Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 27 de junio de 2023
Concede la tutela
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus componentes de fundamentación, motivación, a la justicia material, a la defensa y a la impugnación; toda vez que, dentro del proceso penal seguido a denuncia suya por el Ministerio Publico contra Abraham Quiroga Bonilla, por la presunta comisión del delito abigeato, se emitió la Resolución Fiscal Departamental MAB S-002/19, a través de la cual, la ex Fiscal Departamental de Santa Cruz, determinó no ingresar al fondo de la impugnación que el impetrante de tutela interpuso contra la Resolución Fundada y Motivada de Sobreseimiento de 14 de octubre de 2014, que fue emitida en favor del denunciado, argumentando que dicha impugnación fue presentada fuera del plazo establecido por el art. 324 del CPP. Por lo cual, solicita se conceda la tutela y se disponga nulidad de la Resolución Fiscal Departamental MAB S-002/19, ordenando se emita en su lugar una nueva resolución con la debida valoración de los hechos y derechos del presente proceso penal. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para el efecto, se analizarán los siguientes temas: i) El acceso a la justicia constitucional, y el principio de inmediatez; ii) Suspensión del plazo de inmediatez en el Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, por la emergencia sanitaria nacional generada por la pandemia del COVID-19; iii) El derecho a la impugnación; iv) El enfoque diferencial e interseccional respecto a los derechos de las personas adultas mayores. […]
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera, en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 61/2020 de “14” de octubre, cursante de fs. 66 a 69 pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, conforme a los Fundamentos Jurídicos contenidos en el presente fallo constitucional; disponiendo: 2° Dejar sin efecto la Resolución Fiscal Departamental MAB S-002/19 de 6 de enero de “2019” -siendo lo correcto 2020-; 3° ORDENAR al actual Fiscal Departamental de Santa Cruz, emita una nueva Resolución Fiscal, resolviendo de forma motivada y fundamentada, ingresando al fondo de la impugnación propuesta por el accionante contra la Resolución Fundada y Motivada de Sobreseimiento de 14 de octubre de 2019.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0684/2023-S1 Sucre, 27 de junio de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de amparo constitucional Expediente: 37617-2021-76-AAC Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 61/2020 de “14” de octubre, cursante de fs. 66 a 69, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Daniel Bruno Lijerón contra Roger Rider Mariaca Montenegro y Mirna Amparo Arancibia Belaunde; actual y ex Fiscal Departamental; respectivamente, ambos de Santa Cruz.
Por memorial presentado el 27 de agosto de 2020, cursantes de fs. 15 a 21, y el de subsanación de 10 de septiembre de igual año (fs. 24 a 25), el accionante, expuso los siguientes argumentos de hecho y de derecho:
Dentro del proceso penal que sigue contra Abraham Quiroga Bonilla, por la presunta comisión del delito de abigeato, el 14 de octubre de 2019, el Fiscal de Materia asignado al caso, Freddy Guzmán Zapata, presentó requerimiento conclusivo de sobreseimiento, conforme a lo establecido por el art. 323.3 del Código de Procedimiento Penal (CPP), argumentando principalmente que los elementos de prueba no eran suficientes para fundamentar una acusación contra el imputado; dicha Resolución le fue notificada el 16 de igual mes y año; por lo que, su persona contaba con el plazo de cinco días hábiles para hacer uso de su derecho a la impugnación, al amparo del art. 305 del citado código, que determina que el plazo de vencimiento se vence a la ultima hora del día laboral hábil. Como es de conocimiento general, el 20 de octubre de 2019, se realizaron las elecciones presidenciales, derivando en que el 23 del mismo mes y año, el Comité Cívico de Santa Cruz, determine el acatamiento del paro cívico nacional, que dentro de sus determinaciones ordenó que nadie debía salir de sus casas para realizar trabajo laboral alguno. Por ese motivo, ajeno a su voluntad, es que su persona recién pudo hacer ingresar su objeción a la Resolución Fundada y Motivada de Sobreseimiento, el 30 de octubre de 2019; es decir, cinco días después de la fecha establecida, luego de haber tomado contacto con su abogada, quien le comunicó que el Ministerio Público continuaba trabajando; por lo que, hizo lo imposible para que su impugnación ingresara a despacho del Fiscal de La Guardia, quien mediante decreto ordenó correr traslado a la otra parte y la remisión del cuaderno de investigación a la Fiscalía Departamental de Santa Cruz. En febrero de 2020, fue notificado con la Resolución Fiscal Departamental MAB S-002/19 de 6 de enero de “2019” -siendo lo correcto 2020-, emitida por la ex Fiscal Departamental de Santa Cruz, Mirna Arancibia Belaunde, quien sin la debida fundamentación y motivación, señaló que no tenía la facultad de ingresar al fondo de la impugnación interpuesta contra la Resolución Fundada y Motivada de Sobreseimiento, argumentando un supuesto plazo vencido, vulnerando de esa forma sus derechos al debido proceso, a la tutela judicial efectiva, al juez imparcial y a la defensa.
Considera lesionados sus derechos al debido proceso en sus componentes de fundamentación, motivación, a la justicia material, a la defensa y a la impugnación, citando al efecto los arts. 115 y 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela impetrada y se disponga la nulidad de la Resolución Fiscal Departamental MAB S-002/19, ordenando que la Fiscal Departamental demandada, emita en su lugar una nueva resolución con la debida valoración de los hechos y derechos del presente proceso penal.
La audiencia pública de consideración de la presente acción de amparo constitucional, se realizó de forma virtual, el 13 de octubre de 2020; tal como consta en acta cursante de fs. 57 a 66, produciéndose los siguientes actuados:
El accionante a través de sus abogados, ratificó y reiteró el contenido de su memorial de acción de amparo constitucional.
Roger Rider Mariaca Montenegro, Fiscal Departamental de Santa Cruz, por informe escrito presentado el 30 de septiembre de 2020, cursante de fs. 42 a 47, manifestó lo siguiente: a) El recurrente olvida que la ley de manera tácita, establece el plazo para recurrir las resoluciones, específicamente el art. 324 del CPP, determina que el fiscal pondrá en conocimiento de las partes el sobreseimiento decretado, el que podrá ser impugnado dentro de los cinco días siguientes a su notificación; y, si bien es cierto que existía un paro cívico, el Ministerio Público tal como lo señaló el mismo impetrante de tutela, continuó trabajando, ya que debe tomarse en cuenta el art. 4.II de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP), que dispone que: “El Ministerio Público ejercerá sus funciones de manera ininterrumpida, durante las veinticuatro horas del día, incluyendo domingos y feriados; b) La parte solicitante de tutela, podía haber presentado su impugnación ante la Fiscalía más cercana a su domicilio y no necesariamente ante la Fiscalía de La Guardia, en virtud del principio de unidad del Ministerio Público; c) La ex Fiscal Departamental de Santa Cruz, cumpliendo con su deber de otorgar seguridad jurídica a las partes, estableció en la Resolución Fiscal Departamental MAB S-002/19, los derechos y garantías de las partes, previstos en la Constitución Política del Estado y la doctrina legal aplicable, elementos que respaldan la Resolución Departamental, cuyos fundamentos se encuentran plenamente plasmados en la misma, que lo único que hizo fue cumplir lo determinado por el art. 324 del CPP; d) Asimismo, el art. 130 de la misma norma, señala que los plazos son improrrogables y perentorios y que solo se suspenderán durante las vacaciones judiciales y podrán declararse en suspenso por circunstancias de fuerza mayor que hagan imposible el desarrollo del proceso; por lo que, la presunta lesión de derechos y garantías en el presente caso es inexistente, al no concurrir la falta de fundamento aludido por el accionante, más al contrario la Resolución Fundada y Motivada de Sobreseimiento se motivó y fundamentó de forma clara, extensa y coherente para garantizar los derechos de todas las partes; y, e) De la revisión de los actuados, se evidencia que el impetrante de tutela, fue notificado con la Resolución Fiscal Departamental antes referida, el 31 del mismo mes y año; por lo que, contabilizando el plazo de los seis meses para la presentación de la acción de amparo constitucional, esta vencía aproximadamente el 1 de julio de 2020 y el solicitante de tutela tratando de confundir, recién presentó su acción el 27 de agosto del mismo año; es decir, fuera de los seis meses. Mirna Amparo Arancibia Belaunde, ex Fiscal Departamental de Santa Cruz, no presentó informe alguno ni se hizo presente en la audiencia; asimismo, no se evidencia que la misma haya sido notificada.
La parte denunciada en el proceso penal Abraham Quiroga Molina fue citado como tercer interesado; empero, no se hizo presente en la audiencia señalada, ni presentó informe alguno; asimismo, se evidencia que no se practicó la notificación al mismo, pues no se tenía datos de su domicilio.
La Sala Constitucional Cuarta del departamento de Santa Cruz, por Resolución 61/2020 de “14” de octubre, cursante de fs. 66 a 69, denegó la tutela solicitada, con los siguientes fundamentos: 1) El accionante interpuso la acción de amparo constitucional, demandando la vulneración de sus derechos y garantías, alegando el hecho de que la Resolución Fundada y Motivada de Sobreseimiento de 14 de octubre de 2019, no pudo ser impugnada por los hechos de convulsión social suscitados el 2019, que duró veintiún días; por lo cual, todas las instituciones públicas como privadas dejaron de prestar los servicios; sin embargo, después de cinco o seis días de iniciado el paro cívico, recién se dio por enterada, que el Ministerio Publico no cerró las puertas de su institución, permitiendo a su abogada realizar la redacción de la impugnación, con las copias que tenía a mano; sin embargo, la misma al haber sido presentada fuera del plazo que establece la norma procesal penal, fue rechazada por la autoridad fiscal departamental; 2) La impugnación señalada, debió ser presentada en el Ministerio Público de La Guardia o en su defecto en la Fiscalía Departamental, o cualquiera de las otras Fiscalías asignadas a los distritos jurisdiccionales y policiales, en el entendido de que el Ministerio Público no paralizó sus funciones, pese a la falta de circulación normal, entendiéndose que al no presentar la impugnación dentro del plazo establecido es una desidia de la parte impetrante de tutela; 3) No es posible considerar el hecho de haber tenido veintiún días de paralización en cuanto al derecho de libertad de circulación, para señalar que el Fiscal Departamental hubiera vulnerado el derecho a la defensa o la impugnación o a obtener una resolución fundamentada que le otorgue justicia; 4) Bajo esos antecedentes, la desidia del solicitante de tutela es la que ha provocado su propia indefensión; por lo que, no se puede otorgar tutela, por la presunta vulneración del derecho a la defensa y la impugnación, cuando por cuenta propia la misma impugnación fue presentada fuera de plazo; y, 5) En cuanto a la presentación extemporánea de la acción de amparo constitucional, se evidencia que el accionante tomo conocimiento de la Resolución Fundada y Motivada de Sobreseimiento el 31 de enero de 2020 y de manera posterior, presentó esta acción de defensa el 27 de agosto del mismo año, habiendo transcurrido más de seis meses, tal como se puede verificar en la caratula del sorteo del Sistema Integrado de Registro Judicial de Plataforma (SIREJ); por lo que, el impetrante de tutela dejó transcurrir el plazo establecido en el art. 55.1 del Código Procesal Constitucional (CPCo), para la interposición de la presente acción de defensa.
Por Decreto Constitucional de 19 de octubre de 2021, cursante a fs. 84, se dispuso la suspensión del cómputo de plazo a objeto de recabar documentación complementaria; reanudándose el mismo a partir del día siguiente de la notificación con el Decreto de 12 de junio de 2023 (fs. 114); por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es pronunciada dentro de plazo.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal a denuncia de Daniel Bruno Lijerón -hoy accionante- seguido por el Ministerio Público contra Abraham Quiroga Bonilla, por la presunta comisión del delito de abigeato, el Fiscal de Materia asignado al caso, presentó ante el Juzgado Publico Mixto, Civil Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de La Guardia del departamento de Santa Cruz, Resolución Fundamentada y Motivada de Sobreseimiento de 14 de octubre de 2019, en favor del imputado Abraham Quiroga Bonilla (fs. 3 a 6). II.2. Cursa la Resolución Fiscal Departamental MAB S-002/19 de 6 de enero de “2019” -siendo lo correcto 2020-, emitida por la ex Fiscal Departamental de Santa Cruz, Mirna Arancibia Belaunde, autoridad que determinó no ingresar al fondo de la impugnación interpuesta por el querellante, debido a que la misma fue presentada fuera del plazo de cinco días establecido por el art. 324 del CPP; resolución que fue notificada al denunciante el 31 de enero de 2020 (fs. 7 a 14).
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus componentes de fundamentación, motivación, a la justicia material, a la defensa y a la impugnación; toda vez que, dentro del proceso penal seguido a denuncia suya por el Ministerio Publico contra Abraham Quiroga Bonilla, por la presunta comisión del delito abigeato, se emitió la Resolución Fiscal Departamental MAB S-002/19, a través de la cual, la ex Fiscal Departamental de Santa Cruz, determinó no ingresar al fondo de la impugnación que el impetrante de tutela interpuso contra la Resolución Fundada y Motivada de Sobreseimiento de 14 de octubre de 2014, que fue emitida en favor del denunciado, argumentando que dicha impugnación fue presentada fuera del plazo establecido por el art. 324 del CPP. Por lo cual, solicita se conceda la tutela y se disponga nulidad de la Resolución Fiscal Departamental MAB S-002/19, ordenando se emita en su lugar una nueva resolución con la debida valoración de los hechos y derechos del presente proceso penal. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para el efecto, se analizarán los siguientes temas: i) El acceso a la justicia constitucional, y el principio de inmediatez; ii) Suspensión del plazo de inmediatez en el Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, por la emergencia sanitaria nacional generada por la pandemia del COVID-19; iii) El derecho a la impugnación; iv) El enfoque diferencial e interseccional respecto a los derechos de las personas adultas mayores. Derecho preferente al acceso a la justicia; y, v) Análisis del caso concreto.
El acceso a la justicia, entendido como derecho, se encuentra establecido en el art. 115.I de la CPE que señala “Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos”. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), partiendo del deber de los Estados de garantizar el ejercicio pleno de los derechos establecidos en la Convención al momento de establecer las limitaciones para el acceso a la justicia, en el Caso Cantos Vs. Argentina, tomando la Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso Osman Vs. Reino Unido consideró que el derecho de acceso a la justicia no es un derecho absoluto y puede ser objeto de limitaciones discrecionales por parte del Estado; sin embargo, éstas deben guardar correspondencia entre el medio empleado (la restricción) y el fin perseguido (la finalidad de la restricción) y, en definitiva, no pueden suponer la negación misma de dicho derecho. El Tribunal Constitucional Plurinacional respecto a las limitaciones impuestas al acceso a la justicia constitucional ha establecido una amplia jurisprudencia con relación a los requisitos y la flexibilización en determinados casos. En este contexto, la SCP 1621/2012 de 1 de octubre, intentó construir una serie reglas aplicables al acceso a la justicia constitucional; por lo cual, instruyó que la Jueza, Juez o 1Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Excepciones Preliminares. Sentencia de 26 de junio de 1987. Serie C No. 1, apartado 91 estableció “La regla del previo agotamiento de los recursos internos en la esfera del derecho internacional de los derechos humanos, …En efecto, según ella, los Estados Partes se obligan a suministrar recursos judiciales efectivos a las víctimas de violación de los derechos humanos (art. 25), recursos que deben ser sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso legal (art. 8.1), todo ello dentro de la obligación general a cargo de los mismos Estados, de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención a toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción (art. 1)...” 2Caso Cantos vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2002. Serie C No. 97, apartado 54 señaló “…Esta Corte considera que si bien el derecho al acceso a la justicia no es absoluto y, consecuentemente, puede estar sujeto a algunas limitaciones discrecionales por parte del Estado, lo cierto es que éstas deben guardar correspondencia entre el medio empleado y el fin perseguido y, en definitiva, no pueden suponer la negación misma de dicho derecho…”. 3Caso Osman vs. Reino Unido, Corte Europea de Derechos Humanos. Sentencia de 28 Octubre de 1998, Reports 1998-VIII, apartado 147 indicó “147. …Sin embargo, este derecho no es absoluto, pero puede estar sujeto a limitaciones; éstas están permitidas por implicación, ya que el derecho de acceso por su propia naturaleza exige una regulación por parte del Estado …Debe estar convencido de que las limitaciones aplicadas no restringen ni reducen el acceso dejado a la persona de tal manera o en la medida en que la esencia misma del derecho se vea afectada. Además, una limitación no será compatible con el artículo 6, apartado 1, si no persigue un objetivo legítimo y si no existe una relación razonable de proporcionalidad entre los medios empleados y el objetivo que se pretende alcanzar” (las negrillas son nuestras).
Tribunales de garantía en su calidad de garantes de los derechos deben facilitar el acceso a la justicia constitucional considerando: a) El señalamiento de la audiencia corresponde siempre y cuando se hayan cumplido los requisitos indispensables de admisibilidad; b) Aplicar la prevalencia del derecho sustantivo sobre el adjetivo y así resolver el fondo de la problemática, aplicando el derecho de acceso a la justicia y a los principios de verdad material; y, pro actione. Incluso salvando las deficiencias en la demanda; c) Los requisitos de admisibilidad son taxativosy no se les puede ampliar exigiendo requisitos innecesarios o extravagantes, entre otros; d) Evaluar si la tutela es solicitada por un miembro de un grupo de tutela reforzada porque a mayor riesgo de lesión a sus derechos, mayor intensidad de protección, lo que lleva a mayor flexibilización de en el cumplimiento de requisitos de admisibilidad; e) Efectuar interpretación de la normativa infra-constitucional “conforme” a la CPE, y en su caso aplicarla de forma directa; y,
4La SCP 042/2012 de 22 de junio FJ III.1 indicó “…efectuando una interpretación ‘de la Constitución’ sistemática de dicha norma con el art. 115 de la CPE, en cuanto a los derechos de acceso a la justicia y justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, debe extraerse una norma implícita en sentido de que corresponde el señalamiento de la audiencia de amparo constitucional siempre y cuando a criterio del juez o tribunal de garantías se haya dado cumplimiento a los requisitos de admisibilidad”. 5La SC 1010/2000-R de 6 de noviembre segundo párrafo del segundo Considerando especificó “Que en el caso de autos, si bien el fundamento del recurrente carece de coordinación en cuanto la redacción y no se precisan con claridad los derechos y garantías vulnerados, sin embargo, esas deficiencias pueden ser subsandas (sic), por cuanto se deben a errores profesionales y no a la carencia de un contenido jurídico-constitucional que dé lugar a un pronunciamiento de fondo...”. 6La SC 1336/2003-R de 15 de septiembre FJ III.2 manifestó “…los recursos de amparo constitucional, se sujetan al principio de especificidad en cuando a su procedimiento y requisitos de admisión, por tener normas propias que regulan este instituto …sólo cuando no se cumplan los requisitos exigidos por el art. 97 LTC, el recurso de amparo podrá ser rechazado, mientras tanto el Tribunal de amparo tiene la obligación de admitir y tramitar el recurso …Caso contrario se atentaría contra los principios de favorabilidad, (referente a interpretar las normas en caso de duda, en favor de los recurrentes) y seguridad jurídica, (al exigir requisitos formales que se no hallan establecidos en la norma específica para este tipo de recursos constitucionales). 7La SC 0155/2005-R de 22 de febrero FJ III.3 declaró “…el Tribunal de origen al amparo de la previsión contenida en los arts. 97.III, IV, V y VI de la LTC, exigió al actor la presentación, -entre otros-, de la Ley de Seguros y el Código de comercio …que los cuerpos normativos no constituyen o tienen la característica de prueba en que la parte recurrente puede fundar su pretensión, y menos, se trata de documentos que están bajo la guarda de persona o institución alguna; por consiguiente, no corresponde exigir a los recurrentes la presentación de leyes o decretos cuyo contenido es público”. 8La SCP 0245/2012 de 29 de mayo FJ III.4 enunció “…si bien la prueba documental que la parte accionante debe acompañar a su demanda o la que señala en su ubicación debe ser idónea es decir original o en su caso legalizada ello no impide que habiendo la o el servidor público o la persona individual o colectiva demandada, que además es la tenedora de la misma, respondido la demanda sin desconocerla pueda valorarse por jueces, tribunales de garantías y por este Tribunal, fotocopias simples al tenor del art. 129.IV de la CPE, porque en la justicia constitucional cualitativamente diferente a la justicia ordinaria no puede admitirse prueba tasada y porque no puede aceptarse que la negligencia o malicia en la parte accionada que tiene el deber procesal de presentar un informe documentado afecte al ejercicio de los derechos”. 9La SCP 0846/2012 de 20 de agosto FJ III.2.1.i determinó “Ello se puede verificar en las líneas jurisprudenciales de la protección reforzada de los sectores de especial vulnerabilidad, que ha tenido su efecto irradiador no sólo en los derechos fundamentales sustantivos, sino asimismo, en los derechos procesales de éstos”. 10La SCP 0112/2012 de 27 de abril FJ III.1.2.1. b) aseveró “Consecuentemente, las normas constitucionales-principios, establecidas en el texto constitucional tienen validez normativa, prelación jerárquica y son obligatorias respecto a las normas constitucionales-reglas y con mayor razón con relación a las normas legales-reglas (contenidas en las leyes en sentido general sustantivas o procesales) por el sólo hecho de estar inscritas en la Constitución, una Constitución ideada dentro del f) Amerita multa a la jueza, juez o tribunal de garantías constitucionales que celebrada la audiencia deniega por defectos formales.
Asimismo, la referida Sentencia estableció que en aplicación del principio de aplicación directa de la Constitución Política del Estado, corresponde al órgano contralor de la Constitución, considerar la flexibilización de estos requisitos cuando advierta un derecho manifiesta y groseramente vulnerado; y ante una duda razonable en fase de admisibilidad podría admitir e ingresar a considerar el fondo de lo planteado, así consolidar la constitucionalización de todos los actos de la vida social se encuentren impregnados no solamente de normas supremas positivas, sino también de valores supremos y rectores del orden jurídico imperante como ser la justicia e igualdad. La SCP 0559/2014 de 10 de marzo, puntualizó que la justicia constitucional puede apartarse de los requisitos de forma, a fin de garantizar la materialización de los derechos fundamentales, cuando de los supuestos fácticos deducidos se puede constatar la transgresión de los derechos del accionante en función a su petitorio. El entendimiento descrito anteriormente lo estructura a partir del entendimiento de la adopción del pluralismo jurídico; a los principios modelo de Estado Constitucional, con todo lo que ello implica…”. 11La SCP 0352/2012 de 22 de junio FJ III.2 expusó “ …lo que pretende es evitar el uso inadecuado del derecho y si bien no existe pronunciamiento de fondo, ya se ha activado el procedimiento, es por ello, que atenta con el desarrollo normal del sistema judicial y efectivamente, todo acto procesal genera un efecto jurídico que se constituye en una actividad procesal que puede ser innecesaria y con el fin de evitar que los accionantes y los Jueces o Tribunales de garantías ocasionen el alargamiento del proceso activando de forma redundante el aparato judicial, es que se concluye que en virtud a la ponderación y valoración de antecedentes que realice el Tribunal Constitucional Plurinacional, ya sea el o los accionantes que forman parte del proceso, los Jueces y Tribunales de garantías o la asistencia de ambos, pueden ser sujetos de imposición de multa previo análisis y justificación expresa por parte del Tribunal Constitucional Plurinacional”. 12El FJ III.3 manifestó “En virtud a lo señalado, cuando en un caso concreto, exista una duda razonable sobre una lesión manifiesta y “grosera” a derechos fundamentales, en etapa de admisibilidad y en aplicación de los postulados del Estado Constitucional de Derecho, deben flexibilizarse presupuestos procesales para que en un análisis de fondo de la denuncia, el control de constitucionalidad, mediante la metodología de la ponderación aplicable al caso concreto, pueda en esa problemática, asegurar una justicia material…”. 13El FJ III.2 enunció que “ …la justicia constitucional podrá excusarse de ingresar al análisis de fondo de las causas llevadas a su jurisdicción, únicamente si la demanda y los antecedentes del proceso no le contribuyen la suficiente información para impartir justicia constitucional, por ser el planteamiento claramente ambiguo, obscuro, vago e impreciso, como resultado del incumplimiento de los requisitos previstos en el art. 33 del CPCo; no obstante de ello, en cada caso particular, se deberá tomar en cuenta los principios informadores del proceso constitucional a fin de garantizar la materialización de los derechos fundamentales, en la medida que prevalezca el derecho sustancial.
…En efecto, ante todo, en la justicia constitucional debe primar la materialización y la vigencia de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, si acaso estos fueren francamente conculcados, prescindiendo de todo formalismo o ritualismo de carácter procesal o aspectos relativos a la admisibilidad de la demanda, a cuyo mérito, los Jueces y Tribunales de garantías y, el propio Tribunal Constitucional Plurinacional, tienen el deber de cuidar la integridad de los derechos y garantías; así, ante un posible planteamiento de una demanda, con evidentes defectos, imprecisiones, que denoten incumplimiento de los requisitos formales de admisión, nada le impide a esta jurisdicción apartarse de la exigencia de las formalidades para luego ingresar al análisis de fondo, si sobre la premisa de los supuestos facticos deducidos en la demanda es posible constatar la transgresión de los derechos del accionante en función a su petitorio. 14La SCP 0790/2012 de 20 de agosto enunció que “…El reconocimiento y adopción del pluralismo jurídico, hace posible un de interpretación de los derechos fundamentales; el principio de prevalencia del derecho sustancial sobre el formal; el principio de la verdad material; y el principio pro actione. En este sentido, las limitaciones al acceso a la justicia constitucional deben ser proporcionales y conforme a los estándares internacionales de Derechos Humanos; toda vez que, el art. 178.I de la Norma Suprema instruye que la potestad de administrar justicia debe sustentarse, entre otros principios, en el Principio de respeto a los derechos, el mismo debe entenderse como la obligación de la administración de justicia constitucional de garantizar el ejercicio pleno diálogo intercultural entre derechos, pues ya no existe una sola fuente de Derecho y de los derechos; de donde éstos pueden ser interpretados interculturalmente, lo cual habilita el carácter dúctil y poroso de los derechos, permitiendo un giro en la comprensión de los mismos, generando su transformación para concebirlos como práctica de diálogo entre culturas, entre mundos civilizatorios, en búsqueda de resignificar constantemente el contenido de los derechos para cada caso concreto.
Por ello, la construcción de la institucionalidad plurinacional parte del desmontaje de las lógicas de colonialidad, desmistificando la idea de que impartir justicia es solamente una 'potestad'; sino por el contrario, asumirla como un servicio al pueblo, concebida como facultad/obligación, pues fruto de la colonialidad antes construida, se ha estructurado una “administración de justicia” extremadamente formal, cuasi sacramental, reproductora de prácticas judiciales desde la colonia y el periodo republicano, fundadas en la señorialidad de esta actividad bajo la concepción de 'potestad' antes que de 'servicio', sustentado por todo un aparato normativo, doctrinal e institucional. Corresponde al Tribunal Constitucional Plurinacional, romper esas relaciones y prácticas que se reproducen en lo social, cultural, político e institucional, constituyéndose en un instrumento destinado a la generación de espacios de diálogo y relacionamiento de las diferentes concepciones jurídicas en el marco del Estado Plurinacional Comunitario, aportando al proceso de interpretación intercultural de los derechos humanos y fundamentales, así como de las garantías constitucionales, con énfasis en los derechos colectivos y de las naciones y pueblos indígena originario campesinos”. 15La SCP 0450/2012 de 29 de junio sobre la obligación de las juezas, jueces o tribunales de garantías constitucionales de aplicar “principios informadores de la teoría de los derechos fundamentales, lo que implica, entre otros, aplicar los principios de prevalencia del derecho material o sustantivo sobre las formalidades, así como los de indubio pro homine, favorabilidad y pro actione; en virtud de los cuales, en casos de dudas respecto a la aplicación de una norma restrictiva de la acción tutelar, no se la debe obviar, dando preeminencia en todos los casos, al derecho sustantivo, es decir, a la acción y a la vigencia de los derechos fundamentales de las personas aplicar los principios de los derechos fundamentales…”. 16La SC 0897/2011 de 6 de junio señaló que “…se desprende del valor-principio justicia, que es uno de los pilares fundamentales del Estado Constitucional y Democrático de Derecho, que se encuentra consagrado por el art. 8.II de la CPE, pues en mérito a éste los ciudadanos tienen derecho a la justicia material. Así se ha plasmado en el art. 180.I de la CPE que ha consagrado como uno de los principios de la justicia ordinaria el de 'verdad material', debiendo enfatizarse que ese principio se hace extensivo a todas las jurisdicciones, también a la justicia constitucional…” 17La SCP 1662/2012 de 1 de octubre planteó que “…el principio de verdad material consagrado por la propia Constitución Política del Estado, corresponde ser aplicado a todos los ámbitos del derecho; en ese orden, debe impregnar completamente la función de impartir justicia. Por ende, no es posible admitir la exigencia de extremados ritualismos o formalismos, que eclipsen o impidan su materialización, dado que todo ciudadano tiene derecho a una justicia material, como se desprende de lo estipulado por el art. 1 de la CPE, por lo que, debe garantizarse que las decisiones de las autoridades jurisdiccionales a cargo del proceso, sean producto de apreciaciones jurídicas, procurando la resolución de fondo de las problemáticas sometidas a su jurisdicción y competencia; pues si bien, las normas adjetivas prevén métodos y formas que aseguren el derecho a la igualdad de las partes procesales, para garantizar la paz social evitando cualquier tipo de desorden o caos jurídico; sin embargo, los mecanismos previstos no pueden ser aplicados por encima de los deberes constitucionales, como es la de otorgar efectiva protección de los derechos constitucionales y legales, accediendo a una justicia material y por lo tanto, verdaderamente eficaz y eficiente. Todo ello con el objetivo final de que el derecho sustancial prevalezca sobre cualquier regla procesal que no sea estrictamente indispensable para resolver el fondo del caso sometido a conocimiento del juez”. 18La SCP 0139/2012 de 4 de mayo declaró que “…se configura como una pauta esencial no solo para la interpretación de derechos fundamentales, sino también como una directriz esencial para el ejercicio del órgano de control de constitucional y la consolidación del mandato inserto en el art. 1 de la CPE; además, asegura el cumplimiento eficaz de los valores justicia e igualdad material, postulados axiomáticos directrices del nuevo modelo de Estado y reconocidos de manera expresa en el Preámbulo de la Constitución Política del Estado y en el art. 8.1 también del texto constitucional.
En efecto, el principio pro-actione, asegura que a través de la ponderación de los derechos para el análisis de los casos concretos en los cuales exista una manifiesta, irreversible y grosera vulneración a derechos fundamentales, debe prevalecer la justicia material a cuyo efecto, su labor hermenéutica de ponderación, generará la flexibilización a ritualismos extremos para que en casos graves se repare un derecho manifiesta y groseramente vulnerado, así, el rol del control de constitucionalidad, en virtud del cual, la justicia formal ceda frente a la justicia material”.
de los derechos y garantías consagrados en la Constitución Política del Estado; por lo que, al momento de interpretarlos debe propender a su justiciabilidad directa y plena. En ese marco, el Tribunal Constitucional Plurinacional construyó la “aplicabilidad directa de la Constitución” a partir de la SCP 0112/2012 de 27 de abril, de esta manera la interpretación constitucional debe estar sustentada en el principio de respeto de los derechos, aspecto que fue exhortado a las Juezas, Jueces y Tribunales de garantías constitucionales, para que “como garantes primarios de la Constitución” al momento de interpretar los derechos y principios deben garantizar siempre la vigencia plena de cada uno de los derechos reconocidos. Esta finalidad permitió a la justicia constitucional superar el sometimiento a la Ley, reemplazándolo por el sometimiento pleno a la Constitución Política del Estado; a las normas que componen el bloque de constitucionalidad, y en última instancia al control de convencionalidad. En este sentido, la Justicia Constitucional como garante primario de la Constitución Política del Estado tiene el deber ineludible de tutelar los derechos fundamentales y garantías constitucionales; en consecuencia, debe garantizar un real acceso a la justicia constitucional, estableciendo límites que no impliquen la negación del derecho. En ese sentido, sobre el principio de inmediatez, la SCP 1043/2013 de 27 de junio, en el Fundamento Jurídico III.2, estableció que:
Entonces lo referido provoca que el término de seis meses referido por el art.
19El FJ III.1.2.1.b al establecer la obligatoriedad de la aplicación directa de la Constitución señalo “La obligatoriedad de las normas constitucionales-principios, claramente se visualiza en el art. 9.4 constitucional, que señala que son fines y funciones esenciales del Estado, garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en esta Constitución, norma concordante con el art. 108.3 del Capítulo de los Deberes de los ciudadanos/as que dice que deben ‘Promover y difundir la práctica de los valores y principios que proclama la Constitución’.
Estos mandatos jurídicos son para todo el poder público y para la convivencia social de los ciudadanos. …a las autoridades judiciales o administrativas en la interpretación y aplicación de la Constitución y la Ley y principalmente al Tribunal Constitucional Plurinacional, como defensor y garante de la Constitución axiológica y normativa, en su labor decisoria cotidiana.
…Finalmente, las normas constitucionales-principios, tienen un efecto de irradiación y transversalidad en el resto de las normas constitucionales y todo el ordenamiento jurídico. En efecto, la base principista, fundamentalmente contenida en la parte dogmática de la Constitución (principios, valores, derechos y garantías), guían la acción de los órganos del poder público y de la propia convivencia social, o lo que es lo mismo, la organización del poder (parte orgánica) que debe desarrollarse sobre la base de la parte dogmática”. 20La SCP 1889/2013 de 29 de octubre en FJ III.4 dispuso “…considerando la dimensión objetiva de los derechos fundamentales, el Tribunal Constitucional Plurinacional no puede cohonestar actos ilegales que ocasionaron su amenaza o vulneración y, en consecuencia debe, por imperativo constitucional, analizar y, como en el presente caso, conceder la tutela solicitada, exhortando a los jueces y tribunales de las diferentes jurisdicciones que, como garantes primarios de la Constitución Política del Estado y del resguardo de los derechos fundamentales (SCP 112/2012) asuman plenamente los roles asignados por la Constitución Política del Estado, actuando sobre la base de los principios contenidos en el art. 178 de la referida Norma Suprema, entre ellos, el principio de respeto a los derechos, los cuales, de acuerdo a nuestra configuración constitucional, se constituyen en el pilar fundamental de nuestro sistema”.
129.II de la CPE, se constituya en un parámetro objetivo de un plazo considerado por el legislador constituyente como razonable para interponer la demanda de amparo constitucional pero que en atención al valor justicia, el derecho de acceso a la justicia, el principio de igualdad que impele a otorgar un trato diferente a situaciones disímiles, la interpretación pro homine del texto constitucional dicha consideración no puede ser automática sino lo suficientemente flexible para considerar las particularidades de cada caso en concreto.
De la jurisprudencia antes descrita, se infiere que en virtud al principio de inmediatez que rige a la acción de amparo constitucional, corresponde al accionante cuidar que la demanda sea interpuesta dentro del plazo máximo de seis meses computables a partir de la supuesta vulneración o de la notificación con la resolución judicial o administrativa que se considere lesiva de derechos fundamentales y garantías constitucionales, plazo que sin embargo en el ámbito constitucional en cuanto respecta a su cómputo no resulta ser un ejercicio mecánico y rígido, en consideración a la función específica que tiene esta jurisdicción como es la de proteger los derechos fundamentales de las personas, labor que se encuentra impregnada de los principios de la teoría de los derechos fundamentales, que se imponen al momento de resolver un caso, atendiendo sus particularidades, como el principio de prevalencia del derecho material o sustantivo, frente al derecho formal, el de indubio pro homine, favorabilidad y pro actione; en cuya virtud antes de asumir un criterio restrictivo de la aplicación de la norma, debe optarse por la preeminencia del derecho sustantivo, para así materializar la vigencia de los derechos fundamentales de las personas (las negrillas son agregadas). En resumen, corresponde puntualizar que en aplicación de los principios de verdad material, la prevalencia del derecho sustantivo respecto al formal, justicia material, entre otros criterios, ante una evidente vulneración de derechos fundamentales y garantías constitucionales; el principio de inmediatez debe ceder; lo contrario significaría que se estaría desnaturalizando la finalidad que tiene la administración de justicia constitucional, cual es, velar por la eficacia de los derechos fundamentales y garantías constitucionales reconocidos en la Constitución Política del Estado y en los Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos; y, propender a su progresividad y favorabilidad.
Departamental de Justicia de Santa Cruz, por la emergencia sanitaria nacional generada por la pandemia del COVID-19
El AC 0023/2021-RCA de 25 de enero, estableció que: “En el caso particular del departamento de Santa Cruz además de la suspensión general del plazo de inmediatez; es decir a partir del 22 de marzo de 2020, en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, descrita en el Fundamento Jurídico anterior, se debe analizar de manera particular que la Sala Plena del Tribunal Departamental de Justicia del referido departamento, emitió el Instructivo 01/2020 de 1 de julio; por el que, dispuso la reanudación de las labores judiciales a partir del día lunes 6 de julio de 2020, habilitando -sin excepciones- a todos los Tribunales y Juzgados de capital y provincia en todas las materias, así como a las Salas Ordinarias y Constitucionales del Tribunal departamental de Justicia de Santa Cruz. En tal razón se concluye que, desde el 22 de marzo hasta el 6 de julio de 2020, transcurrieron tres (3) meses y trece (13) días, de suspensión de plazos que deben considerarse a tiempo de realizarse el cómputo de la inmediatez en cada caso en particular y verificar si se cumplió o no con este presupuesto de procedencia de la acción” (negrillas agregadas).
El derecho a la impugnación constituye un elemento del debido proceso y se encuentra vinculado con el derecho a la defensa. En ese orden, el art. 180.II de la CPE, refiere que: “Se garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales”. Por su parte el art. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), entre las garantías judiciales prevé que: “Toda persona tiene (…) derecho a recurrir del fallo ante juez o tribunal superior”; asimismo, el art. 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), señala: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por ley”. Finalmente, el art. 14.3 inc. 5) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), dispone: “Toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley”. La SCP 0882/2014 de 12 de mayo; señala que:
…el derecho de recurrir o de impugnación, no es absoluto, en este entendido una de las limitaciones precisamente, está representada por el denominado principio de recurribilidad de las resoluciones judiciales trascendentes, según el cual únicamente determinadas resoluciones que se caracterizan por su relevancia en el proceso son susceptibles de ser impugnadas, existiendo así actos procesales o resoluciones inimpugnables.
La Constitución Política del Estado, tiene previsto dentro su Título II, Capítulo Quinto, Sección VII, los Derechos de las Personas Adultas Mayores, señalando en su artículo 67.I que: “Además de los derechos reconocidos en esta Constitución, toda las personas adultas mayores tienen derecho a una vejez digna, con calidad y calidez humana”. Por su parte, el art. 68 del citada Ley Fundamental, refiere:
I. El Estado adoptará políticas públicas para la protección, atención, recreación, descanso y ocupación social de las personas adultas mayores, de acuerdo con sus capacidades y posibilidades. II.Se prohíbe y sanciona toda forma de maltrato, abandono, violencia y discriminación a las personas adultas mayores.
Asimismo, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, ratificada por el Estado Plurinacional mediante Ley 872 de 21 de diciembre de 2016, en su art. 5 señala:
Los Estados Parte desarrollarán enfoques específicos en sus políticas, planes y legislaciones sobre envejecimiento y vejez, en relación con la persona mayor en condición de vulnerabilidad y aquellas que son víctimas de discriminación múltiple, incluidas las mujeres, las personas con discapacidad, las personas de diversas orientaciones sexuales e identidades de género, las personas migrantes, las personas en situación de pobreza o marginación social, los afrodescendientes y las personas pertenecientes a pueblos indígenas, las personas sin hogar, las personas privadas de libertad, las personas pertenecientes a pueblos tradicionales, las personas pertenecientes a grupos étnicos, raciales, nacionales, lingüísticos, religiosos y rurales, entre otros (las negrillas nos corresponden).
En este sentido, corresponde también referirnos al art. 13 de la Ley 872 de este Instrumento Internacional, que en su texto indica:
La persona mayor tiene derecho a la libertad y seguridad personal, independientemente del ámbito en el que se desenvuelva.
Los Estados Parte asegurarán que la persona mayor disfrute del derecho a la libertad y seguridad personal y que la edad en ningún caso justifique la privación o restricción arbitrarias de su libertad.
Los Estados Parte garantizarán que cualquier medida de privación o restricción de libertad será de conformidad con la ley y asegurarán que la persona mayor que se vea privada de su libertad en razón de un proceso tenga, en igualdad de condiciones con otros sectores de la población, derecho a garantías de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos y a ser tratada de conformidad con los objetivos y principios de la presente Convención.
Los Estados Parte garantizarán el acceso de la persona mayor privada de libertad a programas especiales y atención integral, incluidos los mecanismos de rehabilitación para su reinserción en la sociedad y, según corresponda, promoverán medidas alternativas respecto a la privación de libertad, de acuerdo con sus ordenamientos jurídicos internos.
En el marco de ambas previsiones constitucionales e internacionales, la Ley General de las Personas Adultas Mayores -Ley 369 de 1 de mayo de 2013- en su art. 3, establece los principios de dicha norma, entre los cuales se encuentran:
1. No Discriminación. Busca prevenir y erradicar toda forma de distinción, exclusión, restricción o preferencia que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos fundamentales y libertades de las personas adultas mayores.
(…)
5. Protección. Busca prevenir y erradicar la marginalidad socioeconómica y geográfica, la intolerancia intercultural, y la violencia institucional y familiar, para garantizar el desarrollo e incorporación de las personas adultas mayores a la sociedad con dignidad e integridad.
De igual forma, en el Capítulo Segundo, art. 5.b. y c. de la citada Ley, se reconocen los derechos y garantías de las personas adultas mayores; entre ellos, el derecho a una vejez digna, garantizado, entre otras medidas, por un desarrollo integral, sin discriminación y sin violencia; y, por la promoción de la libertad personal en todas sus formas.
A partir de dichas normas, este Tribunal, en su amplia y uniforme línea jurisprudencial, ha establecido que las personas adultas mayores son parte componente de los llamados grupos vulnerables o de atención prioritaria; en este sentido, sus derechos están reconocidos, otorgándoles una particular atención, considerando su situación de desventaja en la que se encuentran frente al resto de la población; así la SCP 0112/2014-S1 de 26 de noviembre, manifiesta que el trato preferente y especial del que deben gozar los adultos mayores es comprensible, “…dado que la vejez supone la pérdida de medios de subsistencia ya sea por el advenimiento de enfermedades y su consecuente pérdida de la salud o ya sea porque pasan al grupo de personas inactivas económicamente, viéndose limitadas por tal motivo en el ejercicio de sus derechos”.
Así también, es importante mencionar la SC 0989/2011-R de 22 de junio, en cuyo Fundamento Jurídico III.1, refiere:
…la Constitución Política del Estado Plurinacional reconoce una diversidad de derechos fundamentales, tanto individuales como colectivos, teniendo en cuenta que estas normas fundamentales no solamente rigen las relaciones entre iguales, sino que tiene como finalidad el proteger a los ostensiblemente más débiles -mejor conocidos en la doctrina como grupos vulnerables- por lo que el Estado, mediante “acciones afirmativas” busca la materialización de la igualdad (que goza de un reconocimiento formal reconocida en los textos constitucionales y legales pero que en la realidad no se materializa) y la equidad, por lo que se establecen políticas que dan a determinados grupos sociales (minorías étnicas o raciales, personas discapacitadas, mujeres, menores de edad, adultos mayores) un trato preferencial en el acceso a determinados derechos -generalmente de naturaleza laboral- o distribución de ciertos recursos o servicios, así como acceso a determinados bienes, con el fin de mejorarles su calidad de vida y compensarles, en algunos casos, por los perjuicios o la discriminación y exclusión de las que fueron víctimas en el pasado (las negrillas fueron añadidas).
De igual forma, en la SCP 1631/2012 de 1 de octubre, se reconoció el derecho preferente de las personas adultas mayores y se concedió tutela ante la negativa de dar curso al anticipo de sorteo de la apelación.
Reiterando dicho entendimiento, la citada SCP 0112/2014-S1, señala que nuestra Norma Suprema, consagra, garantiza y protege los derechos fundamentales y garantías constitucionales inherentes a las personas de la tercera edad, proclamando una protección especial. Este entendimiento también fue asumido en la SCP 0010/2018-S2 de 28 de febrero.
El accionante, acude la instancia constitucional, alegando la lesión de sus derechos al debido proceso en sus componentes de fundamentación, motivación, a la justicia material, a la defensa y a la impugnación; por cuanto, dentro del proceso penal seguido a denuncia suya por el Ministerio Publico contra Abraham Quiroga Bonilla, por la presunta comisión del delito abigeato, se emitió la Resolución Fiscal Departamental MAB S-002/19, a través de la cual, la ex Fiscal Departamental de Santa Cruz, determinó no ingresar al fondo de la impugnación que el impetrante de tutela interpuso contra la Resolución Fundada y Motivada de Sobreseimiento de 14 de octubre de 2019, que fue emitida en favor del denunciado, argumentando que dicha impugnación fue presentada fuera del plazo establecido por el art. 324 del CPP. Por ello, solicita se conceda la tutela y se disponga nulidad de la Resolución Fiscal Departamental antes mencionada, ordenando se emita en su lugar una nueva resolución con la debida valoración de los hechos y derechos del presente proceso penal. Consideraciones previas
Antes de ingresar al análisis de la problemática planteada, es necesario hacer referencia al argumento de la parte demandada, que en su informe de descargo, alega que en el presente caso no se hubiera cumplido con el plazo de los seis meses para interponer esta acción de defensa; sin embargo, ante dicha posición, resulta imprescindible tomar en cuenta la posibilidad de la consideración de la flexibilización del principio de inmediatez en la acción de amparo constitucional, debiendo puntualizar, que si bien esa acción de defensa pone como presupuesto de procedencia el cumplimiento imperativo del plazo de caducidad de seis meses para su interposición; empero, la basta jurisprudencia emitida por este Tribunal Constitucional Plurinacional respecto al tema en cuestión, ha establecido que ante cualquier circunstancia en la que por fuerza mayor o de otra índole -que debe ser analizado en cada caso de acuerdo a la situación fáctica que se presente- la parte peticionante de tutela se halle impedida de cumplir con exactitud con el plazo de caducidad establecido, la misma debe ser tomada en cuenta se reitera, en función a la particularidad y relevancia de cada caso y bajo el parámetro de la flexibilización del principio de inmediatez, siempre y cuando se presenten los dos elementos imprescindibles para el efecto; es decir, que el plazo no exceda de un tiempo razonable y la considerable magnitud de la vulneración del derecho fundamental alegado, debiendo tenerse en cuenta las particularidades de cada caso concreto. Ahora bien, en el caso presente, se tiene que el accionante, fue notificado con la Resolución Fiscal Departamental MAB S-002/19, el 31 de enero de 2020; por lo que, realizando el cómputo de los seis meses, el plazo para interponer la presente acción de defensa fenecía el 31 de julio de igual año; empero, se debe considerar que por la situación extraordinaria del desencadenamiento no previsto de la pandemia por el COVID-19, a raíz de la cual se determinó inicialmente una cuarentena rígida en todo el territorio nacional, que posteriormente fue siendo modificada de acuerdo a la incidencia de contagios en cada región del país; por lo que, las actividades jurisdiccionales no se desarrollaron con total normalidad; específicamente, en el caso del departamento de Santa Cruz, de acuerdo al entendimiento desarrollado en el Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo constitucional, mediante el AC 0023/2021-RCA, estableció que: en el caso particular del departamento de Santa Cruz, desde el 22 de marzo hasta el 6 de julio de 2020, transcurrieron tres meses y trece días, de suspensión de plazos que deben considerarse a tiempo de realizarse el cómputo de la inmediatez en cada caso en particular y verificar si se cumplió o no con este presupuesto de procedencia de la acción. Entonces bajo esa aclaración y realizando el cómputo correspondiente, se puede establecer que la acción de amparo constitucional interpuesta por el impetrante de tutela fue realizada dentro del plazo de los seis meses establecidos por los arts. 129.II de la CPE y 55.I del CPCo, cumpliendo así con el principio de inmediatez que rige a esta acción tutelar; por consecuencia, corresponde ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada por el solicitante de tutela. Análisis de fondo del problema jurídico De lo señalado precedentemente, se tiene que la problemática material planteada radica en lo principal, en que la ex Fiscal Departamental ahora demandada sin la debida fundamentación ni motivación emitió la Resolución Fiscal Departamental MAB S-002/19 a través de la cual señaló que no tenía facultades para ingresar al fondo de la impugnación interpuesta por el querellante contra la Resolución Fundada y Motivada de Sobreseimiento emitida en favor del imputado -ahora tercero interesado- debido a que la misma fue presentada fuera del plazo de cinco días establecido por el art. 324 del CPP; determinación que evidentemente se torna en arbitraria y vulneradora del derecho al debido proceso en su vertiente de la impugnación, puesto que si bien el art 324 del CPP, establece un plazo específico de cinco días para impugnar el sobreseimiento; empero, también resulta necesario tomar en cuenta el art. 130 de la misma norma procesal penal, que establece que los plazos son improrrogables y perentorios y que solo pueden ser suspendidos durante las vacaciones judiciales; empero, también establece una salvedad, al señalar que puede declararse su suspenso por circunstancias de fuerza mayor. En el caso particular, el accionante argumentó la imposibilidad de presentar su impugnación debido a los acontecimientos sociales que se produjeron en el país a partir del 23 de octubre de 2019, a través de la ejecución de un Paro Cívico Nacional, que imposibilitó el normal desarrollo de las actividades de diferente índole, ya sean públicas o privadas, así como la interrupción de los servicios de transporte; aspectos que pudieron ser tomados en cuenta por la ex Fiscal Departamental demandada como circunstancias de fuerza mayor que imposibilitaron al impetrante de tutela presentar su impugnación dentro del plazo correspondiente. Sobre este tema en particular, resulta necesario señalar que debido al conflicto social que se suscitó en todo el territorio nacional con la suspensión de actividades judiciales del 23 de octubre al 12 de noviembre de igual año, dispuesta por la Representación Distrital del Consejo de la Magistratura del departamento de Santa Cruz a través de los Comunicados CM-RD 01/19 al CM-RD 15/19 decisión que encuentra su respaldo jurídico en el Oficio 755/2019 de 1 de igual mes, del Presidente del Tribunal Supremo de Justica, quien por intermedio de los Presidentes de los Tribunales Departamentales de Justicia recordó a las autoridades judiciales de cada distrito judicial que el art. 124 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), refiere que los plazos procesales deben transcurrir ininterrumpidamente, pudiendo declararse en suspenso por vacaciones judiciales colectivas y circunstancias de fuerza mayor que no permitan realizar un acto pendiente, siendo puesto en conocimiento de Jueces y Vocales del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, por Providencia de 13 del citado mes de 2019; en consecuencia, si bien el Ministerio Público podía haber cumplido sus funciones ininterrumpidamente, no es menos evidente que, por las circunstancias anotadas, el solicitante de tutela se vio impedido de presentar la impugnación al sobreseimiento; toda vez que, las actividades no eran normales. Al efecto, el Tribunal Constitucional Plurinacional debe cumplir con el mandato dispuesto por el art. 196.I de la CPE, cual es velar por el respeto y la vigencia de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, y en consideración de los principios pro-actione, y pro-homine, a fin de concretar el derecho de acceso a la justicia material. Por otra parte, tampoco se tomó en cuenta que el accionante pertenece a un sector vulnerable como es el de la tercera edad, según se evidenció de la copia de su cedula de identidad cursante a fs. 2, aspecto fundamental que debió pesar en la determinación de la ex autoridad fiscal, a momento de emitir la Resolución objeto de la presente demanda a efecto de que se garantice al impetrante de tutela el acceso a la justicia sin dilaciones ni requisitos extremadamente formales, en función a lo establecido en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional; consecuentemente, al no haber considerado que el solicitante de tutela se encuentran dentro de los grupos de atención prioritaria y al haber determinado no ingresar al fondo de la impugnación interpuesta, se vulneró no solo el derecho de acceso a la justicia material, sino también como se dijo anteriormente el derecho a impugnar; en consecuencia, corresponde conceder la tutela respecto a estos derechos. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela no efectuó una adecuada compulsa de los datos del proceso.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera, en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 61/2020 de “14” de octubre, cursante de fs. 66 a 69 pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, conforme a los Fundamentos Jurídicos contenidos en el presente fallo constitucional; disponiendo: 2° Dejar sin efecto la Resolución Fiscal Departamental MAB S-002/19 de 6 de enero de “2019” -siendo lo correcto 2020-; 3° ORDENAR al actual Fiscal Departamental de Santa Cruz, emita una nueva Resolución Fiscal, resolviendo de forma motivada y fundamentada, ingresando al fondo de la impugnación propuesta por el accionante contra la Resolución Fundada y Motivada de Sobreseimiento de 14 de octubre de 2019.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0684_2023-S1.pdf · páginas 1 a 19.
Huella digital del PDF (SHA-256): 1f0688b20f1f273c656eccf095ebfb3bd595894226c8d04c7c677bd62e8ab829
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