Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 20 de agosto de 2024
Deniega la tutela
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso con afectación directa a su derecho “…a la libertad física y de locomoción…” (sic); a la fundamentación, motivación y congruencia; puesto que, en el proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de la ahora tercera interesada contra su persona por la presunta comisión del delito de abuso sexual, se emitió el Auto Interlocutorio de 12 de agosto de 2022, por el cual la Jueza de la causa aceptó la solicitud de cesación de su detención preventiva y dispuso que asuma defensa en libertad con la imposición de medidas cautelares personales, decisión que fue impugnada por la hoy tercera interesada a través del recurso de apelación incidental, el cual mereció el Auto de Vista de 6 de septiembre de igual año, emitido por la Vocal ahora accionada, mediante el cual rechazó la solicitud de cesación de su detención preventiva y dispuso que cumpla la medida cautelar de detención preventiva inicialmente dispuesta; determinación -que a su criterio- omitió pronunciarse sobre la solicitud de cesación a la detención preventiva que se fundó en dos supuestos, la desaparición de los motivos que la fundaron y la existencia de circunstancias que acrediten la conveniencia de sustituir esa medida por otra menos gravosa, respecto a los cuales no hubo pronunciamiento. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 097/2022 de 4 de noviembre, cursante de fs. 386 a 392, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada de conformidad con los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0683/2024-S3 Sucre, 20 de agosto de 2024 SALA TERCERA Magistrado Relator: Dr. Petronilo Flores Condori Acción de amparo constitucional Expediente: 51765-2022-104-AAC Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 097/2022 de 4 de noviembre, cursante de fs. 386 a 392, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Javier Camacho Camacho contra Patricia Torrico Ortega, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba.
El accionante por memoriales presentados el 18 y 25 de octubre de 2022, cursantes de fs. 42 a 59 vta.; y, 303 y vta., manifestó lo siguiente:
En el proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Jazmín Andrea Velásquez Sejas -hoy tercera interesada- contra su persona por la presunta comisión del delito de abuso sexual, previsto y sancionado por el art. 312 del Código Penal (CP), el Juez de Instrucción Penal y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Estación Policial Integral del Sur (EPI-SUR) del departamento de Cochabamba, por Auto Interlocutorio de 28 de septiembre de 2021, dispuso su detención preventiva por considerar que concurría la probabilidad de autoría y los riesgos procesales de fuga y obstaculización previstos por los arts. 234.6 y 7 y 235.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP), modificados por el art. 11 de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-; decisión que fue apelada dando lugar a la emisión del Auto de Vista 442/2021 de 19 de octubre, a través del cual se mantuvo su detención preventiva; empero, quitando de su situación jurídica, la presencia de peligro de obstaculización, quedando vigente únicamente el peligro de fuga. Es así que, el 11 de noviembre de 2021 se emitió el Auto de rechazo de una primera solicitud de cesación de su detención preventiva, la cual al ser apelada fue confirmada por el Tribunal de alzada; por lo que, nuevamente solicitó cesación de su detención preventiva acompañando documentación para desvirtuar riesgos procesales como para acreditar “a la fecha” la desproporcionalidad de la medida cautelar, emitiéndose al efecto el Auto Interlocutorio de 15 de junio de 2022, por la Jueza de Sentencia Penal Sexta de la Capital del departamento de Cochabamba, quien determinó aceptar la solicitud de cesación de la detención preventiva, disponiendo que asuma defensa en libertad bajo la medida cautelar de detención domiciliaria con custodio policial, arraigo y una fianza económica. El Auto Interlocutorio de 15 de junio de 2022, fue objeto de recurso apelación incidental por parte de la ahora tercera interesada, emitiéndose el Auto de Vista 222/2022 de 4 de agosto por la Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, quien declaró procedente el citado recurso y de forma incoherente e incongruente revocó la “resolución” -siendo lo correcto Auto Interlocutorio- de 15 de junio de 2022; empero, a pesar de la revocatoria de manera incongruente, dispuso que la Jueza de Sentencia Penal Sexta de la Capital del referido departamento emita una nueva resolución debidamente motivada y fundamentada; por lo que, a consecuencia de esa determinación la nombrada autoridad judicial, emitió el Auto Interlocutorio de 12 de agosto de ese año, determinando aceptar la solicitud de cesación de su detención preventiva, ratificando que asuma su defensa en libertad con las medidas cautelares personales de detención domiciliaria con custodio policial, arraigo y fianza económica; decisión que nuevamente fue impugnada por la hoy tercera interesada a través del recurso de apelación incidental, mereciendo el Auto de Vista de 6 de septiembre del citado año, emitida por la Vocal ahora accionada declarando procedente dicho recurso y revocó la “resolución” -siendo lo correcto Auto Interlocutorio- de 12 agosto de igual año, rechazando la solicitud de cesación de su detención preventiva, disponiendo que cumpla la medida cautelar de detención preventiva inicialmente dispuesta. El Auto de Vista de 6 septiembre de 2022, carece de una debida fundamentación, motivación y congruencia, y al no ser razonable se apartó de los marcos de razonabilidad, equidad, logicidad y sana crítica, dando lugar a un procesamiento ilegal e indebido; puesto que, dicha decisión incurrió en una omisión ilegal e indebida al no emitirse pronunciamiento alguno respecto a la última parte del art. 239.1 del CPP que ameritó la decisión de cesación de la detención preventiva por la Jueza de la causa, ya que la petición de esa cesación se fundó en dos supuestos, la de desaparición de los motivos que la fundaron y la de existencia de circunstancias que acrediten la conveniencia de sustituir la medida cautelar por otra menos gravosa; sin embargo, la Vocal hoy accionada se limitó a alegar el principio de legalidad que se encuentra vinculado con la primera parte del art. 239.1 del citado Código, olvidando que el nuevo régimen de medidas cautelares de acuerdo a los alcances de los arts. 231 bis, 233 y 235 del CPP, las medidas cautelares no están únicamente regidas por el principio de legalidad, sino que para su imposición también deben considerarse los principios de excepcionalidad, necesidad, proporcionalidad y razonabilidad. Asimismo, la Resolución cuestionada de ilegal -Auto de Vista de 6 septiembre de 2022-, incurrió en una motivación arbitraria en lo relacionado al riesgo procesal de fuga según los supuestos establecidos por el art. 234.6 y 7 del CPP; puesto que, la Vocal ahora accionada afirmó que la Jueza de Sentencia Penal Sexta de la Capital del departamento de Cochabamba señaló que ese riesgo procesal disminuyó en intensidad con base a una “resolución” que declaró la extinción de la acción penal por prescripción de uno de los procesos penales que sirvió para su construcción, porque esa resolución no desaparece la identificación del antecedente como tal; ya que, persistirá en tanto y en cuanto corran los plazos procesales que señala la propia “ley procesal penal” que se basa; además, en el transcurso del tiempo que determina la imposibilidad de proseguir con la finalidad de establecer la responsabilidad penal, mas no así la civil; afirmación realizada por la Vocal hoy accionada que observó la ausencia de calidad de cosa juzgada “…de esa resolución de extinción de la acción penal…” (sic), emitida en su favor, introduciendo como aspecto a considerarse la responsabilidad civil, desconociendo la presunción de inocencia y la prohibición de reforma en perjuicio. Finalmente, sobre la arbitrariedad de la motivación expresada en cuanto al riesgo contenido por el art. 234.7 del CPP, la Vocal ahora accionada afirmó que la Jueza de primera instancia desnaturalizó la pretensión de cesación de su detención preventiva, al realizar una interpretación equivocada de la motivación; puesto que, en momento alguno la referida Jueza reevaluó la situación de la hoy tercera interesada, incurriendo de igual manera en una motivación arbitraria cuando concluyó que fue errada la valoración del informe realizado por el funcionario policial asignado al caso en cuanto al cumplimiento de las medidas de protección, alegando el art. 295 del CPP para luego establecer que dicho funcionario policial no tendría competencia, razonamiento que ignora dónde se encuentran consignadas las medidas de protección; asimismo, resulta irrazonable la conclusión sobre una supuesta revictimización, lo cual no es evidente, debido a que no fue el dicho funcionario quien convocó a la hoy tercera interesada para recibir esa declaración ampliatoria, ya que fue la nombrada quien de manera voluntaria acudió a ampliar su declaración, situación que fue ignorada por la Vocal ahora accionada.
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso con afectación directa a su derecho “…a la libertad física y de locomoción…” (sic); a la fundamentación, motivación y congruencia; sin citar norma constitucional alguna.
Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia, se disponga: a) Dejar sin efecto el Auto de Vista de 6 de septiembre de 2022, así como todos los actuados posteriores emergentes de esa decisión “arbitraria e ilegal”; y, b) Que la Vocal hoy accionada emita un nuevo auto de vista, restituyendo sus derechos fundamentales vulnerados, de conformidad con los fundamentos jurídicos expuestos en la resolución constitucional a pronunciarse.
Celebrada la audiencia virtual el 4 de noviembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 384 a 385 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional.
Patricia Torrico Ortega, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; mediante informe presentado el 1 de noviembre de 2022, cursante de fs. 326 a 329 vta., manifestó que: 1) En el proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de la ahora tercera contra el accionante, por la presunta comisión del delito abuso sexual, mediante Auto de Vista de 6 de septiembre de igual año, se declaró la procedencia del recurso de apelación incidental formulada por la hoy tercera interesada, disponiendo la revocatoria del Auto Interlocutorio de 12 de agosto del mencionado año, estableciéndose en la parte dispositiva que se debía rechazar la solicitud de cesación de la detención preventiva del accionante, a quien correspondía que cumpla con la medida cautelar de detención preventiva inicialmente dispuesta; 2) Al momento de emitir el referido Auto de Vista, no se vulneraron derechos ni garantías constitucionales, al contrario, contiene los fundamentos necesarios y suficientes conforme la normativa penal adjetiva vigente, doctrina y jurisprudencia; 3) Se pretende que a través de la jurisdicción constitucional se revise la interpretación de ese Tribunal de alzada, por el único motivo de que el citado Auto de Vista no fue de agrado del accionante, utilizándose la acción de amparo constitucional como una vía recursiva, forzando una instancia inexistente en el procedimiento penal; puesto que, no se puede ingresar analizar entendimientos de las autoridades jurisdiccionales en las resoluciones que se encuentran debidamente fundamentadas; 4) En la audiencia desarrollada el 6 de septiembre de 2022, dicho Tribunal de alzada con la finalidad de verificar si lo razonado por la Jueza de Sentencia Penal Sexta de la Capital del departamento de Cochabamba fue correcto o no, se remitió al entendimiento jurisprudencial citado en la SCP 0056/2014 de 3 de enero; por lo que, con base en ese razonamiento y la conclusión inserta respecto a que hubiese disminuido la intensidad del indicador del peligro de fuga, dicho criterio resulta incorrecto, lo cual debía ser corregido al referirse exclusivamente al peligro establecido por el art. 234.6 del CPP, que no puede ser confundido ni con el peligro efectivo para la sociedad y mucho menos con el peligro de reincidencia; por lo cual, ese criterio debía ser modificado; 5) Se advirtió que se generó la vulneración del derecho al debido proceso en su elemento de indebida motivación, situación que no sucede con la fundamentación propiamente dicha, la Jueza de Sentencia Penal Sexta de la Capital del mencionado departamento identificó la premisa normativa en el que basó su razonamiento; sin embargo, incorporó errores producto de la naturaleza de la petición, equiparándose a la cesación de la detención preventiva a una audiencia de consideración de aplicación de medidas cautelares y a la naturaleza e identificación del riesgo procesal establecido por el art. 234.6 del CPP, siendo un error también en cuanto al peligro efectivo para la víctima en la cesación de la detención preventiva, situación que no puede reevaluarse basándose en elementos no idóneos, ya que el primer filtro que se debe ejercer a tiempo de valorar los medios de prueba, es la legalidad para establecer si quien emitió el informe tiene capacidad legal o se encuentra facultado para hacerlo; lo que en el presente caso no aconteció, probándose la incorporación de información alejada al principio de legalidad, y provocando la construcción de un razonamiento errado al no tener base en un elemento idóneo; 6) Dichos argumentos obligaron al Tribunal de alzada acoger el razonamiento de la “parte apelante” al verificar la existencia del agravio traducido en la vulneración o en la lesión de los derechos de la ahora tercera interesada, dando lugar a una resolución sin motivación e incongruencia, provocando que se revoque la “resolución” -Auto Interlocutorio de 12 de agosto de 2022- retrotrayendo la misma al estado anterior a su emisión; y, 7) El Auto de Vista de 6 de septiembre de igual año-, no carece de fundamentación y motivación, siendo más bien congruente y razonable, razón por la que vía constitucional no se puede analizar entendimientos de las autoridades jurisdiccionales, más aun si del contenido del memorial de acción de amparo constitucional se evidencia que el accionante no acreditó con fundamento sólido la vulneración de sus derechos y garantías constitucionales.
Jazmín Andrea Velásquez Sejas, a través de su abogado, en audiencia manifestó que: i) Si bien en la acción de amparo constitucional se busca la protección del accionante; empero, la misma también debe ser respecto a la hoy tercera interesada; ii) En cuanto a la vulneración del derecho al debido proceso en sus elementos alegados de vulnerados, se debe señalar que la situación jurídica del accionante fue revocada, tanto por la Vocal hoy accionada como por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, quien determinó que la Jueza de la causa renueve el acto y que al mantenerse su decisión sin razonamiento claro, igualmente fue objeto de recurso de apelación incidental; iii) En el presente caso no se desvirtuaron los riesgos procesales, manteniéndose incólumes los previstos por el art. 234.6 y 7 -del CPP-, más aún si no existe fundamentación clara por parte de la nombrada Jueza, conforme determinó la Vocal hoy accionada, indicando que incurrió en yerros en su fundamentación; y, iv) En la acción tutelar se cuestionó la interpretación errónea; no obstante, sin establecerse cuál sería la interpretación correcta que debió aplicar la Vocal ahora accionada; además, no existen elementos claros y precisos para tutelar la acción, más cuando existe la posibilidad de reiterar su pedido de cesación de la detención preventiva cumpliendo lo dispuesto por ley; por lo que, al no establecerse cuáles son las ilegalidades, la hoy tercera interesada como tal aún se encuentra sometida a una situación traumante.
Marlene Ivette Rocabado Revollo, en representación del Ministerio Público, en audiencia manifestó que: a) La determinación asumida por la Vocal hoy accionada, no sólo contiene la debida fundamentación legal, sino también materialmente al precisar argumentos respecto a lo determinado por la Jueza de la causa con relación a que no se desvirtuaron los riesgos procesales; sin embargo, al determinarse la existencia de una “…baja de intensidad en los mismos…” (sic) a efecto de conceder la cesación de la detención preventiva que fue observado por la Vocal ahora accionada; b) El Auto de Vista de 6 de septiembre de 2022, contiene la motivación adecuada; además, que vía constitucional no se puede realizar una nueva valoración probatoria, menos si no se comprobó la existencia de vulneración de derechos por parte la Vocal hoy accionada; y, c) El citado Auto de Vista fue emitido conforme a la Constitución Política del Estado y la norma legal referida a las medidas cautelares previstas en el Código de Procedimiento Penal y en consideración además de la protección reforzada de la ahora tercera interesada.
La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba -con la aclaración que se convocó al Vocal de su similar Primero-, mediante Resolución 097/2022 de 4 de noviembre, cursante de fs. 386 a 392, denegó la tutela solicitada; manifestando que: 1) De los argumentos del Auto de Vista de 6 de septiembre de 2022 cuestionado de ilegal, se tiene que ese contiene la fundamentación y motivación correspondiente; por lo que, no existe incongruencia al responder a los agravios “del recurrente” y tratándose de la resolución que resuelve la solicitud de cesación de la detención preventiva, se tienen debidamente expuestas las razones por las cuales se asumió la determinación o decisión final de revocar el Auto Interlocutorio de 12 de agosto de igual año y mantener la medida cautelar que se hubiese impuesto inicialmente al accionante; y, 2) No se advierte vulneración del derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y falta de congruencia; asimismo, no existe un razonamiento ilógico y de la sana crítica cuestionados por el accionante, y “la resolución en cuestión” se sustenta claramente con criterio propio en el análisis e interpretación realizada en la normativa en cuestión, fundamentalmente con relación al art. 239.1 del CPP, sustentado con lineamientos jurisprudenciales y su aplicación al presente caso.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Consta Acta de Registro de Audiencia Pública para la consideración de la situación jurídica de 28 de septiembre de 2021, celebrada por Fernando Milko Cárdenas Cabero, Juez de Instrucción Penal y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Estación Policial Integral del Sur (EPI-SUR) del departamento de Cochabamba, en la cual se emitió el Auto Interlocutorio de igual fecha, que determinó la detención preventiva de Javier Camacho Camacho -ahora accionante- en el Centro Penitenciario San Antonio del referido departamento; por el periodo de cinco meses (fs. 3 a 7).
II.1.1. Cursa Auto de Vista 442/2021 de 19 de octubre, emitida por Jesús Víctor Gonzales Milán, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, que declaró procedente en parte el recurso de apelación incidental interpuesto por el accionante, y revocó parcialmente el Auto Interlocutorio de 28 de septiembre de 2021, disponiendo que de la situación jurídico procesal del nombrado se extraiga el riesgo procesal previsto por el art. “235 inc. 2)” -siendo lo correcto 235.2- del CPP, determinando en lo demás la aprobación de la “resolución apelada”, con la consiguiente subsistencia de la detención preventiva (fs. 8 a 10 vta.). II.2. Consta Auto Interlocutorio de 15 de junio de 2022, emitido por Silvia Clara Zurita Aguilar, Jueza de Sentencia Penal Sexta de la Capital del departamento de Cochabamba; por el cual, aceptó la solicitud de cesación de la detención preventiva formulada de conformidad con el art. 239.1 del CPP y dispuso que el accionante asuma su defensa en libertad, estableciendo las medias de cumplir con una detención domiciliaria en el domicilio real que tendría señalado en la acusación con custodio policial, otorgándole el permiso para trabajar en los horarios habituales de trabajo; su arraigo y una fianza económica de Bs15 000.- (quince mil bolivianos [fs. 11 a 14 vta.]). II.3. Cursa Auto de Vista 222/2022 de 4 de agosto, emitido por María Giovanna Pizo Guzmán, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; a través del cual, declaró procedente el recurso de apelación incidental interpuesto por Jazmín Andrea Velásquez Sejas -hoy tercera interesada- contra el Auto Interlocutorio de 15 de junio de 2022 y en consecuencia revocó el citado Auto Interlocutorio, disponiendo que la Jueza de la causa, emita un nuevo auto interlocutorio en el plazo de cuarenta y ocho horas (fs. 15 a 19). II.4. Consta Auto Interlocutorio de 12 de agosto de 2022, emitido por la Jueza de la causa en el proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de la ahora tercera interesada contra el accionante por la presunta comisión del delito de abuso sexual; por el que, aceptó la solicitud de cesación de la detención preventiva formulada al amparo del art. 239.1 del CPP, disponiendo que el accionante, asuma defensa en libertad, ordenando las medidas a cumplir de detención domiciliaria en el domicilio real señalado en la acusación con custodio policial, arraigo y una fianza de Bs15 000.-; imponiendo al nombrado la prohibición de concurrir al domicilio, lugar de trabajo o estudios de la hoy tercera interesada y de comunicarse con ella, sea de manera directa o por intermedio de sus familiares o terceros, de manera personal o por cualquier medio de comunicación telefónica u otra similar (fs. 277 a 281 vta.). II.5. Por Auto de Vista de 6 de septiembre de 2022, emitido por Patricia Torrico Ortega, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba -ahora accionada-, se declaró procedente el recurso de apelación incidental formulada por la hoy tercera interesada, y revocó el Auto Interlocutorio 12 de agosto de igual año “…en consecuencia la parte dispositiva deberá señalar que se rechaza la solicitud de cesación a la detención preventiva formulada por JAVIER CAMACHO CAMACHO…” (sic), quien deberá cumplir la medida cautelar de detención preventiva inicialmente dispuesta (fs. 286 a 290).
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso con afectación directa a su derecho “…a la libertad física y de locomoción…” (sic); a la fundamentación, motivación y congruencia; puesto que, en el proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de la ahora tercera interesada contra su persona por la presunta comisión del delito de abuso sexual, se emitió el Auto Interlocutorio de 12 de agosto de 2022, por el cual la Jueza de la causa aceptó la solicitud de cesación de su detención preventiva y dispuso que asuma defensa en libertad con la imposición de medidas cautelares personales, decisión que fue impugnada por la hoy tercera interesada a través del recurso de apelación incidental, el cual mereció el Auto de Vista de 6 de septiembre de igual año, emitido por la Vocal ahora accionada, mediante el cual rechazó la solicitud de cesación de su detención preventiva y dispuso que cumpla la medida cautelar de detención preventiva inicialmente dispuesta; determinación -que a su criterio- omitió pronunciarse sobre la solicitud de cesación a la detención preventiva que se fundó en dos supuestos, la desaparición de los motivos que la fundaron y la existencia de circunstancias que acrediten la conveniencia de sustituir esa medida por otra menos gravosa, respecto a los cuales no hubo pronunciamiento. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Jurisprudencia reiterada
La SCP 1631/2013 de 4 de octubre, estableció que: “…la línea jurisprudencial relativa a la revisión de la actividad de otros tribunales por parte de la justicia constitucional ha avanzado en términos evolutivos hasta consolidar la noción que la interpretación de la legalidad infra constitucional le corresponde a los tribunales de justicia y no a la justicia constitucional; sin embargo, ante la existencia de violación de derechos y garantías previstos en la Norma Suprema, excepcionalmente la justicia constitucional puede ingresar a valorar la actividad desarrollada en miras a brindar tutela. De lo referido, se deben precisar tres elementos de suma importancia: i) Las autoridades de los otros sistemas de justicia (civil, penal, familiar, agroambiental, administrativa) en realidad ejercen al igual que la justicia constitucional una actividad hermenéutica que parte de la Constitución e irradia a todo el ordenamiento jurídico; por ello a la luz del Estado Constitucional de Derecho no es válido hablar de ‘legalidad ordinaria’, pues todos los órganos de justicia se encuentran sometidos a la Constitución y su labor interpretativa parte de la misma; ii) La noción de ‘reglas admitidas por el Derecho’ rescatando una posición teórica decimonónica no agota las posibilidades hermenéutico -argumentativas de las autoridades judiciales, por ende, si bien los métodos de interpretación formalistas, pueden resultar útiles en la obtención de un resultado hermenéutico, no agotan todas las posibilidades que tiene la autoridad jurisdiccional en miras de satisfacer los principios fines y valores que se encuentran en la Constitución; iii) La revisión de la actividad interpretativa que realizan otras jurisdicciones que involucra el análisis de la motivación, congruencia, adecuada valoración de los hechos (valoración de la prueba) y adecuada valoración del Derecho (interpretación de las normas), no es la labor propia de la justicia constitucional, sin embargo, es insoslayable que las autoridades jurisdiccionales no se encuentran habilitadas a vulnerar derechos fundamentales, y en esa dimensión esta jurisdicción constitucional se encuentra facultada a vigilar que en todo fallo, providencia o decisión judicial que las autoridades judiciales se sometan a la Constitución; y, iv) Para que la jurisdicción constitucional analice la actividad interpretativa realizada por los tribunales de justicia, los accionantes deben hacer una sucinta pero precisa relación de vinculación entre los derechos fundamentales invocados y la actividad interpretativa - argumentativa desarrollada por la autoridad judicial. Demostrando ante esta justicia constitucional que se abre su competencia en miras a revisar un actuado jurisdiccional, sin que ello involucre que la instancia constitucional asuma un rol casacional, impugnaticio o supletorio de la actividad de los jueces.
De lo referido sólo resulta exigible sino una precisa presentación por parte de los accionantes que muestre a la justicia constitucional de por qué la interpretación desarrollada por las autoridades, vulnera derechos y garantías previstos por la Constitución, a saber en tres dimensiones distintas: a) Por vulneración del derecho a un Resolución congruente y motivada que afecta materialmente al derecho al debido proceso y a los derechos fundamentales que se comprometen en función de tal determinación; b) Por una valoración probatoria que se aparta de los marcos de razonabilidad y equidad; y, c) Por una incorrecta aplicación del ordenamiento jurídico, que más allá de las implicancias dentro del proceso judicial o administrativo lesiona derechos y garantías constitucionales” (las negrillas son nuestras).
La SCP 0016/2021-S3 de 23 de febrero, citando a su vez a la SCP 0753/2019-S1 de 26 de agosto, señaló: [«El derecho al debido proceso se encuentra reconocido en el art. 115.II de la CPE, el cual dispone: “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”, a su vez, el art. 117.I de la misma Norma Suprema, señala: “Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso…”.
Es así que, el debido proceso en cuanto a su núcleo esencial y los elementos constitutivos del mismo, ha sido entendido por el Tribunal Constitucional, entre otras, a través de la SC 0112/2010-R de 10 de mayo, que señaló: “La reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha establecido que el debido proceso, consagrado como garantía constitucional por el art. 16 de la CPEabrg ahora por el art. 115.II de la CPE, y como derecho humano en los arts. 8 del Pacto de San José de Costa Rica y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), consiste en el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por las disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar y precisando que la garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución dictaminando una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra manera de dilucidar los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió y al contrario, cuando aquella motivación no existe y se emite únicamente la conclusión a la que ha arribado el juzgador, son razonables las dudas del justiciable en sentido de que los hechos no fueron juzgados conforme a los principios y valores supremos, vale decir, no se le convence que ha actuado con apego a la justicia y finalmente, la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. Así la SC 1365/2005-R de 31 de octubre entre otras”.
En relación a la motivación y fundamentación de las resoluciones como elementos del debido proceso, este Tribunal, en la SCP 0903/2012 de 22 de agosto, incidió en lo siguiente: “…la fundamentación y motivación de una resolución que resuelva cualquier conflicto jurídico, no necesariamente implica que la exposición deba ser exagerada y abundante de consideraciones, citas legales y argumentos reiterativos, al contrario una debida motivación conlleva que la resolución sea concisa, clara e integre en todos los puntos demandados, donde la autoridad jurisdiccional o en su caso administrativa, exponga de forma clara las razones determinativas que justifican su decisión, exponiendo los hechos, realizando la fundamentación legal y citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución; en suma se exige que exista plena coherencia y concordancia entre la parte motivada y la parte dispositiva de un fallo”, requisito que tiene mayor importancia en los tribunales de última instancia.
En ese contexto, los entendimientos reiterados ampliamente por la jurisprudencia constitucional resultan aplicables a todos los fallos que resuelven cuestiones de fondo, indistintamente si son emitidos por autoridades judiciales, administrativas o por el Ministerio Público, siendo deber de las mismas cumplir indefectiblemente con las exigencias de la motivación y fundamentación como elementos del debido proceso, entre otros. Sobre este particular la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Tristán Donoso Vs. Panamá sostuvo que: “…la motivación es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión”. El deber de motivar las resoluciones es una garantía vinculada con la correcta administración de justicia, que protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el Derecho suministra, y otorga credibilidad de las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática(…); en tal sentido, se tiene que la motivación debe ser entendida como la justificación razonada de los fallos mediante la cual el juzgador arriba a una conclusión y asume una decisión; imperativo por el que toda resolución debe contener el desarrollo de los razonamientos de hecho por los cuales se emite el pronunciamiento vinculados con cada uno de los asuntos sometidos a la decisión del juzgador, esto es, las razones fácticas y circunstancias de hecho y probatorias que sustenten la determinación asumida, constituyendo por ende la motivación de todo fallo un deber fundamental inexcusable al momento de resolver los asuntos que conozcan.
Por otra parte, la fundamentación constituye la estructura jurídico-legal que sustenta los entendimientos fácticos expresados por el administrador de justicia, quien recurre sistemáticamente a las normas relevantes del ordenamiento jurídico a objeto de resolver las causas sujetas a su conocimiento, ello implica que las razones fácticas o criterios que son parte de la motivación se subsumen a la norma aplicable al caso, configurando ello los razonamientos legales de la decisión, así en el caso concreto de un proceso penal, la fundamentación se constituye en una garantía de observancia y respeto de los derechos fundamentales y garantías constitucionales de los ciudadanos de ser juzgados por las normas vigentes que rigen los procesos a los cuales están sometidos ».
Por su parte, la SCP 0619/2018-S1 de 11 de octubre, en lo concerniente al principio de congruencia, señaló que: «Al respecto la SCP 1302/2015-S2 de 13 de noviembre, estableció que: “Como se dijo anteriormente, la congruencia de las resoluciones judiciales y administrativas, constituye otro elemento integrador del debido proceso, al respecto la SC 0358/2010-R de 22 de junio, señaló lo siguiente: ‘la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, en materia penal la congruencia se refiere estrictamente a que el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial o administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes’.
En el mismo sentido, el Tribunal Constitucional Plurinacional, en la SCP 1083/2014 de 10 de junio, sostuvo que el principio de congruencia: ‘…amerita una comprensión desde dos acepciones; primero, relativo a la congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales, en definitiva, es una prohibición para el juzgador considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando su consideración a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; y, segundo, la congruencia interna, referido a que, si la resolución es comprendida como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar que, en una misma resolución no existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión’”»] (las negrillas y el subrayado nos corresponden).
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso con afectación directa a su derecho “…a la libertad física y de locomoción…” (sic); a la fundamentación, motivación y congruencia; puesto que, en el proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de la ahora tercera interesada contra su persona por la presunta comisión del delito de abuso sexual, se emitió el Auto Interlocutorio de 12 de agosto de 2022, por el cual la Jueza de la causa aceptó la solicitud de cesación de su detención preventiva y dispuso que asuma defensa en libertad con la imposición de medidas cautelares personales, decisión que fue impugnada por la hoy tercera interesada a través del recurso de apelación incidental, el cual mereció el Auto de Vista de 6 de septiembre de igual año, emitido por la Vocal ahora accionada, mediante el cual rechazó la solicitud de cesación de su detención preventiva y dispuso que cumpla la medida cautelar de detención preventiva inicialmente dispuesta; determinación -que a su criterio- omitió pronunciarse sobre la solicitud de cesación a la detención preventiva que se fundó en dos supuestos, la desaparición de los motivos que la fundaron y la existencia de circunstancias que acrediten la conveniencia de sustituir esa medida por otra menos gravosa, respecto a los cuales no hubo pronunciamiento.
Delimitada como se tiene la problemática plantada en la acción tutelar y de los antecedentes que cursan en obrados, se tiene que en el proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de la hoy tercera interesada contra el accionante, por la presunta comisión del delito de abuso sexual, la Jueza de la causa emitió el Auto Interlocutorio de 12 de agosto de 2022, a través del cual, aceptó la solicitud de cesación de la detención preventiva formulada por el accionante al amparo del art. 239.1 del CPP, disponiendo que el nombrado, asuma defensa en libertad, estableciendo medidas sustitutivas con una detención preventiva de detención domiciliaria, arraigo y una fianza de Bs15 000.-; imponiéndole la prohibición de concurrir al domicilio, lugar de trabajo o estudios de la hoy tercera interesada y de comunicarse con la misma, sea de manera directa o por intermedio de sus familiares o terceros, de manera personal o por cualquier medio de comunicación telefónica u otra similar (Conclusión II.4.).
Asimismo, se advierte que la ahora tercera interesada interpuso recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio de 12 de agosto de 2022, lo que suscitó que la Vocal hoy accionada emita el Auto de Vista de 6 de septiembre de igual año, -cuestionado de ilegal- a través del cual se revocó el citado Auto Interlocutorio, “…en consecuencia la parte dispositiva deberá señalar que se rechaza la solicitud de cesación a la detención preventiva formulada por Javier Camacho Camacho…” (sic), debiendo éste cumplir la medida cautelar de detención preventiva inicialmente dispuesta (Conclusión II.5.).
Ahora bien, el accionante denuncia que el Auto de Vista de 6 de septiembre de 2022 vulneró sus derechos, correspondiendo efectuar un análisis del contenido de dicho Auto de Vista con la finalidad de conocer las razones bajo las cuales fueron resueltos; en ese sentido, se tiene que la Vocal ahora accionada resolvió el recurso de apelación incidental interpuesta por la hoy tercera interesada con los siguientes argumentos: i) Partiendo de la potestad normativa reglada del principio de legalidad del Régimen de Medidas Cautelares, la cesación de la detención preventiva establecida por el art. 239.1 del CPP exige que la parte imputada acredite la “desvirtuación” de los motivos que dieron lugar a la aplicación de dicha medida; es así que, la carga de la prueba se invierte debiendo el imputado acreditar la desaparición de esos fundamentos; al efecto siendo necesario que el análisis ponderado de la Jueza de la causa parta de los supuestos fácticos que sostienen tanto el presupuesto material o el procesal, y en el caso en análisis se centró la observación en el presupuesto procesal, concretamente en el peligro de fuga de conformidad con lo previsto por el art. 234.6 y 7 del CPP; en ese marco, corresponde a la parte imputada acreditar que ya no concurren esos indicadores, recurriendo a todos los medios de prueba; ii) El accionante acompañó distintos documentos dirigidos a respaldar el criterio de que el peligro de fuga, sino desapareció disminuyó su intensidad, razonamiento acogido por la Jueza de primera instancia, quien concluyó que respecto al art. 234.6 del CPP, el mismo fue construido por la existencia de actividad delictiva reiterada anterior por otros dos procesos penales iniciados contra el accionante en etapa preliminar por la comisión de delitos de similar naturaleza; es decir, violencia de género; iii) Con la finalidad de verificar si lo razonado por la Jueza de la causa es correcto o no, se remitió al entendimiento de la SCP 0056/2014, que declaró la constitucionalidad del peligro efectivo para la sociedad previo análisis y diferenciación de la actividad delictiva reiterada, indicador de peligro de fuga basado en la acreditación sobre la base de antecedentes policiales, que deben reflejar exclusivamente la probabilidad adicional de delinquir del imputado; bajo esa premisa lo razonado por la nombrada Jueza en sentido de dar pertinencia a la emisión de la extinción de la acción penal por prescripción en uno de los procesos identificados como actividad delictiva reiterada es un razonamiento incorrecto; puesto que, el hecho de determinarse la extinción de la acción penal no desaparece la identificación del antecedente, ya que, este persistirá en cuanto corran los plazos establecidos por la “Ley Penal”; iv) Otorgar la calidad de determinante a objeto de señalar que el peligro de fuga sustentado en la existencia de actividad delictiva reiterada disminuyó en la intensidad por la emisión de “esa resolución”, es desconocer la identidad jurídica de ese indicador de peligro de fuga; en consecuencia, el razonamiento con relación a disminuir la intensidad del indicador del peligro de fuga es incorrecto y debe ser corregido, decisión que debe basarse exclusivamente en la entidad jurídica del peligro previsto por el art. 234.6 del CPP que no puede ser confundido ni con el peligro efectivo para la sociedad y mucho menos con el peligro de reincidencia; por lo que, respecto a ese razonamiento debe ser modificado y otorgar el cauce establecido por la citada jurisprudencia constitucional; v) Con relación al peligro efectivo para la víctima y cuyo análisis pormenorizado por la Jueza de primera instancia, ese Tribunal de inicio advirtió un erróneo razonamiento; debido que, la petición que motivó la audiencia celebrada el 12 de agosto de 2022 que es la emisión de “nueva resolución”; empero, la audiencia primigenia es la de cesación de la detención preventiva, conforme a la jurisprudencia señalada por ese Tribunal de alzada, la inversión de la carga de la prueba le corresponde a la parte imputada acreditar la inconcurrencia de los presupuestos que dieron lugar a la aplicación de la medida cautelar, y en ese propósito identificando el supuesto fáctico descrito en resolución de aplicación de medida cautelar y realizar la labor de comparación con los elementos que presenta la parte imputada y la Jueza de la causa al señalar que con base a las “…sentencias Constitucionales N° 012/2021 y N° 394/2018-S2…” (sic) dicha jurisprudencia debe ser analizada a partir de las características del delito y la conducta del imputado contra la víctima antes y con posterioridad a la comisión del delito para establecer si la misma puso o pone en evidente riesgo la vulneración de los derechos de la víctima o del denunciante, ya que conforme a la SCP 0001/2019-S2 de 15 de enero, debe considerarse al momento de imponer medidas cautelares la situación de vulnerabilidad o desventaja en la que se encuentra la víctima respecto al imputado, teniendo en cuenta las características del delito cuya autoría se atribuye al imputado y la conducta exteriorizada por éste, antes o con posterioridad a la comisión al delito para determinar “…si dicha conducta puso y pone en evidente el riesgo de vulneración de los derechos tanto de víctima tanto del denunciante…” (sic); análisis que debe ser realizado al momento de aplicarse la medida cautelar; puesto que, en la cesación de la detención preventiva el análisis se encuentra regido por otros parámetros; vi) Le corresponde al imputado -accionante- demostrar que no concurren los motivos que fundaron la medida cautelar y no así una reevaluación; como la Jueza de primera instancia realizó de la situación no del imputado sino de la víctima, conforme a la petición de cesación de la detención preventiva, ni efectuar una reevaluación de la situación que está partiendo del hecho de que la misma ya hubiese adquirido la mayoría de edad; por lo cual, hubiese desaparecido la situación de vulnerabilidad, ya que, la nombrada autoridad judicial sostiene que la construcción del peligro efectivo para la víctima en un proceso de violencia de genero pasó por tres elementos, realizando la reevaluación utilizando el certificado de nacimiento de la misma y un “informe” emitido por el funcionario policial asignado al caso, que señalaría sobre la entrevista recabada de la víctima y que de acuerdo a ese acto se hubiese establecido el cumplimiento de las medidas de protección; vii) El régimen de medidas cautelares se rige por el principio de legalidad y bajo esa potestad normativa reglada se tiene que analizar primero si el funcionario policial quien dio fe de lo expresado en su informe a objeto de reevaluar la situación de la víctima, tiene la competencia para realizar esa labor, y remitiéndose al art. 295 del CPP, se advierte que esa labor no es evidente; puesto que, no le corresponde a dicho funcionario policial verificar el cumplimiento de las medidas de protección; por lo que, al afirmar en sentido de que se están cumpliendo las medidas de protección porque entrevistó a la víctima, suponen acciones que no se encuentran comprendidas por el art. 295 del citado Código; viii) Se realizó actos encaminados a efectuar una nueva entrevista a la ahora tercera interesada, una reevaluación, aspecto que llama la atención, tomando en cuenta que la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, prohíbe la revictimización de la víctima a objeto de no incidir en la situación de vulnerabilidad, aspectos que no fueron considerados por la Jueza de la causa, quien partió de un error al reevaluar la situación de la misma, basándose en elementos no idóneos para ese extremo, y razonar en sentido de que por adquirir la mayoría de edad la situación de vulnerabilidad hubiese disminuido, es un razonamiento erróneo, radicando en ese sentido la incongruencia, al ser tres factores los que determinan la situación de vulnerabilidad, no pudiendo sólo uno determinar la disminución de la intensidad de ese peligro como erróneamente se concluyó; y, ix) Igualmente fue un error considerar que el incumplimiento de las medidas de protección disminuirían la intensidad del peligro efectivo para la víctima, cuando en realidad el hecho de que esté vigente la medida extrema posibilitó que el accionante no tenga contacto con la ahora tercera interesada, desapareciendo situaciones identificadas por la dinamicidad del proceso penal y no así de un acto o acción de voluntad exteriorizada por el nombrado y de ser así la Jueza de la causa no refirió ese extremo, contrariamente bajo el razonamiento de reevaluación de situación de vulnerabilidad de la hoy tercera interesada cuando “esa parte” alega situaciones de hostigamiento, generándose una situación de desigualdad en el razonamiento de la nombrada Jueza, debiendo hacerse notar bajo la facultad fiscalizadora que tiene el Tribunal de alzada, referente al hostigamiento que fue referido por el abogado de la víctima -hoy tercera interesada-, situación que fue minimizada por la indicada Jueza quien desconoce la dinamicidad en favor del accionante frente a la petición de la hoy tercera interesada, generándose una situación de desigualdad en el tratamiento de ambas situaciones, lo cual es contrario a la SCP 0440/2019-S3 de 13 de agosto, que destaca la inadmisibilidad en el trámite de las medidas en la aparición de circunstancias sobrevinientes que no pueden darse lógicamente en el régimen de medidas cautelares que únicamente se tenga previsto la modificación de la medida bajo un enfoque de flexibilización del imputado, sino también para situaciones como las que motiva la emisión de ese Auto de Vista, la incorporación o incremento de indicadores de riesgos procesales; generándose de los yerros identificados una situación de desigualdad y el tratamiento de la situación de los dos sujetos en conflicto; advirtiéndose la generación de la vulneración del derecho al debido proceso en su elemento de indebida motivación; así no se puede alegar lo mismo en la fundamentación propiamente dicha porque en efecto la Jueza de la causa identificó la premisa normativa que creó su razonamiento; empero, en la elaboración del hilo constructor del mismo se fue incorporando yerros, producto primero de la naturaleza de la pretensión equiparándose de la cesación de la detención preventiva a una audiencia de consideración de aplicación de medidas cautelares; segundo en la naturaleza e identificación de la entidad jurídica de los riesgos procesales previsto por el art. 234.6 del CPP y un tercer yerro determinante en el peligro efectivo para la víctima en cesación de la detención preventiva, la cual no puede reevaluarse su situación basados en elementos no idóneos; puesto que, el primer filtro que debe ejercer la autoridad jurisdiccional a tiempo de valorar los medios de prueba es el de legalidad para establecer si en efecto quien emitió el informe tiene capacidad legal para hacerlo, lo cual no aconteció, incorporándose un razonamiento errado al no tener como base un elemento idóneo, vulnerándose los derechos de la hoy tercera interesada provocados por la “resolución” -Auto Interlocutorio de 12 de agosto de 2022- por indebida motivación y las incongruencias identificadas por la Jueza de primera instancia, induciendo “…que se revoque la resolución retrotrayéndose la misma al estado anterior a su emisión” (sic).
De la lectura de los argumentos referidos por la Vocal ahora accionada al momento de resolver el recurso de apelación incidental de medidas cautelares, se evidencia que el Auto de Vista de 6 de septiembre de 2022 no vulneró el derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia, como refiere el accionante; puesto que, en el citado Auto de Visita se explicó de manera clara y sustentada en derecho, los motivos que llevaron a la nombrada autoridad judicial a asumir la revocatoria de la decisión pronunciada por la Jueza de la causa, en el Auto Interlocutorio de 12 de agosto de 2022, estableciendo los elementos jurídico legales que determinaron su posición; en ese contexto, se advierte que en el recurso de apelación incidental, la Vocal hoy accionada, estableció de manera coherente, cómo y de qué, manera la Jueza de la causa cometió yerros al momento de resolver la solicitud de cesación de la detención preventiva, quien hubiese confundido su razonamiento con la instancia de determinación de las medidas cautelares.
Es así que , respecto a cada razonamiento de la Jueza de primera instancia, en el que no se hubiese realizado una correcta evaluación, la Vocal ahora accionada efectuó de manera coherente una explicación motivada indicando en qué consistiría la mala interpretación de la nombrada Jueza, determinando -a su juicio- cuáles serían los razonamientos correctos que debió asumirse al momento de determinar la situación jurídica del accionante dentro de la solicitud de medidas sustitutivas a la detención preventiva; puesto que, de manera inicial también manifestó que la nombrada autoridad judicial debió partir de supuestos fácticos materiales y procesales, centrándose en una observación de un presupuesto procesal referido al peligro de fuga previsto por el art. 234.6 y 7 del CPP, manifestando que de acuerdo a ese criterio correspondía al accionante acreditar esos indicadores a través de todos los medios de prueba.
Haciendo referencia al entendimiento jurisprudencial señalado en la SCP 0056/2014 que declaró la constitucionalidad del peligro efectivo para la sociedad previo análisis y diferenciación de la actividad delictiva reiterada, indicador de peligro de fuga basado en la acreditación sobre la base de antecedentes policiales, que deben reflejar exclusivamente la probabilidad adicional de delinquir del imputado, la Vocal hoy accionada asumió de manera razonada que el criterio de la Jueza de la causa de dar validez a la extinción de la acción penal por prescripción en uno de los procesos penales identificados como actividad delictiva reiterada, sería un razonamiento incorrecto; debido a que, esa situación no haría desaparecer el antecedente.
Asimismo, de manera fundamentada la Vocal ahora accionada concluyó que el razonamiento de la Jueza de primera instancia, relacionado a que sería determinante que el peligro de fuga se sustente en la existencia de actividad delictiva reiterada y que ésta hubiese disminuido en su intensidad por la emisión de la “resolución de extinción” al respecto indicó que ese criterio constituiría desconocer la identidad jurídica del indicador del peligro de fuga; aseveración con la cual fundamenta su criterio; además, señaló que el razonamiento de que habría disminuido la intensidad del indicador del peligro de fuga, sería incorrecto; y motivando esa decisión concluyó que la Jueza de la causa debió corregirlo, y apoyarse únicamente en la naturaleza jurídica del peligro de fuga establecido por el art. 234.6 del CPP, aclarando que no podría confundirse el peligro efectivo para la sociedad, ni el peligro de reincidencia.
Con relación al peligro efectivo para la víctima -hoy tercera interesada-, en el Auto de Vista de 6 de septiembre de 2022, la Vocal ahora accionada de inicio advirtió un erróneo razonamiento, señalando de manera motivada que la inversión de la carga de la prueba le compete al accionante y demostrar que ya no concurren los presupuestos que dieron lugar a la aplicación de la medida cautelar y que bajo esa perspectiva para la cesación de la detención preventiva se debe considerar la conducta exteriorizada del nombrado antes y posteriormente a la comisión del delito y verificar el evidente riesgo de la vulneración de los derechos de la víctima; por lo que, justificando de manera motivada la forma errónea en la que la Jueza de la causa supuestamente obró, manifestó que resulta incorrecto realizar una reevaluación de la situación de la hoy tercera interesada, cuando debió obrarse conforme a la solicitud de cesación de la detención preventiva, y que el análisis de que la nombrada adquirió la mayoría de edad, lo cual hubiese suscitado la desaparición de vulnerabilidad, criterio de la Jueza de primera instancia, quien se basó en un certificado de nacimiento de la víctima y un informe emitido por el funcionario policial asignado al caso, el cual señalaría sobre la entrevista recabada a la misma y que de acuerdo a ese acto se habría establecido el cumplimiento de las medidas de protección; por lo que, basando su fundamento en que el régimen de medidas cautelares se rige por el principio de legalidad, llegó a concluir que en coherencia con lo establecido por el art. 295 del CPP, no corresponde a dicho funcionario policial verificar o no el cumplimiento de las medidas de protección.
Así también, en el Auto de Vista de 6 de septiembre de 2022, se cuestionó la realización de actos dirigidos a efectuar una nueva entrevista a la ahora tercera interesada; es decir, que se hubiese realizado una reevaluación, situación que la Vocal hoy accionada consideró no sería correcta, alegando que la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia de manera expresa prohíbe la revictimización de la víctima con la finalidad de no caer en una situación de vulnerabilidad, concluyendo al respecto que lo señalado no fue considerado por la Jueza de la causa, al contrario, ésta se hubiese basado en elementos no idóneos y que el razonamiento de que al adquirir la mayoría de edad la situación de vulnerabilidad disminuiría, el cual constituye un análisis erróneo; llegando la Vocal ahora accionada a concluir y considerar de manera motivada que, ese análisis es erróneo, con lo cual denotó que la “resolución” de la Jueza de primera instancia fue incongruente; razón por la cual, la Vocal hoy accionada consideró de manera fundamentada y motivada que dicho razonamiento debe ser corregido.
Finalmente, la Vocal ahora accionada, consideró como error aseverar que el incumplimiento de las medidas de protección disminuirían la intensidad del peligro efectivo para la hoy tercera interesada, cuando a su criterio, lo referido impidió que el accionante tenga contacto con la nombrada y que conforme a la dinamicidad del proceso penal fueron desapareciendo las situaciones identificadas, y no correspondía a una acción o acto exteriorizado por el accionante; asimismo, indicó que ejerciendo su facultad fiscalizadora referente al hostigamiento alegado por el abogado de la ahora tercera interesada, esa situación fue minimizada por la Jueza de la causa, quien generó una situación de desigualdad; razonamiento generado haciendo referencia a la SCP 0440/2019-S3, que sustenta la inadmisibilidad en el trámite de las medidas cautelares cuando aparecen circunstancias sobrevinientes, indicando al respecto que lo señalado dio lugar a que la decisión de la Jueza de primera instancia vulnere el derecho al debido proceso en su elemento de motivación.
Finalmente, la Vocal ahora accionada advirtió en el Auto de Vista de 6 de septiembre de 2022, que si bien la Jueza de la causa identificó premisas normativas; sin embargo, al momento de dilucidar la situación fáctica hubiese incorporado yerros, debido a la naturaleza de la pretensión y equiparando la cesación de la detención preventiva a una audiencia de consideración de aplicación de medidas cautelares; asimismo, manifestó que no fueron identificados correctamente los riesgos procesales determinados por el art. 234.6 del CPP; añadiendo que respecto al peligro efectivo para la víctima en caso de la cesación de la detención preventiva, no debió reevaluarse su situación con base a elementos inidóneos.
En ese contexto, resulta correcto manifestar que el Auto de Vista de 6 de septiembre de 2022, se encuentra debidamente motivado y fundamentado, denotando igualmente que esa decisión guarda una coherencia o congruencia interna, por cuanto de manera clara y concluyente, basándose en jurisprudencia constitucional y normativa aplicable al presente caso, llegó a concluir que el Auto Interlocutorio de 12 de agosto de igual año, carecería de una indebida motivación e incongruencia, lo que llevó a tomar la decisión de revocar y retrotraer la determinación de la Juez de la causa al estado inicial a su emisión; en ese sentido, no existe vulneración de derechos que implique conceder la tutela solicitada, más aun si la decisión asumida por la Vocal hoy accionada se apoyó de manera coherente en razonamientos que llevaron a revocar la decisión asumida por la Jueza de primera instancia, poniendo en relieve que existe un contexto de justificación para asumir esa medida y como se dijo revocar la resolución de aplicación de medidas cautelares; en ese sentido, corresponde denegar lo solicitado por el accionante. En consecuencia, la Sala Constitucional al denegar la tutela solicitada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 097/2022 de 4 de noviembre, cursante de fs. 386 a 392, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada de conformidad con los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Isidora Jiménez Castro
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0683_2024-S3.pdf · páginas 1 a 21.
Huella digital del PDF (SHA-256): 3b50aed76f63c3ad7e9860726065e05939d2bc1d8daf9b07f4fa56edde5d983b
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
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