Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 2 de junio de 2025
Concede la tutela
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso, a la libertad; y, “a los principios de “seguridad jurídica” y celeridad; alegando que, dentro el proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de abuso sexual, el Tribunal de alzada, emitió Auto de Vista 912/2022 de 25 de noviembre, a través del cual, resolvió revocar la Resolución 250/2022 de 10 de noviembre, disponiendo que el Juez demandado, renueve el acto de consideración de situación jurídica en el plazo de veinticuatro horas, determinación que este último no cumplió. Ante ello, por memorial de 27 de diciembre de 2022, solicitó día y hora de audiencia, que fue programada para el 5 de enero de 2023, desobedeciendo lo dispuesto por una autoridad superior.
En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si los argumentos son evidentes con el fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 39/2022 de 30 de diciembre, cursante de fs. 13 a 15 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Quinto del departamento de La Paz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada, en el marco de lo expuesto precedentemente; disponiendo que, el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto de la Capital del departamento de La Paz, señale audiencia de consideración de situación jurídica del accionante, en el plazo de veinticuatro horas a partir de la notificación con el presente fallo constitucional, en cumplimiento al Auto de Vista 912/2022 de 25 de noviembre, salvo que la misma ya se hubiera cumplido.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0678/2025-S3 Sucre, 2 de junio de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 53239-2023-107-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 39/2022 de 30 de diciembre, cursante a fs. 13 a 15 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Wilder Alcón Torrez contra William Presvitero Rodríguez Álvarez, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz.
Por memorial presentado el 29 de diciembre de 2022, cursante de fs. 2 a 5, manifestó que:
Dentro del proceso penal seguido en su contra a instancias del Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de abuso sexual, el Tribunal de alzada, emitió el Auto de Vista 912/2022 de 25 de noviembre, a través del cual, resolvió revocar la Resolución 250/2022 de 10 de noviembre, disponiendo que el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del Departamento de La Paz -hoy demandado-, renueve el acto de consideración de situación jurídica en el plazo de veinticuatro horas, determinación que este último no cumplió. Ante ello, por memorial de 27 de diciembre de 2022, solicitó día y hora de audiencia, que fue programada para el 5 de enero de 2023, desobedeciendo lo dispuesto por una autoridad superior, encontrándose en estado de indefensión y privado de su libertad.
Denunció la lesión de sus derechos al debido proceso, a la libertad; y, a los principios de “seguridad jurídica” y celeridad; citando al efecto los arts. 115, 117 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela, disponiendo: “…SEÑALE AUDIENCIA DE CONSIDERACIÓN DE SU SITUACION JURIDICA CONFORME LO DISPUESTO EN EL AUTO DE VISTA 912/2022…” (sic).
Celebrada la audiencia pública virtual el 30 de diciembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 10 a 12, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado, ratificó in extenso los argumentos contenidos en su demanda tutelar y ampliándolos señaló que: a) Se vulneraron los derechos al debido proceso, a la libertad y a la seguridad jurídica, citó al efecto los arts. 46 y 47 del Código Procesal Constitucional (CPCo); b) Mediante Auto Interlocutorio 191/2022 de 5 de julio, el Juez “cautelar” dispuso su detención preventiva por el tiempo de cuatro meses, conforme lo peticionado por el Ministerio Público; c) Señaló audiencia de consideración de su situación jurídica para el 7 de noviembre de 2022, que no se llevó a acabo. Ante ello, emitió la Resolución 250/2022 de 10 de noviembre, rechazando su petición y disponiendo mantener su detención, motivo por el que interpuso recurso de apelación en base al art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP), ante el incumplimiento del art. 233.3 de la citada norma; d) El Tribunal de alzada, mediante Auto de Vista 912/2022 de 25 de noviembre, admitió el recurso de apelación y en el fondo dejó sin efecto la Resolución 250/2022, disponiéndose renueve el acto de consideración de su situación jurídica, señalando nuevo día y hora, en el plazo de veinticuatro horas; e) Por motivo de vacación judicial, dicho expediente recayó ante la autoridad demandada, quien señaló audiencia para el 20 de diciembre de 2022; sin embargo, nunca fue notificado como “causídico del anterior abogado”; f) Instaló la referida audiencia y ante la inasistencia de su abogado, fue suspendida sin señalar día y hora de reprogramación. La autoridad demandada, debió separar y sancionar al abogado; y señalar audiencia de oficio y convocar a uno del Servicio Plurinacional de Defensa Publica (SEPDEP); empero, omitió la determinación superior, siendo que el acceso a la justicia es pronta, transparente, gratuita, sin dilaciones; g) Mediante memorial de 26 de diciembre 2022, nuevamente peticionó día y hora de audiencia, ello mereció la providencia de 27 del mismo mes y año, a través del cual señaló dicho acto para el 5 de enero de 2023, planteó recurso de reposición al amparo de los arts. 401 y 402 del CPP, en mérito al principio de subsidiariedad, solicitando cumplimiento a la determinación interpuesta por Tribunal de alzada; h) El Juez demandado, en conocimiento de la presentación de la acción de libertad, dispuso llevar a cabo el acto procesal de consideración de su situación jurídica. El aludido Juez, manifestó que el cuaderno de control jurisdiccional fue remitido a la autoridad en sede constitucional. Se enteró que no logró notificar al Centro Penitenciario de San Pedro del departamento de La Paz; Fiscal de Materia; y, a la parte querellante, por lo que, conculcó sus derechos y garantías constitucionales, al haber transcurrido más de veinte días sin resolver su situación jurídica; e, i) El Juez demandado, vulneró su derecho a la libertad de locomoción; asimismo, señaló que no puede existir el principio de subsidiariedad, pues se conculcó el instituto de la cesación a la detención preventiva, previsto en el art. 239 del CPP.
William Presvitero Rodríguez Álvarez, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz, a través de informe escrito del 30 de diciembre de 2022, cursante de fs.8 a 9, señaló que: 1) El 15 de diciembre de 2022, fue puesto a su conocimiento el Auto de Vista 912/2022, a través del cual señaló audiencia de consideración de la situación jurídica -del accionante- para el 16 del mismo mes y año; 2) Instaló dicho acto; y, ante la inasistencia del Fiscal de Materia, imputado, abogado del imputado y víctima, procedió a su reprogramación, para el 20 de diciembre de 2022; hecho no atribuible a su autoridad; 3) El 20 del mismo mes y año, instaló la referida audiencia, y evidenció la ausencia del abogado del accionante, motivo por el que suspendió la misma, sin lugar a reprogramación; 4) El peticionante de tutela, mediante memorial de 27 de igual mes y año, peticionó nuevo día y hora de audiencia de consideración de su situación jurídica, misma que fue señalada para el 5 de enero de 2023; 5) Por memorial de 29 de diciembre de 2022, el impetrante de tutela, planteó recurso de reposición al decreto de 27 de igual mes y año; ante ello, dispuso revocar el referido decreto y señaló nueva audiencia para el 30 de diciembre de 2022, momento desde el cual debió contarse el plazo de veinticuatro horas; 6) El accionante, no esperó la respuesta y presentó la acción de libertad, sin considerar la existencia de señalamiento de audiencia; y, 7) No vulneró derecho alguno; por lo que, solicitó se deniegue la tutela.
El Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 39/2022 de 30 de diciembre, cursante de fs. 13 a 15 vta., denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: i) Conforme al art. 125 de la CPE, toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, solicitará que se guarde tutela a su vida, cese a la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad; ii) Por su parte el art. 47 del Código Procesal Constitucional (CPCo), señala ‘“.. La acción de Libertad, procede cuando cualquier persona crea que: 1. Su vida esté en peligro; 2. Esta ilegalmente perseguida; 3. Esta indebidamente procesada; 4. Esta indebidamente privada de libertad personal …” (sic); iii) La Sala Penal Segunda -del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz-, mediante Auto de Vista 912/2022, dejó sin efecto, la Resolución 250/2022, por la cual el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto de la Capital del departamento de La Paz, debió renovar el acto de consideración de situación jurídica en el plazo de veinticuatro horas; iv) El legajo de apelación, fue puesto a conocimiento de Juzgado de origen el 14 de diciembre de 2022; posterior a ello, la Secretaria de ese despacho judicial, remitió la referida apelación al Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz, el 15 del mismo mes y año; v) La autoridad demandada, en el día señaló audiencia de consideración de situación jurídica, para el 16 del mismo mes y año. Informó secretaría, que no cumplió con las notificaciones a los sujetos procesales y que el impetrante de tutela, no se apersonó para proveer fotocopias. Motivo por el que nuevamente señaló audiencia para el 20 de igual mes y año, instaló el acto, la abogada del accionante no estaba presente, en ese sentido dispuso la suspensión sin reprogramar fecha de audiencia. Lo que motivó al accionante a peticionar día y hora de su situación jurídica, convalidando la suspensión de la anterior audiencia; vi) El Juez demandado, mediante decreto de 27 de diciembre de 2022, señaló audiencia para el 5 de enero de 2023, disposición refutada por el acciónate que, planteó recurso de reposición al amparo de los arts. 401 y 402 del CPP. Por Auto de Vista de 29 de diciembre de 2022, dispuso revocar el referido decreto; por el cual emitió, nuevo señalamiento de audiencia para el 30 del mismo mes y año; vii) El cuaderno de control jurisdiccional, se remitió a la suscrita Juez de garantías, a objeto de considerar la acción de libertad; viii) El Juez demandado, señaló audiencia de consideración de situación jurídica, dentro el plazo establecido en el Auto de Vista 912/2022, dictado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, ix) El Juez demandado, no incurrió en ningún acto dilatorio; sin embargo, siendo el último día de la vacación judicial, el 3 de enero de 2023, se reincorporarían los jueces titulares, motivo por el que se dispuso la notificación con la Resolución al Juzgado de origen, para que, en el plazo de veinticuatro horas, señale audiencia para el cumplimiento al Auto de Vista 912/2022.
En la vía de aclaración, complementación y enmienda, el accionante a través de su abogado solicitó que: a) El Juez demandado, al haber cumplido en el señalamiento de consideración de audiencia de situación jurídica, no emitió resolución alguna; b) Señalar la norma o doctrina, conforme a la cual la Autoridad demandada, hubiera cumplido los plazos de ley; y, pues habiendo transcurrido más de diez días, no resolvió su situación jurídica; y, c) El Tribunal de garantías en audiencia, dejó sin efecto el señalamiento de audiencia, conculcando derechos y garantías constitucionales.
En sustanciación y resolución de lo impetrado, el Tribunal de garantías, con respecto a los puntos señalados, manifestó que fue claro en la Resolución dictada, por consiguiente, se entiende que hasta la fecha no se dio cumplimiento al Auto de Vista 912/2022; y en ese sentido, se ha dispuesto la notificación al Juez titular para que, una vez que retorne de las vacaciones judiciales, cumpla el Auto de vista señalado; por consiguiente, declaró no ha lugar a lo impetrado.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:
II.1. De la parte considerativa de la Resolución 39/2022 de 30 de diciembre, emitida por el Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Quinto del departamento de La Paz, -constituido en Juez de garantías-, se extrae: “establecer que no se ha incurrido en ningún acto dilatorio por parte de la autoridad demandada, sin embargo, tomando en cuenta de que hoy es el último día de la vacación judicial, y el día martes 3 de enero de 2023 se reincorporan los jueces titulares de la presente causa se va a disponer la notificación con la presente resolución al Juez Cuarto de Instrucción Anticorrupción y Violencia contra la Mujer, para que en el plazo de 24 horas, señale audiencia para el cumplimiento al Auto de Vista N° 912/2022” (sic.[fs. 15]).
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso, a la libertad; y, “a los principios de “seguridad jurídica” y celeridad; alegando que, dentro el proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de abuso sexual, el Tribunal de alzada, emitió Auto de Vista 912/2022 de 25 de noviembre, a través del cual, resolvió revocar la Resolución 250/2022 de 10 de noviembre, disponiendo que el Juez demandado, renueve el acto de consideración de situación jurídica en el plazo de veinticuatro horas, determinación que este último no cumplió. Ante ello, por memorial de 27 de diciembre de 2022, solicitó día y hora de audiencia, que fue programada para el 5 de enero de 2023, desobedeciendo lo dispuesto por una autoridad superior.
En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si los argumentos son evidentes con el fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SCP 0645/2024-S4 de 24 de septiembre, señalo que: «…la SCP 0071/2012 de 12 de abril, ha señalado que: “El art. 178.I de CPE, establece que: 'La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico…'.
En concordancia con la mencionada norma constitucional, el art. 115.II de la citada Ley Fundamental que determina: ‘ El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones‘, de lo que se establece que la administración de justicia debe ser rápida y eficaz tanto en la tramitación como en la resolución de las causas, ya que las personas que intervienen en el proceso esperan una definición oportuna de su situación jurídica, máxime si está comprometido un derecho fundamental de primer orden como es el de la libertad.
La jurisprudencia constitucional al referirse al principio de celeridad y con relación a los administradores de justicia, estableció que este principio: '…impone a quien administra justicia el deber jurídico de despachar los asuntos sometidos a su conocimiento sin dilaciones indebidas; exigencia que se hace más apremiante en aquellos casos vinculados a la libertad personal, toda vez que tales peticiones deben ser atendidas de forma inmediata si no existe una norma que establezca un plazo, y si existiera, el plazo deberá ser cumplido estrictamente'. Así, las SSCC 0758/2000-R, 1070/2001-R y 0105/2003-R entre otras.
En el orden normativo, el art. 3.7 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), determina que la celeridad 'comprende el ejercicio oportuno y sin dilaciones en la administración de justicia'”».
Al respecto, la SCP 0620/2024-S4 de 17 de septiembre, sostuvo que: «…la SC 0011/2010-R de 6 de abril, en cuanto a la acción de libertad precisó que: “…es una acción jurisdiccional de defensa que tiene por finalidad proteger y/o restablecer el derecho a la libertad física o humana, y también el derecho a la vida (…) sea disponiendo el cese de la persecución indebida, el restablecimiento de las formalidades legales y/o la remisión del caso al juez competente, la restitución del derecho a la libertad física, o la protección de la vida misma, motivo por el cual se constituye en una acción tutelar preventiva, correctiva y reparadora de trascendental importancia que garantiza como su nombre lo indica, la libertad, derecho consagrado por los arts. 22 y 23.I de la CPE”.
En cuanto a la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, la SCP 0791/2015-S3 de 10 de julio, sostuvo que: “El entonces Tribunal Constitucional, mediante la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, realizó la clasificación doctrinal del recurso de hábeas corpus -ahora acción de libertad, a saber: a) Reparador, si ataca una lesión que ya fue consumada; b) Preventivo, cuando procura impedir una lesión a producirse; y, c) Correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida; posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación identificando al hábeas corpus: 1) Restringido, ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; 2) Instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida; y, 3) Traslativo o de pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad.
Respecto a esta última -la ahora acción de libertad traslativa o de pronto despacho-, el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0011/2014 de 3 de enero, se pronunció señalando que esta: ‘…busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del valor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos´”» (las negrillas son nuestras).
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso, a la libertad; y, a los principios de “seguridad jurídica” y celeridad; toda vez que, dentro el proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de abuso sexual, el Tribunal de alzada, emitió Auto de Vista 912/2022 de 25 de noviembre, a través del cual, resolvió revocar la Resolución 250/2022 de 10 de noviembre, disponiendo que el Juez demandado, renueve el acto de consideración de situación jurídica en el plazo de veinticuatro horas, determinación que este último no cumplió. Ante ello, por memorial de 27 de diciembre de 2022, solicitó día y hora de audiencia, que fue programada para el 5 de enero de 2023, desobedeciendo lo dispuesto por una autoridad superior.
En ese contexto, conforme el Fundamento Jurídico III.1, los administradores de justicia están en el deber jurídico de despachar los asuntos sometidos a su conocimiento sin dilaciones indebidas; exigencia que se hace más apremiante en aquellos casos vinculados a la libertad personal, toda vez que tales peticiones deben ser atendidas de forma inmediata.
De la revisión y compulsa de los antecedentes, se evidencia que, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emitió Auto de Vista 912/2022, por el cual revocó la Resolución 250/2022, disponiendo que la autoridad jurisdiccional renueve el acto de consideración de situación jurídica del impetrante de tutela en el plazo de veinticuatro horas, bajo el lineamiento expuesto por el Tribunal de alzada.
En ese sentido el Juez demandado, en suplencia legal por la vacación judicial, tomó conocimiento de la causa el 15 de diciembre de 2022; y, señaló audiencia para la consideración de la situación jurídica del accionante para el 16 del mismo mes y año; sin embargo, ante la inasistencia del Fiscal de Materia, abogado del hoy accionante y la víctima, la misma fue suspendida. Se evidencia que, hasta esta instancia, cumplió el plazo previsto por el Auto de Vista 912/2022 de 25 de noviembre, dictada por el Tribunal de alzada.
Posterior a ello, se reprogramó la indicada audiencia para el 20 de diciembre de 2022; sin embargo, ante la inasistencia del abogado del accionante; la Autoridad demandada, dispuso la suspensión de dicho acto procesal, sin fijar fecha de audiencia. Motivo por el que, mediante memorial de 27 de diciembre de 2022, peticionó día y hora para considerar su situación jurídica. En respuesta, el Juez ahora demandado señaló audiencia para el 5 de enero de 2023, contra dicha disposición, el peticionante de tutela, planteó recurso de reposición al amparo de los arts. 401 y 402 del CPP. Por Auto de 29 de diciembre de 2022. El Juez demandado dispuso revocar el referido decreto; emitiendo, nuevo señalamiento de audiencia para el 30 del mismo mes y año.
Finalmente, a la fecha de celebración de la audiencia, el cuaderno de control jurisdiccional, se encontraba en sede constitucional, por el cual el Juez de garantías, dispuso la notificación al Juzgado de origen, para que, en el plazo de veinticuatro horas, señale audiencia para el cumplimiento al Auto de Vista 912/2022.
Es así que, dentro del contexto señalado precedentemente, se establece que el Juez demandado, luego de haber cumplido con el plazo en su primer señalamiento de audiencia de consideración de su situación jurídica; el mismo, no se llevó a cabo, motivo por el que, a partir del 16 de diciembre de 2022, hasta el 30 del mismo mes y año, fecha de la celebración de la audiencia de la acción de libertad, no cumplió con la resolución del Tribunal de alzada. En tal sentido, si bien el art. 113 del CPP, modificado por la ley 1173 Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, prevé la posibilidad excepcional de suspender la audiencia por causas de fuerza mayor o caso fortuito, no obstante, es evidente que al hacerlo es obligación del juzgador, señalar audiencia dentro el plazo de cuarenta y ocho horas debiendo incluso habilitar horas inhábiles. No obstante, en el caso del análisis transcurrieron catorce días que no pudo efectivizarse la referida audiencia de consideración de la situación jurídica del accionante, quien se encuentra privado de su libertad al no cumplirse el Auto de Vista 912/2022, ni el plazo previsto en el art. 113.II del CPP.
La justificación expuesta por la autoridad demandada, en su informe de 30 de diciembre de 2022, corrobora que pretendió cumplir el Auto de Vista 912/2022 de 25 de noviembre; sin embargo, tras las suspensiones, no reprogramó la audiencia en el plazo de cuarenta y ocho horas, como manda la norma; lo que implica, la falta de atención oportuna a una petición vinculada con la libertad. Conforme lo establecido en el Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, la acción de libertad traslativa o de pronto despacho pretende acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, dilación que ha ocurrido en el presente caso y que afectó la libertad del accionante, al no definirse su situación jurídica.
Entonces, de lo manifestado es posible concluir que el Juez demandando, incumplió con la normativa procesal aplicable al presente caso, incurriendo en una dilación indebida en el señalamiento de audiencia y la definición de la situación jurídica del accionante, lo que vulneró el debido proceso vinculado directamente con su derecho a la libertad; por ello corresponde conceder la tutela.
En consecuencia, el Juez de garantías al haber denegado la tutela impetrada, obró de forma incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 39/2022 de 30 de diciembre, cursante de fs. 13 a 15 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Quinto del departamento de La Paz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada, en el marco de lo expuesto precedentemente; disponiendo que, el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto de la Capital del departamento de La Paz, señale audiencia de consideración de situación jurídica del accionante, en el plazo de veinticuatro horas a partir de la notificación con el presente fallo constitucional, en cumplimiento al Auto de Vista 912/2022 de 25 de noviembre, salvo que la misma ya se hubiera cumplido.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
1 La jueza, el juez o tribunal en ningún caso podrá suspender las audiencias por causas de fuerza mayor o caso fortuito debidamente justificados o ante la necesidad del abogado estatal o de oficio de preparar la defensa, la jueza, el juez o tribunal señalará audiencia dentro del plazo de cuarenta y ocho (48) horas, debiendo habilitarse incluso horas inhábiles. La o el abogado ni la o el fiscal podrán alegar como causal de inasistencia por fuerza mayo o caso fortuito, la notificación para asistir a otro acto procesal recibida con posterioridad.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0678_2025-S3.pdf · páginas 1 a 10.
Huella digital del PDF (SHA-256): 58bca8e8e6d77dc98d5728b58fce23da0a9c08bf4af23687a6bbcac5cc8d65e8
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