensual ante el representante fiscal; a esa decisión interpuso recurso de apelación incidental, así como, la víctima, mereciendo el Auto de Vista 205 de 24 de mayo de 2022, pronunciado por Arminda Mendez Terrazas, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia del indicado departamento -demandada-, declarando improcedente el recurso que formuló y al contrario procedente la que planteó la víctima, disponiendo nuevas medidas cautelares como: una fianza juratoria, obligación de presentarse ante el Ministerio Público todos los lunes, prohibición de concurrir a lugares donde frecuente la víctima, o los testigos, de igual manera, de comunicarse con ambos, fianza económica de Bs15 000.- (quince mil bolivianos), detención domiciliaria excepto los días de turno y arraigo con prohibición de salir del país y del departamento de Santa Cruz. El citado Auto de Vista es lesivo a sus derechos; por cuanto, la Vocal demandada sin competencia modificó el tipo penal y agravó su situación jurídica de cómplice a autor, sin tener atribuciones para ello; ya que, es el fiscal de materia quien califica provisionalmente los ilícitos e investiga conforme el art. 302 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y lo establecido en la SC 0044/2007-R de 6 de febrero y la SCP 1340/2013 de 15 de agosto. De igual forma, además de mantener las medidas cautelares impuestas por el Juez de la causa, la autoridad demandada determinó “…una FIANZA JURATORIA y una FIANZA ECONOMICA en Bs. 15.000, es decir [le] impone dos fianzas, y si consideramos la fianza personal dispuesta por Juez Ad quo, al presente [tiene] TRES FIANZAS LA PERSONAL, LA JURATORIA Y ECONOMICA…” (sic) vulnerándose el principio de legalidad al inobservar la SCP 0760/2012 de 13 de agosto, que prohíbe imponer dos fianzas. La Vocal demandada con el argumento de que su situación jurídica cambió de cómplice a autor dispuso su detención domiciliaria, omitiendo la valoración integral de los riesgos procesales determinados por los arts. 234 y 235 del CPP agravando su estado; finalmente, el Auto de Vista 205 no cumplió con lo previsto por el art. 124 del citado Código; es decir, no contaba con una debida fundamentación y motivación. El señalado Auto de Vista vulneró los principios de especificidad y certeza que deben cumplirse en toda resolución judicial; por cuanto, un tribunal de alzada está obligado a responder los agravios descritos en la apelación evitando incurrir en decisiones ultra y citra petita, como lo hizo el fallo confutado que amplió de oficio las medidas cautelares impuestas disponiendo la detención domiciliaria y la imposición de dos fianzas, tras haber modificado el tipo penal agravando su situación jurídica.
Denunció la lesión de sus derechos al debido proceso en sus componentes fundamentación, motivación, congruencia, defensa, especificidad, certeza y taxatividad y, a la tutela judicial efectiva; y, del principio de legalidad, citando al efecto los arts. 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE); 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
Solicitó se conceda la tutela, disponiendo la nulidad del Auto de Vista 205, sea con calificación de costas, daños y perjuicios.
Celebrada la audiencia pública virtual el 8 de noviembre de 2022, según consta en acta cursante de fs. 70 a 73, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado, ratificó los argumentos de la acción de amparo constitucional y ampliándolos refirió que: a) La Vocal demandada sin tener facultad y competencia procedió a cambiar el tipo penal, dejando de lado la calificación provisional efectuada por el Fiscal de Materia asignado al caso, es decir, la presunta comisión del delito de concusión en grado de complicidad, omitiendo el cumplimiento de la SC 0044/2007-R y la SCP 1314/2013 de “15” de agosto, las cuales establecieron que las únicas autoridades que pueden modificar la calificación jurídica son el ministerio público al momento de acusar y el juez o tribunal de sentencia al dictar un fallo en función al principio iura novit curia, y no así la autoridad de alzada que resuelve una apelación incidental en función al art. 251 del CPP; b) En el Auto de Vista confutado contrariamente se determinó mantener las medidas cautelares dispuestas por el Juez de la causa, lo que significaba que además de aquellas, la Vocal demandada incluyó otras obviando los alcances de los arts. 250 y 251 del citado Código que le otorgan facultades de modificar o revocar y no así de aditamentar; ya que, incluso llegó a elevar el monto de la fianza y ordenar su detención domiciliaria sin que fueran producto de los agravios expuestos en los recursos de apelación de los sujetos procesales incurriendo en una decisión extra petita vulnerándose a tal efecto los principios de congruencia y legalidad; y, c) Se imponga costas y califique daños civiles o perjuicios.
Arminda Mendez Terrazas, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, por informe escrito presentado el 8 de noviembre de 2022, cursante de fs. 60 a 61 vta., manifestó que: 1) El accionante se constituye en presunto autor del ilícito investigado; ya que, se encontraba de turno el día del hecho y recibió dinero; además de mantener detenido de forma ilegal a José Luis Mendoza Calizaya -víctima-; 2) El prenombrado en su apelación solicitó la aplicación de la detención preventiva contra el impetrante de tutela, sin exponer si este no concurría alguna audiencia u obstaculizó de alguna manera la investigación o incumplió lo dispuesto por el Juez de la causa; en mérito a ello, determinó que se mantenga las medidas cautelares inicialmente dictadas por dicha autoridad junto con las que aditamentó; 3) La finalidad de las medidas cautelares se encuentra definida en la Constitución Política del Estado y conforme las modificaciones de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019- al Código de Procedimiento Penal; tiene como premisa la averiguación de la verdad, el desarrollo del proceso con la presencia del imputado y la aplicación de la ley; razones por las que tienen un carácter instrumental destinado a lograr la eficacia del ius puniendi del Estado; 4) No era evidente que se impuso tres fianzas sino se revocó el Auto Interlocutorio 71/2022, pronunciado por el mencionado Juez y ordenó que el peticionante de tutela se comprometa a someterse al proceso y en lugar de la fianza personal la sustituyó por una económica; y, 5) Emitió el Auto de Vista 205 ahora cuestionado dentro los parámetros de la SC 1365/2005-R de 31 de octubre, respetando las garantías del debido proceso en cuanto a la fundamentación y motivación, enmarcando su fallo en los principios de congruencia y verdad material.
José Luis Mendoza Calizaya -víctima-, a través de su abogado en audiencia de garantías señaló que: i) El proceso penal data de la gestión 2017, fue iniciado contra tres funcionarios policiales; posteriormente, la investigación se amplió contra el accionante a quien se le endilgó la responsabilidad en grado de cómplice; sin embargo, conforme los antecedentes y el art. 20 del Código Penal (CP), el mismo era autor del ilícito investigado; por esa razón, apeló en la vía incidental el Auto Interlocutorio 71/2022, demostrando en audiencia de 24 de mayo de 2022, ese extremo; en ese entendido, se modificó las medidas cautelares impuestas; ii) Era falso que se determinó dos fianzas económicas al impetrante de tutela; toda vez que, habiéndose modificado su grado de participación de cómplice a autor, la fianza fue nivelada a la que se impuso a los demás coimputados, es decir, Bs15 000.-; iii) El peticionante de tutela mediante su abogado en audiencia de garantías no fundamentó respecto a la presunta lesión de los derechos que invocó; al contrario, solo observó que el Auto de Vista cuestionado no estaba fundamentado y no era congruente ni motivado, lo cierto es que no se vulneró ningún derecho; por cuanto, en la acusación fiscal el prenombrado sigue siendo considerado como cómplice del hecho de concusión; y, iv) El accionante al encontrarse de turno fue quien recibió $us300.- (trescientos dólares estadounidenses) -solicitados por funcionarios policiales- para que fuera liberado; por ello, el prenombrado tuvo participación en la presunta comisión del delito de concusión; ya que, si bien existían otros ilícitos investigados como ser privación de libertad y allanamiento; no obstante, su participación versa sobre el primer tipo penal mencionado.
El representante fiscal, no presentó escrito alguno ni asistió a la audiencia de garantías, pese a su notificación cursante a fs. 54.
La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, por Resolución 125 de 8 de noviembre de 2022, cursante de fs. 73 vta. a 76 vta., denegó la tutela solicitada, con base en el siguiente fundamento: El art.
129.I de la CPE con relación al art. 54.I del Código Procesal Constitucional (CPCo) le confieren la condición de “tribunal de garantías”, en merito a ello no podían ir más allá de su competencia y en aplicación del principio de subsidiariedad tenía que considerarse lo previsto en el art. 344 del CPP, es decir que “…todo ello que ha puesto de manifiesto la parte accionante en su demanda de amparo constitucional tiene todavía una vía expedita que es la fase de incidentes a momento de iniciarse el juicio, por lo tanto ese tribunal de garantía es el competente para tutelar los derechos fundamentales que hoy la parte accionante alega se le han vulnerado y como no se ha cumplido con el principio de subsidiaridad no se puede ingresar al fondo de la problemática planteada por el accionante…” (sic).
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por Auto Interlocutorio 71/2022 de 23 de febrero, el Juez de Instrucción, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, impuso a Trifon Calani Ayala -accionante- la aplicación de medidas cautelares personales de arraigo nacional, fianza económica de Bs10 000.-, la prohibición de contacto con los coimputados y presentación mensual ante el Ministerio Público (fs. 15 a 21 vta.). II.2. Como resultado de los recursos de apelación incidental interpuestos por la víctima y el impetrante de tutela contra el citado Auto Interlocutorio, Arminda Mendez Terrazas, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz -demandada-, emitió el Auto de Vista 205 de 24 de mayo de 2022, declarando improcedente la impugnación planteada por el accionante y procedente la que formuló la víctima, determinando la concurrencia del art. 233.1 del CPP “…con todos los elementos ya mencionados, este Tribunal consider[a] de que el imputado Trifon Calani Ayala es autor del hecho del delito de concusión…” (sic), ampliando las medidas cautelares a fianza juratoria, obligación de presentarse al Ministerio Público, prohibición de concurrir a lugares donde la víctima o testigos se encuentren y comunicarse con los mismos, fianza económica en la suma de Bs15 000.-, detención domiciliaria salvo el día que se encuentre de turno y arraigo con prohibición de salir del país y del departamento de Santa Cruz (fs. 24 vta. a 29 vta.).
El accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus componentes fundamentación, motivación, congruencia, defensa, especificidad, certeza y taxatividad y, a la tutela judicial efectiva; y del principio de legalidad; aduciendo que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de concusión en grado de complicidad, la Vocal demandada mediante Auto de Vista 205 de 24 de mayo de 2022, modificó el tipo penal cambiando el grado de participación de cómplice a autor sin competencia para ello, además, adicionó medidas cautelares llegando incluso a imponerle más de una fianza, dispuso su detención domiciliaria, omitiendo la valoración integral de los riesgos procesales determinados por los arts. 234 y 235 del CPP agravando su estado sin que fueran producto de los agravios expuestos en los recursos de apelación de los sujetos procesales. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Al respecto la SCP 0077/2012 de 16 de abril, señaló que: “La jurisprudencia constitucional ha establecido en forma uniforme la observancia en el cumplimiento de las condiciones y formalidades que debe cumplir la resolución que disponga la detención preventiva de un imputado, exigencia que debe ser observada tanto por el juez cautelar como por el tribunal que resuelve la apelación de medidas cautelares. Así, la SC 1141/2003-R de 12 de agosto, reiterada por las SSCC 0434/2011-R y 0856/2011-R, entre otras, señaló que: ʽ...la aplicación de una medida cautelar de carácter personal en el ámbito procesal penal debe cumplir con las condiciones de validez legal, lo que significa que, la autoridad judicial competente, para adoptar la decisión de aplicar la detención preventiva, de una parte, está obligado a verificar y determinar la concurrencia de los requisitos previstos por el art. 233 CPP, para lo que deberá contrastar la solicitud fundamentada del Ministerio Público con los elementos de prueba presentados sobre la concurrencia de los requisitos, en el marco de las normas previstas por los arts. 234 y 235 CPP; de otra parte, deberá fundamentar en derecho la decisión de aplicar la medida cautelar de carácter personal, pues tomando en cuenta que uno de los principios fundamentales inherentes al Estado Democrático de Derecho es la motivación de las decisiones de las autoridades públicas, el juez está obligada a expresar los motivos de hecho y de derecho en que se basa su convicción determinativa de la concurrencia de los requisitos, así como el valor otorgado a los medios de prueba, esa fundamentación no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes; de modo que está obligado a expresar los presupuestos jurídicos que motivan la medida, con cita de las normas legales aplicables y la descripción clara y objetiva de los elementos de convicción concurrentesʼ.
En esta perspectiva, la SC 0782/2005-R de 13 de julio, refiriéndose al cumplimiento de estos requisitos por parte de los tribunales que conocen la apelación de medidas cautelares, estableció lo siguiente: ʽAhora bien, la exigencia de pronunciar una resolución motivada en la que se establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la detención preventiva, entendiendo por motivo fundado a aquél conjunto articulado de hechos que permiten inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de la misma y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de la averiguación de la verdad no sólo alcanza al juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa que el tribunal de apelación cuando determine disponer la detención preventiva, esté exento de pronunciar una resolución lo suficientemente motivada, en la que se exprese la concurrencia de los dos requisitos que la ley impone para la procedencia de esa medida cautelarʼ” (las negrillas nos corresponden). El deber de motivación de los fallos se constituye en un elemento fundamental del debido proceso, conforme lo desarrollado por la SC 0012/2006-R de 4 de enero, la cual estableció que: “La motivación de los fallos judiciales está vinculada al derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional eficaz, (…), y se manifiesta como el derecho que tienen las partes de conocer las razones en que se funda la decisión del órgano jurisdiccional, de tal manera que sea posible a través de su análisis, constatar si la misma está fundada en derecho o por el contrario es fruto de una decisión arbitraria; sin embargo, ello no supone que las decisiones jurisdiccionales tengan que ser exhaustivas y ampulosas o regidas por una particular estructura; pues se tendrá por satisfecho este requisito aun cuando de manera breve, pero concisa y razonable, permita conocer de forma indubitable las razones que llevaron al Juez a tomar la decisión; de tal modo que las partes sepan las razones en que se fundamentó la resolución; y así, dada esa comprensión, puedan también ser revisados esos fundamentos a través de los medios impugnativos establecidos en el ordenamiento; resulta claro que la fundamentación es exigible tanto para la imposición de la detención preventiva como para rechazarla, modificarla, sustituirla o revocarla” (énfasis añadido). Asimismo, la SCP 0107/2018-S3 de 10 de abril, expuso que: “Ahora bien, con relación a los límites que deben observar los Tribunales de alzada, al momento de conocer y resolver los recursos de apelación presentados por las partes, en el marco de la aplicación de medidas cautelares el art. 398 del CPP, establece lo siguiente: ʽLos tribunales de alzada circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resoluciónʼ. Sobre la norma legal precedente, la SCP 0077/2012 de 16 de abril concluyó lo siguiente: ʽ…los tribunales de alzada sólo pueden resolver y pronunciarse sobre los agravios expresados en la apelación, no pudiendo ir más allá de lo que la parte apelante no hubiere cuestionado respecto de la resolución apelada, dado que el ámbito en el que deben circunscribir su actuación es a resolver los aspectos impugnados de quien tiene derecho de recurrir. (…) En el marco de las normas legales citadas, aplicables al caso que se examina, se establece que el límite previsto por el art. 398 del CPP a los tribunales de alzada, de circunscribirse a los aspectos cuestionados de la resolución, no implica que los tribunales de apelación se encuentren eximidos de la obligación de motivar y fundamentar la resolución por la cual deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, quedando igualmente obligados a expresar la concurrencia de los dos presupuestos que la normativa legal prevé para la procedencia de la detención preventiva…ʼ. Más adelante, la SCP 1471/2012 de 24 de septiembre, respecto a este tema señaló: ʽ…ante la interposición de una apelación incidental de medidas cautelares o su sustitución, previo a la celebración de la audiencia de consideración, deberá asegurarse la notificación efectiva a las partes implicadas en el proceso, lo que implica además, que si el imputado se encuentra privado de su libertad, el tribunal de alzada, deberá garantizar su presencia en el verificativo, corriendo con los trámites de rigor para el efecto. Luego y una vez verificada la presencia de las partes, se dará inicio al mismo, otorgándoles la oportunidad de fundamentar oralmente sus alegatos, para finalmente emitir una resolución debidamente motivada, en la que, las autoridades jurisdiccionales, de un lado, deben dar respuesta a todos los agravios denunciados en la apelación; no correspondiendo por tanto, pronunciarse sobre aquellos no apelados, salvo que se trate de defectos absolutos, al no ser, estos últimos, susceptibles de convalidación; y de otro, tratándose de medidas cautelares, fundamentar sobre la concurrencia de los dos presupuestos que la normativa legal prevé para la procedencia de la detención preventiva, como es la existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad autor o partícipe de un hecho punible; y la existencia de elementos de convicción suficientes de que el imputado no se someterá al proceso y/u obstaculizará la averiguación de la verdad; sustento que imprescindiblemente deberán estar incluidos en la resolución de alzada; argumentos jurídicos que no pueden ser sustituidos por los relacionados por el a quo en el fallo impugnado; y menos dar lugar a la nulidad de obrados, por su falta de consideraciónʼ” (el resaltado nos corresponde).
La SCP 1083/2014 de 10 de junio, respecto a las vertientes interna y externa del principio de congruencia, entendió que: […desde una óptica doctrinal, la congruencia de las resoluciones judiciales amerita una comprensión desde dos acepciones; primero, relativo a la congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales, en definitiva, es una prohibición para el juzgador considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando su consideración a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; y, segundo, la congruencia interna, referido a que, si la resolución es comprendida como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar que, en una misma resolución no existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión. La jurisdicción constitucional, estableció abundante jurisprudencia en cuanto al principio de congruencia; así, la SC 0358/2010-R de 22 de junio, sostuvo que: «…la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes». Por otro lado, la SC 0486/2010-R de 5 de julio de 2010, señaló que: «…respecto de la congruencia como principio constitucional en el proceso civil, se indica que: “…la congruencia ha venido clasificada en diversos tipos o categorías que nos interesa anotar a los fines que se seguirán, y así es moneda corriente hablar en doctrina de incongruencia ʽultra petitaʼ en la que se incurre si el Tribunal concede ʽextra petitaʼ para los supuestos en que el juzgador concede algo distinto o fuera de lo solicitado por las partes; ʽcitra petitaʼ, conocido como por ʽomisiónʼ en la que se incurre cuando el Tribunal no se pronuncia sobre alguno de los pedimentos que le han sido planteados, etc.” (Principios Constitucionales en el Proceso Civil, Consejo General del Poder Judicial, El deber Judicial de Congruencia como Manifestación del Principio Dispositivo y su Alcance Constitucional, Madrid 1993, Mateu Cromo, S.A., Pág. 438)»] (el resaltado nos pertenece).
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el accionante, por la presunta comisión del delito de concusión en grado de complicidad, cursa Auto Interlocutorio 71/2022 de 23 de febrero, pronunciado por el Juez de Instrucción, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz quien impuso al accionante medidas cautelares personales de arraigo nacional, fianza económica de Bs10 000.-, la prohibición de contacto con los coimputados y la presentación mensual ante el Ministerio Público (Conclusión II.1); como resultado de los recursos de apelación incidental interpuestos por la víctima y el impetrante de tutela contra la precitada determinación, la Vocal demandada, emitió el Auto de Vista 205 de 24 de mayo de 2022, declarando improcedente la impugnación planteada por el accionante y procedente la que formuló la víctima, determinando la concurrencia del art. 233.1 del CPP “…con todos los elementos ya mencionados, este Tribunal consider[a] de que el imputado Trifon Calani Ayala es autor del hecho del delito de concusión…” (sic), ampliando las medidas cautelares a fianza juratoria, obligación de presentarse al Ministerio Público, prohibición de concurrir a lugares donde la víctima o testigos se encuentren y comunicarse con los mismos, fianza económica en la suma de Bs15 000.-, detención domiciliaria salvo el día que se encuentre de turno, y arraigo con prohibición de salir del país y del departamento de Santa Cruz (Conclusión II.2). Ahora bien, el impetrante de tutela denuncia la presunta lesión al debido proceso en una supuesta falta de sus componentes fundamentación y motivación en el citado Auto de Vista; por lo que, concierne revisar los motivos del recurso de apelación incidental planteado por el prenombrado que fueron expuestos en la audiencia de consideración de dicho recurso, consistentes en: a) El primer agravio “…es el debido proceso establecido en el Art. 115 de la C.P.E. con relación al debido proceso con relación a la errónea y omisión en la valoración de la prueba incongruencia y fundamentación arbitraria. La S.C.P 1215/2012 establece que su autoridad en apelación tiene la obligación de referirse y realizar la valoración de la prueba…” (sic); y, b) El Juez de la causa simplemente se basó en el libro de novedades, sin considerar que acorde al cuaderno de investigación, el encargado del caso donde presuntamente se suscitó el hecho de concusión era otro funcionario; además, la testigo Noemi Adriana Mendoza Calizaya manifestó dos versiones distintas; en la primera, aseguró que ella entregó el dinero; y, en la segunda, que hubiese sido un abogado de apellido “Castro”; asimismo, tampoco se analizó la declaración de Grover Freddy Mendoza Calizaya con relación a esa contradicción; además Ronald Fernández Sosa mencionó que en el momento en que el “…fiscal le llevo el cese de arresto (…) pidió que le traigan al arrestado y lo notificó en ese momento…” (sic); no tuvo ese “cese de arresto”. Por su parte, el tercero interesado a través de su abogado contestó al referido recurso de apelación incidental señalando que, el impetrante de tutela era quien recibió $us300.- con la finalidad de recibir un beneficio de forma ilegal, demostrándose así la autoría en el hecho investigado conforme se tiene de la documental presentada en calidad de prueba. De igual forma el tercero interesado formuló recurso de apelación manifestando que: 1) El peticionante de tutela rechazó $us200.-(doscientos dólares estadounidenses), que el abogado “Castro” le ofreció, es así que su Noemi Adriana Mendoza Calizaya -su hermana- decide aumentar $us100.- (cien dólares estadounidenses), para ello vuelve a ingresar y entrega el monto total de $us300.- al accionante, existiendo más de cinco personas que brindaron su declaración; además, el mencionado señaló que no se encontraba de turno el 7 de julio de 2017; empero, al finalizar esa jornada hicieron aparecer un cese de arresto que presuntamente habría dispuesto el Ministerio Público y en contraste con la prueba documental se pudo establecer que efectivamente el prenombrado sí estuvo trabajando el día de la comisión del hecho investigado, habiendo estado detenido cerca de dieciocho horas de forma ilegal fue liberado al ser notificado con el citado cese de arresto; y, 2) La autoridad inferior no valoró aquellos extremos ni lo previsto en el art. 20 del CPP; por cuanto, sin la ayuda del peticionante de tutela no se hubiera consumado el delito; dado que, fue él quien recibió los $us300.- debiendo calificarse su conducta en grado de coautoría y disponerse la detención preventiva por noventa días. A su vez el accionante contestó a ese recurso expresando que: i) En todas las declaraciones se señaló que fue el sargento “Cordero” quien pidió el dinero y no su persona, lo cual se evidencia de la declaración del hermano del tercero interesado de nombre Grover Freddy Mendoza Calizaya; ii) La persona que entregó el dinero fue presuntamente el abogado “Castro” quien en su entrevista sostuvo que en ningún momento recibió monto alguno; y, iii) No argumentaron respecto a los riesgos procesales; por ello, seguirían rechazados los que fueron considerados inicialmente por el Juez inferior.
La Vocal demandada mediante Auto de Vista 205, declaró la improcedencia de la apelación incidental interpuesta por el peticionante de tutela, y procedente la formulada por la víctima, expresando su decisión conforme a los siguientes fundamentos: a) La situación y hechos suscitados eran ilegales; por cuanto, un allanamiento de domicilio efectuado a horas 4:30 está prohibido por ley, además, la denuncia de la víctima data de la gestión 2017 y el 2022 sigue con imputación formal; b) El accionante era autor del delito de concusión y no cómplice; puesto que, conforme los alcances del art. 20 del CP, concurrían dos elementos: el primero, que conforme los datos del cuaderno procesal se encontraba de servicio el día del hecho cuando la víctima fue arrestada; y, segundo, recibió dinero conforme lo descrito en la imputación formal; “…pero considero que ha habido una equivocada subsunción por parte del Ministerio Público y por parte de la autoridad de primera instancia…” (sic); el citado artículo es claro en su contenido asimismo “…el jefe Wilfredo Cordero Carvajal quien manda al imputado Trifon Calani Ayala a cobrar el dinero, y evidentemente es el imputado quien realiza esa acción encontrándose en servicio cuando la víctima estaba arrestado…” (sic); el “…imputado Trifon Calani Ayala hoy presente, se encontraba de turno el día del hecho, y fue quien recibió el dinero, además de que fue quien mantuvo detenido ilegalmente a la víctima José Luis Mendoza más de 8 horas hasta que no entregue el dinero; en ese entendido considero que el imputado Trifon Calani Ayala es autor del hecho de concusión por todos esos elementos” (sic); c) La víctima en su recurso de apelación solicitó la aplicación de la detención preventiva contra el peticionante de tutela; no obstante, no se argumentó si el prenombrado se hubiese ausentado de alguna audiencia, u obstaculizado de alguna forma la investigación, o incumplido las medidas cautelares dispuestas en primera instancia; por lo cual, se dispone mantener las mismas y adicionar otras; y, d) El objeto de las medidas cautelares se encuentra definida en la Constitución Política del Estado y conforme las modificaciones de la Ley 1173 al Código de Procedimiento Penal su finalidad es la averiguación de la verdad, el desarrollo del proceso con la presencia del imputado y la aplicación de la ley; razones por la que, tienen un carácter instrumental destinado a lograr la eficacia del ius puniendi del Estado. Conforme se tiene del marco jurisprudencial desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, los tribunales de alzada están obligados, a dar respuesta a todos los agravios denunciados en la apelación, según lo preceptuado por el art. 398 del CPP, ajustando sus resoluciones a los aspectos observados del pronunciamiento de la autoridad inferior, precautelando que el fallo a emitirse este motivado; lo que, no supone obligatoriamente se constituyan en exposiciones exhaustivas y ampulosas; toda vez que, es permisible se encuentren estructuradas, incluso de manera breve y concisa, siendo lo primordial que la resolución permita conocer de forma incuestionable las razones que llevaron al juez o tribunal a tomar su decisión; en ese contexto, concierne analizar si los agravios identificados fueron absueltos con la debida fundamentación y motivación por la Vocal demandada. La Vocal demandada al momento de resolver los recursos de apelación incidental de las partes, realizó una compulsa respecto al grado de participación del accionante en el hecho investigado, concluyendo que el mismo no era cómplice sino autor del ilícito de concusión; por cuanto, afirmó categóricamente que hubiese estado de turno y recibió dinero y por ende era autor; al respecto, tal afirmación excede los límites del art. 301.1 del CPP; toda vez que, conforme a su redacción la calificación provisional es prerrogativa del fiscal de materia, y no así del juez a cargo del control jurisdiccional y menos aún vocales en grado de apelación incidental; por lo cual, modificar la cualidad de cómplice a autor no era viable, máxime si se considera la limitante impuesta por el segundo párrafo del art. 279 del CPP: “Los fiscales no podrán realizar actos jurisdiccionales ni los jueces actos de investigación que comprometan su imparcialidad”. Ahora bien, producto de la decisión de modificar el grado de participación del accionante, la autoridad demandada impuso nuevas medidas cautelares; por ende, tal determinación al no estar amparada dentro las atribuciones específicas del Tribunal de alzada, es decir, la Vocal demandada no podía efectuar cambios en la calificación provisional plasmada en la imputación formal. Por otro lado, este Tribunal advierte, imprecisiones en el actuar de la Vocal demandada; por cuanto, afirmó en reiteradas ocasiones que el accionante era “…autor del hecho…” (sic) o que “…fue quien recibió el dinero…” (sic) concluyendo en el POR TANTO del Auto de Vista 205, que: “…Con relación al Art. 233 núm. 1) del C.P.P. con todos los elementos ya mencionados, este Tribunal considerada de que el imputado Trifon Calani Ayala es autor del delito de Concusión en grado de autor tal como lo señala el Art. 20 del C.P.” (sic); es decir afirmando que verificó la calidad de autor del hecho investigado y no así que tuvo probable participación en franco detrimento del principio de presunción de inocencia que goza el accionante; en ese mérito, las referidas afirmaciones podrían interpretarse en una especie de antejuicio y si bien tal reclamo no fue efectuado por el prenombrado, no es posible convalidar ese extremo; por lo expuesto, se concluye que el mencionado Auto de Vista carece de una fundamentación y motivación idónea, correspondiendo conceder la tutela al respecto.
En ese mérito, para imponer nuevas medidas cautelares y confirmar las que estaban vigentes la Vocal demandada sostuvo esa decisión en el cambio de grado de participación del impetrante de tutela en el ilícito investigado, entiéndase de cómplice a autor y conforme lo expuesto, tal determinación fue asumida de forma errónea e inobservando el principio de presunción de inocencia y en ausencia absoluta de fundamentación y motivación que la respalden; razón por la que, habiéndose detectado que la probabilidad de autoría como requisito para la aplicación de medidas cautelares fue abordada apartándose de toda razonabilidad no corresponde ingresar a un análisis pormenorizado de las medidas cautelares impuestas; por cuanto, las mismas estarán a las resultas de la compulsa a efectuar de los requisitos previstos en los arts. 231 bis.I o en su defecto 233 del CPP en la nueva resolución a pronunciarse. En cuanto al reclamo de una presunta lesión del debido proceso en sus componentes congruencia, defensa, especificidad, certeza y taxatividad; y, del principio de legalidad; al respecto, si el impetrante de tutela consideró que al imponerse detención domiciliaria y otras medidas cautelares sin que el tercero interesado o su persona hubieran apelado; en ese sentido, se tomaron decisiones ultra y citra petita; sobre el particular, corresponde mencionar como se explicó precedentemente, que al revocarse el Auto Interlocutorio 71/2022 y fundarse las medidas cautelares en la modificación del grado de participación en el ilícito investigado por parte de la autoridad demandada mediante el Auto de Vista 205, esa decisión no tiene asidero legal; por ello, resultaba arbitraria; lo que torna innecesario el análisis de los citados elementos y derecho en tal circunstancia ya se determinó que el referido Auto de Vista fue dictado de forma errada. Finalmente, en lo relativo al derecho a la tutela judicial efectiva, el peticionante de tutela no demostró objetivamente su lesión; en ese entendido, no es posible emitir criterio alguno, correspondiendo denegar la protección impetrada.
Conocidos los alcances de la Resolución 125 de 8 de noviembre de 2022, la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, expuso que el accionante no observó el principio de subsidiariedad; por cuanto, debió activar la fase de incidentes al momento de iniciarse el juicio, supeditando de esa forma la revisión de una decisión que impone medidas cautelares al desarrollo del proceso penal, lo que no condice con la naturaleza accesoria de tales mecanismos los cuales tienen una finalidad propia la cual versa “…lograr la eficacia de la coerción penal estatal, al intentar asegurar con su aplicación: 1) la averiguación de la verdad, 2) el desarrollo del proceso penal, y 3) el cumplimiento de la ley (ejecución de la sentencia); todo ello bajo la idea de que sin su adopción, la labor de defensa social del Estado, expresada en la persecución penal, no sería de modo alguno eficaz; diferenciándose así, plausiblemente, de otras legislaciones que le asignan además de aquellos, fines de prevención general y especial” (SC 0012/2006-R); en virtud a ello, pretender que el accionante aguarde a la realización del juicio oral para en la fase de incidentes y excepciones se pueda efectuar la verificación de sí el fallo que le impuso medidas cautelares restrictivas estaba dentro los parámetros legales y jurisprudenciales afirmando que no podía interponer directamente la acción de amparo constitucional resulta un arbitrio; en ese entendido, la referida Sala Constitucional tenía la obligación de verificar los extremos vertidos en esta acción tutelar y no inhibirse de realizar el análisis respectivo; en mérito a ello, corresponde llamar la atención severamente a Carla Alejandra Arancibia Morato y Hernán Seiwald Suarez, Vocales de la referida Sala, para que en un futuro ciñan su actuar a resolver las acciones de defensa que conozcan, dentro los límites de la justicia constitucional descritos en el Código Procesal Constitucional circunscribiéndose a salvaguardar los derechos fundamentales. En consecuencia, la Sala Constitucional al haber denegado la tutela impetrada, no obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 125 de 8 de noviembre de 2022, cursante de fs. 73 vta. a 76 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela únicamente en relación al derecho al debido proceso en sus componentes fundamentación y motivación; dejando sin efecto el Auto de Vista 205 de 24 de mayo de 2022 disponiendo que la autoridad demandada de manera inmediata a la notificación con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, pronuncie un nuevo fallo con base en los fundamentos jurídicos desarrollados; 2º DENEGAR respecto a la presunta lesión de los derechos al debido proceso en sus componentes congruencia, defensa, especificidad, certeza y taxatividad y, a la tutela judicial efectiva; y, del principio de legalidad; y, 3º Llamar la atención a Carla Alejandra Arancibia Morato y Hernán Seiwald Suárez, Vocales de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, conforme lo expuesto en el Fundamento Jurídico III.4 de este fallo Constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. MSc. DAEN Brigida Celia Vargas Barañado
MAGISTRADA
MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0684_2024-S2.pdf · páginas 1 a 16.
Huella digital del PDF (SHA-256): 45830372e28ed900e6f50886ce6259fbf45985571a4490952d5c4f8caaab0a13
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