Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 15 de abril de 2026
Concede la tutela
El accionante denuncia la vulneración de la garantía del debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación y congruencia, así como el derecho a la tutela judicial efectiva; por cuanto, la Vocal demandada incurriendo en un acto ilegal y arbitrario, fuera del marco legal competencial -art. 398 del CPP-, y con argumentos forzados y parcializados a favor de la tercera interesada, dictó el Auto de Vista de 25 de abril de 2023, por el cual, anuló el Auto Interlocutorio de 11 de ese mes y año y ordenó a la autoridad jurisdiccional emita nueva resolución. Ante ello, la Vocal demandada sostiene que: 1) No resolvió ni ingresó a analizar alguna situación no denunciada como agravio por la tercera interesada; considerando además que, en delitos de violencia patrimonial y económica, se debe realizar un análisis integral del hecho y las circunstancias del caso conforme a la competencia delimitada por el art. […]
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 072/2023 de 22 de junio, cursante de fs. 118 a 120 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° Disponer dejar sin efecto el Auto de Vista de 25 de abril de 2023, y en su caso, la autoridad demandada o la que se encuentre en ejercicio emita otra resolución, en los términos desarrollados en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional; sea en el plazo de setenta y dos horas a partir de su conocimiento formal, salvo que, conforme al art. 28.II del Código Procesal Constitucional, por el transcurso del tiempo la situación del accionante ya se encuentre definida.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0678/2026-S2 Sucre, 15 de abril de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional Expediente: 56594-2023-114-AAC Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 072/2023 de 22 de junio, cursante de fs. 118 a 120 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Mario Mamani Loayza contra Zullma Raiza García Basualdo, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba.
Por memoriales presentados el 5 y 9 de junio de 2023, cursantes a fs. 1; 57 a 66 vta.; y, 70 a 72 vta., el accionante manifestó lo siguiente:
El 25 de febrero de 2022 se produjo un supuesto hecho con Celia Vargas Arispe, su expareja, -ahora tercera interesada-, en predios de su domicilio ubicado en el municipio de Sacaba. A raíz de la denuncia presentada por ella, el Ministerio Público, inició dos procesos penales en su contra: el primero por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, registrado con el Código Único de Denuncia (CUD) 310102032200333; y el segundo por la supuesta comisión del delito de violencia patrimonial y económica, registrada con el CUD 310102032200875. Ambos procesos se encuentran bajo el control jurisdiccional del Juzgado de Instrucción contra la Violencia hacia las Mujeres Segundo de la Capital del departamento de Cochabamba. En la primera denuncia, se emitió imputación formal y solicitud de medidas cautelares. Por Auto Interlocutorio de 7 de noviembre de 2022, la Jueza de la causa ordenó su libertad irrestricta; decisión que, aunque fue apelada por la tercera interesada, fue declarada inadmisible por la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante Auto de Vista de 2 de diciembre de igual año. Posteriormente, en virtud a la segunda denuncia, se dictó imputación formal y se pidieron medidas cautelares; sin embargo, antes de celebrarse dicha audiencia, la Jueza a quo, por Auto Interlocutorio de 10 de febrero de 2023, aceptó el incidente de acumulación de procesos formulado por su persona y ordenó que la segunda denuncia sea acumulada a la primera, determinación que no fue apelada por ninguna de las partes. Acumulados ambos procesos, se celebró la audiencia de aplicación de medidas cautelares del segundo proceso, donde la autoridad jurisdiccional, mediante Auto Interlocutorio de 11 de abril de 2023, determinó no acreditar el presupuesto material ante la duda razonable y otorgó la libertad irrestricta de su persona. La tercera interesada interpuso recurso de apelación incidental de forma oral y mediante escrito. Asimismo, remitido el recurso ante Zullma Raiza García Basualdo, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba -ahora demandada-, la cual, mediante Auto de Vista de 25 de abril de 2023, resolvió anular el referido Auto Interlocutorio y dispuso que la Jueza de la causa pronuncie nueva resolución acorde con los datos del proceso y a la realidad de los hechos. Ante esa decisión, la indicada Jueza señaló audiencia presencial para el 7 de junio de 2023. En ese contexto, el Auto de Vista de 25 de abril de 2023 es ilegal y arbitrario porque la Vocal demandada actuó fuera del marco competencial establecido por el art. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP), con falta de verificación de los antecedentes del proceso e inobservancia del principio de congruencia externa, vulnerando su garantía del debido proceso en sus componentes fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales, así como el derecho a la tutela judicial efectiva. Además, la autoridad demandada anuló la “resolución” -Auto Interlocutorio de 11 del citado mes y año- y ordenó emitir una nueva, argumentando que la tercera interesada acompañó abundante documentación que debe ser valorada, examinando el presupuesto material del art. 233.1 del referido Código, sin que la tercera interesada lo hubiera argumentado, y cuestionando el razonamiento de la Jueza a quo respecto a la no acreditación del presupuesto material. De igual modo, la única parte que hizo referencia a la concurrencia del presupuesto material fue el Fiscal de Materia, mientras que la tercera interesada simplemente se adhirió a la solicitud de la autoridad fiscal sin desplegar carga probatoria ni argumentativa, y que, al no haber apelado el Ministerio Público, la Vocal demandada no debió ingresar al análisis de ese punto. Además, la referida autoridad incorporó argumentos forzados y parcializados a favor de la tercera interesada, sugiriendo que ella denunció una defectuosa valoración de los elementos de juicio en relación al art. 233.1 del CPP, cuando en realidad su abogado ni siquiera citó esa norma. Asimismo, la autoridad demandada mutiló los argumentos de su defensa y llegó a establecer que “se debe presumir como verdadera lo sostenido por la víctima…” (sic), como si se tratara de una menor de edad para establecer el alcance del principio de presunción de veracidad -art. 193 inc. c) del Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA)-, que debe realizarse una nueva valoración tomando en cuenta la situación emocional de la víctima, y que para establecer “…la concurrencia del Presupuesto Material, se deberá considerar cualquier otro aspecto ajeno al hecho motivo de denuncia e imputación formal” (sic). Finalmente, la Vocal demandada, sin meditar en establecer expresamente la procedencia del recurso interpuesto, anuló directamente el Auto Interlocutorio de 11 de abril de 2023, actuando de manera caprichosa y desconociendo los arts. 122 y 406 párrafo primero del Adjetivo Penal.
Denunció la lesión de la garantía del debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación y congruencia, así como del derecho a la tutela judicial efectiva, citando al efecto los arts. 115 y 117.I de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela, disponiendo: a) La nulidad del Auto de Vista de 25 de abril de 2023 -impugnado-, por suprimir derechos y garantías constitucionales; b) Se emita nueva resolución dentro de plazo establecido por ley, esta vez sea, sin incurrir en excesos en cumplimiento del marco competencial, con la debida fundamentación, motivación y congruencia; c) Inhibirse de expresar argumentos oficiosos y parcializados con la parte adversa; y, d) La calificación de daños y perjuicios ocasionados.
Celebrada la audiencia virtual el 22 de junio de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 115 a 117, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante, a través de su abogado, ratificó el contenido de su memorial de acción de amparo constitucional.
Zullma Raiza García Basualdo, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, por informe escrito cursante de fs. 104 a 108, manifestó que: 1) No actuó de forma oficiosa y fuera del marco competencial, dado que no resolvió ni ingresó a analizar alguna situación no denunciada como agravio por la tercera interesada; considerando además que, en delitos de violencia patrimonial y económica, se debe realizar un análisis integral del hecho y las circunstancias del caso conforme a la competencia delimitada por el art. 398 del CPP, controlar la fundamentación respecto a los argumentos expuestos por la autoridad jurisdiccional, quien determinó que no se acreditó el presupuesto material -autoría y/o participación en el hecho-; 2) En cuanto a la ilegal y arbitraria incorporación de argumentos forzados y parcializados con interés a la tercera interesada, con base en los puntos denunciados que en su oportunidad realizó la prenombrada, la Convención Belén Do Pará y el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género, estableció que, si bien es cierto que al imputado corresponde aplicar el art. 6 del citado Código; empero, no es menos cierto que en relación a la víctima se tiene que presumir la verdad, y en la instancia que corresponda, se determinará si lo sostenido por la misma, es verdad o un invento; por lo que, se debe realizar una nueva valoración de todos los elementos de prueba en relación a las circunstancias de los hechos suscitados, esto respecto al derecho que le asiste por pertenecer a un grupo vulnerable, recibir protección y evitar que sea revictimizada; y, 3) El Auto de Vista de 25 de abril de 2023, contiene fundamentos claros al explicar por qué no correspondía dar mérito a los reclamos con referencia a los puntos cuestionados en la apelación; por ende, al no haber interpuesto ningún agravio el impetrante de tutela, no resulta evidente la lesión de la garantía del debido proceso en sus vertientes fundamentación, motivación, congruencia, así como el derecho a la tutela judicial efectiva; puesto que, cumplió con una correcta valoración de la prueba en base a la aplicación de las reglas de la sana crítica, por ello, solicitó se deniegue la tutela impetrada.
Celia Vargas Arispe, a través de su abogado, en audiencia de garantías, manifestó que: i) El accionante simplemente refirió que se lesionó la garantía del debido proceso en sus componentes fundamentación, motivación, congruencia, así como el derecho a la tutela judicial efectiva, sin demostrar cómo y de qué manera se vulneraron tales derechos; ii) El Auto de Vista de 25 de abril de 2023, no ingresó al fondo del proceso por no existir fundamentación y motivación en el Auto Interlocutorio de 11 del mismo mes y año; es decir, no se identificó que riesgos procesales de fuga y obstaculización se dieron por acreditados; y, iii) En las audiencias de medidas cautelares, se necesita demostrar una probabilidad de autoría o participación del imputado en el hecho, circunstancia no advertida en el presente caso; por lo que, el indicado Auto de Vista cumple con la debida fundamentación y motivación; por ello, solicitó que la tutela sea denegada.
La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, por Resolución 072/2023 de 22 de junio, cursante de fs. 118 a 120 vta., denegó la tutela solicitada; con base en los siguientes fundamentos: a) De la revisión del Auto de Vista de 25 de abril de 2023, se advierte que, la Vocal demandada no ingresó al análisis fondo del recurso de apelación incidental deducido por la tercera interesada; debido a que en el Considerando I, se consigna una exposición de los antecedentes que se suscitaron, para luego ingresar al Considerando II, en la cual realizó una fundamentación con relación a aspectos que no fueron advertidos “por la misma”; b) La autoridad jurisdiccional al momento de dictar el Auto Interlocutorio de 7 de noviembre de 2022 -libertad irrestricta-, aplicó los convenios internacionales en relación con el art. 410 de la CPE; ello, en función a los elementos del proceso, lo único que se puede establecer es que la autoridad demandada, advirtió que la Jueza inferior no valoró algunos elementos a efectos de considerar si resulta o no aplicable el hecho de que la presunta víctima pueda ser o no protegida de acuerdo a líneas jurisprudenciales y convenios internacionales; puesto que ordenó se emita nueva resolución en función a los derechos que le asisten a la víctima, como la SCP 0001/2019-S2 de 15 de enero, así como, el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género; y, c) No se advierte vulneración alguna con respecto a la falta de fundamentación, motivación y congruencia; en vista de que, los argumentos vertidos por la Vocal demandada, solo fueron una observación con la relación a lo que debe considerar la autoridad jurisdiccional, por lo cual, consideró pertinente anular el citado Auto Interlocutorio, y dispuso que se emita nueva resolución acorde a los datos del proceso y a la realidad de los hechos.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 004/2025-II de 30 de diciembre, ante el cese de cinco Magistraturas, se dispuso la devolución a la Comisión de Admisión de los expedientes y causas sorteadas para la realización de un nuevo sorteo de manera aleatoria y equitativa entre las Salas Primera, Segunda y Tercera del Tribunal Constitucional Plurinacional, a fin de que los actuales Magistrados asuman el conocimiento y prosigan con la tramitación de dichas causas hasta su conclusión, garantizando así la continuidad del servicio jurisdiccional (fs. 125 a 127); en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión, sin aguardar el orden cronológico respectivo, procedió al sorteo de la presente causa.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente:
II.1. Por Auto Interlocutorio de 10 de febrero de 2023, la Jueza de Instrucción contra la Violencia hacia las Mujeres Segunda de la Capital del departamento de Cochabamba, aceptó el incidente de acumulación planteado por Mario Mamani Loayza -ahora accionante- y ordenó la acumulación de los procesos penales signados con el CUD 310102032200333 por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica; y, el CUD 310102032200875 por el supuesto ilícito de violencia patrimonial y económica, causas que sigue el Ministerio Público a denuncia de Celia Vargas Arispe -hoy tercera interesada- contra el impetrante de tutela (fs. 33 y vta.).
II.2. Mediante Auto Interlocutorio de 11 de abril de 2023, la antes citada autoridad jurisdiccional, determinó "…no acreditar el presupuesto material ante la duda razonable otorgándole la LIBERTAD irrestricta…” (sic) al peticionante de tutela (fs. 35 vta. a 38).
II.3. A través de memorial de 13 de abril de 2023, ante la referida autoridad jurisdiccional, la tercera interesada interpuso recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio de 11 de ese mes y año (fs. 39 a 41).
II.4. Por Auto de Vista de 25 de abril de 2023, Zullma Raiza García Basualdo, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba -ahora demandada-, resolvió anular el Auto Interlocutorio de 11 de igual mes y año; y, dispuso que la autoridad jurisdiccional pronuncie nueva resolución acorde a los datos del proceso y a la realidad de los hechos; toda vez que, la denuncia que presentó la tercera interesada, se encuentra acompañada de abundante documentación que necesita ser valorada (fs. 47 vta. a 49 vta.).
El accionante denuncia la vulneración de la garantía del debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación y congruencia, así como el derecho a la tutela judicial efectiva; por cuanto, la Vocal demandada incurriendo en un acto ilegal y arbitrario, fuera del marco legal competencial -art. 398 del CPP-, y con argumentos forzados y parcializados a favor de la tercera interesada, dictó el Auto de Vista de 25 de abril de 2023, por el cual, anuló el Auto Interlocutorio de 11 de ese mes y año y ordenó a la autoridad jurisdiccional emita nueva resolución. Ante ello, la Vocal demandada sostiene que: 1) No resolvió ni ingresó a analizar alguna situación no denunciada como agravio por la tercera interesada; considerando además que, en delitos de violencia patrimonial y económica, se debe realizar un análisis integral del hecho y las circunstancias del caso conforme a la competencia delimitada por el art. 398 del CPP, controlar la fundamentación respecto a los argumentos expuestos por la autoridad jurisdiccional, quien determinó que no se acreditó el presupuesto material -autoría y/o participación en el hecho-; y, 2) El Auto de Vista de 25 de abril de 2023, contiene fundamentos claros al explicar por qué no correspondía dar mérito a los reclamos con referencia a los puntos cuestionados en la apelación; por lo que, al no haber interpuesto ningún agravio el impetrante de tutela, no resulta evidente la lesión de la garantía del debido proceso en sus vertientes fundamentación, motivación, congruencia; así como el derecho a la tutela judicial efectiva; puesto que, cumplió con una correcta valoración de la prueba con base en la aplicación de las reglas de la sana crítica. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
En este sentido, la SCP 0339/2012 de 18 de junio, establece que:“…en distintas oportunidades, la Sala Penal Segunda, anuló la Resolución del Tribunal a quo, disponiendo la renovación del acto, sin considerar que la SC 1554/2004-R de 27 de septiembre, estableció que: 'Las Vocales recurridas, en el Auto de Vista impugnado, analizando la apelación, determinaron que el Juez Cautelar actuó en forma indebida, puesto que a más de no valorar la prueba, no fundamentó su determinación de disponer la detención preventiva de los imputados, ni examinó en forma individualizada las circunstancias de cada uno de ellos, declarando por ello la existencia de defectos absolutos para lo que invocaron el art. 169.3 del CPP que dispone que no serán susceptibles de convalidación los defectos que impliquen inobservancia o violación de derechos y garantías previstos en la Constitución, las Convenciones y Tratados internacionales vigentes y en ese Código; sin embargo, las autoridades recurridas no consideraron que el objeto del recurso de apelación contra la Resolución de medidas cautelares, es precisamente la aplicación de tales medidas, entonces, no podían dejar de pronunciarse sobre el objeto de la alzada, por cuanto ello importa denegación de justicia, que ligada a la libertad, importa a su vez la privación indebida de ese derecho, debiendo tomarse en cuenta que las vocales debieron resolver la apelación aprobando o revocando la Resolución -si es que existían elementos probatorios que determinaban que no le era aplicable al representado del recurrente la detención preventiva- pero en ningún momento podían anular obrados por defectos absolutos pues las autoridades demandadas tienen plena competencia para revisar y modificar la resolución revisada, ya que ése es justamente el objeto del recurso'. En el mismo sentido se refirió la SC 1824/2004-R. En este marco, el Tribunal ad quem tiene la obligación de someterse a lo dispuesto por el art. 403 inc. 3) del CPP e ingresar al fondo del asunto apelado, aprobando o revocando el fallo del inferior, pues ese es el objetivo de dicha apelación incidental; sin embargo, en el presente proceso en distintas ocasiones los Vocales se limitaron a disponer que el Tribunal a quo proceda a dictar una nueva resolución en forma correcta, sin considerar que en ese momento inclusive el imputado gozaba de libertad en virtud a la aplicación de medidas sustitutivas a la detención preventiva; consiguientemente se evidencia que no hicieron uso de las facultades que tienen para revisar y modificar la resolución impugnada, para ese efecto les correspondía subsanar el error inmediatamente, puesto que si consideraron que el fallo dictado por el Tribunal de Sentencia contenía contradicciones, errores u otros, debieron revocarlo o aprobarlo previa valoración y análisis respectivo, emitiendo para ello la resolución debidamente fundamentada tal cual exige los art. 124 y 173 del CPP y no anular más de tres veces la resolución del referido Tribunal de Sentencia por defectos; al no hacerlo, han incurrido en una omisión contraria a los derechos del imputado; pues se considera contrario al ordenamiento jurídico, la concurrencia de una seguidilla viciosa de anulaciones por parte del Tribunal ad quem, conllevando a una inseguridad jurídica que nunca podría terminar, pese de que dicho Tribunal podía definir directamente la situación jurídica del procesado” (las negrillas son nuestras).
Para abordar la presente problemática, debe señalarse que luego de haberse acumulado dos procesos penales mediante Auto Interlocutorio de 10 de febrero de 2023, por la presunta comisión de los delitos de violencia familiar o doméstica, así como por violencia patrimonial y económica (Conclusión II.1), la Jueza a quo, a través del Auto Interlocutorio de 11 de abril de ese año, determinó "...no acreditar el presupuesto material ante la duda razonable otorgándole la LIBERTAD irrestricta..." (sic) al impetrante de tutela (Conclusión II.2). Contra esa determinación, la tercera interesada interpuso recurso de apelación incidental (Conclusión II.3); es así que la Vocal demandada, por Auto de Vista de 25 de abril de 2023, anuló el Auto Interlocutorio de 11 de igual mes y año y dispuso que la autoridad jurisdiccional pronuncie nueva resolución acorde a los datos del proceso y a la realidad de los hechos, argumentando que la denuncia presentada por la tercera interesada se encuentra acompañada de abundante documentación que necesita ser valorada (Conclusión II.4). En ese contexto, el accionante denuncia la vulneración de la garantía del debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación y congruencia, así como el derecho a la tutela judicial efectiva; por cuanto, la Vocal demandada incurriendo en un acto ilegal, fuera del marco legal competencial -art. 398 del CPP-, dictó el Auto de Vista de 25 de abril de 2023, anulando el Auto Interlocutorio de 11 de ese mes y año y ordenando a la autoridad jurisdiccional emitir nueva resolución, pese a que dicho fallo fue claro al otorgarle libertad irrestricta al no acreditarse el presupuesto material del art. 233.1 del Adjetivo Penal -autoría y/o participación del hecho-.
Ahora bien, identificado el problema jurídico planteado a través de esta acción de defensa, y desarrollados los antecedentes remitidos a este Tribunal, corresponde verificar si la decisión de la Vocal demandada se ajusta a la jurisprudencia constitucional aplicable. Conforme se desarrolló en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la SCP 0339/2012 de 18 de junio, con cita de las SSCC 1554/2004-R de 27 de septiembre y 1824/2004-R de 23 de noviembre, estableció que el objeto del recurso de apelación contra la resolución de medidas cautelares es precisamente la aplicación de tales medidas, por lo que los tribunales de alzada no pueden dejar de pronunciarse sobre el objeto de la alzada y menos pueden anular obrados por defectos absolutos, pues tienen plena competencia para revisar y modificar la resolución revisada, debiendo resolver la apelación aprobando o revocando la resolución. En ese marco, el Tribunal ad quem tiene la obligación de someterse a lo dispuesto por el art. 403.3 del CPP e ingresar al fondo del asunto apelado, no pudiendo limitarse a disponer que el Tribunal a quo proceda a dictar una nueva resolución. En cuanto, a la denuncia de acto ilegal y arbitrario, actuación fuera del marco competencial, de la contrastación entre lo denunciado y los agravios expuestos por la tercera interesada, así como lo señalado por el accionante y lo resuelto por el Auto de Vista de 25 de abril de 2023, se evidencia que la Vocal demandada, si bien identificó que la autoridad jurisdiccional inferior habría incurrido en una defectuosa valoración de los elementos probatorios y verificó los antecedentes del proceso, en lugar de ejercer su plena competencia para revisar el fondo del asunto y resolver aprobando o revocando la Resolución impugnada -tal como lo exige el art. 403.3 del CPP y la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.1- optó por anular el Auto Interlocutorio de 11 de abril de 2023 y ordenar a la Jueza a quo emita una nueva resolución. Esta actuación resulta contraria a la jurisprudencia constitucional, pues la autoridad demandada, teniendo plenas facultades para revisar y modificar la Resolución impugnada, eludió su deber de pronunciarse sobre el fondo del recurso, generando una dilación indebida que afecta el derecho del accionante a obtener una resolución pronta y definitiva sobre su situación jurídica. La anulación del Auto de Vista de 25 de abril de 2023, en este contexto, resulta desproporcionada y desnaturaliza el objeto del recurso de apelación, que es precisamente que el superior resuelva la controversia planteada. En consecuencia, siendo que la Vocal demandada, al disponer la anulación del Auto Interlocutorio de 11 de abril de 2023 y ordenar la emisión de una nueva resolución, en lugar de resolver el fondo de la apelación, vulneró la garantía del debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación y congruencia, así como el derecho a la tutela judicial efectiva del accionante, al generar una dilación indebida y contraria a los principios de celeridad y economía procesal, debiendo ordenar que se emita nueva resolución; por consiguiente, no corresponde efectuar un análisis de los cargos de fondo planteados por el accionante. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela impetrada, obró de forma incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 072/2023 de 22 de junio, cursante de fs. 118 a 120 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° Disponer dejar sin efecto el Auto de Vista de 25 de abril de 2023, y en su caso, la autoridad demandada o la que se encuentre en ejercicio emita otra resolución, en los términos desarrollados en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional; sea en el plazo de setenta y dos horas a partir de su conocimiento formal, salvo que, conforme al art. 28.II del Código Procesal Constitucional, por el transcurso del tiempo la situación del accionante ya se encuentre definida. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0678_2026-S2.pdf · páginas 1 a 10.
Huella digital del PDF (SHA-256): 8e362ab75bf96a01792933ed29d386d9ba1d8cb7ef8565cf62776996a666e455
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