B.IA.LEGAL

SCP 0684/2023-S4

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Cuarta Especializada · 8 de agosto de 2023

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Cuarta Especializada
Fecha
8 de agosto de 2023
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
René Yván Espada Navía
Expediente
48194-2022-97-AAC
Departamento
Pando
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denunció la lesión de sus derechos al debido proceso en sus vertientes fundamentación, motivación, a la defensa y al principio de seguridad; en virtud a que, habiendo interpuesto recurso de apelación en contra del Auto Interlocutorio 581/2021 que determinó rechazar las observaciones realizadas a la planilla de liquidación; las autoridades demandadas, en mérito a dicha apelación, mediante Auto de Vista 18/2022, sin ingresar al fondo, confirmaron el fallo apelado, con el fundamento erróneo de que el recurso de apelación debió ir precedido del recurso de reposición, aplicando para ello el art. 344.I del CPC, considerando que el Auto Interlocutorio apelado fue pronunciado en ejecución de sentencia, y que las resoluciones que resuelven incidentes admiten el recurso de reposición con alternativa de apelación; incumpliéndose de esta manera el requisito contenido en el inciso c) de la SCP 1023/2019-S2, referido a que toda resolución para garantizar la debida fundamentación y motivación, “debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto”; encontrándose de esta manera el citado fallo, carente de fundamentación y motivación. En consecuencia, corresponde en revisión, dilucidar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 051/2022 de 2 de junio, cursante de fs. 35 a 37 vta., pronunciada por la Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia de Pando; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. El debido proceso en sus vertientes de una debida fundamentación y motivación de las resoluciones
  2. III.2. Sobre las resoluciones dictadas en ejecución de sentencia civil y su impugnación
  3. III.3. Del trámite del recurso de reposición en el Código Procesal Civil
  4. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0684/2023-S4 Sucre, 8 de agosto de 2023 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de amparo constitucional Expediente: 48194-2022-97-AAC Departamento: Pando En revisión la Resolución 051/2022 de 2 de junio, cursante de fs. 35 a 37 vta., pronunciado dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Erick Olvar Magne Chinche contra Luis Gonzalo Vargas Terrazas y Miguel Ángel García Solares, Vocales de la Sala Civil, Social, Familiar, de la Niñez y Adolescencia, Contenciosa y Contenciosa Administrativo del Tribunal Departamental de Justicia de Pando.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 26 de mayo de 2022, cursante de fs. 1; y, 20 a 23, el accionante expuso los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 26 de marzo de 2021, Saúl Alejandro Herbas Violetta, le inició proceso monitorio de desalojo de su inmueble ubicado en la “Av. Internacional”; demanda que tiene dos pretensiones: el desalojo del inmueble; y, el pago de alquileres devengados; siendo notificado con la sentencia inicial, interpuso excepción de compensación el 11 de mayo de 2021, la cual fue declarada improbada el 9 de junio del indicado año, convirtiendo la sentencia inicial en una definitiva; en ejecución de sentencia, el demandante presentó varias planillas de lo adeudado por el canon de alquiler, la que observó porque el “Juez” inobservó la Ley Excepcional de Arrendamientos −Ley 1342 de 27 de agosto de 2020− de reducción de alquiler, concretamente en el Auto Interlocutorio 581/2021 de 5 de noviembre; por lo que, interpuso recurso de apelación; empero, los Vocales de la Sala Civil, Social, Familiar, de la Niñez y Adolescencia, Contenciosa y Contencioso Administrativo del Tribunal Departamental de Justicia de Pando –hoy demandados–, no resolvieron el mismo porque erróneamente consideran que el recurso de apelación debió ir precedido del recurso de reposición, aplicando para ello el art. 344.I del Código Procesal Civil (CPC), que establece que: “Las resoluciones que resuelvan los incidentes, admitirán recurso de reposición con alternativa de apelación”, indicando que el Auto Interlocutorio 581/2021 que rechaza la observación de una liquidación, fue pronunciado en ejecución de sentencia; a través del cual, se resolvió un incidente de observación a una liquidación, y que las resoluciones que resuelven incidentes admiten el recurso de reposición con alternativa de apelación; ya que, si se pronuncian antes de la sentencia se conceden en efecto diferido. Siendo que: a) El art. 344.I del Código Procesal Civil (CPC) que es base de la decisión de los mencionados Vocales, está inmersa en el Título III del Libro Segundo del Código adjetivo Civil, referido a los procesos autónomos incidentales; en esa dirección el art. 338 del indicado Código prevé que: “Toda cuestión accesoria con el objeto principal del litigio y no sometida a un procedimiento especializado, se tramitará por la vía incidental”; empero, el pago de alquiler está referido a la petición de pago del canon de alquiler; b) Los procesos de conocimiento ordinarios, extraordinarios y monitorios, tiene una fase de conocimiento y otra de ejecución. La ejecución de la sentencia en este proceso, versa sobre dos pretensiones: La de desalojo que ya se cumplió; y, el de pago del canon de alquiler. En la ejecución del pago del canon de alquiler se procedió de la siguiente manera: El demandante presentó la planilla del monto adeudado; la cual su persona observó; y, el Juez resolvió dicha observación; no siendo lo resuelto algo accesorio al objeto principal del proceso; al contrario, se refiere directamente a una de las pretensiones; c) El art. 254.V del CPC, referido al procedimiento del recurso de reposición, prevé que la apelación en contra de autos interlocutorios podrá ser alternativa al recurso de reposición, debiendo deducir ambos recursos de manera conjunta; advirtiéndose de esta manera que la norma es facultativa y no imperativa; por lo que, su persona podía haber interpuesto el recurso de apelación de forma autónomo como lo hizo o precedida el recurso de reposición; ya que, no hay norma que lo obligue a hacerlo de forma conjunta; d) La interposición del recurso de apelación de los autos interlocutorios, puede darse aún en ejecución de sentencia, así lo prevé el art. 253.II del adjetiva Civil, al establecer que este recurso podrá ser planteado en cualquier momento del proceso, inclusive en ejecución de sentencia si la naturaleza de lo resuelto lo permite; así también, lo determinó el art. 254 de la indicada norma procesal civil y no por eso tiene que ir precedido del recurso de reposición; y, e) En el presente caso, la apelación se planteó en ejecución de sentencia; por lo que, no estaba obligado a apelar previo recurso de reposición. Por ello, resolver el recurso de apelación en la forma aplicando una norma jurídica que no corresponde es un acto indebido o ilegal que vulnera sus derechos; por lo que, al haber sido notificado con el Auto de Vista 18/2022 de 21 de abril; por el cual, se resolvió tres recursos de apelación, respecto a los Autos Interlocutorios 383 de 29 de septiembre de 2021; de 581/2021; y, de 4 de febrero de 2022;

interpone la presente acción de amparo constitucional en contra de lo resuelto con relación al Auto Interlocutorio 581/2021. La SCP 1023/2019-S2 de 22 de noviembre, estableció los requisitos que debe contener toda resolución jurisdiccional o administrativa con la finalidad de garantizar el derecho a la motivación y fundamentación, siendo los mismos; “a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado” (sic). Empero, el Auto de Vista 18/2022, no cumplió con el requisito del inciso c) referido a describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto; ya que, se describió el supuesto de una resolución de ejecución de sentencia para aplicarlo a la norma jurídica de un incidente, lo que ocasionó que resuelvan su recurso de apelación solo en la forma. Situación que le resulta perjudicial, porque se está ejecutando una sentencia sin considerar la aplicación de la Ley 1342, ejecución en la que se ha retenido mucho dinero y se está queriendo rematar una camioneta que es su herramienta de trabajo. Por lo que el señalado Auto de Vista, no se encuentra debidamente fundamentado y motivado. Por otro lado, el no ingresar al fondo de su apelación, lo dejó en completo estado de indefensión, al no poder cuestionar la inaplicación de la Ley precitada por parte del Juez, Ley que lo beneficia con el pago del 50% del canon de alquiler establecido en el contrato de alquiler base de la demanda, lo que el Juez no dio cumplimiento y los Vocales no analizaron por resolver únicamente en la forma la apelación.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

El accionante, alegó la lesión de sus derechos al debido proceso en sus vertientes fundamentación, motivación, a la defensa y al principio de seguridad; citando al efecto el art. 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se “admita” la acción de amparo constitucional, anulando el Auto de Vista 18/2022, disponiendo que las autoridades demandadas emitan otra resolución que resuelva el fondo del recurso de apelación.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública, el 2 de junio de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 32 a 134, presentes el abogado del accionante, el tercero interesado, y ausentes las autoridades demandadas; se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El impetrante de tutela, a través de su abogado en audiencia, ratificó en su integridad los argumentos expuestos en su demanda de acción de defensa interpuesta.

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

Miguel Ángel García Solares y Luis Gonzalo Vargas Terrazas, Vocales de la Sala Civil, Social, Familiar, de la Niñez y Adolescencia, Contenciosa y Contenciosa Administrativo del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, no presentaron informe escrito alguno; así como tampoco, se hicieron presentes en audiencia de consideración de esta acción tutelar, pese a sus notificaciones, cursantes a fs. 27 y 28, respectivamente.

I.2.3. Intervención del tercero interesado

Saúl Alejandro Herbas Violetta, a través de su representante legal, el abogado Guillermo Torres López en audiencia pública de la presente acción tutelar, solicitó se declare “improcedente” dicha acción, bajo los siguientes argumentos: i) Se pretende que se revisen actos consentidos y que además, no se está haciendo uso de los recursos que la ley señala para los procesos monitorios; ii) No se demostró ninguna excepción al principio de subsidiariedad; iii) No se señaló por qué la labor interpretativa efectuada en el Auto de Vista resulta insuficiente, incongruente o arbitraria; así como tampoco, señaló el nexo de causalidad que existiera entre el Auto de Vista cuestionado y los supuestos derechos vulnerados, para que efectuar la labor de interpretar la legalidad ordinaria; por lo que, al no cumplir con dichas exigencias, no se abre la competencia de la Sala Constitucional para revisar fallos de la justicia ordinaria; iv) Hace “unas semanas atrás se intentó lo mismo y esta Sala les dijo que no era aplicable la ley que ellos intentan usar sobre los alquileres” (sic); v) Se resolvió tres apelaciones porque Erick Olvar Magne Chinche “apela de todo y de nada”; en aplicación del art. 64 del CPC, se declaró que su actitud es temeraria y que va en contra de la ley con el afán de no pagar; vi) El objeto de la pretensión está enmarcado por las excepciones que se planteen, y en el presente caso se interpuso una excepción de compensación indicando que de acuerdo a la ley correspondía que se dé por pagada la obligación, pero no lo entendió así el Juez ni la Sala Civil, y por eso “esta Sala Constitucional también negó el ampara” (sic); vii) A raíz de la ejecución de la sentencia, tratándose de un contrato de tracto sucesorio, es evidente que mes que se permanezca en el inmueble, es otro mes que se debe cancelar; por lo que, se presentó cada mes una liquidación; y las autoridades deben tomar en cuenta que presentada la liquidación, ésta puede ser objetada a través de un excepción, “y esta excepción fue declarada improbada” (sic); y, viii) Cada mes se presentó liquidación, pero no todas fueron objetadas, y estas “fueron aprobadas en el monto total”; por lo cual, ahora no se puede intentar retrotraer lo que ya se cumplió, “a través del amparo”, pues ya precluyó ese derecho.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, mediante Resolución 051/2022 de 2 de junio, cursante de fs. 35 a 37 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo dejar sin efecto el Auto de Vista 18/2022, solamente respecto al punto de la apelación directa contra el Auto Interlocutorio 581/2021, debiendo los Vocales demandados, emitir nueva resolución conforme los entendimientos que se explicaran; con base en los siguientes fundamentos: a) De la revisión del Auto de Vista 18/2022, se advierte que el mismo en el apartado “‘Respecto a la apelación directa contra el Auto Interlocutorio N° 581/2021 de 5 de noviembreʼ (sic); haciendo referencia a los arts. ‘257. I’, 253 y 344 del Código Procesal Civil no ingresó a analizar el fondo del argumento apelado; ya que indicó que ‘dicha resolución fue pronunciada en ejecución de Sentencia, a través de la cual se resolvían incidente de observación a una liquidación y las resoluciones que resuelven incidentes admiten el recurso de reposición con alternativa de apelaciónʼ” (sic). Al respecto, si bien el art. 253 del CPC establece que el recurso de reposición procede en contra de las providencias y autos interlocutorios; sin embargo, el art. 257.I de la indicada norma, prevé que procede el recurso de apelación contra las sentencias, autos definitivos y otras resoluciones que expresamente establezca la ley; es así que la misma normativa, en su art. 254.V, dispuso que la apelación contra los autos interlocutorio pueda ser alternativa del recurso de reposición, en el mismo sentido que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional señaló que en ejecución de sentencia corresponde plantear el recurso de apelación en efecto devolutivo; de ello se concluye que la reposición debe ser planteada antes de la sentencia, pero en ejecución de sentencia con relación a los autos interlocutorios que resolvieron incidentes, puede interponerse el recurso de apelación en el efecto devolutivo, y en caso de plantearse el recurso de reposición con alternativa de apelación los dos al mismo tiempo, el juez de primera instancia debe conceder directamente el recurso de apelación, bajo el principio de celeridad procesal; b) En el presente caso debe tomarse en cuenta que no se resolvió una apelación de sentencia para hacer referencia al art. 257.II del CPC; por el contrario, lo que se apeló fue un Auto Interlocutorio en ejecución de sentencia; además, en el Auto impugnado se señaló el art. 257.I del indicado Código, pero se argumentó lo establecido en el parágrafo II; c) No se analizará sobre planillas, pago de alquileres o la Ley 1342, en aplicación del principio de subsidiariedad; y, d) Por lo expuesto, las autoridades demandadas, no dieron un correcto entendimiento de la normativa civil como la jurisprudencia constitucional; por lo que, se advierte vulneración al derecho al debido proceso del accionante.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso monitorio de devolución de inmueble y pago de alquileres devengados, seguido por Saúl Alejandro Herbas Violetta –ahora tercero interesado– en contra de Erick Olvar Magne Chinche –hoy accionante–, el Juez Público Civil y Comercial Segundo del departamento de Pando, resolviendo la observación a la liquidación efectuada por Erick Olvar Magne Chinche, mediante Auto Interlocutorio 581/2021 de 5 de noviembre, determinó rechazar las observaciones realizadas a la planilla de liquidación; y en consecuencia, aprobó la misma en el monto de Bs48 110.- (cuarenta y ocho mil ciento diez bolivianos [fs. 15 a 16]). II.2. Contra dicha determinación, Erick Olvar Magne Chinche por memorial presentado el 17 de noviembre de 2021, interpuso recurso de apelación, solicitando la revocatoria del Auto Interlocutorio 581/2021; y en consecuencia, declare probada su observación (fs. 13 a 14). II.3. Resolviendo la precitada apelación, los Vocales de la Sala Civil, Social, Familiar, de la Niñez y Adolescencia, Contenciosa y Contenciosa Administrativo del Tribunal Departamental de Justicia de Pando –ahora demandados–, por Auto de Vista 18/2022 de 21 de abril, determinaron confirmar el fallo apelado (fs. 17 a 19).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denunció la lesión de sus derechos al debido proceso en sus vertientes fundamentación, motivación, a la defensa y al principio de seguridad; en virtud a que, habiendo interpuesto recurso de apelación en contra del Auto Interlocutorio 581/2021 que determinó rechazar las observaciones realizadas a la planilla de liquidación; las autoridades demandadas, en mérito a dicha apelación, mediante Auto de Vista 18/2022, sin ingresar al fondo, confirmaron el fallo apelado, con el fundamento erróneo de que el recurso de apelación debió ir precedido del recurso de reposición, aplicando para ello el art. 344.I del CPC, considerando que el Auto Interlocutorio apelado fue pronunciado en ejecución de sentencia, y que las resoluciones que resuelven incidentes admiten el recurso de reposición con alternativa de apelación; incumpliéndose de esta manera el requisito contenido en el inciso c) de la SCP 1023/2019-S2, referido a que toda resolución para garantizar la debida fundamentación y motivación, “debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto”; encontrándose de esta manera el citado fallo, carente de fundamentación y motivación. En consecuencia, corresponde en revisión, dilucidar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1. El debido proceso en sus vertientes de una debida fundamentación y motivación de las resoluciones

Al respecto la SCP 0551/2019-S4 de 25 de julio, señaló que: “Conforme se ha establecido a través de la jurisprudencia emanada por este Tribunal y a la luz de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, el debido proceso alcanza en su aplicación interpretativa una triple dimensión, constituyéndose tanto en derecho, como en garantía y a su vez, en principio procesal. Esta triple dimensión, asegura la protección de todos los derechos conexos que pudieran verse vulnerados por actos u omisiones indebidas en la tramitación de cualquier proceso, sea este judicial o administrativo. Así, el derecho a una debida fundamentación y motivación de las resoluciones, se constituye en la garantía del sujeto procesal de que el juzgador al momento de emitir una decisión, explicará de manera clara y sustentada en derecho, los motivos que lo llevaron a tomar una decisión; argumentación que deberá seguir un orden coherente respecto a los hechos demandados y exponer con puntualidad los elementos jurídico-legales que determinaron su posición. Dicho de otra forma, toda autoridad que dicte una resolución, debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la misma, por cuanto la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que orientan al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió (SSCC 0863/2007-R, 0752/2002-R y 1369/2001-R, entre otras). En cuanto a la motivación, la SC 1365/2005-R de 31 de octubre, determinó lo siguiente: ʽ…la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aún siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas’, coligiéndose que toda resolución emitida dentro de un proceso judicial o administrativo, debe inexcusablemente contener una adecuada motivación respecto a los hechos en los que se base, a las pruebas que se aportaron y a las disposiciones legales en las que se sustente la decisión, puesto que el relacionamiento de estas con los hechos que le dieron origen, constituye la fundamentación y motivación a la que el debido proceso se refiere. Ahora bien, de manera imprescindible, el derecho a una debida fundamentación y motivación de las resoluciones, se encuentra vinculado con el principio de congruencia, entendido como: ʽ…la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, en materia penal la congruencia se refiere estrictamente a que el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación. Esa definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial o administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, y que debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y juicios de valor emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan la razón que llevó a la determinación que se asume’ (SCP 0486/2010-R de 5 de julio); de donde se infiere que las resoluciones judiciales, deben emitirse, en función al sentido y alcance de las peticiones formuladas por las partes procesales. En armonía con los criterios previamente glosados, la Corte Constitucional de Colombia, refiriéndose a la motivación de los fallos, estableció que: ʽ…la motivación suficiente de una decisión judicial es un asunto que corresponde analizar en cada caso concreto. Ciertamente, las divergencias respecto de lo que para dos intérpretes opuestos puede constituir una motivación adecuada no encuentra respuesta en ninguna regla de derecho. Además, en virtud del principio de autonomía del funcionario judicial, la regla básica de interpretación obliga a considerar que sólo en aquellos casos en que la argumentación es decididamente defectuosa, abiertamente insuficiente o, en últimas, inexistente, puede el juez de tutela intervenir en la decisión judicial para revocar el fallo infundado. En esos términos, la Corte reconoce que la competencia del juez de tutela se activa únicamente en los casos específicos en que la falta de argumentación decisoria convierte la providencia en un mero acto de voluntad del juez, es decir, en una arbitrariedad’” (las negrillas nos corresponden). En concordancia con el desarrollo jurisprudencial efectuado, se tiene que la SCP 1023/2019-S2 de 22 de noviembre, indicó que la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, estableció: “…los requisitos que debe contener toda resolución jurisdiccional o administrativa, con la finalidad de garantizar el derecho a la motivación y fundamentación como elementos configurativos del debido proceso, como son: a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado” (las negrillas son añadidas). De lo señalado, se concluye que la fundamentación y motivación como elementos del debido proceso, significa que la autoridad que emite una resolución, debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes, realizar una exposición clara de los aspectos fácticos, describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso, detallar los medios de prueba aportados, valorar de manera concreta todos y cada uno de los medios probatorios asignándoles un valor específico a cada uno de ellos de forma motivada, determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado; empero, la motivación de una resolución que resuelve cualquier conflicto jurídico o administrativo, no necesariamente implica que su exposición deba ser ampulosa o abundante con consideraciones, citas legales y argumentos reiterativos, pues al contrario como se refirió anteriormente una debida motivación conlleva que la resolución sea concisa, clara e integre todos los puntos demandados, donde la autoridad administrativa o en su caso jurisdiccional, exponga de forma clara cuáles las razones determinativas que justifican su decisión, exponiendo los hechos, adecuados o subsumidos a la fundamentación legal y citando para ello las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución.

III.2. Sobre las resoluciones dictadas en ejecución de sentencia civil y su impugnación

Al respecto la SCP 0159/2020-S4 de 21 de julio, reiterando el entendimiento de la SCP 0807/2019-S4 de 12 de septiembre, señaló que: “‘El proceso judicial se constituye en una concatenación de actos procesales debidamente regulados en las respectivas normas jurídicas de procedimiento, a través de las cuales, y siempre y cuando concurran los requisitos formales previstos, se viabiliza el recurso formulado por la parte o partes del proceso, quedando dirigido a un pronunciamiento en el cual, la autoridad competente debe resolver conforme a derecho la cuestión planteada; en este sentido, todas las actuaciones llevadas a cabo en el seno del proceso deben ajustarse al principio de legalidad procesal, pues solo así se dará verdadero cumplimiento al debido proceso con todas las garantías. Conforme quedó establecido en el Fundamento Jurídico precedente, el principio de impugnación presupone un principio regulador de nuestro ordenamiento jurídico; empero, el mismo no resulta absoluto, en cuyo sentido el legislador ha previsto determinadas situaciones en las cuales se han regulado los medios de impugnación, estableciendo determinados plazos diferenciados y ciertos efectos sobre el planteamiento de los mecanismos de impugnación. Es así que, en cuanto a las resoluciones dictadas en ejecución de sentencia, la norma prevista en el art. 518 del CPCabrg. –aplicable al caso concreto en razón a la Disposición Transitoria Octava, parágrafo I del CPC–, establece que, contra las resoluciones dictadas en ejecución de sentencia, únicamente es viable el recurso de apelación en efecto devolutivo, sin recurso ulterior, ello obedece a que ya se cuenta con una sentencia que resuelve la pretensión principal de la parte o las partes en el proceso. Debe tenerse en cuenta que la fase de ejecución de sentencia, por esencia no puede suspenderse, por ningún recurso ordinario o extraordinario, o cualquier solicitud que busque rechazar o dilatar esa ejecución, conforme a lo delineado en el art. 517 del CPCabrg., a ello obedece precisamente el que toda resolución dictada en esta fase es apelable solo en el efecto devolutivo, y no así en efecto suspensivo, por cuanto se entiende que se tratan de autos interlocutorios y no así de autos definitivos. Siendo que las indicadas resoluciones pronunciadas en ejecución de sentencia se tratan de autos interlocutorios, por expresa previsión del art. 215 del CPCabrg., son impugnables mediante el recurso de reposición, que será interpuesto por escrito dentro de los tres días siguientes al de la notificación con la providencia o auto, salvo cuando la resolución sea dictada en audiencia, caso en el que debe interponerse verbalmente en el mismo acto, todo ello conforme a la previsión contenida en el art. 216 del mismo cuerpo procesal anotado, y tomando en cuenta que también la ley prevé el recurso de apelación, este último debe formularse de manera alternativa a la reposición, respetando sin embargo el término previsto en el art. 216.I del cuerpo normativo procesal ya citado. En ese sentido, la resolución que rechaza un incidente de nulidad de obrados formulado en ejecución de sentencia, no puede considerarse como un auto definitivo debido a que no pone fin al proceso. Según anota el tratadista Eduardo J. Couture, un auto interlocutorio es un pronunciamiento sobre el proceso no sobre el derecho, que dirime cuestiones accesorias que surgen con ocasión de lo principal. En similar razonamiento, Gonzalo Castellanos Trigo, en su libro Resoluciones, Principios y Nulidades Procesales, Primera Edición, de la Gestión 2008, en su Página 136 a 137 señala que: «Los autos interlocutorios son como su nombre señala ‘intermedios’ entre una providencia y sentencia y normalmente están destinados para resolver algunas cuestiones de procedimiento que se presentan en la tramitación del proceso, pero jamás resuelven el fondo del problema…() Los autos interlocutorios no causan gravamen irreparable, no ponen fin al proceso y solo se pronuncian sobre el proceso, nunca sobre el derecho que es objeto del litigio; por consiguiente, solo tienen por objeto la marcha del proceso y resolver cuestiones procesales, incidentes y otros trámites que se presentan en la tramitación del proceso y que necesitan de fundamentos. Por ejemplo, se resuelven con autos interlocutorios los incidentes de nulidad, los puntos de hecho a probar y la calificación del proceso; las excepciones dilatorias, decisiones como la que rechaza una prueba las que resuelven una tercería de derecho preferente de pago o mejor derecho propietario, las que fijan los honorarios profesionales, las que imponen una sanción pecuniaria, etc». Respecto a los autos definitivos, el mismo Autor en su libro citado, página 142, señala: «Los autos definitivos se equiparan a una sentencia judicial, porque ponen fin al proceso en forma definitiva; por lo tanto, resuelven cuestiones que requieren sustanciación, motivación y una explicación a las partes. Constituyen autos definitivos aquellas que se pronuncian, por ejemplo, sobre una excepción previa de cosa juzgada, transacción, prescripción o sobre una forma extraordinaria de conclusión del proceso, igualmente los procesos voluntarios concluyen con este tipo de resolución...() Estas resoluciones se pronuncian sobre el derecho que es objeto del proceso; por lo tanto, no se refieren sobre el proceso, una vez dictada esta resolución y ejecutoriada la misma concluyen en forma definitiva con el proceso; por eso, contra dichos autos, procede el recurso de apelación, como también el de casación, situación que no ocurre con los autos interlocutorios». En ese sentido, la SCP 1658/2013 de 4 de octubre, al referirse a los recursos de reposición y apelación, y con base en el análisis de los arts. 215, 216, 219, 223, 224 y 225 del CPCabrg., concluyó que: «De las normas del Código de Procedimiento Civil, citados precedentemente, se extrae que contra los autos interlocutorios procede el recurso de reposición y cuando este fuere denegado, la apelación alternativa». El razonamiento expuesto anteriormente guarda plena coherencia con la regulación actual prevista en el Código Procesal Civil, que concibe a los autos interlocutorios como aquellos que resuelven cuestiones que se suscitan durante la tramitación del proceso y como autos definitivos a los que resuelven cuestiones que requieren sustanciación, que ponen fin al proceso y no resuelven el mérito de la causa (arts. 210 y 211 del CPC), regulando a través del art. 253.I del CPC, que contra las providencias y autos interlocutorios, procede el recurso de reposición, en tanto que la apelación procede contra las sentencias, autos definitivos y otras resoluciones que expresamente establezca la ley, conforme se tiene dispuesto en el art. 257 del CPC. Bajo tales razonamientos, toda determinación emergente en fase de ejecución de sentencia, por regla general es susceptible de recurso de reposición, conforme orienta el art. 215 del CPCabrg., y dado que por disposición del art. 225 num. 5) del mismo cuerpo normativo precedentemente anotado, se regula también el recurso de apelación en el efecto devolutivo, este debe ser interpuesto de manera alternativa en el mismo escrito o audiencia, ello para el caso en que el juez no modifique o deje sin efecto la resolución impugnada, conforme a la previsión expresa comprendida en el art. 216.II del CPCabrg. Un razonamiento contrario, es decir, que considere a las resoluciones dictadas en ejecución de sentencia como autos definitivos, daría lugar a la formulación del recurso de apelación en efecto suspensivo, lo que ciertamente resulta contrario al espíritu de la norma comprendida en el art. 517 del CPCabrg., que taxativamente ordena que la ejecución de autos y sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada no podrá suspenderse por ningún recurso ordinario extraordinario, el de compulsa, el de recusación ni por ninguna solicitud que tendiere a dilatar o impedir el procedimiento de ejecución’. Conforme al razonamiento de la citada Sentencia Constitucional Plurinacional, toda determinación emergente en fase de ejecución de sentencia, por regla general es susceptible de recurso de reposición con apelación alternada que se activa cuando el Juez no modifica o deja sin efecto la resolución impugnada en reposición, así también lo determina el art. 344.I del CPC, en cuyo texto dispone que las resoluciones que resuelvan los incidentes, admitirán recurso de reposición con alternativa de apelación, así también el art. 253 de la referida Ley adjetiva, prevé que el recurso de reposición procede contra las providencias y autos interlocutorios, pudiendo plantearse inclusive en ejecución de sentencia, si la naturaleza de lo resuelto lo permite; esto en virtud a que el proceso ya cuenta con una sentencia que resolvió la pretensión principal de la parte o las partes en el proceso, la misma que tiene calidad de cosa juzgada, debe tenerse en cuenta que la fase de ejecución de dicho fallo, por disposición de lo previsto por el art. 400 del CPC no puede suspenderse por ningún recurso ordinario o extraordinario, o cualquier solicitud que busque rechazar o dilatar esa ejecución, en tal entendido, se debe tener en cuenta que los actos y fallos emitidos en esta etapa tienden a buscar la ejecución de la Sentencia ejecutoriada y a resolver cuestiones accesorias, a ello obedece precisamente el que toda resolución dictada en esta fase es recurrible de reposición bajo alternativa de apelación en el efecto devolutivo, y no así en efecto suspensivo” (las negrillas son añadidas).

III.3. Del trámite del recurso de reposición en el Código Procesal Civil

Al respecto el Código Procesal Civil, norma este instituto del art. 253 al 255. Teniéndose así:

El art. 253 del CPC referido a la procedencia, por el cual se establece que:

“I. El recurso de reposición procede contra las providencias y autos interlocutorios con objeto de que la autoridad judicial, advertida de su error, los modifique, deje sin efecto o anule.

II. Este recurso podrá plantearse en cualquier momento del

proceso, inclusive en ejecución de sentencia, si la naturaleza de lo resuelto lo permite” (las negrillas son añadidas).

En concordancia con lo manifestado, el art. 254 del merituado compilado legal, en cuanto a la oportunidad para su interposición y el procedimiento a seguir, establece lo siguiente: “I. Este recurso se interpondrá verbalmente en la audiencia o por escrito fundamentado en el plazo de tres días contados a partir de la notificación con la providencia o auto interlocutorio; en este último caso, siempre que no hubieren sido dictadas en audiencia. II. La autoridad judicial podrá resolver inmediatamente y sin sustanciación, el recurso, manteniendo, modificando, dejando sin efecto o anulando la providencia o auto interlocutorio. III. El recurso planteado por escrito será corrido en traslado con plazo de tres días, con la contestación o sin ella, se dictará resolución sin más trámite. IV. El recurso de reposición, planteado en la audiencia contra providencias, será contestado en la misma, y deberá ser resuelto inmediatamente.

V. La apelación contra los autos interlocutorios podrá ser alternativa del recurso de reposición, debiéndose deducir ambos recursos de manera conjunta”. En cuanto a su procedimiento, el merituado Código Procesal Civil, establece que solo se podrá interponer este recurso contra providencias o decretos de mero trámite, pues dada la naturaleza de lo dispuesto mediante éstas, su emisión no puede generar contención, como los autos interlocutorios simples destinados a resolver cuestiones de procedimiento que se presentan en la tramitación del proceso o los autos interlocutorios definitivos que ponen fin al proceso de manera definitiva, y que por lo tanto resuelven cuestiones que si requieren sustanciación. En ese entendido, la norma procesal civil, establece en su art. 254.V del CPC, que en caso de impugnar un auto interlocutorio simple, debe hacerse mediante un recurso de reposición bajo alternativa de apelación, y en caso de que la determinación ponga fin al proceso; es decir, sea resuelto mediante un auto definitivo, el art. 258 de igual norma, se pueda plantear recurso de apelación de manera directa. Del contexto normativo glosado precedentemente, se concluye que el recurso de reposición es un mecanismo de defensa previsto en el ordenamiento jurídico, que puede ser activado solo contra providencias o decretos de mero trámite o autos interlocutorios simples, habida cuenta que éstos no resuelven cuestiones de fondo. Concordante con lo expuesto, se tiene el art. 344 del CPC que prevé respecto a los recursos que: “I. Las resoluciones que resuelvan los incidentes, admitirán recurso de reposición con alternativa de apelación. II. Si las resoluciones se pronuncian antes de sentencia se concederán en el efecto diferido” (las negrillas nos corresponden).

III.4. Análisis del caso concreto

Identificada la problemática planteada a través de la presente acción de amparo constitucional, corresponde glosar los antecedentes conforme lo descrito en las Conclusiones del presente fallo constitucional; de donde se tiene que, dentro del proceso monitorio de devolución de inmueble y pago de alquileres devengados, seguido por Saúl Alejandro Herbas Violetta –ahora tercero interesado– en contra de Erick Olvar Magne Chinche –hoy accionante–, el Juez Público Civil y Comercial Segundo del departamento de Pando, resolviendo la observación a la liquidación efectuada por Erick Olvar Magne Chinche, mediante Auto Interlocutorio 581/2021 de 5 de noviembre, determinó rechazar las observaciones realizadas a la planilla de liquidación; y en consecuencia, aprobó la misma en el monto de Bs48 110.- (Conclusión II.1). Contra dicha determinación, Erick Olvar Magne Chinche interpuso recurso de apelación por memorial presentado el 17 de noviembre de 2021, por el cual solicitó la revocatoria del Auto Interlocutorio 581/2021; y en consecuencia, se declare probada su observación; por lo que, los Vocales de la Sala Civil, Social, Familiar, de la Niñez y Adolescencia, Contenciosa y Contenciosa Administrativo del Tribunal Departamental de Justicia de Pando –ahora demandados–, por Auto de Vista 18/2022 de 21 de abril, resolviendo la precitada apelación, determinaron confirmar el fallo apelado (Conclusión II.2 y II.3). Ahora bien, previo a ingresar al análisis de la problemática planteada, corresponde inicialmente aclarar que, si bien el Auto de Vista 18/2022 resolvió los recursos de apelación interpuesto en contra de los Autos Interlocutorios 383/2021 de 29 de septiembre; 581/2021 de 5 de noviembre; y, de 4 de febrero de 2022; sin embargo, habiendo cuestionado el impetrante de tutela a través de esta acción tutelar, lo resuelto en el señalado Auto de Vista solo en cuanto a la apelación del Auto Interlocutorio 581/2021, corresponde efectuar el análisis del Auto de Vista 18/2022, únicamente en relación al precitado Auto Interlocutorio. En ese entendido, delimitado el análisis a efectuarse, se tiene que, habiendo el accionante acusado que las autoridades demandadas sin ingresar al fondo del recurso de apelación interpuesto en contra del Auto Interlocutorio 581/2021, mediante el Auto de Vista 18/2022 confirmaron el fallo apelado, con el fundamento erróneo de que el recurso de apelación debió ir precedido del recurso de reposición, aplicando para ello el art. 344.I del CPC, considerando que el Auto Interlocutorio apelado fue pronunciado en ejecución de sentencia, y que las resoluciones que resuelven incidentes admiten el recurso de reposición con alternativa de apelación; por lo que, el Auto de Vista cuestionado habría incumplido el requisito contenido en el inciso c) de la SCP 1023/2019-S2, careciendo de esta manera de una debida fundamentación y motivación; corresponde en mérito a ello, efectuar el análisis pormenorizado, del indicado fallo para establecer si es evidente o no lo señalado por el impetrante de tutela en su demanda de acción de amparo constitucional; por lo tanto, es necesario conocer los fundamentos del Auto de Vista 18/2022, por el cual los Vocales de la Sala Civil, Social, Familiar, de la Niñez y Adolescencia, Contenciosa y Contenciosa Administrativo del Tribunal Departamental de Justicia de Pando –ahora demandados–, determinaron confirmar el fallo apelado por el que se resolvió rechazar las observaciones realizadas por el hoy accionante a la planilla de liquidación, aprobando la misma en el monto de Bs48 110.-; en ese entendido, se tiene que:

1) Los Vocales hoy demandados, señalaron que, para ejercer el derecho a la impugnación, la legislación adjetiva civil previó diversos mecanismos legales entre ellos el recurso de apelación y el de reposición. El recurso de apelación procede contra las sentencias, autos definitivos y otras resoluciones que expresamente establezca la ley, así lo establece el art. 257.I del CPC. Por su parte, el recurso de reposición, procede contra providencias y autos interlocutorios con objeto de que la autoridad judicial advertida de su error, los modifique, deje sin efecto o anule y pueden ser planteados en cualquier momento del proceso inclusive en ejecución de sentencia, si la naturaleza de lo resuelto lo permite, así lo prevé el art. 253 del señalado Código. Asimismo, indicaron que, habiendo el recurrente –ahora accionante– planteado el recurso de apelación en contra del Auto Interlocutorio 581/2021 que rechazó la observación a una liquidación; revisados los antecedentes, advirtieron que dicho fallo fue pronunciado en ejecución de sentencia, a través del cual se resolvió un incidente de observación a una liquidación y las resoluciones que resuelven los incidentes, admiten el recurso de reposición con alternativa de apelación; ya que, si se pronuncian antes de la sentencia, se conceden en el efecto diferido, así lo determinó el art. 344 del CPP. Finalmente concluyeron que, por lo expuesto, el recurso de apelación en contra de la resolución impugnada, debió estar precedido de la reposición previa, y no haber interpuesto el recurso de apelación directamente, “…ha consentido en la ejecutoria de la resolución en la forma que se señala; Razón por la cual este tribunal no puede ingresar al análisis del recurso planteado” (sic).

En ese contexto, a los fines de dilucidar si en efecto existe falta de fundamentación y motivación denunciada, sin que ello implique ingresar a la revisión de la legalidad ordinaria, debe tenerse presente que toda resolución dictada en apelación, no sólo por disposición legal sino también por principio general, debe sujetarse a los puntos de agravio expuestos por la parte recurrente, que se entiende, deben estar relacionados con lo discutido ante la autoridad a quo. Y siendo que el accionante denuncia en su memorial de esta acción tutelar, la lesión a su derecho a una resolución fundamentada y motivada, teniéndose que de acuerdo a la jurisprudencia constitucional transcrita en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, el debido proceso tiene como uno de sus componentes la fundamentación, motivación y congruencia de las resoluciones que dilucida cualquier conflicto jurídico o administrativo, entendido éste como la obligación que se impone a toda autoridad a que motive y fundamente adecuadamente sus fallos, mencionando las razones de hecho y derecho, base de sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba, no siendo exigible una exposición necesariamente amplia de consideraciones y citas legales; pero tampoco, una mera relación de los documentos o mención de los requerimientos de las partes; sino, debe contener una estructura de forma y de fondo que integre todos los puntos demandados y que permita comprender los motivos de la determinación asumida de forma concisa y clara. Ahora bien, de la revisión y análisis del Auto de Vista 18/2022, se evidencia que el mismo, los Vocales ahora demandados determinaron confirmar el fallo apelado, ante la imposibilidad de poder ingresar al análisis del recurso de apelación interpuesto por el recurrente hoy accionante, amparándose y citando lo previsto en el art. 253 concordante con el art. 344 del CPC, para posteriormente realizar un análisis normativo en función a lo previsto por la mencionada normativa, la misma que define la procedencia del recurso de reposición, efectuando previamente para mayor comprensión la diferencia existente entre la procedencia del recurso de apelación y el recurso de reposición, señalando para ello que, el recurso de apelación procede contra las sentencias, autos definitivos y otras resoluciones que expresamente establezca la ley, tal como lo determina el art. 257.I del CPC. Y que por su parte, el recurso de reposición, procede contra providencias y autos interlocutorios con objeto de que la autoridad judicial advertida de su error, los modifique, deje sin efecto o anule y pueden ser planteados en cualquier momento del proceso inclusive en ejecución de sentencia, si la naturaleza de lo resuelto lo permite, aludiendo al efecto el art. 253 del indicado Código. Por lo que, advirtiendo que el fallo apelado a través del cual se resolvió un incidente de observación a una liquidación fue pronunciado en ejecución de sentencia, y siendo que las resoluciones que resuelven los incidentes, admiten el recurso de reposición con alternativa de apelación, los Vocales concluyeron que, el recurso de apelación planteado por el recurrente contra el Auto Interlocutorio 581/2021, debió estar precedido por el recurso de reposición y no así haber interpuesto el recurso de apelación de forma directa. En ese entendido se evidencia que, el razonamiento de las autoridades ahora demandadas resulta correcto, suficiente y tendiente a justificar su decisión de confirmar el fallo apelado, ante la imposibilidad de poder ingresar al análisis de fondo de la apelación, explicando con términos claros y precisos sustentados en la normativa adjetiva civil el por qué en el presente caso correspondía al recurrente –hoy accionante– interponer en contra del Auto Interlocutorio 581/2021 el recurso de reposición con alternativa de apelación y no así directamente el recurso de apelación como ocurrió en este caso; encontrándose así la decisión de las autoridades demandadas debidamente fundamentada y motivada, tal como exige la jurisprudencia constitucional desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional; asimismo, como se refirió se encuentra sustentada en la normativa vigente; por cuanto, evidentemente, de acuerdo a la previsión contenida en el art. 253 concordante con el art. 344 del CPC, se tiene que, todo Auto Interlocutorio simple –como se tiene en el presente caso– pronunciado en fase de ejecución de sentencia, por regla general es susceptible de recurso de reposición con alternativa de apelación; esto en virtud a que el proceso en el caso de autos, conforme a antecedentes y por la propia aseveración de las partes procesales, ya cuenta con una Sentencia la cual se encuentra en ejecución; y el Auto Interlocutorio apelado resulta ser un Auto simple; ya que, de acuerdo a la regulación actual prevista en el Código Procesal Civil en su art. 210, concibe a los autos interlocutorios como aquellos que resuelven cuestiones que se suscitan durante la tramitación del proceso (tal como acontece en el presente caso con el Auto Interlocutorio 581/2021), y como autos definitivos a los que resuelven cuestiones que requieren sustanciación, que ponen fin al proceso y no resuelven el mérito de la causa, así se tiene establecido en el art. 211 del CPC; por ello, la resolución que rechaza un incidente en ejecución de sentencia, no puede considerarse como un auto definitivo debido a que no pone fin al proceso. Además, debe considerarse que la etapa de ejecución de sentencia, por disposición del art. 400 de la referida Ley adjetiva referida, no puede suspenderse por ningún recurso ordinario o extraordinario, o cualquier solicitud que busque rechazar o dilatar esa ejecución, en tal entendido debe tenerse en cuenta que los actos y fallos emitidos en esta etapa tienden a buscar la ejecución de la Sentencia y a resolver cuestiones accesorias, a ello obedece precisamente el que toda resolución dictada en esta fase de ejecución de sentencia, es recurrible en reposición bajo alternativa de apelación en el efecto devolutivo, y no así en efecto suspensivo; por lo que, el razonamiento de las autoridades demandadas resulta ser correcto, y se encuentra acorde a los entendimientos desarrollados en los Fundamentos Jurídicos III.2 y 3 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional. Por lo expuesto, no resulta evidente la falta de fundamentación y motivación con la que se hubiera emitido el Auto de Vista 18/2022 cuestionado, ni que se habría incumplido el inc. c) de la SCP 1023/2019-S2 referido a la descripción de manera expresa la norma jurídica aplicable al caso concreto, para garantizar el debido proceso en sus elementos fundamentación y motivación, el cual se encuentra desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional; ya que, precisamente la decisión asumida por los Vocales demandados en el citado Auto de Vista, se encuentra sustentada en la normativa adjetiva civil vigente tal como se explicó ut supra; por otro lado, tampoco se advierte la vulneración al derecho a la defensa y al principio de seguridad jurídica, en razón a que el solicitante de tutela tenía a su alcance la posibilidad de plantear el recurso de reposición con alternativa de apelación en contra del Auto Interlocutorio 581/2021, conforme ya se precisó precedentemente, no pudiendo el accionante argüir la lesión de dichos derechos en un error propio en el planteamiento de su impugnación; en consecuencia, al no haber incurrido las autoridades judiciales demandadas en ningún acto ilegal que amerite conceder la tutela demandada, corresponde denegar la misma.

Por consiguiente, la Sala Constitucional, al conceder la tutela solicitada, obró de forma incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 051/2022 de 2 de junio, cursante de fs. 35 a 37 vta., pronunciada por la Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia de Pando; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

René Yván Espada Navía

MAGISTRADO

Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0684_2023-S4.pdf · páginas 1 a 19.

Huella digital del PDF (SHA-256): 4679747ce054a46ad1a695c01b5f35eaa8e727dc2ad070069dc847c1b963043d

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