Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 27 de abril de 2026
Concede la tutela
La parte accionante denunció la vulneración de su derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia, pertinencia de las resoluciones judiciales, valoración objetiva y razonable de los actos del proceso e interpretación y aplicación objetiva de la ley; asimismo, transgresión a los principios de legalidad, seguridad jurídica, verdad material y tutela judicial efectiva; toda vez que, la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública Quinta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz -ahora demandada-, resolvió el rechazo del incidente de extinción de instancia por inactividad procesal, manifestando que el mismo no era aplicable en el caso; empero, contradictoriamente dispusieron la nulidad de obrados, alegando la indefensión cuando los apelantes en ningún momento observaron u objetaron la diligencia de citación con la demanda y sentencia coactiva respectivas. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 170/2022 de 28 de noviembre, cursante de fs. 103 a 108 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, conforme a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° Disponer lo siguiente:
a) Dejar sin efecto el Auto de Vista 319/2022 de 26 de julio, emitido por la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública Quinta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, b) Que las autoridades demandadas o quienes ocupen sus cargos, emitan un nuevo Auto de Vista conforme a los fundamentos expuestos en el presente fallo constitucional, siempre y cuando no haya continuado o finalizado la ejecución. 3° Dimensionar los efectos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, manteniendo la validez de los actos de ejecución que se pudieron haber realizado con posterioridad a la emisión del Auto de Vista 319/2022 de 26 de julio.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0679/2026-S3 Sucre, 27 de abril de 2026 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de amparo constitucional Expediente: 53171-2023-107-AAC Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 170/2022 de 28 de noviembre, cursante de fs. 103 a 108 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Cándido Vargas Rivero en representación de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta “Jesús Nazareno” Responsabilidad Limitada (R.L.) contra Oscar Jesús Menacho Angeleri y Marisol Ortíz Hurtado, ambos, Vocales de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública Quinta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, Freddy Pérez Chavarría, Vocal de la Sala Civil, Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública Primera del mismo tribunal.
Por memoriales presentados el 11 y 17 de noviembre de 2022, cursantes de fs. 76 a 83 y 86 a 90 vta., el accionante, manifestó lo siguiente:
Dentro del proceso coactivo civil que instauró contra Marisol Negrete Aguirre y Willan Méndez Méndez, éstos solicitaron la extinción del proceso por inactividad, misma que fue rechazada en primera instancia mediante Auto Interlocutorio 163/22 de 25 de febrero de 2022, que motivó la presentación de recurso de apelación, resuelto por Auto de Vista 319/2022 de 26 de julio, emitido por Oscar Jesús Menacho Angeleri y Marisol Ortíz Hurtado, ambos, Vocales de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública Quinta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, Freddy Pérez Chavarría, Vocal de la Sala Civil, Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública Primera del mismo tribunal; siendo que, a través de la mencionada resolución, de forma incongruente se manifestó que no procedía la extinción por inactividad en el proceso coactivo; empero, paradójicamente determinaron la nulidad de obrados, con la finalidad de que los demandados interpongan excepciones procesales cuando éstos, en ningún momento observaron u objetaron la diligencia de legal citación con la demanda y sentencia coactiva y, no se provocó su indefensión. Es así que, las autoridades demandadas no aplicaron, ni interpretaron correctamente las reglas básicas del régimen de nulidades, así como sus principios; desconociendo incluso, los razonamientos expuestos al respecto por el Tribunal Supremo de Justicia a través de sus sentencias, instancia que indicó que, solo es pertinente proceder con la nulidad de oficio cuando la vulneración del debido proceso en cualquiera de sus componentes, tiene incidencia directa en el derecho a la defensa y se ve seriamente afectado de forma objetiva, pues la nulidad de obrados es una medida excepcional, aplicable con criterio restrictivo en caso de verificarse indefensión efectiva, lo contrario significaría un quebrantamiento al derecho a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones.
Denunció la vulneración de su derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia, pertinencia de las resoluciones judiciales, valoración objetiva y razonable de los actos del proceso e interpretación y aplicación objetiva de la ley; asimismo, transgresión a los principios de legalidad, seguridad jurídica, verdad material y tutela judicial efectiva; citando al efecto, los arts. 115, 117. I, 119, 178 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE); art. 8 núm. 2 inc. d) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); art. 11 núm. 1) de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); y, el art. 14 núm. 3) inc. d) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia, se deje sin efecto el Auto de Vista 319/2022, ordenando se emita una nueva resolución.
Celebrada la audiencia virtual el 28 de noviembre de 2022, según consta en acta cursante de fs. 99 a 103, se produjeron los siguientes actuados:
La parte accionante, a través de su abogado, reiteró íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliándola manifestó que: a) Las autoridades judiciales demandadas manifestaron en la resolución impugnada, que la extinción del proceso por inactividad no procede dentro del proceso coactivo civil; toda vez que, no es aplicable el art. 247 del Código Procesal Civil (CPC) pues no se emite un auto de admisión, sino, una sentencia de ejecución coactiva; empero, contradictoriamente procedieron a anular obrados; y, b) En su momento no se objetó la citación con la demanda coactiva civil; consiguientemente, no se provocó indefensión y en todo caso, existió de por medio una conducta negligente por parte de los demandantes.
Oscar Jesús Menacho Angeleri y Marisol Ortiz Hurtado, Vocales de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública Quinta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, Freddy Pérez Chavarría, Vocal de la Sala Civil Primera del señalado Tribunal, no presentaron informe ni asistieron a la audiencia de garantías pese a su notificación cursante de fs. 92 a 94.
Marisol Negreta Aguirre y Willan Méndez Méndez, a través de su abogado, en audiencia manifestaron que la parte impetrante de tutela no explicó que tipo de interpretación debieron realizar los Vocales ahora demandados, tampoco expuso cual sería la relevancia constitucional en caso de estimarse su reclamo, carga argumentativa necesaria, a fin de que la justicia constitucional verifique si la interpretación aplicada en la causa se encuentra acorde a principios de corte constitucional; por lo que, corresponde que la tutela sea denegada.
La Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, por Resolución 170/2022 de 28 de noviembre, cursante de fs. 103 a 108 vta., denegó la tutela impetrada, determinación con base en los siguientes fundamentos: 1) En el presente caso se tramitó un incidente indebido; ya que, dada la naturaleza del proceso coactivo civil, no correspondía la aplicación del art. 248 del CPC, aspecto que llevó a la parte demandada a determinar la nulidad de obrados; y, 2) La parte accionante no expuso cual la relevancia constitucional en la causa, teniendo en cuenta que lo dispuesto en la Resolución objetada, dio lugar a que se subsane el procedimiento, a efecto de evitar que en el futuro se presenten situaciones similares.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional. Asimismo, conforme el Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-004/2025-II de 30 de diciembre, se dispuso la devolución y nuevo sorteo de expedientes pendientes de resolución emergente de la cesación de cinco magistrados, en cumplimiento a dichas determinaciones, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Sentencia Coactiva 211/21 de 29 de noviembre de 2021, emitida por el Juez Público Civil y Comercial Decimoprimero de la Capital del departamento de Santa Cruz, dentro del proceso coactivo civil planteado por Cándido Vargas Rivero en representación de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta "Jesús Nazareno" R.L. en contra de Marisol Negrete Aguirre y Willan Méndez Méndez, que declaró probada la demanda de ejecución coactiva y ordenó a la parte ejecutada que, en el plazo de tres días haga efectivo el pago de la deuda, pudiéndose interponer las excepciones establecidas por el CPC, dentro de los cinco días perentorios posteriores a la citación (fs. 4 a 5 vta.) II.2. Constan formularios de notificación de 31 de enero de 2022, elaborado por la oficial de diligencias del mencionado juzgado, que en dicha fecha se citó por cédula fijada en el Barrio Hamacas, Avenida Beni, Zona Norte, Casa 3320 a Marisol Negrete Aguirre y Willan Méndez Méndez con la Sentencia Coactiva 211/21 de 29 de noviembre de 2021 (fs. 10 a 11). II.3. Por memorial presentado el 7 de febrero de 2022, ante el citado juzgado, Marisol Negrete Aguirre y Willan Méndez Méndez, interpusieron incidente de extinción por inactividad procesal; alegando que, debían ser emplazados con la Sentencia 211/21 hasta el 25 de enero de 2022; sin embargo, dicho acto procesal se realizó seis días después (fs. 12 a 13 vta.). II.4. Mediante Auto Interlocutorio de 25 de febrero de 2022, el Juez Público Civil y Comercial Decimoprimero de la Capital del citado departamento, rechazó el incidente planteado, manifestando que el plazo se encontraba suspendido, primero en razón de la vacación judicial -del 7 al 31 de diciembre de 2021, retornando las actividades el 3 de enero de 2022-; posteriormente, debido a la baja médica de la Oficial de Diligencias de dicho despacho judicial y de su autoridad -del 7 al 20 de enero del mismo año-, lapso en el que no se designó personal suplente (fs. 20 a 21 vta.).
II.5. Por memorial presentado el 29 de marzo de 2022, los demandados interpusieron recurso de reposición bajo alternativa de apelación en contra del señalado Auto Interlocutorio, reposición que fue rechazada a través del Auto Interlocutorio de 19 de abril de igual año; empero, determinando la admisión de la apelación (fs. 24 a 26 vta. y 41 a 42). II.6. Cursa Auto de Vista 319/2022 de 26 de julio, emitido por la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública Quinta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; por el cual, se resolvió el recurso de apelación antes referido, determinando la nulidad de obrados (fs. 50 a 52 vta.).
La parte accionante denunció la vulneración de su derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia, pertinencia de las resoluciones judiciales, valoración objetiva y razonable de los actos del proceso e interpretación y aplicación objetiva de la ley; asimismo, transgresión a los principios de legalidad, seguridad jurídica, verdad material y tutela judicial efectiva; toda vez que, la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública Quinta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz -ahora demandada-, resolvió el rechazo del incidente de extinción de instancia por inactividad procesal, manifestando que el mismo no era aplicable en el caso; empero, contradictoriamente dispusieron la nulidad de obrados, alegando la indefensión cuando los apelantes en ningún momento observaron u objetaron la diligencia de citación con la demanda y sentencia coactiva respectivas. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Al respecto, la SCP 1179/2025-S3 de 30 de septiembre, citando el entendimiento de la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero, reiterada por la SCP 1309/2025-S3 estableció lo siguiente:
…El derecho a una resolución fundamentada y motivada, como uno de los elementos del debido proceso, reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), fue desarrollado en la amplia jurisprudencia constitucional, siendo uno de los antecedentes, el entendimiento contenido en la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre, la cual establece como exigencia del debido proceso, que toda resolución debe exponer los hechos y el fundamento legal de la decisión, de manera que en caso de omisión, se estaría vulnerando dicho derecho. Posteriormente, en la SC 0946/2004-R de 15 de junio, se aclara que esta garantía es aplicable también en procesos administrativos y disciplinarios.
En la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, se determinan los requisitos que deben contener toda resolución jurisdiccional o administrativa con la finalidad de garantizar el derecho a la fundamentación y motivación como elemento configurativo del debido proceso, así en su Fundamento Jurídico III.3, señala: …a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado. (…) Por su parte, la SC 0802/2007-R de 2 de octubre se refiere a los supuestos de motivación arbitraria; empero, es la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre la 1El Cuarto Considerando, señala: “…el derecho al debido proceso, que entre su ámbito de presupuestos exige que toda Resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos y al margen de ello, la fundamentación legal que sustenta la parte dispositiva de la misma.
(…) consecuentemente cuando un Juez omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión arbitraria y dictatorial que vulnera de manera flagrante el citado derecho que otorga a las partes saber el porqué de la parte dispositiva de un fallo o Resolución”. 2El FJ III.3 indica que: “…la garantía del debido proceso no es únicamente aplicable en el ámbito judicial, sino también en el administrativo y disciplinario, cuanto tenga que determinarse una responsabilidad disciplinaria o administrativa e imponerse una sanción como ha ocurrido en el presente caso”.
3El FJ III.4, expresa: “Consiguientemente, aplicando los principios informadores del derecho sancionador, las resoluciones pronunciadas por el sumariante y demás autoridades competentes deberán estar fundamentadas en debida forma, expresando lo motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba. Fundamentación que no podrá ser reemplazada por la simple relación de los documentos y presentación de pruebas o los criterios expuestos por las partes, y en los casos en los que existan coprocesados, resulta primordial la individualización de los hechos, las pruebas, la calificación legal de la conducta y la sanción correspondiente a cada uno de ellos en concordancia con su grado de participación o actuación en el hecho acusado”.
4El FJ III.1, manifiesta: “En ese marco, se tiene que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión está dado por sus finalidades implícitas, las que contrastadas con la resolución en cuestión, dará lugar a la verificación de su respeto y eficacia. Estas son: (1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, que desarrolla el contenido esencial del derecho a una resolución fundada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son: a) El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad; b) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; c) Garantizar la posibilidad del control de la resolución a través de los medios de impugnación; d) Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad y, e) La observancia del principio dispositivo que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes -quinta finalidad complementada por la SCP 0100/2013 de 17 de enero-. Respecto a la segunda finalidad, tanto la SCP 2221/2012 como la SCP 0100/2013, señalan que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión sin motivación, con motivación arbitraria, insuficiente y por la falta de coherencia del fallo. Ejemplificando refiere, que la decisión sin motivación se presenta cuando la resolución no da razones que la sustenten; en tanto que la motivación arbitraria es la que sustenta la decisión con fundamentos y consideraciones meramente retóricas o cuando deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso; la motivación insuficiente, cuando no se da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; finalmente, la falta de coherencia del fallo se da, en su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión -por tanto-; en su traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; (3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, (4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad. Estos elementos se desarrollarán a continuación: (…)
(2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia. (…) b) En correspondencia con lo anterior, la arbitrariedad puede estar expresada en: b.1) Una `decisión sin motivación´, o extiendo esta es b.2) Una `motivación arbitraria´; o en su caso, b.3) Una `motivación insuficiente´.
c) La arbitrariedad también se expresa en la falta de coherencia, o incongruencia de la decisión (principio de congruencia), cuando el conjunto de las premisas, -formadas por las normas jurídicas utilizadas para resolver el caso, más los enunciados fácticos que describen los hechos relevantes- no son correctas, fundadas y si, además, su estructura también no lo es. Esto, más allá si la resolución que finalmente resuelva el conflicto es estimatoria o desestimatoria a las pretensiones de las partes. Es decir, como señala Robert Alexy, se trata de ver si la decisión se sigue lógicamente de las premisas que se aducen como fundamentación”.
5El FJ III.2, señala: “A las cuatro finalidades implícitas que determinan el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión cuáles son: 1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) la Constitución formal, es decir, el texto escrito; y, 1.b) los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de razonabilidad y el principio de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; 4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad (SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, se suma un quinto elemento de relevancia constitucional; y, 5) La exigencia de la observancia del principio dispositivo.
dimensión externa, implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, tienen su antecedente en la SC 0863/2003-R de 25 de junio, así como en la SC 0358/2010 de 22 de junio, estableciendo que en el ámbito procesal, el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, sino que además implica la concordancia del fallo, es decir su coherencia interna, entendimiento que fue reiterado en la SCP 1915/2012 de 12 de octubre, entre otras. Por su parte, respecto a la congruencia de las resoluciones de segunda instancia, la SC 0682/2004-R de 6 de mayo, señala que el pronunciamiento debe guardar correspondencia con los agravios de la apelación y la contestación de alzada. En resumen, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional glosada, una resolución será arbitraria cuando carezca de motivación o ésta sea arbitraria o insuficiente; asimismo, cuando la resolución no tenga coherencia o congruencia interna o externa. Ahora bien, la jurisprudencia precedentemente citada debe ser complementada a partir de la relevancia constitucional que tenga la alegada arbitraria o insuficiente fundamentación y motivación de las resoluciones, es decir, que deberá analizarse la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo 6El FJ III.3, establece: “Que, al margen de ello, también cabe reiterar que el art. 236 CPC, marca el ámbito de contenido de la resolución a dictarse en apelación, pues estipula que la misma, deberá circunscribirse precisamente a los puntos resueltos por el inferior y que además hubieran sido objeto de apelación y fundamentación, de manera que el Juez o tribunal ad-quem, no puede ir más allá de lo pedido, salvo en los casos en que los vicios de nulidad constituyan lesiones a derechos y garantías constitucionales como cuando la nulidad esté expresamente prevista por ley”.
7El FJ III.3.1, indica: “De esa esencia deriva a su vez la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, en materia penal la congruencia se refiere estrictamente a que el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial o administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes”.
8El FJ III.2, refiere: “La abundante jurisprudencia del extinto Tribunal Constitucional, ha señalado con relación al principio de congruencia -que es determinante en cualquier proceso judicial o administrativo- como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, que implica la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, que debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y juicios de valor emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan la razón que llevó a la determinación que se asume (SC 1619/2010-R de 15 de octubre). Bajo ese razonamiento, el principio de congruencia forma parte de derecho-garantía-principio del debido proceso, contemplado en el art. 115.I de la CPE”.
9El FJ III.1, manifiesta: “Además de ello, toda resolución dictada en apelación, no sólo por disposición legal sino también por principio general, debe sujetarse a los puntos de apelación expuestos por la parte apelante, que se entiende deben estar relacionados con lo discutido ante el juez a quo. Para el mismo objetivo -resolver la apelación-, también el juez ad quem, si se trataran de varias apelaciones y deba resolverlas en una sola resolución deberá individualizar a las partes, lo que supone también, la individualización de sus pretensiones y resolverlas de la misma forma; pues en el único caso que podrá dirigirse en su fundamentación a dos o más apelantes, será cuando éstos hubieran coincidido en sus argumentos al presentar su apelación, o varios hubieran presentado apelación en forma conjunta. Ahora bien, la misma obligación que tiene el juez ad quem frente a los apelantes, también debe cumplirla frente a la parte adversa, para el caso de que el procedimiento aplicable admita que la misma pueda responder al recurso, pues omitir las consideraciones a la respuesta igual que no responder a los puntos de apelación, resulta arbitrario y por lo mismo, daría lugar a una omisión indebida plasmada en la resolución que resuelve la apelación”.
constitucional; pues, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; consiguientemente, a partir de una interpretación previsora, si bien la arbitraria o insuficiente fundamentación, aún carezca de relevancia, deberá ser analizada por el Tribunal Constitucional Plurinacional; empero, corresponderá denegar la tutela por carecer de relevancia constitucional, con la aclaración que este entendimiento es únicamente aplicable a la justicia constitucional que no exigirá para efectuar el análisis, que la o el accionante cumpla con carga argumentativa alguna” (negrillas y el subrayado corresponden al texto original).
Con relación a los presupuestos de la nulidad procesal, como una especie de la sanción procesal, la SCP 0207/2018-S2 de 23 de mayo, luego de sistematizar la jurisprudencia constitucional que establece que reconoce que la nulidad procesal se halla regida por principios que se encuentran reconocidos por la normativa procesal civil, concluyó que:
…En síntesis, la declaración de nulidad de obrados, aun sea de oficio, debe efectuarse previo análisis de la irregularidad procesal, sobre la base del tamiz de los principios que líneas arriba se mencionó; los cuales regulan las nulidades procesales, como son el principio de especificidad o legalidad, en este caso, considerando su relatividad en virtud de la nulidad implícita o virtual, que nos referiremos en el acápite siguiente; los principios de finalidad del acto; de trascendencia; y, de convalidación, que se encuentra vinculado directamente con el de preclusión. (el resaltado es añadido)
Con relación a la declaratoria de oficio de la nulidad procesal, la SCP 0207/2018-S2, luego de sistematizar la línea jurisprudencial referida, la facultad del tribunal de apelación para declarar la nulidad de oficio, dio cuenta que:
…la SCP 1357/2013 de 16 de agosto[16], efectuando una interpretación desde y conforme a la Constitución Política del Estado y a los textos de la Ley del Órgano Judicial y del Código de Procedimiento Civil vigente en ese momento, con referencia a la atribución de los jueces de alzada, efectuó una mutación implícita al entendimiento de la SCP 1402/2012, señalando que la nulidad no procederá solamente ante irregularidades reclamadas oportunamente, sino también de oficio, cuando el juez o tribunal se halle frente a una evidente violación constitucional; dicho criterio fue reiterado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0182/2015-S3 de 6 de marzo[17] y 0926/2015-S3 de 29 de septiembre[18], entre otras. Ya en el marco de las normas del Código Procesal Civil, la SCP 0691/2015-S1 de 26 de junio, indicó que también el tribunal de apelación puede declarar la nulidad de oficio. En síntesis, de la jurisprudencia constitucional glosada se evidencia que tanto los tribunales de apelación como los de casación, tienen facultad para declarar de oficio la nulidad de obrados.
Los impetrantes de tutela denunciaron la vulneración de su derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia, pertinencia de las resoluciones judiciales, valoración objetiva y razonable de los actos del proceso e interpretación y aplicación objetiva de la ley; asimismo, transgresión a los principios de legalidad, seguridad jurídica, verdad material y tutela judicial efectiva; puesto que, el tribunal demandado, pese a que resolvió el rechazo del incidente de extinción de instancia por inactividad procesal, dispuso la nulidad de obrados. Una vez identificada la problemática planteada, corresponde a continuación contextualizar los antecedentes de la presente causa; teniéndose que, conforme las Conclusiones II.1 a II.6, Cándido Vargas Rivero en representación de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta "Jesús Nazareno" R.L., interpuso una demanda coactiva civil contra Marisol Negrete Aguirre y Willan Méndez Méndez ante el Juez Público Civil y Comercial Decimoprimero de la Capital del departamento de Santa Cruz; autoridad que, declaró probada la misma a través de la Sentencia Coactiva 211/21 de 29 de noviembre de 2021, ordenando a la parte ejecutada que, en el plazo de tres días computables desde la citación con la misma, haga efectivo el pago de la deuda. Posteriormente, mediante memorial presentado el 7 de febrero de 2022, ante el Juez Público Civil y Comercial Decimoprimero de la Capital del departamento de Santa Cruz, los demandados interpusieron incidente de extinción por inactividad procesal; el cual, fue rechazado a través del Auto Interlocutorio de 25 de febrero de igual año, manifestando que el plazo se encontraba suspendido, primero en razón de la vacación judicial -del 7 al 31 de diciembre de 2021, retornando a las actividades el 3 de enero de 2022-; y, posteriormente, debido a la baja médica de la Oficial de Diligencias de dicho despacho judicial y de su autoridad, -del 7 al 20 de igual mes y año-, lapso en el que no se designó personal suplente. Contra dicho Auto Interlocutorio, los incidentistas -terceros interesados-, interpusieron recurso de reposición bajo alternativa de apelación, que mereció como respuesta el rechazo de la reposición y la concesión de la apelación alterna; resolviendo la Sala Civil, Comercial, Familiar, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública Quinta del Tribunal Departamental de Justicia del indicado departamento, determinar la nulidad de obrados a través del Auto de Vista 319/2022 de 26 de julio. El citado Auto de Vista, hoy impugnado, a tiempo de resolver el recurso de apelación planteado, desglosó previamente el contenido del incidente de extinción por inactividad, la contestación presentada por el accionante, el Auto Interlocutorio de 25 de febrero de 2025 y el recurso de reposición bajo alternativa de apelación planteado en contra de la resolución citada; como fundamentos de su decisión, señaló los siguientes: i) De la lectura de los datos del proceso, se verificó que el juez de instancia admitió y tramitó el incidente de extinción procesal, al tenor del art. 247.1 núm 1) del CPC, desconociendo las características propias de los procesos coactivos, en los cuales si bien es cierto que se dicta sentencia inicial conforme establece el art. 404 de la citada normativa, no es menos cierto que dicha resolución no puede asimilarse a un auto de admisión de la demanda, requisito sine qua non para que opere la extinción procesal por dicha causal. ii) Si bien la parte coactivada introdujo como medio de defensa un instituto no aplicable a los procesos coactivos, no es menos cierto que el juez consintió en dicho error, interpretando de manera equivocada la norma civil, pues era su obligación corregir el procedimiento y advertir a la parte del error cometido; sin embargo, de ello, la autoridad judicial tramitó un incidente inapropiado, generando incertidumbre jurídica y privando a la parte ejecutada de acceder a las excepciones oportunamente. iii) En el caso, correspondía el rechazo ¡n limine del incidente, a efecto de que la parte coactivada plantee excepciones; en consecuencia, como el error judicial es imputable al órgano jurisdiccional, en atención a los principios de favorabilidad y pro homine, corresponde se respete el plazo para que los coactivados; si así lo consideran pertinente, presenten las excepciones procesales del caso; por lo que, se anuló obrados hasta el memorial de interposición del incidente de extinción por inactividad.
Hecha esa relación corresponde precisar que conforme a lo expuesto en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo, la jurisprudencia constitucional, ha establecido que el derecho a tener una resolución jurisdiccional debidamente fundamentada y motivada, es un elemento del derecho al debido proceso, cuyo contenido esencial está dado por sus finalidades implícitas de sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad, de lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria, de garantizar la posibilidad del control de la resolución por medio de los recursos, de permitir el control social de la misma; y, la observancia del principio dispositivo; vinculado con la segunda finalidad mencionada, la arbitrariedad puede presentarse por ejemplo: a) Cuando las decisiones no explican las razones por las que se determinó asumir cierto criterio, en cuyo supuesto se estará frente a una resolución sin motivación; b) Cuando se evidencie una decisión motivada en cuestiones meramente retóricas, apartadas de derecho, o cuando en la labor de valoración probatoria, las autoridad jurisdiccionales se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y/o equidad, omitieron de manera arbitraria la consideración de la prueba y/o basaron su decisión en una prueba inexistente, se tendrá que es una resolución con motivación arbitraria; c) Cuando no se da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes, se trata de una decisión con motivación insuficiente; y, d) Cuando la falta la coherencia del fallo; que en su dimensión interna, se presenta cuando no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión; o, en su dimensión externa, por falta de correspondencia de lo decidido con lo solicitado o impugnado por las partes; asimismo, la justificación de la decisión judicial exige que se cumpla con la debida fundamentación que se refiere a la cita de normas legales, sustantivas y adjetivas que sustentan la decisión y la justificación de la utilización de esa normativa legal; y en su caso, de interpretarlas de una determinada manera.
Ahora bien, en el caso examinado, los Vocales demandados señalaron inicialmente que por la naturaleza del proceso coactivo civil, no debía tramitarse el incidente de extinción del proceso por inactividad, ya que ni siquiera se lo debió admitir porque debió ser rechazo in limine, efecto de que la parte coactivada acceda al medio de defensa idónea que son las excepciones; acotando que, dado que el error es imputable al Órgano Judicial, el plazo para que la parte coactivada oponga excepciones correría a partir de la notificación; con base a lo cual, determinó la nulidad de obrados hasta fs. 341.
En cuanto a la fundamentación, si bien es cierto que las autoridades demandadas han citado el art. 180 de la CPE, los arts. 265 y 106.I del CPC, el art. 17.I de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) -Ley 025-; así como el Auto Supremo 1222/2018 de 11 de diciembre, referida a la facultad de declarar la nulidad procesal de oficio; asimismo, la SCP 0011/2021-S3 de 19 de febrero, que aplica el entendimiento relativo a que en mérito al principio de subsidiariedad, debe examinarse únicamente el Auto de Vista y no la resolución de primera instancia; se tiene que, no han tomado en cuenta el entendimiento jurisprudencial citado en el Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo constitucional que establece que “la declaración de nulidad de obrados, aun sea de oficio, debe efectuarse previo análisis de la irregularidad procesal, sobre la base del tamiz de los principios”, que regulan las nulidades procesales como son esencialmente los de especificidad o legalidad, finalidad del acto, trascendencia y de convalidación, mismos que constituyen presupuestos de la nulidad procesal, tal como ha establecido la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo.
En ese marco, los Vocales, no precisan cual sería el defecto de la citación a los demandados con la demanda coactiva civil y menos aún precisan como se tiene por cumplido el principio de legalidad; es decir, qué norma legal sanciona con nulidad la citación con la demanda por el hecho de haberse admitido y tramitado un incidente de extinción del proceso inactividad.
Asimismo, resulta evidente la motivación arbitraria en la que incurren las autoridades demandadas en cuanto a determinación -se entiende de la nulidad de obrados hasta la citación con demanda coactiva civil y la sentencia- para permitir que los demandados en el proceso coactivo puedan tener un nuevo plazo para oponer excepciones; toda vez que, no señalan si la anterior citación cumplió o no su finalidad de hacerles saber a los demandados el planteamiento de la demanda coactiva civil en su contra; y menos aún, examinan si los hipotéticos defectos de la citación de la demanda y sentencia fueron o no convalidados por los demandados; es decir, si denunciaron o no su eventual indefensión por falta o defectuosa citación.
En suma, resulta evidente la arbitrariedad en la motivación de la determinación anulatoria asumida por los Vocales demandados; puesto que, esa disposición y en particular el alcance de la invalidación no se halla justificada debidamente, lo cual vulnera el derecho al debido proceso; asimismo, al no estar justificada debidamente el ejercicio de la facultad de oficio para declarar la nulidad de obrados, tal determinación resulta excesiva y por lo mismo incompatible con el principio congruencia; consecuentemente, siendo evidentes las vulneraciones denunciadas, corresponde conceder la tutela solicitada.
Finalmente, en el marco de la facultad prevista por el art. 28.II del Código Procesal Constitucional (CPCo), dado el tiempo transcurrido desde la interposición de esta acción tutelar hasta la fecha de emisión del presente fallo constitucional, tiempo durante el cual pudo haberse llevado a cabo la ejecución, a objeto de no generar disfunciones procesales y afectar eventuales derechos de tercero, corresponde dimensionar los efectos del presente fallo constitucional, condicionando la emisión de un nuevo Auto de Vista al estado de la causa y manteniendo la validez de los actos de ejecución que se pudieron haber realizado con posterioridad a la emisión del Auto de Vista 319/2022 de 26 de julio. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela solicitada, no obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 170/2022 de 28 de noviembre, cursante de fs. 103 a 108 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, conforme a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° Disponer lo siguiente:
a) Dejar sin efecto el Auto de Vista 319/2022 de 26 de julio, emitido por la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública Quinta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, b) Que las autoridades demandadas o quienes ocupen sus cargos, emitan un nuevo Auto de Vista conforme a los fundamentos expuestos en el presente fallo constitucional, siempre y cuando no haya continuado o finalizado la ejecución. 3° Dimensionar los efectos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, manteniendo la validez de los actos de ejecución que se pudieron haber realizado con posterioridad a la emisión del Auto de Vista 319/2022 de 26 de julio. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO Fdo. Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0679_2026-S3.pdf · páginas 1 a 14.
Huella digital del PDF (SHA-256): df228eb43760e756161f3fdf1d1952cc4c1aa1624a6cb59ae6152e13c1baf9ee
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