Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 19 de julio de 2023
Deniega la tutela
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, seguridad jurídica, a la privacidad, honra, honor, propia imagen, dignidad, a impugnar y al trabajo; toda vez que, emergente de su baja definitiva de la Policía Boliviana, instauró proceso penal contra el Comandante General de la citada entidad policial; por la comisión de los delitos de falsedad de documento privado, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado, resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado y delitos de corrupción; y dentro del cual, el imputado Víctor Hugo Escobar Guzmán, presentó extinción de la acción penal por prescripción, que fue declarada fundada por la Jueza de la causa en relación a los delitos de falsedad ideológica y falsificación de documento privado; decisión que fue indebidamente confirmada en apelación, por el Tribunal de alzada. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda, en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 80/2022 de 28 de abril, cursante de fs. 220 a 222, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada.
B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.
¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →
Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0684/2023-S2 Sucre, 19 de julio de 2023 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano Acción de amparo constitucional Expediente: 47900-2022-96-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 80/2022 de 28 de abril, cursante de fs. 220 a 222, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Andrés Martín Chambi Ticona contra Margot Pérez Montaño y Henry David Sánchez Camacho, Vocales de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.
Por memoriales presentados el 30 de julio y 15 de octubre de 2021, cursantes de fs. 133 a 149 y 153 a 156 vta., respectivamente, el accionante expresó lo siguiente:
Ejerció como funcionario policial dependiente del Comando General de la Policía Boliviana, desde 1988 hasta el 25 de enero de 2010; y, fue notificado con Memorándum de baja de la institución policial; toda vez que, el Comandante General, Víctor Hugo Escobar Guzmán, mediante Resolución Administrativa (RA) 0960/2009 de 23 de noviembre, dispuso su “BAJA DEFINITIVA”, autoridad que utilizó un certificado de nacimiento falsificado para ingresar y egresar como oficial de la Academia Nacional de Policías (ANAPOL), el 24 de noviembre de 1977, fecha desde la cual cometió daño económico al Estado; por lo cual, el 1 de diciembre de 2010, su persona le instauró un proceso penal por los delitos de falsificación de documento privado y uso de instrumento falsificado, bajo la premisa que no se encontraba facultado para ser oficial de policía, más aún para ocupar el cargo de Comandante General de la Policía Boliviana; y, considerando que la referida RA 0960/2009, era ilegal, amplió la denuncia el 31 de mayo de igual año, por los presuntos ilícitos de falsedad ideológica y resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado. Refirió que, dentro del proceso penal el Ministerio Público dictó Resoluciones de rechazo y sobreseimiento, que fueron oportunamente objetadas, también en calidad de víctima el 29 de agosto de 2019, volvió a ampliar su querella por delitos de enriquecimiento ilícito, favorecimiento al mismo, obstrucción de la justicia y falsedad en la declaración jurada de bienes y rentas previstos en la Ley de Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz” -Ley 004 de 31 de marzo de 2010- prosiguiendo su sustanciación dentro de la cual, el procesado Víctor Hugo Escobar Guzmán, planteó excepciones de extinción de la acción penal por prescripción, falta de acción, prejudicialidad e incompetencia, de las cuales la primera se declaró fundada e infundadas las tres últimas por Resolución 197/2020 de 14 de agosto, decisión revocada en parte por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Auto de Vista 120/2020 de 8 octubre, por el que declaró infundada la excepción de extinción de la acción penal por prescripción al no haber demostrado objetivamente el mismo excepcionista que no se interrumpió el término de prescripción; motivando que, el citado imputado reitere solicitud a la extinción de la acción penal por prescripción, declarada fundada mediante Auto Interlocutorio 355/2020 de 9 de diciembre, pronunciada por el Juez de Instrucción Penal Tercero de la Capital del citado departamento, que dispuso el archivo de actuaciones con relación a los ilícitos de falsedad ideológica y falsificación de documento privado, contra la que planteó recurso de apelación; instancia en la cual, la Sala Penal Tercera del mencionado Tribunal de Justicia, por Auto de Vista 046/2021 de 1 de febrero, confirmó la decisión judicial apelada, argumentando que la Resolución objeto del recurso fue dictada en audiencia; por lo que, debió haber sido formulado en el mismo actuado procesal de forma oral; empero, se lo interpuso de manera escrita, siendo por ello inadmisible, conforme dispone la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-. Según lo expresado precedentemente, el procesado Víctor Hugo Escobar Guzmán, al haber usado documentos falsos objeto de investigación (tres certificados de nacimiento), supuestos cursos realizados, e ingreso ilegal a la ANAPOL, para posteriormente ascender sucesivamente en grados, percibiendo sueldos que constituyen daño económico al Estado, hasta obtener su nombramiento como Comandante General de la Policía Boliviana, adecuó su conducta a los tipos penales de corrupción; por lo que, las Resoluciones que dictó son contrarias a la Constitución Política del Estado y nulas como la RA 0960/2009, que dispuso su baja definitiva de la institución policial; por lo cual, no correspondía la declaratoria de fundada la excepción, y que motiva la presente acción de defensa, solicitando la nulidad de los fallos cuestionados.
Señaló como lesionados sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, seguridad jurídica, a la privacidad, honra, honor, propia imagen, dignidad, a impugnar y al trabajo; citando al efecto los arts. 112, 115, 116.I y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
Solicitó se conceda la tutela; y, en consecuencia, ordenar: a) Dejar sin efecto el Auto Interlocutorio 355/2020 de 9 de diciembre, dictado por el Juez de Instrucción Penal Tercero de la Capital del departamento de La Paz y Auto de Vista 046/2021 de 1 de febrero, emitido por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia del citado departamento; y, b) Se resuelva la prosecución del proceso conforme al Auto de Vista 120/2020 de 8 de octubre, pronunciado por la Sala Penal Tercera del mismo Tribunal de Justicia.
Celebrada la audiencia pública el 28 de abril de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 216 a 219 vta., se produjeron los siguientes actuados. 1.2.1. Ratificación y ampliación de la acción El accionante a través de su abogado, ratificó in extenso los argumentos contenidos en la demanda tutelar, añadiendo que: 1) Conforme al art. 111 de la CPE, los delitos contra el Estado que causen grave daño económico, son imprescriptibles y no admiten régimen de inmunidad; sin embargo, los Autos Interlocutorios 355/2020 y 046/2021, atentaron contra la Norma Fundamental, al no ser procedente la prescripción, como solicitó el imputado, quien siguió utilizando los certificados de nacimiento falsos en diferentes trámites; además de percibir sus haberes; por lo cual, el Estado prosigue sufriendo daño económico; y, 2) En respuesta a las interrogantes de la Sala Constitucional, reiteró que se vulneró su derecho al trabajo y aclaró que el recurso de apelación debe ser formulado en forma oral, pidiendo se le conceda la tutela solicitada.
Henry David Sánchez Camacho, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, remitió informe escrito de 3 de febrero de 2022, cursante de fs. 191 a 194 vta., mediante el que solicitó se deniegue la tutela, en virtud a los siguientes argumentos: i) A través de Auto de Vista 046/2021, confirmaron el Auto Interlocutorio 355/2020, habiendo sido Vocal relatora Margot Pérez Montaño, quien cesó de sus funciones el mes de julio de 2021; ii) El Tribunal de alzada se rige por el art. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP); es decir, debe pronunciarse sobre los agravios expuestos en el recurso de apelación planteado; por lo cual, en el caso de autos declararon inadmisible el formulado por el imputado por haberlo presentado en forma escrita siendo que el fallo apelado se emitió oralmente; por consiguiente, al no tener agravios expuestos en la audiencia se confirmó la decisión judicial apelada; consecuentemente, el Auto de Vista cuestionado fue dictado debidamente fundamentado y motivado; por lo que, no vulneró el derecho al debido proceso y del cual el ahora accionante no solicitó aclaración, complementación y enmienda, aceptando de esta manera la decisión; iii) La Ley 1173, entró en vigencia a partir de noviembre de 2019, que modificó el art. 404 del CPP, referente a la interposición del recurso de apelación incidental, señalando expresamente que: “Cuando la resolución se dicte en audiencia, el recurso se interpondrá inmediatamente de forma oral ante la jueza, el juez o tribunal que la dictó”; y, en el presente caso el demandante de tutela, no interpuso su recurso en forma oral, no siendo responsabilidad del Tribunal de alzada que desconozca la normativa legal; por lo que, se declaró inadmisible el mismo, conforme lo establece la SCP 0103/2021-S3 de 26 de abril; y, iv) El impetrante de tutela tenía la obligación de especificar en qué consistía la vulneración alegada, así como establecer el nexo causal entre los actos supuestamente vulneratorios y derechos y/o garantías constitucionales que consideraba vulnerados, restringidos, suprimidos o amenazados de serlo; empero, no lo hizo, incumpliendo con los requisitos previstos en el art. 128 de la CPE y 51 del Código Procesal Constitucional (CPCo). Margot Pérez Montaño, no pudo ser notificada y ubicada por haber cesado de sus funciones, como Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en el mes de julio de 2021.
Julia Susana Ríos Laguna, Viceministra de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, mediante memorial de 28 de abril de 2022, cursante a fs. 214, hizo conocer a la Sala Constitucional que el demandante de tutela Andrés Martín Chambi Ticona, presentó denuncia ante el Ministerio Público contra Víctor Hugo Escobar Guzmán, por los supuestos delitos de falsificación de documento privado y uso de instrumento falsificado, proceso que culminó con el Auto Interlocutorio 355/2020, que declaró fundada la excepción de extinción de la acción penal por prescripción de los delitos de falsedad ideológica y falsificación de documento privado, ratificado por Auto de Vista 046/2021, con dichos antecedentes, no habiéndose identificado tipos penales determinados en la Ley 004, así como en la Ley de Fortalecimiento para la Lucha contra la Corrupción -Ley 1390 de 27 de agosto de 2021-; por consiguiente, encontrándose el caso de autos fuera de las atribuciones que tiene esa cartera de Estado, conforme establece la Ley de Unidades de Transparencia y Lucha contra la Corrupción -Ley 974 de 4 de septiembre de 2017-, no tiene el Ministerio de Transparencia Institucional la calidad de “Tercero Interesado”, para intervenir en la audiencia señalada, conforme al art. 31 del CPCo. Víctor Hugo Escobar Guzmán, a través de su abogado, en audiencia pidió se deniegue la tutela, por las siguientes razones: a) El accionante no señaló qué derechos constitucionales se vulneraron a través del Auto Interlocutorio 355/2020 y Auto de Vista 046/2021, habiéndose limitado a referirse al certificado de nacimiento y otros elementos probatorios, confundiendo a la Sala Constitucional como si fuera una tercera instancia a efectos que valoren la prueba; b) La Resolución dictada también por la Vocal Margot Pérez Montaño, es correcta porque explicó que el impetrante de tutela, no formuló de manera correcta su recurso de apelación; además, tampoco cumplió con el principio de subsidiariedad al no solicitar explicación complementación y enmienda del referido Auto de Vista 046/2021, adhiriéndose en definitiva al informe de los demandados, que detalló los errores en los que incurrió el demandante de tutela; y, c) Dando respuesta a la pregunta efectuada por la Sala Constitucional vinculada a la subsidiariedad de esta acción tutelar, refirió que no es obligatorio presentar explicación, complementación y enmienda; peticionando por lo expuesto declaren “infundado”, cualquier reclamación de derecho o conculcación del mismo. Wilfredo Vargas Huarachi, mediante su abogado en audiencia señaló que hubo vulneración de derechos fundamentales; puesto que, la conducta del procesado Víctor Hugo Escobar Guzmán, al asumir el cargo de Comandante General de la Policía Boliviana, los privó de su derecho al trabajo, porque firmó resoluciones administrativas, que los perjudicaron. Luisa Rojas, en representación legal del Comando General de la Policía Boliviana, en audiencia, peticionó se conceda la tutela pedida, expresando que: 1) El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, mediante nota de 4 de noviembre (no indicó año), les solicitó se constituyan en parte querellante a raíz que el Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra el Contrabando se apersonó como parte coadyuvante en el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el ex Comandante General de la Policía Boliviana, Víctor Hugo Escobar Guzmán, por la comisión de los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, falsedad de declaraciones juradas de bienes y rentas y otros casos; en consecuencia, se los consideraba como víctimas; razón por la que, al asumir conocimiento de estos hechos se apersonaron; y, 2) Como señaló la Vocal demandada, el imputado no cumplió con lo que determina la Ley 1173, que las apelaciones sean orales; sin embargo, tomando en cuenta que se trata de delitos de corrupción y en consideración a que cumplió la máxima función policial, se acogen al pedido del ahora accionante que se conceda la tutela peticionada.
Rosario Ferrufino Moya y Germán Dorado Bustamante, no comparecieron a la audiencia de consideración de esta acción tutelar, tampoco presentaron escrito alguno, pese a su legal citación cursante a fs. 207 y 209, respectivamente.
La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Resolución 80/2022 de 28 de abril, cursante de fs. 220 a 222, denegó la tutela solicitada, con los siguientes fundamentos: i) Nadie puede alegar su torpeza en su propio beneficio, siendo una cuestión de orden normativo; puesto que, las resoluciones dictadas en audiencia serán apeladas en el mismo actuado procesal, el no hacerlo independientemente que la autoridad jurisdiccional hubiere remitido los obrados en apelación, generó un perjuicio en su contra, no producida ni promovida por el juzgador; y, ii) Corresponde la denegatoria de la tutela solicitada; primero, por el defecto de su postulación; y, segundo en la imposibilidad de ingresar a cuestionar un tema producido y resistido por el hoy accionante, al haber presentado recurso de apelación en forma escrita, “habiendo sido realizada en audiencia de forma oral” (sic), donde debió postularlo.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante Resolución de rechazo de denuncia y querella 37/10 de 23 de agosto de 2010, emitida por la Fiscal de Materia, Tania Alfaro Castellón, rechazó la denuncia y querella presentada por Andrés Martín Chambi Ticona -hoy accionante- y otros, el 1 de diciembre de 2009, contra Víctor Hugo Escobar Guzmán, por la presunta comisión de los delitos de falsificación de documento privado y uso de instrumento falsificado, ampliada el 31 de mayo de 2010, por los ilícitos de falsedad ideológica y resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado (fs. 8 a 10); dicho fallo fue revocado por el Fiscal Departamental a través de Resolución BYL-R-143/2010 de 5 de noviembre, disponiendo la prosecución de las investigaciones (fs. 11 a 13). II.2. Consta imputación formal presentada el 10 de septiembre de 2013, por la Fiscal de Materia asignada al caso, contra Víctor Hugo Escobar Guzmán, por el delito de uso de instrumento falsificado (fs. 14 a 15 vta.); después emitió Resolución Fiscal de Sobreseimiento 11/2013 de 1 de noviembre, por uso de instrumento falsificado (fs. 16 a 19); decisión ratificada por el Fiscal Departamental a través de la Resolución FDLP/EJBS/S-145/2017 de 18 de abril (fs. 48 a 50 vta.). II.3. Cursa Resolución de rechazo 16/2015 de 13 de febrero, a favor del denunciado Víctor Hugo Escobar Guzmán, por el delito de falsificación de documento privado (fs. 21 a 23), que mereció revocatoria por el Fiscal Departamental mediante Resolución FDLP/EJBS/R-721/2017 de 25 de abril, disponiendo se prosiga la investigación respecto a los ilícitos de falsificación de documento privado, falsedad ideológica y resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado y leyes (fs. 51 a 53). II.4. Por memorial presentado el 24 de julio de 2019, subsanado el 27 de agosto de igual año, el impetrante de tutela amplió la querella por los delitos contenidos en la Ley 004, de enriquecimiento ilícito, favorecimiento al mismo, obstrucción de la justicia y falsedad en la declaración jurada de bienes (fs. 24 a 34 vta., y 35 a 45). II.5. El 1 de junio de 2020, el Fiscal de Materia asignado al caso, presentó imputación formal contra Víctor Hugo Escobar Guzmán, por los delitos de falsedad ideológica y falsificación de documento privado (fs. 56 a 59 vta.). II.6. Por Auto Interlocutorio 197/2020 de 14 de agosto, la Jueza de Instrucción Penal Tercera de la Capital del departamento de La Paz, declaró fundada la excepción de extinción de la acción penal por prescripción en favor de Víctor Hugo Escobar Guzmán, con relación a los delitos de falsedad ideológica y falsificación de documento privado, disponiendo su archivo; e infundados respecto a las excepciones de falta de acción, prejudicialidad y de incompetencia (fs. 97 a 102 vta.); que fue apelada por el Ministerio Público y el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, siendo resuelta por Auto de Vista 120/2020 de 8 de octubre, dictado por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que declaró la procedencia de las cuestiones planteadas; y en consecuencia, revocó en parte la Resolución impugnada, con referencia a la excepción de extinción de la acción penal por prescripción, declarándola infundada, disponiendo la prosecución de la causa (fs. 103 a 105 vta.). II.7. El imputado Víctor Hugo Escobar Guzmán, solicitó nuevamente la extinción de la acción penal por prescripción, que fue declarada fundada por la Jueza de la causa mediante Auto Interlocutorio 355/2020 de 9 de diciembre, dictado a la conclusión de la audiencia de consideración, que fue apelado por el Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción en el mismo actuado procesal (fs. 106 a 110 vta.). II.8. Mediante memorial de 14 de diciembre de 2020, el demandante de tutela interpuso recurso de apelación incidental contra la precitada Resolución (fs. 111 y vta.); instancia en la cual, la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emitió el Auto de Vista 046/2021 de 1 de febrero, por el que declaró la admisibilidad del recurso formulado por el Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción e inadmisible el planteado por el accionante y otros, por haber presentado la apelación de forma escrita, al haberse dictado la Resolución impugnada de forma oral; y en consecuencia, confirmó el Auto Interlocutorio 355/2020, con el que fue notificado en la misma audiencia (fs. 113 a 114 vta.).
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, seguridad jurídica, a la privacidad, honra, honor, propia imagen, dignidad, a impugnar y al trabajo; toda vez que, emergente de su baja definitiva de la Policía Boliviana, instauró proceso penal contra el Comandante General de la citada entidad policial; por la comisión de los delitos de falsedad de documento privado, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado, resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado y delitos de corrupción; y dentro del cual, el imputado Víctor Hugo Escobar Guzmán, presentó extinción de la acción penal por prescripción, que fue declarada fundada por la Jueza de la causa en relación a los delitos de falsedad ideológica y falsificación de documento privado; decisión que fue indebidamente confirmada en apelación, por el Tribunal de alzada. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, sistematizando los entendimientos jurisprudenciales referidos a la fundamentación y motivación de las resoluciones sean judiciales o administrativas, como elementos del debido proceso, señala en la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero, que: “El derecho a una resolución fundamentada y motivada, como uno de los elementos del debido proceso, reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), fue desarrollado en la amplia jurisprudencia constitucional, siendo uno de los antecedentes, el entendimiento contenido en la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre, la cual establece como exigencia del debido proceso, que toda resolución debe exponer los hechos y el fundamento legal de la decisión, de manera que en caso de omisión, se estaría vulnerando dicho derecho. Posteriormente, en la SC 0946/2004-R de 15 de junio, se aclara que esta garantía es aplicable también en procesos administrativos y disciplinarios. En la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, se determinan los requisitos que deben contener toda resolución jurisdiccional o administrativa con la finalidad de garantizar el derecho a la fundamentación y motivación como elemento configurativo del debido proceso, así en su Fundamento Jurídico III.3, señala: …a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado.
(…) Por su parte, la SC 0802/2007-R de 2 de octubre se refiere a los supuestos de motivación arbitraria; empero, es la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre la que desarrolla el contenido esencial del derecho a una 2El FJ III.3 indica que: “…la garantía del debido proceso no es únicamente aplicable en el ámbito judicial, sino también en el administrativo y disciplinario, cuanto tenga que determinarse una responsabilidad disciplinaria o administrativa e imponerse una sanción como ha ocurrido en el presente caso”. 3El FJ III.4, expresa: “Consiguientemente, aplicando los principios informadores del derecho sancionador, las resoluciones pronunciadas por el sumariante y demás autoridades competentes deberán estar fundamentadas en debida forma, expresando lo motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba. Fundamentación que no podrá ser reemplazada por la simple relación de los documentos y presentación de pruebas o los criterios expuestos por las partes, y en los casos en los que existan coprocesados, resulta primordial la individualización de los hechos, las pruebas, la calificación legal de la conducta y la sanción correspondiente a cada uno de ellos en concordancia con su grado de participación o actuación en el hecho acusado”. 4El FJ III.1, manifiesta: “En ese marco, se tiene que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión está dado por sus finalidades implícitas, las que contrastadas con la resolución en cuestión, dará lugar a la verificación de su respeto y eficacia. Estas son: (1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; (3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, (4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o resolución fundada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son: a) El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad; b) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; c) Garantizar la posibilidad del control de la resolución a través de los medios de impugnación; d) Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad y, e) La observancia del principio dispositivo que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes -quinta finalidad complementada por la SCP 0100/2013 de 17 de enero-. Respecto a la segunda finalidad, tanto la SCP 2221/2012 como la SCP 0100/2013, señalan que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión sin motivación, con motivación arbitraria, insuficiente y por la falta de coherencia del fallo. Ejemplificando refiere, que la decisión sin motivación se presenta cuando la resolución no da razones que la sustenten; en tanto que la motivación arbitraria es la que sustenta la decisión con fundamentos y consideraciones meramente retóricas o cuando deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso; la motivación insuficiente, cuando no se da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; finalmente, la falta de coherencia del fallo se da, en su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión -por tanto- en su dimensión externa, implica que la resolución debe guardar privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad. Estos elementos se desarrollarán a continuación: (…) (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia. (…) b) En correspondencia con lo anterior, la arbitrariedad puede estar expresada en: b.1) Una `decisión sin motivación´, o extiendo esta es b.2) Una `motivación arbitraria´; o en su caso, b.3) Una `motivación insuficiente´. c) La arbitrariedad también se expresa en la falta de coherencia, o incongruencia de la decisión (principio de congruencia), cuando el conjunto de las premisas, -formadas por las normas jurídicas utilizadas para resolver el caso, más los enunciados fácticos que describen los hechos relevantes- no son correctas, fundadas y si, además, su estructura también no lo es. Esto, más allá si la resolución que finalmente resuelva el conflicto es estimatoria o desestimatoria a las pretensiones de las partes. Es decir, como señala Robert Alexy, se trata de ver si la decisión se sigue lógicamente de las premisas que se aducen como fundamentación”. 5El FJ III.2, señala: “A las cuatro finalidades implícitas que determinan el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión cuáles son: 1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) la Constitución formal, es decir, el texto escrito; y, 1.b) los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de razonabilidad y el principio de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; 4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad (SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, se suma un quinto elemento de relevancia constitucional; y, 5) La exigencia de la observancia del principio dispositivo. 5) La observancia del principio dispositivo, implica la exigencia que tiene el juzgador de otorgar respuestas a las pretensiones planteadas por las partes para defender sus derechos”.
correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, tienen su antecedente en la SC 0863/2003-R de 25 de junio, así como en la SC 0358/2010 de 22 de junio, estableciendo que en el ámbito procesal, el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, sino que además implica la concordancia del fallo, es decir su coherencia interna, entendimiento que fue reiterado en la SCP 1915/2012 de 12 de octubre, entre otras. (…) En resumen, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional glosada, una resolución será arbitraria cuando carezca de motivación o ésta sea arbitraria o insuficiente; asimismo, cuando la resolución no tenga coherencia o congruencia interna o externa”. Como se advierte del entendimiento jurisprudencial glosado precedentemente, constituye lesión al debido proceso, la emisión de resoluciones sean judiciales o administrativas, carentes de fundamentación y motivación, en consideración a que se debe garantizar a los justiciables y administrados, que la resolución adoptada por la autoridad judicial o administrativa, definiendo sus derechos, cumpla con las reglas del debido proceso, como derecho fundamental.
Al respecto, la SCP 0935/2021-S2 de 3 de diciembre, señaló que: “Según las reformas realizadas al Código de Procedimiento Penal 6El FJ III.3, establece: “Que, al margen de ello, también cabe reiterar que el art. 236 CPC, marca el ámbito de contenido de la resolución a dictarse en apelación, pues estipula que la misma, deberá circunscribirse precisamente a los puntos resueltos por el inferior y que además hubieran sido objeto de apelación y fundamentación, de manera que el Juez o tribunal ad-quem, no puede ir más allá de lo pedido, salvo en los casos en que los vicios de nulidad constituyan lesiones a derechos y garantías constitucionales como cuando la nulidad esté expresamente prevista por ley”. 7El FJ III.3.1, indica: “De esa esencia deriva a su vez la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, en materia penal la congruencia se refiere estrictamente a que el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial o administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes”. 8El FJ III.2, refiere: “La abundante jurisprudencia del extinto Tribunal Constitucional, ha señalado con relación al principio de congruencia -que es determinante en cualquier proceso judicial o administrativo- como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, que implica la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, que debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y juicios de valor emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan la razón que llevó a la determinación que se asume (SC 1619/2010-R de 15 de octubre). Bajo ese razonamiento, el principio de congruencia forma parte de derecho-garantía-principio del debido proceso, contemplado en el art. 115.I de la CPE”.
mediante la Ley 1173, que en su art. 16 modifica los arts. 403, 404, 405 y 406 del Título III del Libro Tercero de la Segunda Parte del referido cuerpo legal, cuyas disposiciones quedaron redactadas en los siguientes términos:
‘Artículo 403. (RESOLUCIONES APELABLES). El recurso de apelación incidental procederá contra las siguientes resoluciones: 1. La que resuelve la suspensión condicional del proceso;
2. La que resuelve una excepción o incidente; 3. La que resuelve medidas cautelares o su sustitución;
4. La que desestime la querella en delitos de acción privada; 5. La que resuelve la objeción de la querella; 6. La que declara la extinción de la acción penal; 7. La que conceda, revoque o rechace la libertad condicional; 8. La que niegue o revoque la solicitud de ampliación de la etapa preparatoria en delitos relacionados con organizaciones criminales; 9. La que admita o niegue la suspensión o extinción de la pena;
10. La que resuelva la reparación del daño; y, 11. Las demás señaladas por este Código. Artículo 404. (INTERPOSICIÓN). Cuando la resolución se dicte en audiencia, el recurso se interpondrá inmediatamente de forma oral ante la jueza, el juez o tribunal que la dictó. En los demás casos, la apelación se interpondrá por escrito, debidamente fundamentada, dentro de los tres (3) días de notificada la resolución al recurrente.
Cuando el recurrente intente producir prueba en segunda instancia, la ofrecerá en audiencia de fundamentación ante el tribunal de apelación o por escrito cuando corresponda, señalando concretamente el agravio que pretende probar. Artículo 405. (REMISIÓN). La jueza, el juez o tribunal remitirá las actuaciones al Tribunal Departamental de Justicia dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes para que éste resuelva.
Artículo 406. (TRÁMITE). Recibidas las actuaciones, la Sala Penal a través de la Oficina Gestora de Procesos, señalará día y hora de audiencia y notificará a las partes dentro del plazo de veinticuatro (24) horas con el señalamiento de audiencia y, cuando corresponda, el recurso presentado por escrito. La audiencia de apelación se llevará a cabo dentro del plazo de cinco (5) días, y se desarrollará conforme a los principios y reglas previstas en el Artículo 113 del presente Código'.
El contenido normativo precitado regula el trámite del recurso de apelación incidental emergente del cuestionamiento a las resoluciones a impugnarse descritas en el art. 403 del CPP, señalando su interposición en el art. 404 -primer acápite- del mismo cuerpo legal, cuyo tenor literal prevé dos posibilidades que aluden al momento procesal que tienen las partes para su formulación, oral en audiencia o escrita luego de su notificación; del cual, amerita una interpretación desde el derecho a la impugnación consistente en la facultad reconocida a las partes de refutar y abrir el debate sobre la validez de una determinada resolución judicial ante los tribunales superiores, partiendo el análisis de los siguientes escenarios: Un primer supuesto alude aquellos casos que sean resueltos en audiencia de manera oral, ante circunstancias que requieran sustanciación y ameritan contradictorio, señalando su impugnación en el mismo acto procesal de manera verbal e inmediatamente. Si bien de la literalidad de la norma, a prima facie, no devela ambigüedad alguna; sin embargo, dicha regulación así como se encuentra, puede dar lugar a interpretaciones perniciosas, respecto de, hasta dónde debe ser entendido el momento a partir del vocablo 'inmediatamente', expresión que resulta indeterminada y sin claridad de hasta cuándo es considerado inmediato, ocasionando que el apelante pueda recurrir incluso más allá de ese límite.
Para cuyo análisis, de una interpretación sistemática desde el derecho a la impugnación con relación al alcance procesal del recurso de apelación incidental y momento oportuno para su activación; así como, en resguardo de la igualdad de las partes procesales, amerita aclarar dicha imprecisión, deduciendo -a partir del contexto normativo que regula el art. 404 del CPP-, que el enunciado “inmediatamente”, es acorde al contenido general del trámite del recurso de apelación incidental, pues la primera parte refiere al instante preciso en el que deba realizarse la impugnación, para luego dar paso a aquellos otros casos en los que no resulte en esa oralidad, coligiéndose la interpretación en sentido que el término ‘inmediatamente’ no puede dar lugar a otra intención que no sea que la impugnación a la decisión que resulte de la resolución del listado contenido en el art. 403 del CPP y otros como los que refiere el numeral 11, opere en el acto procesal en el que se dicta; es decir, las partes deben formular el recurso de apelación de manera oral en la audiencia de resolución, luego de ser dictaminada la misma y notificada por su lectura, debiendo constar en dicho acto procesal de forma expresa su interposición, y cuya fundamentación será desarrollada posteriormente en alzada.
El párrafo procesal que continua del art. 404 del CPP, regula un segundo supuesto de activación del recurso de apelación incidental, que tiene lugar para los demás casos -que no sean considerados ni resueltos en audiencia- por ser de puro derecho; es decir, que no requieran sustanciación en dicho acto procesal; en cuyo caso, se dicta directamente la resolución; en ese entendido, la formulación del mismo debe necesariamente ser por escrito, debidamente fundamentado y dentro del plazo de tres días de notificada la determinación al o los recurrentes, señalando los agravios a ser valorados en alzada.
Dicho razonamiento emerge de la labor interpretativa al tenor de la norma (interpretación gramatical), con base en el contexto (interpretación sistemática), y opera a objeto de lograr la igualdad de las partes ante la autoridad jurisdiccional, y que de ninguna manera puede significar una afectación; sino más al contrario, propende el resguardo y garantía del derecho a la impugnación de las mismas con relación al momento oportuno para la activación del recurso de apelación incidental. Asimismo, mantiene una relación procesal intrínseca e integral con la posterior tramitación del mismo, tal como refiere el art. 406 del CPP, al indicar que, 'Recibidas las actuaciones, la Sala Penal señalará día y hora de audiencia y notificará a las partes dentro del plazo de (24) horas con el señalamiento de audiencia y, cuando corresponda, el recurso presentado por escrito'; de cuya literalidad, se advierte una correspondencia con el segundo momento interpretado ut supra; es decir, con los casos en los que no requieran de verificativo oral y proceda la emisión directa de la resolución, el recurso presentado por escrito será corrido en traslado a la parte contraria, teniéndose en consecuencia el contenido normativo referente al trámite del recurso de apelación incidental vinculado y congruente en su integridad.
Por consiguiente, con base en esas consideraciones, resulta aclarado el contenido normativo del art. 404 del CPP -primer acápite-, a fin de garantizar el derecho de las partes a la impugnación según el momento procesal que corresponda, a objeto de activar el recurso de apelación respecto de los casos que procede previstos en el art. 403 del mencionado texto normativo, que se traduce en la garantía jurisdiccional que tienen las partes procesales para ejercer sus facultades y derechos en una contienda judicial” (las negrillas nos corresponden).
De los antecedentes procesales se constata que el accionante acudió a la jurisdicción constitucional, al considerar que se lesionaron sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, seguridad jurídica, a la privacidad, honra, honor, propia imagen, dignidad, a impugnar y al trabajo; toda vez que, los Vocales demandados declararon inadmisible su recurso de apelación incidental, interpuesto contra el Auto Interlocutorio 355/2020 de 9 de diciembre, emitido por la Jueza de Instrucción Penal Tercera de la Capital del departamento de La Paz, que declaró fundada la excepción de extinción de la acción penal por prescripción con relación a los delitos de falsedad ideológica y falsificación de documento privado, disponiendo el archivo de obrados a favor del sindicado Víctor Hugo Escobar Guzmán; decisión que, fue impugnada mediante memorial de 14 de diciembre de 2020, y resuelta por las autoridades judiciales demandadas a través del Auto de Vista 046/2021 de 1 de febrero, que declaró inadmisible el recurso de apelación que planteó por escrito, argumentando que debió hacerlo en audiencia en forma oral, puesto que, la Resolución cuestionada fue dictada en audiencia y notificada a las partes en ese mismo momento; lo que no correspondía, en razón a que presentó certificado de nacimiento falsificado para ingresar y egresar como oficial de la ANAPOL, hasta la ascensión al cargo de Comandante General de la Policía Boliviana, dictando resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado, como la RA 0960/2009, que dispuso su baja definitiva de la entidad policial, además de haber incurrido en la comisión de ilícitos de corrupción. Planteada la problemática y de los datos del expediente, se evidencia que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia y querella del demandante de tutela y otros, contra Víctor Hugo Escobar Guzmán, ex Comandante de la Policía Boliviana, por la presunta comisión de los delitos de falsificación de documento privado, uso de instrumento falsificado, falsedad ideológica y resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado, por haber sido ampliada la querella, el sindicado luego de la emisión de las Resoluciones de rechazo y sobreseimiento emitidas por el Ministerio Público y las objeciones expuestas, formuló excepciones de extinción de la acción penal por prescripción, falta de acción, prejudicialidad e incompetencia, de las cuales la primera se declaró fundada e infundadas las tres últimas por Resolución 197/2020 de 14 de agosto, decisión revocada en parte por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Auto de Vista 120/2020 de 8 octubre, por el que declaró infundada la excepción de extinción de la acción penal por prescripción al no haber demostrado objetivamente el excepcionista que no se interrumpió el término de la prescripción; motivando que, el sindicado reitere su petición de extinción respecto de la acción penal por prescripción, que fue resuelta, mediante Auto Interlocutorio 355/2020, por la Jueza de Instrucción Penal Tercera de la Capital del citado departamento, disponiendo el archivo de actuaciones respecto a los ilícitos de falsedad ideológica y falsificación de documento privado, quedando las partes procesales, legalmente notificadas, de manera oral por su emisión en audiencia realizada en esa fecha. Es así que, contra la precitada decisión judicial el solicitante de tutela mediante memorial de 14 de diciembre de 2020, interpuso recurso de apelación incidental; instancia en la cual, concluida la audiencia pública señalada al efecto, la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emitió el Auto de Vista 046/2021, por el que declaró la admisibilidad del recurso formulado por el Viceministerio de Transparencia e inadmisible el planteado por el accionante y otros; y en consecuencia, confirmó el Auto Interlocutorio 355/2020, con los siguientes argumentos: a) Al momento de instalar la audiencia, se manifestó que previamente se revise la forma como habrían propuesto dos de los apelantes, de los cuales no se debería considerar, en razón de que la Ley 1173, establece que cuando la Resolución ha sido dictada de forma oral, únicamente sería valedera la interposición de una apelación, cuando ésta fue planteada de la misma manera; y, en autos se verificó mediante informe del Secretario de la Sala, quien habría cumplido con esa condición, solamente sería el Viceministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción; y, b) En relación a Andrés Martín Chambi Ticona y el Comando General de la Policía Boliviana, lo hicieron en forma escrita; en ese razonamiento, dichas apelaciones serían declaradas inadmisibles conforme al art. 404 del CPP, por lo que no ameritaba ingresar al fondo de los recursos; es decir, escuchar los agravios. En el contexto señalado, se advierte que los Vocales demandados corroboraron de los antecedentes procesales, que a través de memorial de 14 de diciembre de 2020, el impetrante de tutela interpuso recurso de impugnación de manera escrita, a pesar que el fallo recurrido fue emitido en audiencia pública, celebrada el 9 de igual mes y año, ante la Jueza de Instrucción Penal Tercera de la Capital del departamento de La Paz; en cuyo mérito, determinaron lo que es cuestionado a través de esta acción tutelar. Por consiguiente, lo denunciado por el demandante de tutela en sentido que las autoridades judiciales demandadas vulneraron sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación; no es evidente, por haberse constatado que el Auto de Vista 046/2021, ahora cuestionado, identificó los elementos y circunstancias procesales propias del recurso de apelación previsto en el art. 403.6 del CPP, otorgando certeza respecto de la responsabilidad en la que habría incurrido el impetrante de tutela; circunstancia que amerita, se deniegue la tutela solicitada. Con relación a los derechos de seguridad jurídica, a la privacidad, honra, honor, propia imagen, dignidad, a impugnar y al trabajo, invocados en esta demanda tutelar, corresponde su denegatoria, en virtud a que el accionante no concretizó de qué manera el Auto de Vista impugnado, los hubiere lesionado.
Llama la atención, que la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, no advirtió que esta demanda tutelar también fue dirigida contra Lorena Camacho Ramírez, Jueza de Instrucción Penal Tercera de la Capital del departamento de La Paz, quien emitió el Auto Interlocutorio 355/2020, ratificado por el Tribunal de alzada mediante Auto de Vista 046/2021 y motivó la interposición de la presente garantía constitucional; aspecto que, en lo sucesivo debe advertir en las acciones de defensa que sean de su conocimiento, y no exceder sus facultades al omitir de manera unilateral la notificación a una de las demandadas, lo que constituye en los hechos una exclusión. En consecuencia, la Sala Constitucional al denegar la tutela impetrada, actuó de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda, en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 80/2022 de 28 de abril, cursante de fs. 220 a 222, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Brigida Celia Vargas Barañado
MAGISTRADA
1 El Cuarto Considerando, señala: “…el derecho al debido proceso, que entre su ámbito de presupuestos exige que toda Resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos y al margen de ello, la fundamentación legal que sustenta la parte dispositiva de la misma. (…) consecuentemente cuando un Juez omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión arbitraria y dictatorial que vulnera de manera flagrante el citado derecho que otorga a las partes saber el porqué de la parte dispositiva de un fallo o Resolución”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0684_2023-S2.pdf · páginas 1 a 18.
Huella digital del PDF (SHA-256): 6195c2141478e3728788cc726667f0523405b8c879e97312a3e3223b95abf1de
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →