Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 20 de agosto de 2024
Deniega la tutela
La accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la propiedad y al debido proceso en su elemento de fundamentación; puesto que, los Vocales ahora accionados al emitir el Auto de Vista de 26 de abril de 2021, no aplicaron correctamente lo establecido por los arts. 187, 188 y 189 del CFPF, al rechazar su demanda de división de cosa común -respecto a un lote de terreno del cual alega ser copropietaria por ser un bien ganancial-; por no encontrarse registrado su derecho propietario en la Oficina de DD.RR.; incurriendo además, en contradicciones y no estar debidamente fundamentada su decisión. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 165/2022 de 4 de noviembre, cursante de fs. 503 a 505 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0679/2024-S3 Sucre, 20 de agosto de 2024 SALA TERCERA Magistrado Relator: Dr. Petronilo Flores Condori Acción de amparo constitucional Expediente: 51718-2022-104-AAC Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 165/2022 de 4 de noviembre, cursante de fs. 503 a 505 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Máxima Cordero Senzano, contra Janeth Rivas Solis y Gualberto Terrazas Ibañez, ambos Vocales de la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba.
La accionante, por memoriales presentados el 17 y 26 de agosto de 2022, cursante de fs. 430 a 436; y, 440 a 442, manifestó lo siguiente:
Mediante documento privado de 26 de marzo del 2005, su esposo Oscar Céspedes, y el hermano de este -Juan Céspedes-, adquirieron un lote de terreno con una extensión de superficie de 13 106,78 m, correspondiendo a cada uno de ellos el 50 % de acciones y derechos, -una extensión de 6 553,39 m-. Al adquirirse dicho lote de terreno durante la vigencia de su matrimonio que data del 27 de septiembre de 1997, le corresponde la superficie de 3 276,69 m, que es la mitad de la parte que le corresponde a su esposo. Asimismo, resulta que su esposo, en su calidad de garante y Mario Saldias Castellón -deudor principal-, contrajeron una obligación pecuniaria de Raúl Vargas Rosales y Emiliana Aquino Saravia; empero, al no cancelarse esa obligación, los acreedores iniciaron demanda ejecutiva hasta lograr el remate del lote de terreno, procediéndose a la adjudicación y venta judicial de las acciones y derechos del 50% que le corresponde a Oscar Céspedes en favor de Remberto Pinto Morales.
Posteriormente, por su parte, inició un proceso judicial de reivindicación, el mismo que fue rechazado mediante Auto de 29 de noviembre de 2019, con el fundamento de que, el lote de terreno al ser un bien perteneciente a la comunidad ganancial, su derecho propietario ya se encontraba reconocido por la ley; por lo que, no era preciso que vuelva a reconocerse el mismo, ni que figure su nombre -se entiende en los registros de la Oficina de Derechos Reales (DD.RR.)-; por consiguiente, “…no es posible la reivindicación de derecho y acciones de un bien en lo proindiviso…” (sic); más aún, cuando su derecho de propiedad ya estaba reconocido. En mérito a ese antecedente, el 2 de octubre de 2020, presentó una demanda -por la vía civil- de “división de cosa común”; ya que, al ser la ex esposa de Oscar Céspedes le corresponde “la mitad del 50 %” de las acciones y derechos del lote de terreno con superficie de 6 553,39 m. Sin embargo, el Juez Público Civil y Comercial Séptimo -se entiende de la Capital del departamento de Cochabamba-, mediante Auto de 9 de igual mes y año, rechazó su demanda por no demostrarse la inscripción de su derecho propietario en registros de la Oficina de DD.RR., más aún si dicho inmueble se encuentra registrado a nombre de una tercera persona. Contra el Auto de 9 de octubre de 2020, el 10 de diciembre de igual año, formuló recurso de apelación, el mismo que fue resuelto por los Vocales ahora accionados, a través del Auto de Vista de 26 de abril de 2021. En la emisión del Auto de Vista de 26 de abril de 2021, los Vocales hoy accionados efectuaron una “…mala aplicación de las leyes (…) cuando manifiesta que es requisito que el nombre de la peticionante debe estar en el registro de DDRR…” (sic); ya que no tomaron en cuenta lo establecido por los arts. 187, 188 y 189 del Código de las Familias y del Procedimiento Familiar (CFPF); puesto que, los bienes comunes y gananciales les corresponden a ambos esposos, a pesar de estar inscrito a nombre de uno solo de los cónyuges. Por otra parte, el Auto de Vista de 26 de abril de 2021 hoy impugnado, incurrió en las siguientes contradicciones: En el Auto de 29 de noviembre de 2019 -que rechazó la demanda de reivindicación-, señaló que aunque el “inmueble” -lote de terreno- únicamente este registrado a nombre de uno de los cónyuges, el derecho propietario de su persona ya está reconocido por ley a través de la comunidad de gananciales; sin embargo, en el Auto de 9 de octubre de 2020, rechazó la división de cosa común indicando que su nombre no está inscrito o que el derecho propietario, no se encuentra inscrito en la matrícula computarizada de los registros de la Oficina de DD.RR., -se entiende en el folio real-; ya que, ese tipo de demanda es viable para los copropietarios; empero, en el caso concreto su nombre no estaría como tal. Asimismo, refirió en el proceso ejecutivo que se tramitó contra Oscar Céspedes -su esposo-, que su persona fue de alguna manera beneficiada como cónyuge en el préstamo de dinero adquirido; Por consiguiente, el señalado Auto de Vista resulta contradictorio; puesto que, Oscar Céspedes no era el deudor sino únicamente garante de dicho préstamo. Del mismo modo, en los puntos 1 y 2 del mencionado Auto de Vista, se hizo referencia a que tuvo los mecanismos necesarios para que no se efectúe la subasta; empero, con esa afirmación se le desconoce, como cónyuge y copropietaria del bien inmueble, no era parte de la demanda ejecutiva, y aprovechando que no estaba inscrito a su nombre -se entiende el lote de terreno-, proceden a rematarlo; lo cual resultaría contradictorio con el punto 3 del mismo Auto de Vista, que señala que ya estaría reconocido por la comunidad de bienes gananciales. Finalmente, el Auto de Vista de 26 de abril del 2021, carece de fundamentación; ya que, únicamente se efectúo una relación cronológica de las demandas de reivindicación y división de la cosa común.
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la propiedad y al debido proceso en su elemento de fundamentación, citando al efecto el art. 56 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga: a) Dejar sin efecto el Auto de Vista de 26 de abril de 2021, emitido por los Vocales hoy accionados que confirmó el Auto de 9 de octubre de 2022; b) La emisión de una nueva “resolución”, con la correspondiente fundamentación, motivación y se proceda con las formalidades de ley de su demanda; y, c) La condenación en costas procesales y multas a la “parte accionada”.
Celebrada la audiencia virtual el 4 de noviembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 502 y vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante no asistió a la audiencia de consideración de la acción tutelar pese a su citación cursante a fs.476.
Gualberto Terrazas Ibáñez, -actual- Vocal de la Sala Familiar, Niñez y Adolescencia; y, Janeth Rivas Solis, Vocal de la Sala Civil Primera, ambos del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante informe presentado el 5 de septiembre de 2022, cursante de fs. 450 a 452 vta., manifestaron que: 1) No resulta evidente que se vulneró el derecho a la propiedad, tampoco existió falta de fundamentación en el Auto de Vista de 26 de abril de 2021; puesto que, al resolver el recurso de apelación contra el Auto de 9 de octubre de 2020, se realizó una relación de lo expuesto y de los antecedentes del proceso, lo que les permitió arribar a la convicción de que el citado Auto, que rechazó la demanda de división y partición de cosa común planteada por la accionante, con el fundamento de que su eventual derecho como copropietaria del inmueble no se encuentra inscrito en la Oficina de DD.RR., ni se acreditó judicialmente la calidad de bien ganancial, a efecto de que sea oponible ante terceros y que ese instituto jurídico debe ser solicitado solamente por uno de los copropietarios que tenga su título de dominio inscrito en la mencionada Oficina, conforme prevén los arts. 167 y 1538 del Código Civil (CC); más aún si las acciones y derechos reclamados, se encuentran inscritos a nombre de Remberto Pinto Morales, lo cual hace inviable la petición de división de cosa común; 2) Se activa la tutela constitucional cuando la denuncia de la vulneración del derecho al debido proceso emerge de la carencia de motivación de las resoluciones judiciales, o que estas sean emitidas sin una correcta valoración de los elementos probatorios; por consiguiente, se aparten ostensiblemente de la jurisprudencia vinculante, sin ofrecer motivación suficiente; en ese orden, el Auto de Vista de 26 de abril de 2021, se encuentra debidamente fundamentado y motivado al citar los preceptos legales en los que se estableció la determinación asumida, haciendo referencia a los razonamientos lógico jurídicos que permiten entender que en el caso en debate se justifica el rechazo de la demanda; puesto que, no se enmarca a la normativa sustantiva prevista para la procedencia del señalado proceso de división de cosa común; asimismo, conforme con el art. 559 del CC, determina que la anulabilidad no perjudica a terceros adquirentes de buena fe y a título oneroso; y, 3) El citado Auto de Vista explica de manera razonable el porqué de la decisión asumida, citando la normativa procesal aplicable, exponiendo con claridad los motivos que sustentan la misma, sin crear incertidumbre en lo justiciables y menos constatarse vulneración alguna al derecho de la “copropiedad” de la accionante, tampoco que exista vulneración al derecho al debido proceso por falta de fundamentación y motivación constitucionalmente relevante; por lo que, solicita se deniegue la tutela solicitada.
Oscar Céspedes, a través de su abogado, en audiencia manifestó que: i) Es el esposo de la accionante; asimismo, señala que esta acción de amparo constitucional se funda en el bien inmueble que se encuentra en litigio; y, ii) De acuerdo a la comunidad de gananciales, el referido bien inmueble ejecutado en la vía civil, correspondía el 50 % a cada uno -se entiende de los esposos-; y al ejecutar dicho bien inmueble en su totalidad, sin respetar las acciones y derechos de su esposa -accionante-, se vulneró el derecho de la nombrada al no respetar su “cuota parte”; acto que, los Vocales hoy accionados están consintiendo al pronunciar el Auto de Vista de 26 de abril de 2021, que carece de fundamentación y motivación; ya que, solo se efectuó una relación cronológica de los hechos y no se explicó fundadamente los agravios sufridos por la accionante.
La Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante Resolución 165/2022 de 4 de noviembre, cursante de fs. 503 a 505 vta., denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: a) La demanda de división de cosa común, fue radicada en el Juzgado Público Civil y Comercial Séptimo de la Capital de departamento de Cochabamba, y rechazada a través del Auto de 20 de octubre de 2020; ante lo cual la accionante formuló recurso de apelación, radicando el mismo en la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, que emitió el Auto de Vista de 26 de abril de 2021, que confirmó el Auto de 9 de octubre de 2020, siendo notificada la accionante el 19 de enero de 2022; y, b) No existe duda de que la accionante fue notificada en la referida fecha, con el citado Auto de Vista; empero, la presente acción de defensa, se presentó el 17 de agosto de ese año; es decir, posterior a los seis meses de la notificación con el señalado Auto de Vista; en consecuencia, en mérito a lo establecido por el art. 129.II de la CPE y el art. 55.I del Código Procesal Constitucional (CPCo), se tiene que la presentación de esta acción excedió el término previsto -seis meses-, precluyendo sus derechos, como lo estableció la SC 1157/2003-R de 15 de agosto, citada a su vez por la SC 0521/2010-R de 5 de julio; por lo que no tiene “mérito” la tutela solicitada, con la aclaración de que no se ingresó a analizar el fondo de la problemática planteada.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Auto de Vista de 26 de abril de 2021, a través del cual, Gualberto Terrazas Ibañez y Janeth Rivas Solis, Vocales de la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba -ahora accionados- confirmaron el Auto de 9 de octubre de 2020, sin costas ni costos (fs. 421 a 423). Asimismo, consta la notificación con dicho Auto de Vista a Máxima Cordero Senzano -hoy accionante-, el 19 de enero de 2022 (fs. 424).
II.2. Consta el cargo de recepción de esta acción de amparo constitucional presentada por la accionante contra los Vocales hoy accionados, consignándose la fecha de 17 de agosto de 2022 (fs. 436 vta.)
La accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la propiedad y al debido proceso en su elemento de fundamentación; puesto que, los Vocales ahora accionados al emitir el Auto de Vista de 26 de abril de 2021, no aplicaron correctamente lo establecido por los arts. 187, 188 y 189 del CFPF, al rechazar su demanda de división de cosa común -respecto a un lote de terreno del cual alega ser copropietaria por ser un bien ganancial-; por no encontrarse registrado su derecho propietario en la Oficina de DD.RR.; incurriendo además, en contradicciones y no estar debidamente fundamentada su decisión. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SC 1039/2010-R de 23 de agosto, entre otras, estableció en cuanto al principio de inmediatez el siguiente entendimiento: “La inmediatez, es una condición esencial para que el control de constitucionalidad pueda operar a través del amparo constitucional, en virtud a este presupuesto de orden procesal-constitucional, éste se consagra como un mecanismo caracterizado por su prontitud y efectividad para brindar la tutela debida.
En efecto, la inmediatez del amparo constitucional encuentra su génesis en el art. 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que taxativamente manda a los estados miembros del sistema interamericano de protección de Derechos Humanos, disciplinar a favor de las personas un recurso sencillo, rápido y efectivo para la defensa de sus derechos reconocidos en la Constitución, la ley o la citada Convención, precepto que debe ser fielmente cumplido en virtud al principio ‘pacta sunt servanda’.
Por lo señalado, siguiendo el criterio desarrollado supra, se infiere que la acción de amparo, es un mecanismo sencillo, rápido y efectivo para la protección de Derechos Fundamentales no tutelados por otros recursos específicos, en ese contexto, esencialmente la rapidez como característica del principio de inmediatez se encuentra circunscrita al plazo de seis meses para su interposición, criterio plasmado en el art. 129.II de la Constitución Política del Estado (CPE), en ese contexto, se tiene que el derecho para la petición de tutela constitucional a través de la acción de amparo fuera del citado plazo caduca, razón por la cual el órgano contralor de constitucionalidad no puede ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada”.
Con relación al cómputo del plazo de seis meses para la formulación de las acciones de amparo constitucional, la uniforme jurisprudencia constitucional, entre ellas, la contenida en la SCP 1463/2013 de 22 de agosto, estableció que: “Los arts. 128 y 129 de la CPE, establecen que la acción de amparo constitucional constituye un medio de tutela de carácter extraordinario y se rige esencialmente por los principios de subsidiariedad e inmediatez, que hacen a su naturaleza jurídica. El principio de inmediatez se caracteriza por tener una doble dimensión; positiva y negativa, la primera consistente en que el amparo constitucional es la vía idónea para la protección inmediata de derechos fundamentales y garantías constitucionales restringidos o suprimidos indebida o ilegalmente; la segunda, la activación de esta garantía jurisdiccional depende que su interposición se realice en un plazo razonable, que la Norma Fundamental fijó en seis meses computables a partir de la comisión del acto ilegal u omisión indebida del servidor público o del particular, o de notificado con la última decisión judicial o administrativa”.
La SCP 0376/2019-S1 de 12 de junio, estableció que: «Precisando los entendimientos asumidos por la jurisprudencia constitucional respecto al plazo de caducidad en la interposición del amparo constitucional, la SCP 1098/2016-S3 de 10 de octubre, señaló: “El art. 129.II de la CPE, en relación a la inmediatez establece que: ‘La acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computables a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial’; asimismo, el art. 55.I del Código Procesal Constitucional (CPCo), refiere expresamente que: ‘La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computables a partir de la comisión de la vulneración alegada o de conocido el hecho’”»
La accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la propiedad y al debido proceso en su elemento de fundamentación; puesto que, los Vocales ahora accionados al emitir el Auto de Vista de 26 de abril de 2021, no aplicaron correctamente lo establecido por los arts. 187, 188 y 189 del CFPF, al rechazar su demanda de división de cosa común -respecto a un lote de terreno del cual alega ser copropietaria por ser un bien ganancial-; por no encontrarse registrado su derecho propietario en la Oficina de DD.RR.; incurriendo además, en contradicciones y no estar debidamente fundamentada su decisión.
De la revisión de antecedentes se tiene que, con el Auto de Vista de 26 de abril de 2021, la accionante fue notificada el 19 de enero de 2022 (Conclusión II.1.). Conforme el cargo de recepción de esta acción de amparo constitucional, la misma fue presentada el 17 de agosto de 2022 (Conclusión II.2.), resulta evidente que esta acción de defensa fue interpuesta después de que se excedió el plazo de seis meses, previsto por los arts. 129.II de la CPE y 55.I del CPCo, como el término máximo que tiene la accionante para acudir ante la jurisdicción constitucional, vía acción de amparo constitucional, en busca de la tutela de sus derechos fundamentales y garantías constitucionales supuestamente vulnerados o amenazados de serlo.
Ahora bien, conforme estableció la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la acción de amparo constitucional presentada fuera del plazo legal de seis meses, caduca, razón por la cual el órgano contralor de constitucionalidad no puede ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada. Consecuentemente, al incumplir la accionante con el principio de inmediatez, en su dimensión negativa, que rige la acción de amparo constitucional, no es posible examinar el fondo de las denuncias formuladas por la accionante, razón por la cual corresponde denegar la tutela solicitada. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela solicitada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 165/2022 de 4 de noviembre, cursante de fs. 503 a 505 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Isidora Jiménez Castro
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0679_2024-S3.pdf · páginas 1 a 8.
Huella digital del PDF (SHA-256): ed6db91d779160e2a2260b53639c46f2f5f80c0838acf73ac7a447b3b03440a5
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