Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 20 de agosto de 2024
Deniega la tutela
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso, a la defensa, y a la presunción de inocencia; puesto que, en el proceso disciplinario al que fue sometido: i) Lo dejaron en indefensión al no proporcionarle las copias solicitadas; e, ii) Incurrieron en la ejecución anticipada de la sanción impuesta en la Resolución 019/2021 de 15 de octubre de primera instancia, aspectos que no fueron corregidos por el Tribunal de alzada al emitir la Resolución 003/2021 de 13 de diciembre, confirmando las resoluciones impugnadas. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 296/2022 de 9 de noviembre, cursante de fs. 371 a 376 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0681/2024-S3 Sucre, 20 de agosto de 2024 SALA TERCERA Magistrado Relator: Dr. Petronilo Flores Condori Acción de amparo constitucional Expediente: 51779-2022-104-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 296/2022 de 9 de noviembre, cursante de fs. 371 a 376 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por José Luis Tinta Quispe contra José Rodrigo García Fernández, Presidente; José Omar Coca Guzmán, Vicepresidente; Jorge Eduardo Vélez Olaguivel y Guido Víctor Alarcón Terrazas, Vocales; todos del Consejo Superior Académico de los Institutos de Formación Militar Dependientes de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB).
El accionante, por memoriales presentados el 16 y 29 de septiembre de 2022, cursante de fs. 111 a 117; y 119 a 122 vta., manifestó lo siguiente:
Se instauro un proceso disciplinario contra su persona, a través del Consejo Superior del Politécnico Militar de Aeronáutica, por la presunta apropiación indebida de Bs150.- (ciento cincuenta bolivianos) encontradas derramados en el suelo los cuales oportunamente entregó a su supuesto propietario Ariel Mita Chávez, hecho suscitado el 10 de septiembre de 2021, definido como faltas disciplinarias en el Reglamento del Régimen Interno y Disciplinario de Alumnos (as) del Politécnico Militar de Aeronáutica (Reglamento RAA-23). El 4 de octubre de 2021 a las 10:00 horas, fue notificado con el Auto de Apertura de 1 de igual mes y año, en el que le ordenan presentarse el 5 de ese mes y año, a las 9:00 horas, en la Sala de Reuniones del Instituto de Formación Militar asistido de su abogado; proporcionándole el único antecedente documental, un confuso informe elaborado por el Comandante de Escuadrón de Conducta y Disciplina del referido Instituto, mas no del Comandante del Grupo de Alumnos y menos los informes de los otros participantes del hecho. El mismo día de la notificación, autorizaron su salida desde las 11:00 a 16:00 horas, para que pueda contratar los servicios de un profesional abogado y asumir su defensa; empero, no le proporcionaron copia alguna del “expediente” del proceso, a pesar de haber solicitado previamente, dejándolo en indefensión. Mediante Resolución 016/2021 de 5 de octubre, emitido por el Consejo Superior del Politécnico Militar de Aeronáutica, se resolvió su separación definitiva e inmediata del Instituto de Formación Militar, por las supuestas faltas disciplinarias, tomando en cuenta únicamente la versión confusa emitida de quien lo acusó de la apropiación indebida; empero, no le entregaron las copias del “expediente”, tampoco consideraron que no podía ser retirado mientras no se ejecutoríe la mencionada Resolución. El 8 de octubre de 2021, presentó recurso de reconsideración, con el objetivo de que se reconsidere la sanción que ordenó su baja, así como la anulación del proceso en su contra por vulneración de los derechos al debido proceso -disciplinario-, a la defensa y presunción de inocencia, por la ejecución inmediata de la sanción impuesta; además, solicitó antecedentes documentales del proceso y su reincorporación al Instituto de Formación Militar al no concluirse el proceso. El 21 y 22 de igual mes y año, reiteró su petición de documentación y reincorporación; puesto que la sanción de baja no fue ejecutoriada, encontrándose el recurso de reconsideración pendiente de resolución; así como, el recurso de apelación en la instancia superior, tomando en cuenta que se dio inicio a los exámenes parciales correspondientes al último trimestre de esa gestión académica; por lo que, la separación del citado Instituto, vulneró sus derechos a la defensa, al debido proceso, a la presunción de inocencia y a la educación. El Consejo Superior del Politécnico Militar de Aeronáutica, mediante Resolución 019/2021 de 15 de octubre, resolvió su recurso de reconsideración, subsistiendo la decisión asumida y en cuyos considerandos concluyó: a) “…no se ha violado, omitido o transgredido ningún procedimiento consagrado en el RAA-23, y ningún derecho establecido en las leyes militares, ni derechos y garantías ‘consagradas’ por la Constitución Política del Estado” (sic); y, b) Privilegia la normativa interna del Instituto de Formación Militar con relación a sus fundamentos expresados respecto al derecho al debido proceso. Además, a exigencia de su abogado, el mismo día, obtuvo respuesta a los memoriales de 21 y 22 de igual mes y año, declarando no ha lugar a su solicitud y cúmplase con la notificación al impetrante con la Resolución 019/2021, y se proveerá lo que en derecho corresponda al solicitante, sin ninguna fundamentación. El 24 de noviembre de 2021, presentó recurso de apelación, reiterando que no le fue entregado previamente la copia legalizada de los antecedentes documentales del proceso, la copia legalizada del Reglamento RAA-23 aprobado;
además, de no disponerse su reincorporación al Instituto de Formación Militar por no estar ejecutoriada la sanción que ordenó su baja. Ante la renuencia de las autoridades -ahora accionados-, el 18 y 21 de abril de 2022, nuevamente presentó la solicitud de copias del “expediente” y del Reglamento RAA-23. Mediante Resolución 003/2021 de 13 de diciembre, el Consejo Superior Académico de los Institutos de Formación Militar Dependientes de la FAB, ratificó la resolución impugnada con los mismos fundamentos, notificándose el 22 de julio de 2022, “…18 días después de haberse presentado el recurso, 3 días de haber precluido su entrega (el reglamento así lo indica) y más de siete (7) meses después de habérsela emitido…” (sic); puesto que, para la entrega de documentos como el “expediente” del proceso y el Reglamento RAA-23 fue condicionado con su notificación tanto al Consejo Superior del Politécnico Militar de Aeronáutica, como al Consejo Superior Académico de los Institutos de Formación Militar Dependientes de la FAB, documentos que le fueron entregados recién el 25 de agosto de 2022, dejándolo en total indefensión, incurriendo en una ejecución anticipada de la sanción impuesta, sin haber concluido el proceso ni considerar su petición de reincorporación.
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso, a la defensa y a la presunción de inocencia; citando al efecto los arts. 115.II, 116.I y 117.I de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia, se disponga: 1) Dejar sin efecto la Resolución 003/2021 de 13 de diciembre, emitida por el Consejo Superior Académico de los Institutos de Formación Militar Dependientes de la FAB; 2) Se emplace al Comando General de la Fuerza Aérea para que disponga su inmediata reincorporación a través de la instancia respectiva, en tanto se defina su situación en el marco de la legalidad y del debido proceso; y, 3) Se instaure otro Consejo Superior Académico de los Institutos de Formación Militar Dependientes de la FAB, para que presencialmente puedan demostrar su inocencia y asumir defensa, en virtud de que ahora cuenta con la documentación necesaria.
Celebrada la audiencia pública el 9 de noviembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 365 a 370 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante, a través de su abogado en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional.
José Rodrigo García Fernández, Presidente; José Omar Coca Guzmán, Vicepresidente; Jorge Eduardo Vélez Olaguivel y Guido Víctor Alarcón Terrazas, ambos Vocales, todos del Consejo Superior Académico de los Institutos de Formación Militar Dependientes de la FAB, a través de sus representantes legales, mediante informe presentado el 24 de octubre de 2022, cursante de fs. 344 a 349 vta., manifestaron que: i) El Politécnico Militar de Aeronáutica se rige por un Reglamento Interno Disciplinario aprobado el 29 de junio de 2017 por el Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) -Reglamento RAA-23-, cuyo objeto es regular la disciplina de los estudiantes, como concierne al accionante por un hecho ocurrido el 10 de septiembre de 2021, en instalaciones de la granja del referido Politécnico Militar de Aeronáutica con asiento en el departamento de Cochabamba por la comisión de faltas disciplinarias, en ese caso por apropiación de dineros que pertenecían a un soldado. Proceso en el que se emitió informes y pruebas, que fueron de conocimiento del accionante; asimismo, cursa un Informe del Psicólogo de la Institución -se entiende del Instituto de Formación Militar- que recomienda que el accionante sea separado de dicha institución para evitar factores que sigan desencadenando problemas; puesto que, fue sometido a dos Consejos Superiores, la primera a cuarenta y cinco días de arresto por dar maltrato a los subalternos, la segunda “con cuerpo de línea” por dar maltrato a sus subalternos, sanciones que le permitieron seguir en la institución como estudiante; por lo que, este caso llegaría a ser la tercera falta disciplinaria, motivo por el que se emitió Auto de apertura de 1 de octubre de 2021; ii) En el desarrollo del proceso disciplinario se lo trato como inocente, prueba de ello es que en la audiencia pública realizada, concurrieron los alumnos, padres de familia y las personas que querían verificar la tramitación del proceso, la lectura de los antecedentes del proceso, los informes y su ratificación, la declaración de testigos, víctima, tramitándose en presencia del accionante asistido de su abogado, que en ese entonces era “Rafael Acebedo Aliaga”, quien por disposición del Presidente -se entiende del Consejo Superior del Politécnico Militar de Aeronáutica-; tuvo conocimiento del cuaderno procesal con el propósito de que asuma defensa; por consiguiente, en la declaración del accionante, este afirmó conocer las leyes y reglamentos militares y en especial del citado Politécnico, como alumno de tercer año, aceptó la falta disciplinaria cometida, cuya acta se firmó por el accionante y su abogado; iii) Se emitió la Resolución 016/2021 del Consejo Superior del Politécnico Militar de Aeronáutica, en la que se le impuso al accionante la sanción de baja del Instituto de Formación Militar, “…toda baja del instituto debe ser aplicada inmediatamente mediante orden del instituto es por esta razón se lo separa al alumno en el efecto…” (sic) en aplicación del art. 56 inc. c) del Reglamento RAA-23; iv) El accionante presentó el recurso de reconsideración que fue denegado por Resolución 019/2021; v) En fase de impugnación presentó recurso de apelación, que fue respondido por el Consejo Superior Académico de los Institutos de Formación Militar Dependientes de la FAB, mediante Resolución 003/2021, confirmando la baja del Instituto de Formación Militar, debidamente fundamentada y pronunciándose a todos los agravios señalados, cumpliendo con el derecho al debido proceso en el desarrollo del mismo; vi) El accionante se notificó con la referida Resolución el “22 de julio” -se entiende de 2022-; es decir, siete meses después de emitirse la citada Resolución, debido a la negligencia del nombrado; a pesar de que en reiteradas oportunidades el Comandante de la Fuerza Aérea, invitó y “suplicó” para que se presente y se notifique; y, vii) En la presente acción de defensa, el accionante no identificó cuál es el hecho presuntamente vulnerado atribuible al “Consejo Superior”, en audiencia identifican como acto vulneratorio la Resolución “013” emitida por el Consejo Superior Académico de los Institutos de Formación Militar Dependientes de la FAB; por lo que, la acción tutelar debió dirigir contra los miembros que suscribieron dicha Resolución; y, viii) Transcurrieron más de diez meses desde el supuesto hecho lesivo y la jurisdicción constitucional no puede quedar abierta para que el accionante acuda; por lo que, se incumplió el principio de inmediatez. Por lo expuesto piden se declare la improcedencia de la acción de amparo constitucional y se deniegue la tutela solicitada.
La Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Resolución 296/2022 de 9 de noviembre, cursante de fs. 371 a 376 vta., denegó la tutela solicitada por el accionante; bajo los siguientes fundamentos: a) Respecto el principio de inmediatez, no es suficiente que la Resolución 003/2021 impugnada se haya emitido el 13 de diciembre de 2021, y sea de conocimiento del accionante; al contrario, existen procedimientos para cumplir con los actos de comunicación en el domicilio procesal, domicilio real o el señalado para el efecto, lo cual no se hizo conocer a la referida Sala Constitucional; en consecuencia, no se incumplió ese principio correspondiendo ingresar al fondo; b) Al momento de ratificarse en la acción de amparo constitucional, el accionante solicitó se someta a control de convencionalidad, sin señalar qué norma interna sería incompatible con la Convención Americana de Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; por lo cual, no es factible contrastar genéricamente la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas relacionada al proceso administrativo, como tampoco el Reglamento RAA-23; c) Los representantes legales de los ahora accionados informaron que desde el inicio del proceso, el accionante tuvo como abogado de su confianza a “Rafael Acevedo Aliaga”, encargado de su defensa técnica, e intervenir en audiencias señaladas con menos de veinticuatro horas; empero, no se pidió suspensión o tiempo a efectos de hacer algún reclamo; por lo que, consintió la sustanciación del proceso administrativo sancionador, cuya audiencia se desarrolló en menos de veinticuatro horas y conocer la determinación y ponerlo ya en retiro al accionante, posteriormente se solicitó fotocopias y se alegó no tener conocimiento del Reglamento RAA-23, cuando esa norma es el “catecismo” desde que el alumno entra a la institución militar; más aún, cuando el accionante se encuentra a puertas del egreso para ser un técnico aeronáutico militar, entonces no se puede alegar el desconocimiento de las diferentes faltas descritas en el referido Reglamento que es exclusivo para los alumnos y las instituciones militares no para el público “…es por ello que se maneje este mecanismo legal como reservado…” (sic); d) Esa Sala Constitucional no observó que en el proceso sumario desde su inicio, desarrolló incluyendo la proposición probatoria, hasta su conclusión, con la emisión de la Resolución que dispuso la baja definitiva de la institución, se vulneró los derechos a la defensa y el debido proceso; e) Resulta evidente el reconocimiento de la garantía de la presunción de inocencia, aplicable en materia administrativa sancionadora y penal; por lo que, al procesado se le considera inocente; empero, el art. 56 inc. c) del Reglamento RAA-23, dispone que las faltas sancionadas con baja definitiva del Instituto de Formación Militar y resueltas por Consejo Superior Académico de los Institutos de Formación Militar Dependientes de la FAB, serán aplicadas mediante orden del día del referido Instituto; en ese entendido, se presume su constitucionalidad y no fue sometido a control de constitucionalidad por el accionante, aplicándose inmediatamente el retiro por la institución militar, por la naturaleza de la falta gravísima; f) Los agravios formulados merecieron pronunciamiento de manera clara y precisa, no encontrando contradicción o falta de razonamiento fundado en la aplicación de la norma procesal reglamentaria; y, g) No se puede utilizar la acción de amparo constitucional como una instancia en casación para verificar las actuaciones preliminares del proceso, en su primera y segunda resolución, será la autoridad de mayor jerarquía la que verifique el contraste y el test de razonabilidad y proporcionalidad en la aplicación de la sanción, “…en el caso no se ha hecho así se ha pedido borrar de un plumazo todo el proceso cuando no corresponde…” (sic); por consiguiente, no es atendible esta acción de defensa.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:
II.1. Cursa Certificado de Notas del Primer Semestre del 17 septiembre de 2021, correspondiente a Jorge Luis Tinta Quispe -ahora accionante-alumno del Segundo año militar, emitido por Marco Navia Escalera, Comandante del Escuadrón de Evaluación-, en el que se consigna la nota de 76.60 como promedio final en la asignatura de Reglamentos Militares, Reglamento 23 (fs. 221).
II.2. Consta Acta del Consejo Superior del Politécnico Militar de Aeronáutica 09/21, de 5 de octubre de 2021, en la que se advierte que a las 9:00 horas se instauró la sesión del Consejo Superior del Politécnico Militar de Aeronáutica, vinculada al análisis, consideración y resolución de la situación del accionante, alumno de tercer año militar por la comisión de faltas graves definidas en el Reglamento RAA-23; asimismo, en dicha Acta se registra que el secretario informó que existe quorum y todos se encuentran en sala, así como el procesado -accionante- se encuentra en compañía de su abogado. Posterior a la lectura de los antecedentes se hace constar que el cuadernillo se encuentra a disposición de los miembros del Consejo Superior y del señor abogado de “oficio”, en cumplimiento al citado Reglamento, “…se hará la toma de declaración informativa del Testigo e indagatoria para los denunciados” (sic [fs. 256 a 257 vta.]).
II.3. Cursa Acta de Declaración Indagatoria del accionante de 5 de octubre de 2021, en el que, se evidencia que el Presidente del Consejo Superior del Politécnico Militar de Aeronáutica, hizo conocer al nombrado que fue citado a esa sesión del Consejo para prestar su declaración indagatoria por los hechos sucedidos el 10 de septiembre -se entiende de 2021-aproximadamente entre las 19:00 a 19:30 horas, en instalaciones del cuarto de los estafetas de Pateria, “…con el fin de poner en su conocimiento todos los antecedentes, señor Secretario sírvase dar lectura a los actuados más importantes principalmente al contenido de los informes del Comandante Edron. Conducta y Disciplina del Grupo Alumnos y todos los antecedentes del presente caso” (sic); asimismo, también se le preguntó al accionante si se encontraba dispuesto a prestar su declaración, a lo que el mencionado manifestó que: “Si mi cnl”; posteriormente, se le preguntó sobre el conocimiento de las leyes y reglamentos militares y en especial el Reglamento RRA-23, a lo que el accionante respondió expresamente “Si mi Cnl.”;por consiguiente, también se evidencia que se le preguntó si para prestar su declaración indagatoria fue objeto de alguna clase de presión y si fue debidamente notificado, a lo que manifestó que: “Ninguna presión y si fui debidamente Notificado” (sic). Dicha Acta se encuentra firmada por el accionante y Rubén Daniel Acebedo Aliaga su abogado defensor, adjuntándose al mismo la Cédula de Identidad del mencionado y credencial de su abogado (fs. 265 a 268).
Superior del Politécnico Militar de Aeronáutica, a través del cual se estableció que el accionante, vulneró los arts. 54.34 y 57 (faltas gravísimas) y 44 inc. L) (agravantes de faltas) el Reglamento RAA-23, por el que se le impuso una sanción de baja definitiva del Instituto de Formación Militar, se dispuso su aplicación mediante orden del día del citado Instituto en virtud del art. 56 inc. c) del citado Reglamento y se eleve el informe correspondiente al Departamento V-Educación del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Boliviana (EMGFAB [fs. 269 a 274 vta.]).
187/2021 de 6 de octubre, en su acápite II concerniente a bajas, se dio cumplimiento a la Resolución 016/2021 del Consejo Superior del Politécnico Militar de Aeronáutica, que dispuso la sanción de baja definitiva del accionante, por la comisión de faltas disciplinarias gravísimas (fs. 276 a 277).
II.6. Cursa Memorial de 8 de octubre de 2021, dirigido al Presidente, Vicepresidente y Vocales del Consejo Superior del Politécnico Militar de Aeronáutica, a través del cual el accionante formuló recurso de reconsideración contra la Resolución 016/2021 emitida por el referido Consejo, señalando que: 1) Fue notificado para la sesión del Consejo Superior del Politécnico Militar de Aeronáutica, sin el conocimiento previo de las actuaciones o antecedentes, ni el auto de apertura del proceso del referido Consejo; además, de existir una errónea determinación de las supuestas contravenciones al Reglamento RAA-23, para definir una estrategia de defensa, dejándolo en estado de indefensión; 2) No puede ejecutarse una sanción disciplinaria en tanto el proceso no haya concluido, la resolución que se le impuso no se encuentra ejecutoriada, caso contrario puede considerarse una sanción anticipada; y, 3) Sus argumentos solo son rebatidos por afirmaciones, sin que se hayan adjuntado pruebas; por lo que, vulneraron su derecho a la presunción de inocencia (fs. 283 a 285 y 288); en respuesta, consta Resolución 019/2021 de 15 de octubre, del Consejo Superior del Politécnico Militar de Aeronáutica, declarando la improcedencia de la solicitud de reincorporación; puesto que, con la resolución impugnada no se incurrió en ninguna inobservancia o errónea aplicación del Reglamento RAA - 23, que en lo concerniente a la aplicación anticipada de la sanción impuesta, ésta resolución expresa “…en aplicación del Art. 56. Lit C, Segunda Parte del RAA-23 la sanción de Baja definitiva del Instituto fue aplicada mediante Orden del Día del Instituto, es decir inmediatamente de emitida la Resolución N° 16/2021, sin perjuicio que el procesado haga uso de los recursos previstos por el Art. 60 del referido Reglamento” (sic [fs. 289 a 292]).
II.7. Mediante memorial presentado el 27 de octubre de 2021, ante el Consejo Superior Académico de los Institutos de Formación Militar Dependientes de la FAB, el accionante interpuso recurso de apelación contra la Resolución 019/2021 del Consejo Superior del Politécnico Militar de Aeronáutica, en el que señala que no puede ejecutarse una sanción disciplinaria hasta que la resolución que la impone se encuentre debidamente ejecutoriada, permitiendo el derecho a la defensa; puesto que, la ejecución anticipada de la sanción vulneró su derecho a la educación; por lo que, su solicitud de reincorporación no fue respondida de ninguna manera, ni con la Resolución 019/2021 (fs. 307 a 310 y 321); en respuesta se tiene que mediante Resolución 003/2021 de 13 de diciembre, emitida por el Consejo Superior Académico de los Institutos de Formación Militar Dependientes de la FAB, declaró la improcedencia del recurso de apelación; ya que, la resolución impugnada no incurrió en ninguna inobservancia o errónea aplicación del Reglamento RAA-23, que en lo concerniente a la aplicación anticipada de la sanción impuesta, en la citada Resolución 003/2021, se expresa “…en aplicación del Art. 56.C, segunda parte del RAA-23 la sanción de Baja definitiva del Instituto fue aplicada mediante Orden del Día del Instituto, es decir inmediatamente de emitida la Resolución N° 016/2021, sin perjuicio que el procesado haga uso de los recursos previstos por el art. 60 del referido Reglamento” (sic [fs. 336 a 341 vta.]).
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso, a la defensa, y a la presunción de inocencia; puesto que, en el proceso disciplinario al que fue sometido: i) Lo dejaron en indefensión al no proporcionarle las copias solicitadas; e, ii) Incurrieron en la ejecución anticipada de la sanción impuesta en la Resolución 019/2021 de 15 de octubre de primera instancia, aspectos que no fueron corregidos por el Tribunal de alzada al emitir la Resolución 003/2021 de 13 de diciembre, confirmando las resoluciones impugnadas. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
El desarrollo del proceso, cualquiera sea su índole -civil, penal, administrativo o de otra naturaleza-, implica el cumplimiento de un conjunto de actos procesales y etapas procesales, según los requisitos, formas, procedimientos y plazos previstos por la norma procesal para la validez y eficacia de los mismos. Consiguientemente, la nulidad procesal, en términos expresados por la jurisprudencia constitucional
“…consiste en la ineficacia de los actos procesales que se han realizado con violación de los requisitos, formas o procedimientos que la Ley procesal ha previsto para la validez de los mismos; a través de la nulidad se controla la regularidad de la actuación procesal y se asegura a las partes el derecho constitucional al debido proceso. Por regla general la nulidad procesal retrotrae el proceso al momento anterior al que se genera el vicio de procedimiento, es decir, la inobservancia de los requisitos, formas o procedimientos previstos por la Ley procesal, a esa regla se impone la excepción para los casos en los que al sustanciarse un incidente o trámite ajeno al asunto principal se produzca el vicio, o cuando una actuación procesal posterior no dependa del acto viciado, casos en los que el Juez puede disponer la anulación de algún acto procesal específico; empero, para ello el auto que declare la nulidad de obrado debe señalar con precisión la o las actuaciones que deben renovarse, de no especificarse se aplica la regla general de retrotraer el proceso al momento anterior al que se originó el vicio” (las negrillas son nuestras).
La misma doctrina constitucional concluyó que la nulidad procesal de oficio procede cuando en el desarrollo del proceso se verifica la vulneración de un derecho fundamental o de una garantía constitucional por las autoridades judiciales o administrativas; por lo que el acto, deviene nulo no siendo susceptible de convalidación. Sin embargo, la doctrina constitucional, efectuando una sistematización de las distintas sentencias constitucionales, estableció sintéticamente los principios que rigen las nulidades procesales, en los términos que siguen.
“…los presupuestos para declarar la nulidad son a) Los principios de especificidad o legalidad, en cuyo mérito solo puede declararse la nulidad, si esta sanción está expresamente prevista por norma legal; b) El principio de finalidad del acto, por el cual no es posible declarar la nulidad, si el acto, a pesar de su irregularidad, ha cumplido la finalidad a la que estaba destinado; c) principio de trascendencia; que señala que la nulidad procesal solo puede ser declarada, si el acto irregular ocasionó un perjuicio serio e irreparable; y, d) El Principio de convalidación; en cuyo mérito, no es posible declarar la nulidad si el afectado con el acto irregular, lo consiente expresa o tácitamente. Asimismo la referida Sentencia Constitucional estableció también, que un acto procesal es susceptible de nulidad, solo cuando es reclamado oportunamente o el litigante no tuvo conocimiento de la existencia del proceso, hecho que le causo indefensión, afectando su derecho a la defensa…” (las negrillas nos pertenecen).
A las sub reglas anotadas precedentemente, debe añadirse la sub regla: quien pretenda la nulidad de un acto procesal debe acreditar el perjuicio directo sufrido por el presunto acto viciado de nulidad y el interés legítimo pedir su nulidad. Específicamente en materia administrativa la Ley del procedimiento Administrativo establece que las nulidades podrán invocarse únicamente mediante la interposición de los recursos administrativos previstos en la presente Ley.
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso, a la defensa, y a la presunción de inocencia; puesto que, en el proceso disciplinario al que fue sometido: a) Lo dejaron en indefensión al no proporcionarle las copias solicitadas; e, b) Incurrieron en la ejecución anticipada de la sanción impuesta en la Resolución 019/2021 de 15 de octubre de primera instancia, aspectos que no fueron corregidos por el Tribunal de alzada al emitir la Resolución 003/2021 de 13 de diciembre, confirmando las resoluciones impugnadas.
De la revisión de antecedentes, se concluye que el accionante en su calidad de alumno de tercer año militar del Politécnico Militar de Aeronáutica, fue sometido a un proceso disciplinario, conforme consta en el Acta del Consejo Superior del Politécnico Militar de Aeronáutica 09/21; de 5 de octubre de 2021; en la que se advierte que a las 9:00 horas se instauró la sesión del Consejo Superior del Politécnico Militar de Aeronáutica, vinculada al análisis, consideración y resolución de la situación del nombrado, por la comisión de faltas graves definidas en el Reglamento RAA-23; asimismo, en dicha Acta se registra que el secretario informó que existe quorum y todos se encuentran en sala, así como el procesado -accionante- en compañía de su abogado. Posterior a la lectura de los antecedentes se hace constar que el cuadernillo se encuentra a disposición de los miembros del Consejo Superior y del señor abogado de “oficio”, en cumplimiento al citado Reglamento, “…se hará la toma de declaración informativa del Testigo e indagatoria para los denunciados” (sic), en cuya Acta se constata dichas actuaciones (Conclusión II.2.); en el Acta de Declaración Indagatoria del accionante ofrecida en forma voluntaria de la igual fecha, refieren los hechos suscitados el 10 de septiembre -se entiende de 2021-, aproximadamente entre las 19:00 a 19:30 horas, que se atribuyen como presuntas faltas disciplinarias, dicha Acta se encuentra firmada por el accionante junto a su abogado defensor Rubén Daniel Acebedo Aliaga; además, se adjuntó a la Cédula de Identidad y el credencial de su abogado (Conclusión II.3.).
Proceso disciplinario en el que se emitió la Resolución 016/2021, por parte del Consejo Superior del Politécnico Militar de Aeronáutica, declarando que el accionante, vulneró los arts. 54.34 y 57 (faltas gravísimas) y 44 inc. L) (agravantes de faltas) del Reglamento RAA-23, por el que se le impuso una sanción de baja definitiva del Instituto de Formación Militar de Aeronáutica, se dispuso su aplicación mediante orden del día del referido Instituto en virtud del art. 56 inc. c) del citado Reglamento y se eleve el informe correspondiente al Departamento V-Educación del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Boliviana (EMGFAB [Conclusión II.4.]); en cuyo mérito, se emitió el Orden del Día del Politécnico Militar de Aeronáutica 187/2021, comunicando en el acápite II concerniente a bajas, se dio cumplimiento a la Resolución 016/2021 del Consejo Superior del Politécnico Militar de Aeronáutica, que dispuso la sanción de baja definitiva del accionante, por la comisión de faltas disciplinarias gravísimas (Conclusión II.5.).
La etapa de impugnación fue promovida por el accionante, mediante memorial de 8 de octubre de 2021, dirigido al Presidente, Vicepresidente y Vocales del Consejo Superior del Politécnico Militar de Aeronáutica, a través del cual el accionante formuló recurso de reconsideración contra la Resolución 016/2021 del referido Consejo, señalando que: 1) Fue notificado para la sesión del citado Consejo, sin el conocimiento previo de las actuaciones o antecedentes, ni el auto de apertura del proceso del referido Consejo; además, de existir una errónea determinación de las supuestas contravenciones al Reglamento RAA-23, para definir una estrategia de defensa, dejándolo en estado de indefensión; 2) No puede ejecutarse una sanción disciplinaria en tanto el proceso no haya concluido, la resolución que se le impuso no se encuentra ejecutoriada, caso contrario puede considerarse una sanción anticipada; y, 3) Sus argumentos solo son rebatidos por afirmaciones, sin que se hayan adjuntado pruebas; por lo que, vulneraron su derecho a la presunción de inocencia. En respuesta, se emitió la Resolución 019/2021, del Consejo Superior del Politécnico Militar de Aeronáutica, declarando la improcedencia de la solicitud de reincorporación; puesto que, con la resolución impugnada no se incurrió en ninguna inobservancia o errónea aplicación del Reglamento RAA-23 que, en lo concerniente a la aplicación anticipada de la sanción impuesta, ésa resolución expresa “…en aplicación del Art. 56. Lit C, Segunda Parte del RAA-23 la sanción de Baja definitiva del Instituto fue aplicada mediante Orden del Día del Instituto, es decir inmediatamente de emitida la Resolución N° 16/2021, sin perjuicio que el procesado haga uso de los recursos previstos por el Art. 60 del referido Reglamento” (sic [Conclusión II.6.]).
El accionante, mediante memorial presentado el 27 de octubre de 2021, ante el Consejo Superior Académico de los Institutos de Formación Militar Dependientes de la FAB, el accionante interpuso recurso de apelación contra la Resolución 019/2021 del Consejo Superior del Politécnico Militar de Aeronáutica, en el que señala que no puede ejecutarse una sanción disciplinaria hasta que la resolución que la impone se encuentre debidamente ejecutoriada, permitiendo el derecho a la defensa; puesto que, la ejecución anticipada de la sanción vulneró su derecho a la educación; por lo que, su solicitud de reincorporación no fue respondida de ninguna manera, ni con la Resolución 019/2021. En respuesta, se emitió la Resolución 003/2021, por el Consejo Superior Académico de los Institutos de Formación Militar Dependientes de la FAB, declaró la improcedencia del recurso de apelación; ya que, la resolución impugnada no incurrió en ninguna inobservancia o errónea aplicación del Reglamento RAA-23, que en lo concerniente a la aplicación anticipada de la sanción impuesta, en la citada Resolución 003/2021, se expresa “…en aplicación del Art. 56.C, segunda parte del RAA-23 la sanción de Baja definitiva del Instituto fue aplicada mediante Orden del Día del Instituto, es decir inmediatamente de emitida la Resolución N° 016/2021, sin perjuicio que el procesado haga uso de los recursos previstos por el art. 60 del referido Reglamento” (sic [Conclusión II./]). En ese contexto se ingresará a revisar el problema jurídico precisado en líneas precedentes. Respecto al primer problema planteado: el accionante denunció que: Le dejaron en indefensión al no proporcionales las copias solicitadas y que no fue corregido por el Tribunal de alzada al emitir la Resolución 003/2021, confirmando las resoluciones impugnadas. El accionante, centra su denuncia señalando que “…en ningún momento se le entregó copia del expediente del proceso instaurado, ni ningún otro antecedente documental para que pueda ser utilizado en mi defensa…” (sic [fs. 112 vta.]), presuntamente, la falta de entrega de las copias del expediente, impidieron al nombrado conocer el hecho o hechos que se le atribuyen y que constituyen faltas disciplinarias por las cuales se le impuso la sanción de baja definitiva del Instituto de Formación Militar, para su aplicación inmediata mediante orden del día del citado Instituto en virtud del art. 56 inc. c) del Reglamento RAA-23, objetar u observar las pruebas de cargo y en su caso proponer y producir las pruebas de descargo.
Sin embargo, para constatar estas denuncias formuladas es necesario someter a revisión los antecedentes del proceso disciplinario al cual fue sometido el accionante. En ese entendido, un aspecto que resalta en los antecedentes adjuntos a la acción de amparo constitucional, es la intervención directa del nombrado en el inicio, desarrollo y conclusión del proceso, cumplido en la audiencia de 5 de octubre de 2021, a partir de las 9:00 horas y siguientes, bajo la Dirección del Presidente Consejo Superior del Politécnico Militar de Aeronáutica, a la que concurrió junto a su abogado defensor -Rubén Daniel Acebedo Aliaga-.
En el desarrollo de la audiencia de 5 de octubre de 2021, era la oportunidad para elevar su reclamo o denuncia de las presuntas omisiones o irregularidades en las que podía haber incurrido el Consejo Superior del Politécnico Militar de Aeronáutica para dejarlo en un estado de indefensión; sin embargo, el accionante no formuló reclamo o denuncia alguna de un presunto estado de indefensión en la que se encontraría.
Al contrario, por la instrucción del Presidente, el Secretario -ambos del Consejo Superior del Politécnico Militar de Aeronáutica-, informó que el accionante se encontraba asistido de su abogado y a su disposición el cuadernillo o expediente en los siguientes términos: “Luego pidió a la Secretaria de Actas que verifique si los miembros del Consejo Superior, alumnos involucrados y Testigos fueron debidamente notificados y si se encuentran presentes en sala. El secretario informo que se encuentran todos en sala y el procesado se encuentra en compañía de su abogado” (sic [fs. 256]), luego agregó “Posterior a la lectura de los antecedentes el cuadernillo se encuentra a disposición de los miembros del Consejo Superior y del señor abogado de oficio, en cumplimiento a RAA-23 se hará la toma de declaración informativa del Testigo e indagatoria para los denunciados”. (sic [fs. 257]), sin que se hubiese registrado reclamo o denuncia alguna del accionante o su abogado defensor, respecto al presunto estado de indefensión.
Asimismo, el accionante, al brindar su declaración indagatoria voluntaria el 5 de octubre de 2021, con relación a los hechos que se le acusan, suscitados el 10 de septiembre de igual año, aproximadamente entre las 19:00 a 19:30 horas, en instalaciones del cuarto de los estafetas de Pateria, se le puso en conocimiento de los antecedentes; además, a la consulta del Presidente del Consejo Superior del Politécnico Militar de Aeronáutica, quien le hizo conocer expresamente que si conocía las leyes y reglamentos militares y en especial el Reglamento RAA-23 y que si fue debidamente notificado, en los términos que siguen “…con el fin de poner en su conocimiento todos los antecedentes, señor secretario sírvase dar lectura a los actuados más importantes principalmente al contenido de los informes del Comandante Edron. Conducta y Disciplina del Grupo de Alumnos y todos los antecedentes del presente caso” (sic [fs. 265]), continuó refiriendo que tiene conocimiento de los informes, se formuló la pregunta al accionante si se encontraba dispuesto a prestar su declaración, quien manifestó: “Si mi cnl” (fs. 265). Posteriormente a la pregunta del Presidente del Consejo Superior del Politécnico Militar de Aeronáutica, respecto a que si conoce las leyes y reglamentos militares y en especial el Reglamento RAA-23, respondió expresamente “Si mi Cnl.” (fs. 265 vta.). Este aspecto quedo afianzado por el hecho de que el accionante en su calidad de alumno de tercer año militar del Politécnico Militar de Aeronauta, aprobó la asignatura de Reglamentos Militares, Reglamento RAA-23 con un promedio final de 76.60 en el Primer Semestre de su Segundo año (fs. 221); y, a la pregunta si para prestar su declaración indagatoria fue objeto de alguna clase de presión y si fue debidamente notificado, respondió: “Ninguna presión y si fui debidamente Notificado” (sic [fs. 266 vta.]), extremos que constan en acta firmada por el accionante y su abogado defensor, adjuntándose la cédula de identidad del nombrado y credencial de su abogado (fs. 265 a 268).
Estas precisiones en el desarrollo del proceso -audiencia-, permiten advertir que el accionante en ningún momento expresó, reclamó o denunció con relacción a alguna omisión o irregularidad que permita advertir que fue sometido a un estado de indefensión, al contrario, se sometió voluntariamente al proceso disciplinario desde su inicio, declarando conocer los antecedentes, los hechos que se le imputan y la calificación que merecieron estos hechos, concurriendo a los actos procesales asistido de su abogado, para ejercer su derecho a la defensa, en todo caso, convalidando los presuntos hechos vulneratorios con su presencia y la de su abogado, así como la participación en el desarrollo del proceso desde su inicio hasta su conclusión en los términos analizados en líneas precedentes. En ese entendido, no son evidentes las denuncias formuladas en la presente acción de amparo constitucional de ser sometidos a un estado de indefensión en el proceso disciplinario.
Ahora bien, un aspecto que se debe resaltar es la confusión e incoherencia en la que incurre el accionante en la pretensión formulada en su petitorio, que de alguna manera es incompatible con los hechos denunciados en el desarrollo del proceso disciplinario. Denunció que el Consejo Superior del Politécnico Militar de Aeronáutica, presuntamente le dejo en indefensión al no proporcionales las copias solicitadas, lo que le impidió conocer los antecedentes, el hecho o hechos que se le atribuyen, extremos que de ser evidentes derivarían en la nulidad procesal hasta el vicio más antiguo, el desarrollo del proceso en primera instancia; puesto que, en esa etapa incurren las omisiones o irregularidades denunciadas; empero, la acción de amparo constitucional solo se la dirige contra el Tribunal de apelación y en el petitorio de la acción de defensa, lo que se pretende únicamente es la nulidad de la Resolución 003/2021, que resuelve el recurso de apelación.
Respecto al segundo problema planteado: La parte accionante denuncia que: Incurrieron en la ejecución anticipada de la sanción impuesta en la resolución de primera instancia y que no fue corregido por el Tribunal de alzada al emitir la Resolución 003/2021.
De la revisión de la parte resolutiva de la Resolución 016/2021, del Consejo Superior del Politécnico Militar de Aeronáutica, que declaró que el accionante, vulneró lo previsto por los arts. 54.34 y 57 (faltas gravísimas) y 44 inc. L) (agravantes de faltas) del Reglamento RAA-23, imponiendo la sanción de baja definitiva del Instituto de Formación Militar, se dispuso su aplicación mediante orden del día del citado Instituto en virtud del art. 56 inc. c) del citado Reglamento RAA-23; ejecutándose a través de la Orden del Día del Politécnico Militar de Aeronáutica 187/2021 de 6 de octubre.
Como se dispuso expresamente en la parte dispositiva, este extremo también fue objeto de impugnación mediante el recurso de reconsideración y recurso de apelación. En ese entendido, mediante Resolución 019/2021, del Consejo Superior del Politécnico Militar de Aeronáutica, que resuelve el recurso de reconsideración, declarando la improcedencia de la solicitud de reincorporación; puesto que, con la resolución impugnada no se incurrió en ninguna inobservancia o errónea aplicación del Reglamento del Régimen Interno y Disciplinario y disposiciones de la institución, que en lo concerniente a la aplicación anticipada de la sanción impuesta, ésta Resolución expresa “…en aplicación del Art. 56. Lit C, Segunda Parte del RAA-23 la sanción de Baja definitiva del Instituto fue aplicada mediante Orden del Día del Instituto, es decir inmediatamente de emitida la Resolución N° 16/2021, sin perjuicio que el procesado haga uso de los recursos previstos por el Art. 60 del referido Reglamento” (sic [fs. 289 a 292]).
Finalmente mediante Resolución 003/2021, emitida por el Consejo Superior Académico de los Institutos de Formación Militar Dependientes de la FAB, se resuelve el recurso de apelación, el mismo que declaró la improcedencia del recurso de apelación; ya que, la resolución impugnada no incurrió en ninguna inobservancia o errónea aplicación del Reglamento del Régimen Interno y Disciplinario y disposiciones de la institución, que en lo concerniente a la aplicación anticipada de la sanción impuesta, ésta resolución expresa “…en aplicación del Art. 56.C, segunda parte del RAA-23 la sanción de Baja definitiva del Instituto fue aplicada mediante Orden del Día del Instituto, es decir inmediatamente de emitida la Resolución N° 016/2021, sin perjuicio que el procesado haga uso de los recursos previstos por el art. 60 del referido Reglamento” (sic [fs. 336 a 341 vta.]).
Ahora bien, como se podrá advertir, en ambos casos la decisión relacionada a la aplicación inmediata de la sanción disciplinaria impuesta se encuentra fundada en el art. 56 inc. c) del Reglamento RAA-23, adjunto en antecedentes, que el accionante conoce y declaró conocer ante el Consejo Superior del Politécnico Militar de Aeronáutica y que a la letra dice: “…C. Sanciones con Baja Definitiva del Instituto Las faltas sancionadas con Baja Definitiva del Instituto resueltas por el Consejo Superior serán aplicadas mediante Orden del Día del Instituto”. Si bien el accionante cuestiona la ejecución anticipada de una sanción disciplinaria, sin embargo, en ningún momento cuestiona que la aplicación del fundamento normativo constituya un error, no expresa los motivos por lo que este fundamento normativo infrinja los derechos y garantías constitucionales, incurriendo en una insuficiente carga argumentativa, que permita ingresar a su análisis y pronunciamiento. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela solicita, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 296/2022 de 9 de noviembre, cursante de fs. 371 a 376 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Isidora Jiménez Castro
MAGISTRADA
1 Respecto al alcance de la nulidad procesal, la SC 1644/2004-R de 11 de octubre.
2 Respecto al alcance de la nulidad procesal de oficio, la SC 1196/2010-R de 6 de septiembre, señala que: “…es decir que, ante la violación o vulneración de una garantía constitucional o derecho fundamental, será procedente la declaración de nulidad de oficio por parte de las autoridades judiciales o administrativas; en consecuencia, el fundamento para que sea declarada, es que resulte evidente la lesión al debido proceso como derecho fundamental o garantía constitucional, que, de acuerdo a la nueva Ley Fundamental vigente, se encuentra consagrado en su triple dimensión: como derecho, principio y garantía constitucional (art. 115.II y 117.I). (…) En ese marco de razonamiento, la nulidad de un acto procesal será declarada por el órgano judicial o administrativo, no sólo en los casos expresamente previstos en los arts. 247 de la Ley de Organización Judicial abrogado (LOJabrg) y 251 del Código Procesal Civil (CPC), sino que su interpretación, deberá ser extensiva a aquellos casos en los que se evidencie la vulneración de un derecho fundamental o garantía constitucional, por lo que el acto deviene nulo no siendo susceptible de convalidación” (las negrillas nos pertenecen). 3 La SCP 0207/2018-S2 de 23 de mayo, sintetiza los principios que rigen las nulidades procesales.
4 La SC 0242/2011-R de 16 de marzo, establece que: “A lo anotado, debe añadirse quien pretenda la nulidad debe tener un interés legítimo y ser el directo perjudicado con el supuesto acto viciado de nulidad, es decir, que para poder argüir la nulidad por vicios procesales el impetrante debe ser el agraviado por dicho acto” (las negrillas son nuestras).
5 Respecto a la oportunidad de denunciar vicios procesales y solicitar la nulidad de actos procesales el art. 35 de la Ley de procedimiento administrativo Ley 2341 de 23 de abril de 2002, señala que: “…(Nulidad del Acto).- I. Son nulos de pleno derecho los actos administrativos en los casos siguientes:
a) Los que hubiesen sido dictados por autoridad administrativa sin competencia por razón de la materia o del territorio; b) Los que carezcan de objeto o el mismo sea ilícito o imposible; c) Los que hubiesen sido dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido; d) Los que sean contrarios a la Constitución Política del Estado; y, e) Cualquier otro establecido expresamente por ley. II. Las nulidades podrán invocarse únicamente mediante la interposición de los recursos administrativos previstos en la presente Ley” (las negrillas nos pertenecen).
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0681_2024-S3.pdf · páginas 1 a 17.
Huella digital del PDF (SHA-256): 761b6361706c593cf8c36c6fc775a17eedf360f5eb71011c7ec6befa4bc5dab0
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